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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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14 Septiembre 2019 04:07:00
La cabeza de Cabeza de Vaca en la mira
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, cometerá un error político fatal si no dimensiona el tamaño del problema que tiene encima con el grave caso de las ejecuciones extrajudiciales y el montaje que policías de su Gobierno habrían realizado en contra de ocho personas a las que, según denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y testimonios de familiares y vecinos, los agentes estatales secuestraron, torturaron, asesinaron y luego sembraron sus cadáveres para hacerlos pasar como víctimas mortales de un supuesto enfrentamiento a tiros con su misma policía el 5 de septiembre pasado.

No solo porque el tema ya está en la mira nacional e internacional y es objeto de una investigación federal, tanto de la Fiscalía General de la República, ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por otra indagatoria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino porque con este caso, el Mandatario panista que hoy lidera el Grupo de Gobernadores de Acción Nacional se juega la credibilidad y la estabilidad de su Gobierno, que de por sí mantiene una muy tensa relación con la Federación y en esta coyuntura, sus adversarios y enemigos, tanto de la 4T como incluso de su propio partido, tendrían una oportunidad inmejorable para hacerle daño a su Administración y a cualquier proyecto político futuro que tuviera en mente.

El primer síntoma de que Cabeza de Vaca no ha dimensionado que su propia cabeza pende de un hilo si no va al fondo de este asunto y se deslinda completa y creíblemente de un crimen brutal contra civiles que –inocentes o presuntos delincuentes o incluso de ambos– no debieron ser ejecutados y utilizados para simular un enfrentamiento por las fuerzas de seguridad de su Gobierno, es que el Gobernador se limitó a solicitar “una investigación a fondo” del asunto a su procurador estatal, Irving Barrios Mojica, que a pesar de que goce de su confianza, no es precisamente un fiscal con las mejores cartas de credibilidad y eficiencia, además de que por el vínculo político directo que mantiene con él difícilmente podría presentar una conclusión imparcial y objetiva en un caso tan delicado que involucra al mismo Gobierno al que pertenece.

Irving Barros llegó a la Procuraduría de Tamaulipas con un historial dudoso en la procuración de justicia. Él fue como subprocurador de Delitos Federales de la PGR, el encargado de armar y presentar el llamado “michoacanazo” con el que el Gobierno de Felipe Calderón pretendió acusar de vínculos con el crimen organizado a 11 alcaldes, 16 altos funcionarios y un juez del estado de Michoacán en mayo de 2009.

Las detenciones y encarcelamiento de todos esos servidores públicos, ejecutadas por Barros Mojica, terminaron por caerse una a una y ante la “falta de elementos” los jueces liberaron a todos los acusados un año y medio después. De hecho, cuando en el Congreso de Tamaulipas votaron su ratificación, a propuesta del Gobernador, sólo la mayoría panista avaló su nombramiento, mientras que 12 diputados del PRI y otros partidos se abstuvieron al declararse “preocupados por los antecedentes del señor Irving Barros”.

No fue la única vez que el rotundo fracaso del “michoacanazo” le sería recordado a Barros Mojica. Entre 2012 y 2013, luego de ser despedido de la PGR, buscó ser consejero de la Judicatura Federal, pero en las comparecencias ante el Senado, el expediente de los 35 alcaldes y funcionarios de Michoacán acusados y luego liberados volvió a pesar en su contra y no pasó de las primeras rondas de selección.

Después buscó ser fiscal en Guerrero con el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, donde tampoco tuvo suerte y no fue seleccionado por sus antecedentes en el ámbito de la procuración de justicia. Así pasó varios años sin poder ocupar un puesto, hasta que en 2016 el recién llegado Gobernador de Tamaulipas lo rescató y lo propuso para ocupar el primer cargo de fiscal general del Estado.

Recientemente en el caso del asesinato del periodista tamaulipeco Carlos Domínguez, asesinado en Nuevo Laredo el 13 de enero de 2018, la defensa de los acusados de la autoría material de ese crimen acusó al procurador Irving Barros y a su director de Procesos Penales, Natanael Castelán, de haber “fabricado culpables y testigos” en este delicado caso en el que se acusó, con base en un solo testimonio inducido mediante sobornos, a dos jóvenes originarios de Zacatecas, David Mejía y Adrián Montes, a quienes se les ofrecieron 500 mil pesos a cambio de autoinculparse en el asesinato del periodista Domínguez, por parte de un intermediario del director de Procesos Penales de la Fiscalía de Tamaulipas.

El ofrecimiento nunca se los cumplieron y terminaron siendo acusados y procesados con una serie de irregularidades que aún se desahogan en un juicio totalmente irregular, en el que la esposa de uno de ellos ha interpuesto una denuncia de juicio político contra el procurador Barros y contra el mismo gobernador Cabeza de Vaca.

La pregunta es si con ese fiscal, a quien le encargó la investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, el gobernador confía en tener una conclusión creíble y que no genere dudas sobre lo ocurrido en Nuevo Laredo.

Por algo, en su desesperación tras estallar el escándalo esta semana, mientras él andaba de visita política en Washington, visitando el Pentágono junto a su amigo y asesor, el exsenador panista Roberto Gil Zuarth, Cabeza de Vaca pidió “el apoyo del FBI” en las investigaciones del multihomicidio en la frontera de su estado.

Y es que, si antes de este delicado asunto, en el que se acusa no solo una grave violación de derechos humanos sino también un montaje para simular un enfrentamiento y denunciar un clima de violencia desbordada en su estado, al Gobernador panista no lo habían querido recibir en Palacio Nacional, después de estos hechos ni siquiera le han tomado la llamada y la orden del presidente López Obrador, para que la FGR investigue y atraiga las ejecuciones de Nuevo Laredo, fue tajante. “En este Gobierno no vamos a permitir masacres”, dijo el Mandatario federal.

Para colmo, además del fiscal Gertz Manero y su equipo, hay dos funcionarios federales que recaban pruebas sobre las ejecuciones extrajudiciales y la responsabilidad del Gobierno de Tamaulipas en presuntos montajes.

El primero es Alejandro Encinas, quien lleva la parte de derechos humanos, y el segundo Ricardo Peralta, quien ve la parte de la participación del Gobierno estatal en todo este escándalo. A los dos subsecretarios de Gobernación, Cabeza de Vaca les debe facturas recientes: a Encinas no le quiso financiar centros de Atención Migratoria en el territorio de Tamaulipas; y a Peralta lo acusó de reunirse con grupos de autodefensa criminales en el estado. Y ahora ambos lo investigan. Las vueltas que da la vida. Por eso en este momento, el gobernador Cabeza de Vaca lo que más debe cuidar es la primera parte de su apellido.



NOTAS INDISCRETAS…

Mañana será el primer grito de Independencia que dé Andrés Manuel López Obrador. Hay expectación para ver con qué sorprende el Presidente en la ceremonia oficial, no solo porque todos los presidentes siempre le imprimen su estilo y hasta sus “añadidos” en frases o nombres de héroes a la tradicional proclama, sino porque el tabasqueño desde el inicio de su mandato se ha empeñado en demostrar que él es diferente a todos sus antecesores y se esfuerza siempre por romper moldes y formas políticas para dejar claro que con él hay un antes y un después en la Presidencia.

¿Será que a las frases de los “vivas” y a sus héroes predilectos le suma la frase de “Viva la Cuarta Transformación”? Se aceptan apuestas…

En estos días de porros y encapuchados en la UNAM, en los prolegómenos de la sucesión universitaria, hay nombres que han salido a relucir cuando se habla de quienes mueven a los grupos porriles y anarquistas en la máxima casa de estudios.

Hace unos días informamos aquí de una carta extensa dirigida al rector Enrique Graue, por parte de la Unión de Alumnos Trabajadores y Profesores en contra de la Impunidad en el CCH, en la que se critica la incorporación al área de la Seguridad de los Colegios de Ciencias y Humanidades de Marco Martínez Blas, quien colaboró por más de 10 años en Rectoría con Jaime Vázquez, a quien los firmantes ubican como un “oscuro operador de porros y activistas”.

Con los años, comenzó a utilizar a grupos estudiantiles de porros y activistas. Los encapuchados de la UNAM es una de sus más sofisticadas hechuras. El ataque a Rectoría el 3 de septiembre, dicen los trabajadores y alumnos del CCH, es su responsabilidad.

Pero por el modus operandi todo indica que los desmanes en la marcha feminista de hace semanas en la Glorieta de Insurgentes también. Jaime Vázquez, ha sobrevivido los tres cambios de titular en la Secretaría de Atención a la Comunidad durante la Administración de Enrique Graue. Hasta el fin del priismo tuvo la protección del citado Miguel Robles. La institución debe explicar ¿quién lo protege y con qué fines? ¿Cuál es la razón para seguir contando con sus servicios?

Los dados mandan Escalera doble para el puente. Felices fiestas patrias para todos los amables lectores. ¡Y que Viva México!
01 Diciembre 2020 04:03:00
El juego de Dante
En dos ocasiones, en menos de 24 horas –primero el sábado en Baja California y luego ayer lunes en su conferencia “mañanera”– el presidente López Obrador cuestionó la posible alianza entre el PAN y el PRI para enfrentar a Morena en la elección por la Gubernatura de ese estado: “Van juntos contra nuestro proyecto. Imagínense la dicha enorme que me produce el tener la razón histórica”, dijo el Mandatario, que en sus comentarios dejó ver claramente la preocupación que causa en Palacio Nacional cualquier intento de coalición entre los opositores, durante los próximos comicios.

López Obrador sabe muy bien, porque así se lo han dicho y demostrado sus asesores con base en las encuestas, que una alianza opositora amplia, que abarque lo mismo al PRI, que al PAN y a Movimiento Ciudadano, sumados con lo que queda del PRD, representa el único contrapeso real que puede evitar que Morena se alce fácilmente con la mayoría en la Cámara de Diputados y arrase en la mayoría de las gubernaturas.

Es en esa lógica que llama poderosamente la atención la posición que ha asumido Movimiento Ciudadano, y particularmente su exdirigente nacional y fundador Dante Delgado, quien ha impuesto la idea de que su partido vaya solo y no en alianza con otras fuerzas, en la búsqueda de las principales gubernaturas del próximo año. La posición de Dante rompe con la posibilidad de alianzas opositoras que pudieran ser ganadoras, para buscar una inexplicable competencia de MC solo, en estados donde claramente no tiene ninguna posibilidad de ganar.

El caso más claro del extraño juego del senador Delgado Rannauro es Nuevo León, donde se había planeado y operado una gran alianza de todos los partidos PAN-PRI-MC y PRD para postular a Luis Donaldo Colosio, como un contrapeso a la candidatura de Clara Luz Flores con Morena y sus aliados. La gran alianza opositora estaba caminando, hubo pláticas y acercamientos, incluso con la participación del gobernador independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, pero hace un par de semanas, sin avisar MC, rompió las negociaciones y anunció su intención de postular solos a Colosio, previo un proceso interno contra el senador Samuel García. ¿A qué le tira Dante rompiendo una alianza ganadora para postular a un buen candidato que, sin embargo, difícilmente ganará solo con MC?.

Dante Delgado fue un aliado incondicional y amigo cercano de López Obrador en sus campañas de 2006 y 2012, con Convergencia y el llamado “movimiento naranja”, pero para 2018, ya con Movimiento Ciudadano, no quiso aliarse con Morena en 2018 ni apoyar la candidatura lopezobradorista que lo llevó a la Presidencia de la República.

Desde entonces ha tenido posiciones públicas críticas hacia el Presidente, a quien le ha mandado un par de cartas en las que cuestiona las políticas y decisiones del tabasqueño, aunque eso no siempre coincide con las posiciones y los votos de la bancada de MC en el Senado, que él coordina, y que en varias ocasiones y, sobre todo en temas importantes, rompe el bloque opositor para apoyar a Morena o abstenerse.

Con su decisión de entorpecer y rechazar las alianzas opositoras en las elecciones de 2021, Delgado Rannauro no ayuda mucho a su partido, que difícilmente podrá ganar solo en varios estados donde carece de presencia y estructura, pero indudablemente, al evitar una gran coalición de los opositores a Morena, el senador y antiguo aliado del presidente López Obrador, será un factor clave para que la 4T pueda mantener su predominio en la Cámara de Diputados y avanzar en varias gubernaturas importantes el próximo año. ¿En eso consiste el juego de Dante?
30 Noviembre 2020 04:02:00
Hacienda y el IMSS denuncian a rey del outsourcing
Con dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y el IMSS van en contra del principal empresario del outsourcing en México, Raúl Beyruti Sánchez, presidente de Gin Group.

Después de varios meses de investigaciones conjuntas entre las dos dependencias, se presentaron dos querellas judiciales en contra de una de sus muchas empresas y del empresario por delitos de defraudación fiscal equiparada y omisiones en el pago de cuotas obrero-patronales de sus trabajadores, a los que con engaños, según acusan las autoridades, les omitió el pago de seguro de retiro y de cesantía en edad avanzada y vejez.

En pleno debate sobre la regulación del outsourcing y cuando la nueva iniciativa del presidente López Obrador se discute en estos momentos, tanto en Palacio Nacional entre el Mandatario y los empresarios, como en la Cámara de Diputados donde se aprestan a aprobarla esta semana, las acusaciones judiciales contra el llamado “rey del outsourcing” cobran especial relevancia.

Se trata de un empresario y un grupo que acumuló una gran cantidad de empresas y una fortuna a partir del uso de la figura de la subcontratación.

En la primera denuncia, presentada por el IMSS el 18 de agosto, se le acusa como el administrador único de la empresa Distribuciones y Representantes del Sur, y se señala en el texto de la denuncia que “en su calidad de patrón, con el uso de engaños, omitió el pago parcial de cuotas obrero-patronales, ocasionando un perjuicio por la cantidad de 40 millones 870 mil 550 pesos, por el periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de junio de 2017”.

La segunda denuncia se presentó el 28 de octubre y fue la Procuraduría Fiscal de la Federación la que formuló la querella por defraudación fiscal equiparada, en la que se acusó a Distribuidores y Representantes del Sur y a su administrador único Raúl Manuel Beyruti, “por haber omitido enterar el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios por concepto de fomento al ahorro, correspondiente a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017, por la cantidad total de 223 millones 912 mil 664 pesos que debió pagar al fisco”.

También vinculadas al tema del outsourcing ilegal hay otras dos querellas judiciales que también interpuso la Procuraduría Fiscal de la Federación. Una de ellas es en contra de la empresa Constructores de Sistemas Cosed, S.A. de C.V., que entre otras cosas, declaró deducciones falsas derivadas de operaciones inexistentes, ingresos acumulables menores, omitió enterar a las autoridades fiscales dentro del término de ley, el ISR retenido por concepto de los ingresos por salarios y omitió el pago de IVA, todo eso por un monto superior a los 845 millones de pesos.

Aunque esta última empresa no aparece en el directorio del grupo de empresas de Raúl Beyruti, las autoridades fiscales tienen elementos para suponer que también está vinculada al empresario.

Un caso más, ese sí ajeno al caso Beyruti, es una denuncia contra Lot & MLP Asesores, S.C., a la que se acusa de que en el ejercicio fiscal de 2017, entre otras cosas, declaró ingresos acumulables menores y omitió enterar al fisco del ISR retenido por concepto de asimilados a salarios y sueldos, causando con eso un daño al fisco por cerca de 305 millones de pesos.

Mientras tanto, con denuncias penales en contra de empresas y empresarios que han utilizado el outsourcing para defraudar al SAT y al IMSS, se busca dejar muy claro que ese es el nuevo objetivo prioritario de la 4T y, para poner el ejemplo, no dudarán en dar un golpe legal al mayor empresario del outsourcing en el país y uno de los que se beneficiaron de ese esquema, no siempre de manera legal, y que contó con el apoyo y protección de los últimos gobiernos: Raúl Beyruti Sánchez.
26 Noviembre 2020 04:00:00
La Consulta, la Constitución y la apatía de la 4T
Con la dichosa Consulta Popular para Enjuiciar a Expresidentes, que tanto promovió y presionó el presidente López Obrador –al grado de revivir muertos para que firmaran y de someter a la Suprema Corte– están pasando cosas muy extrañas una vez que este ejercicio fue aprobado por el Congreso y que comenzó oficialmente el proceso constitucional para su realización. La primera cosa inexplicable es que, habiendo sido una propuesta presidencial, ni el Ejecutivo ni la mayoría de diputados de Morena se acordaron de incluirla en el Presupuesto de Egresos federales 2021, en donde no hay ningún apartado o partida para costearla y ni siquiera se menciona a la consulta popular.

La otra cosa aún más extraña y que representa una violación a la Constitución, fue lo que hicieron las cámaras de Diputados y Senadores al modificar el decreto original por el que se expidió la convocatoria para la consulta popular y cambiar la fecha de entrada en vigor de dicho decreto. El Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de octubre de 2020, el decreto con la convocatoria a la consulta con la redacción de un Artículo Primero Transitorio que a la letra decía: “El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Eso significaba que a partir del 28 de octubre, arrancó el proceso para la consulta popular, pero siete días después, el 5 de noviembre, las mismas mayorías de Morena en ambas cámaras modificaron ese transitorio y le cambiaron la redacción y la fecha de entrada en vigor: “El presente decreto y la convocatoria de consulta popular que se expide, entrarán en vigor el jueves 15 de julio de 2021, sin perjuicio de que el INE ejecute las acciones preparatorias para la realización de consulta popular”, dice la nueva redacción aprobada por los morenistas.

Lo que ocurrió fue que, después de que habían publicado el decreto con la primera fecha de entrada en vigor el 28 de octubre, las bancadas de Morena se dieron cuenta de que habían cometido un error, pues el Ar-

tículo 35 de la Constitución, que regula las consultas populares, establece claramente que “durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental, de cualquier orden de Gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

Es decir, que al entrar el vigor la convocatoria de la consulta el 28 de octubre, desde ese momento el Gobierno federal no podía difundir ninguna campaña de propaganda ni publicidad gubernamental, incluidas las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, porque la Constitución lo prohíbe tajantemente para que las autoridades federales no puedan influir en los ciudadanos y sus respuestas a la pregunta de la consulta popular. Cuando alguien en Palacio Nacional, seguramente en las áreas jurídicas, puso el grito en el cielo y les señaló su error a los diputados y senadores morenistas, estos trataron de resolver su yerro que hubiera molestado mucho al Presidente.

Así es que veremos cómo termina todo este asunto de una Consulta que primero fue un capricho presidencial, que los llevó a presionar y someter a ministros de la Corte para que la declararan constitucional, y que luego el mismo Gobierno y su mayoría legislativa le negaron los recursos para llevarla a cabo.

Pareciera que luego de la redacción confusa y pantanosa que aprobó la mayoría de la Corte, en la que incluso se abre la puerta no solo a enjuiciar a los expresidentes, sino al

actual Presidente de la República o a sus funcionarios, López Obrador perdió interés por este ejercicio que tanto promovió y que, tal y como quedó planteada su redacción, podría ser un arma que utilizara la oposición en contra de su propio Gobierno.

¿Ya no gustó la consulta y por eso ahora la quieren sabotear? Es pregunta. Se baten los dados... Escalera doble.
25 Noviembre 2020 04:00:00
Estafa Maestra: la conexión del PRI
En la sede nacional del PRI, en la avenida de los Insurgentes Norte, había una oficina a donde llegaba buena parte del dinero en efectivo que se extraía del erario federal y se “blanqueaba” a través del mecanismo de contratos simulados con instituciones públicas, denominado la Estafa Maestra.

Durante los seis años que duró el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en esa oficina, la de la Secretaría de Finanzas del CEN priista, despachó un hombre de todas las confianzas del Presidente: el sinaloense avecindado en el Estado de México, Luis Vega Aguilar, por cuyas manos pasaban todos los dineros para las campañas priistas, los de origen legal, vía financiamiento del INE, y los de origen incierto.

El nivel de confianza que Peña Nieto tenía en el financiero priista era tal, que ninguno de los seis dirigentes nacionales del PRI que desfilaron por el partido gobernante, desde César Camacho Quiroz, hasta Claudia Ruiz Massieu, pasando por Manlio Fabio Beltrones, Carolina Monroy, Enrique Ochoa y René Juárez, podían tocar ni mover al encargado de las finanzas partidistas y, por el contrario, tenían que tratar con pinzas a Vega Aguilar, porque sabían que le reportaba directamente a Los Pinos de los manejos financieros del partido.

El nombre de Luis Vega junto con el de su subsecretario de Finanzas, Sergio Castro, podrían salir a relucir en el caso de la Estafa Maestra cuando Rosario Robles comience a informar, como ya anticipaba este martes su abogado, cómo el dinero que era sacado de las arcas federales y lavado a través de los contratos simulados con universidades públicas y otros institutos, tenía como uno de los destinos finales apoyar a las campañas y a los candidatos del PRI, como en el caso de la campaña presidencial de José Antonio Meade, a donde según la defensa de la exsecretaria se le inyectaron parte de esos recursos.

