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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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14 Septiembre 2019 04:00:00
La cabeza de Cabeza de Vaca en la mira
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, cometerá un error político fatal si no dimensiona el tamaño del problema que tiene encima con el grave caso de las ejecuciones extrajudiciales y el montaje que policías de su Gobierno habrían realizado en contra de ocho personas a las que, según denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y testimonios de familiares y vecinos, los agentes estatales secuestraron, torturaron, asesinaron y luego sembraron sus cadáveres para hacerlos pasar como víctimas mortales de un supuesto enfrentamiento a tiros con su misma policía el 5 de septiembre pasado.

No solo porque el tema ya está en la mira nacional e internacional y es objeto de una investigación federal, tanto de la Fiscalía General de la República, ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por otra indagatoria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino porque con este caso, el Mandatario panista que hoy lidera el Grupo de Gobernadores de Acción Nacional se juega la credibilidad y la estabilidad de su Gobierno, que de por sí mantiene una muy tensa relación con la Federación y en esta coyuntura, sus adversarios y enemigos, tanto de la 4T como incluso de su propio partido, tendrían una oportunidad inmejorable para hacerle daño a su Administración y a cualquier proyecto político futuro que tuviera en mente.

El primer síntoma de que Cabeza de Vaca no ha dimensionado que su propia cabeza pende de un hilo si no va al fondo de este asunto y se deslinda completa y creíblemente de un crimen brutal contra civiles que –inocentes o presuntos delincuentes o incluso de ambos– no debieron ser ejecutados y utilizados para simular un enfrentamiento por las fuerzas de seguridad de su Gobierno, es que el Gobernador se limitó a solicitar “una investigación a fondo” del asunto a su procurador estatal, Irving Barrios Mojica, que a pesar de que goce de su confianza, no es precisamente un fiscal con las mejores cartas de credibilidad y eficiencia, además de que por el vínculo político directo que mantiene con él difícilmente podría presentar una conclusión imparcial y objetiva en un caso tan delicado que involucra al mismo Gobierno al que pertenece.

Irving Barros llegó a la Procuraduría de Tamaulipas con un historial dudoso en la procuración de justicia. Él fue como subprocurador de Delitos Federales de la PGR, el encargado de armar y presentar el llamado “michoacanazo” con el que el Gobierno de Felipe Calderón pretendió acusar de vínculos con el crimen organizado a 11 alcaldes, 16 altos funcionarios y un juez del estado de Michoacán en mayo de 2009.

Las detenciones y encarcelamiento de todos esos servidores públicos, ejecutadas por Barros Mojica, terminaron por caerse una a una y ante la “falta de elementos” los jueces liberaron a todos los acusados un año y medio después. De hecho, cuando en el Congreso de Tamaulipas votaron su ratificación, a propuesta del Gobernador, sólo la mayoría panista avaló su nombramiento, mientras que 12 diputados del PRI y otros partidos se abstuvieron al declararse “preocupados por los antecedentes del señor Irving Barros”.

No fue la única vez que el rotundo fracaso del “michoacanazo” le sería recordado a Barros Mojica. Entre 2012 y 2013, luego de ser despedido de la PGR, buscó ser consejero de la Judicatura Federal, pero en las comparecencias ante el Senado, el expediente de los 35 alcaldes y funcionarios de Michoacán acusados y luego liberados volvió a pesar en su contra y no pasó de las primeras rondas de selección.

Después buscó ser fiscal en Guerrero con el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, donde tampoco tuvo suerte y no fue seleccionado por sus antecedentes en el ámbito de la procuración de justicia. Así pasó varios años sin poder ocupar un puesto, hasta que en 2016 el recién llegado Gobernador de Tamaulipas lo rescató y lo propuso para ocupar el primer cargo de fiscal general del Estado.

Recientemente en el caso del asesinato del periodista tamaulipeco Carlos Domínguez, asesinado en Nuevo Laredo el 13 de enero de 2018, la defensa de los acusados de la autoría material de ese crimen acusó al procurador Irving Barros y a su director de Procesos Penales, Natanael Castelán, de haber “fabricado culpables y testigos” en este delicado caso en el que se acusó, con base en un solo testimonio inducido mediante sobornos, a dos jóvenes originarios de Zacatecas, David Mejía y Adrián Montes, a quienes se les ofrecieron 500 mil pesos a cambio de autoinculparse en el asesinato del periodista Domínguez, por parte de un intermediario del director de Procesos Penales de la Fiscalía de Tamaulipas.

El ofrecimiento nunca se los cumplieron y terminaron siendo acusados y procesados con una serie de irregularidades que aún se desahogan en un juicio totalmente irregular, en el que la esposa de uno de ellos ha interpuesto una denuncia de juicio político contra el procurador Barros y contra el mismo gobernador Cabeza de Vaca.

La pregunta es si con ese fiscal, a quien le encargó la investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, el gobernador confía en tener una conclusión creíble y que no genere dudas sobre lo ocurrido en Nuevo Laredo.

Por algo, en su desesperación tras estallar el escándalo esta semana, mientras él andaba de visita política en Washington, visitando el Pentágono junto a su amigo y asesor, el exsenador panista Roberto Gil Zuarth, Cabeza de Vaca pidió “el apoyo del FBI” en las investigaciones del multihomicidio en la frontera de su estado.

Y es que, si antes de este delicado asunto, en el que se acusa no solo una grave violación de derechos humanos sino también un montaje para simular un enfrentamiento y denunciar un clima de violencia desbordada en su estado, al Gobernador panista no lo habían querido recibir en Palacio Nacional, después de estos hechos ni siquiera le han tomado la llamada y la orden del presidente López Obrador, para que la FGR investigue y atraiga las ejecuciones de Nuevo Laredo, fue tajante. “En este Gobierno no vamos a permitir masacres”, dijo el Mandatario federal.

Para colmo, además del fiscal Gertz Manero y su equipo, hay dos funcionarios federales que recaban pruebas sobre las ejecuciones extrajudiciales y la responsabilidad del Gobierno de Tamaulipas en presuntos montajes.

El primero es Alejandro Encinas, quien lleva la parte de derechos humanos, y el segundo Ricardo Peralta, quien ve la parte de la participación del Gobierno estatal en todo este escándalo. A los dos subsecretarios de Gobernación, Cabeza de Vaca les debe facturas recientes: a Encinas no le quiso financiar centros de Atención Migratoria en el territorio de Tamaulipas; y a Peralta lo acusó de reunirse con grupos de autodefensa criminales en el estado. Y ahora ambos lo investigan. Las vueltas que da la vida. Por eso en este momento, el gobernador Cabeza de Vaca lo que más debe cuidar es la primera parte de su apellido.



NOTAS INDISCRETAS…

Mañana será el primer grito de Independencia que dé Andrés Manuel López Obrador. Hay expectación para ver con qué sorprende el Presidente en la ceremonia oficial, no solo porque todos los presidentes siempre le imprimen su estilo y hasta sus “añadidos” en frases o nombres de héroes a la tradicional proclama, sino porque el tabasqueño desde el inicio de su mandato se ha empeñado en demostrar que él es diferente a todos sus antecesores y se esfuerza siempre por romper moldes y formas políticas para dejar claro que con él hay un antes y un después en la Presidencia.

¿Será que a las frases de los “vivas” y a sus héroes predilectos le suma la frase de “Viva la Cuarta Transformación”? Se aceptan apuestas…

En estos días de porros y encapuchados en la UNAM, en los prolegómenos de la sucesión universitaria, hay nombres que han salido a relucir cuando se habla de quienes mueven a los grupos porriles y anarquistas en la máxima casa de estudios.

Hace unos días informamos aquí de una carta extensa dirigida al rector Enrique Graue, por parte de la Unión de Alumnos Trabajadores y Profesores en contra de la Impunidad en el CCH, en la que se critica la incorporación al área de la Seguridad de los Colegios de Ciencias y Humanidades de Marco Martínez Blas, quien colaboró por más de 10 años en Rectoría con Jaime Vázquez, a quien los firmantes ubican como un “oscuro operador de porros y activistas”.

Con los años, comenzó a utilizar a grupos estudiantiles de porros y activistas. Los encapuchados de la UNAM es una de sus más sofisticadas hechuras. El ataque a Rectoría el 3 de septiembre, dicen los trabajadores y alumnos del CCH, es su responsabilidad.

Pero por el modus operandi todo indica que los desmanes en la marcha feminista de hace semanas en la Glorieta de Insurgentes también. Jaime Vázquez, ha sobrevivido los tres cambios de titular en la Secretaría de Atención a la Comunidad durante la Administración de Enrique Graue. Hasta el fin del priismo tuvo la protección del citado Miguel Robles. La institución debe explicar ¿quién lo protege y con qué fines? ¿Cuál es la razón para seguir contando con sus servicios?

Los dados mandan Escalera doble para el puente. Felices fiestas patrias para todos los amables lectores. ¡Y que Viva México!
18 Febrero 2021 04:00:00
Un pesado fardo de apellido inglés
La crisis de los apagones en 23 estados de la República Mexicana esta semana, es un buen ejemplo del fracaso de la política energética del sector eléctrico del actual Gobierno que, a pesar de las promesas presidenciales de que no habría más apagones en el actual sexenio, ha empezado a mostrar sus deficiencias e ineficiencias tanto en la previsión y manejo de afectaciones externas, como la actual tormenta invernal que azota a Estados Unidos, como en la toma de decisiones de carácter técnico como la cancelación de proyectos de almacenamiento de gas, la inactividad de Pemex en la generación de gas, la suspensión de actividades de fracking y el haber frenado la explotación de la Cuenca de Burgos que, en los últimos dos años, pudieron darle a México autosuficiencia en la producción del gas necesario para abastecer a las plantas generadoras de la Comisión Federal de Electricidad.

A todas esas decisiones, se suma otra que le correspondía directamente al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz: haber suspendido la compra de gas en Texas por el aumento de los precios del combustible, debido a que no se compraron seguros de cobertura que protegieran al país de las variaciones de precios del mercado, y no haber tampoco tomado medidas de emergencia ante el aviso, por lo menos una semana antes, de que vendría una tormenta invernal histórica.

Nada de eso escuchó ni atendió el señor Bartlett ni el Gabinete energético del presidente López Obrador y con su apatía y negligencia colocaron a México, a sus familias y empresas en el norte del país, en el escenario de un apagón que duró dos días y que ocasionó pérdidas millonarias en el sector industrial y de manufacturas. Lo más grave fue que el apagón del norte impactó después a toda la República que, ante la alteración de flujos y cargas en el Sistema Nacional Eléctrico, tuvo que sufrir cortes de electricidad programados en 29 entidades de la República Mexicana.

Lo más grave es que, aún con las pérdidas millonarias y los daños causados a casi 6 millones de mexicanos, el director de la CFE nunca apareció para dar la cara y explicar claramente a los mexicanos por qué se quedaron sin energía durante casi tres días. El señor Bartlett, con la soberbia y arrogancia que le caracteriza, mandó a sus técnicos y a los del Cenace a dar explicaciones técnicas que básicamente culpaban al clima y a las empresas texanas de haber causado el desabasto de gas que afectó a las redes mexicanas de electricidad, y durante las 72 horas que el país entró en crisis por la carencia de electricidad, el funcionario responsable nunca se dignó a aparecer y hasta obligó al presidente López Obrador a tener que dar explicaciones, justificaciones y maromas en la conferencia de prensa mañanera para tratar de explicar la crisis eléctrica.

Hoy que el expriista y salinista aparezca en la conferencia de prensa mañanera para intentar dar una explicación justificante, cuatro días después del desbalance y las fallas en el sistema eléctrico, lo hará otra vez escudándose detrás de la figura del Presidente que, muy seguramente, lo volverá a exculpar y a exonerar de cualquier responsabilidad en las pérdidas provocadas a industrias y empresas y de los daños causados a millones de mexicanos.

Por alguna extraña razón, que se remonta a los días en que Bartlett pasó de ser un convencido salinista y neoliberal que privatizó todo lo que pudo en Puebla, a convertirse en un “nacionalista y defensor de la industria eléctrica” en los tiempos de Ernesto Zedillo, el dinosaurio poblano tiene hechizado y seducido al Presidente, tanto que el Mandatario que dice estar transformando al país no se da cuenta de que carga con un pesado fardo de apellido inglés, que hasta ahora no le ha dado una CFE ni más eficiente ni más productora de energía, y si le ha generado varias crisis que, con su habilidad de viejo lobo de la política evade muy bien don Manuel, mientras esas crisis se las traga todas el Presidente.
17 Febrero 2021 04:35:00
Moctezuma, en espera de su pasaporte diplomático
El nuevo embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, arribará a Washington hasta finales de este mes. Luego de que ayer el Senado mexicano ratificara por mayoría su nombramiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores comenzó el trámite para otorgarle su pasaporte diplomático y dar aviso al Departamento de Estado de los Estados Unidos, con al menos 10 días de anticipación a su llegada a la Embajada, para que las autoridades estadunidenses le extiendan su visa diplomática.

El trámite del pasaporte y la visa diplomáticas no pueden iniciarse antes de la ratificación del Senado, lo que retrasará el arribo de Moctezuma a la capital de Estados Unidos y en las dos semanas que restan para su llegada, la Embajada de México quedará a cargo del encargado de Negocios como Jefe de la Cancillería, el embajador Alfredo Miranda, un diplomático con toda la experiencia, que estará coordinándose con el director para América del Norte de la Cancillería mexicana, Roberto Velasco, y con el propio Moctezuma Barragán.

Mientras la Cancillería prepara sus cartas credenciales y tramite el pasaporte y el visado diplomático, Moctezuma tendrá tiempo de empaparse y ponerse al día en los temas y pendientes que recibirá en la embajada mexicana, en donde empezará prácticamente de cero, a tratar de construir la relación con la Administración de Joe Biden.

Temas como la implementación del T-MEC, que tiene en el capítulo energético uno de sus asuntos más tensos y ríspidos tras la política estatista del presidente López Obrador, además del capítulo laboral con los inspectores estadunidenses que supervisarán las relaciones laborales en México, y de analizar y aterrizar la nueva política migratoria de la Casa Blanca, así como revisar la cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

En este último tema será importante ver cómo la administración Biden plantea los términos de la cooperación en la lucha antinarco, después de lo lastimada que quedó la relación con la DEA y con el Gobierno estadunidense tras tres hechos que han marcado esa cooperación: primero el caso de Ovidio Guzmán, capturado y luego liberado por el Ejército mexicano en octubre de 2019, episodio conocido como el “Culiacanazo”; segundo, la detención, extradición y liberación en México del general Salvador Cienfuegos, apresado en Los Ángeles por la agencia antidrogas estadunidense, acusado de narcotráfico, y luego entregado al Gobierno de México por el Departamento de Justicia para que fuera investigado aquí. La polémica decisión de la Fiscalía General de la República de exonerar al general de todas las acusaciones y delitos que le imputó la DEA, dejó muy mal sabor de boca en Washington, particularmente en la poderosa agencia antidrogas. Y tercero, la liberación anticipada otorgada al capo sinaloense Rafael Caro Quintero, sobre quien pesa una orden de extradición de Estados Unidos, que no ha podido cumplir el Gobierno mexicano.

Como se ve, a Esteban Moctezuma no le espera un día de campo en la principal embajada que tiene nuestro país en el extranjero. La relación México-Estados Unidos, compleja y nunca fácil, siempre plantea nuevos retos, sobre todo para un embajador que, aunque tiene una gran experiencia política, carece por completo de conocimiento y trayectoria diplomática, por lo que tendrá que apoyarse en el experimentado y profesional personal diplomático y administrativo de la Embajada de México en Washington, que ha visto pasar a decenas de embajadores y se prepara para a finales de este mes recibir al próximo.


16 Febrero 2021 04:00:00
Morena: fracturas, proselitismo con vacunas y gandallismo
El partido creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador navega a la deriva y sin rumbo, con un liderazgo débil de su dirigente nacional, Mario Delgado, que enfrenta divisiones y pugnas internas encabezadas por su secretaria general, Citlalli Hernández; en medio de fracturas y rupturas en los estados por la selección de candidatos y con graves acusaciones, documentadas en videos, de que sus brigadas y promotores en las calles están utilizando la vacuna antiCovid para hacer proselitismo político. Y, por si todo eso fuera poco, acusado de “gandallismo” en el Congreso por sus propios aliados políticos.

Todo eso confirma la percepción de un partido gobernante caótico –percepción que incluso tienen en el mismo Palacio Nacional, en donde el presidente López Obrador ha expresado públicamente sus dudas y la decepción que siente por el instituto político que él creó, pero del que luego se desentendió completamente dejándolo al garete y esperando que aprendiera a conducirse solo–.

El único elemento cohesionador que tenía el ahora partido gobernante era el caudillo que los juntó y le dio origen a ese Frankestein denominado Morena. “Usted tenía que haberse metido a ejercer su liderazgo, no a conducir el partido, pero sí a definir las líneas de acción y a ordenar los pleitos y las diferencias entre los grupos para evitar que eso se convirtiera en lo que es ahora: un caos sin pies ni cabeza”, le dijo recientemente un colaborador cercano al Presidente en una plática sobre Morena.

Y ante las dificultades que se ven para ratificar su mayoría en los próximos comicios, Morena tampoco es cuidadosa de las mayorías que hoy tiene en el Congreso. Ayer el Partido Verde anunció que podría romper la alianza que mantiene con Morena en el Senado, luego de que la senadora Verónica Camino Farjat dejara a la bancada verde para pasarse al grupo de Morena.

El “gandallismo de Morena”, como lo calificaron sus aliados del Verde, incluso causó fricciones entre el líder morenista Ricardo Monreal y el líder de los senadores verdes, Manuel Velasco, quien a pesar de tener una relación muy cercana con el zacatecano, ayer consideraba inaceptable que a la senadora Verónica Farjat le hayan ofrecido cargos y candidaturas con tal de llevársela a Morena.

Para completar el cuadro, Morena y sus brigadas de proselitismo que recorren las calles del país, han sido grabadas en varios videos exhibidos en las redes sociales, en las que los jóvenes que trabajan para el partido gobernante aparecen haciendo preguntas o pidiendo datos a la población “para asegurar su vacuna contra el Covid”.

Tanto prometió el presidente López Obrador que su Gobierno y su partido no iban a repetir las viejas prácticas del pasado de utilizar los recursos públicos, en este caso programas sociales y vacunas contra el Covid, con fines políticos y electorales, que hasta llevó a la ley, como un delito grave que amerita cárcel, el desvío de recursos públicos con fines de proselitismo político.

¿Será que en algún momento López Obrador se va a hacer cargo de poner orden y de domesticar al monstruo que él mismo creó y luego lo soltó para que se convirtiera en un Frankestein que nadie controla y que va causando estragos, fracturas e inestabilidad en la política mexicana y en la gobernabilidad del país?
O de plano el Presidente se va a desentender y, aun cuando termine su Gobierno, nos va a dejar a esa fuente de problemas e ingobernabilidad que hoy es el partido que gobierna a la mayoría de los mexicanos.
15 Febrero 2021 04:00:00
Del ‘misión cumplida’ a las vacunas regaladas
Sin un plan nacional que conozcamos a detalle los mexicanos, sin un calendario actualizado y público para los distintos grupos de población y, lo más importante, sin vacunas suficientes y con apenas 870 mil dosis que se recibieron como una donación del Gobierno de la India -apenas el 6% de las que se necesitan para 15 millones de adultos mayores en el país-, la Administración del presidente López Obrador arranca hoy la campaña de vacunación contra el Covid-19.

Con más voluntarismo y premura que con una estrategia clara y socializada sobre cómo y cuándo se administrarán las dosis, las primeras vacunas se aplicarán en 330 municipios de toda la República que, según el Presidente, han sido ubicados como las zonas de mayor marginación social. Sin dar a conocer la lista detallada, el Mandatario aseguró que incluye a los 32 estados del país, entre los que se repartirán las 870 mil dosis de la vacuna AstraZeneca, para asegurar que a los adultos mayores de esas zonas más apartadas les lleguen las dos dosis del fármaco.

De lo que poco que se informó ayer, la Ciudad de México será de las primeras en comenzar a vacunar a partir de hoy a las 9 de la mañana en las alcaldías Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, según anunció anoche la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. El Presidente, por su parte, comentó desde Oaxaca, que también están incluidas en el arranque de este lunes regiones como la Cañada oaxaqueña y la Mixteca en Puebla.

Un buen ejemplo del arranque voluntarista y desordenado de la vacunación contra el Covid es que el mismo Presidente dijo ayer que, según sus cálculos, para mediados de abril “ya tendríamos cubierto el país y vacunados, cuando menos con la primera dosis que ya es bastante una protección, a 15 millones 717 mil 170 adultos mayores”. Es decir, que mientras ni la Secretaría de Salud ni el subsecretario López-Gatell han dado a conocer el nuevo calendario de vacunación por grupos de edad, modificado a raíz de la falta de vacunas, el Presidente ya confirma que el plazo original que habían dado para los adultos mayores, que debían estar vacunados para mediados de marzo, ahora se traslada a mediados de abril y apenas con una dosis.

Declarar el arranque de un Plan Nacional de Vacunación con una cantidad de vacunas que no alcanza ni al 1% de la población total del país, por más que no deja de ser una buena noticia, es otra más de esas acciones políticas y mediáticas que han caracterizado a la Administración de López Obrador en el manejo de esta pandemia. Decir que se va a vacunar primero a las comunidades más marginadas, que en muchos casos son también las que menos casos tienen de Covid, es un acto más de propaganda que de efectividad y estrategia.

En medio de todo ese desorden, propaganda gubernamental e incertidumbre, la buena noticia es que ya empezaron a vacunar a los adultos mayores en la República, aunque apenas sea 6% del total de ellos, la no tan buena que aún no sabemos a ciencia cierta cuándo tendremos las 30 millones de dosis que se requieren para vacunar a todos los mayores de 60 años en este país. Y la mala que, con anuncios como este arranque de vacunación, con información incompleta y más por decisiones personales del Presidente que por una estrategia puntual y efectiva, seguimos en un manejo de la vacunación tan politizado, incierto e irresponsable, como el que hemos tenido hasta ahora con la pandemia y cuyos resultados, contados en cifras de muertos y contagiados, hoy están a la vista de todos.



13 Febrero 2021 04:03:00
Se acaba el tiempo para la ‘transformación’
En Palacio Nacional, entre el Presidente y sus principales colaboradores, empieza a correr la idea de que “ya no hay tiempo” para terminar todas las reformas o planes que se propuso Andrés Manuel López Obrador en su autonombrada cuarta transformación.

La percepción que se comenta entre el Mandatario y sus colaboradores es que, con las graves complicaciones y repercusiones de la pandemia de Covid, será difícil aterrizar y terminar todo lo que se proponía cambiar esta Administración, por lo que han empezado a diseñar salidas alternas y formas de no dejar inconclusos asuntos considerados prioritarios como la autosuficiencia energética a partir de fortalecer a Pemex y a la CFE, entre otros.

A los efectos nocivos que dejará el Covid, se suma otro escenario que en el Gabinete presidencial cada vez ven más cercano: que en las próximas elecciones legislativas no se logre refrendar la mayoría absoluta de Morena en la Cámara de Diputados y eso impida realizar nuevas reformas constitucionales y legales para la 4T.

Esa posibilidad ya la han comentado el Presidente y sus colaboradores más cercanos en reuniones que tuvieron durante su cuarentena, en las que López Obrador se lamentó de que veía “demasiado desorden” en su partido y falta de conducción y operación en la actual dirigencia morenista. La prioridad, dijo el Presidente, son las diputaciones, las gubernaturas no importan tanto.

Un reflejo de la preocupación con la que ya ven en Palacio la próxima elección, es la cantidad de iniciativas legales y constitucionales que el Presidente mandó a aprobar a sus bancadas de Morena en este último periodo de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.

La consigna es sacar en este periodo todo lo que se pueda porque no hay en este momento seguridad ni garantía de que en la nueva Legislatura parlamentaria se tenga la mayoría necesaria para procesar muchas de esas reformas.

Sector eléctrico: negociar o morir

Pero, aunque hay varios temas encomendados a Ricardo Monreal y a Ignacio Mier, los coordinadores morenistas en el Congreso –algunos de ellos expresamente por el Ejecutivo– la prioridad de prioridades es la única iniciativa preferente que hasta ahora ha mandado López Obrador al Congreso: las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que modifican el mercado de generación de energía en el país y le devuelven a la Comisión Federal de Electricidad su carácter dominante en el sector eléctrico, en detrimento de las empresas privadas generadoras de energía y los llamados Certificados de Energías Limpias (CEL).

La decisión del Presidente es total a favor de dejar, al terminar su sexenio, una CFE que vuelva a ser la mayor generadora y la que controle y domine el mercado nacional eléctrico. Podría decirse que, junto con el aumento de la producción de combustibles y gasolinas en Pemex para alcanzar la autosuficiencia, son las dos prioridades que se propone dejar concluidas López Obrador al terminar su sexenio.

La propuesta que le hacen es buscar una “negociación” con los inversionistas y dueños de las empresas eléctricas privadas. “El Gobierno puede proponerles un esquema en el que le vendan sus empresas y toda su producción a CFE, que acepten una indemnización acordada por rescindir sus contratos y que, terminado este sexenio, ellos pueden volver a tomar el control de sus empresas”, comentó un integrante del Gabinete.

Esa es la lógica y la percepción que empieza a prevalecer en el Gobierno de López Obrador: que después del 6 de junio, con los resultados que vengan en la elección y un inevitable “voto de castigo” que reduce las posibilidades de triunfo en el Congreso para Morena, además de la crisis del Covid y el avance de la vacunación que aún serán un problema en lo que resta de este año, el tiempo para la “transformación” que se propusieron en esta Administración empieza a agotarse y, pasada la elección, empieza la cuenta regresiva y el inevitable ciclo del declive del poder que han vivido todos los presidentes... Los dados mandan Escalera doble. Bien termina la semana.
11 Febrero 2021 04:02:00
El juez que regañó a la FGR
El sorpresivo anuncio de que Rosario Robles Berlanga decidió declararse “culpable” del delito de omisión del que la acusa la Fiscalía General de la República, por los desvíos millonarios de la Estafa Maestra, representa un giro total en la estrategia de defensa de la exsecretaria peñista. Al aceptar su culpabilidad, Rosario tendría derecho a un “proceso abreviado” en el que el juez que lleva el caso le dicte a la brevedad una sentencia que, según el Código Penal, por la conducta omisiva que le imputan sería de un máximo de tres años y con el beneficio de reducción de pena, por su confesión, quedaría en un año y medio, tiempo que ya cumplió en prisión, por lo que tendría que ser liberada en cuanto le den sentencia.

Y es que, aunque Rosario le ofreció a la FGR declarar y dar información sobre quién y cómo ordenaron realizar los desvíos por 5 mil millones de pesos de Sedesol y Sedatu, para tratar de obtener el “criterio de oportunidad” y convertirse en “testigo protegido” para acusar a otros exfuncionarios del sexenio de Peña Nieto, nadie de la Fiscalía, ni la MP federal que lleva el caso, Mónica Martell Olguín, se presentó nunca a tomarle declaración o a escuchar la información y los datos que Robles Berlanga ofreció entregar desde el 25 de noviembre de 2020.

Por más de dos meses y medio ni Rosario ni sus abogados, que presentaron una solicitud formal para buscar el “criterio de oportunidad”, tuvieron noticias de la Fiscalía y nadie acudió al Penal de Santa Martha o solicitó una visita para ver y hablar a la acusada. La extraña apatía e inacción de la FGR motivó incluso que en la audiencia de ayer el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos hiciera un reclamo fuerte, en tono de regaño, a la MP Mónica Martell, cuando esta dijo a nombre de la Fiscalía que estaban interesados en llegar a un acuerdo y negociar con la acusada.

El juez preguntó a la MP por qué desde el 25 de noviembre pasado no fue a buscar y a hablar con la acusada, a lo que la fiscal Martell Olguín dijo que primero tenía que tener la autorización de su jefe, es decir del fiscal Alejandro Gertz Manero. “Si usted está esperando que la señora vaya a declarar a la Fiscalía está equivocada porque ella no puede salir, está privada de su libertad, así que si usted no hace su trabajo, no entiendo qué quiere hacer con este caso”, le reprochó el juzgador.

Y aunque Rosario Robles estuvo ausente de esta audiencia virtual que tuvo lugar el día de ayer porque la semana pasada tuvo una caída dentro del penal que le afectó el nervio ciático, luego de haber pasado varios días deprimida y con problemas de salud, sus abogados le pidieron al juez que aceptara la declaración de culpabilidad de su cliente, con lo que buscarían acelerar el proceso abreviado y obtener ya una sentencia que, con el año y seis meses que ya cumple este mes Rosario en la cárcel, prácticamente habría compurgado la pena de prisión que le corresponde y tendría que ser liberada.

Es decir, que en una de esas, ante la tardanza inexplicable de la FGR se quedaría sin acusada, sin caso y sin “testigo colaboradora”.

Si eso ocurre, tal y como lo está buscando la defensa de Robles, sería un ridículo monumental para la Fiscalía que, de paso, tendría que explicar por qué no le tomó antes declaración a Rosario y por qué pretendió, como se lo reprochó el juez, alargar tanto los tiempos. No vaya a ser que, en este caso, de la extitular de Sedesol, como en el de Lozoya y otros casos importantes de corrupción que lleva la FGR, estén tratando de estirar al máximo los tiempos para que las audiencias y actuaciones judiciales coincidan con las campañas electorales que empiezan el próximo mes de abril. Eso, de ser así, sería politizar la justicia o judicializar la política, en busca de un claro beneficio para el partido oficial Morena, algo que se supone que ya no pasa en estos tiempos de la 4T. Se supone.
10 Febrero 2021 04:02:00
El senador de los sobornos
Aunque su primera audiencia judicial fue pospuesta, el pasado 25 de enero, a petición de la Fiscalía General de la República, que argumentó supuestos riesgos de contagio de Covid para sus fiscales y para el equipo de Hacienda, aun cuando la audiencia se realizaría de manera virtual, el de Jorge Luis Lavalle sigue siendo hasta ahora el único expediente del caso Lozoya que ha sido judicializado a partir de los testimonios y acusaciones que realizó el exdirector de Pemex.

Al exsenador panista de Campeche la Fiscalía lo ubica como el encargado de cobrar y recoger los sobornos en efectivo que Emilio Lozoya dice haber entregado a los senadores del PAN, los cuales mandaba a recoger con su amigo y colaborador, el secretario técnico del Senado, Rafael Caraveo, para después repartir los pagos en efectivo entre el grupo de senadores de Acción Nacional que participó de aquellos sobornos a cambio de su voto a favor de la reforma energética.

Aunque el exsenador ha negado las acusaciones y se ha dicho acusado por Lozoya por razones políticas, las investigaciones que realizó sobre sus cuentas y patrimonio la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sí documentan un crecimiento exponencial del patrimonio y las transferencias del político campechano que no corresponden al nivel de ingresos que él mismo declaró al SAT en los años en que fue Senador de la República, entre 2012 y 2018.

En esos seis años el senador panista tuvo ingresos por 14 millones de pesos, pero según la UIF en el mismo lapso realizó retiros de sus cuentas por 2 millones de dólares, es decir 40 millones de pesos, más de tres veces sus ingresos como legislador. En particular, en las investigaciones brincaron tres depósitos que realizó en 2015, cuando se aprobó la reforma energética peñista, y por las fechas en las que Emilio Lozoya dice haber entregado los sobornos a los legisladores del PAN.

La UIF le encontró también dos propiedades en la Ciudad de México, una ubicada en Las Lomas de Chapultepec en Monte Elbruz 166, y una más en Río Rhin en la colonia Cuauhtémoc, además de una casa en Campeche y dos terrenos en la misma ciudad de donde es originario, ambos reportados a precios subvaluados con valores menores a los reales.

En sus declaraciones fiscales al SAT, Jorge Luis Lavalle dijo haber ganado 28 millones de pesos en ingresos entre 2014 y 2019, cifra muy por debajo de los retiros que le documentaron por 2 millones de dólares. En cuanto a empresas, el exsenador dijo ser socio de Casa Sierra, una empresa de agricultura en la que se asoció con Roberto Gil Zuarth y Luis Fernando Salazar, y que se dedicó a promover y cabildear la aprobación de la legalización de la cannabis en la actual legislatura del Senado, mercado en el cual tenían intenciones de participar.

La importancia de que avance el primer expediente judicializado del caso Lozoya es comprobar si la información que le dio Emilio Lozoya Austin a la FGR, para pedir el criterio de oportunidad, realmente es validada por los jueces. El caso contra Lavalle es la puerta para que la Fiscalía comience a acusar a otros excompañeros senadores del campechano que también fueron señalados por Lozoya como Ernesto Cordero, Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, además del entonces diputado Ricardo Anaya, y de al menos un exsenador del PRI, junto con otros exfuncionarios como Luis Videgaray.

Por eso es tan importante para la FGR amarrar muy bien las acusaciones y los testigos que confirmen las acusaciones contra Jorge Luis Lavalle, porque si ese caso se le cae y si los testigos que ofreció Lozoya se niegan a ratificar los dichos del exdirector de Pemex, entonces los otros expedientes se verían comprometidos y, en una de esas, Emilio Lozoya termina pasando de acusador a acusado y se le cae su criterio de oportunidad.
09 Febrero 2021 04:03:00
Guatemala demandará a Tamaulipas por ‘crimen de Estado’
Un artículo del senador Ricardo Monreal, que publicó en su página de internet el pasado viernes con el título Camargo, Crimen de Estado, daría pie a que el Gobierno de Guatemala interponga una denuncia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusará al Gobierno del estado de Tamaulipas de haber cometido un crimen de Estado y de lesa humanidad tras comprobarse que fueron policías al servicio de ese Gobierno los que asesinaron y calcinaron a 14 migrantes de origen guatemalteco, cuyos cuerpos han sido plenamente identificados.

La denuncia que ya preparan las autoridades guatemaltecas, tomaría como referencia las afirmaciones del líder de la mayoría del Senado mexicano, quien asegura en su publicación que “el salvaje y artero ataque se encuadra en la tipología de ‘crimen de Estado’, el cual es definido como la acción concertada de agentes estatales para asesinar, desaparecer, exterminar, desplazar o perseguir a grupos de civiles desarmados por motivos, sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales”.

De acuerdo con fuentes de la embajada de Guatemala en México, el texto del senador Monreal Ávila serviría para sustentar la denuncia que ya preparan los abogados del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en la que se exigiría que el Gobierno de Tamaulipas asuma la responsabilidad total y plena de este crimen cometido contra ciudadanos guatemaltecos en su territorio y por parte de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GOPE).

La demanda de Guatemala buscaría no solo el reconocimiento de que la masacre de Camargo fue un “crimen de estado” sino también el pleno Eesarcimiento de los daños a los familiares de los 14 migrantes que, según las investigaciones, fueron interceptados por los policías estatales, detenidos ilegalmente, asaltados y luego acribillados y sus cuerpos quemados con la intención de ocultar evidencias y esconder el crimen que cometieron los agentes del Estado.

Aunque son de todos conocidas las enormes diferencias y hasta confrontaciones abiertas que existen entre el senador Monreal y el Gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en este tema de Camargo lo que podría venir, si se presentan y procesan las denuncias ante la CIDH, trasciende con mucho a las grillas políticas y colocaría, no solo al Gobierno tamaulipeco, sino al mismo Gobierno de la República, ante una acusación de carácter internacional por violaciones de derechos humanos graves y por una masacre cometida por autoridades del Estado Mexicano, justo dos de las cosas que, en sus discursos, el presidente López Obrador ha dicho que “ya no suceden en México” durante su mandato.

Veremos si en esta masacre de Camargo, por tratarse de ciudadanos de otro país, el caso toma otro derrotero y no queda solo en acusaciones a policías que además tuvieron todo el tiempo de fugarse y ni siquiera han sido localizados.

El Gobierno de Guatemala parece dispuesto a no quedarse con la versión de que todo fue obra de “malos policías” vinculados al crimen organizado o que se dedicaban a robar y extorsionar a los migrantes indocumentados que cruzan el territorio de Tamaulipas en su intento de llegar a los Estados Unidos.

Una queja ante la CIDH, como la que ya preparan en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Guatemala, colocaría el tema en un “crimen de Estado” del que tendría que responder sí el Gobierno tamaulipeco, pero también el Gobierno de México... Batimos los dados. Escalera y subida.
08 Febrero 2021 04:03:00
A Lozoya, ni hay juicios ni lo enjuician
El caso más emblemático y sonado de la lucha contra la corrupción del sexenio, el de la corrupción en Pemex con Emilio Lozoya y los sobornos de Odebrecht, está prácticamente estancado y mientras el exfuncionario del sexenio de Peña Nieto cumple siete meses gozando de comodidades y tratos privilegiados como “testigo colaborador”, que le ha otorgado la Fiscalía General de la República, sigue sin dar resultados y hasta ahora no se ha enjuiciado a ninguno de los casi 70 políticos, expresidentes, excongresistas y exsecretarios que fueron acusados e imputados por el exdirector de Pemex.

De hecho, dentro del mismo Gobierno de la 4T hay serias dudas de si lo más adecuado fue otorgarle el beneficio del “criterio de oportunidad” o si era mejor enjuiciar directamente a Lozoya por varios delitos graves que le han documentado.

La propia Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha controvertido en los tribunales la decisión de la FGR de otorgar el criterio de oportunidad a Emilio Lozoya, y aunque en una primera instancia un juez federal le negó la apelación a la UIF por no acreditar su calidad de víctima, la instancia que dirige Santiago Nieto se amparó contra el fallo de los jueces y ha presentado nuevas denuncias en contra del exdirector de Pemex, a quien acusa de haber desviado hasta 3 mil millones de pesos de la petrolera para pagarle a Odebrecht contratos de obras que, aunque se otorgaban con toda la apariencia de legalidad, en realidad eran parte de un mecanismo para que la compañía brasileña “limpiara” el dinero de origen público a través del uso de empresas factureras y fachada, que terminaban dispersando los recursos entre particulares para que finalmente, terminara siendo utilizado para fines políticos o campañas electorales.

Esta sería otra versión del tipo de la “Estafa Maestra”, distinta a la que ya ha investigado la Función Pública y por la que ya ha habido incluso exfuncionarios acusados e inhabilitados por haber transferido 568 mdp a una empresa fantasma.

Esa investigación y denuncia de la UIF contra Lozoya es parte de lo que no se le ha podido imputar al exdirector de Pemex, en parte por la calidad de “testigo colaborador” que le otorgaron junto con el “criterio de oportunidad”, y también porque esas acusaciones no estaban incluidas en la solicitud de extradición con la que el Gobierno federal y la FGR le solicitaron a España la entrega de Emilio Lozoya, que finalmente se concretó en julio del 2020.

Pero mientras son peras o son manzanas, lo cierto es que Lozoya Austin hoy sigue gozando de los beneficios de haber dado “información” con la que supuestamente el fiscal Alejandro Gertz Manero podría acusar a otros superiores jerárquicos y excongresistas que fueron parte de la red de corrupción y sobornos instrumentada entre Pemex y Odebrecht.

Pero de 71 nombres que mencionó Lozoya y que la Fiscalía se tomó seis meses para investigar (que se vencieron el pasado 31 de enero) hasta ahora solo hay una carpeta que ha sido judicializada y una acusación contra el exsenador panista Jorge Lavalle, a quien extrañamente se le pospuso la audiencia que tenía programada el pasado 25 de enero.

Así que, tanta tardanza en el caso Lozoya, tanto ruido y tan pocas nueces hasta ahora, generan ya todo tipo de dudas, teorías y sospechas. Desde “arreglos políticos” entre el fiscal y los panistas en el Senado para impulsar su controvertida iniciativa de Ley Orgánica de la FGR, hasta la idea de que fue un error que le hayan dado el criterio de oportunidad a Lozoya.

El caso es que mientras su caso no parece tener mucho caso, el señor Lozoya sigue siendo un privilegiado y un protegido de la justicia mexicana, a pesar de haber sido uno de los mayores exponentes de la desmesurada corrupción del sexenio peñista.
06 Febrero 2021 04:15:00
De la ‘Fiscalía que sirva’ a la Fiscalía de Gertz
Con apenas dos años en el cargo y sin haber hecho siquiera el esfuerzo por implementar el nuevo modelo institucional con el que se creó la Fiscalía General de la República, el fiscal Alejandro Gertz Manero se propone desmantelar, desaparecer y cancelar la mayoría de los cambios y avances que propusieron especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil que participaron en el diseño de la “Fiscalía que Sirva”, y con su iniciativa para una nueva Ley Orgánica de la FGR que presentó al Senado, propone volver a una Fiscalía vertical, y en la que el titular tenga el control absoluto de las decisiones y elimine equilibrios, transparencia y contrapesos ciudadanos.

La propuesta de ley presentada por Gertz Manero y que se disponen a discutir los senadores en este proceso, ha encendido las alarmas de juristas, expertos y sociedad civil, que ven en la iniciativa para modificar el actual modelo de la Fiscalía, una amenaza de regresión a las épocas de la desaparecida PGR, cuando ni siquiera se logró concretar la transición entre la antigua Procuraduría y la nueva Fiscalía General de
la República.

Incluso dentro del Gabinete del presidente López Obrador hay un grupo de funcionarios de áreas jurídicas y de seguridad, que no están de acuerdo con las reformas que pretende el fiscal y están operando para que su iniciativa no sea aprobada por la mayoría de Morena.

Y es que, de un plumazo, Gertz Manero propone en su iniciativa de Ley Orgánica

desaparecer el Consejo Ciudadano de la FGR, creado para ser un contrapeso y equilibrio al poder del fiscal, elimina la facultad de crear Grupos interdisciplinarios con expertos internacionales para coadyuvar en investigaciones de casos de alto perfil, como ocurrió con el GEI en el Caso Ayotzinapa; desaparece también la Fiscalía Especial para la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y plantea también eliminar las instancias y obligaciones de transparencia que hoy tiene la FGR.

Gertz quiere que el fiscal concentre todas las decisiones que se tomen en la Fiscalía y para ello en su propuesta le resta la autonomía que hoy tienen la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), elimina la presencia ciudadana y las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas las reduce, con lo que, en los hechos, desmantela y desecha el modelo institucional con el que se diseñó entre 2017 y 2018, y con el que nació la nueva Fiscalía General de la República.

Es como si, en esencia, con las reformas que discutirá el Senado, retrocediéramos a la antigua PGR, cuando ni siquiera se hizo el esfuerzo, en estos dos años que lleva el fiscal Gertz, por implementar todos los cambios que proponía la ley para tener una Fiscalía moderna, con capacidad de investigar los delitos y procurar justicia, con un servicio civil de carrera que la distinguiera de la antigua procuraduría y le diera capacidades técnicas y científicas en la actuación del Ministerio Público.

Hay también integrantes del Gabinete como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que han expresado serias dudas sobre lo que propone Gertz, e incluso algunos de esos funcionarios se aprestan para participar en un ejercicio de Parlamento Abierto en el Senado, para manifestar su desacuerdo con la iniciativa de ley y los riesgos que representa.

Veremos cómo el tema es procesado por la mayoría de Morena en el Senado, que encabeza el líder Ricardo Monreal, y qué tanto se escuchan las voces que alertan de un retroceso, no solo las de la sociedad civil, sino también las que vienen del interior de la 4T, en donde hay mucha inconformidad y molestia por la poca efectividad que hasta ahora ha mostrado la FGR a la que se le acumulan las denuncias sobre delitos de corrupción y otros, sin que se vean avances en las investigaciones y la judicialización de expedientes, como los del Caso Lozoya y Odebrecht, que se mueven “a paso de tortuga” bajo la gestión de Gertz Manero… Los dados mandan escalera doble.
Buena semana.
04 Febrero 2021 04:00:00
La estrategia de los empresarios ante el embate de la 4T
La relación entre Andrés Manuel López Obrador y los hombres del empresariado nacional, que empezó con una luna de miel en los albores del sexenio -cuando el Presidente les juraba amor y los empresarios le prometían inversiones- se tornó muy pronto en diferencias, pleitos y distanciamientos. La cancelación del aeropuerto de Texcoco fue el primer aviso de que se había acabado la luna de miel y empezaban los problemas que pronto se volverían pleitos abiertos con la imposición de leyes, iniciativas y decretos con los que el Presidente y sus bancadas del Congreso golpean a las inversiones privadas, modifican contratos y cambian las reglas del juego en sectores estratégicos, generando pérdidas e incertidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros.

No había pasado ni un año de la 4T y esa relación que nació movida por el interés mutuo ya se había vuelto tormentosa. Y aunque con episodios de reencuentros, diálogos en Palacio Nacional y algunos acuerdos como el incipiente Plan Nacional de Infraestructura, la realidad es que se abrió una brecha cada vez más amplia entre el proyecto político de López Obrador y los organismos empresariales.

Y aunque López Obrador sigue manteniendo cierta relación y comunicación con algunos de los hombres más ricos del país, como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga, Daniel Chávez, Olegario Vázquez Aldir, Miguel Rincón, entre otros, y ha recuperado interlocución con el grupo de los 10 de Monterrey con los que ha tenido más roces, su relación con los organismos cúpula del sector empresarial es la más desgastada y la que más tensa se ha vuelto por las decisiones presidenciales que golpean a muchas de las empresas agrupadas en el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre otras.

En esos organismos cupulares es donde ha surgido más resistencia a las políticas de la 4T, aunque en ese bloque empresarial hay dos corrientes que encaran de manera distinta sus diferencias con el gobierno lopezobradorista. Por un lado está el ala radical del CMN y la Coparmex, y por otro está el ala más dialoguista y moderada del CCE y la Concamin.

Ese bloque de empresarios ha definido su estrategia para enfrentar el embate constante de la 4T y de las decisiones de López Obrador contra las empresas e inversiones privadas y consiste en 3 acciones. La primera es el “diálogo constante”, con el que se proponen no cerrar los canales de comunicación e intercambio de ideas. La segunda acción es la vía jurídica: desde el amparo hasta las controversias constitucionales para impugnar cualquier política, decreto o ley que lesione los intereses de las empresas. Y la tercera acción que han definido, como última instancia, es acudir a los tribunales y los organismos internacionales para litigar cualquier asunto que no pueda ser resuelto en el Poder Judicial Federal y en los Tribunales Fiscales y Administrativos.

Así que las cosas entre el Presidente y los hombres que mueven el dinero en este país están más que claras y cantadas. López Obrador llegó a la Presidencia ofreciendo que iba “a separar el poder político del poder económico” y lo ha logrado aunque sólo en parte, pues aún hay empresarios consentidos que incluso logran influir en él; pero lo que es un hecho es que con la clase empresarial, como la élite que representa al verdadero poder económico, la relación está en un punto de ruptura, al grado que los empresarios apuestan y buscan frenar el proyecto político lopezobradorista a partir de lograr su derrota el próximo 6 de junio.
03 Febrero 2021 04:00:00
El desactivador de la bomba de Banxico
La explosiva iniciativa para reformar la Ley del Banco de México y obligarlo a comprar dólares excedentes del mercado cambiario, que puso en jaque al sistema financiero del país y prendió las alertas –no solo del Banco Central mexicano, sino también de la Reserva Federal de Estados Unidos– es una bomba que aún no está del todo desactivada.

La Cámara de Diputados discutirá en el actual periodo de sesiones si aprueba o no las polémicas modificaciones legales propuestas por el senador Ricardo Monreal, aprobadas ya por el Senado de la República, y aunque, desde adentro del Gabinete económico federal hay toda una operación en marcha para tratar de anular la controvertida iniciativa y que sea enviada a la “congeladora legislativa”, el reloj que marca la cuenta regresiva de esa bomba que activaron los senadores de Morena, aún no se detiene.

A la cabeza del equipo de “desactivación” de la bomba legislativa contra el Banxico está el mismísimo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien desde diciembre del año pasado comenzó a operar para tratar de revertir esta propuesta, que causaría un gran daño al sistema financiero del país y colocaría al Banco de México en riesgo de cometer “lavado de dinero”, al obligarlo a comprar dólares en efectivo que no pudieron exportar algunos bancos.

De acuerdo con fuentes de Palacio Nacional, el intento de dinamitar la confianza y la estabilidad del Banco de México comenzó cuando un empresario, dueño de un banco que ha tenido problemas para enviar los dólares que capta a EU, acudió a Palacio Nacional y le vendió a López Obrador un cuento triste de que “a las personas más pobres de este país las estaban afectando y discriminando con sus dólares que recibían a veces de sus paisanos en EU en efectivo y otras veces a meseros, taxistas y empleados del sector turístico, pues los bancos les negaban cambiar sus dólares porque el Banco de México se negaba a aceptar esos dólares”.

La historia del banquero indignó al Presidente cuando le mencionó que era la gente más pobre la que se veía afectada por esas disposiciones y cuando preguntó por qué se negaban en Banxico a recibir esos dólares, la respuesta del empresario enojó aún más al Mandatario: “No los quieren aceptar en el Banco de México por agachados con la Reserva Federal de Estados Unidos, a la que le rinden cuentas”.

Las fuentes consultadas narran que en ese momento el Presidente montó en cólera y de inmediato llamó al líder del Senado, Ricardo Monreal, para ordenarle que presentaran una iniciativa que obligara al Banco de México a recibir los dólares en efectivo de los mexicanos más pobres que no podían cambiar sus dólares por las rígidas disposiciones
del Banco Central.

El resto de la historia ya es de todos conocida: La iniciativa fue presentada y rápidamente votada por la mayoría de Morena en el Senado, con algunos votos de la oposición, para darle gusto al Presidente y a su amigo el empresario.

Así fue que estalló la bomba cuando la primera observación llegó desde Washington con una alerta de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que encendió también las alarmas en el Banco de México
y el sector financiero.

En la Secretaría de Hacienda hoy se afirma que el tema no va a transitar y que la bomba está desactivada en más de un 80%, incluso con propuestas que le presentaron al Presidente para que los bancos creen mecanismos para aceptar y absorber también el pequeño mercado de dólares en efectivo que se genera en la industria turística, para darles a los trabajadores y empleados que reciben dólares del turismo opciones seguras y bancarizadas para cambiar la moneda extrajera.

Y ahora que la iniciativa de Banxico se ha vuelto a activar en la Cámara de Diputados, veremos finalmente si los desactivadores del Gabinete logran cortar los últimos cables para terminar por apagar y desactivar completamente esta bomba, cuyo reloj aún sigue corriendo en cuenta regresiva.
02 Febrero 2021 04:00:00
El Presidente se juega su resto
El periodo de sesiones que acaba de iniciar en el Congreso y que será el último en la actual Legislatura de la Cámara de Diputados, será definitivo y decisorio para el futuro de la llamada cuarta transformación. Ante la incertidumbre de si Morena podrá ratificar su mayoría legislativa el 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha mandado a sus fracciones, tanto de diputados como de senadores a sacar, en los próximos tres meses, un paquete de iniciativas y reformas constitucionales y legales que representan, en la visión presidencial, el terminar de “sentar las bases” del proyecto político de este Gobierno, a través de cambios a la Constitución y a las leyes secundarias que van desde el tema energético, hasta la llamada “austeridad republicana” o la consolidación de la nueva Fiscalía General de la República.

Podría decirse que López Obrador se juega su resto y manda a las bancadas oficialistas a echar toda la carne al asador para que le garanticen la aprobación de cambios legales y constitucionales que, en algunos casos considera parte de su “transformación” y en otros, simplemente, son caprichos y obsesiones presidenciales, la reforma constitucional que ya preparan para obligar a que ningún funcionario pueda ganar más que el sueldo que gana el Presidente de la República, hoy tasado en 108 mil pesos mensuales.

Hay otros temas que obedecen más a la ideología sexenal que a las necesidades reales del país, como las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que el Presidente metió como iniciativa “preferente” para modificar el sistema de compra de la energía eléctrica por parte del suministrador de Servicios Básicos, al que ahora ya no se obligará a obtener la energía a través de subastas, sino a través de Contratos de Cobertura Eléctrica que le darán prioridad en la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad y a sus centrales eléctricas, relegando a los generadores privados y a los Contratos de Energías Limpias (CEL).

Esta iniciativa preferente, que no tendrá problemas para aprobarse en la Cámara de Diputados, con la mayoría absoluta de Morena, pero que sí requerirá de los votos de algunos senadores de la oposición, materializa lo que no ha podido lograr el torpedeado e impugnado judicialmente decreto para la Confiabilidad Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, también conocido como el decreto Nahle.

Por lo demás, las bancadas de Morena, sobre todo la del Senado, ya trabaja junto con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en otra de las instrucciones (o caprichos dirían otros) del Presidente: regular y normar a las empresas de redes sociales para que sus dueños y directivos no tengan la última palabra en la suspensión y eliminación de cuentas de sus usuarios por infringir sus propias reglas.

A esas iniciativas se suman muchas más, casi 50, entre las que se incluye la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía de la República, que ya levanta cejas en el Gabinete porque la ven como un intento del fiscal Alejandro Gertz por acrecentar sus atribuciones más no sus obligaciones; la reducción del financiamiento a los partidos políticos, que golpeará especialmente a la oposición, la elevación a rango constitucional de varios de los programas sociales y ayudas económicas, hasta varios tratados internacionales y convenios transfronterizos.

Lo dicho, el Presidente va por todo y tiene prisa por aterrizar en tres meses todo lo que se pueda por si el voto de las urnas no le vuelve a otorgar la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados. No es miedo, dirían, es pura precaución.
01 Febrero 2021 04:00:00
6 de junio: entre votos y vacunas
Entre los mensajes que más enfatizó el presidente López Obrador en su reaparición del pasado viernes, fue el tema de las vacunas y las gestiones que sigue haciendo desesperadamente su Gobierno por conseguir más dosis de cualquier laboratorio que las tenga disponibles; ocupó la mayor parte de los 18 minutos que habló el Mandatario, quien aseguró que en febrero llegarán 6 millones de dosis que incluyen 870 mil de AstraZeneca conseguidas en India, 1.5 millones de Pfizer, además de la controvertida vacuna rusa Sputnik V y la china de CanSino-Biologics. No es casualidad que en su primer discurso desde que contrajo coronavirus y después de cinco días ausente de la escena pública, el Mandatario nacional se haya referido a que las vacunas “al final son lo más importante y lo que va a poder darnos seguridad de que esta terrible pandemia no va a seguir causando daños”.

Porque en medio del discurso triunfalista y falazmente optimista con el que reapareció el Presidente, en el que hizo afirmaciones desde dudosas a falsas, como aquello de que “no nos han rebasado las circunstancias (la pandemia) y hemos podido atender a todos”, “nos vamos a recuperar en lo económico y ya en enero recuperamos 75 mil empleos”, “hay signos alentadores en la economía, va creciendo se va recuperando”, lo único cierto que dijo el Presidente es que si su Gobierno no logra traer las vacunas suficientes para todos los mexicanos con rapidez y en el menor tiempo posible, no habrá ninguna seguridad ni esperanza para nosotros y el crecimiento de la pandemia terminará por golpear a su Gobierno, que está prácticamente rebasado y sin control de la emergencia.

Para decirlo claramente: sin vacunas no hay votos. Si no llegan y se aplican vacunas suficientes para los mexicanos antes de las elecciones, tampoco habrá votos suficientes para Morena y para la 4T, cuya mayoría en el Congreso y el avance en gobiernos locales, cada vez depende más del éxito o el fracaso del maltrecho y cuestionado Plan Nacional de Vacunación contra el Covid.

El retraso en el calendario de vacunación que se habían fijado –por los incumplimientos de Pzifer y porque no todos los precontratos que supuestamente habían cerrado exitosamente resultaron totalmente ciertos– ha puesto en jaque al Gobierno federal e hizo que el Presidente, personalmente, se pusiera a supervisar las gestiones que ya no solo realiza el canciller Marcelo Ebrard y su equipo, sino también el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Y es que, tanto cacarearon y alardearon que ya tenían “comprometidas y seguras 120 millones de vacunas para los mexicanos”, que la expectativa que generaron en la población fue muy alta y de ese mismo tamaño puede ser la decepción y la molestia ante la falta de vacunas suficientes en los próximos meses. Porque hoy, para variar, México es uno de los países con más bajo avance en sus programas de vacunación, el último de la OCDE.

Así es que mientras el panorama de la pandemia no mejora y ahora se habla ya hasta de una “cepa mexicana”, la E484K, que podría haberse detectado en Jalisco, y el mundo empieza a ver a México, a los mexicanos, como “apestados”, y nos cierran fronteras o nos ponen restricciones por el pésimo manejo de la pandemia y el crecimiento de muertes y contagios; al presidente López Obrador hoy le preocupan dos cosas: la primera, que la percepción de que su Gobierno fue completamente rebasado por el coronavirus y que su estrategia resultó fallida ya no es solo interna, sino que ahora así lo ven también desde el extranjero, con todas las afectaciones económicas y al turismo nacional que eso va a traer; y la segunda, y quizás la que más le preocupa y ocupa, es que si no avanza en la vacunación y logra traer dosis suficientes, el próximo 6 de junio, no habrá votos para su partido y si los hay, serán en contra.
30 Enero 2021 04:04:00
El hermetismo de Palacio y la ausencia de AMLO
Este sábado se cumple una semana de que el Presidente de México presentó sus primeros síntomas y le fue realizada la prueba que confirmaría, un día después, su contagio positivo de la enfermedad. Este viernes finalmente, y ante el crecimiento de rumores y especulaciones para su salud, reapareció con un video transmitido en vivo por las redes sociales.

La semana que estuvo ausente desató toda clase de versiones, rumores y suposiciones sobre la salud presidencial, al grado de que se llegaron a invocar razones de estabilidad política y de gobernabilidad ante la ausencia temporal del Presidente y la escasa información sobre su situación de salud.

Por eso López Obrador grabó al mediodía un video que fue transmitido como un “falso vivo” a través de YouTube y redes sociales, en el que el Presidente le habló a los mexicanos para decirles: “Todavía tengo Covid, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento ante ustedes para que no haya rumores, malos entendidos; estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo”.

La reaparición pública de López Obrador, en la que agradece las muestras de apoyo de ciudadanos, políticos y adversarios, además de jefes de Estado, insiste en que también estuvo trabajando en el acopio de vacunas suficientes para todos los mexicanos, y menciona las vacunas comprometidas con el Presidente ruso, Vladimir Putin, y las de AstraZeneca, de las que, además de las que se envasan en México, también traerán de la India unas 700 u 800 mil dosis de ese mismo laboratorio.

Sobre los pedidos a Pfizer, asegura que a partir del 10 de febrero se reanudará la entrega de pedidos que fueron pospuestos por 1 millón 500 mil vacunas y que para el mismo mes de febrero tendremos también la vacuna china Cansino, que ya terminaría su tercera fase de prueba, para que, en ese mes, en total se tengan 6 millones de vacunas contra el Covid y para marzo 12 millones de dosis, con lo que, para finales de ese mes se tendría vacunados, con una primera dosis a 15 millones de adultos mayores en el país.

Después de ver la imagen del Presidente, y su discurso de reaparición a los mexicanos, es claro que los cinco días que estuvo ausente el Mandatario no fueron para nada un tema casual ni obligado porque no pudiera aparecer en un video, sino que fue una estrategia así definida muy seguramente por el propio Mandatario para medir y pulsar las reacciones que se generaban ante su ausencia de varios días.

Lo que dejó en claro López Obrador en su regreso a la escena pública es que no habrá ningún cambio significativo a la estrategia que ha implementado su Gobierno para combatir la pandemia del Covid en México, a pesar de las cifras desastrosas de muertes, contagios y saturación de hospitales públicos.

Sin duda es buena noticia que el Presidente esté mejor y que haya superado, hasta ahora, la enfermedad de la mano de los médicos y los tratamientos que le suministraron.

Lo que no parece tan buena noticia es que el AMLO, que reapareció tras cinco días de audiencia, sigue con el mismo discurso doble y ambiguo en el que insiste en que su estrategia para la pandemia seguirá bien porque ha funcionado.

Veremos si el López Obrador que sobreviva al Covid cambió en algo para corregir errores de su Administración o si el coronavirus le hará también, como sus adversarios “los conservadores”, “lo que el viento a Juárez”…Los dados mandan Escalera doble. Buen cierre de semana.
28 Enero 2021 04:03:00
‘En esta Administración se negocia con carpetas judiciales’
El empresario de medios, que obtuvo dos concesiones de los reclusorios privados cuyos contratos han sido puestos en duda y tachado de abusivos por el presidente López Obrador, pidió una cita en Palacio Nacional con la intención de “negociar” sus dos contratos millonarios que recibió en el sexenio pasado y por asignación directa. Lo recibiría, le respondieron, uno de los consejeros más cercanos del Presidente y, dispuesto a llegar a un acuerdo aceptable para ambas partes, incluso a “negociar a la baja” los términos de sus contratos, llegó al vetusto edificio acompañado de los principales operadores de su grupo empresarial.

En la oficina del funcionario que los recibió comenzó el empresario exponiendo su total disposición a alcanzar un “arreglo conveniente” sobre los términos y la operación de los reclusorios. No había interés, dijeron los abogados del hombre de negocios, en tener un conflicto con el Gobierno federal por ese tema y, a partir de la legalidad de sus contratos, había interés en un entendimiento en los mejores términos. El representante del Presidente los escuchó con atención y, tras las comedidas exposiciones de los visitantes, rompió el silencio y les espetó sin más: “Está bien, podemos negociar, nada más que en este Gobierno negociamos a partir de carpetas. Y ya hay dos carpetas judiciales sobre este tema. A partir de eso, podemos negociar lo que ustedes quieran”.

La respuesta del operador del Presidente cayó como balde de agua fría en los integrantes del grupo empresarial. Tras un silencio incómodo se acomodaron en la silla y tras algunos comentarios dieron las gracias al funcionario y se despidieron. La cara del dueño del grupo no podía ser de más molestia cuando abandonaron la oficina pública y salieron del Palacio. Más tarde, según fuentes muy cercanas a aquella plática, hubo una reunión donde el empresario y dueño tomó una definición: “no nos vamos a dejar, lo que haya que pelear legalmente lo pelearemos y lo que se tenga que decir en los medios lo diremos. Hemos invertido mucho en esto por muchos años, aún sin tener ganancias, y lo hicimos justo para un momento como este”.

Así que de la cercanía con el Presidente y de ser incluso uno de los integrantes de su Consejo Asesor Presidencial, parece que ahora la relación entre el empresario y el poder pasó a los términos de una guerra, tanto jurídica como mediática.

Notas indiscretas…

A propósito del Consejo Asesor Empresarial del Presidente, en la práctica el organismo resultó ser más un membrete que un organismo real de consulta y asesoría del Mandatario. Prueba de ello es que la relación con el empresariado no ha sido precisamente el fuerte de este Gobierno y ha estado sujeta a todo tipo de altibajos y momentos de mucha tensión y hasta confrontaciones abiertas.

Además, resulta que varios de los asesores del Consejo presidencial también fueron beneficiarios de contratos que el Presidente ha considerado “abusivos” en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y el citado tema de los reclusorios privados es un buen ejemplo, pues al menos dos de los integrantes del organismo nombrado por el Presidente también tienen contratos millonarios de esos reclusorios. Y para colmo, otro de los asesores empresariales de López Obrador, Miguel Alemán Magnani, está hoy en la quiebra virtual de sus empresas, y un asesor más, también dueño de medios y de bancos, recientemente metió al Presidente en un tremendo brete cuando intentó venderle una iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México para que el banco central le comprara 100 millones de dólares que tiene parados en su banco.

Total, que ni consejo, ni asesor resultó el organismo de los cuates empresarios del presidente López Obrador… Giran los dados. Capicúa. Repetimos tiro.
27 Enero 2021 04:03:00
Democrático Covid: pega al poder político, al económico y religioso
Los conquistadores españoles que fueron poblando el territorio de lo que hoy es México, siempre cuidaban que en el diseño de los pueblos y ciudades que iban fundando a su paso quedaran agrupados, en torno a la plaza principal o zócalo, el Palacio del Virrey, Gobernador o Alcalde, la Iglesia por el poder religioso y la zona de portales comerciales por el poder del dinero.

Esa trilogía que dominó durante toda la época de la Colonia y que apenas se modificó legalmente con las leyes juaristas de Reforma, prevalece hasta nuestros días y hoy, en la peor crisis de la pandemia, el Covid está golpeando simultáneamente a las cabezas del poder político, del poder económico y del poder religioso en nuestro país, con la enfermedad que padecen el presidente López Obrador, el ingeniero Carlos Slim y el cardenal emérito de la CDMX, Norberto Rivera Carrera.

El que las tres figuras de los poderes reales y de facto en México estén en estos momentos en cuarentena u hospitalizados, luchando contra la enfermedad que ha golpeado y matado a más de 150 mil mexicanos, es un síntoma claro e inocultable de que tenemos una crisis nacional por la forma en que se ha atendido esta pandemia y que si no hay una rectificación de la estrategia errática, necia y caótica que han seguido las autoridades sanitarias federales, el desastre se pondrá peor y va a rebasarnos a autoridades y ciudadanos llevándonos hacia una auténtica tragedia humanitaria.

Que el Presidente esté en estos momentos aislado, en cuarentena y que los mexicanos no podamos saber, por un tema de “privacidad” cuál es su estado clínico y cómo evoluciona de la enfermedad, que según las estadísticas y el comportamiento del virus entrará en su fase más crítica justo a la mitad de esta semana, no es sino un reflejo más de los criterios absurdos y personalistas con los que se ha manejado la pandemia en nuestro país.

Otra vez, en un momento crucial para los mexicanos, en los peores picos y récords de muertes y contagios, volvemos a estar en las manos de un inepto e irresponsable médico que solo se mantiene ahí por el puro voluntarismo y la simpatía presidencial y que, paradójicamente, es también el culpable de que López Obrador se haya contagiado por haberle hecho recomendaciones carentes de rigor científico y no haber tenido la capacidad de contradecir al Presidente sobre los riesgos que corría por no vacunarse primero, como correspondía a su calidad de Jefe de Estado, y por no haberle prohibido tomar aviones comerciales, salir y hacer giras y reuniones por la República.

Sobre el empresario Carlos Slim, a pesar de que su familia informó de su contagio y de su visita al Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Zubirán, para “un monitoreo y observación”, la realidad es que el ingeniero está internado y es atendido y monitoreado por Covid en el piso 4 de este centro médico, donde médicos que lo atienden confirman a esta columna que su estado es delicado, pero estable.

En cuanto al cardenal Norberto Rivera, que lleva ya casi dos semanas internado, anoche su exvocero en la Arquidiócesis, Hugo Valdemar, reportaba que sigue en fase de mejoría general, aunque en el área de Terapia Intensiva donde fue intubado hace una semana.