El dinero que se sacaba a través de ese mecanismo de triangulación y que era pagado a empresas fantasma que a su vez lo mandaban a los beneficiarios finales, puede ser estimado en miles de millones de pesos no solo de Sedesol y Sedatu, sino de otras dependencias federales como Pemex y otras más en donde se implementaba este esquema que nació originalmente en el Gobierno del Estado de México, cuando Peña Nieto era gobernador y se utilizaba a la Universidad Autónoma del Estado de México para sacar y lavar dinero público a través del mismo mecanismo que después sería replicado a nivel federal.

Una parte de esos recursos tenía como destino la sede nacional priista y llegaba a la oficina de la Secretaría de Finanzas, desde donde recibían y dispersaban los recursos públicos a distintos estados de la República para apoyar campañas de candidatos del viejo partido. Esa era la labor de Vega y Castro, y en el camino, de acuerdo con exdirigentes priistas consultados por esta columna, se quedaban con una parte de los recursos, a la que llamaban “el diezmo” por tratarse de un porcentaje del 10% del monto del dinero que ingresaban y sacaban de la oficina financiera del PRI.

Hoy, después de los seis años en los que tuvo un poder absoluto y una protección total del Presidente, poco se ve y sabe públicamente de Luis Vega, que es actualmente diputado local en el Congreso del Estado de México, a donde lo mandó Peña Nieto por la vía plurinominal para tratar de protegerlo con el fuero, mientras que de su subsecretario, el sonorense Sergio Castro, se dice que ya no vive en México y que “se mudó” hace un par de meses a Estados Unidos, justo cuando Emilio Lozoya comenzó a mencionar sus nombres y el papel que jugaron desde la Secretaría de Finanzas del CEN priista en la dispersión del dinero de los sobornos de Odebrecht.

Según personas cercanas, tras su salida del PRI, en diciembre de 2018, ambos incursionaron en el lucrativo negocio de los activos inmobiliarios principalmente con propiedades y oficinas en la zona de Santa Fe. Y por lo que cuentan, ninguno de los dos tiene problemas económicos…

Los dados mandan Serpiente doble. Caída Libre.
24 Noviembre 2020 04:00:00
Rosario va a hablar
Un año y dos meses después de que fue encarcelada, y tras ser prácticamente abandonada por el grupo del expresidente Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga se decidió a hablar con la Fiscalía General de la República y a entregar información sobre la llamada Estafa Maestra a cambio de un trato especial de las autoridades. La exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano y Territorial se convertiría así en la primera integrante del Gabinete legal de Peña Nieto que ofrece convertirse en “testigo colaborador” sobre la corrupción del Gobierno anterior.

Justo en momentos en que la propia Rosario estaba siendo señalada y acusada por su exoficial Mayor en Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, quien la colocaba como “la cabeza” de la estrategia para realizar desvíos por hasta 7 mil millones de pesos de las dos dependencias que encabezó el sexenio pasado, la defensa de la exsecretaria filtró ayer lunes que Robles ha solicitado a la FGR acogerse al “criterio de oportunidad” y a cambio de proporcionar información y detalles sobre los millonarios desvíos de recursos públicos, obtener la figura de “testigo colaborador” a cambio de señalar a otros responsables de la Estafa Maestra que ocuparon posiciones más arriba que ella.

La decisión de Robles Berlanga parece tener dos motivaciones claras: por un lado anular y neutralizar los dichos y acusaciones en su contra en las declaraciones de su excolaborador Emilio Zebadúa González, cuyo testimonio pierde valor ante lo que pueda decir y aportar directamente quien fuera su superior y tuvo información de primera mano, y por el otro que Rosario podría imputar directamente a los que le ordenaron y se beneficiaron del dinero público que se obtenía a través del pago de contratos simulados con universidades públicas e institutos estatales. Y a saber, sobre la secretaria y que le pudieran dar órdenes para desviar dinero, solo pudo haber dos nombres: Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda, y Enrique Peña Nieto, entonces Presidente de la República.

Eso es lo que significa el que después de resistir por más de un año, a pesar de las presiones y el acoso de las autoridades federales y de la CDMX con el aval de jueces a modo del Poder Judicial, Robles haya decidido finalmente entrar al aro de la 4T y empezar a soltar la información que alguna vez le reclamó el fiscal Alejandro Gertz Manero, cuando explicó por qué a ella le dan un trato tan distinto al que recibió el testigo Emilio Lozoya. Si Robles habla y dice lo que sabe sobre la Estafa Maestra y sobre la corrupción institucionalizada en el pasado Gobierno, sus declaraciones solo pueden apuntar hacia arriba y eso es directamente a la figura del expresidente Peña.

De paso, si con su testimonio puede tirarle el numerito a Emilio Zebadúa, de quien se expresa como “una rata” que traicionó la confianza que le tuvo y pretendió hundirla en la cárcel, la exjefa de Gobierno de la CDMX se daría más que satisfecha. Al final Rosario aguantó más de lo que muchos de los peñistas hubieran aguantado en sus circunstancias.

Hace unos meses, a través de un mensajero, le hizo llegar a Peña Nieto y a Videgaray un mensaje que decía: “Ni para el abogado señores, me dejaron completamente sola y sin ningún apoyo”. El mensaje, nos dice alguien que conoce al mensajero, fue entregado textual a los destinatarios que, al parecer ignoraron lo que Robles Berlanga les mandaba decir. El resultado, unos meses después, es que esa mujer que se supo abandonada y traicionada por quienes le juraron que iban a apoyarla, hoy está dispuesta a hablar.

Veremos qué tanto tiene para decir y qué tan alto llegan sus acusaciones... Los dados mandan Escalera. Bueno el tiro.
23 Noviembre 2020 04:00:00
Emilio Zebadúa, ¿un gigoló de la política?
El exoficial mayor de Sedesol y Sedatu, quien fuera el hombre de todas las confianzas de Rosario Robles y hoy busca hundirla con sus declaraciones ante la Fiscalía General de la República, es un personaje polémico y en cuya trayectoria pública aparecen varios episodios en los que el común denominador son la traición y su vinculación con mujeres de la política.

Exconsejero del IFE y alguna vez aspirante fallido a gobernar Chiapas —en donde nunca vivió pero reclamaba “derecho de sangre” por ser nieto de un exgobernador de ese estado-, Emilio Zebadúa González, quien hoy busca convertirse en “testigo colaborador” y obtener de la FGR los beneficios del “criterio de oportunidad” a través de un trato similar al que le dieron a su tocayo Emilio Lozoya, fue parte fundamental en el esquema de corrupción y desvío de recursos implementado en el sexenio pasado y era el responsable de instrumentar los contratos simulados con universidades e instituciones públicas en Sedesol y Sedatu, por los cuales se desviaron casi 7 mil millones de pesos.

La primera vez que en esta columna escribí sobre Zebadúa González fue cuando era consejero electoral del desaparecido IFE, allá por el año de 1999. Había entonces una joven mujer que trabajaba como edecán en el instituto electoral y que se acercó a mí para denunciar un caso de acoso sexual en contra del entonces consejero, a quien señalaba como responsable de presionarla y acosarla para que tuviera relación con él.

En 2001, Zebadúa abandonó el cargo de “consejero ciudadano” del IFE para irse como colaborador del gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía. Traicionaba así su condición de “ciudadano y académico”, como hasta entonces se había manejado, para dedicarse a la política partidista y tres años más tarde volverse diputado federal por el PRD.

En 2006 intentaría infructuosamente ser candidato a gobernador chiapaneco, pero ante su falta de arraigo, el gobernador Pablo Salazar prefirió a Juan Sabines, ante lo cual, molesto, rompió con Salazar y dejó el PRD para ser candidato por Nueva Alianza y acercarse a una de las mujeres que lo ayudaron, aunque después renegaría de ella: la maestra Elba Esther Gordillo.

Gordillo lo arropó y lo convirtió en uno de sus consentidos otorgándole por varios años la presidencia de la Fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde cobraba un generoso sueldo, algo de lo que pareció olvidarse cuando, en febrero de 2013, Elba Esther cayera en prisión.

En diciembre de 2012, Peña lo nombró oficial mayor de la Sedesol, donde se vinculó a otra mujer de la que se volvería también muy cercano: Rosario Robles Berlanga, entonces secretaria de Desarrollo Social. Desde la Oficialía Mayor operó y autorizó decenas de contratos que después terminarían observados por la Auditoría Superior de la Federación por simular la prestación de servicios.

Cuando empezaron, en 2017 las acusaciones de “La Estafa Maestra”, bautizada así en el reportaje publicado por el portal Animal Político y por Mexicanos contra la Corrupción, todos los reflectores y señalamientos se fueron contra Robles. Durante casi dos años, Zebadúa nunca habló del tema y era constantemente defendido por la propia Robles. Un año después de que ella cayó en la cárcel, su antiguo amigo y colaborador reapareció para hundirla y, junto con ella, le ha ofrecido a la FGR testificar contra otros poderosos exsecretarios del gobierno de Peña, comenzando por Luis Videgaray.

La palabra “gigoló” no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española por ser un vocablo de origen francés. Se utiliza para describir a hombres que se prostituyen con mujeres que les pagan y otorgan beneficios. El oficio es antiguo y ha estado presente en muchas civilizaciones y culturas desde tiempos ancestrales. Ocasionalmente también ocurre en la política.
21 Noviembre 2020 04:03:00
El discurso del General y el fantasma del golpe
El temor a un “golpe de Estado” es algo que siempre rondó como un fantasma a los presidentes mexicanos que, aunque sabían que contaban con el Ejército “más institucional y leal de América Latina”, no podían evitar la paranoia de creer que podían ser víctimas de una asonada, sobre todo en sus momentos de crisis, ya fuera inducida por oscuros intereses domésticos o por perversas e injerencistas presiones desde el extranjero. En realidad nunca hubo intentonas reales o movimientos golpistas al interior del Ejército Mexicano, al menos no que ameritaran preocupación, pero a pesar de ello el fantasma de un golpe sí salía a relucir en etapas críticas de algunos sexenios, el más reciente cuando la grave crisis de 1995, en donde un cable de una agencia internacional reportó tanquetas militares avanzando por el Zócalo durante la Presidencia de Ernesto Zedillo.

Fuera de ese momento, que terminó siendo un bulo mal intencionado, justo cuando se producía el cisma entre el entonces presidente Zedillo y su antecesor Carlos Salinas de Gortari, la única vez que la amenaza golpista ha vuelto a estar presente es en el discurso del presidente López Obrador, quien en su primer año de Gobierno dedicó varios mensajes a hablar de la imposibilidad de que hubiera en México un golpe de Estado. En noviembre de 2019, a partir de un discurso del general retirado del Ejército, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, quien habló como orador en un desayuno de militares a principios de ese mes y en presencia del general secretario, Luis Cresencio Sandoval, dijo: “Nos preocupa el México de hoy. Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados”.

López Obrador ha explicado que tanta participación y facultades a las Fuerzas Armadas, tienen que ver con la confianza que les tiene y con el combate a la corrupción civil, pero entre los analistas se explica más el tamaño de las atribuciones y tareas a las fuerzas castrenses, como en ningún otro Gobierno de la historia posrevolucionaria, con un temor nato en el tabasqueño: no ser derrocado por un golpe como lo fue el ingenuo Francisco I. Madero, a quien admira, o el soñador Salvador Allende en Chile.

Con ese antecedente y con el reciente regreso del general Salvador Cienfuegos, extitular de la Defensa, que fue devuelto por el Gobierno de Estados Unidos, luego de que fuera detenido y acusado de narcotráfico y lavado de dinero por la DEA el 15 de octubre, para que un mes después el Departamento de Justicia le retirara los cargos y decidiera entregarlo al Gobierno mexicano para que sea juzgado en nuestro país, el discurso que ayer dio el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, con motivo del 110 aniversario de la gesta revolucionaria en el país, cobra una especial relevancia y parece un claro intento del Presidente por congraciarse con los militares.

‘No anhelamos el poder’

En la segunda parte de su mensaje, ante el presidente López Obrador, el general Cresencio Sandoval no desaprovechó el foro que le ofrecía el Presidente para volver a alejar cualquier fantasma golpista, en alusión a las presiones que medios y analistas de México y de Estados Unidos, atribuyeron al Ejército y sus cúpulas castrenses, para que el presidente López Obrador negociara con el Gobierno de Donald Trump la entrega del general Cienfuegos, bajo amenaza de cortar toda cooperación en la lucha contra el narcotráfico del lado mexicano: “no anhelamos ningún poder, porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo”, expresó Sandoval.

Está claro que López Obrador no quiere ningún problema ni desavenencia con los militares, y tal vez el general secretario de la Defensa Nacional no miente cuando dice que los militares son leales y subordinados al Poder Ejecutivo, ni tampoco cuando afirma que no anhelan ningún poder, porque quizás ya lo tienen… Los dados mandan Serpiente doble. Semana dispareja.
19 Noviembre 2020 04:02:00
Sonora querida, tierra competida
La elección para gobernador de Sonora dista mucho de ser un tema resuelto. A como hoy se ven las cosas en la tierra del expresidente Plutarco Elías Calles, la entidad norteña podría ser el primer estado en el que un miembro del Gabinete de López Obrador gane la Gubernatura, aunque también podría ser el primer gran revés para un candidato salido directamente del equipo cercano del actual Presidente.

Y es que Alfonso Durazo va a enfrentar grandes adversidades en su intento por gobernar un estado en el que nació, pero en donde vivió solo sus primeros años y después abandonó para hacer su carrera política en la capital del país, por lo que no tiene un gran arraigo local.

Un tema en contra será precisamente lo que sí tiene su principal adversario y competidor en esta contienda: Ernesto Gándara Camou, el exsenador por Sonora y exalcalde de Hermosillo, quien posee las cualidades de las que adolece el virtual candidato de Morena: sencillez en el trato, carisma político y un profundo arraigo local, sobre todo en la capital hermosillense, junto con un trabajo político de 30 años en el estado que le da mayor identificación con el electorado sonorense.

Paradójicamente, “El Borrego” Gándara, como le apodan, fue un cercano colaborador y amigo de Alfonso Durazo cuando este fue secretario particular del presidente Fox. Se conocen tan bien uno al otro, que incluso en 2014, estuvieron muy cerca de hacer equipo para enfrentar al PRI y a Manlio Fabio Beltrones, aunque en aquella ocasión, a pesar de sus amplias posibilidades, Ernesto declinó las insistentes invitaciones del PRD y MC, para que fuera candidato de una alianza contra la actual gobernadora Claudia Pavlovich, y optó por la lealtad al priismo.

Hoy, mientras Durazo ya radica en Hermosillo y se promueve en los medios locales, apoyado por su coordinador de campaña de Iztapalapa, Jesús Valencia, Gándara presentó hace unas semanas su renuncia al PRI y se prepara para ser candidato de una “Alianza Ciudadana” en la que lo apoyarían lo mismo el PAN que el priismo, junto con el PRD y otras fuerzas locales, para postularlo como un abanderado ciudadano.

La sola alianza de los dos partidos que han gobernado hasta ahora Sonora, el tricolor por varias décadas y el blanquiazul, solo por un sexenio, ya significa un reto mayúsculo para Morena y su candidato, pues las dos estructuras electorales son reales y han probado su eficacia en un sinnúmero de ocasiones, mientras que el morenismo sonorense está, para variar, confrontado y dividido internamente y la figura más fuerte que hoy tienen en el estado, la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, no tiene una buena relación con el equipo de Durazo y se sintió desplazada por el candidato enviado desde el centro.

La apuesta del exsecretario de Seguridad es repetir la hazaña que logró en 2018, cuando fue candidato a senador y ganó por amplia mayoría uno de los dos escaños de Sonora junto con la senadora Lilly Téllez. Solo que, a diferencia de aquella elección, hoy Durazo no tendrá al fenómeno de López Obrador en la boleta. Fuentes de Palacio Nacional aseguran que cuando le avisó que iría a buscar la Gubernatura, el Presidente le recomendó a Alfonso “que lo meditara y lo pensara muy bien antes de tomar una decisión”, porque le decía que él era “un hombre muy organizado” y que podría ocupar la Jefatura de Oficina de la Presidencia de la República, un cargo del que desde hace tiempo se alejó su tocayo, Alfonso Romo.
18 Noviembre 2020 04:02:00
El general sí tuvo quien le escribiera
La decisión que tomó ayer martes el Departamento de Justicia, de ordenar el retiro y desistimiento de los cargos para devolver a México al general Salvador Cienfuegos, significa un reconocimiento doble del Gobierno de Estados Unidos: por un lado parece reconocer que su agencia antidrogas, la DEA, se equivocó y cometió un error al investigar, acusar y detener a un exsecretario de la Defensa mexicano sin haber dado aviso al Gobierno mexicano y aparentemente sin pruebas contundentes; y por otro lado, reconoce que con esa acción no solo se lastimó al país y a sus Fuerzas Armadas, sino que se abrió un frente peligroso no solo para la seguridad nacional de los mexicanos, sino para mantener la cooperación bilateral en los temas de seguridad y narcotráfico.

Porque al final esa fue la esencia del alegato diplomático que el Gobierno mexicano presentó ante las autoridades estadunidenses para expresar la molestia por la falta de cortesía y consideración en la detención de Cienfuegos, ejecutada en sigilo por la DEA, y exigir que se le entregara una copia del expediente con las pruebas y testimonios con los que la agencia antidrogas incriminó y acusó al militar y pidió su detención al Departamento de Justicia.

México argumentó dos cosas en la plática que sostuvieron el fiscal estadunidense William P. Barr y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, el pasado 26 de octubre, según refirió ayer el funcionario mexicano: primero, que para nuestro país la forma en que se detuvo y acusó a un exjefe del Ejército se convirtió en un problema de Seguridad Nacional, por la gran molestia y desazón que provocó entre las cúpulas militares de las Fuerzas Armadas; y segundo, que si no se mandaban las pruebas, los acuerdos para intercambiar información y combatir conjuntamente al narcotráfico entre los dos países, estaban en peligro.

Las pruebas enviadas desde Washington en maleta diplomática, según afirmó Ebrard, llegaron el 11 de noviembre y lo que contenía el expediente armado por la DEA debió ser tan endeble que el fiscal Barr decidió dar la orden de regresar al general para que su caso fuera juzgado por las autoridades mexicanas.

El general podría llegar hoy mismo a México, después de la audiencia en la que la juez desestime las acusaciones en su contra. Veremos si la Fiscalía General de la República le da al exsecretario de la Defensa un trato especial, similar al que le dieron a Lozoya, y cuáles son los delitos por los que se va a investigar a Cienfuegos en México.

Por lo pronto, no se puede negar que, así como la detención del extitular de la Defensa fue un golpe y un sorpresivo mensaje para el Gobierno de López Obrador, hoy su inusual regreso representa también un triunfo diplomático.

El mérito, sin duda, se lo lleva el canciller Marcelo Ebrard, que fue el artífice de la estrategia diplomática que le pidió instrumentar el Presidente, luego de recibir fuertes presiones por el malestar que ocasionó en las cúpulas castrenses esta detención.

Al final, en medio del triunfo diplomático de México y más allá de las interpretaciones de “confianza y respeto” que le darán en el Gobierno de la 4T a este gesto inusual de Washington, también hay otra consideración que difícilmente reconocerán en la Administración de López Obrador: que la ofensiva diplomática para que se revisara el caso de Cienfuegos en Estados Unidos fue tan fuerte, además de las presiones militares que recibió el Presidente, por una simple razón: si permitían que acusaran y enjuiciaran de esa manera a un exsecretario de la Defensa Nacional, mañana, en un no tan lejano 2025, los acusados y detenidos por la justicia estadunidense podría ser cualquiera de los altos funcionarios del actual Gobierno lopezobradorista. Solo habrá que decir una frase: “Remember Culiacán”.
17 Noviembre 2020 04:01:00
Carta de Porfirio al Presidente
Antes de que decidiera lanzarse a la fallida aventura de ser el nuevo dirigente de Morena, el diputado Porfirio Muñoz Ledo envió un mensaje al presidente López Obrador para proponerse de nuevo como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cargo que ya había ocupado en el primer año de la Legislatura y del que tuvieron que sacarlo casi por la fuerza, cuando ante la falta de acuerdos con el PAN, intentó quedarse por un segundo año consecutivo provocando una crisis en el órgano legislativo y la molestia presidencial.