En fin, que los casos del Presidente, el hombre más rico y el cardenal, no son ni más graves ni más importantes que el dolor y la muerte que han padecido millones de mexicanos; pero el que figuras emblemáticas de los poderes que gobiernan y dominan este país estén contagiados y luchando por sus vidas es un indicador de qué tan grave se ha puesto la pandemia y qué tan lejos estamos todavía de ver una luz al final del túnel, como la que ya se registra en otros países con la vacunación masiva, cuando aquí ni siquiera el Presidente, el empresario con más poder económico y un jerarca religioso, que además los tres son de la tercera edad, tampoco han podido vacunarse. Así de lejos estamos, así de oscuro se ve el horizonte.
26 Enero 2021 04:02:00
Se le juntan enemigos a Corral y le cierran paso al 2024
El resultado del proceso interno del PAN para definir su candidatura a Gobernador en Chihuahua, en el que resultó ganadora por abrumadora mayoría la alcaldesa María Eugenia Campos, representa un duro revés para Javier Corral Jurado y para su candidato Gustavo Madero, y también parece ser el fin de las aspiraciones presidenciales del Gobernador chihuahuense.

Corral buscó a toda costa, incluso con denuncias penales por presunta corrupción, y utilizando políticamente a la Fiscalía estatal, frenar a Maru Campos, con lo que terminó por victimizar a la Alcaldesa de la capital que, apoyada por el panismo local y por los principales grupos y figuras del panismo nacional –incluso por el expresidente Felipe Calderón–, terminó por derrotar holgadamente al Gobernador y abollarle por completo su proyecto político.

Y es que a Corral se le juntaron enemigos de todos los signos políticos que vieron en la elección interna del panismo la oportunidad de cobrarle facturas y ofensas al Gobernador y para ello apoyaron de distintas maneras a la Alcaldesa de Chihuahua.

Desde los grupos internos del PAN interesados en la sucesión presidencial de 2024, que aprovecharon la oportunidad para asestarle un golpe letal a Corral Jurado, hasta grupos priistas a los que acusó y persiguió judicialmente con el controvertido fiscal César Augusto Peniche, o incluso se habla de personajes de la 4T que decidieron darle un empujón a Maru Campos.

Todos esos factores, grupos y personajes confluyeron en un mismo objetivo: parar desde ahora la carrera presidencial de Javier Corral.

A pesar de que intentó frenar por todas las vías posibles a Maru Campos, al grado de abrirle un proceso penal en la Fiscalía estatal, la cacería que emprendió el Gobernador, lejos de desactivar o desalentar a la popular Alcaldesa, se convirtió en una causa que abrazaron varios grupos del PAN a nivel nacional que no estaban de acuerdo con el “agandalle” del que acusaban a Corral.

Fue tan fuerte el golpe de este domingo para el Gobernador, que hasta ayer por la tarde no había dicho nada sobre el resultado del proceso interno panista, ni había regresado de Ciudad Juárez a la capital del estado.

Pero algo debió prever Corral sobre la derrota que le esperaba en las votaciones internas del PAN porque el sábado, justo un día antes de la contienda, su fiscal, César Augusto Peniche, se registró como aspirante del panismo a la alcaldía de Juárez, en una acción que sorprendió a todos en el estado.

La jugada fue leída en el estado como una maniobra del gobernador Corral, que al perder la candidatura del PAN y ante la posibilidad de que la alcaldesa Campos pueda ganar la gubernatura, estaría mandando a César Augusto Peniche a renunciar a la Fiscalía para irse a participar en el proceso interno del PAN por Juárez, en el que no tiene la más mínima posibilidad de ganar, pero al haber dejado voluntariamente su cargo de fiscal, Peniche se volvería elegible para participar en una nueva terna que el Gobernador podría enviar al Congreso para elegir a un nuevo fiscal “autónomo” que duraría 9 años en el cargo.

Es decir, que como han hecho gobernadores salientes en varios estados y de todos los partidos, Javier Corral buscaría “blindarse” una vez que deje la gubernatura, y de paso, blindar todas las investigaciones y carpetas que judicializó su fiscal con presuntos “testigos protegidos” amenazados y obligados a acusar bajo presión.

Lo que parece claro es que para Corral, el futuro inmediato se ve claro: en octubre próximo terminará su gubernatura y tendrá que entregarle el poder muy probablemente a la mujer panista a la que persiguió, acusó e intentó vetar a toda costa para que fuera candidata. Lo que no se ve muy claro para el Mandatario chihuahuense es su sueño de ser candidato a la Presidencia por el PAN en 2024. Ese empieza a verse cada vez más lejano y difuso.
25 Enero 2021 04:03:00
El Presidente, aislado y en cuarentena
Al presidente López Obrador terminó por alcanzarlo el Covid-19 y hoy se enfrenta personalmente a la enfermedad que le ha costado la vida, oficialmente, a casi 150 mil mexicanos y que ha golpeado como ninguna otra crisis en la historia a la economía, el empleo, el bienestar y la salud del país. En su aislamiento —con síntomas leves y atención médica oportuna según informó él mismo— el Mandatario nacional, al que se le desea una pronta y total recuperación, seguro tendrá tiempo para reflexionar sobre lo que ha hecho y no su Gobierno para enfrentar esta que es la más grave amenaza sanitaria, social y económica que hayamos enfrentado los mexicanos de las épocas recientes.

De entrada, el contagio del Presidente echa por tierra las versiones que afirmaban que ya había sido vacunado en secreto y confirma que, aunque pudo y debió ser el primero en vacunarse como Jefe del Estado mexicano y como lo han hecho muchos otros presidentes, la decisión de López Obrador de no aprovechar su privilegio, que para algunos es un acto de congruencia, pero para otros es más de demagogia e irresponsabilidad, hoy lo pone a él en una situación delicada de salud y al país en un riesgo, si por alguna razón la condición del Presidente llegara a agravarse. Aunque es claro que tiene y tendrá toda la atención médica y los mejores tratamientos disponibles, la edad del Ejecutivo y su condición de padecimientos cardiacos previos lo colocan en situación vulnerable ante el Covid.

A estas alturas nadie debe celebrar ni regodearse con la enfermedad del Presidente y hacerlo sería completamente ruin y mezquino. La decisión del propio López Obrador de que sea la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la que lo supla en sus conferencias mañaneras, lleva implícito un doble mensaje: primero por la prioridad y el marcado interés que el Mandatario tiene en que no se suspenda su mecanismo de comunicación y/o propaganda que le sigue redituando y defenderá contra viento y marea; y segundo, porque constitucionalmente, según el Artículo 84, en caso de una ausencia absoluta del Presidente, quien asumiría la Presidencia “en tanto el Congreso nombra a un Presidente interino o sustituto” es precisamente la titular de Gobernación. Y no es que nadie invoque ese escenario, pero es claro que en el Gobierno tienen que pensar en todo.

Hasta ahora ninguno de los presidentes en el mundo que han tenido Covid se han agravado en su salud y, salvo el caso de Boris Johnson y Donald Trump que requirieron hospitalización, la mayoría ha salido relativamente rápido y bien de la enfermedad, por lo que es muy probable y deseable que ese también sea el caso del Presidente mexicano. Pero justo hoy que empieza su cuarentena es importante reforzar el mensaje de que estamos en el punto más alto de la pandemia y que si no nos cuidamos y usamos cubrebocas (como nunca quiso usarlo el Presidente) guardamos la sana distancia y evitamos reuniones y encuentros sociales, tarde o temprano seremos parte de la estadística de contagios y seguiremos agravando la situación.

Anoche llamaba la atención en las redes sociales la desconfianza e incredulidad que muchos expresaban en torno al contagio del Presidente y no faltaban quienes le encontraran trasfondos políticos y supuestas intenciones de ocultar al Presidente justo cuando la situación del Covid se vuelve más crítica. Con el respeto a lo que cada quien quiera creer, pensar y opinar, no son momentos para el sospechosismo ni para regodearse de la enfermedad de ningún mexicano incluido el Presidente. A nadie nos conviene ni habla bien de nadie apostar a la desgracia ajena y desear a otros lo que no quieren para sí mismos.
23 Enero 2021 04:03:00
El juego de las vacunas y las grillas del Gabinete
El manejo de la pandemia de Covid-19 en México, con todos sus datos, cuestionamientos y resultados en estos 11 meses, en los que pasamos de la curva siempre ascendente en 2020 a los nuevos récords históricos de muertes y contagios en este enero de 2021, son atribuibles a las decisiones y la voluntad personal de un solo hombre: el presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus colaboradores del Gabinete de Salud que, sin cuestionar ni defender los criterios y datos científicos y del cuidado de la salud y la vida de los mexicanos, acataron y aceptaron, casi sin chistar en la mayoría de los casos, los caprichos, decisiones e instrucciones del jefe del Ejecutivo para enfrentar esta emergencia sanitaria.

Los resultados de la estrategia unipersonal -y más basada en las creencias, prejuicios y posiciones presidenciales que en la ciencia, la información y los datos epidemiológicos- están a la vista de todos y serán juzgados por los mexicanos y por la historia una vez que pase esta emergencia y se pueda hacer un balance objetivo, transparente y claro de las decisiones que se tomaron, la información y manipulación de los datos de la pandemia y el contraste con los resultados que tuvieron las estrategias de otros países similares al nuestro.

Porque ahora que nos encontramos justo en el peor momento de la enfermedad de Covid en el país, con un horizonte que tiende a agravarse para las próximas semanas, la prioridad es saber cuándo los mexicanos podremos tener acceso a las vacunas contra este virus que ya se convirtió en la principal causa de muerte en el país, porque ha matado a 147 mil mexicanos, según la cifra oficial hasta el momento, superando a las enfermedades del corazón que el año pasado le costaron la vida a 140 mil personas. De hecho, el Covid-19 apunta para convertirse en la tercera causa histórica de muertes en México, solo superadas por las vidas que ha cobrado la violencia del narcotráfico en los últimos 14 años (más de 300 mil mexicanos asesinados) y por la cifras de muertos en las guerras cristeras y de la Revolución Mexicana, con 250 mil muertos en el conflicto religioso y cerca de 1.9 millones en la lucha revolucionaria.

Y es ahí donde la falta de certezas que se tienen ahora en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid provocan tanta confusión e incertidumbre, sobre todo a partir de la cancelación de envíos que nos tendrán sin vacunas en el próximo mes. Justo en medio de ese impasse, cuando el calendario nacional de vacunación tendrá que modificarse y las cuentas alegres de dosis que se hacían en el Gobierno federal ya no están resultado tan ciertas, el Presidente decidió abrir la compra de vacunas a gobiernos locales y a empresarios de la iniciativa privada, en algo que, aunque en principio es una buena noticia, también parece una trampa política maquinada desde Palacio Nacional.

Porque si bien hay gobernadores que ya se habían movido en el extranjero para conseguir vacunas, aún sin la autorización federal, como el caso de Nuevo León que ya tendría aseguradas más de 1 millón de dosis de la vacuna rusa Spuntnik V, la realidad es que al resto de los mandatarios estatales, que durante cuatro meses presionaron porque la Federación los dejara salir a comprar sus propias vacunas, hoy les será muy difícil encontrar disponibilidad de los farmácos en el mercado internacional.

La única posibilidad es que los grandes empresarios se metan de lleno a conseguir, con su logística y operadores, algunos cargamentos que puedan arrebatarles a las grandes potencias. De hecho, los gobernadores del PAN ayer ya hablaban de aliarse con los empresarios para buscar juntos las vacunas para sus estados, en lo que podría abrir distintas opciones de vacunación no sólo a nivel federal, estatal y municipal, sino también en un mercado privado en el que la vacuna pudiera venderse a los mexicanos que quieran y puedan pagarla…

Los dados mandan Escalera Doble. Buena semana.
21 Enero 2021 04:00:00
Ayotzinapa, ¡sí fueron los militares!
La verdad que durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto se trató de ocultar, por la que el prófugo Tomás Zerón maquiló y fabricó la “verdad histórica” con la que embarcó al procurador Jesús Murillo Karam, la línea de investigación que siempre pidieron indagar los padres y que vetó la extinta PGR por instrucciones directas de Los Pinos para proteger al Ejército, empieza a aflorar seis años después de ocurridos los hechos en Iguala: en el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sí participaron militares del Ejército Mexicano.

La filtración de las declaraciones que un nuevo testigo denominado “Juan”, integrante del cártel de los Guerreros Unidos, realizó para la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, asegura que los militares no solo detuvieron a los normalistas aquel 26 de septiembre de 2014 junto con otras 30 personas, sino que además un grupo de los estudiantes fue internado en las instalaciones del 27 Batallón del Ejército Mexicano, ubicado en Iguala, donde los jóvenes habrían sido sometidos a interrogatorios con torturas y después de eso entregados al cártel de Guerreros Unidos, algunos de ellos ya muertos, para que los incineraran y desaparecieran.

Los dichos de ese testigo fueron de algún modo validados ayer miércoles por el Gobierno federal, primero por el subsecretario Alejandro Encinas, quien reconoció la veracidad del documento al anunciar una denuncia penal por la “filtración de declaraciones” pertenecientes a las nuevas investigaciones del Caso Ayotzinapa, y segundo por el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien declaró que “si algunos de nuestros elementos cometen errores, en el transcurso del cumplimiento de sus misiones, pues tendrán que responder ante esos errores”. El mismo presidente López Obrador, sin ahondar en el tema, dijo que en su Gobierno “no hay impunidad para nadie”, aludiendo a que si se comprueba la participación de los militares en la desaparición de los normalistas, tendrán que pagar por sus actos.

Y es que las declaraciones del testigo “Juan” confirman lo que en esta columna le adelantamos el pasado 24 de septiembre de 2020, justo en la víspera del sexto aniversario del caso Ayotzinapa, cuando dijimos que entre los avances en la nueva investigación ordenada por el presidente López Obrador y encabezada por la secretaria Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Encinas, habría acusaciones directas en contra de mandos medios del Ejército Mexicano y de soldados que estaban en el 27 Batallón de Infantería en 2014 y que habrían tenido una participación en el secuestro y desaparición de los normalistas. El expediente filtrado afirma que ya se detuvo al capitán José Martínez Crespo, de aquel batallón, y se libraron 17 órdenes de aprehensión más contra militares relacionados con los hechos.

Pero además, en esas mismas declaraciones, el nuevo testigo afirma que los estudiantes que fueron asesinados, una parte en las instalaciones del Ejército y la otra “destazados” en una guarida de los narcos, fueron llevados sus cuerpos a un crematorio de nombre El Ángel, en la cabecera municipal de Iguala, donde fueron incinerados y después de eso sus restos fueron tirados en el basurero de Cocula, para simular que ahí los habían quemado, en algo que contradice y termina de evidenciar la llamada “verdad histórica” construida por la PGR de Murillo Karam y Peña Nieto con el fin de ocultar la participación del Ejército Mexicano en ese crimen de lesa humanidad cometido contra los normalistas.

Veremos si, a partir de estas declaraciones y de la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República, se revelan por fin los verdaderos móviles, circunstancias y autores reales que participaron en el secuestro, tortura, muerte y desaparición de los 43 normalistas y también si la participación del Ejército solo queda sancionada con mandos medios y soldados de tropa o si se va más a fondo para desvelar lo que siempre existió detrás de este caso de desaparición forzada: una colusión y complicidad entre personal militar de la zona de Iguala y los narcotraficantes que ordenaron desaparecer a los normalistas… Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
20 Enero 2021 04:00:00
La defensa de Cienfuegos también es autodefensa
Los ecos de la exoneración del general Salvador Cienfuegos siguen resonando no solo en Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador inició las descalificaciones y cuestionamientos a la DEA y la seriedad de sus investigaciones, sino también en la Fiscalía General de la República, donde el fiscal Alejandro Gertz Manero ahora se suma al linchamiento contra la agencia antidrogas estadunidense, a los que llama “rajones” por haberse desistido de sus acusaciones al militar mexicano y amenaza con llevar el caso a instancias internacionales, para validar la actuación de la FGR en este caso.

Pareciera que, en vísperas del arranque del nuevo Gobierno de Joe Biden, cuya Presidencia se inaugura hoy, al Gobierno de México le urgía cerrar el expediente del exsecretario de la Defensa y evitar que el caso contaminara la relación, que ya de por sí se ve venir complicada con la nueva Administración de la Casa Blanca.

Por eso la premura de la Fiscalía y del fiscal Gertz por darle carpetazo al asunto con una negativa al ejercicio de la acción penal, a partir de la debilidad y de lo inverosímil de las pruebas que aportó la DEA y que, sin investigar demasiado, fueron desechadas y desestimadas por la instancia de justicia mexicana.
Aunque hasta ahora las críticas al fallo de la FGR y al respaldo incondicional que le dio López Obrador a la investigación se han centrado en la lealtad incondicional al Ejército, y en el enorme poder que hoy tienen los militares en este Gobierno, pocos advirtieron que en la guerra declarativa que inició el Presidente y continuó Gertz Manero, también hay un cálculo político del actual Gobierno.

Al cuestionar la credibilidad de la agencia antidrogas también están blindándose de investigaciones futuras que pudiera integrar la DEA contra el Mandatario y otros funcionarios de seguridad de la 4T por sus controversiales actuaciones.

La liberación del hijo del “Chapo”, Ovidio Guzmán, que se conoció como “El Culiacanazo”, ocurrida el 17 de octubre de 2019, no investigarlo ni ejercitar acción penal en su contra más de un año después de que lo dejaron libre, y hasta el polémico saludo presidencial a la mamá de Guzmán Loera, son temas que bien pudiera utilizar la DEA para investigaciones y expedientes futuros sobre el Gobierno de López Obrador, incluso como una forma de “venganza” de esa agencia antidrogas, que también se maneja con criterios políticos.

Por eso se están vacunando desde ahora utilizando el caso Cienfuegos para demostrar la presunta “fabricación de pruebas y testigos” en una acusación y detención que resultó fallida para la agencia estadunidense.

Ese es el otro trasfondo del discurso anti-DEA y de falso nacionalismo que ahora invocan en Palacio Nacional donde, además de contentar al Ejército y mantener su apoyo incondicional para su proyecto político, también aprovechan la oportunidad para blindar al Presidente y a quienes pudieran ser objeto de una represalia futura de la poderosa y vengativa agencia de Washington.

Por eso no tuvieron empacho alguno en filtrar el expediente completo de la investigación estadunidense, con la mayoría de los datos testados y ocultos, y por eso el fiscal Gertz está tan envalentonado defendiendo su decisión de exonerar al general Cienfuegos.

Si para traer al general utilizaron los buenos oficios diplomáticos del canciller Ebrard y la amenaza de que el Gobierno y el Ejército mexicanos dejarían de cooperar con sus 27 mil soldados en la frontera con Guatemala para frenar a las caravanas migrantes y peligraba el muro militar para contener las oleadas de hondureños y nicaragüenses indocumentados hacia Estados Unidos, para limpiar la imagen de Cienfuegos y del Ejército, y de paso descalificar a la DEA y blindarse de cualquier venganza futura, usaron la autonomía del fiscal.... Dados girando. Escalera doble.
19 Enero 2021 04:00:00
Anaya, ¿tras los pasos de AMLO?
El anuncio sorpresivo y adelantado de Ricardo Anaya, de que buscará volver a ser candidato a la Presidencia de la República en el 2024 y que para ello renuncia a ser candidato al Congreso y se dedicará “a recorrer todo el país para estar en contacto con la gente y escuchar personalmente sus necesidades”, no es para nada una decisión original y mucho menos inédita para un político mexicano. A querer o no, el político panista optó por una estrategia que ya, antes que él, siguieron otros políticos en México, los más recientes y sobresalientes: Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. El primero sin éxito y al segundo lo llevó después de 12 años y tres campañas a la Presidencia de la República.

Al igual que en su momento lo hiciera el ahora Presidente, Anaya Cortés rechaza ser diputado federal por su partido, con lo que renuncia a hacer política institucional y se niega a estar, en su caso por segunda ocasión –ya fue legislador federal de 2012 a 2015– con otros 499 pares en el Congreso de la Unión. Con esa decisión que puede parecer autocrática, el excandidato presidencial panista rechaza la posibilidad de convertirse en un congresista incómodo para el actual Presidente y, en lugar de debate parlamentario y el foro que le hubiera dado la máxima tribuna legislativa, prefiere seguir los pasos y el modelo del lopezobradorismo, de emprender una larga campaña de tierra y de contacto popular por todo el país aunque, vale decir, sin tener el mismo carisma del tabasqueño.

López Obrador rechazó en dos ocasiones, en las elecciones intermedias de 2009 y 2015, ser candidato a la Cámara de Diputados, a pesar de la insistencia con que se lo ofrecieron en la primera ocasión los líderes del PRD, en ese tiempo el grupo de “Los Chuchos”, que le pedían liderar la bancada perredista en aquella Legislatura, y la segunda vez ya por su partido Morena. “No quiero ser diputado porque es un cargo que está desprestigiado y tiene mala imagen ante la gente”, decía entonces Andrés Manuel que despreciaba al Poder Legislativo y prefería apostar siempre por la autoridad unipersonal de la Presidencia.

Tal vez ahora la decisión de Anaya Cortés no tenga ese mismo elemento de desaire o menosprecio a los cargos legislativos, puesto que fue precisamente su paso por la Cámara de Diputados, particularmente su Presidencia de la Mesa Directiva de 2013 a 2014, la posición que lo catapultó a las grandes ligas de la política nacional y lo llevó de ser un legislador queretano desconocido, a convertirse en una atractiva figura política a pesar de su juventud.

Claro que entonces tuvo un doble apoyo e impulso de dos figuras con las que después terminaría peleado y confrontado: primero su mentor político Gustavo Madero, entonces dirigente nacional del PAN, y después el poderoso secretario de Hacienda del Gobierno peñista, Luis Videgaray Caso, quien lo apoyó política y financieramente en su crecimiento político.

Hoy, Anaya ha tomado una decisión tan interesante como riesgosa. Recorrer el país durante los próximos tres años, sin un cargo público ni una plataforma formal para tratar de convertirse en el líder que hoy no tiene la oposición y que canalice y capitalice el malestar social y la inconformidad contra el actual Gobierno de López Obrador, es algo que solo ha logrado con éxito el propio López Obrador en las elecciones de 2018.

Veremos si el político panista, que ya no es tan joven como hace tres años, y que, como ya se dijo, tampoco posee el carisma y el liderazgo social y de masas que sí tiene su rival en la Presidencia, logra seguir con éxito los pasos del tabasqueño o si más bien termina como el ingeniero Cárdenas, convirtiéndose en un muy buen candidato y un líder moral de la oposición que nunca pudo ganar la Presidencia y que cuando la ganó no se decidió a pelearla a pesar del apoyo popular que tuvo en su momento.
18 Enero 2021 04:00:00
El caos de la vacunación en México
Si el llamado Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 ya generaba muchas más dudas que certezas en medio del agravamiento de la pandemia en México –al grado de que especialistas ponen en duda que realmente haya un plan eficaz y estructurado– ayer hubo varias noticias alarmantes que confirman el caos y el desorden absoluto con el que el Gobierno pretende llevar una vacuna cada vez más lejana e incierta para los mexicanos.

Primero, el anuncio del Presidente de que siempre no llegarán la cantidad de vacunas que su Gobierno decía haber comprado y comprometido con el laboratorio Pfizer, en total 34.4 millones de dosis, porque según el Mandatario “la ONU le ha pedido a Pfizer que baje sus entregas a los países en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro” para evitar acaparamiento y que se den esas vacunas a “países más pobres”.

Y justo en medio del extraño anuncio presidencial, anoche se confirmó la renuncia de la encargada del citado Plan Nacional de Vacunación, Miriam Esther Veras Godoy, directora del Centro Nacional de Salud para la Infancia y la Adolescencia, y quien era una pieza clave para la estrategia de repartición y suministro de la vacuna contra el Covid para los próximos meses.

El que la encargada nacional se baje de esa manera del cargo solo confirma el caos interno que hay en la dependencia y en los planes de vacunación, en donde se habla de un enfrentamiento cada vez más fuerte y abierto entre el subsecretario Hugo López Gatell y el canciller Marcelo Ebrard.

Versiones internas de Salud atribuyen la salida de Veras Godoy a la molestia de López-Gatell porque la doctora, con una amplia experiencia de más de 30 años en el sector salud, se había acercado más al equipo de Ebrard y atendía instrucciones del canciller.

Por si esos dos hechos no fueran suficientes para confirmar que en México la vacuna contra el Covid dista mucho aún de ser una salida y una solución a la pandemia, ayer se confirmó la politización y el lucro electoral que el Gobierno de López Obrador pretende hacer del suministro de la vacuna para la Covid-19.

Por encima del personal médico, los llamados “Servidores de la Nación”, que no son otra cosa que la estructura política y electoral del lopezobradorismo y de Morena con el reparto de los apoyos sociales, comenzaron a ser vacunados porque serán parte de las “Brigadas de vacunación” que llevarán la dosis a los adultos mayores, que serán vacunados incluso en las oficinas donde se reparten los programas sociales del Gobierno. ¿Así o más cínico el uso político y clientelar de la vacuna contra el Covid?

A todo eso hay que sumar los casos, cada vez más frecuentes de favoritismo y tráfico de influencias de personas y funcionarios, en la mayor parte de los casos cercanos a gobiernos morenistas, que son vacunados a pesar de no ser ni personal médico ni corresponderles en estos momentos recibir la dosis.

La pesadilla está muy lejos de terminar para los mexicanos. Aquí seguimos y seguiremos todavía por casi todo este año sumidos en la incertidumbre, la tensión y la angustia, mientras los encargados de darnos certeza y alguna luz de esperanza con la repartición y el suministro de la vacuna, están jugando a lucrar políticamente con el dolor de millones de mexicanos y sus familias.

Se están grillando y peleando unos a otros en el mismo Gabinete y lo peor, están alargando y abultando cada día, con una ineptitud que apunta a negligencia criminal, la espera para recibir una vacuna y las cifras de mexicanos que han muerto y morirán en esta tragedia humanitaria.
16 Enero 2021 04:04:00
Deconstruyendo al Gobierno y reconstruyendo al poder
La decisión del presidente López Obrador de desmantelar toda la estructura de organismos autónomos, desconcentrados y descentralizados del Gobierno federal va tan en serio, que ha sido declarada por el Mandatario como una de sus nuevas prioridades y como la continuidad de sus políticas de “austeridad y ahorros”.

En su reunión de Gabinete del lunes pasado, el Presidente les dijo a sus colaboradores que la eliminación de esos órganos –que en muchos casos son contrapesos y equilibrios al poder presidencial– es “el siguiente paso tras la eliminación de los fideicomisos” y que comenzará con la eliminación de al menos unos 20 organismos, de una lista total de 230 instituciones que cuestan 438 mil millones de pesos al erario federal.

La meta inmediata es ahorrar 43 mil millones de pesos, 10% del presupuesto total que reciben los autónomos y desconcentrados, recursos que serán destinados “a las vacunas y hospitales contra el Covid”, según la explicación del Presidente a su Gabinete.

El que se decida dejar la de–saparición de organismos constitucionales para después de la contienda electoral de este año, significa dos cosas: una, que en estos momentos el Presidente no ve condiciones políticas en el Congreso, en medio de la lucha electoral ya en marcha, y la otra lectura es que está apostando con todo a que Morena ratificará su mayoría e iría por un segundo paquete de reformas a la Constitución que incluyen la desaparición de los autónomos.

‘El Ifetel se queda’

Los institutos y organismos autónomos que estén protegidos por el T-MEC, no se van a tocar y seguirán operando como hasta ahora, explicó el Presidente, aunque sí se buscaría redimensionarlos, para que cuesten menos a los mexicanos.

Y la iniciativa de reforma constitucional para desaparecer órganos autónomos iría acompañada de otra reforma a la Carta Magna para que nadie, ningún funcionario o servidor púbico, pueda ganar un sueldo mayor al que recibe el Presidente de la República. La consigna es que “nadie, ningún funcionario vuelva a ver al Gobierno y los cargos públicos como un botín”.

López Obrador fue más que claro con sus colaboradores sobre la intención de iniciar de inmediato la desaparición de distintos organismos e institutos creados en las últimas décadas, bajo el esquema de autonomía, ya sea presupuestal o constitucional en la estructura de la Administración federal.

Y aunque el Presidente apuesta por ratificar su mayoría en las próximas elecciones, también sabe que podría perder esa mayoría y en ese caso, si no pudiera concretar las reformas constitucionales para desaparecer órganos autónomos después de los comicios y hay resistencias de una eventual mayoría opositora para aprobárselas, ya tiene pensado su plan B: convocaría a una consulta popular, un plebiscito para preguntarle a la gente: “¿En qué prefieres que se gaste el presupuesto: en una burocracia dorada o en medicinas y hospitales para la gente?”.

¿Alguien duda de cuál será la respuesta a esa pregunta claramente sesgada? Así de clara es la determinación de López Obrador para eliminar a los órganos desconcentrados, descentralizados y autónomos, como ya hizo con los fideicomisos sin importarle ni escuchar las voces de científicos, artistas, deportistas y demás afectados que clamaron por evitar esa desaparición.

Esta vez parece que tampoco piensa escuchar a las muchas voces que ya cuestionan y anticipan un retroceso en la medida porque eliminará contrapesos ciudadanos y aumentará el poder presidencial y la opacidad y discrecionalidad del Gobierno.

En Palacio Nacional están decididos, en lo que le resta a este sexenio, a deconstruir lo que queda del maltrecho Estado mexicano y sus instituciones, mientras se reconstruye el viejo presidencialismo omnipotente y omnímodo que tanto nos costó a los mexicanos.... Los dados mandan escalera doble.
14 Enero 2021 04:03:00
El negocio de los reclusorios privados
El expediente que abrió ayer en Palacio Nacional el presidente López Obrador, con la exhibición de los contratos privados para la operación de Centros de Reclusión Federal en el territorio nacional, pasa no solo por el modelo de negocio que hicieran en el sexenio de Felipe Calderón de la mano de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, en el que se otorgaron contratos por asignación directa a poderosos empresarios de México con apellidos por todos conocidos: Slim, Vázquez Raña, Gerard y otros más, sino también por la continuidad que ese mismo modelo de negocios público-privados, tuvieron en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Los ocho contratos que mostró ayer, por indicaciones presidenciales, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y que explicó el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, si bien se firmaron todos en el sexenio calderonista, su aplicación, construcción y operación, incluso los pagos millonarios que recibieron los empresarios concesionarios, se continuaron en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, donde ese esquema siguió operando y le fue “encargado” por el expresidente priista a otro expresidente de la República: Carlos Salinas de Gortari.

Porque los costos de operación millonarios que ayer se mencionaron en Palacio, de los que el Gobierno federal ha tenido que pagar a los concesionarios de los ocho centros penitenciarios privados de Sonora, Guanajuato, Durango, Oaxaca, Morelos y Michoacán, se erogaron en su mayor parte en el sexenio de Peña Nieto y se han tenido que continuar en el actual. La propia Rosa Icela dice que, en los últimos nueve años se han pagado 75 mil 661 millones de pesos, correspondientes apenas al 36% del pago total de esos contratos a los que todavía les resta pagar 190 mil 638 millones de pesos, hasta 2036 o 2037.

Es decir que, aunque el esquema y los contratos que ayer denunciaron en la conferencia del Presidente y que ahora se propone “renegociar” el Gobierno de López Obrador con los concesionarios privados por considerarlos abusivos, se idearon y firmaron en el sexenio de Felipe Calderón, fue en realidad en el Gobierno de Peña Nieto donde el millonario negocio que representa ese modelo, realmente tuvo lugar. Y entre los dos sexenios, el calderonista y el peñista, el hilo conductor en ese jugoso negocio de los reclusorios se llama Genaro García Luna.

En esta columna publicamos exactamente hace un año –el 21 de enero de 2020– cómo García Luna operó en el sexenio peñista para seguir explotando el negocio de los reclusorios privados y cómo fue él quien le vendió la continuación del esquema al Gobierno de Peña Nieto. Solo que ese esquema Peña lo delegó para su operación y asignación de los contratos al expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien era el encargado de decidir a qué empresarios se les mantenían los contratos ya existentes o a quienes se les otorgaban nuevos contratos. Decíamos en aquellas Serpientes y Escaleras del año pasado: “Si en el tema petrolero Lozoya fue el operador incondicional colocado por el mismo Salinas para manejar todos los contratos de Pemex, con sus respectivos negocios y comisiones, en el tema de seguridad García Luna fue quien diseñó el modelo de construcción de reclusorios concesionados a grandes empresarios que, a cambio de un contrato millonario del Gobierno federal, pagaban una generosa comisión que era repartida entre las dos cabezas principales: el Presidente y el expresidente”.

Cada contrato para un reclusorio era cercano a los 7 mil millones de pesos y el negocio era redondo para todos: el empresario ganaba porque con el respaldo del Gobierno y el presupuesto federal obtenía fácilmente créditos de grandes bancos para financiar la obra, incluidas las generosas comisiones que tenía que entregar al expresidente a cambio de palomear su nombre para la concesión.

Veremos hasta dónde llega la caja de Pandora que ayer miércoles abrieron en Palacio Nacional y que apunta a la “corrupción de alto nivel” en los últimos dos sexenios… Los dados mandan Serpiente Doble. Mala racha.
13 Enero 2021 04:03:00
Que se vaya Florencia, sugieren en Palacio
En medio de la peor crisis que haya vivido el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en sus 51 años de historia, con sus tres líneas más importantes fuera de servicio por el incendio ocurrido el sábado en su Centro de Control 1, las afectaciones a la movilidad y el transporte de los millones de capitalinos y habitantes de las zonas conurbadas que cada día se mueven en este medio, amenazan con desbordarse y generar una crisis social y política para el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Tan delicado ven el tema y sus repercusiones sociales y hasta electorales en año de comicios, que desde Palacio Nacional, allegados al presidente López Obrador, ya han deslizado a la Jefa de Gobierno que considere aceptar la renuncia de la directora del Metro, Florencia Serranía, luego de su cuestionable actuación y declaraciones en medio de esta crisis.

En la reunión de la Mesa de Seguridad del lunes en Palacio Nacional, a la que asiste Sheinbaum, la crisis del Metro fue uno de los temas y, en presencia del Presidente, hubo funcionarios del Gabinete federal que sugirieron que la atención de la emergencia en el transporte ameritaba “decisiones drásticas” entre las que mencionaron un posible relevo de la directora de ese sistema luego de sus polémicas declaraciones en las que, horas después del incendio, trató de rehuir su responsabilidad diciendo: “Yo solo soy la directora del Metro”. Los comentarios sobre el tema en la reunión de Gabinete fueron sobre atacar con todo el problema y no permitir que se desbordara por los riesgos sociales que representa el tema de la movilidad.

Sin embargo, la reacción de Sheinbaum Pardo, según fuentes de Palacio Nacional, fue negarse a pedirle la renuncia a su directora del Metro a la que pidió “dar tiempo” para resolver la crisis y esperar a que se conozcan los resultados de los peritajes y la investigación que determinarán las causas del incendio.

Lamentablemente para el Gobierno capitalino esta semana se ha vuelto un auténtico coctel explosivo: a la situación crítica de la pandemia con su semáforo rojo y aumento de hospitalizaciones, contagios y muertes, se suma la crisis del transporte que se alargará durante varias semanas más y, para colmo, ahora una rebelión de restauranteros y sus empleados que, con protestas, aperturas en medio de la emergencia y cacerolazos diarios, están presionando para una reapertura de sus establecimientos antes de que se mueran los negocios y se pierdan millones de empleos de meseros, cocineros, lavatrastes, guardias de seguridad y demás que integran el mercado laboral de los restaurantes, donde se emplean hasta 2.2 millones de personas.

La presión de la industria restaurante ha sido tal que Sheinbaum mandó a su secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, a negociar con los líderes de la Canirac y de los poderosos grupos restauranteros de la capital un programa de reapertura gradual de los restaurantes y establecimientos que empezará a aplicarse a partir de la próxima semana, con medidas sanitarias estrictas, aforos controlados y en la que paulatinamente, aún en semáforo rojo, comenzarán a abrir sus puertas los negocios establecidos de comida.

Con todas esas crisis juntas, la Administración capitalina está en un punto crucial en el que puede ser rebasada como Gobierno y generar un caos mayor en la capital de la República, con todo lo que eso representa para la 4T y para López Obrador en su principal bastión de votos en este año electoral, o puede hacer que la Jefa de Gobierno demuestre de qué está hecha y si su Administración se convierte en un lastre o en un activo para el proyecto lopezobradorista y para su eventual continuidad o su final en el 2024.
12 Enero 2021 04:02:00
AMLO destruye instituciones y crea bodrios
Al paso que va, la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador le va a dejar como herencia a los mexicanos una destrucción del sistema institucional en la administración pública, una Presidencia tan omnímoda como la del pasado y sin suficientes contrapesos autónomos y constitucionales y algunas nuevas instituciones y dependencias hechas y nombradas más por caprichos ideológicos y políticos que con criterios de eficiencia, funcionalidad y atención de las necesidades más apremiantes de los mexicanos.

Porque hasta ahora en lo que se ha enfocado y especializado el Presidente no es en ver cómo el Gobierno y la administración pública pueden funcionar mejor y ser más eficientes, en cómo tener servicios de Gobierno más ágiles y rápidos. Todo lo que ha hecho López Obrador es cuestionar y desmantelar, con el puro argumento de la austeridad, pero sin criterios de eficiencia y mucho menos sin estudios ni análisis técnicos, las instituciones y dependencias que había en el Gobierno federal, algunas para desaparecerlas e integrarlas como áreas o apéndices de otras dependencias y las más para cambiarlas por otras que, con un nombre ideologizado afín a su 4T, no se vuelven necesariamente mejores ni más eficaces y en varios casos han llegado a generar un caos y empeorado los servicios que prestan a la ciudadanía.

El Seguro Popular, por ejemplo, arrasado y desmantelado con un argumento de corrupción, que sin duda era válido, pero no justificaba eliminar totalmente las áreas que sí funcionaban, fue sustituido por un Instituto del Bienestar que, a la fecha, y en plena pandemia del coronavirus no ha demostrado ser ni más eficiente ni hacer honor a su nombre al haber afectado la mayoría de los servicios.

Otro ejemplo incuestionable de esas “transformaciones”, ordenadas desde Palacio y que han dado pésimos resultados es el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que más allá del propagandístico nombre, resultó ser peor que su antecesor, pues a pesar de su nombre y en una paradoja casi cómica, se dedicó a robarse lo robado y fue descubierto realizando subastas amañadas, desmantelando joyas y bienes decomisados y haciendo tratos con empresarios a los que les vendían terrenos a precios de ganga.

La lista podría seguir con la CNDH, a la que el Presidente se empeñó en mandar a una amiga y seguidora suya como Rosario Piedra Ibarra que, con el aval de la mayoría de Morena en el Senado, llegó a desmantelar y casi invisibilizar a una de las más grandes instituciones autónomas creadas para la defensa de los derechos humanos y ciudadanos. Hoy, cuando la CNDH ha perdido relevancia y está casi ausente de todos los casos graves de violaciones que se comenten a diario en México, ya hay incluso una propuesta para “transformarla” en la Defensoría del Pueblo, en otro intento que antepone lo ideológico a la eficiencia y el servicio a los mexicanos.

Por eso, ahora que López Obrador se ha propuesto continuar con su plan de desmantelamiento o “transformación” de instituciones y enfoca sus baterías a dos institutos autónomos fundamentales, como el Inai y el Ifetel, es necesario voltear a ver cuánto de lo que han desaparecido o cambiado en la 4T de la estructura institucional del país realmente ha sido para mejorar los servicios que prestan, los derechos que tutelan o los problemas que atienden de los mexicanos y cuántas de las nuevas dependencias o instituciones creadas o controladas por este Gobierno solo han empeorado la problemática que debían resolver.

Dice la Biblia, a la que es tan afecto el Presidente, “por sus frutos los conoceréis”. Y hasta ahora los frutos que ha dado este Gobierno no son mejores. La 4T y AMLO destruyen instituciones y lo que crean en su lugar son bodrios que no sirven.
11 Enero 2021 04:03:00
Sheinbaum, bajo fuego
Mientras la pandemia se le desborda en la Ciudad de México, resultado de sus decisiones tardías y de no haber declarado el semáforo rojo en los primeros días de diciembre por atender a las presiones presidenciales, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, enfrenta ahora otra gran crisis en la columna vertebral del transporte público y la movilidad de la ciudad. El incendio del Centro de Control 1 del Metro dejará sin funcionar a la mitad de las líneas del transporte colectivo más importante que tiene la capital del país.

En ambos casos, Sheinbaum está pagando el costo de una sumisión política a los designios y órdenes del presidente López Obrador que le ha impuesto muchas de las políticas y decisiones aplicadas por su Administración.

La jefa de Gobierno no ha logrado, a pesar de sus intentos, desvincularse del enorme cordón que la ata a Palacio Nacional y eso, si bien la mantiene cerca de los afectos del Presidente y eventualmente de una decisión futura, la aleja cada vez más de sus gobernados.

La Ciudad de México no ha dejado de ser el epicentro de esta pandemia desde que comenzó en febrero de 2020 y aunque eso se debe en parte a que somos la entidad más poblada del país y que tenemos una zona conurbada densamente habitada con el Estado de México, también se explica porque la capital fue la que más se ciñó desde un principio a las estrategias y políticas federales que resultaron claramente fallidas.

Cuando Claudia Sheinbaum se dio cuenta de que los yerros y manipulaciones de Hugo López-Gatell nos estaban llevando al desastre, comenzó a tomar sus propias medidas, incluido su sistema de medición de casos y hospitalizaciones. Muy rescatable resultó la decisión de hacer pruebas masivas, a partir de noviembre pasado, pero lamentablemente la tardanza con que se tomó esa decisión ya no tuvo el efecto que se hubiera deseado.

Aun así, la gobernante capitalina había ganado terreno en cuanto a la imagen de un manejo más independiente y propio de la pandemia, hasta que empezó a gestarse la actual crisis. Los últimos días de noviembre y las primeras semanas de diciembre el número de casos y hospitalizaciones comenzaron a subir de manera consistente y cuando se llegó al punto de declarar el semáforo rojo, justo en el fin de semana del llamado Buen Fin, Sheinbaum se topó con la negativa presidencial a que la CDMX se pintara de rojo y se volvieran a cerrar las actividades económicas no esenciales.

Ahí fue cuando se gestó la crisis que hoy estamos viviendo y cuando la Jefa de Gobierno perdió la poca autonomía e independencia que había ganado en el manejo de la pandemia al aceptar plegarse a la orden tajante de López Obrador. Dos semanas más tarde, el viernes 18 de diciembre cuando por fin Sheinbaum decretó el semáforo rojo, el daño estaba hecho y había comenzado, de la mano de esa decisión tardía como resultado de la supeditación política, el desastre en que hoy vive la capital de la República.

Los que vienen serán meses doblemente difíciles para los habitantes de la CDMX, asediados por el virus mortal en una ciudad que ya no tendrá camas de hospital disponibles en donde escasea el oxígeno y hasta los espacios y servicios funerarios, pero además con una crisis en el transporte colectivo que moviliza a la mayor parte de los capitalinos. Y para la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, será la prueba de fuego: si no logra resolver ambos problemas y atenuar los daños económicos, el malestar social y pérdidas incluso de vidas humanas que serán inevitables, y lo hace demostrando que ella es quien toma las decisiones sin que tenga que venir a rescatarla el presidente López Obrador, ya puede olvidarse de cualquier aspiración futura.
09 Enero 2021 04:03:00
La alianza opositora y el ala empresarial
La estrategia que trazaron los aliancistas y los representantes de la Iniciativa Privada incluye una campaña intensa de golpeteo en contra de Morena y sus candidatos.

En la concreción de la inédita alianza opositora que competirá en las elecciones de este año, la clave que logró vencer el histórico antagonismo entre el PRI y el PAN, sobre todo las resistencias más fuertes que venían del panismo, fue la participación y el financiamiento de los empresarios. Las pláticas y acercamientos para dar forma al bloque tenían varios meses sin grandes avances entre los líderes de los dos partidos, pero no fue sino hasta que Claudio X. González y un grupo de empresarios los convencieron de firmar el acuerdo de Sí por México, cuando empezó a tomar forma la coalición entre priistas y panistas, a la que se sumó también el PRD.

Un aliciente que terminó de convencer a las dirigencias fue el compromiso de los empresarios de apoyar con recursos económicos a los candidatos de la alianza en distritos estratégicos para la Cámara de Diputados, a fin de aumentar sus posibilidades de derrotar a Morena y al gobierno de López Obrador.

Claudio X. González juntó a un grupo de hombres de negocios, algunos de la CDMX y otros de Monterrey, que se comprometieron con los líderes del PRI y el PAN a que en aquellos distritos en donde haya ganado Morena en 2018 y en los que la suma de los tres partidos se le pueda ganar al partido oficial, los candidatos aliancistas recibirán 5 millones de pesos para apoyar su campaña.

De acuerdo con fuentes que participaron en las negociaciones de la alianza opositora y los empresarios, el apoyo económico ofrecido será selectivo y no para todos los candidatos de los cerca de 180 distritos federales en donde se estima que PRI-PAN y PRD postularán abanderados comunes. “Solo los distritos en donde la alianza tenga posibilidades reales de ganarle a Morena, previo análisis de encuestas y ejercicios de prospectiva, recibirán el apoyo económico del empresariado que apoya a la coalición”, dijo la fuente.

En el resto de los distritos, en donde el PRI y el PAN tengan posibilidades de ganar solos no aplicará el acuerdo con los empresarios. Por ejemplo, en Querétaro, donde hay dominio panista o en Hidalgo o Coahuila, donde el PRI tiene el control, el único financiamiento que recibirán los candidatos será el de sus partidos.

Lo que sí quedó establecido entre PRI, PAN y PRD, es que los tres partidos cederán algunas postulaciones en sus listas plurinominales para candidatos propuestos por empresarios, de tal modo que se garantice que algunos de los diputados de representación proporcional que lleguen a la próxima Legislatura de la Cámara representen las causas y banderas del empresariado.

La estrategia que trazaron los aliancistas y los representantes de la Iniciativa Privada incluye una campaña intensa de golpeteo en contra de Morena y sus candidatos, además de cuestionamientos al Gobierno de López Obrador, que se enfocará especialmente en los llamados “distritos estratégicos”, aquellos que se pretende arrebatar al partido gobernante.

Así es que aquel famoso Bloque Amplio Opositor, al que el Presidente bautizó sarcásticamente como la BOA en junio del año pasado, con base en un dudoso documento que presentó en Palacio Nacional, tal vez entonces no existiera, pero finalmente la invocación presidencial se materializó y cobró forma en una alianza electoral que sí trae el respaldo de un grupo de empresarios que se van a jugar el todo por el todo en el 2021, con un solo objetivo en mente: arrebatarle a López Obrador y a su partido la mayoría legislativa como una condición necesaria para empezar a frenar su 4T y pensar en otros escenarios para el 2022 y el 2024.
07 Enero 2021 04:00:00
Washington 2021, ¿México 2024?
Las increíbles imágenes que ayer miércoles presenciamos en el edificio del Capitolio de la ciudad de Washington, DC, con la toma violenta de seguidores de Donald Trump que, azuzados por su líder, desconocieron el resultado de la elección presidencial y se apoderaban por la fuerza del Congreso de Estados Unidos, representan la confirmación de que la ola de populismo demagógico que recorre el mundo, sí representa una amenaza real para la democracia y la convivencia civilizada y que, a través del autoritarismo más violento, es capaz de poner en jaque incluso al sistema político y democrático considerado el más estable del mundo.

Porque nadie puede llamarse sorprendido con la violencia política que ayer estalló en la capital estadunidense, que por más inédita en la historia reciente de la superpotencia, estaba más que cantada y latente, al haber sido desde un principio la estrategia política del mismísimo Presidente de Estados Unidos, quien desde su fallida campaña reeleccionista había descalificado anticipadamente los resultados electorales y había anticipado las denuncias de un “fraude” con el que, decía, intentarían arrebatarle el poder. Cuando ese discurso se materializó en una negativa obstinada a reconocer la derrota y a no conceder la elección del nuevo presidente demócrata, Joe Biden, lo único que faltaba era el llamado de Trump que le diera luz verde a sus enardecidos y fanáticos seguidores —los “patriotas” como los llamó su hija Ivanka— para que salieran disparados a incendiar el seco pastizal de una sociedad hondamente dividida y polarizada.

Y ese llamado llegó ayer cuando el demagogo líder cuestionó por enésima vez el resultado que le dio el triunfo a Biden y acusó a su propio vicepresidente, con un comentario en Twitter que pareció el mensaje en clave para desatar la furia contenida de las hordas trumpistas: “Mike Pence no tuvo el valor de hacer lo que debería haberse hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución”, dijo Trump y apenas terminaba de tuitear cuando el caos se apoderó del Capitolio con miles de hombres y mujeres que, vestidos de negro y portando incluso banderas sureñas de la Guerra Civil, tomaron por asalto los recintos y oficinas del Senado y la Cámara de Representantes, obligando a suspender la sesión donde se certificaría al nuevo presidente y llevando la violencia autoritaria al corazón de la democracia estadunidense.

Escenas como las que ayer se vivieron solo tienen parangón con la histórica quema de la capital de la entonces naciente Unión Americana, ocurrida el 24 de agosto de 1814.

La paradoja es que ayer no tuvo que ser un ejército ni un líder extranjero el que ordenara desatar el caos. Esta vez el intento de desestabilización, la interrupción del proceso de constitucionalidad y la violencia surgieron desde adentro, desde la misma oficina oval y de su propio Presidente, quien se confirmó como la mayor amenaza que haya enfrentado en más de dos siglos la democracia estadunidense. Donald Trump le dio ayer al mundo y a sus paisanos una clara lección: llevar al poder a líderes demagógicos, delirantes y autoritarios va más allá de lo anecdótico o del consabido derecho del pueblo a equivocarse y constituye un peligro real para la estabilidad y la democracia de un país, así sea la superpotencia, cuando ese autoritarismo se desborda y se niega a abandonar el poder.

Lo más preocupante de lo que ocurrió ayer, visto desde la óptica de este lado del río Bravo, es que haya sido justamente a ese líder autoritario y demagógico al que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya decidido respaldar y apoyar abiertamente, primero en su campaña con aquella elogiosa visita a la Casa Blanca, y luego en medio de su ya clara derrota, cuando decidió motu proprio, dar validez a las denuncias de fraude enarboladas por Trump y que nunca pudieron ser probadas, posponiendo por más de dos meses el reconocimiento a la nueva presidencia que encabezará Joe Biden. Ojalá todo eso no sea premonitorio para los mexicanos y que lo ocurrido en Washington en los albores de este 2021 no se repita en el México del 2024.
19 Diciembre 2020 04:04:00
Moctezuma y sus misiones en Washington
Mientras en México la propuesta presidencial de que Esteban Moctezuma Barragán fuera el próximo embajador en Washington fue bien recibida en términos generales y, salvo su inexperiencia diplomática, no hubo muchos cuestionamientos por su amplia trayectoria política, en los Estados Unidos, sobre todo en la “nueva” Casa Blanca, la que habitará Joe Biden a partir del próximo 20 de enero, el nombre del nuevo embajador mexicano no fue recibido con total beneplácito y, de acuerdo con la opinión de asesores cercanos que el presidente electo demócrata nombró para México, hay “ciertas dudas” por la cercanía que el hoy secretario de Educación tiene con el empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien conocen muy bien en la nueva Administración estadunidense.

“En la nueva Casa Blanca no gustó la relación del nuevo embajador y Salinas Pliego”, me comentó el viernes una fuente mexicana que ha estado en contacto con los asesores que Biden ha enviado a operar a México y que han estado operando para recabar información que le sirva al próximo Presidente demócrata para fijar los términos de su relación con el Gobierno de México. El anuncio que hizo el presidente López Obrador sobre su nuevo enviado a Washington, fue tomado con recelo, no porque tengan algo en contra de Moctezuma y su trayectoria política, sino por los vínculos empresariales que el futuro embajador tiene en nuestro país. Tampoco es que prefirieran a la embajadora Martha Bárcena, a la que los demócratas ubican como “muy cercana a Trump”, pero el nombramiento presidencial les generó dudas.

Aristóteles, el nuevo PRI y el fiscal Luis Carlos Nájera

La ejecución brutal que sufrió el exgobernador Aristóteles Sandoval, dista mucho de ser un “problema de Jalisco” como lo pretendió enfocar el presidente López Obrador al lamentar ayer el asesinato del exmandatario priista a manos de sicarios del crimen organizado que, todo apunta, pertenecen al mismo grupo criminal que intentó matar al actual secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch: el cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando el Presidente dice que “toca a Jalisco investigar” este asesinato de alto perfil, parece estar exonerando de responsabilidad a su Gobierno, el federal, y sugiriendo que se trata de una “rencilla local” entre los políticos jaliscienses, en este caso del PRI, y el narcotráfico. Nada más equivocado.

Si asesinan a un exgobernador que recientemente dejó el poder, el tema compete total y completamente a la Federación, tanto al Gobierno como a la Fiscalía General de la República, que debió ejercer de inmediato su facultad de atracción para investigar un caso que tiene que ver con un delito federal como el narcotráfico. Más allá de quién investigue, es muy probable que nadie se atreva a acusar y a imputar a quien debió ordenar esta ejecución cometida en el baño de un restaurante de Puerto Vallarta, a donde andaba de madrugada el fiestero exgobernador Sandoval. Nadie se atreverá siquiera, ni en la Fiscalía de Jalisco, ni en la General de la República menos, a acusar a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” como el autor intelectual de tal ejecución, aun cuando sepan que el narcotraficante más buscado por el FBI y por la DEA sea quien está detrás de este crimen que muy probablemente quedará impune.

Sandoval no tuvo la misma suerte que su exfiscal de Justicia en su sexenio, Luis Carlos Nájera, cuando intentaron también asesinarlo en las calles de Guadalajara, en mayo de 2018. Nájera se salvó de milagro y su caso puede ser clave para esclarecer ahora el asesinato contra su exjefe. Así terminó el sueño, o pesadilla según se quiera ver, de un priismo renovado.

Felices fiestas amables lectores. Nos encontramos de vuelta en las subidas y bajadas de la vida y la política el próximo 7 de enero. Hasta pronto y hasta siempre.
17 Diciembre 2020 04:02:00
Esteban va a Washington
El anuncio sorpresivo del presidente López Obrador sobre su decisión de proponer a Esteban Moctezuma como el nuevo Embajador de México ante Estados Unidos, es un movimiento que confirma que en Palacio Nacional saben muy bien que en la relación con EU viene un “borrón y cuenta nueva” y que con el inicio de la era Biden, se requiere de una nueva estrategia diplomática para tratar de evitar sobresaltos y turbulencias con la nueva Administración estadunidense.

Pero, sobre todo, la decisión de sacar a Moctezuma de la SEP, donde había hecho un buen papel, y mandarlo a Washington, representa la aceptación de un hecho innegable: la apuesta personal del Presidente de México y de su Gobierno a favor del perdedor republicano Donald Trump, sí tendrá consecuencias en los términos de la política del presidente Joe Biden hacia nuestro país.

Eso explica por qué al nuevo embajador en Estados Unidos no lo puso el canciller Marcelo Ebrard, quien también apostó por Trump, y aunque es claro que Relaciones Exteriores seguirá coordinando y llevando la compleja relación con el país vecino, el Presidente prefirió nombrar a un político como Moctezuma, que ajeno al equipo de Ebrard y aún sin experiencia diplomática, es un “peso pesado” y un hombre que tendrá interlocución directa con López Obrador, para tratar de construir, desde cero, la nueva relación con la Administración Biden, sin que al nuevo embajador mexicano lo identifiquen en el nuevo Gabinete del demócrata como un político vinculado a la cercana relación que el Gobierno mexicano construyó con el presidente Donald Trump.

El rápido movimiento que hicieron en Palacio Nacional ante la salida, también sorpresiva de la actual embajadora Martha Bárcena que, sin consultar al Presidente y reconociendo que su interlocución con él se había desgastado, anunció su jubilación anticipada, también significa que, aunque el anuncio unilateral de Bárcena debió causar molestia, el Presidente decidió aprovecharlo para replantear la relación con la Casa Blanca y tratar de reducir el impacto que tendrá en la nueva Administración estadunidense, su posicionamiento en favor del derrotado Trump y su decisión de retrasar, hasta el último momento, la felicitación a Biden, con el argumento de esperar a que se desahogaran todas las instancias legales del proceso electoral en Estados Unidos.

Por todo eso y porque nadie vio venir el movimiento presidencial, ayer la designación del nuevo embajador provocaba al menos dos lecturas en los corrillos políticos: la primera que más que mandarlo a Washington, López Obrador “sacó” a Esteban de la SEP y que eso tendría que ver con una supuesta molestia y un mensaje presidencial para el exjefe de Moctezuma. Y la segunda, que con la llegada de Biden a la Presidencia, un escenario al que no apostaron en este Gobierno, el Presidente necesita en Washington a un político que negocie y que opere para construir un puente directo entre Washington y Palacio Nacional.

En fin, que veremos de aquí al 20 de enero cómo se concreta el nombramiento de Moctezuma Barragán en su primera experiencia como embajador, nada menos que en la embajada más importante que tiene México en el extranjero.

Una vez que el Senado lo ratifique con la mayoría de Morena, solo quedará esperar, a partir de la asunción de Joe Biden como presidente, que se solicite el beneplácito de la Casa Blanca y que este le sea otorgado al nuevo embajador mexicano. Y a partir de ahí veremos cómo el político que ya fue secretario de Gobernación, que negoció con el subcomandante Marcos una fallida estrategia de paz que le reventó en la cara con las órdenes de aprehensión contra los zapatistas, senador de la República y secretario de Desarrollo Social, y durante 16 años presidente de la Fundación Azteca del Grupo Salinas, desde donde pasó a formar parte del Gabinete de López Obrador, se desempeña ahora como el operador de la relación más estratégica para el país.
16 Diciembre 2020 04:03:00
Claudia, la hija mimada, pero también controlada
Nadie duda de la enorme cercanía y afecto que la Jefa de Gobierno de la CDMX tiene con Andrés Manuel López Obrador. La relación es tan estrecha, que muchos ven a Claudia Sheinbaum como la “hija política” del Presidente, su favorita entre todas las mujeres de la 4T y sin duda su primera opción en estos momentos pensando en la futura sucesión presidencial. “Si hoy fueran las elecciones presidenciales, Claudia sería sin duda la candidata del Presidente; si ella no pudiera por cualquier razón, sería Marcelo Ebrard y si el canciller no pudiera, sería Ricardo Monreal. En ese orden”, comentó a esta columna un integrante del Gobierno para ilustrar de qué tamaño es la confianza y el aprecio que el Mandatario le tiene a la gobernante capitalina, quien a su vez le profesa una lealtad incondicional al jefe del Ejecutivo.

Pero como pasa en las familias, ser la niña consentida del jefe tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. En el manejo de la pandemia del Covid, por ejemplo, Sheinbaum ha tenido su mejor oportunidad de definir su estilo de Gobierno y desmarcarse de esa visión que la ubica como un apéndice del Palacio Nacional. Las encuestas de aprobación incluso registraron un repunte de su popularidad en los últimos meses, gracias a que los habitantes de la capital valoraban su independencia en el manejo del Covid.

Pero en noviembre, justo cuando empezaba el Buen Fin, la jefa de Gobierno comenzó a detectar un incremento en los casos de contagio y en las hospitalizaciones. Por esas fechas, Sheinbaum acudió a una de las reuniones del gabinete de salud federal. En el encuentro, en Palacio Nacional, la jefa capitalina expuso que las tendencias de hospitalización, fallecimientos y contagios venían creciendo sostenidamente y que estaba preparando un plan para declarar el semáforo rojo, antes de llegar al 65% de hospitalizaciones, lo que incluía el cierre de actividades no esenciales.

Según testigos de los que estuvieron en esa reunión, cuando Sheinbaum terminó de exponer su plan de un nuevo cierre, el presidente López Obrador, que la había escuchado con el rostro muy serio, fue muy tajante y su respuesta fue un claro regaño para su pupila: “No podemos de ninguna manera pensar en un nuevo cierre en la ciudad, y menos cuando está comenzando el Buen Fin, eso tienes que descartarlo”, fue la respuesta contundente, palabras más o menos, del Mandatario. Ante el tono empleado por el Presidente, la doctora, que lo conoce muy bien, apenas balbuceó sin defender mucho su propuesta.

Por eso fue que aquel fin de semana, cuando todos esperaban que decretara el semáforo rojo, luego de que ella misma había venido alertando de que las cifras de hospitalización e ingresos por Covid estaban creciendo de manera alarmante y había dicho aquello de que “estamos más cerca del rojo que del amarillo”, la jefa de Gobierno tuvo que dar marcha atrás al plan de emergencia. Y ahí comenzó el viacrucis y los malabares para Sheinbaum, que descubrió cada vez más matices y tonos del color naranja, de que pasó por “alerta”, “alerta máxima”, “alerta total”, hasta que de plano su discurso se volvió insostenible y, con una Ciudad de México ya totalmente enrojecida por la gravedad de la pandemia, prefirió desechar el semáforo epidemiológico para decir simplemente que estamos en “Alerta por Covid-19”.

Qué tan difícil debió ser aguantar el regaño presidencial y tener que frenar y cancelar toda su estrategia y sus planes, que incluso la jefa de Gobierno tuvo que ser “rescatada” por el epidemiólogo al que tanto desprecia y se ha confrontado con él, cuando López-Gatell se aventó la espectacular maroma, de decir que “el color del semáforo es intrascendente, alerta por Covid-19, emergencia por Covid-19, ¿hay alguna duda?”, dijo tratando de respaldar a quien ha sido una de sus más duras críticas dentro de la 4T. Ni hablar, ser la consentida tiene sus privilegios, pero también sus costos.
15 Diciembre 2020 04:03:00
Las razones de Martha
La renuncia sorpresiva de la embajadora en Washington, Martha Alicia Bárcena, despertó ayer lunes toda clase de especulaciones. Desde los que decían que la diplomática de carrera, quién es además tía política de Beatriz Gutiérrez Müller, dejaba el servicio diplomático para venir a una posición de Gabinete, hasta los que ubicaban su decisión en medio del pleito abierto que sostuvo con el canciller Marcelo Ebrard.

Lo cierto es que las razones que tuvo la embajadora Bárcena, como la conocen en el Servicio Exterior, fueron muy claras y puntuales: fue una decisión de dignidad ante el fuerte desgaste que tuvo la representante diplomática más importante del país en los últimos meses, no solo por los conflictos abiertos y públicos que tuvo con la Cancillería, sino también porque no estuvo de acuerdo con las posiciones que asumió el presidente López Obrador en las recientes elecciones de los Estados Unidos.

Martha Bárcena no miente cuando dice que se jubilará de manera anticipada y que la decisión es suya y de nadie más y ayer en su cuenta de Twitter aclaró que, mientras dura el proceso de su jubilación seguirá al frente de la embajada en los próximos meses.

La suya, dicen fuentes de la embajada, es una “decisión de dignidad” porque, a pesar de que ha sido totalmente leal y discreta con el Presidente, hubo cosas que se volvieron intolerables para la embajadora. Desde los ataques que recibía desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde el secretario Marcelo Ebrard nunca aceptó su nombramiento ni el que tuviera una comunicación directa con el Presidente, hasta la decisión que tomaron ayer en Palacio Nacional de posponer, hasta hoy martes, la felicitación al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, aun cuando desde ayer al mediodía se cumplieron las etapas del proceso electoral con la declaración de los Colegios Electorales de la victoria contundente del candidato demócrata.

Y es que la embajadora tuvo que asumir la mayor parte del costo que tuvo la decisión del Presidente de no felicitar ni reconocer el triunfo de Biden hasta que no se resolvieran todas las instancias jurisdiccionales, algo con lo que Bárcena no estuvo de acuerdo.

La máxima prueba que enfrentó Bárcena fue cuando asesores de los más cercanos a Biden la buscaron en la embajada mexicana en Washington para pedirle que gestionara una llamada telefónica del presidente electo estadunidense con el presidente López Obrador.

Haciendo acopio de lealtad y oficio diplomático, la embajadora mexicana tuvo que explicar y hacer malabares para hacerles entender a los operadores del nuevo Presidente demócrata, que la posición del Gobierno de México era esperar a que “se resolvieran todas las instancias jurisdiccionales en el proceso electoral estadunidense y las autoridades de ese país dieran a conocer el resultado final de la elección”. Esa respuesta a los asesores de quien ya era presidente electo y se convertirá en unas semanas más en Presidente de los Estados Unidos, no debió ser fácil para la diplomática mexicana y tampoco debió caer nada bien en las oficinas de campaña de Biden.

Así es que, parte por sus conflictos que fueron públicos y abiertos con Ebrard, de quien acusa un golpeteo constante en la prensa, y parte porque también se desgastó su relación y comunicación personal con el Presidente –con quien hablaba directamente porque así se lo pidió él–.

Después de todo lo que ocurrió en las últimas semanas tras la elección estadunidense, Bárcena tomó su decisión de solicitar una jubilación anticipada, en una noticia que incluso tomó por sorpresa al propio canciller y a sus colaboradores cercanos, que se enteraron por los medios de lo que había anunciado su representante en Washington. “Martha se va con dignidad, integridad e inteligencia”, nos dijo un vocero de la Embajada mexicana en la capital estadunidense. ¿Se irá también con el consentimiento del Presidente?
14 Diciembre 2020 04:03:00
Preparan diputados reversa a Ley Monreal
El tamaño de la polémica y las críticas que generó la aprobación de reformas a la Ley del Banco de México en el Senado de la República llegó a tal nivel que anoche ya se hablaba de una “revisión a fondo” de la iniciativa en la Cámara de Diputados.

Y es que las denuncias sobre la violación a la autonomía del Banxico y la presunta facilitación al lavado de dinero, junto con las acusaciones públicas que hicieron integrantes de la Junta de Gobierno sobre la existencia de un “interés particular” que movió a esa reforma para beneficiar a un solo banco (Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego), hará que los diputados modifiquen la minuta de esa iniciativa para revisarla a fondo y detener así las amenazas de un grave peligro para las reservas internacionales por la contaminación de dinero sucio y el riesgo de desestabilización del sistema financiero nacional.

Anoche, el propio impulsor de la propuesta, Monreal Ávila, anticipó en un video en sus redes sociales que en la Cámara de Diputados revisará su iniciativa y escuchará a todas las voces que deben participar en un debate de gran envergadura como este. El líder morenista reconoció que su grupo parlamentario en el Senado aceptará y acatará cualquier decisión que tomen los diputados.

Fuentes de alto nivel de la Cámara de Diputados anticiparon a esta columna que la iniciativa de Monreal será modificada en su redacción para eliminar la obligación del Banco de México de absorber y comprar todos los dólares excedentes del sistema bancario, con lo que se quitaría el texto que desató la ola de críticas y cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones de esa legislación.

Y es que desde el viernes en la Cámara de Diputados, el Gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, les dejó en claro a los legisladores de todos los partidos, al participar en un foro virtual, que la iniciativa votada en el Senado metería al banco central en graves problemas, al obligarlo a adquirir todos aquellos dólares que no pudieran procesar los bancos nacionales, incluidos los de dudosa procedencia. Otras voces como el subgobernador, Gerardo Esquivel, también alertaron que meter a las reservas del país dinero de procedencia ilícita podría dar pie a un conflicto con Washington.