En una carta que mandó por correo electrónico a César Yáñez, coordinador general de Política y Gobierno, fechada el 30 de agosto, Muñoz Ledo se refiere a la crisis que en esa fecha existía en San Lázaro ocasionada por la intentona de Gerardo Fernández Noroña y del PT, de quedarse con la presidencia de la Mesa Directiva.

En su mensaje pide a Yáñez leer el mensaje al Presidente. “Se lo mandaré también a Laurita (la secretaria de López Obrador)”. Le dice:

“Mañana es un día definitivo para el Partido y la Cámara. Estoy defendiendo con todo a Alfonso Ramírez Cuéllar. (...) Hablé con Mario Delgado de fondo. Dolores Padierna quiere desplazar o sucederlo y está dividiendo al partido. Le dije a Mario que debe quedarse en la dirigencia, hasta la aprobación del Presupuesto. No debe pelear la presidencia del partido en perjuicio de Alfonso. Su derecho a competir no se extingue, pero deberá consultar los tiempos con el Presidente.

“Le dije también que en el Grupo Parlamentario la solución no es ni Pablo Gómez ni Tatiana. El primero no es conveniente y la segunda no quiere. La solución es Nacho Mier, el único que tiene la confianza 100% del Presidente.

“Respecto a la bronca grave en la Cámara, hablé también con Mario y consentimos que Noroña jamás tendrá los dos tercios, por llevarse a Toledo y a Serrano, pillos que están procesados. El PT que me traicionó por dinero ya no podrá presentar otro candidato y el PRI va a sumar otros diputados para ganar el derecho a proponer. Mañana no habrá consensos y se abrirá el espacio de 5 días para negociaciones, la presidencia de la Jucopo tiene mano para considerar intereses. Se lo dije a Mario.

“Pienso que el único candidato que puede tener consenso para la presidencia soy yo, como solución no como problema. No haré nada hasta el momento. En tal caso mi propuesta y mi conducta, sería ordenar y serenar la Cámara, para que pueda legislar tiempos electorales muy conflictivos.

“Te agradecería mucho pudieras leerle este mensaje al Presidente. Se lo mandaré también a Laurita”.

Hasta ahí la carta de Porfirio. Seis días después de aquel mensaje y de que claramente el Presidente ignoró su propuesta para volver a presidir la Mesa Directiva de San Lázaro, Muñoz Ledo destapó su candidatura para intentar ser presidente de Morena.

En esa aventura fallida contó con el apoyo de Yáñez, quien le operaba y lo ayudaba desde Palacio Nacional, aun cuando sus reacciones iracundas y descontroladas se convirtieron en un problema para Morena y para el Presidente. Es Porfirio de cuerpo entero en su redacción y su análisis. Es el mensaje de quien dijo que “dirigir Morena” sería su acto final, pero que lleva nueve presidentes de los cuales ha sido cercano por lo menos a cinco, que ha dirigido tres partidos, de los cuales ha fundado dos, y que lleva 56 años de trayectoria pública y política en la que ha tenido momentos brillantes, como aliarse con Cuauhtémoc Cárdenas para romper con el PRI y crear la Corriente Democrática y luego el Frente Democrático Nacional, y otros bochornosos como el día que atacó, pistola en mano, a Steven Goldstein en Nueva York en 1985, cuando el empresario estadunidense ocupó unos centímetros de su vehículo en la residencia que ocupaba como embajador de México ante la ONU.
16 Noviembre 2020 04:03:00
La batalla por los 100 mil muertos
El país se enfila a un recrudecimiento de la pandemia por el próximo invierno y a un aumento exponencial y doloroso de muertes y contagios por Covid que se ve inevitable. Las autoridades mexicanas siguen divididas en la forma de enfrentar esta emergencia y no hay ya una estrategia nacional porque el Gobierno federal, con su fallida y cuestionada metodología, su negativa al aumento de pruebas y sus cifras llenas de subregistros, ha sido rebasado por los gobiernos locales y ha perdido el control de la emergencia sanitaria.

En medio de ese caos y mientras nuestras autoridades juegan al ensayo y error con los colores del semáforo, en medio de la escasez de recursos, la saturación de los hospitales públicos y la inexistencia de directrices generales por el miedo y la tibieza del presidente López Obrador, que se niega a tomar medidas coercitivas que dañen aún más su popularidad, llegamos al millón de contagios y nos enfilamos esta semana a una cifra altamente simbólica, los 100 mil muertos, que será el objeto de disputas políticas y mediáticas, a pesar de que todos sabemos que en realidad hoy tenemos casi tres veces más de muertes reales por la pandemia.

En el ambiente politizado en el que ya nos encontramos, previo a las disputadas elecciones de 2021, el número de 100 mil muertes oficiales por Covid será utilizado por los opositores y críticos como un símbolo del fracaso del Gobierno lopezobradorista en la atención de la emergencia por Covid, mientras que desde el gabinete de Salud buscarán acusar a la oposición y a la prensa crítica, de “lucrar políticamente” con un tema tan doloroso como es la muerte de los mexicanos.

De un lado, las dirigencias de los partidos de oposición, los gobernadores de la Alianza Federalista y los grupos empresariales adversos a la 4T, preparan una campaña para resaltar y restregar la cifra de los 100 mil fallecidos como un reflejo de la ineficacia y el desorden con el que el presidente López Obrador y su gabinete de Salud, encabezado por el muy polémico y cuestionado doctor Hugo López-Gatell, han manejado esta pandemia y ha colocado a México, con sus decisiones erráticas y su negación inicial de la gravedad del problema, como uno de los países con mayor índice de mortalidad por Covid en el planeta.

Del otro lado, en el Gobierno ya empezaron desde el viernes con el discurso que busca rechazar cualquier responsabilidad y que acusa a los medios y a los opositores de “faltarle al respeto a los muertos” al utilizar la cifra de las 100 mil defunciones como una forma de golpear y criticar a la Administración de López Obrador con fines políticos.

Lo que veremos esta semana será una batalla política de muy mal gusto entre la oposición y el Gobierno, unos para tratar de resaltar las cifras negativas del Covid como muestra del fracaso gubernamental y los otros con argumentos sofistas y de negación de la gravedad de la situación para evadir culpas y responsabilidades. Y en medio de esta patética guerra, estará una ciudadanía también dividida y enfrentada entre los que se cuidan y siguen las recomendaciones de usar cubrebocas, evitar reuniones y salir lo menos posible de casa, y los que, entre hartos e inconscientes, deciden que la vida tiene que seguir y siguen haciendo su vida social sin restricciones ni cuidados.

Así que preparémonos para un crudo y doloroso invierno. Y como siempre hemos dicho desde que empezó esta pandemia y su dimensión rebasó a nuestras autoridades políticas y sanitarias: que se cuide cada quien y cuide a los suyos, porque en esto, que es quizá el reto más grande para la sobrevivencia que hayamos enfrentado la mayoría de nosotros, vamos solos y por nuestra cuenta.
14 Noviembre 2020 04:04:00
El ‘huachicol’ en la importación de gasolinas
Producto de la corrupción que aún persiste en las 49 aduanas terrestres, marítimas y fronterizas del país, cientos de miles de litros de gasolina y diesel ingresan ilegalmente al país todos los días, a través de un contrabando constante en el que participan empresas, particulares y el crimen organizado.

Los combustibles importados no son reportados al fisco o se introducen con engaños y trucos, como declarar “aceites” para evadir el pago de impuestos especiales. Todas esas importaciones de combustibles, que pasan principalmente por las aduanas fronterizas de Tamaulipas y puertos como Manzanillo, son vendidas en el mercado ilícito de gasolinas que existe en México y que le genera a Pemex una pérdida de 40% del mercado legal de los combustibles, que significan 500 mil millones de pesos al año que pierde la paraestatal.

Un estudio interno de Pemex, elaborado por el consejero independiente Rafael Espino de la Peña y fechado en noviembre de 2019, alerta a la Dirección General de la empresa, encabezada por Octavio Espinoza, que a pesar del éxito en el combate al “huachicol” y la disminución en el robo de combustibles y terminales de almacenamiento de la empresa, que redujo las ventas de gasolina robada en las gasolineras, Pemex sigue perdiendo casi medio billón de pesos cada año por el mercado negro de gasolina y diésel.

Asimismo, señala que esta práctica continúa y ha crecido, a través de las importaciones ilegales de esos combustibles que ingresan desde el sur de Estados Unidos y en otros como importaciones “legales” pero que no son reportadas en las aduanas por la corrupción, el engaño y el negocio millonario que representan la venta de esos energéticos en el mercado ilegal, que generan flujos y ganancias cercanas a los 20 mil millones de dólares al año para el crimen organizado.

Más carros pero menos venta de gasolinas

El estudio ordenado por Pemex y que le fue presentado al presidente López Obrador desde el año pasado, es en buena parte la razón por la que el Presidente decidió entregarle al Ejército mexicano y a la Secretaría de Marina el control de las aduanas terrestres, al primero, y de los puertos marítimos, a la segunda.

La militarización de las Aduanas fue la salida del Mandatario ante el fracaso evidente que ha tenido su Gobierno para tratar de controlar la enorme corrupción que aún prevalece y que ocasiona una fuga de recursos al erario federal calculada en más de medio billón de pesos cada año.

Tres directores civiles que ha nombrado este Gobierno, primero Ricardo Peralta, luego Ricardo Ahued y ahora Horacio Duarte, no han podido controlar y menos acabar con la corrupción que el mismo Presidente definió como “el monstruo de 100 cabezas”, mientras que expertos en el tema consideran que las aduanas son el “píloro” de la corrupción en el país, porque por ella pasa todo.

El Peñato y el huachicoleo de importación

Para explicar porqué la estrategia de combate al robo de combustibles del presidente López Obrador, una de las primeras medidas adoptadas por su Gobierno en diciembre de 2018 al tomar posesión, que incluso ocasionó una crisis nacional de desabasto de gasolina y diésel durante enero y febrero del 2019, el análisis del consejero independiente de Pemex, Rafael Espino, explica que durante el sexenio de Peña Nieto el incremento gradual del IEPS y el IVA a las gasolinas, además de la “lógica anticonsumidor con que se llevó a cabo la Reforma Energética”, hicieron que con los llamados “gasolinazos” o aumentos en el precio de los dos combustibles, se rompiera la paridad histórica de precios que había entre México y Estados Unidos.

¿Podrá en algún momento el Gobierno de AMLO detener la sangría de recursos y el robo a Pemex que se creyó que terminaba con detener el robo a ductos, pipas y terminales de almacenamiento y con el desmantelamiento de la mafia interna, que alimentaba ese saque de los recursos energéticos del que participaba el crimen organizado?… Los dados mandan Serpiente Doble. Semana complicada.
12 Noviembre 2020 04:00:00
Los apasionados tabasqueños y su manía de hablar
La conseja popular dice que los tabasqueños hablan tanto que “por la mañana te inventan un chisme y por la tarde te lo comprueban”. Y todos los días, con sus alocuciones mañaneras, que suman 491 conferencias (la de hoy es la 492), López Obrador parece confirmar ese dicho tan popular en su tierra, no solo porque su conferencia de ayer rompió récord de duración con 3 horas y 12 minutos (192 minutos), sino por la cantidad de afirmaciones y aseveraciones sin sustento ni veracidad -incluidas acusaciones y señalamientos contra personas o instituciones- que todos los días realiza con todo el poder que tiene su palabra.

Ayer miércoles, según el ejercicio de revisión que realiza todos los días SPIN, del doctor Luis Estrada, el Mandatario tuvo su mañanera más larga y le dedicó más de 3 horas a comentar y discurrir, con algunos anuncios de programas de Gobierno incluidos, sobre los más diversos temas de los que él expone primero y de los que le preguntan después los reporteros. Tres horas para una conferencia, en un día de trabajo de un Presidente parecen muchas.

En el mismo gabinete y en el círculo cercano de Palacio Nacional, hay colaboradores que le han sugerido al Presidente modificar la frecuencia o la duración de las conferencias mañaneras, aunque nadie se atreve a sugerirle que las cancele porque saben que es quizá de lo que más le gusta de ser Presidente.

El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, le ha comentado al Presidente que tiene que disminuir su ritmo y dormir más porque está poniendo en riesgo su salud y le ha recomendado revisar toda su política de comunicación. Pero lo cierto es que, por más que se lo pidan, el tema de las conferencias diarias a primera hora, es algo que López Obrador tiene muy probado como un tema que le ayuda a fijar y manejar la agenda política y mediática no de ahora que es Presidente, sino desde que fue Jefe de Gobierno del antiguo DF, cuando inventó el ejercicio de salir todos los días, en aquel entonces a las 6 de la mañana, “porque así fijamos la agenda”, decía a sus comunicadores de entonces.

A dos integrantes de la 4T que ocupan puestos importantes y que conocen muy bien al Presidente, les he escuchado dos explicaciones del porqué Andrés Manuel López Obrador disfruta tanto de hablar todos los días y en ocasiones, como ayer, hasta por 3 horas seguidas. El primero me dijo que “como los medios siempre le negaron el acceso a hablar, a decir su palabra y su discurso político, en sus años de opositor al sistema, acumuló tantas ganas y tanta necesidad de hablar que hoy se desquita todos los días en las mañanas”. Y el segundo lo explicó de la siguiente manera: “Andrés creció en un Tabasco donde todas las mañanas, desde muy temprano, había un programa con el que todos los tabasqueños despertaban y oían todos los días, para después comentar todo lo que ahí se decía. Era el Telerreportaje, de Jesús Sibilla. Él lo escuchó durante años, desde niño, y aprendió esa dinámica: que lo que se dice desde muy temprano, se repite y se comenta durante todo el día”.

Sea cual fuere la explicación que se le quiera dar, está claro que el Presidente sabe que tiene una herramienta muy redituable política y mediáticamente.

No importa que en ocasiones, como ayer que duró más de 3 horas en su larguísimo e infructuoso discurso, el Presidente se gane a pulso las críticas y comentarios como el que le destinó su acérrimo adversario y “villano favorito”, el expresidente Felipe Calderón en Twitter: “Más de 3 horas ¿no tiene otra cosa que hacer el Presidente de México? ¿Algunos cientos de miles de damnificados? ¿Alguna pandemia que le ha quitado la vida a 100 mil mexicanos (probablemente 300 mil)? ¿Alguna crisis económica sin precedentes?”.
11 Noviembre 2020 04:00:00
Gobernadores, partidos y empresarios van juntos al 2021
Los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista han decidido llevar sus demandas de un nuevo federalismo fiscal hasta las urnas electorales.

Y en busca de romper la mayoría del presidente López Obrador en la Cámara de Diputados, se han acercado a un grupo de empresarios de Monterrey con los que dialogan sobre una estrategia conjunta hacia los comicios federales de 2021, en la que el eje principal sería una “alianza de facto”, con candidaturas apoyadas indistintamente por los votos del PRI, PAN, PRD y MC y un discurso común que exhibiera y denunciara “la fallida e irresponsable estrategia contra el Covid-19” responsabilizando al Gobierno lopezobradorista de los cientos de miles de muertos y más de un millón de contagiados que para las votaciones de junio del próximo año habrá en el país.

A través de intermediarios, los mandatarios aliancistas han hecho contacto con algunos de los poderosos capitanes regios, que están interesados en influir también en la próxima elección, y han comenzado a armar una estrategia en la que los gobernadores ofrecen 30% de candidaturas para el grupo empresarial del norte y una alianza de partidos, PRI, PAN, PRD y MC, para postular y apoyar candidatos comunes en al menos 100 distritos estratégicos de la República, con los que se puede quebrar el actual dominio legislativo de Morena.

Siguiendo el consejo que les dio el mismo Presidente en una de sus conferencias mañaneras, donde les dijo que si querían cambiar las leyes de coordinación fiscal “primero ganen la mayoría en el Congreso”, los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Aguascalientes, Michoacán, Durango y Colima trabajan en una estrategia conjunta, para que sus partidos hagan alianzas de facto y postulen a los candidatos mejor posicionados en cada distrito, de tal manera que la fuerza de todos los partidos se unifique para hacer ganar las votaciones a los candidatos con mayores posibilidades, sin importar de qué partido sean.

En los cálculos de la alianza de facto que trabajan los estados aliancistas, la apuesta es a 100 distritos, aunque en el escenario menos favorable consideran que con ganar 80 distritos electorales de mayoría se acaba automáticamente con el control que ejerce Morena en San Lázaro, y con un bloque opositor sólido, que enfrente al partido oficial en la próxima Legislatura, podrían no solo modificar el Presupuesto Federal, sino revertir algunas reformas a leyes secundarias y frenar incluso nuevos intentos de reformas constitucionales, porque también se rompería la mayoría calificada que requeriría el presidente López Obrador para hacer cambios constitucionales –como la reforma que ha comentado al Artículo 27 constitucional para revertir la participación privada en el sector energético– en la segunda parte de su Administración.

Así es que, si lo que quería el presidente López Obrador era que los 10 gobernadores, a los que no quiso recibir ni dialogar como bloque, ni él ni sus secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, ni de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se unieran para competirle en las elecciones de 2021 ya lo logró. La Alianza Federalista ya no solo es un grupo de mandatarios estatales que busca un nuevo Pacto Fiscal y una revisión del Convenio de Coordinación entre los estados y el Gobierno central; ahora también es un bloque electoral que, aliado con algunos de los empresarios más ricos de Monterrey, harán un frente electoral común con un objetivo concreto y claro: acabar con la mayoría legislativa de Morena y con ello buscar el descarrilamiento de la ya
afectada 4T.
10 Noviembre 2020 04:00:00
El líder social que no se quiso mojar los zapatos
La imagen de Andrés Manuel López Obrador sobrevolando en helicóptero y observando desde las alturas el drama y la tragedia que vive su estado por las inundaciones que comenzaron desde el pasado 4 de octubre, y que se agravaron la madrugada del sábado pasado, ilustra muy bien por qué sus paisanos tabasqueños están molestos, dolidos y decepcionados.

No solo por el grave anegamiento que padecen cíclicamente cada año, sino porque sienten que el Presidente, su paisano, los abandonó a su suerte y el día que llegó –con un mes de retraso– a reconocer la gravedad de la situación, ni siquiera se acercó a los tabasqueños, que hoy lo han perdido todo y tienen que estar viviendo en albergues, y en contra de su costumbre y sus históricas luchas sociales, que comenzaron justo en estas tierras que hoy están bajo el agua, ni siquiera se mojó los zapatos.

El Presidente no tenía planeado visitar Tabasco y había pasado la noche del viernes en Tepic, donde después de supervisar una obra carretera había pernoctado y desayunó muy temprano, mientras se preparaba para viajar a Sinaloa.

Fue cerca de las 8 de la mañana cuando el Mandatario tomó la decisión de suspender su gira y, en contra de su costumbre y de su acostumbrada austeridad, ordenó que un avión de la Fuerza Aérea lo trasladara de emergencia a Tabasco para supervisar personalmente la gravedad de los daños y las inundaciones.

Mientras el Presidente sobrevolaba y veía desde las alturas la tragedia, abajo, entre el calor del trópico y las calles de Villahermosa y de los municipios convertidos en ríos, los reclamos de sus paisanos hervían por el abandono que sienten de quien, habiendo salido de su misma tierra, hoy despacha en Palacio Nacional.

Había tardado un mes en ir a verlos en medio de su desgracia y ahora que había llegado tampoco pudieron verlo. ¿Qué le impidió al luchador social que andaba lo mismo en los pantanos que en los humedales apoyando las luchas de los indios chontales o tomando pozos para apoyar las demandas de las comunidades tabasqueñas en contra de Pemex, bajar a tierra y acercarse a sus desesperados paisanos?

¿Por qué evitó el Presidente mojarse los zapatos y hasta el pantalón para escuchar a los que perdieron todos sus bienes en estas inundaciones? ¿Fue miedo a escuchar los reclamos en el tono airado y apasionado del trópico, fue solo prudencia o de plano se perdió la sensibilidad que lo ha caracterizado en su larga lucha política?


Las respuestas a esas preguntas pueden ser muy disímbolas según quien las responda; pero lo que quedó como un hecho el sábado pasado es que, a pesar del discurso de que “todo el Gobierno está apoyando” a Tabasco y a sus municipios afectados hay un sentimiento de abandono del Gobierno que pensaron más los cuidaría por el paisanaje.

El reclamo entre los tabasqueños es que, además de la falta de inversión en las obras hidráulicas que otros gobiernos les prometieron y dejaron inconclusas y que este Gobierno no retomó ni invirtió tampoco en dos años, también mucho tuvo que ver en el desbordamiento de ríos y el anegamiento de pueblos, las decisiones que ha venido tomando la Comisión Federal de Electricidad para el desfogue de presas.