Pero al parecer la voz que más caló este fin de semana, fue la del subgobernador Jonathan Heath, quien en un mensaje en Twitter pareció poner el dedo en la llaga al comentar: “Son bastantes los argumentos en contra de las reformas a la ley del Banco de México. Uno de los más importantes es que no se vale reformar una ley para favorecer a una sola empresa, en especial con antecedentes negativos con la SEC de EU”. Aunque el integrante del Banxico no mencionaba por su nombre a la empresa que sería beneficiada con la iniciativa de Ricardo Monreal, la portada de la revista Proceso, que empezó a circular el mismo sábado que apareció ese tuit, le ponía nombre, apellido y hasta el rostro en portada del dueño de esa empresa.

Para cerrar el cuadro, lo que terminó de liquidar a la llamada “ley Monreal” fue el comunicado que ayer emitió la Asociación de Bancos de México, que preside Luis Niño de Rivera, precisamente presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, en el que los banqueros nacionales se pronunciaban totalmente en contra de las modificaciones a la ley del Banxico.

A eso se suman todos los análisis y las opiniones de expertos que alertaron sobre el peligro de la propuesta impulsada por Monreal, aunque con el aval del presidente López Obrador. Así es que al final, la propuesta de Monreal se quedó sola y el político zacatecano que claramente tiene aspiraciones futuras, sufrirá un duro revés político –aunque no sea todo suyo y también le toque parte al Presidente–. El líder senatorial se lo tendrá que tragar solo, sin importar que le ganó otras batallas a la banca comercial, como la de las comisiones, pero ahora tuvo que retroceder al meterse con la autonomía del Banco de México.
12 Diciembre 2020 04:01:00
Monreal, en el ojo del huracán
Dos iniciativas aprobadas esta semana por el Senado de la República y atribuidas al coordinador de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, han puesto al político zacatecano y prospecto presidencial de la 4T en el centro de la crítica, tanto dentro como fuera del país.

En ambas legislaciones se señala que la materia de las propuestas legislativas impulsadas por Monreal favorecen de un modo u otro actividades vinculadas al narcotráfico, ya sea por la actuación de los grupos criminales o por facilitar el lavado del dinero ilícito que genera el tráfico de drogas.

En el primer caso, el líder morenista del Senado es señalado directamente por el fiscal de Estados Unidos, William Barr, como el promotor de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que regulan la presencia de agentes extranjeros en el territorio nacional y los obligan a registrarse y a firmar periódicamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El otro caso es la reforma a la Ley del Banco de México, en particular a su Artículo 20, en la que mandata al banco central a comprar todos los dólares y divisas en efectivo que no puedan ser procesadas en el sistema bancario y que deberán ser adquiridas por la institución, bajo el argumento de ayudar a los trabajadores migrantes que traen efectivo desde los Estados Unidos.

Desde la Junta de Gobierno del Banxico han denunciado la violación de la autonomía del banco central y el peligro en el que se pone a las reservas internacionales al pretender que ingresen a ellas dólares de procedencia desconocida.

Pero además del ataque a la autonomía del Banco de México, lo más grave es lo que advierten analistas del sector privado sobre las verdaderas intenciones de modificar al Artículo 20 que regula los usos y destinos de las Reservas Internacionales de 194 mil millones de dólares:

“Lo preocupante es que este cambio coincide con propuestas recientes sobre destinar parte de esas reservas al rescate financiero de Pemex, eso es algo que sería desastroso y muy peligroso para la estabilidad del sistema financiero y muy negativo para la confianza de los inversionistas en la economía mexicana”, alertó Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base.

No es Monreal, sino AMLO

“No hay violación a la autonomía del Banxico, lo que sucede es que la alta burocracia del banco se cree intocable”, ha dicho el senador Alejandro Armenta. Según afirman los cercanos de Monreal, la autoría es del presidente López Obrador que ya había manifestado, incluso públicamente, su interés en ambos temas.

Sobre las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que facultan a la SRE a llevar un registro y un monitoreo constante de las actividades de los agentes extranjeros de corporaciones como la DEA, el FBI, la CIA, el Pentágono o incluso otras como el Mosad israelí, el M15 y M16 británicos o el FBS o el GRU rusos, en el mismo Senado se menciona que esa fue una iniciativa claramente solicitada por el Ejército y que lleva dedicatoria especial a la DEA por la detención y acusaciones en contra del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

Así es que la iniciativa que hoy se le achaca a Monreal, es en realidad en regalo de desagravio que el presidente López Obrador le hizo a los jefes del Ejército Mexicano. Así es que todas las baterías y las críticas se enfocan contra Monreal por dos iniciativas que claramente traen la instrucción presidencial. Y seguro que el líder senatorial aguantará ante quienes ven al zacatecano como uno de los tres posibles aspirantes a la sucesión presidencial de 2024. Pero lo que es un hecho es que esos desayunos en Palacio Nacional, en los que AMLO invita al coordinador de su partido en el Senado, se ponen sobre la mesa algo más que platos con chilaquiles y huevos.

Y como en este sexenio el Presidente dispone y sus mayorías legislativas obedecen sin chistar y sin cambiar una coma a sus iniciativas, pues ahora los operadores tienen que asumir los costos... Se baten los dados. Escalera Doble. Semana perfecta.
10 Diciembre 2020 04:00:00
Avanza la 4T en las instituciones autónomas
Para nadie es un secreto que Andrés Manuel López Obrador no confía ni quiere a las instituciones autónomas del Estado mexicano. Lo que durante las últimas tres décadas fue un avance para la sociedad, con la creación de instituciones que tuvieran plena autonomía presupuestal y facultades propias para volverse contrapeso del Gobierno y, en particular del presidencialismo autoritario que nos gobernó por más de siete décadas, hoy son vistas como un “inconveniente” para el estilo de gobernar del Presidente, que quiere controlarlo todo.

Así, instituciones cuya construcción, consolidación y fortalecimiento nos costaron miles de millones de pesos en impuestos a los mexicanos hoy están bajo asedio y acoso desde el Poder Ejecutivo que busca en algunos casos intervenir y controlar y en otros de plano desaparecer a los organismos autónomos encargados lo mismo de garantizar elecciones libres, limpias y equitativas, como el INE; de manejar los datos, cifras y estadísticas de la información económica y social del país de manera profesional y sin sesgos políticos, como el Inegi; o para defender los derechos humanos de los abusos de la autoridad, como la CNDH; para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública como el Inai o incluso para manejar la política monetaria y financiera sin las tentaciones del capricho y la discrecionalidad presidencial, como el Banco de México, entre otras más.

Los escarceos presidenciales contra el INE, por ejemplo, son constantes. López Obrador no se cansa de repetir que la democracia en el país comenzó con su triunfo de 2018, cuando en realidad llevamos más de dos décadas de elecciones libres organizadas, ejecutadas y vigiladas por los ciudadanos.

En el Inai tienen muy clara la animadversión del Presidente no solo por los recortes a su presupuesto, sino también por el tema de la transparencia que, a pesar de aparecer en el reciente mensaje de López Obrador, con motivo de sus dos años de Gobierno, no es un valor al que este Gobierno considere
prioritario.

En el caso del Banco de México, artífice de la estabilidad económica, monetaria y de la solidez del sistema bancario y financiero, López Obrador ha sido respetuoso, a pesar de los desencuentros. Los dos nombramientos de integrantes del banco central que le han correspondido al Presidente, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, han demostrado ser dos profesionales sin sesgos políticos o ideológicos.

Caso muy distinto es lo que hizo la 4T y el presidente con la CNDH, en donde la controvertida designación de Rosario Piedra Ibarra ha resultado un grave retroceso para la autonomía de la Comisión.

Por todo, es muy relevante estar atentos a lo que ocurrirá con la propuesta de Graciela Márquez como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Inegi.

López Obrador ha sido claro en que su interés es que su exsecretaria de Economía se integre al Inegi para que el próximo año esté en posibilidades de competir por la presidencia del organismo.

Si Graciela Márquez va a actuar con independencia, profesionalismo y sin apasionamientos ideológicos en el Inegi, bienvenida una mujer con experiencia y conocimientos académicos suficientes para fortalecer las labores del organismo autónomo, pero si va con el encargo de ser presidenta del instituto para someterlo y alinearlo a los objetivos de la 4T, entonces el tema resulta más que preocupante, motivo de alerta.

La fotografía que se publicó con motivo del informe presidencial, donde el Mandatario va atravesando el patio central del Palacio Nacional mientras pasa por donde están tres integrantes de su Gabinete entre ellos el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria Márquez agachando la cabeza como muestra de sumisión, no parece un buen augurio, pero confiemos en el profesionalismo y la objetividad de la doctora que pronto llegará al Inegi.
09 Diciembre 2020 04:00:00
De grillas palaciegas y luchas tlaxcaltecas
La difusión ayer en redes sociales de un audio donde Dulce María Silva, aspirante a la Gubernatura de Tlaxcala por Morena, se dice decepcionada del presidente López Obrador y de las decisiones que ha tomado en su Gobierno, tiene una doble lectura dentro de las pugnas internas de Morena y de la 4T. A la empresaria tlaxcalteca y esposa del coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, César Yáñez, la grabaron en una conversación privada y filtraron un fragmento específico de esa grabación con una doble intención: eliminarla a ella en la carrera por la candidatura morenista en Tlaxcala, pero también golpear a su esposo y minar la operación y ascendencia que ha recuperado con el presidente López Obrador.

Porque es inevitable asociar el audio filtrado de Dulce María del episodio ocurrido en octubre de 2018 cuando, unos días después de su boda con César Yáñez, a la que fueron invitados como padrinos López Obrador y su esposa, apareció la portada de la revista Hola en la que uno de los hombres más cercanos del entonces presidente electo, estaba fotografiado en la tapa de una de las publicaciones que fueron consideradas por la izquierda como símbolo de la frivolidad y banalidad de los gobiernos “neoliberales” del pasado.

Dos años después de aquel hecho, el exvocero y ahora coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, había recuperado buena parte de su calidad de operador cercano y de confianza de López Obrador. En esa lógica, la aspiración de su esposa para buscar la candidatura morenista al Gobierno de Tlaxcala, fue vista como una confirmación de que César Yáñez estaba de regreso.

Pero luego ayer, desde las redes sociales se filtró el audio en donde se escucha la voz de Dulce María Silva que conversa con alguien y diciendo: “Bueno yo la verdad es que te voy a ser honesta, honesta, honesta. Yo la verdad estoy muy a disgusto con Andrés Manuel. Fíjate que yo esperaba otra cosa, ahorita veo que pues de verdad es que no han hecho las cosas bien, de por sí llegaron y pararon la economía y ahorita con esto la situación económica nos va a pegar mucho. No quiso apoyar a los empresarios, yo creo que esto no está bien. Fíjate que yo no estoy a gusto. Fíjate que al menos no se ha portado bien con nosotros. No sé, estoy como muy desilusionada, fíjate”.

Las suspicacias sobre la filtración se dirigieron hacia la lucha interna en Morena por la candidatura de Tlaxcala, en donde Silva es una de las contendientes más fuertes. Y aunque la lógica elemental dice que la filtración del audio está inevitablemente vinculada a la pelea entre tlaxcaltecas, hay una versión que dice que el audio salió desde una oficina muy cercana al despacho presidencial, en donde los celos y las intrigas palaciegas quisieron golpear a César Yáñez a través de su polémica esposa.

Esa versión, que ubica el origen de la grabación en uno de los despachos aledaños al del presidente López Obrador, apunta a que la intención fue evitar que Yáñez se siga fortaleciendo y recuperando el rol que tuvo durante 18 años en los que fue uno de los hombres más influyentes en el ánimo del antes candidato y ahora gobernante. De ser cierta esa versión, significa que las grillas y reyertas internas en la 4T, que han sido más que evidentes en el Gabinete, también llegan con intensidad al primer círculo presidencial, en donde lo que se disputan es la cercanía al oído y el ánimo del Mandatario.

Así es que en el episodio del audio donde Dulce María fue grabada y exhibida, parece repetirse la historia de la conquista de Tenochtitlán, que justo cumplirá 500 años el próximo año: tlaxcaltecas aliados con funcionarios de la Presidencia de apellidos españoles, lanzaron una bomba que pegó directo en el corazón del Palacio que hoy se ubica justo donde hace cinco siglos estaba el majestuoso Templo Mayor, símbolo máximo del imperio tenochca que caería en ese año fatídico de 1521… Los dados mandan Serpiente doble. Mal tiro.
08 Diciembre 2020 04:00:00
Posponen iniciativa contra el outsourcing
El Gobierno federal y los empresarios anunciarán este miércoles que se pospone la discusión de la iniciativa presidencial para regular el outsourcing, luego de que no lograron acuerdos y entendimientos sobre algunos temas, por lo que pedirán a la Cámara de Diputados que mande hasta febrero de 2021 el proceso parlamentario para discutir y aprobar la propuesta de ley que les envió el presidente López Obrador sobre la subcontratación de servicios laborales.

En febrero, las reformas para normar el outsourcing tendrían carácter de “iniciativa preferente”, lo que significa que tendría que ser aprobada en un plazo no mayor a un mes.

De ese modo, los dos meses y medio que transcurrirán de aquí a febrero, antes de que se apruebe la iniciativa de López Obrador en el Congreso, serán un “periodo de gracia” para que las compañías que hoy tengan algún esquema de contratación irregular por outsourcing lo regularicen.

“Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo para llevar a cabo este proceso. Por ello se solicita respetuosamente al Poder Legislativo posponer a febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa”, según dice el documento titulado Acuerdo Tripartida entre el Sector Empresarial, el Sector Obrero y el Gobierno de México respecto a la Subcontratación, elaborado en la oficina de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

De acuerdo con una copia de dicho documento, en poder de esta columna, son cuatro puntos los que firmarán en el Acuerdo Tripartita el Gobierno, los empresarios y los representantes sindicales.

Los tres “sectores” se comprometen en el primer punto “a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal. Las empresas iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas laborales”.

En el punto 2, se menciona que no ha habido acuerdos en el tema del reparto de utilidades, que fue uno de los puntos de mayor tensión durante las pláticas que sostuvo el presidente López Obrador con los empresarios.

El punto 3 se refiere al plazo que pidieron las empresas para regularizar su situación, ante lo cual el Acuerdo Tripartita solicita que la Cámara de Diputados posponga a febrero la discusión de la iniciativa enviada, con la explicación de que a partir de esa fecha se le declarará “iniciativa preferente” y tendrá que ser aprobada a más tardar en un mes.

Finalmente, en el punto 4, los tres sectores, acuerdan hacer “un llamado a las empresas que manejan nóminas, para que dejen de desarrollar prácticas irregulares, perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja masivamente en diciembre”.

Después de al menos tres reuniones que no fueron nada tersas, el presidente López Obrador decidió ceder a la petición de los empresarios para contar con el “periodo de gracia” que les permita ajustar sus esquemas de subcontratación

a la nueva ley.
Al final, los empresarios ganaron tiempo, pero el presidente ganó la partida porque mantendrá sin modificaciones su propuesta que declara irregular e ilegal, incluso con sanciones y delitos equiparables al crimen organizado, los esquemas de abuso y defraudación del outsourcing.

Podría decirse, entonces, que como en una partida de ajedrez, los dirigentes empresariales lograron detener el reloj y dejar el juego en suspenso, pero para finales de febrero de 2021, cuando se reanude la partida, el Presidente les dará jaque mate, y los que no hayan regularizado sus esquemas de subcontratación, se tendrán que atener a las consecuencias hasta penales.
07 Diciembre 2020 04:00:00
El mensaje de ‘Checo’ Pérez
En medio de un año lleno de enfermedad, dolor, dificultades y desesperanza para los mexicanos, el triunfo ayer de Sergio Checo Pérez, al ganar por primera vez un primer lugar en la Fórmula Uno, es una bocanada de esperanza. Ver a un mexicano que luchó por más de 10 años para lograr llegar a la cima, que enfrentó dignamente las derrotas y soportó duros reveses y rechazo, para después sobreponerse y demostrar su valía, es sin duda un mensaje que nos viene bien en estos momentos a todos los mexicanos que, como Checo, tenemos que aprender que aún en los momentos más oscuros, cuando todo parece en contra y se nos cierran todos los caminos, siempre habrá una posibilidad de vencer la adversidad, sobreponernos y demostrar de qué tamaño es nuestra fuerza y nuestra capacidad de superar la realidad por más dura y terca que esta sea.

La imagen ayer del tapatío que levanta la copa en el primer lugar del podium y al mismo tiempo se deshace en lágrimas porque solo él sabe lo que le costó llegar a ese momento, es una buena forma para visualizarnos en este momento todos los mexicanos. Justo hoy que estamos asediados por la pandemia del Covid, dolidos por la triste pérdida de más de 108 mil mexicanos oficialmente —y casi tres veces esa cifra que lloraremos al final de este año— agobiados porque la situación económica y del empleo es cada vez más crítica y desesperados y hartos por el encierro y porque no podemos tener la libertad de vivir de la misma forma como lo hacíamos antes, debemos de pensar y poner nuestra fe y nuestra esperanza, en que hay una salida y en que, aún con todo en contra y con el dolor a cuestas, nos espera pronto una situación mejor y que si, nos cuidamos, perseveramos y sobrevivimos, en un futuro no muy lejano seremos más fuertes y resilientes, y podremos un día celebrar y tal vez también llorar cuando recordemos todo lo que nos costó llegar a ese momento.

Quien diga que estos últimos 10 meses han sido fáciles o que “ya pasó lo peor, que ya domamos la curva y la pandemia y tenemos la situación controlada” no solo se equivoca, sino que muestra una profunda insensibilidad y un profundo desprecio por la realidad dura y dolorosa que han vivido la mayoría de los mexicanos y los seres humanos en el planeta. Nada ha sido fácil ni normal para nadie. No aceptarlo ni entenderlo solo nos hará más difícil y complicado adaptarnos y movernos en la nueva realidad que nos dejará el Covid.

Por eso, en medio de tanta división y tanto dolor que hoy nos embarga a los mexicanos, en un momento que todavía es crítico por el número de contagios y de muertes que seguimos teniendo y que aparecen entre los más altos en el mundo, y a las puertas de un invierno que se avizora frío y doloroso porque perderemos aún a muchos más compatriotas por esta enfermedad, un mensaje como el que ayer nos envió Sergio “Checo” Pérez desde Bahrein, al subirse al podio por primera vez en un primer lugar después de 10 años de lucha y perseverancia, y justo cuando su escudería acababa de despedirlo y despreciarlo, es sin duda necesario y gratificante.

Porque justo es lo que necesitamos en estos días, cuando aún nos faltan algunos meses para poder acceder a la vacuna contra el SARS-CoV-2 y sentir que logramos sobrevivir a toda esta angustiante y dolorosa situación, un mensaje de aliento, de ánimo y de esperanza, de alguien que más que decirnos con palabras vanas y con mentiras y discursos políticos demagógicos que “hemos superado la pandemia” o que “ya pasamos lo más difícil”, nos diga con su ejemplo que sí somos capaces de persistir, de luchar, de no rendirnos y de seguir peleando por lo que más queremos y valoramos en el mundo: la vida, la nuestra propia y la de todos aquellos a los que amamos. Por eso, ¡¡gracias, Sergio!!... Se baten los dados. Escalera doble. La semana promete.
05 Diciembre 2020 04:00:00
Los gallos de Morena, arranca el palenque en el partido oficial
Tras dos semanas en que el dirigente nacional, Mario Delgado, se dedicó a reunir a todos los aspirantes de Morena a las 15 gubernaturas que estarán en disputa el próximo año, en reuniones en la Ciudad de México en las que más de 100 “suspirantes” de los 15 estados firmaron una carta y se comprometieron a “respetar las reglas y aceptar los resultados” de los procedimientos internos morenistas; este viernes arrancó en el partido oficial la inscripción formal de los precandidatos que participarán en unos casos en elecciones por encuestas y en otros en postulaciones por consenso.

A la sede nacional morenista acudieron ayer varios aspirantes a solicitar su registro. En total acudieron, tan solo en el primer día, 46 precandidatos a solicitar el registro, de los estados de Sonora, Guerrero, Baja California, San Luis Potosí, Baja California Sur, Nuevo León, Colima y Sinaloa.



Los ‘palomeados’ y los inciertos

Entre los estados en los que ya parece haber definición “por consenso” para nombrar a los candidatos, el más claro es Sonora, en el que Durazo es hasta ahora el único aspirante registrado. El otro caso ya decidido es Nuevo León, con Clara Luz Flores, y la alianza encabezada por Morena; y en el caso de Sinaloa todas las señales están a favor del senador Rubén Rocha Moya.

En el caso de Guerrero, se manejaba que la encuesta que se levantará puede favorecer a Pablo Amílcar Sandoval, el exdelegado del Gobierno federal en el estado. El otro aspirante fuerte es el senador Félix Salgado Macedonio. Otro estado que aparece ya como definido, aunque no tuvo registro todavía, es Campeche, en donde Layda Sansores ya se fue prácticamente a hacer campaña.

David Monreal, también aparece como el favorito y posible candidato por consenso en Zacatecas, y en el caso de Chihuahua se menciona como abanderado de Morena a Rafael Espino. El caso de San Luis Potosí, por ejemplo, aparece como el más complicado en estos momentos para Morena por las tensiones que se provocaron y la ruptura de la alianza con el PVEM, que va a postular por su cuenta al diputado Ricardo Gallardo. En Baja California Sur tampoco hay una definición clara y será la encuesta la que decida entre los precandidatos.

Veremos quienes más se apuntan como precandidatos de Morena en los estados que faltan por abrir el registro y en los que seguirán recibiendo registros este fin de semana. Por lo pronto, por el número de suspirantes y las formas que ayer se vieron en los registros, está claro que el ánimo está alto en el partido gobernante y que, como huelen la posibilidad de ganar el poder, las luchas internas aún reservan sorpresas y hasta rupturas estridentes en Morena, por más que Mario Delgado obtuvo firmas en cartas-compromiso de casi todos los aspirantes.

Conociendo cómo se maneja hasta ahora el partido lopezobradorista, aún los pronósticos más oficiales que nos dan fuentes del más alto nivel del morenismo, pueden cambiar en cualquier momento. Lo que sí parece un hecho es que serán inevitables algunos rompimientos y en varios casos candidatos bien posicionados por Morena terminarán abanderando alianzas opositorias en algunos estados.

El partido de López Obrador no la tiene fácil en las gubernaturas y no en todos los casos se trasladará la popularidad del Presidente a los candidatos oficiales, pero sin duda el morenismo emergerá tras las votaciones de 2021 como la nueva fuerza dominante en los estados de la República, tal como ya lo hizo en 2018 en la presidencia y en el Congreso.…Los dados mandan Capicúa. La semana fue intensa.
03 Diciembre 2020 04:01:00
El INE va contra la sobrerrepresentación en diputados
A partir de un diagnóstico jurídico que dice que los partidos políticos y especialmente las coaliciones partidistas violaron el Artículo 54 de la Constitución y abusaron de la figura de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, sobrepasando el límite del 8% de diputados plurinominales que les permitía la ley, el INE aprobó un acuerdo para evitar que en 2021, en la nueva integración de los diputados federales, se repita el abuso cometido por Morena y su coalición Juntos Haremos Historia en 2018, y por la coalición PRI-PVEM en 2015 y 2012, que construyeron en los tres casos mayorías sobrerrepresentadas e infladas más allá de la votación nacional que realmente obtuvieron en las urnas.

El caso más reciente y que es señalado en un análisis interno del INE como el peor caso de sobrerrepresentación por encima de la ley, es el de la actual mayoría de Morena y sus aliados PT y PES, a los que, abusando de la figura de coalición y con una interpretación mañosa y distorsionada de la ley, se les asignaron 16.2% de diputados extras, por la vía de sobrerrepresentación, con lo que se rebasó hasta en dos veces el tope establecido por la ley. En el mismo documento también se cuestiona como irregular y violatorio de la sobrerrepresentación constitucional el caso de la alianza PRI-PVEM en 2012 y en 2015.

Para evitar que se repitan esos abusos de los partidos y de las coaliciones en la próxima integración de la Cámara de Diputados en septiembre de 2021, el INE acordó ayer miércoles que, a partir de lo que establece claramente el Artículo 54 de la Constitución y de la jurisprudencia 29/2015 dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros del instituto vigilarán que se aplique estrictamente el criterio de sobrerrepresentación constitucional y que no permitirán que ningún partido o coalición de partidos de los que participen en esos comicios rebase ese tope establecido, para evitar que se repita una sobrerrepresentación artificial e inconstitucional en esa Cámara.

Desde la reforma político-electoral de 1996, se estableció en la Constitución el criterio del tope del 8% de sobrerrepresentación con la idea de asegurar una integración de la Cámara de Diputados que reflejara la pluralidad expresada en las urnas y eso se mantiene vigente. Pero al cambiar las leyes secundarias para que las coaliciones de partido ya no tuvieran que ir en un solo logotipo, sino que cada partido apareciera con su imagen propia en la boleta y permitir las coaliciones parciales y flexibles, se dio lugar a interpretaciones y manipulaciones que han vulnerado el límite de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. “Lo anterior no significa que se deban obstaculizar o prohibir las coaliciones, sino asegurar que ellas no trastoquen lo que la Constitución dice: entre votos y asientos en la Cámara no debe haber en ningún caso una sobrerrepresentación mayor a ocho puntos”, aclara el texto del INE.

El problema de la representación no se produce solo cuando los diputados ya electos se cambian de partido político, como ocurrió mucho en la coalición Juntos Haremos Historia en donde se dieron varios casos de “transfuguismo político”, también ocurre antes, incluso de que se instale la Cámara, por lo que los consejeros electorales advierten que llegó la hora de resolver un problema que comenzó como algo imperceptible y después creció hasta afectar la representación popular de forma drástica.

Veremos cómo reaccionan los partidos y sus dirigencias, sobre todo la del partido oficial Morena, que se benefició en la actual Legislatura de ese abuso ilegal e inconstitucional de la sobrerrepresentación construyendo una mayoría que, si bien les dieron los electores en las urnas, se asignó casi el doble de los diputados que les correspondían por la vía plurinominal y logró así aumentar su fuerza en la Cámara de Diputados en perjuicio de las minorías y de la pluralidad del voto popular… Los dados mandan Escalera doble. Bueno el tiro.
02 Diciembre 2020 04:02:00
Los dos Andrés Manuel a dos años de distancia
Como en el cuadro de Frida Kahlo, en el mensaje de ayer del presidente López Obrador, con motivo de sus dos años de Gobierno, se pudo ver gráficamente que hay dos versiones del Mandatario que hoy gobierna México. Uno es el Andrés Manuel que ayer habló de amor, de respeto para la oposición, de tolerancia a la crítica y a la disidencia, de que gobierna para todos sin distingo y de que ayuda a todos los ciudadanos sin importar su condición social. Otro es el Andrés Manuel que todas las mañanas discrimina a los que piensan distinto, que atiza el odio y la división entre mexicanos, que desprecia a sus opositores y los descalifica, que ataca y cuestiona a medios críticos y que pregona que él solo ayudará y salvará de la crisis a los más pobres y no al resto de la población.

Es como, si en un desdoblamiento de personalidad, el Presidente que ayer se paró en un pódium en el patio central del Palacio Nacional, fuera otro distinto al que todos los días vemos en las “mañaneras”: menos agresivo, más tolerante, sin tanta bilis ni amargura y más consciente de que este es un país diverso en el que no cabe el pensamiento único al que ayer dijo no aspirar. Como si ayer hubiéramos podido ver a un verdadero Presidente y no al propagandista pendenciero y demagogo que todos los días habla en sus conferencias.

Eso sí, entre los dos Andrés Manueles hay algo que no cambia: la soberbia y la grandilocuencia con la que afirma todos los días y ayer también que este país ya cambió solo porque él así lo dice; que ya somos un país más feliz, donde se cumple la ley, donde hay estado de derecho, paz y tranquilidad para todos, donde el bienestar baña a toda la población con “ayudas mensuales o bimestrales” del Gobierno que llegan a un 70% de la población (los más pobres), mientras el otro 30% de los mexicanos (las clases medias y alta) reciben también los beneficios de su Gobierno al “poder desarrollarse en paz y trabajar y producir con tranquilidad y seguridad”.

En ese país imaginario que solo existe en la mente de López Obrador y de sus más fieles e incondicionales seguidores, 70% de los mexicanos (casi 90 millones de habitantes) están contentos con su Gobierno y quieren que siga gobernando, mientras el otro 30% de la población nacional (unos 36 millones) no están de acuerdo con su Administración y, en la misma lógica presidencial, quisieran que terminara su Gobierno. Todo así medido solo por la palabra del Presidente y por sus “otros datos” que son distintos a la mayoría de las encuestas, que hoy lo ubican entre un 45% y un 58% de aprobación popular.

Otra falacia que solo es realidad en el discurso presidencial, tiene que ver con lo que significa que ayer, 1 de diciembre, a dos años de su toma de protesta, ya quedaron “sentadas las bases de la cuarta transformación del país”. Al final el Presidente y sus dualidades confirman que aunque se jura distinto, cuando se trata de informar y de decirle a los mexicanos cómo va el país bajo su Administración, es muy igual a todos sus antecesores de la era priista y panista.

La imagen y el discurso de ayer en Palacio Nacional, con un Presidente que habla de cifras felices, de problemas históricos resueltos y de apoyos mayoritarios en un país imaginario, frente a un grupo de colaboradores e invitados que lo aplauden a rabiar, son un claro resumen de lo que han sido estos años de Gobierno: una narrativa falaz y triunfalista de una transformación que en la mente del Presidente y de las nuevas élites gobernantes se ve como una gesta heroica, histórica y un cambio verdadero, pero en la realidad y en el día a día de los mexicanos se ve aún amorfa, difusa, destructiva y con un rumbo preocupante... Los dados mandan Serpiente Doble. Mal tiro.
01 Diciembre 2020 04:03:00
El juego de Dante
En dos ocasiones, en menos de 24 horas –primero el sábado en Baja California y luego ayer lunes en su conferencia “mañanera”– el presidente López Obrador cuestionó la posible alianza entre el PAN y el PRI para enfrentar a Morena en la elección por la Gubernatura de ese estado: “Van juntos contra nuestro proyecto. Imagínense la dicha enorme que me produce el tener la razón histórica”, dijo el Mandatario, que en sus comentarios dejó ver claramente la preocupación que causa en Palacio Nacional cualquier intento de coalición entre los opositores, durante los próximos comicios.

López Obrador sabe muy bien, porque así se lo han dicho y demostrado sus asesores con base en las encuestas, que una alianza opositora amplia, que abarque lo mismo al PRI, que al PAN y a Movimiento Ciudadano, sumados con lo que queda del PRD, representa el único contrapeso real que puede evitar que Morena se alce fácilmente con la mayoría en la Cámara de Diputados y arrase en la mayoría de las gubernaturas.

Es en esa lógica que llama poderosamente la atención la posición que ha asumido Movimiento Ciudadano, y particularmente su exdirigente nacional y fundador Dante Delgado, quien ha impuesto la idea de que su partido vaya solo y no en alianza con otras fuerzas, en la búsqueda de las principales gubernaturas del próximo año. La posición de Dante rompe con la posibilidad de alianzas opositoras que pudieran ser ganadoras, para buscar una inexplicable competencia de MC solo, en estados donde claramente no tiene ninguna posibilidad de ganar.

El caso más claro del extraño juego del senador Delgado Rannauro es Nuevo León, donde se había planeado y operado una gran alianza de todos los partidos PAN-PRI-MC y PRD para postular a Luis Donaldo Colosio, como un contrapeso a la candidatura de Clara Luz Flores con Morena y sus aliados. La gran alianza opositora estaba caminando, hubo pláticas y acercamientos, incluso con la participación del gobernador independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, pero hace un par de semanas, sin avisar MC, rompió las negociaciones y anunció su intención de postular solos a Colosio, previo un proceso interno contra el senador Samuel García. ¿A qué le tira Dante rompiendo una alianza ganadora para postular a un buen candidato que, sin embargo, difícilmente ganará solo con MC?.

Dante Delgado fue un aliado incondicional y amigo cercano de López Obrador en sus campañas de 2006 y 2012, con Convergencia y el llamado “movimiento naranja”, pero para 2018, ya con Movimiento Ciudadano, no quiso aliarse con Morena en 2018 ni apoyar la candidatura lopezobradorista que lo llevó a la Presidencia de la República.

Desde entonces ha tenido posiciones públicas críticas hacia el Presidente, a quien le ha mandado un par de cartas en las que cuestiona las políticas y decisiones del tabasqueño, aunque eso no siempre coincide con las posiciones y los votos de la bancada de MC en el Senado, que él coordina, y que en varias ocasiones y, sobre todo en temas importantes, rompe el bloque opositor para apoyar a Morena o abstenerse.

Con su decisión de entorpecer y rechazar las alianzas opositoras en las elecciones de 2021, Delgado Rannauro no ayuda mucho a su partido, que difícilmente podrá ganar solo en varios estados donde carece de presencia y estructura, pero indudablemente, al evitar una gran coalición de los opositores a Morena, el senador y antiguo aliado del presidente López Obrador, será un factor clave para que la 4T pueda mantener su predominio en la Cámara de Diputados y avanzar en varias gubernaturas importantes el próximo año. ¿En eso consiste el juego de Dante?
30 Noviembre 2020 04:02:00
Hacienda y el IMSS denuncian a rey del outsourcing
Con dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y el IMSS van en contra del principal empresario del outsourcing en México, Raúl Beyruti Sánchez, presidente de Gin Group.

Después de varios meses de investigaciones conjuntas entre las dos dependencias, se presentaron dos querellas judiciales en contra de una de sus muchas empresas y del empresario por delitos de defraudación fiscal equiparada y omisiones en el pago de cuotas obrero-patronales de sus trabajadores, a los que con engaños, según acusan las autoridades, les omitió el pago de seguro de retiro y de cesantía en edad avanzada y vejez.

En pleno debate sobre la regulación del outsourcing y cuando la nueva iniciativa del presidente López Obrador se discute en estos momentos, tanto en Palacio Nacional entre el Mandatario y los empresarios, como en la Cámara de Diputados donde se aprestan a aprobarla esta semana, las acusaciones judiciales contra el llamado “rey del outsourcing” cobran especial relevancia.

Se trata de un empresario y un grupo que acumuló una gran cantidad de empresas y una fortuna a partir del uso de la figura de la subcontratación.

En la primera denuncia, presentada por el IMSS el 18 de agosto, se le acusa como el administrador único de la empresa Distribuciones y Representantes del Sur, y se señala en el texto de la denuncia que “en su calidad de patrón, con el uso de engaños, omitió el pago parcial de cuotas obrero-patronales, ocasionando un perjuicio por la cantidad de 40 millones 870 mil 550 pesos, por el periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de junio de 2017”.

La segunda denuncia se presentó el 28 de octubre y fue la Procuraduría Fiscal de la Federación la que formuló la querella por defraudación fiscal equiparada, en la que se acusó a Distribuidores y Representantes del Sur y a su administrador único Raúl Manuel Beyruti, “por haber omitido enterar el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios por concepto de fomento al ahorro, correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017, por la cantidad total de 223 millones 912 mil 664 pesos que debió pagar al fisco”.

También vinculadas al tema del outsourcing ilegal hay otras dos querellas judiciales que también interpuso la Procuraduría Fiscal de la Federación. Una de ellas es en contra de la empresa Constructores de Sistemas Cosed, S.A. de C.V., que entre otras cosas, declaró deducciones falsas derivadas de operaciones inexistentes, ingresos acumulables menores, omitió enterar a las autoridades fiscales dentro del término de ley, el ISR retenido por concepto de los ingresos por salarios y omitió el pago de IVA, todo eso por un monto superior a los 845 millones de pesos.

Aunque esta última empresa no aparece en el directorio del grupo de empresas de Raúl Beyruti, las autoridades fiscales tienen elementos para suponer que también está vinculada al empresario.

Un caso más, ese sí ajeno al caso Beyruti, es una denuncia contra Lot & MLP Asesores, S.C., a la que se acusa de que en el ejercicio fiscal de 2017, entre otras cosas, declaró ingresos acumulables menores y omitió enterar al fisco del ISR retenido por concepto de asimilados a salarios y sueldos, causando con eso un daño al fisco por cerca de 305 millones de pesos.

Mientras tanto, con denuncias penales en contra de empresas y empresarios que han utilizado el outsourcing para defraudar al SAT y al IMSS, se busca dejar muy claro que ese es el nuevo objetivo prioritario de la 4T y, para poner el ejemplo, no dudarán en dar un golpe legal al mayor empresario del outsourcing en el país y uno de los que se beneficiaron de ese esquema, no siempre de manera legal, y que contó con el apoyo y protección de los últimos gobiernos: Raúl Beyruti Sánchez.
26 Noviembre 2020 04:00:00
La Consulta, la Constitución y la apatía de la 4T
Con la dichosa Consulta Popular para Enjuiciar a Expresidentes, que tanto promovió y presionó el presidente López Obrador –al grado de revivir muertos para que firmaran y de someter a la Suprema Corte– están pasando cosas muy extrañas una vez que este ejercicio fue aprobado por el Congreso y que comenzó oficialmente el proceso constitucional para su realización. La primera cosa inexplicable es que, habiendo sido una propuesta presidencial, ni el Ejecutivo ni la mayoría de diputados de Morena se acordaron de incluirla en el Presupuesto de Egresos federales 2021, en donde no hay ningún apartado o partida para costearla y ni siquiera se menciona a la consulta popular.

La otra cosa aún más extraña y que representa una violación a la Constitución, fue lo que hicieron las cámaras de Diputados y Senadores al modificar el decreto original por el que se expidió la convocatoria para la consulta popular y cambiar la fecha de entrada en vigor de dicho decreto. El Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de octubre de 2020, el decreto con la convocatoria a la consulta con la redacción de un Artículo Primero Transitorio que a la letra decía: “El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Eso significaba que a partir del 28 de octubre, arrancó el proceso para la consulta popular, pero siete días después, el 5 de noviembre, las mismas mayorías de Morena en ambas cámaras modificaron ese transitorio y le cambiaron la redacción y la fecha de entrada en vigor: “El presente decreto y la convocatoria de consulta popular que se expide, entrarán en vigor el jueves 15 de julio de 2021, sin perjuicio de que el INE ejecute las acciones preparatorias para la realización de consulta popular”, dice la nueva redacción aprobada por los morenistas.

Lo que ocurrió fue que, después de que habían publicado el decreto con la primera fecha de entrada en vigor el 28 de octubre, las bancadas de Morena se dieron cuenta de que habían cometido un error, pues el Ar-

tículo 35 de la Constitución, que regula las consultas populares, establece claramente que “durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental, de cualquier orden de Gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

Es decir, que al entrar el vigor la convocatoria de la consulta el 28 de octubre, desde ese momento el Gobierno federal no podía difundir ninguna campaña de propaganda ni publicidad gubernamental, incluidas las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, porque la Constitución lo prohíbe tajantemente para que las autoridades federales no puedan influir en los ciudadanos y sus respuestas a la pregunta de la consulta popular. Cuando alguien en Palacio Nacional, seguramente en las áreas jurídicas, puso el grito en el cielo y les señaló su error a los diputados y senadores morenistas, estos trataron de resolver su yerro que hubiera molestado mucho al Presidente.

Así es que veremos cómo termina todo este asunto de una Consulta que primero fue un capricho presidencial, que los llevó a presionar y someter a ministros de la Corte para que la declararan constitucional, y que luego el mismo Gobierno y su mayoría legislativa le negaron los recursos para llevarla a cabo.

Pareciera que luego de la redacción confusa y pantanosa que aprobó la mayoría de la Corte, en la que incluso se abre la puerta no solo a enjuiciar a los expresidentes, sino al

actual Presidente de la República o a sus funcionarios, López Obrador perdió interés por este ejercicio que tanto promovió y que, tal y como quedó planteada su redacción, podría ser un arma que utilizara la oposición en contra de su propio Gobierno.

¿Ya no gustó la consulta y por eso ahora la quieren sabotear? Es pregunta. Se baten los dados... Escalera doble.
25 Noviembre 2020 04:00:00
Estafa Maestra: la conexión del PRI
En la sede nacional del PRI, en la avenida de los Insurgentes Norte, había una oficina a donde llegaba buena parte del dinero en efectivo que se extraía del erario federal y se “blanqueaba” a través del mecanismo de contratos simulados con instituciones públicas, denominado la Estafa Maestra.

Durante los seis años que duró el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en esa oficina, la de la Secretaría de Finanzas del CEN priista, despachó un hombre de todas las confianzas del Presidente: el sinaloense avecindado en el Estado de México, Luis Vega Aguilar, por cuyas manos pasaban todos los dineros para las campañas priistas, los de origen legal, vía financiamiento del INE, y los de origen incierto.

El nivel de confianza que Peña Nieto tenía en el financiero priista era tal, que ninguno de los seis dirigentes nacionales del PRI que desfilaron por el partido gobernante, desde César Camacho Quiroz, hasta Claudia Ruiz Massieu, pasando por Manlio Fabio Beltrones, Carolina Monroy, Enrique Ochoa y René Juárez, podían tocar ni mover al encargado de las finanzas partidistas y, por el contrario, tenían que tratar con pinzas a Vega Aguilar, porque sabían que le reportaba directamente a Los Pinos de los manejos financieros del partido.

El nombre de Luis Vega junto con el de su subsecretario de Finanzas, Sergio Castro, podrían salir a relucir en el caso de la Estafa Maestra cuando Rosario Robles comience a informar, como ya anticipaba este martes su abogado, cómo el dinero que era sacado de las arcas federales y lavado a través de los contratos simulados con universidades públicas y otros institutos, tenía como uno de los destinos finales apoyar a las campañas y a los candidatos del PRI, como en el caso de la campaña presidencial de José Antonio Meade, a donde según la defensa de la exsecretaria se le inyectaron parte de esos recursos.

El dinero que se sacaba a través de ese mecanismo de triangulación y que era pagado a empresas fantasma que a su vez lo mandaban a los beneficiarios finales, puede ser estimado en miles de millones de pesos no solo de Sedesol y Sedatu, sino de otras dependencias federales como Pemex y otras más en donde se implementaba este esquema que nació originalmente en el Gobierno del Estado de México, cuando Peña Nieto era gobernador y se utilizaba a la Universidad Autónoma del Estado de México para sacar y lavar dinero público a través del mismo mecanismo que después sería replicado a nivel federal.

Una parte de esos recursos tenía como destino la sede nacional priista y llegaba a la oficina de la Secretaría de Finanzas, desde donde recibían y dispersaban los recursos públicos a distintos estados de la República para apoyar campañas de candidatos del viejo partido. Esa era la labor de Vega y Castro, y en el camino, de acuerdo con exdirigentes priistas consultados por esta columna, se quedaban con una parte de los recursos, a la que llamaban “el diezmo” por tratarse de un porcentaje del 10% del monto del dinero que ingresaban y sacaban de la oficina financiera del PRI.

Hoy, después de los seis años en los que tuvo un poder absoluto y una protección total del Presidente, poco se ve y sabe públicamente de Luis Vega, que es actualmente diputado local en el Congreso del Estado de México, a donde lo mandó Peña Nieto por la vía plurinominal para tratar de protegerlo con el fuero, mientras que de su subsecretario, el sonorense Sergio Castro, se dice que ya no vive en México y que “se mudó” hace un par de meses a Estados Unidos, justo cuando Emilio Lozoya comenzó a mencionar sus nombres y el papel que jugaron desde la Secretaría de Finanzas del CEN priista en la dispersión del dinero de los sobornos de Odebrecht.

Según personas cercanas, tras su salida del PRI, en diciembre de 2018, ambos incursionaron en el lucrativo negocio de los activos inmobiliarios principalmente con propiedades y oficinas en la zona de Santa Fe. Y por lo que cuentan, ninguno de los dos tiene problemas económicos…

Los dados mandan Serpiente doble. Caída Libre.
24 Noviembre 2020 04:00:00
Rosario va a hablar
Un año y dos meses después de que fue encarcelada, y tras ser prácticamente abandonada por el grupo del expresidente Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga se decidió a hablar con la Fiscalía General de la República y a entregar información sobre la llamada Estafa Maestra a cambio de un trato especial de las autoridades. La exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano y Territorial se convertiría así en la primera integrante del Gabinete legal de Peña Nieto que ofrece convertirse en “testigo colaborador” sobre la corrupción del Gobierno anterior.

Justo en momentos en que la propia Rosario estaba siendo señalada y acusada por su exoficial Mayor en Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, quien la colocaba como “la cabeza” de la estrategia para realizar desvíos por hasta 7 mil millones de pesos de las dos dependencias que encabezó el sexenio pasado, la defensa de la exsecretaria filtró ayer lunes que Robles ha solicitado a la FGR acogerse al “criterio de oportunidad” y a cambio de proporcionar información y detalles sobre los millonarios desvíos de recursos públicos, obtener la figura de “testigo colaborador” a cambio de señalar a otros responsables de la Estafa Maestra que ocuparon posiciones más arriba que ella.

La decisión de Robles Berlanga parece tener dos motivaciones claras: por un lado anular y neutralizar los dichos y acusaciones en su contra en las declaraciones de su excolaborador Emilio Zebadúa González, cuyo testimonio pierde valor ante lo que pueda decir y aportar directamente quien fuera su superior y tuvo información de primera mano, y por el otro que Rosario podría imputar directamente a los que le ordenaron y se beneficiaron del dinero público que se obtenía a través del pago de contratos simulados con universidades públicas e institutos estatales. Y a saber, sobre la secretaria y que le pudieran dar órdenes para desviar dinero, solo pudo haber dos nombres: Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda, y Enrique Peña Nieto, entonces Presidente de la República.

Eso es lo que significa el que después de resistir por más de un año, a pesar de las presiones y el acoso de las autoridades federales y de la CDMX con el aval de jueces a modo del Poder Judicial, Robles haya decidido finalmente entrar al aro de la 4T y empezar a soltar la información que alguna vez le reclamó el fiscal Alejandro Gertz Manero, cuando explicó por qué a ella le dan un trato tan distinto al que recibió el testigo Emilio Lozoya. Si Robles habla y dice lo que sabe sobre la Estafa Maestra y sobre la corrupción institucionalizada en el pasado Gobierno, sus declaraciones solo pueden apuntar hacia arriba y eso es directamente a la figura del expresidente Peña.

De paso, si con su testimonio puede tirarle el numerito a Emilio Zebadúa, de quien se expresa como “una rata” que traicionó la confianza que le tuvo y pretendió hundirla en la cárcel, la exjefa de Gobierno de la CDMX se daría más que satisfecha. Al final Rosario aguantó más de lo que muchos de los peñistas hubieran aguantado en sus circunstancias.

Hace unos meses, a través de un mensajero, le hizo llegar a Peña Nieto y a Videgaray un mensaje que decía: “Ni para el abogado señores, me dejaron completamente sola y sin ningún apoyo”. El mensaje, nos dice alguien que conoce al mensajero, fue entregado textual a los destinatarios que, al parecer ignoraron lo que Robles Berlanga les mandaba decir. El resultado, unos meses después, es que esa mujer que se supo abandonada y traicionada por quienes le juraron que iban a apoyarla, hoy está dispuesta a hablar.

Veremos qué tanto tiene para decir y qué tan alto llegan sus acusaciones... Los dados mandan Escalera. Bueno el tiro.
23 Noviembre 2020 04:00:00
Emilio Zebadúa, ¿un gigoló de la política?
El exoficial mayor de Sedesol y Sedatu, quien fuera el hombre de todas las confianzas de Rosario Robles y hoy busca hundirla con sus declaraciones ante la Fiscalía General de la República, es un personaje polémico y en cuya trayectoria pública aparecen varios episodios en los que el común denominador son la traición y su vinculación con mujeres de la política.

Exconsejero del IFE y alguna vez aspirante fallido a gobernar Chiapas —en donde nunca vivió pero reclamaba “derecho de sangre” por ser nieto de un exgobernador de ese estado-, Emilio Zebadúa González, quien hoy busca convertirse en “testigo colaborador” y obtener de la FGR los beneficios del “criterio de oportunidad” a través de un trato similar al que le dieron a su tocayo Emilio Lozoya, fue parte fundamental en el esquema de corrupción y desvío de recursos implementado en el sexenio pasado y era el responsable de instrumentar los contratos simulados con universidades e instituciones públicas en Sedesol y Sedatu, por los cuales se desviaron casi 7 mil millones de pesos.

La primera vez que en esta columna escribí sobre Zebadúa González fue cuando era consejero electoral del desaparecido IFE, allá por el año de 1999. Había entonces una joven mujer que trabajaba como edecán en el instituto electoral y que se acercó a mí para denunciar un caso de acoso sexual en contra del entonces consejero, a quien señalaba como responsable de presionarla y acosarla para que tuviera relación con él.

En 2001, Zebadúa abandonó el cargo de “consejero ciudadano” del IFE para irse como colaborador del gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía. Traicionaba así su condición de “ciudadano y académico”, como hasta entonces se había manejado, para dedicarse a la política partidista y tres años más tarde volverse diputado federal por el PRD.

En 2006 intentaría infructuosamente ser candidato a gobernador chiapaneco, pero ante su falta de arraigo, el gobernador Pablo Salazar prefirió a Juan Sabines, ante lo cual, molesto, rompió con Salazar y dejó el PRD para ser candidato por Nueva Alianza y acercarse a una de las mujeres que lo ayudaron, aunque después renegaría de ella: la maestra Elba Esther Gordillo.

Gordillo lo arropó y lo convirtió en uno de sus consentidos otorgándole por varios años la presidencia de la Fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde cobraba un generoso sueldo, algo de lo que pareció olvidarse cuando, en febrero de 2013, Elba Esther cayera en prisión.

En diciembre de 2012, Peña lo nombró oficial mayor de la Sedesol, donde se vinculó a otra mujer de la que se volvería también muy cercano: Rosario Robles Berlanga, entonces secretaria de Desarrollo Social. Desde la Oficialía Mayor operó y autorizó decenas de contratos que después terminarían observados por la Auditoría Superior de la Federación por simular la prestación de servicios.

Cuando empezaron, en 2017 las acusaciones de “La Estafa Maestra”, bautizada así en el reportaje publicado por el portal Animal Político y por Mexicanos contra la Corrupción, todos los reflectores y señalamientos se fueron contra Robles. Durante casi dos años, Zebadúa nunca habló del tema y era constantemente defendido por la propia Robles. Un año después de que ella cayó en la cárcel, su antiguo amigo y colaborador reapareció para hundirla y, junto con ella, le ha ofrecido a la FGR testificar contra otros poderosos exsecretarios del gobierno de Peña, comenzando por Luis Videgaray.

La palabra “gigoló” no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española por ser un vocablo de origen francés. Se utiliza para describir a hombres que se prostituyen con mujeres que les pagan y otorgan beneficios. El oficio es antiguo y ha estado presente en muchas civilizaciones y culturas desde tiempos ancestrales. Ocasionalmente también ocurre en la política.
21 Noviembre 2020 04:03:00
El discurso del General y el fantasma del golpe
El temor a un “golpe de Estado” es algo que siempre rondó como un fantasma a los presidentes mexicanos que, aunque sabían que contaban con el Ejército “más institucional y leal de América Latina”, no podían evitar la paranoia de creer que podían ser víctimas de una asonada, sobre todo en sus momentos de crisis, ya fuera inducida por oscuros intereses domésticos o por perversas e injerencistas presiones desde el extranjero. En realidad nunca hubo intentonas reales o movimientos golpistas al interior del Ejército Mexicano, al menos no que ameritaran preocupación, pero a pesar de ello el fantasma de un golpe sí salía a relucir en etapas críticas de algunos sexenios, el más reciente cuando la grave crisis de 1995, en donde un cable de una agencia internacional reportó tanquetas militares avanzando por el Zócalo durante la Presidencia de Ernesto Zedillo.

Fuera de ese momento, que terminó siendo un bulo mal intencionado, justo cuando se producía el cisma entre el entonces presidente Zedillo y su antecesor Carlos Salinas de Gortari, la única vez que la amenaza golpista ha vuelto a estar presente es en el discurso del presidente López Obrador, quien en su primer año de Gobierno dedicó varios mensajes a hablar de la imposibilidad de que hubiera en México un golpe de Estado. En noviembre de 2019, a partir de un discurso del general retirado del Ejército, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, quien habló como orador en un desayuno de militares a principios de ese mes y en presencia del general secretario, Luis Cresencio Sandoval, dijo: “Nos preocupa el México de hoy. Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados”.

López Obrador ha explicado que tanta participación y facultades a las Fuerzas Armadas, tienen que ver con la confianza que les tiene y con el combate a la corrupción civil, pero entre los analistas se explica más el tamaño de las atribuciones y tareas a las fuerzas castrenses, como en ningún otro Gobierno de la historia posrevolucionaria, con un temor nato en el tabasqueño: no ser derrocado por un golpe como lo fue el ingenuo Francisco I. Madero, a quien admira, o el soñador Salvador Allende en Chile.

Con ese antecedente y con el reciente regreso del general Salvador Cienfuegos, extitular de la Defensa, que fue devuelto por el Gobierno de Estados Unidos, luego de que fuera detenido y acusado de narcotráfico y lavado de dinero por la DEA el 15 de octubre, para que un mes después el Departamento de Justicia le retirara los cargos y decidiera entregarlo al Gobierno mexicano para que sea juzgado en nuestro país, el discurso que ayer dio el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, con motivo del 110 aniversario de la gesta revolucionaria en el país, cobra una especial relevancia y parece un claro intento del Presidente por congraciarse con los militares.

‘No anhelamos el poder’

En la segunda parte de su mensaje, ante el presidente López Obrador, el general Cresencio Sandoval no desaprovechó el foro que le ofrecía el Presidente para volver a alejar cualquier fantasma golpista, en alusión a las presiones que medios y analistas de México y de Estados Unidos, atribuyeron al Ejército y sus cúpulas castrenses, para que el presidente López Obrador negociara con el Gobierno de Donald Trump la entrega del general Cienfuegos, bajo amenaza de cortar toda cooperación en la lucha contra el narcotráfico del lado mexicano: “no anhelamos ningún poder, porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo”, expresó Sandoval.

Está claro que López Obrador no quiere ningún problema ni desavenencia con los militares, y tal vez el general secretario de la Defensa Nacional no miente cuando dice que los militares son leales y subordinados al Poder Ejecutivo, ni tampoco cuando afirma que no anhelan ningún poder, porque quizás ya lo tienen… Los dados mandan Serpiente doble. Semana dispareja.
19 Noviembre 2020 04:02:00
Sonora querida, tierra competida
La elección para gobernador de Sonora dista mucho de ser un tema resuelto. A como hoy se ven las cosas en la tierra del expresidente Plutarco Elías Calles, la entidad norteña podría ser el primer estado en el que un miembro del Gabinete de López Obrador gane la Gubernatura, aunque también podría ser el primer gran revés para un candidato salido directamente del equipo cercano del actual Presidente.

Y es que Alfonso Durazo va a enfrentar grandes adversidades en su intento por gobernar un estado en el que nació, pero en donde vivió solo sus primeros años y después abandonó para hacer su carrera política en la capital del país, por lo que no tiene un gran arraigo local.

Un tema en contra será precisamente lo que sí tiene su principal adversario y competidor en esta contienda: Ernesto Gándara Camou, el exsenador por Sonora y exalcalde de Hermosillo, quien posee las cualidades de las que adolece el virtual candidato de Morena: sencillez en el trato, carisma político y un profundo arraigo local, sobre todo en la capital hermosillense, junto con un trabajo político de 30 años en el estado que le da mayor identificación con el electorado sonorense.

Paradójicamente, “El Borrego” Gándara, como le apodan, fue un cercano colaborador y amigo de Alfonso Durazo cuando este fue secretario particular del presidente Fox. Se conocen tan bien uno al otro, que incluso en 2014, estuvieron muy cerca de hacer equipo para enfrentar al PRI y a Manlio Fabio Beltrones, aunque en aquella ocasión, a pesar de sus amplias posibilidades, Ernesto declinó las insistentes invitaciones del PRD y MC, para que fuera candidato de una alianza contra la actual gobernadora Claudia Pavlovich, y optó por la lealtad al priismo.

Hoy, mientras Durazo ya radica en Hermosillo y se promueve en los medios locales, apoyado por su coordinador de campaña de Iztapalapa, Jesús Valencia, Gándara presentó hace unas semanas su renuncia al PRI y se prepara para ser candidato de una “Alianza Ciudadana” en la que lo apoyarían lo mismo el PAN que el priismo, junto con el PRD y otras fuerzas locales, para postularlo como un abanderado ciudadano.

La sola alianza de los dos partidos que han gobernado hasta ahora Sonora, el tricolor por varias décadas y el blanquiazul, solo por un sexenio, ya significa un reto mayúsculo para Morena y su candidato, pues las dos estructuras electorales son reales y han probado su eficacia en un sinnúmero de ocasiones, mientras que el morenismo sonorense está, para variar, confrontado y dividido internamente y la figura más fuerte que hoy tienen en el estado, la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, no tiene una buena relación con el equipo de Durazo y se sintió desplazada por el candidato enviado desde el centro.

La apuesta del exsecretario de Seguridad es repetir la hazaña que logró en 2018, cuando fue candidato a senador y ganó por amplia mayoría uno de los dos escaños de Sonora junto con la senadora Lilly Téllez. Solo que, a diferencia de aquella elección, hoy Durazo no tendrá al fenómeno de López Obrador en la boleta. Fuentes de Palacio Nacional aseguran que cuando le avisó que iría a buscar la Gubernatura, el Presidente le recomendó a Alfonso “que lo meditara y lo pensara muy bien antes de tomar una decisión”, porque le decía que él era “un hombre muy organizado” y que podría ocupar la Jefatura de Oficina de la Presidencia de la República, un cargo del que desde hace tiempo se alejó su tocayo, Alfonso Romo.
18 Noviembre 2020 04:02:00
El general sí tuvo quien le escribiera
La decisión que tomó ayer martes el Departamento de Justicia, de ordenar el retiro y desistimiento de los cargos para devolver a México al general Salvador Cienfuegos, significa un reconocimiento doble del Gobierno de Estados Unidos: por un lado parece reconocer que su agencia antidrogas, la DEA, se equivocó y cometió un error al investigar, acusar y detener a un exsecretario de la Defensa mexicano sin haber dado aviso al Gobierno mexicano y aparentemente sin pruebas contundentes; y por otro lado, reconoce que con esa acción no solo se lastimó al país y a sus Fuerzas Armadas, sino que se abrió un frente peligroso no solo para la seguridad nacional de los mexicanos, sino para mantener la cooperación bilateral en los temas de seguridad y narcotráfico.

Porque al final esa fue la esencia del alegato diplomático que el Gobierno mexicano presentó ante las autoridades estadunidenses para expresar la molestia por la falta de cortesía y consideración en la detención de Cienfuegos, ejecutada en sigilo por la DEA, y exigir que se le entregara una copia del expediente con las pruebas y testimonios con los que la agencia antidrogas incriminó y acusó al militar y pidió su detención al Departamento de Justicia.

México argumentó dos cosas en la plática que sostuvieron el fiscal estadunidense William P. Barr y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, el pasado 26 de octubre, según refirió ayer el funcionario mexicano: primero, que para nuestro país la forma en que se detuvo y acusó a un exjefe del Ejército se convirtió en un problema de Seguridad Nacional, por la gran molestia y desazón que provocó entre las cúpulas militares de las Fuerzas Armadas; y segundo, que si no se mandaban las pruebas, los acuerdos para intercambiar información y combatir conjuntamente al narcotráfico entre los dos países, estaban en peligro.

Las pruebas enviadas desde Washington en maleta diplomática, según afirmó Ebrard, llegaron el 11 de noviembre y lo que contenía el expediente armado por la DEA debió ser tan endeble que el fiscal Barr decidió dar la orden de regresar al general para que su caso fuera juzgado por las autoridades mexicanas.

El general podría llegar hoy mismo a México, después de la audiencia en la que la juez desestime las acusaciones en su contra. Veremos si la Fiscalía General de la República le da al exsecretario de la Defensa un trato especial, similar al que le dieron a Lozoya, y cuáles son los delitos por los que se va a investigar a Cienfuegos en México.

Por lo pronto, no se puede negar que, así como la detención del extitular de la Defensa fue un golpe y un sorpresivo mensaje para el Gobierno de López Obrador, hoy su inusual regreso representa también un triunfo diplomático.

El mérito, sin duda, se lo lleva el canciller Marcelo Ebrard, que fue el artífice de la estrategia diplomática que le pidió instrumentar el Presidente, luego de recibir fuertes presiones por el malestar que ocasionó en las cúpulas castrenses esta detención.

Al final, en medio del triunfo diplomático de México y más allá de las interpretaciones de “confianza y respeto” que le darán en el Gobierno de la 4T a este gesto inusual de Washington, también hay otra consideración que difícilmente reconocerán en la Administración de López Obrador: que la ofensiva diplomática para que se revisara el caso de Cienfuegos en Estados Unidos fue tan fuerte, además de las presiones militares que recibió el Presidente, por una simple razón: si permitían que acusaran y enjuiciaran de esa manera a un exsecretario de la Defensa Nacional, mañana, en un no tan lejano 2025, los acusados y detenidos por la justicia estadunidense podría ser cualquiera de los altos funcionarios del actual Gobierno lopezobradorista. Solo habrá que decir una frase: “Remember Culiacán”.
17 Noviembre 2020 04:01:00
Carta de Porfirio al Presidente
Antes de que decidiera lanzarse a la fallida aventura de ser el nuevo dirigente de Morena, el diputado Porfirio Muñoz Ledo envió un mensaje al presidente López Obrador para proponerse de nuevo como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cargo que ya había ocupado en el primer año de la Legislatura y del que tuvieron que sacarlo casi por la fuerza, cuando ante la falta de acuerdos con el PAN, intentó quedarse por un segundo año consecutivo provocando una crisis en el órgano legislativo y la molestia presidencial.

En una carta que mandó por correo electrónico a César Yáñez, coordinador general de Política y Gobierno, fechada el 30 de agosto, Muñoz Ledo se refiere a la crisis que en esa fecha existía en San Lázaro ocasionada por la intentona de Gerardo Fernández Noroña y del PT, de quedarse con la presidencia de la Mesa Directiva.

En su mensaje pide a Yáñez leer el mensaje al Presidente. “Se lo mandaré también a Laurita (la secretaria de López Obrador)”. Le dice:

“Mañana es un día definitivo para el Partido y la Cámara. Estoy defendiendo con todo a Alfonso Ramírez Cuéllar. (...) Hablé con Mario Delgado de fondo. Dolores Padierna quiere desplazar o sucederlo y está dividiendo al partido. Le dije a Mario que debe quedarse en la dirigencia, hasta la aprobación del Presupuesto. No debe pelear la presidencia del partido en perjuicio de Alfonso. Su derecho a competir no se extingue, pero deberá consultar los tiempos con el Presidente.

“Le dije también que en el Grupo Parlamentario la solución no es ni Pablo Gómez ni Tatiana. El primero no es conveniente y la segunda no quiere. La solución es Nacho Mier, el único que tiene la confianza 100% del Presidente.

“Respecto a la bronca grave en la Cámara, hablé también con Mario y consentimos que Noroña jamás tendrá los dos tercios, por llevarse a Toledo y a Serrano, pillos que están procesados. El PT que me traicionó por dinero ya no podrá presentar otro candidato y el PRI va a sumar otros diputados para ganar el derecho a proponer. Mañana no habrá consensos y se abrirá el espacio de 5 días para negociaciones, la presidencia de la Jucopo tiene mano para considerar intereses. Se lo dije a Mario.

“Pienso que el único candidato que puede tener consenso para la presidencia soy yo, como solución no como problema. No haré nada hasta el momento. En tal caso mi propuesta y mi conducta, sería ordenar y serenar la Cámara, para que pueda legislar tiempos electorales muy conflictivos.

“Te agradecería mucho pudieras leerle este mensaje al Presidente. Se lo mandaré también a Laurita”.

Hasta ahí la carta de Porfirio. Seis días después de aquel mensaje y de que claramente el Presidente ignoró su propuesta para volver a presidir la Mesa Directiva de San Lázaro, Muñoz Ledo destapó su candidatura para intentar ser presidente de Morena.

En esa aventura fallida contó con el apoyo de Yáñez, quien le operaba y lo ayudaba desde Palacio Nacional, aun cuando sus reacciones iracundas y descontroladas se convirtieron en un problema para Morena y para el Presidente. Es Porfirio de cuerpo entero en su redacción y su análisis. Es el mensaje de quien dijo que “dirigir Morena” sería su acto final, pero que lleva nueve presidentes de los cuales ha sido cercano por lo menos a cinco, que ha dirigido tres partidos, de los cuales ha fundado dos, y que lleva 56 años de trayectoria pública y política en la que ha tenido momentos brillantes, como aliarse con Cuauhtémoc Cárdenas para romper con el PRI y crear la Corriente Democrática y luego el Frente Democrático Nacional, y otros bochornosos como el día que atacó, pistola en mano, a Steven Goldstein en Nueva York en 1985, cuando el empresario estadunidense ocupó unos centímetros de su vehículo en la residencia que ocupaba como embajador de México ante la ONU.
16 Noviembre 2020 04:03:00
La batalla por los 100 mil muertos
El país se enfila a un recrudecimiento de la pandemia por el próximo invierno y a un aumento exponencial y doloroso de muertes y contagios por Covid que se ve inevitable. Las autoridades mexicanas siguen divididas en la forma de enfrentar esta emergencia y no hay ya una estrategia nacional porque el Gobierno federal, con su fallida y cuestionada metodología, su negativa al aumento de pruebas y sus cifras llenas de subregistros, ha sido rebasado por los gobiernos locales y ha perdido el control de la emergencia sanitaria.

En medio de ese caos y mientras nuestras autoridades juegan al ensayo y error con los colores del semáforo, en medio de la escasez de recursos, la saturación de los hospitales públicos y la inexistencia de directrices generales por el miedo y la tibieza del presidente López Obrador, que se niega a tomar medidas coercitivas que dañen aún más su popularidad, llegamos al millón de contagios y nos enfilamos esta semana a una cifra altamente simbólica, los 100 mil muertos, que será el objeto de disputas políticas y mediáticas, a pesar de que todos sabemos que en realidad hoy tenemos casi tres veces más de muertes reales por la pandemia.

En el ambiente politizado en el que ya nos encontramos, previo a las disputadas elecciones de 2021, el número de 100 mil muertes oficiales por Covid será utilizado por los opositores y críticos como un símbolo del fracaso del Gobierno lopezobradorista en la atención de la emergencia por Covid, mientras que desde el gabinete de Salud buscarán acusar a la oposición y a la prensa crítica, de “lucrar políticamente” con un tema tan doloroso como es la muerte de los mexicanos.

De un lado, las dirigencias de los partidos de oposición, los gobernadores de la Alianza Federalista y los grupos empresariales adversos a la 4T, preparan una campaña para resaltar y restregar la cifra de los 100 mil fallecidos como un reflejo de la ineficacia y el desorden con el que el presidente López Obrador y su gabinete de Salud, encabezado por el muy polémico y cuestionado doctor Hugo López-Gatell, han manejado esta pandemia y ha colocado a México, con sus decisiones erráticas y su negación inicial de la gravedad del problema, como uno de los países con mayor índice de mortalidad por Covid en el planeta.