Para decirlo simple y directo, tal como lo dicen en el trópico tabasqueño, hoy sumido en la desgracia, “la culpa es de Manuel Bartlett”, y ni aún con su visita del sábado y con medio Gabinete y la Marina que les mandó a ayudarlos, los tabasqueños no sintieron la presencia y el apoyo de su paisano en su visita relámpago en la que pasó apenas unas horas en su tierra y regresó a Palacio Nacional con los zapatos secos.
09 Noviembre 2020 04:00:00
No felicitar a Biden, la decisión personal del Presidente
A contracorriente de lo que le recomendaron con insistencia, tanto el canciller Marcelo Ebrard, como la embajadora Martha Bárcena —que a pesar de sus conocidas diferencias coincidieron en que el presidente López Obrador debía salir a reconocer el triunfo del candidato demócrata Joe Biden y felicitarlo a nombre del Gobierno de México—, el Mandatario mexicano decidió no escuchar las recomendaciones de los encargados de la política exterior y de la relación con Estados Unidos y optó por decir que esperará “a que se resuelvan todos los asuntos legales” en la elección presidencial de Estados Unidos.

La posición que tomó el Presidente mexicano, a partir de un desconocimiento total del sistema electoral estadunidense, causó sorpresa no solo fuera de México sino entre sus propios colaboradores que desde muy temprano, por la mañana, le habían explicado la necesidad y la importancia de que se pronunciara en reconocimiento del triunfo de Biden, como ya lo habían hecho la mayoría de los líderes del mundo, empezando por el otro miembro del T-MEC, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien fue el primero de los jefes de Estado en felicitar públicamente al candidato demócrata a través de su cuenta de Twitter.

En tanto el Presidente mexicano vacilaba, desde todo el mundo, incluido Nicolás Maduro en Venezuela y el resto de Latinoamérica, con excepción de Brasil, seguían fluyendo los reconocimientos y los mensajes de felicitación: Alberto Fernández, de Argentina; Iván Duque, de Colombia; Sebastián Piñera, de Chile; Martín Vizcarra, de Perú, lo hacían el mismo sábado mientras que el domingo se sumaba al reconocimiento el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Desde Tabasco, a las 6 de la tarde, López Obrador dio su mensaje: “Quiero esperar a que termine el proceso electoral, nosotros padecimos mucho de las cargadas, de cuando nos robaron una de las veces la Presidencia y todavía no se terminaban de contar los votos y ya algunos gobiernos extranjeros estaban reconociendo a los que se declararon ganadores”.

En el razonamiento de López Obrador para no reconocer aún el triunfo de Joe Biden está la idea del Mandatario de que el sistema electoral de Estados Unidos es similar al de México, algo totalmente equivocado. Si bien Donald Trump se niega a reconocer aún su derrota y amenaza con llegar a la Suprema Corte y con todo y que los colegios electorales pueden tardar meses en dar sus resultados finales, la realidad es que el conteo de los votos hecho por cada estado le da a Joe Biden y a Kamala Harris una ventaja irreversible de 290 votos. Son los estados de la Unión Americana los que allá definen la elección y no hay, como acá, una autoridad central electoral que vaya a resolver nada.

No hay ninguna razón política o diplomática por la que nuestro país y su Gobierno deban alargar un reconocimiento que ya hicieron la mayoría de los países y que tarde o temprano tendrá que hacer la Administración de López Obrador, pero entre más se tarde el Mandatario mexicano más podría complicar su relación con la próxima administración Biden.

Lo más delicado de la posición que asumió México, es que el Presidente ni siquiera escuchó lo que le decían sus asesores en política exterior y en la relación con Estados Unidos, que le recomendaron en todo momento salir a reconocer el triunfo de Biden. No entender que la Era Trump ya terminó y que nuestro país tiene que empezar a construir su nueva relación para la Era Biden puede ser muy costoso no solo para el Gobierno de López Obrador, sino para todos los mexicanos.
07 Noviembre 2020 04:04:00
Rosario y las traiciones
A Rosario Robles, en su carrera como política, la han perseguido dos cosas: su pasión por la política, desarrollada desde que era líder sindicalista en la UNAM, y su confianza excesiva en políticos hombres que primero la encumbraron y luego la traicionaron.

Su ascenso en la política, sus caídas y sus regresos siempre estuvieron marcados primero por su trabajo como mujer que rompió esquemas y paradigmas en la política, pero también por los hombres con los que trabajaba y a los que también ella impulsó y ayudó con su trabajo político, pero que por razones diversas terminaron por afectarla, al grado de que hoy está en la cárcel, primero por un delito que no ameritaba prisión, y ahora le acaban de dictar una segunda orden de aprehensión por dos delitos graves: asociación delictuosa y lavado de dinero.

Desde sus inicios políticos como parte de la dirigencia del STUNAM, Rosario tuvo la habilidad de acercarse a figuras políticas masculinas que la ayudaron a abrirse camino.

En 1987 se acercó a Cuauhtémoc Cárdenas y fue parte de la fundación del PRD, tras el rompimiento de la Corriente Crítica del PRI. El ingeniero Cárdenas la volvió una de sus operadoras de confianza y la apoyó a tal grado que cuando llegó a ser Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, la convirtió en su secretaria de Gobierno y, tras su renuncia para buscar ser candidato presidencial, la dejó como su sustituta al frente de la capital del país, de la que Robles se convirtió en la primera mujer en gobernarla en toda su historia.

El tabasqueño que le estaba agradecido, la hizo dirigente nacional del PRD. Para entonces la exjefa de Gobierno y lideresa del PRD había crecido en su dimensión política y ya no necesitaba —o al menos eso creyó ella— ni de la sombra de Cárdenas ni la de AMLO para emprender su propio grupo político. Junto a figuras como Ramón Sosamontes y otros políticos perredistas creó su propio proyecto político personal y para financiarlo se acercó al empresario argentino Carlos Ahumanda, a quien había conocido como contratista y con quien había trabado una relación tan estrecha que pasó de lo político a lo personal.

El golpe judicial contra Carlos Ahumada por haber filtrado los videos en los que René Bejarano recibía los fajos de billetes que se metía en la bolsa, terminó por hacer huir a Cuba y después pisar la cárcel al argentino y echó por tierra también los proyectos políticos de Rosario Robles, que terminó estigmatizada y tuvo que renunciar a la dirigencia nacional del PRD en agosto de aquel año. La venganza del Jefe de Gobierno, López Obrador, contra el empresario argentino fue fulminante y el golpe fue también para Rosario a la que prácticamente terminó expulsando del perredismo, a pesar de la relación tan cercana que apenas tres años antes habían tenido y del apoyo que ella le había dado para convertirse en gobernante de la ciudad capital.

La misma Rosario Robles ha comentado a amigos y familiares suyos que la han visitado en la cárcel que se siente “abandonada y traicionada” por el expresidente en el que tanto confió y al que apoyó incondicionalmente y de otros personajes del gobierno peñista que se decían sus amigos y con los que ella tuvo lealtad y amistad.

Una anécdota que cuentan excolaboradores cercanos de Peña Nieto: que antes de que terminara su gobierno, en el último mes, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, fue a ver al Presidente a su despacho en Los Pinos para pedirle instrucciones.

“¿Qué hago, tenemos todas estas averiguaciones abiertas y pendientes, si las dejo así las podrían retomar en el siguiente gobierno”, dijo Elías Beltrán mientras ponía sobre la mesa una baraja de expedientes penales. Peña miró las carpetas de investigación, cuenta la fuente, y como si jugara un juego de azar fue apuntando con el dedo las que debían ser cerradas y finiquitadas para que no las recibiera el nuevo procurador general de la República. Apuntó casi todas, menos dos que no debían cerrarse y una de esas dos era la investigación contra Rosario Robles Berlanga por los desvíos millonarios de la Sedesol. Aquel día en Los Pinos se decidió el destino de Rosario… Los dados mandan Escalera Doble. Subida automática.
05 Noviembre 2020 04:03:00
Confronta Videgaray a la FGR con AMLO
Las acusaciones en contra del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, formuladas y defendidas por la Fiscalía General de la República, han dejado ver diferencias entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero, porque van dos días consecutivos en los que el Presidente insiste en que la orden de aprehensión solicitada en contra de Videgaray fue “rechazada por el juez”, mientras que la Fiscalía niega que haya existido tal rechazo e insiste en defender la solidez de sus investigaciones contra el poderoso exsecretario de Hacienda.

Parece como si en Palacio Nacional, concretamente el Presidente, no estuviera muy convencido de proceder contra el exhombre fuerte del sexenio pasado, quien fue por cierto el encargado de fungir como interlocutor entre él y Peña Nieto cuando comenzaron a dialogar, a partir de mayo de 2018, sobre el reconocimiento del triunfo de López Obrador y el pacto para una transición pacífica. Videgaray negoció en aquella campaña presidencial con personajes del primer círculo lopezobradorista, como Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, los términos de lo que fue, en los hechos, una rendición anticipada del Gobierno peñista y un pacto de civilidad entre los dos grupos políticos.

Tal vez por eso y por la influencia que aún mantiene Jared Kushner (protector de Videgaray) como el conducto para la relación con Donald Trump con el Gobierno de López Obrador, es que el Presidente se ha mostrado tan escéptico sobre la averiguación previa abierta por la FGR y ha contradicho incluso un comunicado oficial de la institución autónoma, en el que habían desmentido su primera afirmación sobre un rechazo a la orden de aprehensión en contra del también excanciller de México en el Gobierno pasado.

Y es que en el análisis interno que hicieron en las áreas jurídicas de la Presidencia sobre el expediente contra Videgaray, concluyeron que no había “elementos sólidos y suficientes” contra el peñista e incluso cuestionaron que se haya incluido entre las cinco acusaciones en su contra el delito de “traición a la Patria” porque eso denota, según los abogados de Palacio, “que no tienen nada más y por eso lo metieron”. Sin embargo, en la Fiscalía no piensan lo mismo y han defendido con todo su averiguación previa, al grado de contradecir y desmentir públicamente al Presidente, con lo que se confirma la intención y la instrucción de Gertz Manero de insistir en obtener la orden de aprehensión en contra del exfuncionario.

En medio de la confrontación entre Gertz y el Presidente, fuentes del Poder Judicial Federal confirman que la orden de aprehensión no fue negada por el juez, pero que el funcionario judicial sí le regresó “en corto” el expediente al Ministerio Público Federal con algunas observaciones para que mejorara su integración y no tener que negarles la petición. Esa, nos dicen las fuentes, no es la primera vez que pasa.

Así es que, a juzgar por lo que ambos han dicho en estos últimos dos días, desde que se filtró la existencia de una averiguación previa con orden de aprehensión en contra de Videgaray Caso, filtración de la que por cierto rechazó su autoría la FGR y cuestionó la legalidad de quienes filtran expedientes a la prensa (como sugiriendo que la filtración salió del Gobierno), es claro que mientras el fiscal Gertz Manero quiere ir con todo contra el poderoso extitular de Hacienda, a quien ve como una pieza clave para sostener el caso de Emilio Lozoya y justificar el trato que la Fiscalía le dio al exdirector de Pemex, en Palacio Nacional no parecen muy convencidos de que se acuse al exsecretario de Hacienda, con el que negociaron muchas cosas en 2018 y, en previsión de lo que pase en Estados Unidos en las próximas horas, lo saben aún protegido por el Gobierno de Trump. ¿Será que si gana Joe Biden eso cambia y entonces sí a Videgaray se le caen sus protectores en EU?… Los dados mandan Escalera. Hacia arriba.
04 Noviembre 2020 04:03:00
Pánico en Madrid
La escena que nos describen desde la capital española no se refiere a las reacciones populares ante los nuevos confinamientos obligatorios por el Covid; se refiere más bien a un tipo de pánico distinto: el que experimenta el expresidente Enrique Peña Nieto por las noticias que le han llegado desde México, en las que se cierra el círculo para una posible acusación en su contra, ya no solo por el tema de Emilio Lozoya y el financiamiento ilegal de Odebrecht a su campaña, sino también por el anuncio de que otro Emilio, Zebadúa, será testigo protegido y hablará de cómo se instrumentó y ejecutó en su Gobierno el saqueo millonario del presupuesto federal a través de la llamada Estafa Maestra.

Las declaraciones de esos dos Emilios han puesto muy angustiado a Peña Nieto, quien desde su lujosa mansión en La Finca, en Pozuelos de Alarcón, ha comentado a sus amigos cercanos –los pocos que aún lo buscan– que “le preocupa seriamente” lo que pudiera declarar en su contra el exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu en su Gobierno, Emilio Zebadúa González, quien le pidió a la FGR el beneficio de un criterio de oportunidad (lo mismo que convertirse en testigo colaborador) a cambio de revelar cómo se le ordenó desde Los Pinos y desde la oficina de su dos veces jefa, la secretaria Rosario Robles, ejecutar las contrataciones fraudulentas a universidades públicas e institutos estatales para sacar dinero del erario y mandarlo a las campañas del PRI.

“Está apanicado, aterrado y ya se quiere mover de Madrid porque teme que haya acusaciones en su contra”, nos dijo la fuente cercana al expresidente, que insistió en que, a pesar de que el tema de Lozoya ya lo tenían analizado y estudiado jurídicamente, para combatir judicialmente los argumentos y las imputaciones de su exdirector de Pemex, ahora la irrupción de Emilio Zebadúa como posible testigo colaborador de la FGR le puede complicar las cosas al exmandatario, que siente que hay una consigna desde Palacio Nacional para que procedan en su contra.

Las declaraciones que rinda Zebadúa sobre las operaciones de contratos simulados en Sedesol y Sedatu, para obtener recursos que presuntamente se usaban para financiar al PRI, involucrarían directamente al expresidente y podrían también apuntar a Videgaray, pues al final era él quien desde Hacienda autorizaba los pagos y las operaciones.

El pánico de Peña Nieto ante estas investigaciones es directamente proporcional al que siente Luis Videgaray desde Boston, ante la confirmación de que sí hay una orden de aprehensión en su contra, según lo confirmó ayer la Fiscalía General de la República, que incluso desmintió al presidente López Obrador, al negar que ningún juez les haya notificado hasta ahora la negativa o el rechazo de esa solicitud de aprehensión.

La existencia de esa orden en contra de Videgaray explica por qué reaccionó tan virulento cuando en esta columna publicamos que estaba buscando, a través de empresarios israelíes amigos suyos, una posible residencia legal en Israel, ante el temor de que hubiera alguna acción judicial en su contra.

Y mientras Peña y su exhombre fuerte se muestran angustiados, la que está más que molesta y acusa “traición y abandono” del expresidente al que tanto defendió y apoyó es Rosario Robles, quien desde prisión no deja de hablar de las traiciones en su contra, primero por Peña que se olvidó de ella y la dejó sola y ahora, al parecer, por su otro hombre de confianza, Emilio Zebadúa, quien declararía como testigo colaborador en su contra. Es la historia de Rosario y las traiciones de los hombres en los que confía.

Por lo pronto en un análisis interno en el Gobierno de López Obrador, se concluyó que no había muchos elementos jurídicos y legales para acusar a Luis Videgaray, pero lo que sí hay, se dijo, es intención y voluntad política para procesar al poderoso exsecretario, como un “paso necesario y obligado” para llegar al expresidente Peña Nieto.

Lástima que a estas alturas ya no hay quien le pueda decir a Peña y a Videgaray “calma, que no cunda el pánico”.
03 Noviembre 2020 04:02:00
EU, a las puertas de un conflicto, ¿Resistirá  su democracia?
Una de las democracias más sólidas del mundo occidental estará hoy a prueba. La misma democracia que se ha promovido como el modelo a seguir y a imitar por muchos países en el mundo, la que en su nombre ha sometido a naciones, ha derrocado líderes con golpes de Estado y ha incendiado países con revoluciones intestinas por la imposición de regímenes leales a Washington, tiene en este martes uno de los retos más fuertes de su historia en los 244 años de existencia de los Estados Unidos.

Lo que se definirá este 3 de noviembre en las urnas, con casi 75% de los votos ya emitidos de manera anticipada, no es solo quién gobernará al país más poderoso del mundo en los próximos cuatro años, sino si la democracia de Estados Unidos podrá seguir siendo esa referencia obligatoria para el resto del mundo y particularmente para América Latina.

Un triunfo de Joe Biden o del propio Trump que no sea lo suficientemente claro y amplio, tanto en los votos como en los colegios electorales de los estados de la Unión Americana, dejaría como último recurso el arbitraje de la Suprema Corte de Justicia.

Y si cualquiera de los dos candidatos que pierda lo acepta y reconoce (especialmente el presidente Donald Trump, quien ha puesto la legalidad en duda si hay un resultado adverso en su contra), ahí terminaría todo y si acaso reviviríamos el fantasma de 2000 con la apretada victoria de George W. Bush en Florida; pero si eso no ocurre y lo que sobreviene es una descalificación total del proceso por el candidato republicano, entonces entraríamos a un escenario inédito e impredecible para Estados Unidos.

Una crisis política y electoral, en el actual ambiente de división y polarización que tiene la fracturada sociedad estadunidense, sería el detonante de posibles conflictos sociales, políticos y hasta raciales en las calles de las principales ciudades del poderoso país.

La presencia de grupos tan antagónicos e irreconciliables como los supremacistas blancos de Proud Boys, los armamentistas de Alt-Rigth, el aún vivo KKK o hasta los neonazis que apoyan a Trump, contra el movimiento Black Lives Matter o las organizaciones de latinos y proinmigrantes en EU sería un choque difícil de controlar en las calles.

La forma en que un conflicto político o racial en EU, que incluya disturbios o confrontaciones en las calles, impactaría al mundo es previsible. Lo primero sería la afectación de los mercados financieros y la caída del dólar, que pondría en jaque a la Bolsa y a la economía estadunidense y con ella a las economías que dependen directamente de ella como es el caso marcado de la economía mexicana. Luego vendría un efecto político: si llegara a ponerse en jaque o incluso a colapsar un sistema político y democrático que ha sido hasta ahora el emblema del mundo occidental, el impacto geopolítico sería brutal y reforzaría la ola de extremismos nacionalistas que ha emergido en todo el planeta con líderes populistas y demagógicos, de derecha o de izquierda, que podrían ganar terreno si se desacredita a una de las principales democracias del planeta.

Pero a reserva de lo que ocurra este martes clave y de cómo se procese la complicada elección presidencial, aún en el escenario más ideal donde el perdedor acepte la derrota y no haya conflicto, la división de la sociedad estadunidense y el daño que le ha hecho a su sistema político una figura como la de Donald Trump parecen tan profundas que aún un triunfo claro de Biden tardaría tiempo en retomar el equilibrio perdido y cerrar tantas heridas que hoy están abiertas en la nación más poderosa del mundo.
02 Noviembre 2020 04:03:00
El espejo de Europa y el narciso de Palacio
A lo largo de la historia, sobre todo en el siglo 21, antes de que nuestra economía y cultura se asimilaran casi por completo a los Estados Unidos, México siempre miró a Europa como el referente que marcaba la pauta en los asuntos de la cultura, arquitectura y las tendencias artísticas, además de las ideas políticas y democráticas que llegaban desde el viejo continente en épocas en que las naciones europeas dictaban la hegemonía mundial. Hoy ya no son esos tiempos y las antiguas potencias europeas no tienen tanta influencia en la vida mexicana, como la tienen el Gobierno y el sistema estadunidenses, pero en términos de lo que sucede en el mundo con la pandemia de Covid-19, a nuestro país le ha servido más en esta difícil coyuntura observar e imitar lo que han hecho naciones como España, Francia, Italia, Alemania o Inglaterra, que tratar de imitar el modelo que, de la mano de Donald Trump resultó en una auténtica tragedia para nuestro poderoso vecino.

Por eso en estos momentos en los que el mundo vive lo que la OMS ha considerado la “segunda oleada” de contagios de Covid en el planeta, a las autoridades mexicanas, particularmente el Gobierno del presidente López Obrador, más les valdría poner mucha atención a lo que está sucediendo en Europa y a la manera en cómo las autoridades nacionales de la Comunidad Europea están enfrentando estos segundos brotes de Covid, para que cuando venga en México esa nueva oleada no nos tome como hasta ahora nos ha golpeado tan fuertemente esta pandemia: en la desorganización y el caos nacional, con una estrategia que a pesar de que no ha dado resultados y nos ha convertido en el cuarto país del mundo con más muertos, se insiste en mantener sin variaciones y sin políticas públicas bien definidas.

A diferencia de las decisiones que han tomado gobiernos como el de Pedro Sánchez, en España; Emmanuel Macron, en Francia; Angela Merkel, en Alemania, o el más drástico hasta ahora, el primer ministro británico Boris Johnson, que acaba de decretar el cierre total de la economía y de su país a partir de este próximo jueves y hasta el mes de diciembre, en México el gobierno de López Obrador sigue con la misma política y mentalidad con la que empezó a enfrentar esta pandemia mundial en febrero de este año: no reconocer la gravedad del problema, no tomar decisiones ni acciones de autoridad para imponer medidas obligatorias.

López Obrador se niega a tomar medidas obligatorias y constitucionales, con los instrumentos legales que le da su autoridad y su tan cacareada representatividad popular, no porque sea un demócrata convencido y defensor de las libertades que todos los días ataca en sus conferencias mañaneras, sino porque no quiere ver afectada su popularidad y su imagen de “benefactor del pueblo bueno y sabio” y menos ante las elecciones que se avecinan en las que juega la supervivencia de su proyecto político y de Gobierno.

Hoy que nuestro país otra vez parece ir a la deriva en el río de la pandemia, mientras nos aproximamos a una zona de rápidos y de caídas profundas, más valdría que volteáramos a vernos en el espejo de Europa y en las medidas que están tomando sus liderazgos políticos, antes de que sea demasiado tarde y nos convirtamos, junto con nuestro vecino del norte, hoy más preocupado y ocupado por resolver los conflictos políticos, electorales y sociales que se le avecinan, en la región del mundo más golpeada por esta pandemia y con más muertos por Covid en todo el planeta.
31 Octubre 2020 04:03:00
Va el Presidente por más fideicomisos
El presidente López Obrador ha dado la instrucción a su Gabinete de desaparecer otros 82 fideicomisos y fondos públicos que administran recursos financieros por casi 60 mil millones de pesos, que pasarían al presupuesto del Gobierno federal para ser utilizados “en la atención de la pandemia por Covid”. Los nuevos instrumentos financieros que se desaparecerán están adscritos y administrados en varias secretarías del Gabinete federal y en organismos públicos descentralizados, y comprenden desde el Fondo para la Protección de los Derechos Humanos, de donde se pagaban indemnizaciones o apoyos a personas violentadas en sus garantías fundamentales por el Estado, hasta el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

La lista de los 82 nuevos fideicomisos que deberán ser eliminados ya fue enviada a las distintas dependencias federales desde la Presidencia de la República con la instrucción precisa de que procedan a su desaparición inmediata, que en estos casos, por tratarse de fondos y fideicomisos que son de acceso directo para las dependencias públicas, no requieren de aprobación en la Cámara de Diputados y solo serían materia de un decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación para dar aviso de su extinción por causa de utilidad pública, aunque sí tendrán que seguir todo el proceso legal y administrativo para extinguir esos instrumentos.

Con los 60 mmdp que se obtendrán de esta extinción, el Gobierno de López Obrador sumaría ya una bolsa de 128 mil millones de pesos, cuyo destino no está debidamente transparentado ni etiquetado. En total, con los 82 fondos ya enlistados, sumarían 191 fideicomisos y fondos extintos, sumados los 109 que ya extinguieron los diputados y senadores, aunque todavía permanecerían activos cerca de 150 fideicomisos públicos que administran un total de 600 mil millones de pesos en sus arcas.

También los estados tienen sus fideicomisos

En la Secretaría de Hacienda tienen documentada la existencia de 322 fideicomisos creados y administrados por los 32 estados de la República y que en conjunto administran fondos por 290 mil millones de pesos de recursos públicos que, en muchos de los casos, no son fiscalizados ni reportan sus movimientos porque se amparan en el secreto fiduciario.

Aunque prácticamente en las 32 entidades tienen y utilizan estos instrumentos fiduciarios, el estado de la República que mayor número de fideicomisos tiene activos es Aguascalientes, que administra 13 mil 519 millones de pesos en 14 fideicomisos estatales; le sigue CDMX con 5 mil 103 mdp depositados en 14 fideicomisos; el tercer lugar lo ocupa Veracruz, que invierte 4 mil 697 mdp distribuidos en 22 fideicomisos; Puebla, con 2 mil 114 mdp en 26 fideicomisos; Morelos con mil 888 mdp en 13 fideicomisos; Jalisco, con mil 693 mdp en 43 fideicomisos (es el estado con más cantidad de fideicomisos); Nuevo León, que administra mil 583 mdp a través de 33 fideicomisos y Chihuahua, que tiene depositados mil 507 mdp en 10 fideicomisos.

La pregunta obligada y necesaria, sobre todo para los gobernadores que han defendido la permanencia de los fideicomisos en el Gobierno federal y han cuestionado su desaparición, es ¿qué tantos de las decenas de fideicomisos que tienen en sus estados resisten una auditoría y una revisión del uso y destino de los recursos públicos que administran?

Sería importante que los gobiernos estatales hicieran un ejercicio de transparencia e informaran con ánimo de rendición de cuentas cuántos fideicomisos y fondos públicos se manejan con recursos estatales y cómo se ejercen esos recursos. Digo, para que hubiera congruencia entre el decir y el hacer… Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.
29 Octubre 2020 04:00:00
Caso Cienfuegos: México exige pruebas y condiciona a la DEA
El Gobierno de México solicitará, por las vías diplomáticas correspondientes, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA le entreguen un expediente con las pruebas que tuvieron para solicitar la detención y el procesamiento del general Salvador Cienfuegos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero, a fin de que sea analizado por las áreas jurídicas mexicanas para saber si hay o no elementos que justifiquen las graves acusaciones contra el exsecretario de la Defensa. En caso de que se niegue la información del proceso en contra del general retirado, las autoridades mexicanas podrían restringir, en represalia, la colaboración y el intercambio de información con la DEA en el combate al narcotráfico.

Esa es la posición que definió el presidente López Obrador con su Gabinete de Seguridad y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de analizar detalladamente el hecho que los tomó por sorpresa el pasado 15 de octubre, cuando sin ningún tipo de aviso o comunicación oficial, fue detenido el exjefe del Ejército mexicano con todo y su familia, cuando llegaba en un avión a la ciudad de Los Ángeles. Antes de definir cualquier acción o investigación interna, en un caso que al propio jefe del Ejecutivo mexicano lo agarró en un principio desinformado y sin conocer bien las acusaciones contra Cienfuegos, la Administración lopezobradorista determinó que se deben conocer las pruebas con que cuenta la justicia estadunidense y su agencia antidrogas, para haber hecho una detención inédita que golpeó a las Fuerzas Armadas mexicanas.

Y es que en un análisis interno que hicieron miembros del gabinete de seguridad federal, al menos un par de secretarios que participaron en esas reuniones barajaron que la detención del general Cienfuegos podría ser una represalia de la DEA por el caso del fallido operativo para detener y extraditar a Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo”, ocurrido el 17 de octubre de 2019 en la ciudad de Culiacán. Aquella detención se planeó y ejecutó con información de inteligencia que entregó directamente la agencia antidrogas estadunidense.

Para la DEA, el Ejército mexicano siempre ha estado vinculado al cártel de Sinaloa y a sus distintas derivaciones. El intercambio de protección y un supuesto “padrinaje” hacia los narcos sinaloenses son parte del argumento histórico con el que la agencia antidrogas del país vecino ha justificado su animadversión hacia los militares mexicanos, una desconfianza además mutua, porque tampoco en el Ejército confían en la DEA ni aceptaban su intervención y operaciones en territorio de México.

Lo que llevó al presidente López Obrador a rectificar su posición original en torno a la presunta culpabilidad del general Cienfuegos, cuya detención en un principio mencionó como “muestra inequívoca de la descomposición del régimen”, fue la enorme presión que se generó en las Fuerzas Armadas, en donde generales retirados y algunos en activo, cuestionaron que el Gobierno de México validara, sin conocer pruebas ni la investigación, las acusaciones estadunidenses en contra de un exsecretario de la Defensa del país. Las expresiones de descontento y desánimo entre las cúpulas militares por la posición inicial del Presidente, hicieron que López Obrador replanteara el tratamiento del asunto y decidiera primero exigir pruebas al Gobierno de Estados Unidos, antes de validar un proceso judicial que aún genera dudas sobre su solidez y veracidad en México.

Para presionar al Departamento de Justicia y la DEA es que se decidió condicionar a que si no se entregan pruebas, el Gobierno mexicano revisará sus acuerdos de cooperación y de intercambio de información e incluso la entrega de narcotraficantes detenidos, particularmente con la DEA, de cuyas razones para detener y acusar al militar mexicano no se tiene plena certeza ni confianza. ¿Mandarán desde Washington las pruebas que exigen en Palacio Nacional?… Los dados mandan Escalera. Subimos.
28 Octubre 2020 04:00:00
Consultas en los estados sobre el centralismo
La respuesta despreciativa que ayer martes le dio el presidente López Obrador a los 10 gobernadores que le pidieron diálogo para revisar el Presupuesto Federal 2021, advirtiéndole que de no hacerlo podrían abandonar el Pacto Federal, atizó la tensión entre la Federación y esos 10 estados, de los cuales ayer al menos cinco de ellos, Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Tamaulipas y Michoacán, anunciaron que harán “consultas populares” entre su población para preguntarles si están de acuerdo con el trato fiscal que les da el Gobierno central y con el dinero de los impuestos que el centro les devuelve a sus estados.

Con el anuncio de estas consultas, que ya empezaron a hacer en sus eventos públicos a mano alzada y en las redes sociales, los gobernadores de la Alianza Federalista le darían al Presidente “una sopa de su propio chocolate” al promover estos ejercicios a los que es tan afín López Obrador.

Ayer mismo cuando, desde Palacio Nacional desestimó y minimizó el ultimátum que le dieron los 10 mandatarios estatales al calificarlos como “actos electorales” y decir que no podía sentarse a dialogar con ellos “porque hay que cuidar la investidura presidencial”, los gobernadores le respondieron al Presidente diciéndole que le tomaban la palabra y que convocarían a sendas “consultas” para preguntarle a los habitantes de sus estados si estaban de acuerdo con el trato que les daba la Federación en materia de presupuesto y cobro de impuestos.

El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, instruyó ayer a su secretario de Gobierno a revisar la viabilidad de una consulta popular en su estado mientras les preguntaba en Twitter a los neoleoneses: “¿Cómo ven? ¿Hacemos una consulta pública para decidir si seguimos siendo los que más le damos a la Federación, a pesar de que nos devuelven solo 28 centavos por cada peso que mandamos, o que Nuevo León se quede con lo que contribuye?”, mientras que en Jalisco, Enrique Alfaro, que dijo “tomarle la palabra al Presidente” y anunció la realización también de una consulta estatal, empezó ayer con un “ejercicio de calentamiento” en un acto con campesinos a los que les preguntó: “¿Estamos dispuestos a seguir pagándole impuestos a la Federación para que ellos se queden con nuestro dinero y no le rindan cuentas a nadie?”, y todos los asistentes votaron a favor a mano alzada.

Abrir la vena del rechazo casi general al centralismo que existe en la República Mexicana, por las realidades históricas y comprobables de gobiernos que consintieron demasiado al centro y descuidaron o menospreciaron las necesidades y el desarrollo de los estados, es un tema harto previsible y peligroso para todos, tanto los gobiernos estatales, que pueden desatar chovinismos locales que revivan viejos afanes separatistas, como para el Gobierno federal y para el mismo presidente López Obrador que puede fragmentar y balcanizar a una nación ya de por sí polarizada y dividida por regionalismos culturales, diversidades sociales y étnicas y hasta diferencias políticas.
27 Octubre 2020 04:00:00
Ultimátum de estados a AMLO: diálogo y respeto o rompen Federación
Mientras el presidente López Obrador profería amenazas y amagos contra las empresas privadas del sector energético con las que su Gobierno libra una batalla legal, 10 gobernadores de la República le lanzaron ayer lunes un ultimátum a su Gobierno “en defensa del Federalismo”, de los fideicomisos y del presupuesto para sus estados, en el que advirtieron que si el Presidente sigue sin atender su petición de diálogo para revisar las necesidades presupuestales de los gobiernos locales y se niega a revisar el proyecto de Presupuesto para 2021, las 10 entidades que representan podrían tomar una ruta de rompimiento para salir del Pacto Federal y abandonar la República.

De manera coordinada y simultánea los 10 mandatarios de la Alianza Federalista pronunciaron desde las capitales de sus estados un discurso similar en el que exigieron a López Obrador dejar de desairar y atacar a sus estados minimizando y despreciando sus peticiones de mayor presupuesto.

En todos los actos públicos, los gobernadores se hicieron acompañar de los representantes de los tres poderes públicos y de los sectores más representativos de cada lugar para mandar el mensaje de que “no solo somos los gobernadores”, sino 10 entidades (Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Durango, Colima y Aguascalientes) cuyos habitantes exigen respeto y diálogo de la Federación.

“Estamos aquí para mandar un mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de la Federación”, lanzó el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, desde el Hospicio Cabañas de Guadalajara.

En Chihuahua, Javier Corral, lo secundó con la advertencia de que si no hay respuesta a su petición de diálogo con el Presidente los estados están listos para ir a una batalla política y jurídica con la Federación para defender sus recursos.

Desde Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón amenazó que el Estado romperá con la Federación si no se escucha el llamado para realizar un reparto más equitativo de acuerdo a lo que cada estado aporta.

El amago de ruptura en la República también se escuchó desde Guanajuato, donde el gobernador Diego Sinhué demandó también diálogo al Presidente o, de lo contrario, advirtió, las 10 entidades unidas podrían tomar la decisión de romper el Pacto Federal.

El mensaje de los 10 mandatarios estatales de la Alianza Federalista se produce después de que tanto la Secretaría de Hacienda como la de Gobernación les han negado reunirse con ellos para dialogar y discutir sus demandas en torno a la disminución de participaciones para sus estados, mientras que los titulares de esas dos dependencias sí se reúnen y dialogan con la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la que le siguen reconociendo representación nacional, cuando ya fue desconocida por esas 10 entidades.

Luego de la acción coordinada de los 10 estados, trascendió que la Alianza Federalista ya está realizando un análisis constitucional y jurídico, además de una estrategia política para declarar, si no hay respuesta a sus peticiones y el Presidente acepta dialogar para revisar y modificar el Presupuesto Federal 2021, una separación del Pacto Federal, a partir del principio constitucional de que “los estados son soberanos y forman parte de una República federal por consentimiento propio” y que también pueden decidir salirse si se sienten ignorados, desatendidos o maltratados por el Gobierno central. ¿Será que lleguemos a un escenario tan complicado como la división o el rompimiento de la República por temas presupuestales, de Federalismo e, indudablemente, por diferencias políticas y polarización? Veremos cómo responde a este ultimátum el presidente López Obrador y si la amenaza de los 10 estados es real o si estamos ante un “blofeo” de los estados. Los dados mandan Escalera doble.
26 Octubre 2020 04:00:00
¿AMLO va por la contrarreforma energética?
La carta de los congresistas de Estados Unidos, en la que le pidieron al presidente Donald Trump que revise las afectaciones y maltratos a las empresas privadas que participan en el sector energético de México por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hizo que el Presidente mexicano tronara contra las quejas de los legisladores estadunidenses y de los inversionistas particulares en energía y anunciara que no solo seguirá dando prioridad y preferencia a Pemex y a la CFE en su política energética por sobre los privados, sino que “si el marco legal no nos alcanza… voy a enviar si es necesario una iniciativa de reforma a la Constitución para que vuelva a prevalecer el espíritu del Artículo 27 constitucional”.

El sábado y de gira por Coahuila, justo en la Central Termoeléctrica José López Portillo, López Obrador dejó en claro que podría promover una contrarreforma a la Constitución para echar abajo todos los cambios constitucionales y legales que se hicieron en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que constituyeron la llamada reforma energética que, a decir del actual, Mandatario, “dejaron todo completamente a favor de los particulares”.

A los miembros del Congreso de EU que acusaron a su Gobierno de “violentar el espíritu del T-MEC”, al darle un trato prioritario a las empresas estatales del sector energía, López Obrador les recordó que “México no negoció ningún capítulo energético ni con Estados Unidos ni con Canadá en el nuevo tratado comercial”. De hecho, hay una versión contada por negociadores que participaron en aquellas pláticas en 2019, que afirman que el Gobierno de López Obrador habría intercambiado con la Casa Blanca eliminar el capítulo energético del tratado, a cambio de aceptar las exigencias migratorias de Donald Trump.

Y al justificar su nueva política energética, que intenta recuperar el estatismo del pasado, el Presidente volvió a atacar a las empresas privadas que generaban energía limpia para la CFE, a las que cuestionó por estar “subsidiadas” y dijo que se aprovecharon de la Comisión con contratos que obligaban a pagarles generaran o no energía.

López Obrador aprovechó el tema para golpear de nuevo a la empresa española Repsol, a la que acusó de haber abusado de la política privatizadora y mencionó que se llevaron a trabajar en su empresa a la exsecretaria de Energía, Georgina Kessel y como consejero al expresidente Calderón. “Una vergüenza, y todavía se inconforman cuando deberían estar pidiendo disculpas por el abuso, por las atrocidades que se cometieron en el periodo neoliberal. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares”, dijo el Mandatario.

Así es que en materia energética el Presidente no piensa ceder y, en su afán por restablecer la antigua política estatista y monopólica en ese sector, continuará fortaleciendo a Pemex y a la CFE para que recuperen sus antiguos esplendores, aunque eso signifique inyectarles miles de millones de pesos para lograr algo que, según los expertos en estos temas, difícilmente volverán a tener la misma fuerza y productividad que en el pasado. Mientras, seguirá la lluvia de amparos y las demandas de empresas privadas energéticas en contra de su Gobierno ya no solo en los tribunales nacionales sino también a nivel internacional, como ya ocurrió con la carta de los congresistas de EU.

A menos que López Obrador se decida a volver a cambiar la Constitución y su Artículo 27 para dejarlo como estaba hasta antes de la reforma energética peñista. ¿Lo hará?... Los dados mandan Serpiente. La semana se ve complicada.
24 Octubre 2020 04:02:00
El cártel de Sinaloa y el ‘Caso Tiburón’
A través de la empresa Corporativo Pesquero Velázquez, propiedad de Martín Velázquez Cuevas, el cártel de Sinaloa estuvo trasladando cocaína desde Costa Rica en tiburones congelados que eran rellenados con la droga y trasladados desde Centroamérica hasta el Puerto de Progreso, Yucatán, para después ser transportados a Jalisco.

Esa operación, para la que sacrificaron decenas de miles de escualos, duró varios años, al menos desde 2009 que se decomisó un primer cargamento de tiburones con cocaína en Progreso, por parte de la Secretaría de Marina, hasta 2017, año en que fue detenido y acusado el empresario pesquero Velázquez.

A esa operación, en la que también se enviaba droga a Houston, Texas, y a otras partes del mundo, se le denominó “Caso Tiburón” y forma parte de las detenciones y golpes al cártel sinaloense, documentadas por el Gobierno mexicano.

La empresa pesquera que trabajaba para los narcos sinaloenses reportó de 2007 a 2019 depósitos por 272 millones de pesos y retiros en ese mismo lapso por mil 783 millones de pesos, mientras que en sus declaraciones fiscales el Corporativo Pesquero Velázquez solo le reportó al SAT ingresos acumulables por $6.4 millones, de 2014 al 2018.

Según las investigaciones financieras del Gobierno federal, esta empresa recibió en sus cuentas transferencias de $139.2 millones entre 2018 y 2019, recursos que triangulaba enviándolos a cuentas de un sujeto identificado con el cártel de Sinaloa.

En un reporte oficial del Gobierno de México, elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se detalla de los bloqueos de mil 354 cuentas bancarias de 401 personas vinculadas con el cártel de Sinaloa, a las que se les congelaron montos de 233 millones 300 mil 578 pesos y 77.8 millones de dólares.

En la lista se encuentran 77 familiares y el resto son empresas de prestanombres vinculadas a Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”.

El informe revela que tan solo al “Chapo” Guzmán se le identificaron 3 mil 184 sujetos con operaciones en el sistema financiero y que tenían vínculos con el narcotraficante, mientras que al cártel en su conjunto le detectaron operaciones financieras relevantes por 30 millones de pesos en el sistema bancario nacional, $11.3 millones en transferencias internacionales, $69 millones en compra de vehículos, 2 millones en joyas y relojes y $88 millones en compra de inmuebles.

Financieramente Joaquín Guzmán Loera es referido en más de 800 operativas a nombre de otros sujetos, debido a una operación aduanera , sin precisar mayores datos. Sobre la actividad y los reportes del “Chapo” ante el fisco federal señala: “Sin información fiscal ni corporativa”.

En el caso de Ismael Zambada García, dice el reporte, su nombre no figura en el sistema financiero desde 1997, a pesar de que tiene dos cuentas de cheques registradas y no se localizan declaraciones anuales de impuestos ni informativas o de terceros.

Se le menciona como “líder del cártel de Sinaloa, socio de Joaquín Guzmán Loera. En 2104, tras la detención de ‘El Chapo’, ocupó el liderato del cártel, controlando gran parte de la producción de heroína en México para traficarla a Estados Unidos”.