Del otro lado, en el Gobierno ya empezaron desde el viernes con el discurso que busca rechazar cualquier responsabilidad y que acusa a los medios y a los opositores de “faltarle al respeto a los muertos” al utilizar la cifra de las 100 mil defunciones como una forma de golpear y criticar a la Administración de López Obrador con fines políticos.

Lo que veremos esta semana será una batalla política de muy mal gusto entre la oposición y el Gobierno, unos para tratar de resaltar las cifras negativas del Covid como muestra del fracaso gubernamental y los otros con argumentos sofistas y de negación de la gravedad de la situación para evadir culpas y responsabilidades. Y en medio de esta patética guerra, estará una ciudadanía también dividida y enfrentada entre los que se cuidan y siguen las recomendaciones de usar cubrebocas, evitar reuniones y salir lo menos posible de casa, y los que, entre hartos e inconscientes, deciden que la vida tiene que seguir y siguen haciendo su vida social sin restricciones ni cuidados.

Así que preparémonos para un crudo y doloroso invierno. Y como siempre hemos dicho desde que empezó esta pandemia y su dimensión rebasó a nuestras autoridades políticas y sanitarias: que se cuide cada quien y cuide a los suyos, porque en esto, que es quizá el reto más grande para la sobrevivencia que hayamos enfrentado la mayoría de nosotros, vamos solos y por nuestra cuenta.
14 Noviembre 2020 04:04:00
El ‘huachicol’ en la importación de gasolinas
Producto de la corrupción que aún persiste en las 49 aduanas terrestres, marítimas y fronterizas del país, cientos de miles de litros de gasolina y diesel ingresan ilegalmente al país todos los días, a través de un contrabando constante en el que participan empresas, particulares y el crimen organizado.

Los combustibles importados no son reportados al fisco o se introducen con engaños y trucos, como declarar “aceites” para evadir el pago de impuestos especiales. Todas esas importaciones de combustibles, que pasan principalmente por las aduanas fronterizas de Tamaulipas y puertos como Manzanillo, son vendidas en el mercado ilícito de gasolinas que existe en México y que le genera a Pemex una pérdida de 40% del mercado legal de los combustibles, que significan 500 mil millones de pesos al año que pierde la paraestatal.

Un estudio interno de Pemex, elaborado por el consejero independiente Rafael Espino de la Peña y fechado en noviembre de 2019, alerta a la Dirección General de la empresa, encabezada por Octavio Espinoza, que a pesar del éxito en el combate al “huachicol” y la disminución en el robo de combustibles y terminales de almacenamiento de la empresa, que redujo las ventas de gasolina robada en las gasolineras, Pemex sigue perdiendo casi medio billón de pesos cada año por el mercado negro de gasolina y diésel.

Asimismo, señala que esta práctica continúa y ha crecido, a través de las importaciones ilegales de esos combustibles que ingresan desde el sur de Estados Unidos y en otros como importaciones “legales” pero que no son reportadas en las aduanas por la corrupción, el engaño y el negocio millonario que representan la venta de esos energéticos en el mercado ilegal, que generan flujos y ganancias cercanas a los 20 mil millones de dólares al año para el crimen organizado.

Más carros pero menos venta de gasolinas

El estudio ordenado por Pemex y que le fue presentado al presidente López Obrador desde el año pasado, es en buena parte la razón por la que el Presidente decidió entregarle al Ejército mexicano y a la Secretaría de Marina el control de las aduanas terrestres, al primero, y de los puertos marítimos, a la segunda.

La militarización de las Aduanas fue la salida del Mandatario ante el fracaso evidente que ha tenido su Gobierno para tratar de controlar la enorme corrupción que aún prevalece y que ocasiona una fuga de recursos al erario federal calculada en más de medio billón de pesos cada año.

Tres directores civiles que ha nombrado este Gobierno, primero Ricardo Peralta, luego Ricardo Ahued y ahora Horacio Duarte, no han podido controlar y menos acabar con la corrupción que el mismo Presidente definió como “el monstruo de 100 cabezas”, mientras que expertos en el tema consideran que las aduanas son el “píloro” de la corrupción en el país, porque por ella pasa todo.

El Peñato y el huachicoleo de importación

Para explicar porqué la estrategia de combate al robo de combustibles del presidente López Obrador, una de las primeras medidas adoptadas por su Gobierno en diciembre de 2018 al tomar posesión, que incluso ocasionó una crisis nacional de desabasto de gasolina y diésel durante enero y febrero del 2019, el análisis del consejero independiente de Pemex, Rafael Espino, explica que durante el sexenio de Peña Nieto el incremento gradual del IEPS y el IVA a las gasolinas, además de la “lógica anticonsumidor con que se llevó a cabo la Reforma Energética”, hicieron que con los llamados “gasolinazos” o aumentos en el precio de los dos combustibles, se rompiera la paridad histórica de precios que había entre México y Estados Unidos.

¿Podrá en algún momento el Gobierno de AMLO detener la sangría de recursos y el robo a Pemex que se creyó que terminaba con detener el robo a ductos, pipas y terminales de almacenamiento y con el desmantelamiento de la mafia interna, que alimentaba ese saque de los recursos energéticos del que participaba el crimen organizado?… Los dados mandan Serpiente Doble. Semana complicada.
12 Noviembre 2020 04:00:00
Los apasionados tabasqueños y su manía de hablar
La conseja popular dice que los tabasqueños hablan tanto que “por la mañana te inventan un chisme y por la tarde te lo comprueban”. Y todos los días, con sus alocuciones mañaneras, que suman 491 conferencias (la de hoy es la 492), López Obrador parece confirmar ese dicho tan popular en su tierra, no solo porque su conferencia de ayer rompió récord de duración con 3 horas y 12 minutos (192 minutos), sino por la cantidad de afirmaciones y aseveraciones sin sustento ni veracidad -incluidas acusaciones y señalamientos contra personas o instituciones- que todos los días realiza con todo el poder que tiene su palabra.

Ayer miércoles, según el ejercicio de revisión que realiza todos los días SPIN, del doctor Luis Estrada, el Mandatario tuvo su mañanera más larga y le dedicó más de 3 horas a comentar y discurrir, con algunos anuncios de programas de Gobierno incluidos, sobre los más diversos temas de los que él expone primero y de los que le preguntan después los reporteros. Tres horas para una conferencia, en un día de trabajo de un Presidente parecen muchas.

En el mismo gabinete y en el círculo cercano de Palacio Nacional, hay colaboradores que le han sugerido al Presidente modificar la frecuencia o la duración de las conferencias mañaneras, aunque nadie se atreve a sugerirle que las cancele porque saben que es quizá de lo que más le gusta de ser Presidente.

El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, le ha comentado al Presidente que tiene que disminuir su ritmo y dormir más porque está poniendo en riesgo su salud y le ha recomendado revisar toda su política de comunicación. Pero lo cierto es que, por más que se lo pidan, el tema de las conferencias diarias a primera hora, es algo que López Obrador tiene muy probado como un tema que le ayuda a fijar y manejar la agenda política y mediática no de ahora que es Presidente, sino desde que fue Jefe de Gobierno del antiguo DF, cuando inventó el ejercicio de salir todos los días, en aquel entonces a las 6 de la mañana, “porque así fijamos la agenda”, decía a sus comunicadores de entonces.

A dos integrantes de la 4T que ocupan puestos importantes y que conocen muy bien al Presidente, les he escuchado dos explicaciones del porqué Andrés Manuel López Obrador disfruta tanto de hablar todos los días y en ocasiones, como ayer, hasta por 3 horas seguidas. El primero me dijo que “como los medios siempre le negaron el acceso a hablar, a decir su palabra y su discurso político, en sus años de opositor al sistema, acumuló tantas ganas y tanta necesidad de hablar que hoy se desquita todos los días en las mañanas”. Y el segundo lo explicó de la siguiente manera: “Andrés creció en un Tabasco donde todas las mañanas, desde muy temprano, había un programa con el que todos los tabasqueños despertaban y oían todos los días, para después comentar todo lo que ahí se decía. Era el Telerreportaje, de Jesús Sibilla. Él lo escuchó durante años, desde niño, y aprendió esa dinámica: que lo que se dice desde muy temprano, se repite y se comenta durante todo el día”.

Sea cual fuere la explicación que se le quiera dar, está claro que el Presidente sabe que tiene una herramienta muy redituable política y mediáticamente.

No importa que en ocasiones, como ayer que duró más de 3 horas en su larguísimo e infructuoso discurso, el Presidente se gane a pulso las críticas y comentarios como el que le destinó su acérrimo adversario y “villano favorito”, el expresidente Felipe Calderón en Twitter: “Más de 3 horas ¿no tiene otra cosa que hacer el Presidente de México? ¿Algunos cientos de miles de damnificados? ¿Alguna pandemia que le ha quitado la vida a 100 mil mexicanos (probablemente 300 mil)? ¿Alguna crisis económica sin precedentes?”.
11 Noviembre 2020 04:00:00
Gobernadores, partidos y empresarios van juntos al 2021
Los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista han decidido llevar sus demandas de un nuevo federalismo fiscal hasta las urnas electorales.

Y en busca de romper la mayoría del presidente López Obrador en la Cámara de Diputados, se han acercado a un grupo de empresarios de Monterrey con los que dialogan sobre una estrategia conjunta hacia los comicios federales de 2021, en la que el eje principal sería una “alianza de facto”, con candidaturas apoyadas indistintamente por los votos del PRI, PAN, PRD y MC y un discurso común que exhibiera y denunciara “la fallida e irresponsable estrategia contra el Covid-19” responsabilizando al Gobierno lopezobradorista de los cientos de miles de muertos y más de un millón de contagiados que para las votaciones de junio del próximo año habrá en el país.

A través de intermediarios, los mandatarios aliancistas han hecho contacto con algunos de los poderosos capitanes regios, que están interesados en influir también en la próxima elección, y han comenzado a armar una estrategia en la que los gobernadores ofrecen 30% de candidaturas para el grupo empresarial del norte y una alianza de partidos, PRI, PAN, PRD y MC, para postular y apoyar candidatos comunes en al menos 100 distritos estratégicos de la República, con los que se puede quebrar el actual dominio legislativo de Morena.

Siguiendo el consejo que les dio el mismo Presidente en una de sus conferencias mañaneras, donde les dijo que si querían cambiar las leyes de coordinación fiscal “primero ganen la mayoría en el Congreso”, los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Aguascalientes, Michoacán, Durango y Colima trabajan en una estrategia conjunta, para que sus partidos hagan alianzas de facto y postulen a los candidatos mejor posicionados en cada distrito, de tal manera que la fuerza de todos los partidos se unifique para hacer ganar las votaciones a los candidatos con mayores posibilidades, sin importar de qué partido sean.

En los cálculos de la alianza de facto que trabajan los estados aliancistas, la apuesta es a 100 distritos, aunque en el escenario menos favorable consideran que con ganar 80 distritos electorales de mayoría se acaba automáticamente con el control que ejerce Morena en San Lázaro, y con un bloque opositor sólido, que enfrente al partido oficial en la próxima Legislatura, podrían no solo modificar el Presupuesto Federal, sino revertir algunas reformas a leyes secundarias y frenar incluso nuevos intentos de reformas constitucionales, porque también se rompería la mayoría calificada que requeriría el presidente López Obrador para hacer cambios constitucionales –como la reforma que ha comentado al Artículo 27 constitucional para revertir la participación privada en el sector energético– en la segunda parte de su Administración.

Así es que, si lo que quería el presidente López Obrador era que los 10 gobernadores, a los que no quiso recibir ni dialogar como bloque, ni él ni sus secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, ni de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se unieran para competirle en las elecciones de 2021 ya lo logró. La Alianza Federalista ya no solo es un grupo de mandatarios estatales que busca un nuevo Pacto Fiscal y una revisión del Convenio de Coordinación entre los estados y el Gobierno central; ahora también es un bloque electoral que, aliado con algunos de los empresarios más ricos de Monterrey, harán un frente electoral común con un objetivo concreto y claro: acabar con la mayoría legislativa de Morena y con ello buscar el descarrilamiento de la ya
afectada 4T.
10 Noviembre 2020 04:00:00
El líder social que no se quiso mojar los zapatos
La imagen de Andrés Manuel López Obrador sobrevolando en helicóptero y observando desde las alturas el drama y la tragedia que vive su estado por las inundaciones que comenzaron desde el pasado 4 de octubre, y que se agravaron la madrugada del sábado pasado, ilustra muy bien por qué sus paisanos tabasqueños están molestos, dolidos y decepcionados.

No solo por el grave anegamiento que padecen cíclicamente cada año, sino porque sienten que el Presidente, su paisano, los abandonó a su suerte y el día que llegó –con un mes de retraso– a reconocer la gravedad de la situación, ni siquiera se acercó a los tabasqueños, que hoy lo han perdido todo y tienen que estar viviendo en albergues, y en contra de su costumbre y sus históricas luchas sociales, que comenzaron justo en estas tierras que hoy están bajo el agua, ni siquiera se mojó los zapatos.

El Presidente no tenía planeado visitar Tabasco y había pasado la noche del viernes en Tepic, donde después de supervisar una obra carretera había pernoctado y desayunó muy temprano, mientras se preparaba para viajar a Sinaloa.

Fue cerca de las 8 de la mañana cuando el Mandatario tomó la decisión de suspender su gira y, en contra de su costumbre y de su acostumbrada austeridad, ordenó que un avión de la Fuerza Aérea lo trasladara de emergencia a Tabasco para supervisar personalmente la gravedad de los daños y las inundaciones.

Mientras el Presidente sobrevolaba y veía desde las alturas la tragedia, abajo, entre el calor del trópico y las calles de Villahermosa y de los municipios convertidos en ríos, los reclamos de sus paisanos hervían por el abandono que sienten de quien, habiendo salido de su misma tierra, hoy despacha en Palacio Nacional.

Había tardado un mes en ir a verlos en medio de su desgracia y ahora que había llegado tampoco pudieron verlo. ¿Qué le impidió al luchador social que andaba lo mismo en los pantanos que en los humedales apoyando las luchas de los indios chontales o tomando pozos para apoyar las demandas de las comunidades tabasqueñas en contra de Pemex, bajar a tierra y acercarse a sus desesperados paisanos?

¿Por qué evitó el Presidente mojarse los zapatos y hasta el pantalón para escuchar a los que perdieron todos sus bienes en estas inundaciones? ¿Fue miedo a escuchar los reclamos en el tono airado y apasionado del trópico, fue solo prudencia o de plano se perdió la sensibilidad que lo ha caracterizado en su larga lucha política?


Las respuestas a esas preguntas pueden ser muy disímbolas según quien las responda; pero lo que quedó como un hecho el sábado pasado es que, a pesar del discurso de que “todo el Gobierno está apoyando” a Tabasco y a sus municipios afectados hay un sentimiento de abandono del Gobierno que pensaron más los cuidaría por el paisanaje.

El reclamo entre los tabasqueños es que, además de la falta de inversión en las obras hidráulicas que otros gobiernos les prometieron y dejaron inconclusas y que este Gobierno no retomó ni invirtió tampoco en dos años, también mucho tuvo que ver en el desbordamiento de ríos y el anegamiento de pueblos, las decisiones que ha venido tomando la Comisión Federal de Electricidad para el desfogue de presas.

Para decirlo simple y directo, tal como lo dicen en el trópico tabasqueño, hoy sumido en la desgracia, “la culpa es de Manuel Bartlett”, y ni aún con su visita del sábado y con medio Gabinete y la Marina que les mandó a ayudarlos, los tabasqueños no sintieron la presencia y el apoyo de su paisano en su visita relámpago en la que pasó apenas unas horas en su tierra y regresó a Palacio Nacional con los zapatos secos.
09 Noviembre 2020 04:00:00
No felicitar a Biden, la decisión personal del Presidente
A contracorriente de lo que le recomendaron con insistencia, tanto el canciller Marcelo Ebrard, como la embajadora Martha Bárcena —que a pesar de sus conocidas diferencias coincidieron en que el presidente López Obrador debía salir a reconocer el triunfo del candidato demócrata Joe Biden y felicitarlo a nombre del Gobierno de México—, el Mandatario mexicano decidió no escuchar las recomendaciones de los encargados de la política exterior y de la relación con Estados Unidos y optó por decir que esperará “a que se resuelvan todos los asuntos legales” en la elección presidencial de Estados Unidos.

La posición que tomó el Presidente mexicano, a partir de un desconocimiento total del sistema electoral estadunidense, causó sorpresa no solo fuera de México sino entre sus propios colaboradores que desde muy temprano, por la mañana, le habían explicado la necesidad y la importancia de que se pronunciara en reconocimiento del triunfo de Biden, como ya lo habían hecho la mayoría de los líderes del mundo, empezando por el otro miembro del T-MEC, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien fue el primero de los jefes de Estado en felicitar públicamente al candidato demócrata a través de su cuenta de Twitter.

En tanto el Presidente mexicano vacilaba, desde todo el mundo, incluido Nicolás Maduro en Venezuela y el resto de Latinoamérica, con excepción de Brasil, seguían fluyendo los reconocimientos y los mensajes de felicitación: Alberto Fernández, de Argentina; Iván Duque, de Colombia; Sebastián Piñera, de Chile; Martín Vizcarra, de Perú, lo hacían el mismo sábado mientras que el domingo se sumaba al reconocimiento el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Desde Tabasco, a las 6 de la tarde, López Obrador dio su mensaje: “Quiero esperar a que termine el proceso electoral, nosotros padecimos mucho de las cargadas, de cuando nos robaron una de las veces la Presidencia y todavía no se terminaban de contar los votos y ya algunos gobiernos extranjeros estaban reconociendo a los que se declararon ganadores”.

En el razonamiento de López Obrador para no reconocer aún el triunfo de Joe Biden está la idea del Mandatario de que el sistema electoral de Estados Unidos es similar al de México, algo totalmente equivocado. Si bien Donald Trump se niega a reconocer aún su derrota y amenaza con llegar a la Suprema Corte y con todo y que los colegios electorales pueden tardar meses en dar sus resultados finales, la realidad es que el conteo de los votos hecho por cada estado le da a Joe Biden y a Kamala Harris una ventaja irreversible de 290 votos. Son los estados de la Unión Americana los que allá definen la elección y no hay, como acá, una autoridad central electoral que vaya a resolver nada.

No hay ninguna razón política o diplomática por la que nuestro país y su Gobierno deban alargar un reconocimiento que ya hicieron la mayoría de los países y que tarde o temprano tendrá que hacer la Administración de López Obrador, pero entre más se tarde el Mandatario mexicano más podría complicar su relación con la próxima administración Biden.

Lo más delicado de la posición que asumió México, es que el Presidente ni siquiera escuchó lo que le decían sus asesores en política exterior y en la relación con Estados Unidos, que le recomendaron en todo momento salir a reconocer el triunfo de Biden. No entender que la Era Trump ya terminó y que nuestro país tiene que empezar a construir su nueva relación para la Era Biden puede ser muy costoso no solo para el Gobierno de López Obrador, sino para todos los mexicanos.
07 Noviembre 2020 04:04:00
Rosario y las traiciones
A Rosario Robles, en su carrera como política, la han perseguido dos cosas: su pasión por la política, desarrollada desde que era líder sindicalista en la UNAM, y su confianza excesiva en políticos hombres que primero la encumbraron y luego la traicionaron.

Su ascenso en la política, sus caídas y sus regresos siempre estuvieron marcados primero por su trabajo como mujer que rompió esquemas y paradigmas en la política, pero también por los hombres con los que trabajaba y a los que también ella impulsó y ayudó con su trabajo político, pero que por razones diversas terminaron por afectarla, al grado de que hoy está en la cárcel, primero por un delito que no ameritaba prisión, y ahora le acaban de dictar una segunda orden de aprehensión por dos delitos graves: asociación delictuosa y lavado de dinero.

Desde sus inicios políticos como parte de la dirigencia del STUNAM, Rosario tuvo la habilidad de acercarse a figuras políticas masculinas que la ayudaron a abrirse camino.

En 1987 se acercó a Cuauhtémoc Cárdenas y fue parte de la fundación del PRD, tras el rompimiento de la Corriente Crítica del PRI. El ingeniero Cárdenas la volvió una de sus operadoras de confianza y la apoyó a tal grado que cuando llegó a ser Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, la convirtió en su secretaria de Gobierno y, tras su renuncia para buscar ser candidato presidencial, la dejó como su sustituta al frente de la capital del país, de la que Robles se convirtió en la primera mujer en gobernarla en toda su historia.

El tabasqueño que le estaba agradecido, la hizo dirigente nacional del PRD. Para entonces la exjefa de Gobierno y lideresa del PRD había crecido en su dimensión política y ya no necesitaba —o al menos eso creyó ella— ni de la sombra de Cárdenas ni la de AMLO para emprender su propio grupo político. Junto a figuras como Ramón Sosamontes y otros políticos perredistas creó su propio proyecto político personal y para financiarlo se acercó al empresario argentino Carlos Ahumanda, a quien había conocido como contratista y con quien había trabado una relación tan estrecha que pasó de lo político a lo personal.

El golpe judicial contra Carlos Ahumada por haber filtrado los videos en los que René Bejarano recibía los fajos de billetes que se metía en la bolsa, terminó por hacer huir a Cuba y después pisar la cárcel al argentino y echó por tierra también los proyectos políticos de Rosario Robles, que terminó estigmatizada y tuvo que renunciar a la dirigencia nacional del PRD en agosto de aquel año. La venganza del Jefe de Gobierno, López Obrador, contra el empresario argentino fue fulminante y el golpe fue también para Rosario a la que prácticamente terminó expulsando del perredismo, a pesar de la relación tan cercana que apenas tres años antes habían tenido y del apoyo que ella le había dado para convertirse en gobernante de la ciudad capital.

La misma Rosario Robles ha comentado a amigos y familiares suyos que la han visitado en la cárcel que se siente “abandonada y traicionada” por el expresidente en el que tanto confió y al que apoyó incondicionalmente y de otros personajes del gobierno peñista que se decían sus amigos y con los que ella tuvo lealtad y amistad.

Una anécdota que cuentan excolaboradores cercanos de Peña Nieto: que antes de que terminara su gobierno, en el último mes, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, fue a ver al Presidente a su despacho en Los Pinos para pedirle instrucciones.

“¿Qué hago, tenemos todas estas averiguaciones abiertas y pendientes, si las dejo así las podrían retomar en el siguiente gobierno”, dijo Elías Beltrán mientras ponía sobre la mesa una baraja de expedientes penales. Peña miró las carpetas de investigación, cuenta la fuente, y como si jugara un juego de azar fue apuntando con el dedo las que debían ser cerradas y finiquitadas para que no las recibiera el nuevo procurador general de la República. Apuntó casi todas, menos dos que no debían cerrarse y una de esas dos era la investigación contra Rosario Robles Berlanga por los desvíos millonarios de la Sedesol. Aquel día en Los Pinos se decidió el destino de Rosario… Los dados mandan Escalera Doble. Subida automática.
05 Noviembre 2020 04:03:00
Confronta Videgaray a la FGR con AMLO
Las acusaciones en contra del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, formuladas y defendidas por la Fiscalía General de la República, han dejado ver diferencias entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero, porque van dos días consecutivos en los que el Presidente insiste en que la orden de aprehensión solicitada en contra de Videgaray fue “rechazada por el juez”, mientras que la Fiscalía niega que haya existido tal rechazo e insiste en defender la solidez de sus investigaciones contra el poderoso exsecretario de Hacienda.

Parece como si en Palacio Nacional, concretamente el Presidente, no estuviera muy convencido de proceder contra el exhombre fuerte del sexenio pasado, quien fue por cierto el encargado de fungir como interlocutor entre él y Peña Nieto cuando comenzaron a dialogar, a partir de mayo de 2018, sobre el reconocimiento del triunfo de López Obrador y el pacto para una transición pacífica. Videgaray negoció en aquella campaña presidencial con personajes del primer círculo lopezobradorista, como Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, los términos de lo que fue, en los hechos, una rendición anticipada del Gobierno peñista y un pacto de civilidad entre los dos grupos políticos.

Tal vez por eso y por la influencia que aún mantiene Jared Kushner (protector de Videgaray) como el conducto para la relación con Donald Trump con el Gobierno de López Obrador, es que el Presidente se ha mostrado tan escéptico sobre la averiguación previa abierta por la FGR y ha contradicho incluso un comunicado oficial de la institución autónoma, en el que habían desmentido su primera afirmación sobre un rechazo a la orden de aprehensión en contra del también excanciller de México en el Gobierno pasado.

Y es que en el análisis interno que hicieron en las áreas jurídicas de la Presidencia sobre el expediente contra Videgaray, concluyeron que no había “elementos sólidos y suficientes” contra el peñista e incluso cuestionaron que se haya incluido entre las cinco acusaciones en su contra el delito de “traición a la Patria” porque eso denota, según los abogados de Palacio, “que no tienen nada más y por eso lo metieron”. Sin embargo, en la Fiscalía no piensan lo mismo y han defendido con todo su averiguación previa, al grado de contradecir y desmentir públicamente al Presidente, con lo que se confirma la intención y la instrucción de Gertz Manero de insistir en obtener la orden de aprehensión en contra del exfuncionario.

En medio de la confrontación entre Gertz y el Presidente, fuentes del Poder Judicial Federal confirman que la orden de aprehensión no fue negada por el juez, pero que el funcionario judicial sí le regresó “en corto” el expediente al Ministerio Público Federal con algunas observaciones para que mejorara su integración y no tener que negarles la petición. Esa, nos dicen las fuentes, no es la primera vez que pasa.

Así es que, a juzgar por lo que ambos han dicho en estos últimos dos días, desde que se filtró la existencia de una averiguación previa con orden de aprehensión en contra de Videgaray Caso, filtración de la que por cierto rechazó su autoría la FGR y cuestionó la legalidad de quienes filtran expedientes a la prensa (como sugiriendo que la filtración salió del Gobierno), es claro que mientras el fiscal Gertz Manero quiere ir con todo contra el poderoso extitular de Hacienda, a quien ve como una pieza clave para sostener el caso de Emilio Lozoya y justificar el trato que la Fiscalía le dio al exdirector de Pemex, en Palacio Nacional no parecen muy convencidos de que se acuse al exsecretario de Hacienda, con el que negociaron muchas cosas en 2018 y, en previsión de lo que pase en Estados Unidos en las próximas horas, lo saben aún protegido por el Gobierno de Trump. ¿Será que si gana Joe Biden eso cambia y entonces sí a Videgaray se le caen sus protectores en EU?… Los dados mandan Escalera. Hacia arriba.
04 Noviembre 2020 04:03:00
Pánico en Madrid
La escena que nos describen desde la capital española no se refiere a las reacciones populares ante los nuevos confinamientos obligatorios por el Covid; se refiere más bien a un tipo de pánico distinto: el que experimenta el expresidente Enrique Peña Nieto por las noticias que le han llegado desde México, en las que se cierra el círculo para una posible acusación en su contra, ya no solo por el tema de Emilio Lozoya y el financiamiento ilegal de Odebrecht a su campaña, sino también por el anuncio de que otro Emilio, Zebadúa, será testigo protegido y hablará de cómo se instrumentó y ejecutó en su Gobierno el saqueo millonario del presupuesto federal a través de la llamada Estafa Maestra.

Las declaraciones de esos dos Emilios han puesto muy angustiado a Peña Nieto, quien desde su lujosa mansión en La Finca, en Pozuelos de Alarcón, ha comentado a sus amigos cercanos –los pocos que aún lo buscan– que “le preocupa seriamente” lo que pudiera declarar en su contra el exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu en su Gobierno, Emilio Zebadúa González, quien le pidió a la FGR el beneficio de un criterio de oportunidad (lo mismo que convertirse en testigo colaborador) a cambio de revelar cómo se le ordenó desde Los Pinos y desde la oficina de su dos veces jefa, la secretaria Rosario Robles, ejecutar las contrataciones fraudulentas a universidades públicas e institutos estatales para sacar dinero del erario y mandarlo a las campañas del PRI.

“Está apanicado, aterrado y ya se quiere mover de Madrid porque teme que haya acusaciones en su contra”, nos dijo la fuente cercana al expresidente, que insistió en que, a pesar de que el tema de Lozoya ya lo tenían analizado y estudiado jurídicamente, para combatir judicialmente los argumentos y las imputaciones de su exdirector de Pemex, ahora la irrupción de Emilio Zebadúa como posible testigo colaborador de la FGR le puede complicar las cosas al exmandatario, que siente que hay una consigna desde Palacio Nacional para que procedan en su contra.

Las declaraciones que rinda Zebadúa sobre las operaciones de contratos simulados en Sedesol y Sedatu, para obtener recursos que presuntamente se usaban para financiar al PRI, involucrarían directamente al expresidente y podrían también apuntar a Videgaray, pues al final era él quien desde Hacienda autorizaba los pagos y las operaciones.

El pánico de Peña Nieto ante estas investigaciones es directamente proporcional al que siente Luis Videgaray desde Boston, ante la confirmación de que sí hay una orden de aprehensión en su contra, según lo confirmó ayer la Fiscalía General de la República, que incluso desmintió al presidente López Obrador, al negar que ningún juez les haya notificado hasta ahora la negativa o el rechazo de esa solicitud de aprehensión.

La existencia de esa orden en contra de Videgaray explica por qué reaccionó tan virulento cuando en esta columna publicamos que estaba buscando, a través de empresarios israelíes amigos suyos, una posible residencia legal en Israel, ante el temor de que hubiera alguna acción judicial en su contra.

Y mientras Peña y su exhombre fuerte se muestran angustiados, la que está más que molesta y acusa “traición y abandono” del expresidente al que tanto defendió y apoyó es Rosario Robles, quien desde prisión no deja de hablar de las traiciones en su contra, primero por Peña que se olvidó de ella y la dejó sola y ahora, al parecer, por su otro hombre de confianza, Emilio Zebadúa, quien declararía como testigo colaborador en su contra. Es la historia de Rosario y las traiciones de los hombres en los que confía.

Por lo pronto en un análisis interno en el Gobierno de López Obrador, se concluyó que no había muchos elementos jurídicos y legales para acusar a Luis Videgaray, pero lo que sí hay, se dijo, es intención y voluntad política para procesar al poderoso exsecretario, como un “paso necesario y obligado” para llegar al expresidente Peña Nieto.

Lástima que a estas alturas ya no hay quien le pueda decir a Peña y a Videgaray “calma, que no cunda el pánico”.
03 Noviembre 2020 04:02:00
EU, a las puertas de un conflicto, ¿Resistirá  su democracia?
Una de las democracias más sólidas del mundo occidental estará hoy a prueba. La misma democracia que se ha promovido como el modelo a seguir y a imitar por muchos países en el mundo, la que en su nombre ha sometido a naciones, ha derrocado líderes con golpes de Estado y ha incendiado países con revoluciones intestinas por la imposición de regímenes leales a Washington, tiene en este martes uno de los retos más fuertes de su historia en los 244 años de existencia de los Estados Unidos.

Lo que se definirá este 3 de noviembre en las urnas, con casi 75% de los votos ya emitidos de manera anticipada, no es solo quién gobernará al país más poderoso del mundo en los próximos cuatro años, sino si la democracia de Estados Unidos podrá seguir siendo esa referencia obligatoria para el resto del mundo y particularmente para América Latina.

Un triunfo de Joe Biden o del propio Trump que no sea lo suficientemente claro y amplio, tanto en los votos como en los colegios electorales de los estados de la Unión Americana, dejaría como último recurso el arbitraje de la Suprema Corte de Justicia.

Y si cualquiera de los dos candidatos que pierda lo acepta y reconoce (especialmente el presidente Donald Trump, quien ha puesto la legalidad en duda si hay un resultado adverso en su contra), ahí terminaría todo y si acaso reviviríamos el fantasma de 2000 con la apretada victoria de George W. Bush en Florida; pero si eso no ocurre y lo que sobreviene es una descalificación total del proceso por el candidato republicano, entonces entraríamos a un escenario inédito e impredecible para Estados Unidos.

Una crisis política y electoral, en el actual ambiente de división y polarización que tiene la fracturada sociedad estadunidense, sería el detonante de posibles conflictos sociales, políticos y hasta raciales en las calles de las principales ciudades del poderoso país.

La presencia de grupos tan antagónicos e irreconciliables como los supremacistas blancos de Proud Boys, los armamentistas de Alt-Rigth, el aún vivo KKK o hasta los neonazis que apoyan a Trump, contra el movimiento Black Lives Matter o las organizaciones de latinos y proinmigrantes en EU sería un choque difícil de controlar en las calles.

La forma en que un conflicto político o racial en EU, que incluya disturbios o confrontaciones en las calles, impactaría al mundo es previsible. Lo primero sería la afectación de los mercados financieros y la caída del dólar, que pondría en jaque a la Bolsa y a la economía estadunidense y con ella a las economías que dependen directamente de ella como es el caso marcado de la economía mexicana. Luego vendría un efecto político: si llegara a ponerse en jaque o incluso a colapsar un sistema político y democrático que ha sido hasta ahora el emblema del mundo occidental, el impacto geopolítico sería brutal y reforzaría la ola de extremismos nacionalistas que ha emergido en todo el planeta con líderes populistas y demagógicos, de derecha o de izquierda, que podrían ganar terreno si se desacredita a una de las principales democracias del planeta.