De Juan José Esparragoza, a quien el informe oficial menciona como “el narco conciliador” por promover alianzas entre los cárteles en el país, se menciona su nacimiento en Chuicopa, Badiraguato, el 3 de febrero de 1949 y sobre si está vivo o muerto, dice el informe de la UIF: “Hay rumores de su muerte desde junio de 2014, cuando se dijo que había fallecido a causa de un infarto (información no ha sido corroborada)”... Los dados mandan Escalera Doble. Buena Semana.
22 Octubre 2020 04:03:00
La ‘lista’ de la DEA
Tras la captura y el próximo inicio de un juicio en contra del general Salvador Cienfuegos, en la Corte Federal del Este de Nueva York, la agencia antidrogas de Estados Unidos tiene en su poder una lista en la que figuran otros militares de alto rango del Ejército Mexicano, algunos de ellos generales y otros mandos medios que fueron parte de la estructura con la que operó el exsecretario de la Defensa Nacional en sus operaciones de narcotráfico y lavado de dinero a favor del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva en Nayarit. Esa lista, que comentan fuentes del Gobierno mexicano y confirman fuentes de seguridad en Estados Unidos, será materia de futuras órdenes de detención solicitadas al Departamento de Justicia y algunas de ellas motivarían posibles detenciones con fines de extradición a la Administración del presidente López Obrador.

Aunque las fuentes tanto mexicanas como estadunidenses no manejan nombres, se asegura que se trata de oficiales y generales que estuvieron bajo el mando del general Cienfuegos y que fueron parte de la “red de corrupción” que se coludió con el mencionado grupo del narcotráfico y brindaron protección y ayuda en sus actividades delictivas al capo Juan Francisco Patrón Sánchez, quien asumió el liderazgo tras la muerte de los hermanos Beltrán Leyva y quien, de acuerdo con los informantes de la DEA y las pruebas que dicen tener en conversaciones telefónicas y mensajes de texto salidos del teléfono del general mexicano, pagaba sobornos al titular de la Sedena a cambio de que lo dejaran operar el tráfico de mariguana, cocaína, heroína y metanfetaminas desde Nayarit hacia Estados Unidos.

A pesar de que el presidente López Obrador ha declarado que no ordenará ninguna “limpia” en el Ejército hasta que se comprueben las acusaciones contra el exsecretario de la Defensa en Estados Unidos, la realidad es que, aún antes de que Cienfuegos pueda ser sentenciado, la DEA podría activar y solicitar órdenes de captura contra otros militares mexicanos. La agencia estadunidense no esperaría a que un juez determine la culpabilidad o inocencia de Cienfuegos y en ese sentido, si aquí el Gobierno y la Defensa no se adelantan a hacer una depuración de aquellos que pudieron estar vinculados a las actividades presuntamente ilícitas del general, podría ocurrir que tanto la Defensa como Palacio Nacional volvieran a ser “sorprendidos” con acusaciones y órdenes de aprehensión contra más miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Al final cada vez queda más claro que en el tema de la sorpresiva detención de Cienfuegos y la nula información que le dio la DEA al Gobierno de México, hay todo un mensaje hacia la Administración de López Obrador, a la que le perdieron totalmente la confianza tras el fallido operativo para detener y extraditar a Ovidio Guzmán, el hijo del “Chapo” Guzmán, aquel 17 de octubre de 2019.

El nivel de hostilidad que se mostró en el golpe que significó la inédita detención de un exjefe del Ejército Mexicano, tuvo que ver con la nula cooperación que ha mostrado el Gobierno de López Obrador hacia las agencias estadunidenses que, como lo ha dicho el propio Presidente en estos últimos días, se acostumbraron a tener un alto nivel de injerencia y de cooperación con las instituciones mexicanas en los últimos sexenios.

La guerra de la DEA contra el Ejército Mexicano apenas empezó y no va a parar ni aún con las elecciones presidenciales en EU, porque la agenda de la poderosa agencia antidrogas, que siempre ha visto a México y a sus narcotraficantes como su principal objetivo y razón de ser, no depende de las coyunturas políticas ni de quien gane la Casa Blanca en las próximas votaciones. Sea Trump o Biden o incluso en medio de un conflicto postelectoral como el que se avizora en el país vecino, los mandos de la DEA y los fiscales y jueces de la justicia norteamericana seguirán su cacería contra los generales y políticos mexicanos... Los dados mandan doble Serpiente. Caída libre.
21 Octubre 2020 04:03:00
Se agita el Gabinete;  vienen enroques y hay pugnas por Seguridad
El presidente López Obrador prepara para las próximas semanas cambios y enroques en su Gabinete derivados de las renuncias que presentarán algunos secretarios que irán a buscar un cargo de elección popular.

El que más desata tensiones, pugnas y hasta golpeteos al interior de la 4T es la sucesión de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que renunciará el próximo 30 de octubre para buscar ser el candidato de Morena al Gobierno de Sonora.

Hasta el momento el Presidente no ha definido quién se quedará a cargo de la seguridad, que es precisamente uno de sus talones de Aquiles por las pésimas cifras y resultados que deja Durazo con más de 65 mil muertos en los 23 meses que lleva este Gobierno, aunque ya hay varios tiradores que se mencionan para ocupar esa posición.

De entrada, lo que se puede dar por descartado es que el Presidente vaya a proponer a un militar para ocupar la SSPC, primero porque es la única posición civil que queda en su estrategia federal de seguridad totalmente militarizada y copada por el Ejército y la Marina, que controlan la Guardia Nacional y son la primera línea de acción aún sin resultados que puedan presumirse en el combate al crimen organizado y al narcotráfico, y segundo porque tras la detención y encarcelamiento en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, acusado de delitos de narcotráfico y lavado de dinero, los militares están fuera de cualquier posibilidad de ser llamados a ocupar la Secretaría de Seguridad.

Pero entre los que sí pueden y quieren ocupar una posición nada envidiable, están los actuales subsecretarios Leonel Cota Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, que son los dos más cercanos a Durazo y, especialmente el último, al que se ha visto muy activo y movido con el conflicto en Chihuahua por el agua, lo que lo ha acercado al ánimo del Presidente.

Otro candidato natural de la actual estructura de la SSPC es Manuel Espino, actual Comisionado del Servicio de Protección Federal y quien no es mal visto por López Obrador.

Fuera de la Secretaría se barajan otros nombres, algunos incluso a contracorriente de los propios mencionados, que sin querer estar en esa lista aparecen como posibles secretarios de Seguridad. Es el caso del director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, a quien se menciona con insistencia, aunque él expresa que no tiene particular interés en llegar a esa posición, sino más bien ir como candidato al Gobierno de Querétaro, “si es que me lo pide el Presidente”, según ha dicho el funcionario de Hacienda.

Otro nombre al que encartan sin ningún sustento para la Secretaría de Seguridad federal, es el de Omar García Harfuch; el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX ha dicho que no le interesa dejar su actual posición.

Otro al que mencionan incluso algunos grupos de la 4T para ocupar la posición de Durazo es el canciller Marcelo Ebrard. Fuera de toda lógica y del interés del propio Ebrard Casaubón, hay grupos al interior del Gobierno que deslizan intencionadamente el nombre del canciller y piden no descartarlo como un posible secretario de Seguridad.

Pero cercanos al secretario de Relaciones Exteriores niegan rotundamente que Ebrard tenga interés alguno en dejar la Cancillería, en donde tiene un papel preponderante en esta Administración y es prácticamente el responsable de la política exterior y de la estratégica relación con EU.

Veremos a quién le encarga el Presidente esa posición en la que su Gobierno no ha dado buenos resultados ni ha cumplido sus compromisos de campaña de que iba a pacificar al país y a terminar (primero dijo en 100 días, luego en 6 meses, después en 1 año y ya vamos por el segundo año) con la brutal violencia del narco y la inseguridad que padecemos los mexicanos.… Los dados mandan Escalera. Subimos.
20 Octubre 2020 04:03:00
Del sueño americano a la pesadilla judicial
Los políticos mexicanos han tenido, históricamente, una debilidad especial por irse a vivir a los Estados Unidos. Lo mismo en busca de un exilio académico o diplomático, que cuando se sienten inseguros o políticamente vulnerables en México y en ocasiones incluso cuando huyen de la justicia mexicana por algún delito o acusación, el vecino país del norte siempre es visto como un territorio seguro, en donde muchos pretenden resguardarse y algunos hasta compran propiedades, no siempre con dinero de un origen totalmente claro.

Pero en algunas ocasiones, como acaba de pasar con el general Salvador Cienfuegos, el sueño americano se transforma en una pesadilla jurídica y legal. Después de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, ocurrida el pasado jueves, muchos políticos en México, sobre todo integrantes del gabinete del sexenio anterior y algunos exgobernadores o hasta gobernadores en funciones, se lo pensarían dos veces para visitar en estos momentos Estados Unidos.

Algunos de ellos podrían correr un peligro real de ser detenidos, pero la mayoría no quiere ni siquiera averiguarlo, luego de conocer la forma en que la DEA acusó, detuvo y encarceló a un exjefe militar del Ejército mexicano, y en el entendido de que si al general de cuatro estrellas y escudo dorado, el Gobierno estadunidense fue capaz de darle ese trato, ningún otro político estaría en estos momentos seguro en suelo americano.

De hecho, una versión que circula entre generales del Ejército mexicano –donde la reacción al golpe que significó la detención de un militar de élite como Cienfuegos ha sido fuerte, pero soterrada– indica que el general exsecretario había hecho ese viaje no con la idea de vacacionar sino que buscaba quedarse a radicar en EU, ante el temor de que el Gobierno de México, el de López Obrador, le abriera una investigación sobre su desempeño.

Hoy se llevará a cabo la segunda audiencia del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, donde está detenido, y en esta se definirá si puede seguir su juicio en libertad, algo que se ve casi imposible por la gravedad de los cuatro delitos que le imputa la DEA, o si es trasladado a Nueva York, para pisar la misma Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde el año pasado fueron enjuiciados y sentenciados sus dos posibles delatores.

Allá cuando se fijen las fechas para el juicio y comiencen las audiencias judiciales, sabremos qué tan sólidas son las pruebas que tiene la agencia antidrogas estadunidense y los fiscales para acusar al primer exsecretario de la Defensa mexicana, que será procesado por narcotráfico en la historia y si existen elementos reales para declararlo culpable.

Pero mientras eso sucede, en México muchos políticos están apanicados y no podrían viajar en estos momentos a territorio de los EU ante el temor, fundado en algunos casos y por pura precaución en otros, de que puedan ser acusados o incluso detenidos.

La mayoría de esos políticos no saben si están señalados o no o si hay indicios en su contra, pero por lo pronto no piensan averiguarlo. En estos momentos muy pocos políticos y gobernantes mexicanos se atreverían a pisar suelo estadunidense sin correr el riesgo de que el tan anhelado sueño americano, se les transforme de golpe en una pesadilla penal.
19 Octubre 2020 04:02:00
‘El Chapo’ puso al general Cienfuegos…  y van por más
La humillante detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa de México, es apenas el inicio de una serie de acusaciones e investigaciones que el Gobierno de Estados Unidos tiene en curso, a través de la DEA y de otras agencias federales. Todas las acusaciones se basan en declaraciones del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, quien proporcionó una lista de exfuncionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto que colaboraron y brindaron protección al Cártel de Sinaloa y a sus aliados durante el sexenio pasado.

De acuerdo con fuentes del Gobierno mexicano, que han tenido acceso a la información proporcionada por las autoridades estadunidenses sobre las investigaciones que dieron pie a la captura de Cienfuegos Zepeda, el exjefe militar no es el único que estaba en la mira de la DEA; otros militares de alto rango, tanto del Ejército como de la Secretaría de Marina en el sexenio peñista, también han sido involucrados por las declaraciones del “Chapo” Guzmán y a varios de ellos se les han abierto expedientes y también podrían ser detenidos si llegan a pisar territorio de Estados Unidos.

En esa lista, según las fuentes mexicanas, también están varios exintegrantes del gabinete del expresidente Peña que colaboraron en áreas de seguridad y en el manejo de la política interna, algunos muy cercanos al grupo mexiquense, que hoy ocupan posiciones legislativas en el Congreso mexicano, y otros que también son generales del Ejército y que estuvieron en el desaparecido Estado Mayor Presidencial en el anterior Gobierno.

“Apenas unos cuantos del gabinete peñista se salvarían de estas investigaciones que abarcan lo mismo a las Fuerzas Armadas, que a la seguridad, Gobernación, migración, aduanas y hasta compadres de Peña Nieto.

“Quizá solo dos exsecretarios peñistas podrían salvarse, Aurelio Nuño y Luis Videgaray, este último por su cercanía y sociedad con Jared Kushner”, comentó una de las fuentes.

Es decir, que con la información que le proporcionó a la DEA y a los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Joaquín “El Chapo” Guzmán habría ejecutado su venganza contra quienes en su momento recibieron dinero por protegerlo y luego lo traicionaron, primero con su detención el 22 de febrero de 2014, cuando fue llevado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya, de donde escaparía un año después, el 11 de julio de 2015, quizá también pagando a funcionarios del Gobierno peñista, para ser recapturado seis meses después en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2016.

Así que si la detención del exsecretario de la Defensa cimbró a las Fuerzas Armadas y sacudió a las estructuras del viejo sistema político, preparémonos para otras posibles detenciones de funcionarios del más alto nivel en el Gobierno de Peña Nieto.

Desde exsecretarios de Estado hasta otros militares de cuatro estrellas y almirantes, así como exdirectores de áreas estratégicas de seguridad, aduanas y migración.

Todos estarían en estos momentos en el radar del Gobierhno de EU, en buena parte por las actuales campañas presidenciales en curso, pero incluso más allá de ellas.

Es de tal tamaño y de tal peso la lista de nombres que tienen en la DEA, la mayoría de ellos mencionados por “El Chapo” Guzmán en sus declaraciones y testimonios para la justicia estadunidense, que incluso el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, no podría pisar en estos momentos suelo de Estados Unidos sin que pudieran detenerlo.

Es decir, Peña ya no podrá ir a Nueva York a los restaurantes que tanto le gustaba visitar con su novia Tania Ruiz.
17 Octubre 2020 04:02:00
Golpe al Ejército y al Estado mexicanos
La acusación y encarcelamiento del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, detenido el jueves a su llegada a Los Ángeles, es un golpe brutal y directo a la moral y credibilidad del Ejército mexicano.

Más allá de si el Gobierno de Estados Unidos podrá probar sus acusaciones, basadas en testigos protegidos, pero también en llamadas interceptadas al militar mexicano, la forma unilateral y vergonzosa como fue detenido Cienfuegos por la DEA, al bajar del avión y en compañía de su familia, confirma una acción claramente electorera de la DEA y del presidente Donald Trump que está desesperado por su desventaja en las encuestas a menos de un mes de las elecciones presidenciales.

La gravedad de los delitos de los que acusan a quien fue la cabeza militar del país durante seis años y el trato de capo del narcotráfico que le dan a un militar de carrera y de la élite castrense de las Fuerzas Armadas mexicanas –al que el juez Bryan Cogan se refiere incluso con alias como ‘El Padrino’ o ‘El Zepeda’– es algo inédito y si bien alude y confirma la corrupción y descomposición que privó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, también es un golpe demoledor para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque en dos años que lleva en el poder y, con la bandera del combate a la corrupción como su principal discurso, no supo ni investigó los fuertes nexos del general Cienfuegos con el narcotráfico en el país.

Por eso sorprende aún más la reacción del Presidente a esta detención realizada por un Gobierno extranjero. López Obrador nunca manifestó su extrañeza por la actuación de la DEA y del Gobierno de su amigo Donald Trump, que sin darle ningún tipo de información previa, decidieron ejecutar una orden de detención que, si bien ocurrió en su territorio, involucró no solo a un exjefe de las Fuerzas Armadas mexicanas sino a su familia. Porque a Cienfuegos lo detuvieron bajando del avión en Los Ángeles con todo y varios integrantes de su familia a los que también se llevaron presos y los tuvieron retenidos por varias horas cuando no había ninguna acusación en su contra.

¿No amerita ese trato a los familiares del general un reclamo o una protesta diplomática del Gobierno de México por la violación de derechos contra ciudadanos mexicanos que no tenían por qué ser detenidos?

Lejos de exigir primero información de los motivos de la detención, el Presidente llevó el asunto al terreno político para decir que él siempre habló de un “sistema podrido” y, aunque lamentó la detención de un general del Ejército, terminó validando las acusaciones al decir que “todos los que estén involucrados con el general Cienfuegos” van a ser removidos de las Fuerzas Armadas.

López Obrador pasa por alto que en este caso el juicio no solo será contra la persona de Salvador Cienfuegos, sino será también contra el Estado mexicano que no fue capaz de detectar, investigar y remover a un secretario de la Defensa que era a la vez capo del narcotráfico.

¿O cómo entender que en dos años que lleva este Gobierno, nadie, ni el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ni el secretario de la Defensa actual, Luis Cresencio Sandoval, ni el propio presidente López Obrador se percataron de que el narcotráfico había infiltrado a la Sedena a su más alto nivel? ¿Por qué no hubo una denuncia o una investigación en México, como la que sí hubo en Estados Unidos y que, ahora se afirma en el New York Times, tenía 10 años indagando los presuntos nexos de las élites militares mexicanas con los capos de la droga?

Volvemos a quedar como una República tan endeble y fallida, que nuestras instituciones más fuertes, como el Ejército, son parte de la estructura criminal y del narcotráfico, mientras que nuestras fiscalías y nuestra justicia son tan ineptas y disfuncionales, que en los últimos 8 años –seis como secretario de Defensa y dos como exsecretario– nadie supo ni investigó que tuvimos como jefe de nuestro Ejército a un presunto capo del narco… Ruedan dados. Escalera. Semana redonda.
15 Octubre 2020 04:00:00
Seade pide a la Función Pública cancelar investigación
En un acto que incomodó y molestó por el tono insistente con el que pidió que dejaran de investigarlo, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Kuri, se presentó el lunes 12 de octubre en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, para pedir que fuera cancelada la investigación que esa dependencia realiza sobre sus viajes personales a Hong Kong con cargo al erario. Ante la secretaria Irma Eréndira Sandoval y varios funcionarios de la dependencia que lo recibieron en una sala de juntas del piso 10 del edificio de la SFP en Insurgentes Sur 1735, Seade rogó que no se le investigue por las acusaciones de peculado y abuso de funciones porque, argumentó, “yo soy la cara de México ante Estados Unidos”, y una investigación en su contra, les dijo, dañaría la imagen del país.

Funcionarios que estuvieron presentes en esa reunión revelaron a esta columna que el subsecretario de la cancillería fue insistente en solicitar que se suspendiera la investigación que, desde hace un mes, realiza la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Función Pública con base en una denuncia ciudadana que les llegó a través del sistema “Alertadores”, en donde acusan a Seade Kuri de cometer diversas violaciones a los Artículos 53 y 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de faltar a la Ley Federal de Austeridad Republicana en sus Artículos 4, 7, 20 y 23, y de violentar los numerales 4, 6 y 13 de las normas que regulan la administración de viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones de la Administración Pública Federal, causando con todo ello un grave perjuicio al erario federal y al interés público.

Las peticiones de Seade para que se cancelara la investigación en su contra fueron tan insistentes, que por momentos sonaban a “súplicas descaradas”, según comentan quienes escucharon el lunes al funcionario en el piso 10 del edificio de la Función Pública. “De plano nos rogó que no se le investigue, pues él es la ‘cara de México ante EUA’, tras la negociación del T-MEC. Nunca habíamos visto nada tan descarado”, comentó una de las fuentes que pidieron el anonimato.

El subsecretario Jesús Seade utilizó recursos públicos y simuló comisiones de viajes oficiales para visitar a su esposa y a su familia en la isla de Hong Kong en al menos cinco ocasiones, entre diciembre de 2018 y febrero de 2020. En esos cinco viajes, que pagó con recursos del presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el funcionario cobró viáticos por 865 mil pesos. En todo ese tiempo no tuvo ninguna actividad oficial. El tema de los viajes de Seade era conocido de sobra en los círculos oficiales de la cancillería y el servicio diplomático, en donde muchos se preguntaban por qué al subsecretario se le daba “privilegios” que claramente contravenían las políticas de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Seade, hoy no tiene formalmente un cargo, luego de que se desapareciera la Subsecretaría para América del Norte de la SRE precisamente por las mismas políticas de austeridad de las que hoy acusan de violentar al funcionario. Se mencionaba que el presidente López Obrador lo propondría como embajador en China, precisamente para que estuviera cerca de su esposa y su familia a la que visitaba en Hong Kong con cargo al erario federal. Hoy no está claro si podrá llegar a la embajada del gigante asiático. Lo que sí es un hecho es que Jesús Seade está siendo investigado por peculado y abuso de funciones por la Secretaría de la Función Pública, en donde no piensan cancelar ni suspender la investigación, aunque está claro que el Presidente no se entera de muchas cosas que pasan en su Gabinete, incluido el desvío de recursos y los viajes en primera clase de algunos de sus funcionarios que se pagan viajes personales con recursos de los contribuyentes. ¿No que eso ya no pasaba en la 4T?… Se baten los dados. Escalera.
14 Octubre 2020 04:00:00
Seade, investigado por peculado en viajes a Hong Kong (I)
El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri, está siendo investigado por peculado y abuso de funciones, por utilizar recursos públicos y falsear comisiones de trabajo en varios viajes personales que realizó a Hong Kong, con la única finalidad de visitar a su esposa y a su familia que radican en esa ciudad asiática. La denuncia en su contra, que ya es investigada por la Secretaría de la Función Pública, incluye varias pruebas documentales y oficios de comisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los que se sustentan las acusaciones de que Seade habría gastado más de 865 mil pesos del erario federal para pagarse no solo viáticos sino aviones en primera clase para ver a su esposa.

Las acusaciones contra el funcionario, que fuera el negociador de México en el T-MEC, fueron hechas a través de la plataforma Ciudadanos Alertadores, de la Función Pública, y lo acusan de causar un perjuicio a la hacienda pública por el desvío de recursos públicos en sus viajes personales, además de violentar también la Ley de Austeridad Republicana, por utilizar, en varias de sus visitas a Hong Kong, vuelos en clase Premier.

Seade viajó en cinco ocasiones a la ciudad de Hong Kong, aunque siempre se trató de ir a visitar a su familia y nunca realizó actividades oficiales. No solo viajaba con gastos pagados y comisión con recursos públicos, sino con permiso de desentenderse de los asuntos oficiales de la Subsecretaría a su cargo.

Entre los documentos y pruebas que acompañan la denuncia están también las copias de varios boletos de avión en primera clase y varios oficios de la Unidad de Transparencias de Relaciones Exteriores, en las que su titular, Elia García Moreno, responde a solicitudes de ciudadanos que pidieron información de los viajes y las comisiones de Seade.

En uno de ellos, el oficio número UDT-4674/2020, García Moreno asegura que el subsecretario Seade no puede viajar “por disposición médica” en espacios reducidos, por lo que se le autoriza a viajar en clase Business y más adelante justifica que le dieron esos asientos porque “la compra del boleto de avión se hizo vía agencia de viajes, misma que genera las compras de acuerdo a la disponibilidad de los vuelos en ese momento”. Y ante la insistencia del ciudadano solicitante, le enviaron un informe médico en el que hablan de un padecimiento de Jesús Seade que nunca especifican.

Finalmente, aparece también una solicitud de Transparencia al Consulado de México en Hong Kong, con el número 0000500180920, con respecto a las comisiones oficiales de Seade Kuri a esa ciudad, el Consulado responde que no tiene información respecto a esas comisiones, ya que no se le solicitó ningún apoyo para realizar ninguna de ellas, y solo menciona una visita del funcionario al consulado el 7 de febrero de 2020 que fue más bien de cortesía. Otra solicitud también de Transparencia, la 000050018820, al consulado de Vancouver, a donde Seade pidió comisión del 17 al 28 de mayo del 2019, el consulado respondió que el subsecretario “visitó la ciudad de Vancouver el 28 de mayo de 2019” y tuvo ese día entrevistas con reporteros y una entrevista con la cónsul General de México en la ciudad. Es decir, que de los 11 días por los que pidió comisión, solo uno estuvo en Vancouver ¿Y los otros 10 días?

La denuncia ciudadana en contra de Jesús Seade Kuri por peculado y abuso de funciones, en la que se acusan varias violaciones legales en sus gastos y su comportamiento, ya está siendo investigada por la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, hasta donde, se sabe, han llegado “presiones y peticiones” del subsecretario para intentar frenar las investigaciones en su contra. Mañana les contaremos más de todo este asunto.

13 Octubre 2020 04:00:00
Van gobernadores contra ‘agandalle’ en fideicomisos
Con una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista pretenden evitar que el presidente López Obrador y su Gobierno, se queden con los 68 mil millones de pesos que le quitarán a los 109 fideicomisos y fondos que desapareció la semana pasada la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados por instrucciones presidenciales. Los mandatarios estatales de Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango y Michoacán, anunciaron que con las impugnaciones que presentará cada uno ante la Corte se busca impedir que los recursos acumulados en los fideicomisos sean catalogados como “producto excedente” en el gasto federal, lo que le daría al Presidente la facultad de utilizarlos discrecionalmente y se consumaría un “agandalle” de recursos públicos-

El anuncio de los mandatarios, después de una reunión que tuvieron ayer lunes en Aguascalientes, representa la primera acción legal y constitucional en contra del dictamen aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, que decretó la extinción de fondos y fideicomisos que financiaban actividades tan importantes como la investigación científica a través del Conacyt, la cultura y el cine, el deporte de alto rendimiento, la cobertura para desastres naturales, entre otros sectores y actividades. La inconformidad que generó esa extinción, que aún debe ser ratificada por el Senado de la República, dio pie para que los gobernadores decidieran combatirla en la Corte.

De lo que se trata, explicó ayer el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, es de que todos los 10 estados acudan cada uno a interponer una Controversia Constitucional, aprovechando la facultad que les da la Carta Magna, para pedirle a los ministros que revisen, no la decisión de extinguir los fideicomisos, que aún no es un acto consumado, sino la intención del Ejecutivo federal de catalogar los casi 70 mil millones de pesos que se obtendrían de esa eliminación como un “recurso o producto excedente” para el gasto público federal.

Por su parte el Mandatario de Chihuahua, Javier Corral, quien mantiene un pleito abierto y público con el Presidente, cuestionó que detrás del argumento presidencial de desaparecer los fideicomisos “por la corrupción”, hay una intención política oculta de concentrar cada vez más recursos, facultades y poder en el Gobierno central, en detrimento de los otros poderes del Estado mexicano y de los propios poderes estatales.

Otras de las acciones que propusieron los gobernadores es que los propios beneficiarios interpongan “amparos masivos” en contra de la desaparición de esos instrumentos de financiamiento.

Veremos en qué termina la ofensiva constitucional que anuncian los 10 estados que conforman la rebelde Alianza Federalista y qué respuestas da la Suprema Corte a las controversias que planean iniciar los mandatarios estatales, sobre todo porque después del fallo de los ministros a favor de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, para muchos quedó claro que el presidente López Obrador, ha logrado controlar a la mayoría de los ministros, por lo que en una votación constitucional donde se enfrente el Jefe del Ejecutivo Federal con los ejecutivos de 10 estados de la República, la decisión de la Corte sobre a quién le da la razón en este asunto, sería de pronóstico reservado, pero indudablemente, a juzgar por la última votación de los ministros, con cierta ventaja para el Gobierno federal.
12 Octubre 2020 04:05:00
Volver al pasado, sin resolver el presente
Mientras en el presente los problemas se le agravan (pandemia, crisis económica, violencia y anarquía) el Presidente de México volvió a pedir que la monarquía española y el Vaticano se disculpen públicamente con los pueblos indígenas de México por la Conquista y la evangelización y por las “más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos, desde 1521 y hasta el pasado reciente”; en tanto que en la Ciudad de México el Gobierno capitalino retiraba este fin de semana de su ubicación histórica en el Paseo de la Reforma, la estatua de Cristóbal Colón, quien fuera financiado justo por los reyes de España para buscar una nueva ruta a las Indias y descubriera por accidente al continente americano un día como hoy hace justo 528 años.

Fue la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez Müller (o Beatriz Gutiérrez de López Obrador, como se firmó en París), la encargada de reabrir el revisionismo del pasado, con un supuesto afán reivindicatorio, que ya en 2019 había expresado el Presidente mexicano, aunque desde aquella vez recibió por respuesta solo críticas y duros cuestionamientos de la clase política e incluso del Gobierno español, que a través de un comunicado oficial rechazó la petición de disculpas hecha por López Obrador a la Corona de España y cuestionó que se pretenda revisar o “juzgar la llegada de los españoles a tierras mexicanas hace 500 años a la luz de consideraciones contemporáneas”.

Fue la misma Beatriz la encargada de revivir este polémico tema con la carta que el viernes le entregó al papa Francisco, en nombre de su esposo, durante la visita oficial que realizó a la Santa Sede.

La carta enviada por el Presidente mexicano y entregada por su esposa reitera aquella misma demanda de que tanto la Iglesia Católica, como la monarquía de España y hasta el Estado mexicano ofrezcan “disculpas públicas” por los abusos y despojos cometidos contra los pueblos originarios de México, pero también incluye dos nuevas peticiones para la Santa Sede y para el papa Francisco: la entrega en préstamo por un año del Códice Borgia de la Cultura Mixteca, el Códice Vaticano B/ Codex Vaticanus, de la Cultura Náhuatl, el Códice Vaticano 3738 de la Cultura Tolteca-Chichimeca y Mapas de Tenochtitlán, para ser expuestos en México el próximo año 2021 con motivo de los 500 años de la conquista, los 700 años de la fundación de Tenochtitlán y los 200 años de la consumación de la independencia de México.

La otra nueva petición para el Papa es que considere un “reconocimiento” para el cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien murió excomulgado y declarado hereje por la Iglesia Católica, y a quien reivindicó junto con José María Morelos, como “dos sacerdotes buenos y rebeldes”, por lo que pidió reivindicar su gesta histórica en favor de la independencia de México.

Llama la atención que en momentos en los que su Gobierno está siendo fuertemente cuestionado por temas como la eliminación de los fideicomisos y el uso discrecional de 68 mil millones de pesos que le retiró a fondos clave para la ciencia, la cultura, el deporte y hasta los desastres naturales, el Presidente reabra una polémica y un debate con repercusiones nacionales e internacionales.

Por lo pronto no parece lógico que se quiera tomar como prioridad la misión de revisar, componer y arreglar el pasado con peticiones de disculpa, cuando los problemas presentes siguen causando violaciones y atrocidades tan graves hacia los mexicanos como la muerte de casi 85 mil mexicanos por Covid, los feminicidios que siguen incrementándose, las muertes de niños y adultos con cáncer por falta de tratamientos o las masacres violentas que siguen ocurriendo todos los días en el país. ¿Y si mejor nos disculpamos y resolvemos lo que nos pasa en el presente?
10 Octubre 2020 04:01:00
Videgaray deja el MIT y se muda a Israel
Aunque en México no se sabe aún qué tanto avance tiene el caso Emilio Lozoya y si la Fiscalía General de la República ha logrado probar algunas de las imputaciones que hizo el exdirector de Pemex a varios políticos del PRI, del PAN y de experredistas que hoy militan en Morena, algunos de los imputados en ese proceso no piensan esperar hasta enero del 2021, cuando se vence el plazo que pidió la FGR al juez para investigar y acreditar las acusaciones de Lozoya Austin, para protegerse jurídica y físicamente de una posible carpeta judicial en su contra.

Ese es el caso del exsecretario de Hacienda del sexenio peñista, Luis Videgaray, quien es uno de los principales imputados por Lozoya y también de los que más atentos están a lo que suceda con las indagatorias de la FGR.

De algo debió enterarse Videgaray, a través de sus abogados, que fuentes muy cercanas aseguran que el que fuera el hombre fuerte de Peña Nieto ha decidido dejar su actual trabajo en el MIT, como director del Proyecto Mundial sobre Políticas de Inteligencia Artificial, para buscar refugio y residencia en Israel, país donde intentaría protegerse de una posible extradición a México por lo complicado y exigente del Tratado de Extradición entre ambos países.

La decisión del otrora poderoso funcionario confirma que, aunque ya no se difundieron más videos ni el presidente López Obrador volvió a hablar del caso Lozoya ni de su “escandalosa corrupción” (particularmente desde que le sacaron un video de su hermano Pío López Obrador recibiendo dinero en bolsas de papel para “apoyar al movimiento”), las investigaciones de la FGR continúan y con ellas la documentación de pruebas y elementos suficientes para acreditar los dichos y acusaciones del exdirector de Pemex en contra de políticos del sexenio pasado, que si así lo determina la Fiscalía podían ser citados a declarar o bien sujetos a una investigación sobre los delitos que les imputa Lozoya, y eventualmente se les podrían librar órdenes de aprehensión si así lo ordenan los jueces.

En el estado israelí, donde tendrá la protección del complejo tratado de extradición que le garantiza protección de ese Gobierno ante una posible petición de extradición por una orden de aprehensión en México, es la confirmación de que el caso Lozoya nunca se detuvo y se sigue integrando el expediente con pruebas y sustento. Más vale Luis precavido que Videgaray en la cárcel.

Empate en Morena; van por tercera encuesta

El resultado de la encuesta en Morena no pudo ser menos predecible: un empate a 25% con diferencia de décimas de punto entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, obligó a que el INE anunciara que habrá una tercera encuesta “de desempate”.

Tras conocerse el sorpresivo resultado la tarde de este viernes, Porfirio ya vociferaba acusando que hubo “marranadas” en la encuesta el INE, mientras que Mario Delgado se mostraba más cauto ante el anuncio de que se enviará el resultado de los sondeos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que determine la procedencia de una tercera encuesta para resolver el “desempate”.

Se prolonga así una lucha que lleva ya dos años para renovar la dirigencia nacional de Morena.

Parece que el suspenso seguirá para saber también con cuál de los dos bloques en que ahora se divide la Cuarta Transformación, se decanta el presidente López Obrador, que seguirá deshojando la margarita entre los duros y puros que encabeza Porfirio, y los moderados y advenedizos que representa Mario.…

Paran los dados. Escalera doble. Semana de altibajos.
08 Octubre 2020 04:02:00
¿AMLO va con los duros o con los moderados?
En la decisión que se tome este fin de semana para la dirigencia de Morena, además del control del partido y de la sucesión presidencial, hay una definición fundamental para el proyecto de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y para el futuro del país: el resultado de las tres encuestas que concluyen hoy marcarán el rumbo que tomarán la llamada cuarta transformación en los próximos tres años y en el relevo de poder para 2024 y por cuál de los dos bloques que están en una pugna ya inocultable 4T, se decanta el Presidente: si López Obrador entrega su proyecto político a los grupos más duros y radicales de la izquierda o si apuesta por los sectores más moderados y liberales de su Gabinete. La decisión que tome el Mandatario definirá, en mucho, el futuro inmediato del país y de la Administración lopezobradorista.

Aunque el ejercicio está en manos del INE y de las tres encuestadoras contratadas, al interior del propio Gabinete se asegura que ya hay una definición tomada en Palacio Nacional y que la apuesta presidencial está en el triunfo de Porfirio Muñoz Ledo, no tanto por el experimentado político de izquierda, sino por los grupos y personajes que están detrás de su candidatura, desde la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hasta la nomenclatura de Morena controlada por Bertha Luján y figuras visibles y no tan visibles en el partido y el Gabinete, desde el chavista y bolivariano Héctor Díaz Polanco, el exvocero y actual coordinador de Política y Gobierno, César Yáñez, el coordinador de Programas de Gobierno, Gabriel García Hernández, hasta el productor e ideólogo de la 4T, Epigmenio Ibarra, entre otros.

Si este fin de semana se confirma, con el anuncio del INE, la presidencia de Muñoz Ledo en Morena, entonces el mensaje sería doble: primero, que López Obrador no quiso dejar correr y le metió freno a su poderoso canciller Marcelo Ebrard, al tiempo que favorece y apuntala las aspiraciones de Claudia Sheinbaum; y segundo, que con su decisión también orienta lo que resta de su proyecto y su propia sucesión hacia los sectores más duros de la izquierda radical que tendrá cada vez mayor preminencia en su Administración, en detrimento de las voces más moderadas y técnicas de este Gobierno.

Esa sería sin duda una lectura del posible resultado, aunque también voces cercanas al secretario de Relaciones Exteriores, insisten en que Marcelo Ebrard, si bien tiene un vínculo innegable con su exsecretario de Finanzas, Mario Delgado, no está ni jugando a la sucesión ni buscando controlar Morena. “Falta mucho para el 2024 y la candidatura de Delgado no fue promovida por el Canciller, sino por el propio Presidente. La definición que se tome en el partido no afectará en nada el trabajo y las funciones que cumple el secretario Ebrard en el Gabinete y en el manejo de la política exterior de este Gobierno”, comentó un cercano colaborador del Canciller que insiste en que en el edificio de la SRE, “estamos tranquilos y no hay prisas ni nerviosismo por lo que suceda en Morena”.

Veremos cómo viene el resultado de las tres encuestas en Morena y si se confirma la que dicen fue la apuesta de López Obrador, con todos los mensajes y repercusiones que eso tendría para el proyecto de la 4T, para el rumbo del país y para una sucesión, que aunque se ve todavía muy lejana, tendrá sin duda un avance importante en la decisión de quién se queda con el control de Morena…

Los dados mandan Serpiente Doble. Siguen los malos tiros.
07 Octubre 2020 04:02:00
Ahora viene la pelea: Marcelo vs. Claudia
Con el fallo unánime de ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los siete magistrados no solo echaron por tierra las versiones y especulaciones sobre las presiones que habrían recibido de Palacio Nacional y los amagos y amenazas de los aspirantes morenistas, sino que al confirmar que la encuesta nacional para elegir al nuevo dirigente de Morena será legal y legítima, también defendieron la validez de sus fallos previos y apostaron por la autonomía y la unidad de un tribunal que ha sido amenazado en varias ocasiones por los grupos de la 4T.

De paso, los magistrados que se unificaron y se pusieron de acuerdo ante las presiones externas, dieron el banderazo para legitimar los tres sondeos que se empezaron a levantar a nivel nacional desde el 2 de octubre y concluirán el próximo jueves 8, por parte de las tres encuestadoras contratadas por el INE, para que finalmente este sábado 10 de octubre, el instituto dé a conocer los resultados y los ganadores.

Con los nombres de quienes ganen cada posición se definirá no solo qué grupo político asumirá el control del partido oficial y quién lleva mano en la definición de las candidaturas para 2021, tanto para la Cámara de Diputados como para las 15 gubernaturas, sino también se decide en estas encuestas quién toma la delantera rumbo a la sucesión presidencial de 2024 entre los dos aspirantes presidenciales que claramente se están enfrentando en este proceso interno morenista: de un lado el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, con su apuesta por su pupilo Mario Delgado, y del otro lado la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien apostó claramente por el experimentado Porfirio Muñoz Ledo.

A estas alturas –cuando ya deben de haberse levantado un porcentaje importante de las encuestas que tomarán una muestra representativa de toda la República con más de 2 mil cuestionarios levantados en las 32 entidades federativas del país– no está claro quién puede ganar la presidencia de entre los dos candidatos punteros y claramente favoritos: si Mario Delgado, el diputado y líder de la mayoría morenista en San Lázaro, o el también diputado y figura histórica y emblemática de la izquierda, Porfirio Muñoz Ledo. La encuesta previa realizada por el mismo INE, que fue solo para medir el nivel de conocimiento, arrojó un resultado bastante claro a favor de Muñoz Ledo, con 41.70% contra 27.10% de Delgado.

Los dos escenarios posibles tampoco son difíciles de adivinar: si Mario Delgado gana la presidencia de Morena, entonces Marcelo Ebrard se posiciona no solo de cara al 2021 sino que también da un paso indiscutible rumbo a la candidatura presidencial de 2024. Pero si el ganador indiscutible es Muñoz Ledo, entonces la ganadora también indiscutible será Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno tomaría la delantera en la anticipada sucesión presidencial, mientras que Ebrard prácticamente quedaría fuera de cualquier posibilidad futura.

Veremos pues, el próximo sábado, hacia dónde se inclina la balanza en Morena. Cualquiera de los dos dirigentes que lleguen estarán claramente avalados por el presidente López Obrador, que es a final de cuentas el que mueve los hilos en la 4T.

Si ganan Sheinbaum y Muñoz Ledo, estará claro que esa será la apuesta futura del Presidente para su sucesión y que se maniobró de tal modo de hacer a un lado a Marcelo; pero si gana el canciller, entonces también será claro que ahí estará el próximo delfín para la continuidad de la 4T… Los dados mandan Serpiente. Mala racha.
06 Octubre 2020 04:03:00
El proyecto que cimbró a Morena
La noche del domingo Mario Delgado encendió la mecha del barril de pólvora llamado Morena cuando subió a su cuenta de Twitter una copia del proyecto de sentencia en el que el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, propone anular y suspender el proceso interno para la renovación de la dirigencia nacional morenista a través de tres encuestas que realizaría el INE para seleccionar a un nuevo presidente y secretario del CEN del partido oficial.