Pero a reserva de lo que ocurra este martes clave y de cómo se procese la complicada elección presidencial, aún en el escenario más ideal donde el perdedor acepte la derrota y no haya conflicto, la división de la sociedad estadunidense y el daño que le ha hecho a su sistema político una figura como la de Donald Trump parecen tan profundas que aún un triunfo claro de Biden tardaría tiempo en retomar el equilibrio perdido y cerrar tantas heridas que hoy están abiertas en la nación más poderosa del mundo.
02 Noviembre 2020 04:03:00
El espejo de Europa y el narciso de Palacio
A lo largo de la historia, sobre todo en el siglo 21, antes de que nuestra economía y cultura se asimilaran casi por completo a los Estados Unidos, México siempre miró a Europa como el referente que marcaba la pauta en los asuntos de la cultura, arquitectura y las tendencias artísticas, además de las ideas políticas y democráticas que llegaban desde el viejo continente en épocas en que las naciones europeas dictaban la hegemonía mundial. Hoy ya no son esos tiempos y las antiguas potencias europeas no tienen tanta influencia en la vida mexicana, como la tienen el Gobierno y el sistema estadunidenses, pero en términos de lo que sucede en el mundo con la pandemia de Covid-19, a nuestro país le ha servido más en esta difícil coyuntura observar e imitar lo que han hecho naciones como España, Francia, Italia, Alemania o Inglaterra, que tratar de imitar el modelo que, de la mano de Donald Trump resultó en una auténtica tragedia para nuestro poderoso vecino.

Por eso en estos momentos en los que el mundo vive lo que la OMS ha considerado la “segunda oleada” de contagios de Covid en el planeta, a las autoridades mexicanas, particularmente el Gobierno del presidente López Obrador, más les valdría poner mucha atención a lo que está sucediendo en Europa y a la manera en cómo las autoridades nacionales de la Comunidad Europea están enfrentando estos segundos brotes de Covid, para que cuando venga en México esa nueva oleada no nos tome como hasta ahora nos ha golpeado tan fuertemente esta pandemia: en la desorganización y el caos nacional, con una estrategia que a pesar de que no ha dado resultados y nos ha convertido en el cuarto país del mundo con más muertos, se insiste en mantener sin variaciones y sin políticas públicas bien definidas.

A diferencia de las decisiones que han tomado gobiernos como el de Pedro Sánchez, en España; Emmanuel Macron, en Francia; Angela Merkel, en Alemania, o el más drástico hasta ahora, el primer ministro británico Boris Johnson, que acaba de decretar el cierre total de la economía y de su país a partir de este próximo jueves y hasta el mes de diciembre, en México el gobierno de López Obrador sigue con la misma política y mentalidad con la que empezó a enfrentar esta pandemia mundial en febrero de este año: no reconocer la gravedad del problema, no tomar decisiones ni acciones de autoridad para imponer medidas obligatorias.

López Obrador se niega a tomar medidas obligatorias y constitucionales, con los instrumentos legales que le da su autoridad y su tan cacareada representatividad popular, no porque sea un demócrata convencido y defensor de las libertades que todos los días ataca en sus conferencias mañaneras, sino porque no quiere ver afectada su popularidad y su imagen de “benefactor del pueblo bueno y sabio” y menos ante las elecciones que se avecinan en las que juega la supervivencia de su proyecto político y de Gobierno.

Hoy que nuestro país otra vez parece ir a la deriva en el río de la pandemia, mientras nos aproximamos a una zona de rápidos y de caídas profundas, más valdría que volteáramos a vernos en el espejo de Europa y en las medidas que están tomando sus liderazgos políticos, antes de que sea demasiado tarde y nos convirtamos, junto con nuestro vecino del norte, hoy más preocupado y ocupado por resolver los conflictos políticos, electorales y sociales que se le avecinan, en la región del mundo más golpeada por esta pandemia y con más muertos por Covid en todo el planeta.
31 Octubre 2020 04:03:00
Va el Presidente por más fideicomisos
El presidente López Obrador ha dado la instrucción a su Gabinete de desaparecer otros 82 fideicomisos y fondos públicos que administran recursos financieros por casi 60 mil millones de pesos, que pasarían al presupuesto del Gobierno federal para ser utilizados “en la atención de la pandemia por Covid”. Los nuevos instrumentos financieros que se desaparecerán están adscritos y administrados en varias secretarías del Gabinete federal y en organismos públicos descentralizados, y comprenden desde el Fondo para la Protección de los Derechos Humanos, de donde se pagaban indemnizaciones o apoyos a personas violentadas en sus garantías fundamentales por el Estado, hasta el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

La lista de los 82 nuevos fideicomisos que deberán ser eliminados ya fue enviada a las distintas dependencias federales desde la Presidencia de la República con la instrucción precisa de que procedan a su desaparición inmediata, que en estos casos, por tratarse de fondos y fideicomisos que son de acceso directo para las dependencias públicas, no requieren de aprobación en la Cámara de Diputados y solo serían materia de un decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación para dar aviso de su extinción por causa de utilidad pública, aunque sí tendrán que seguir todo el proceso legal y administrativo para extinguir esos instrumentos.

Con los 60 mmdp que se obtendrán de esta extinción, el Gobierno de López Obrador sumaría ya una bolsa de 128 mil millones de pesos, cuyo destino no está debidamente transparentado ni etiquetado. En total, con los 82 fondos ya enlistados, sumarían 191 fideicomisos y fondos extintos, sumados los 109 que ya extinguieron los diputados y senadores, aunque todavía permanecerían activos cerca de 150 fideicomisos públicos que administran un total de 600 mil millones de pesos en sus arcas.

También los estados tienen sus fideicomisos

En la Secretaría de Hacienda tienen documentada la existencia de 322 fideicomisos creados y administrados por los 32 estados de la República y que en conjunto administran fondos por 290 mil millones de pesos de recursos públicos que, en muchos de los casos, no son fiscalizados ni reportan sus movimientos porque se amparan en el secreto fiduciario.

Aunque prácticamente en las 32 entidades tienen y utilizan estos instrumentos fiduciarios, el estado de la República que mayor número de fideicomisos tiene activos es Aguascalientes, que administra 13 mil 519 millones de pesos en 14 fideicomisos estatales; le sigue CDMX con 5 mil 103 mdp depositados en 14 fideicomisos; el tercer lugar lo ocupa Veracruz, que invierte 4 mil 697 mdp distribuidos en 22 fideicomisos; Puebla, con 2 mil 114 mdp en 26 fideicomisos; Morelos con mil 888 mdp en 13 fideicomisos; Jalisco, con mil 693 mdp en 43 fideicomisos (es el estado con más cantidad de fideicomisos); Nuevo León, que administra mil 583 mdp a través de 33 fideicomisos y Chihuahua, que tiene depositados mil 507 mdp en 10 fideicomisos.

La pregunta obligada y necesaria, sobre todo para los gobernadores que han defendido la permanencia de los fideicomisos en el Gobierno federal y han cuestionado su desaparición, es ¿qué tantos de las decenas de fideicomisos que tienen en sus estados resisten una auditoría y una revisión del uso y destino de los recursos públicos que administran?

Sería importante que los gobiernos estatales hicieran un ejercicio de transparencia e informaran con ánimo de rendición de cuentas cuántos fideicomisos y fondos públicos se manejan con recursos estatales y cómo se ejercen esos recursos. Digo, para que hubiera congruencia entre el decir y el hacer… Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.
29 Octubre 2020 04:00:00
Caso Cienfuegos: México exige pruebas y condiciona a la DEA
El Gobierno de México solicitará, por las vías diplomáticas correspondientes, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA le entreguen un expediente con las pruebas que tuvieron para solicitar la detención y el procesamiento del general Salvador Cienfuegos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero, a fin de que sea analizado por las áreas jurídicas mexicanas para saber si hay o no elementos que justifiquen las graves acusaciones contra el exsecretario de la Defensa. En caso de que se niegue la información del proceso en contra del general retirado, las autoridades mexicanas podrían restringir, en represalia, la colaboración y el intercambio de información con la DEA en el combate al narcotráfico.

Esa es la posición que definió el presidente López Obrador con su Gabinete de Seguridad y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de analizar detalladamente el hecho que los tomó por sorpresa el pasado 15 de octubre, cuando sin ningún tipo de aviso o comunicación oficial, fue detenido el exjefe del Ejército mexicano con todo y su familia, cuando llegaba en un avión a la ciudad de Los Ángeles. Antes de definir cualquier acción o investigación interna, en un caso que al propio jefe del Ejecutivo mexicano lo agarró en un principio desinformado y sin conocer bien las acusaciones contra Cienfuegos, la Administración lopezobradorista determinó que se deben conocer las pruebas con que cuenta la justicia estadunidense y su agencia antidrogas, para haber hecho una detención inédita que golpeó a las Fuerzas Armadas mexicanas.

Y es que en un análisis interno que hicieron miembros del gabinete de seguridad federal, al menos un par de secretarios que participaron en esas reuniones barajaron que la detención del general Cienfuegos podría ser una represalia de la DEA por el caso del fallido operativo para detener y extraditar a Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo”, ocurrido el 17 de octubre de 2019 en la ciudad de Culiacán. Aquella detención se planeó y ejecutó con información de inteligencia que entregó directamente la agencia antidrogas estadunidense.

Para la DEA, el Ejército mexicano siempre ha estado vinculado al cártel de Sinaloa y a sus distintas derivaciones. El intercambio de protección y un supuesto “padrinaje” hacia los narcos sinaloenses son parte del argumento histórico con el que la agencia antidrogas del país vecino ha justificado su animadversión hacia los militares mexicanos, una desconfianza además mutua, porque tampoco en el Ejército confían en la DEA ni aceptaban su intervención y operaciones en territorio de México.

Lo que llevó al presidente López Obrador a rectificar su posición original en torno a la presunta culpabilidad del general Cienfuegos, cuya detención en un principio mencionó como “muestra inequívoca de la descomposición del régimen”, fue la enorme presión que se generó en las Fuerzas Armadas, en donde generales retirados y algunos en activo, cuestionaron que el Gobierno de México validara, sin conocer pruebas ni la investigación, las acusaciones estadunidenses en contra de un exsecretario de la Defensa del país. Las expresiones de descontento y desánimo entre las cúpulas militares por la posición inicial del Presidente, hicieron que López Obrador replanteara el tratamiento del asunto y decidiera primero exigir pruebas al Gobierno de Estados Unidos, antes de validar un proceso judicial que aún genera dudas sobre su solidez y veracidad en México.

Para presionar al Departamento de Justicia y la DEA es que se decidió condicionar a que si no se entregan pruebas, el Gobierno mexicano revisará sus acuerdos de cooperación y de intercambio de información e incluso la entrega de narcotraficantes detenidos, particularmente con la DEA, de cuyas razones para detener y acusar al militar mexicano no se tiene plena certeza ni confianza. ¿Mandarán desde Washington las pruebas que exigen en Palacio Nacional?… Los dados mandan Escalera. Subimos.
28 Octubre 2020 04:00:00
Consultas en los estados sobre el centralismo
La respuesta despreciativa que ayer martes le dio el presidente López Obrador a los 10 gobernadores que le pidieron diálogo para revisar el Presupuesto Federal 2021, advirtiéndole que de no hacerlo podrían abandonar el Pacto Federal, atizó la tensión entre la Federación y esos 10 estados, de los cuales ayer al menos cinco de ellos, Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Tamaulipas y Michoacán, anunciaron que harán “consultas populares” entre su población para preguntarles si están de acuerdo con el trato fiscal que les da el Gobierno central y con el dinero de los impuestos que el centro les devuelve a sus estados.

Con el anuncio de estas consultas, que ya empezaron a hacer en sus eventos públicos a mano alzada y en las redes sociales, los gobernadores de la Alianza Federalista le darían al Presidente “una sopa de su propio chocolate” al promover estos ejercicios a los que es tan afín López Obrador.

Ayer mismo cuando, desde Palacio Nacional desestimó y minimizó el ultimátum que le dieron los 10 mandatarios estatales al calificarlos como “actos electorales” y decir que no podía sentarse a dialogar con ellos “porque hay que cuidar la investidura presidencial”, los gobernadores le respondieron al Presidente diciéndole que le tomaban la palabra y que convocarían a sendas “consultas” para preguntarle a los habitantes de sus estados si estaban de acuerdo con el trato que les daba la Federación en materia de presupuesto y cobro de impuestos.

El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, instruyó ayer a su secretario de Gobierno a revisar la viabilidad de una consulta popular en su estado mientras les preguntaba en Twitter a los neoleoneses: “¿Cómo ven? ¿Hacemos una consulta pública para decidir si seguimos siendo los que más le damos a la Federación, a pesar de que nos devuelven solo 28 centavos por cada peso que mandamos, o que Nuevo León se quede con lo que contribuye?”, mientras que en Jalisco, Enrique Alfaro, que dijo “tomarle la palabra al Presidente” y anunció la realización también de una consulta estatal, empezó ayer con un “ejercicio de calentamiento” en un acto con campesinos a los que les preguntó: “¿Estamos dispuestos a seguir pagándole impuestos a la Federación para que ellos se queden con nuestro dinero y no le rindan cuentas a nadie?”, y todos los asistentes votaron a favor a mano alzada.

Abrir la vena del rechazo casi general al centralismo que existe en la República Mexicana, por las realidades históricas y comprobables de gobiernos que consintieron demasiado al centro y descuidaron o menospreciaron las necesidades y el desarrollo de los estados, es un tema harto previsible y peligroso para todos, tanto los gobiernos estatales, que pueden desatar chovinismos locales que revivan viejos afanes separatistas, como para el Gobierno federal y para el mismo presidente López Obrador que puede fragmentar y balcanizar a una nación ya de por sí polarizada y dividida por regionalismos culturales, diversidades sociales y étnicas y hasta diferencias políticas.
27 Octubre 2020 04:00:00
Ultimátum de estados a AMLO: diálogo y respeto o rompen Federación
Mientras el presidente López Obrador profería amenazas y amagos contra las empresas privadas del sector energético con las que su Gobierno libra una batalla legal, 10 gobernadores de la República le lanzaron ayer lunes un ultimátum a su Gobierno “en defensa del Federalismo”, de los fideicomisos y del presupuesto para sus estados, en el que advirtieron que si el Presidente sigue sin atender su petición de diálogo para revisar las necesidades presupuestales de los gobiernos locales y se niega a revisar el proyecto de Presupuesto para 2021, las 10 entidades que representan podrían tomar una ruta de rompimiento para salir del Pacto Federal y abandonar la República.

De manera coordinada y simultánea los 10 mandatarios de la Alianza Federalista pronunciaron desde las capitales de sus estados un discurso similar en el que exigieron a López Obrador dejar de desairar y atacar a sus estados minimizando y despreciando sus peticiones de mayor presupuesto.

En todos los actos públicos, los gobernadores se hicieron acompañar de los representantes de los tres poderes públicos y de los sectores más representativos de cada lugar para mandar el mensaje de que “no solo somos los gobernadores”, sino 10 entidades (Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Durango, Colima y Aguascalientes) cuyos habitantes exigen respeto y diálogo de la Federación.

“Estamos aquí para mandar un mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de la Federación”, lanzó el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, desde el Hospicio Cabañas de Guadalajara.

En Chihuahua, Javier Corral, lo secundó con la advertencia de que si no hay respuesta a su petición de diálogo con el Presidente los estados están listos para ir a una batalla política y jurídica con la Federación para defender sus recursos.

Desde Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón amenazó que el Estado romperá con la Federación si no se escucha el llamado para realizar un reparto más equitativo de acuerdo a lo que cada estado aporta.

El amago de ruptura en la República también se escuchó desde Guanajuato, donde el gobernador Diego Sinhué demandó también diálogo al Presidente o, de lo contrario, advirtió, las 10 entidades unidas podrían tomar la decisión de romper el Pacto Federal.

El mensaje de los 10 mandatarios estatales de la Alianza Federalista se produce después de que tanto la Secretaría de Hacienda como la de Gobernación les han negado reunirse con ellos para dialogar y discutir sus demandas en torno a la disminución de participaciones para sus estados, mientras que los titulares de esas dos dependencias sí se reúnen y dialogan con la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la que le siguen reconociendo representación nacional, cuando ya fue desconocida por esas 10 entidades.

Luego de la acción coordinada de los 10 estados, trascendió que la Alianza Federalista ya está realizando un análisis constitucional y jurídico, además de una estrategia política para declarar, si no hay respuesta a sus peticiones y el Presidente acepta dialogar para revisar y modificar el Presupuesto Federal 2021, una separación del Pacto Federal, a partir del principio constitucional de que “los estados son soberanos y forman parte de una República federal por consentimiento propio” y que también pueden decidir salirse si se sienten ignorados, desatendidos o maltratados por el Gobierno central. ¿Será que lleguemos a un escenario tan complicado como la división o el rompimiento de la República por temas presupuestales, de Federalismo e, indudablemente, por diferencias políticas y polarización? Veremos cómo responde a este ultimátum el presidente López Obrador y si la amenaza de los 10 estados es real o si estamos ante un “blofeo” de los estados. Los dados mandan Escalera doble.
26 Octubre 2020 04:00:00
¿AMLO va por la contrarreforma energética?
La carta de los congresistas de Estados Unidos, en la que le pidieron al presidente Donald Trump que revise las afectaciones y maltratos a las empresas privadas que participan en el sector energético de México por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hizo que el Presidente mexicano tronara contra las quejas de los legisladores estadunidenses y de los inversionistas particulares en energía y anunciara que no solo seguirá dando prioridad y preferencia a Pemex y a la CFE en su política energética por sobre los privados, sino que “si el marco legal no nos alcanza… voy a enviar si es necesario una iniciativa de reforma a la Constitución para que vuelva a prevalecer el espíritu del Artículo 27 constitucional”.

El sábado y de gira por Coahuila, justo en la Central Termoeléctrica José López Portillo, López Obrador dejó en claro que podría promover una contrarreforma a la Constitución para echar abajo todos los cambios constitucionales y legales que se hicieron en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que constituyeron la llamada reforma energética que, a decir del actual, Mandatario, “dejaron todo completamente a favor de los particulares”.

A los miembros del Congreso de EU que acusaron a su Gobierno de “violentar el espíritu del T-MEC”, al darle un trato prioritario a las empresas estatales del sector energía, López Obrador les recordó que “México no negoció ningún capítulo energético ni con Estados Unidos ni con Canadá en el nuevo tratado comercial”. De hecho, hay una versión contada por negociadores que participaron en aquellas pláticas en 2019, que afirman que el Gobierno de López Obrador habría intercambiado con la Casa Blanca eliminar el capítulo energético del tratado, a cambio de aceptar las exigencias migratorias de Donald Trump.

Y al justificar su nueva política energética, que intenta recuperar el estatismo del pasado, el Presidente volvió a atacar a las empresas privadas que generaban energía limpia para la CFE, a las que cuestionó por estar “subsidiadas” y dijo que se aprovecharon de la Comisión con contratos que obligaban a pagarles generaran o no energía.

López Obrador aprovechó el tema para golpear de nuevo a la empresa española Repsol, a la que acusó de haber abusado de la política privatizadora y mencionó que se llevaron a trabajar en su empresa a la exsecretaria de Energía, Georgina Kessel y como consejero al expresidente Calderón. “Una vergüenza, y todavía se inconforman cuando deberían estar pidiendo disculpas por el abuso, por las atrocidades que se cometieron en el periodo neoliberal. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares”, dijo el Mandatario.

Así es que en materia energética el Presidente no piensa ceder y, en su afán por restablecer la antigua política estatista y monopólica en ese sector, continuará fortaleciendo a Pemex y a la CFE para que recuperen sus antiguos esplendores, aunque eso signifique inyectarles miles de millones de pesos para lograr algo que, según los expertos en estos temas, difícilmente volverán a tener la misma fuerza y productividad que en el pasado. Mientras, seguirá la lluvia de amparos y las demandas de empresas privadas energéticas en contra de su Gobierno ya no solo en los tribunales nacionales sino también a nivel internacional, como ya ocurrió con la carta de los congresistas de EU.

A menos que López Obrador se decida a volver a cambiar la Constitución y su Artículo 27 para dejarlo como estaba hasta antes de la reforma energética peñista. ¿Lo hará?... Los dados mandan Serpiente. La semana se ve complicada.
24 Octubre 2020 04:02:00
El cártel de Sinaloa y el ‘Caso Tiburón’
A través de la empresa Corporativo Pesquero Velázquez, propiedad de Martín Velázquez Cuevas, el cártel de Sinaloa estuvo trasladando cocaína desde Costa Rica en tiburones congelados que eran rellenados con la droga y trasladados desde Centroamérica hasta el Puerto de Progreso, Yucatán, para después ser transportados a Jalisco.

Esa operación, para la que sacrificaron decenas de miles de escualos, duró varios años, al menos desde 2009 que se decomisó un primer cargamento de tiburones con cocaína en Progreso, por parte de la Secretaría de Marina, hasta 2017, año en que fue detenido y acusado el empresario pesquero Velázquez.

A esa operación, en la que también se enviaba droga a Houston, Texas, y a otras partes del mundo, se le denominó “Caso Tiburón” y forma parte de las detenciones y golpes al cártel sinaloense, documentadas por el Gobierno mexicano.

La empresa pesquera que trabajaba para los narcos sinaloenses reportó de 2007 a 2019 depósitos por 272 millones de pesos y retiros en ese mismo lapso por mil 783 millones de pesos, mientras que en sus declaraciones fiscales el Corporativo Pesquero Velázquez solo le reportó al SAT ingresos acumulables por $6.4 millones, de 2014 al 2018.

Según las investigaciones financieras del Gobierno federal, esta empresa recibió en sus cuentas transferencias de $139.2 millones entre 2018 y 2019, recursos que triangulaba enviándolos a cuentas de un sujeto identificado con el cártel de Sinaloa.

En un reporte oficial del Gobierno de México, elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se detalla de los bloqueos de mil 354 cuentas bancarias de 401 personas vinculadas con el cártel de Sinaloa, a las que se les congelaron montos de 233 millones 300 mil 578 pesos y 77.8 millones de dólares.

En la lista se encuentran 77 familiares y el resto son empresas de prestanombres vinculadas a Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”.

El informe revela que tan solo al “Chapo” Guzmán se le identificaron 3 mil 184 sujetos con operaciones en el sistema financiero y que tenían vínculos con el narcotraficante, mientras que al cártel en su conjunto le detectaron operaciones financieras relevantes por 30 millones de pesos en el sistema bancario nacional, $11.3 millones en transferencias internacionales, $69 millones en compra de vehículos, 2 millones en joyas y relojes y $88 millones en compra de inmuebles.

Financieramente Joaquín Guzmán Loera es referido en más de 800 operativas a nombre de otros sujetos, debido a una operación aduanera , sin precisar mayores datos. Sobre la actividad y los reportes del “Chapo” ante el fisco federal señala: “Sin información fiscal ni corporativa”.

En el caso de Ismael Zambada García, dice el reporte, su nombre no figura en el sistema financiero desde 1997, a pesar de que tiene dos cuentas de cheques registradas y no se localizan declaraciones anuales de impuestos ni informativas o de terceros.

Se le menciona como “líder del cártel de Sinaloa, socio de Joaquín Guzmán Loera. En 2104, tras la detención de ‘El Chapo’, ocupó el liderato del cártel, controlando gran parte de la producción de heroína en México para traficarla a Estados Unidos”.

De Juan José Esparragoza, a quien el informe oficial menciona como “el narco conciliador” por promover alianzas entre los cárteles en el país, se menciona su nacimiento en Chuicopa, Badiraguato, el 3 de febrero de 1949 y sobre si está vivo o muerto, dice el informe de la UIF: “Hay rumores de su muerte desde junio de 2014, cuando se dijo que había fallecido a causa de un infarto (información no ha sido corroborada)”... Los dados mandan Escalera Doble. Buena Semana.
22 Octubre 2020 04:03:00
La ‘lista’ de la DEA
Tras la captura y el próximo inicio de un juicio en contra del general Salvador Cienfuegos, en la Corte Federal del Este de Nueva York, la agencia antidrogas de Estados Unidos tiene en su poder una lista en la que figuran otros militares de alto rango del Ejército Mexicano, algunos de ellos generales y otros mandos medios que fueron parte de la estructura con la que operó el exsecretario de la Defensa Nacional en sus operaciones de narcotráfico y lavado de dinero a favor del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva en Nayarit. Esa lista, que comentan fuentes del Gobierno mexicano y confirman fuentes de seguridad en Estados Unidos, será materia de futuras órdenes de detención solicitadas al Departamento de Justicia y algunas de ellas motivarían posibles detenciones con fines de extradición a la Administración del presidente López Obrador.

Aunque las fuentes tanto mexicanas como estadunidenses no manejan nombres, se asegura que se trata de oficiales y generales que estuvieron bajo el mando del general Cienfuegos y que fueron parte de la “red de corrupción” que se coludió con el mencionado grupo del narcotráfico y brindaron protección y ayuda en sus actividades delictivas al capo Juan Francisco Patrón Sánchez, quien asumió el liderazgo tras la muerte de los hermanos Beltrán Leyva y quien, de acuerdo con los informantes de la DEA y las pruebas que dicen tener en conversaciones telefónicas y mensajes de texto salidos del teléfono del general mexicano, pagaba sobornos al titular de la Sedena a cambio de que lo dejaran operar el tráfico de mariguana, cocaína, heroína y metanfetaminas desde Nayarit hacia Estados Unidos.

A pesar de que el presidente López Obrador ha declarado que no ordenará ninguna “limpia” en el Ejército hasta que se comprueben las acusaciones contra el exsecretario de la Defensa en Estados Unidos, la realidad es que, aún antes de que Cienfuegos pueda ser sentenciado, la DEA podría activar y solicitar órdenes de captura contra otros militares mexicanos. La agencia estadunidense no esperaría a que un juez determine la culpabilidad o inocencia de Cienfuegos y en ese sentido, si aquí el Gobierno y la Defensa no se adelantan a hacer una depuración de aquellos que pudieron estar vinculados a las actividades presuntamente ilícitas del general, podría ocurrir que tanto la Defensa como Palacio Nacional volvieran a ser “sorprendidos” con acusaciones y órdenes de aprehensión contra más miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Al final cada vez queda más claro que en el tema de la sorpresiva detención de Cienfuegos y la nula información que le dio la DEA al Gobierno de México, hay todo un mensaje hacia la Administración de López Obrador, a la que le perdieron totalmente la confianza tras el fallido operativo para detener y extraditar a Ovidio Guzmán, el hijo del “Chapo” Guzmán, aquel 17 de octubre de 2019.

El nivel de hostilidad que se mostró en el golpe que significó la inédita detención de un exjefe del Ejército Mexicano, tuvo que ver con la nula cooperación que ha mostrado el Gobierno de López Obrador hacia las agencias estadunidenses que, como lo ha dicho el propio Presidente en estos últimos días, se acostumbraron a tener un alto nivel de injerencia y de cooperación con las instituciones mexicanas en los últimos sexenios.

La guerra de la DEA contra el Ejército Mexicano apenas empezó y no va a parar ni aún con las elecciones presidenciales en EU, porque la agenda de la poderosa agencia antidrogas, que siempre ha visto a México y a sus narcotraficantes como su principal objetivo y razón de ser, no depende de las coyunturas políticas ni de quien gane la Casa Blanca en las próximas votaciones. Sea Trump o Biden o incluso en medio de un conflicto postelectoral como el que se avizora en el país vecino, los mandos de la DEA y los fiscales y jueces de la justicia norteamericana seguirán su cacería contra los generales y políticos mexicanos... Los dados mandan doble Serpiente. Caída libre.
21 Octubre 2020 04:03:00
Se agita el Gabinete;  vienen enroques y hay pugnas por Seguridad
El presidente López Obrador prepara para las próximas semanas cambios y enroques en su Gabinete derivados de las renuncias que presentarán algunos secretarios que irán a buscar un cargo de elección popular.

El que más desata tensiones, pugnas y hasta golpeteos al interior de la 4T es la sucesión de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que renunciará el próximo 30 de octubre para buscar ser el candidato de Morena al Gobierno de Sonora.

Hasta el momento el Presidente no ha definido quién se quedará a cargo de la seguridad, que es precisamente uno de sus talones de Aquiles por las pésimas cifras y resultados que deja Durazo con más de 65 mil muertos en los 23 meses que lleva este Gobierno, aunque ya hay varios tiradores que se mencionan para ocupar esa posición.

De entrada, lo que se puede dar por descartado es que el Presidente vaya a proponer a un militar para ocupar la SSPC, primero porque es la única posición civil que queda en su estrategia federal de seguridad totalmente militarizada y copada por el Ejército y la Marina, que controlan la Guardia Nacional y son la primera línea de acción aún sin resultados que puedan presumirse en el combate al crimen organizado y al narcotráfico, y segundo porque tras la detención y encarcelamiento en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, acusado de delitos de narcotráfico y lavado de dinero, los militares están fuera de cualquier posibilidad de ser llamados a ocupar la Secretaría de Seguridad.

Pero entre los que sí pueden y quieren ocupar una posición nada envidiable, están los actuales subsecretarios Leonel Cota Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, que son los dos más cercanos a Durazo y, especialmente el último, al que se ha visto muy activo y movido con el conflicto en Chihuahua por el agua, lo que lo ha acercado al ánimo del Presidente.

Otro candidato natural de la actual estructura de la SSPC es Manuel Espino, actual Comisionado del Servicio de Protección Federal y quien no es mal visto por López Obrador.

Fuera de la Secretaría se barajan otros nombres, algunos incluso a contracorriente de los propios mencionados, que sin querer estar en esa lista aparecen como posibles secretarios de Seguridad. Es el caso del director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, a quien se menciona con insistencia, aunque él expresa que no tiene particular interés en llegar a esa posición, sino más bien ir como candidato al Gobierno de Querétaro, “si es que me lo pide el Presidente”, según ha dicho el funcionario de Hacienda.

Otro nombre al que encartan sin ningún sustento para la Secretaría de Seguridad federal, es el de Omar García Harfuch; el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX ha dicho que no le interesa dejar su actual posición.

Otro al que mencionan incluso algunos grupos de la 4T para ocupar la posición de Durazo es el canciller Marcelo Ebrard. Fuera de toda lógica y del interés del propio Ebrard Casaubón, hay grupos al interior del Gobierno que deslizan intencionadamente el nombre del canciller y piden no descartarlo como un posible secretario de Seguridad.

Pero cercanos al secretario de Relaciones Exteriores niegan rotundamente que Ebrard tenga interés alguno en dejar la Cancillería, en donde tiene un papel preponderante en esta Administración y es prácticamente el responsable de la política exterior y de la estratégica relación con EU.

Veremos a quién le encarga el Presidente esa posición en la que su Gobierno no ha dado buenos resultados ni ha cumplido sus compromisos de campaña de que iba a pacificar al país y a terminar (primero dijo en 100 días, luego en 6 meses, después en 1 año y ya vamos por el segundo año) con la brutal violencia del narco y la inseguridad que padecemos los mexicanos.… Los dados mandan Escalera. Subimos.
20 Octubre 2020 04:03:00
Del sueño americano a la pesadilla judicial
Los políticos mexicanos han tenido, históricamente, una debilidad especial por irse a vivir a los Estados Unidos. Lo mismo en busca de un exilio académico o diplomático, que cuando se sienten inseguros o políticamente vulnerables en México y en ocasiones incluso cuando huyen de la justicia mexicana por algún delito o acusación, el vecino país del norte siempre es visto como un territorio seguro, en donde muchos pretenden resguardarse y algunos hasta compran propiedades, no siempre con dinero de un origen totalmente claro.

Pero en algunas ocasiones, como acaba de pasar con el general Salvador Cienfuegos, el sueño americano se transforma en una pesadilla jurídica y legal. Después de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, ocurrida el pasado jueves, muchos políticos en México, sobre todo integrantes del gabinete del sexenio anterior y algunos exgobernadores o hasta gobernadores en funciones, se lo pensarían dos veces para visitar en estos momentos Estados Unidos.

Algunos de ellos podrían correr un peligro real de ser detenidos, pero la mayoría no quiere ni siquiera averiguarlo, luego de conocer la forma en que la DEA acusó, detuvo y encarceló a un exjefe militar del Ejército mexicano, y en el entendido de que si al general de cuatro estrellas y escudo dorado, el Gobierno estadunidense fue capaz de darle ese trato, ningún otro político estaría en estos momentos seguro en suelo americano.

De hecho, una versión que circula entre generales del Ejército mexicano –donde la reacción al golpe que significó la detención de un militar de élite como Cienfuegos ha sido fuerte, pero soterrada– indica que el general exsecretario había hecho ese viaje no con la idea de vacacionar sino que buscaba quedarse a radicar en EU, ante el temor de que el Gobierno de México, el de López Obrador, le abriera una investigación sobre su desempeño.

Hoy se llevará a cabo la segunda audiencia del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, donde está detenido, y en esta se definirá si puede seguir su juicio en libertad, algo que se ve casi imposible por la gravedad de los cuatro delitos que le imputa la DEA, o si es trasladado a Nueva York, para pisar la misma Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde el año pasado fueron enjuiciados y sentenciados sus dos posibles delatores.

Allá cuando se fijen las fechas para el juicio y comiencen las audiencias judiciales, sabremos qué tan sólidas son las pruebas que tiene la agencia antidrogas estadunidense y los fiscales para acusar al primer exsecretario de la Defensa mexicana, que será procesado por narcotráfico en la historia y si existen elementos reales para declararlo culpable.

Pero mientras eso sucede, en México muchos políticos están apanicados y no podrían viajar en estos momentos a territorio de los EU ante el temor, fundado en algunos casos y por pura precaución en otros, de que puedan ser acusados o incluso detenidos.

La mayoría de esos políticos no saben si están señalados o no o si hay indicios en su contra, pero por lo pronto no piensan averiguarlo. En estos momentos muy pocos políticos y gobernantes mexicanos se atreverían a pisar suelo estadunidense sin correr el riesgo de que el tan anhelado sueño americano, se les transforme de golpe en una pesadilla penal.

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