El mensaje del diputado y aspirante a la presidencia morenista fue secundado después por otros candidatos como Porfirio Muñoz Ledo que calificaron el proyecto del Tribunal como un “atropello a la democracia” o como “mano negra en contra de la militancia de Morena”, dijo Alejandro Rojas Díaz Durán.

El mensaje en redes sociales, en el que inexplicablemente se difundía una copia de un proyecto de sentencia, que solo había sido entregado a los siete magistrados del TEPJF, detonó una crisis en el propio tribunal, en donde tuvieron que reconocer la autenticidad del documento y admitir que se pretendía discutir y votar el proyecto del magistrado Fuentes. Será este martes al mediodía cuando se someta a votación la propuesta.

La crisis en el Tribunal electoral tenía que ver con que el proyecto de anulación del proceso de Morena coincidía con diversas versiones, que desde hace un par de semanas comenzaron a filtrarse en columnas, donde se aseguraba que había una operación en curso, avalada desde Palacio Nacional, para suspender la elección interna del partido gobernante hasta después de las elecciones de 2021 y mantener en el cargo de dirigente a Alfonso Ramírez Cuéllar.

Las versiones en la prensa, que atribuían esa maniobra a dos personajes políticos a los que López Obrador les confió tal misión: por un lado el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y por otro lado la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por su cercanía e influencia con la actual dirigencia encabezada por Ramírez Cuéllar, argumentaban que ante el recrudecimiento de las pugnas internas en Morena y las amenazas de ruptura por los ataques entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado y hasta al canciller Marcelo Ebrard, al que Muñoz Ledo metió al pleito, hicieron que el Presidente diera un manotazo y decidiera ordenar la suspensión de todo el proceso.

Así fue que se redactó y construyó un proyecto de sentencia que propone anular y suspender un proceso que el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial había ordenado y legitimado con sus varias sentencias previas.

La propuesta de anular se sustenta en que los lineamientos del INE se ocuparon principalmente de las reglas técnicas de las encuestas, pero “omitió establecer reglas básicas que debían observarse por los participantes en la ejecución de la encuesta correspondiente… porque no existen parámetros normativos que permitan que las y los interesados participen en equidad” (página 31, párrafos 4 y 5 del proyecto), lo que para el magistrado Fuentes Barrera “imposibilitó que el procedimiento electivo se lleve a cabo de manera equitativa”. (página 25, párrafo 2).

En fin, que contra toda lógica hoy el TEPJF podría hacer algo que nunca ha hecho: que a la mitad de un proceso electoral los magistrados anulen toda una elección, algo que normalmente y por ley ocurre solo después de consumada la elección y por las impugnaciones de los actores participantes.

El fallo que surja será tan atípico como incongruente, tanto que los mismos aspirantes a la dirigencia morenista afirman que detrás de este proyecto hubo “mano negra”, “presiones externas” y “atropello a la democracia”; el asunto es ver quién de ellos se atreve a ponerle nombre al dueño de la mano, al que presionó a los magistrados o al que conducía el tráiler que atropelló su complicado proceso interno.
05 Octubre 2020 04:04:00
Última llamada para México Libre
Las operaciones, llamadas, mensajes y cabildeos, se han intensificado en los últimos días en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y entre sus siete magistrados, en vísperas de que se voten en los próximos días las impugnaciones de México Libre en contra de la decisión del INE de negarle el registro como partido político. Hay presiones de todos lados para tratar de influir en una decisión que, sea cual sea su sentido, impactará directamente las elecciones de 2021 y los equilibrios de fuerzas sobre todo en la oposición política al actual Gobierno.

El viernes pasado, por ejemplo, el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, envió un escrito a la Sala Superior del TEPJF, en el que solicita que se establezca “el impedimento para el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para que no intervenga en la discusión y resolución de los asuntos sobre la organización México Libre”, bajo el argumento de que dicho magistrado tiene vínculos políticos directos con el expresidente Felipe Calderón y con su esposa, Margarita Zavala, por haber sido colaborador cercano de su exsecretario particular, Roberto Gil Zuarth.

Mientras tanto, Felipe Calderón mandó ese mismo viernes otra carta dirigida a los magistrados del Tribunal, en la que descarta que Reyes Rodríguez Mondragón tenga algún tipo de vínculo o relación con él y con su esposa, por lo que pide que se descarte cualquier petición de que el magistrado se excuse y no participe en la revisión y votación de la ponencia que presentará el magistrado José Luis Vargas, sobre los recursos de impugnación de México Libre.

Y en medio de las presiones y peticiones epistolares, hay toda una operación desplegada por el calderonismo para tratar de que el fallo de los magistrados favorezca a su partido. La estrategia de cabildeo y “convencimiento” es encabezada por Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular del expresidente y exsenador panista, quien aprovecha sus inocultables vínculos personales con el magistrado Reyes Rodríguez para acercarse también a otros magistrados afines en busca de su voto.

En esta operación participa también Salvador Nava Gomar, exmagistrado del TEPJF quien también representa a Calderón y Zavala en una parte de la interlocución con los magistrados del Tribunal.

La estrategia de los calderonistas busca debilitar los posibles argumentos del Tribunal antes de que se haga pública la resolución, para insistir en que Calderón fue víctima de un “fallo político” del INE y tratar de debilitar las evidencias que los consejeros electorales presentaron para probar que México Libre no cumple con los requisitos para ser reconocido como partido político, por un problema de donaciones anónimas o no identificadas.

Todo eso hizo que el Tribunal haya retrasado la votación, que estaba prevista para el pasado viernes. Esta semana se puede definir qué día se somete a votación el caso, aunque antes tendrá que resolverse el “impedimento o excusa” del magistrado Reyes Mondragón, a quien ya han pedido que no participe en la votación varios actores.

Veremos cómo se resuelven los últimos requerimientos jurídicos en el Tribunal Electoral, que también debe resolver antes varias impugnaciones sobre el proceso interno de Morena, para después, posiblemente a finales de esta semana o a más tardar la próxima, definir el destino de México Libre y si el matrimonio Calderón Zavala, archienemigo del Gobierno de López Obrador, podrá o no estar en la boleta en los comicios de 2021.
03 Octubre 2020 04:00:00
Los saldos de la votación en la Corte
Una votación histórica y tan observada como la que tuvo el jueves la Suprema Corte, no puede estar exenta de que en el resultado final haya un balance sobre lo ocurrido y sobre quienes salieron bien y mal librados de la decisión trascendental. De entrada, en el juicio popular y de opinión pública que se erigió contra los ministros juzgadores que hoy fueron juzgados, el más dañado sin duda fue el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien se expuso de más y asumió la mayor parte del costo al haberse inscrito como el primer orador que salió a combatir la ponencia del ministro Luis María Aguilar y a defender la constitucionalidad de una Consulta Popular que, si bien era un ejercicio de democracia ciudadana y participativa, también era la apuesta política del Jefe del Ejecutivo federal al que defendió con vehemencia el presidente de otro poder autónomo.

Zaldívar pudo y debió ser el orador final y el voto que definiera, como correspondía a su investidura, pero eligió ser el ariete de una propuesta claramente marcada con el sello del presidente López Obrador y de la 4T. Lo más grave para el presidente de la Corte es que al final no terminó bien ni con Dios ni con el Diablo. Porque aunque fue parte fundamental de una aprobación que celebró López Obrador, también tuvo que aceptar y participar en la modificación de la pregunta original planteada por el Ejecutivo, algo que en su intención de ser tan neutro y cuidadoso de no afectar las garantías individuales, terminó no solo desagradando al Presidente, quien la consideró “confusa y poco clara”, sino también abriendo la posibilidad de que, más que un juicio a los cinco expresidentes que se pretendía , se pueda revisar, investigar y procesar a todas “las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos”, algo que si bien abarca los 30 años del llamado “neoliberalismo”, también abre la puerta para que sean investigados o enjuiciados los “actores políticos” del presente, es decir López Obrador y de sus secretarios de Estado.

Por lo demás los ministros que terminaron votando a favor y los que lo hicieron también en contra, salvo honrosas excepciones, no tuvieron mucho margen ante el despliegue de operadores políticos que se metieron a la operación y el cabildeo de las dos posiciones en este asunto. De un lado, promoviendo votos en contra y hablando con varios ministros para que rechazaran el proyecto de López Obrador y avalaran el dictamen de inconstitucionalidad de Luis María Aguilar, se vio a Eduardo Medina Mora. El exministro de la Corte que renunció a su ministerio antes de concluir en medio de señalamientos de movimientos financieros no explicados, se dedicó a hablar con varios de sus excompañeros para buscar una mayoría que declarara la inconstitucionalidad de la consulta.


Del otro lado, a favor de la constitucionalidad del ejercicio que propuso López Obrador, quien operó fuerte fue el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien lleva por encargo directo del Presidente la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Scherer estuvo hablando con varios de los ministros y revisando quiénes apoyaban o no la propuesta presidencial y fue, en gran medida, el responsable de construir la apretada mayoría que terminó avalando, primero la constitucionalidad de la Consulta Popular, y luego la modificación de la pregunta y la nueva redacción que terminaron aprobando ya no seis, sino ocho ministros a favor y tres en contra.

Así que al final esta votación, con todos sus saldos y costos para los ministros, dejó en claro que la Corte, al igual que el resto del país, acusa ya también los efectos de la polarización política que vivimos. El tribunal supremo del Poder Judicial está dividido en dos grandes bloques: de un lado un ala proclive al actual Gobierno, en el que se ubican claramente cuatro ministros; del otro el ala contraria y adversa a esta Administración, donde hay otros cuatro ministros claramente identificados, y en medio al menos tres ministros que no quieren definirse por ninguno de los dos bloques y que, manteniendo su independencia, pueden inclinar la balanza para uno u otro lado, como en este caso lo hicieron al darle la mayoría a la primera Consulta Popular que conoceremos los mexicanos con una pregunta que quedó tan abierta y neutral, que lo mismo puede servir para revisar la actuación de los últimos cinco expresidentes de México, que para revisar los primeros años del actual Gobierno de López Obrador y sus “decisiones políticas” no siempre acertadas.
01 Octubre 2020 04:00:00
Día de decisiones para el Poder Judicial
En los siguientes dos días confluyen en el Poder Judicial de la Federación, dos asuntos sobre los que deberán pronunciarse ministros y magistrados electorales, cuyas decisiones mayoritarias tendrán un impacto indiscutible en la vida política y democrática del país. Por un lado, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy se somete a discusión y votación la consulta popular para enjuiciar a expresidentes de la República, que propone y promueve el presidente López Obrador, y por el otro lado, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se vota mañana viernes si se da o no la razón a los nuevos partidos políticos a los que el INE les negó el registro, en particular el de Margarita Zavala y Felipe Calderón.

En el primer caso, el sentido del voto mayoritario de los ministros será un buen refe-rente para conocer qué tanto grado de autonomía mantiene aún el Poder Judicial con respecto del Poder Ejecutivo, pues un sector importante de los juristas y especialistas en derecho constitucional consideran que un ejercicio de consulta para enjuiciar a los expresidentes de la República no solo es innecesario desde el punto de vista jurídico, porque se les podría enjuiciar sin consulta, sino que además plantea una violación a las garantías individuales de los exmandatarios.

Si la mayoría de los mi-nistros decide declarar constitucional la consulta y la pregunta de López Obrador, estarán validando y apoyando una maniobra que, más que jurídica o constitucional es política y que tiene un cálculo eminentemente político y electoral.

Para decirlo claramente: si la Corte le da luz verde a la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, estarían mandando una señal de respaldo al Presidente y a su política de maniobras y ocurrencias políticas con las que busca mantener el apoyo y la simpatía popular.

Por otro lado, declarar inconstitucional el ejercicio que propone el Presidente mandaría una señal de que aún con la influencia que ha logrado con los ministros que ha propuesto y con la cercanía y simpatía que ha mostrado el actual ministro presidente Arturo Zaldívar, hacia el proyecto de la 4T, López Obrador no tiene el control total del Po-der Judicial y la Corte. De ese tamaño es la decisión que hoy tomarán los ministros y que nos permitirá saber si le queda aún algo de autonomía al Poder Judicial.

En el caso de los magistrados electorales, entre los asuntos que se definen en su sesión privada de mañana están las impugnaciones presentadas por el partido México Libre en contra de la decisión del INE de negarle el registro por presuntos financiamientos no identificados.

Para nadie es secreto y tampoco para los ministros, la enorme rivalidad política existente entre el matrimonio Calderón y López Obrador, la cual quedó plenamente ma-nifiesta en los comentarios de burla y sarcasmo que utilizó el Presidente para referirse a la negativa del registro que dio el INE a México Libre. Hoy será interesante ver en qué sentido votan los magistrados electorales y con qué argumentos rechazan o validan la constitución del partido político del calderonismo y si el mayor adversario político del actual Gobierno podrá o no estar en las boletas electorales del 2021.

Durante décadas, sobre todo en el viejo régimen priista, el Poder Judicial de la Federación estuvo sometido y subyugado a los designios de los presidentes en turno; la cosa no cambió mucho en los dos sexenios del PAN, aunque los ministros y la Corte por momentos se permitieron hacer sentir su fuerza e independencia como un poder real del Estado mexicano.

Hoy en la 4T no queda claro todavía si el presidente López Obrador ha logrado, como lo ha hecho ya con muchos de los poderes autónomos, someter y controlar a la Suprema Corte o si los ministros reivindican con hechos, y no solo con discursos, su independencia. Y la votación de este jueves será un buen referente para saber la respuesta a esa incógnita.
30 Septiembre 2020 04:00:00
El negocio de los eventos presidenciales en la 4T
La historia de una mujer oficinista, que pasó de ganar 2 mil 800 pesos mensuales en un despacho de contadores, a convertirse en la contratista de los eventos de la Presidencia de la República que ha facturado 60 millones de pesos por la organización de distintos eventos, y ceremonias en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, ilustra muy bien la forma subrepticia como se está manejando en el Gobierno de la 4T el rubro de la contratación de empresas que proveen la logística y la organización de los eventos a los que acude el Presidente.

Yazmín Bolaños López, la misteriosa mujer que investigó la periodista Peniley Ramírez y que, sin ningún antecedente empresarial, aparece como una de las contratistas principales de los eventos presidenciales, es una más de las “prestanombres” que utilizan quienes manejan y operan este negocio en el actual Gobierno.

Detrás de Yazmín y de sus contratos millonarios, entre los que aparece la ceremonia del Grito de Independencia de este 2020, y también la de 2019, está el nombre de Julio César González Hernández, dueño de una empresa denominada Lightec, y quien de acuerdo con fuentes directas de la Presidencia, se encarga de operar y ejecutar los contratos para la organización de distintos eventos de la Presidencia, que van desde la conferencia mañanera hasta las reuniones e informes del Presidente, incluidas las mencionadas ceremonias del Grito y los mensajes que ha dado López Obrador en el Zócalo con motivo de sus 100 días de Gobierno, primero, y luego por el primer año de su triunfo electoral.

Julio César no suele figurar en contratos porque para ello utiliza a personas que prestan su identidad y sus datos para figurar como los contratistas oficialmente y cobrar los pagos que, hasta por 60 millones, han obtenido en lo que va de la actual Administración.

Julio César presume de “vínculos directos” con Palacio Nacional y hace alarde de sus conexiones al más alto nivel, incluso para resolver conflictos que ha tenido con sus vecinos en la colonia San Lorenzo Huipulco, en la alcaldía de Tlalpan.

Esquer ha sido encargado directamente por López Obrador de manejar la logística y organización de sus eventos, no solo ahora como Presidente, sino desde el año 2006, cuando fungió por primera vez como su particular en la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.

El funcionario sonorense ha manejado la organización de los eventos de López Obrador en sus tres campañas presidenciales y lo sigue haciendo. Sin embargo, según las fuentes consultadas, el dinero que está detrás de este negocio no necesariamente termina en manos de Alejandro Esquer, sino que presumen que parte de esos fondos son utilizados para actividades proselitistas y de promoción de la 4T.

Esquer, aclaran, es un hombre que cuenta con toda la confianza y cercanía con el presidente López Obrador, que le ha conferido lo mismo los asuntos de Morena y la relación con el partido, que los manejos de los recursos y subastas en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, en el que recientemente su exdirector, Jaime Cárdenas, señaló directamente al secretario particular del Presidente como el responsable de las peticiones y presiones para que se cometieran actos ilegales en la venta y subasta de los recursos decomisados a la delincuencia y la corrupción.

Así que, aunque los costos y los precios de los eventos en el actual Gobierno de la 4T han disminuido notablemente, si se comparan con lo que cobraba en el sexenio anterior la empresa Actidea, la realidad es que no deja de haber un jugoso negocio.

La poca transparencia con que se manejan estos contratos, que en su mayoría se han otorgado sin licitación y por asignación directa, confirman que en ese rubro no cambiaron mucho las cosas, pues al igual que sus antecesores, AMLO entregó estos contratos a personas de su círculo cercano que han incurrido en las mismas prácticas del uso de “prestanombres” y empresas fachada para ocultar a los beneficiarios reales… Los dados mandan Capicúa. Repetimos.
29 Septiembre 2020 04:00:00
La empresa ‘fachada’  que utilizó ‘La Gaviota’
Para recibir los contratos millonarios que le otorgaban todas las dependencias del Gobierno federal, empezando por Los Pinos, para la realización y organización de los eventos importantes del Presidente y las secretarías y organismos públicos, la exprimera dama, Angélica Rivera ni siquiera tuvo que crear una empresa propia ni darla de alta en Hacienda.

A través de la empresa Actidea, S.A de C.V., especializada en la organización de eventos y que existía desde 2005, su hermana Adriana Rivera operaba para que los socios de esa compañía aparecieran como los contratistas y cobraran los pagos del erario federal que compartían con las hermanas Rivera.

Actidea, propiedad de Eduardo Gama y de Alfredo Gatica, este último yerno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, tuvo mediante un acuerdo con Angélica Rivera, la exclusividad de los grandes eventos del Gobierno federal, desde las cinco ceremonias del Grito de Independencia que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto en su sexenio, por las que cobraba en promedio 18 millones de pesos, hasta la organización y logística de los eventos de la Presidencia, de la Secretaría de Hacienda, del SAT y de todas las secretarías de Estado y organismos federales, que le otorgaban “por instrucciones de Los Pinos” todos los contratos que tuvieran que ver con eventos y actos oficiales, la mayor parte de ellos sin licitación y por adjudicación directa, a pesar de que sus tarifas y cotizaciones siempre eran de hasta dos o tres veces las que cobraban otras empresas especializadas.

Tan solo hasta el 2016, según documentó en una investigación el portal SinEmbargo, Actidea había facturado cerca de 500 millones de pesos por contratos para eventos gubernamentales, más los que sumó en los dos años restantes del sexenio.

La empresa creada en 2005, y que en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón apenas había conseguido 10 contratos, uno en 2006, cinco en 2009 y cuatro en 2012 y había facturado 47 millones de pesos, tuvo un crecimiento sorprendente en cuanto empezó el sexenio de Peña Nieto.

Para 2013, el primer año de la administración peñista, ya contaba con contratos del Gobierno por 180 millones de pesos, y tres años después, en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) del Gobierno federal, la empresa de Eduardo Gama y Alfredo Gatica, ya aparecía con 97 contratos, de los cuales 88 fueron por adjudicación directa y montos de pagos por hasta 500 millones de pesos.

¿Cómo pasó esa empresa en la que figura un yerno de Carlos Salinas, de facturar 47 millones en 10 años a obtener contratos por más de 500 millones en el sexenio de Peña Nieto? La respuesta la confirman exfuncionarios de alto nivel del Gobierno peñista, quienes aseguran que Actidea fue la compañía “fachada” que encontró la familia de Angélica Rivera para hacer el negocio millonario que les dejó en exclusiva el Presidente durante todo el sexenio.

No había evento importante, para el Gobierno federal y la Presidencia, que no se le encargara a esa empresa que era la encargada de organizar los eventos y compartir las ganancias con sus “madrinas” en el Gobierno.

Tan solo la Secretaría de Hacienda, a cargo de Luis Videgaray, le había dado en 2016, 12 contratos por un total de 19 millones de pesos, todos ellos por adjudicación directa; pero además el Sistema de Administración Tributaria también le perdonó a Actidea, SA de CV el pago de una multa por 167 mil 958 pesos, a pesar de que había obtenido ingresos por 500 millones de pesos con sus contratos de Gobierno.

Así que las “empresas fachada” y los “prestanombres” no son algo nuevo, sobre todo cuando se trata de encubrir y ocultar información de personajes cercanos a la Presidencia de la República, ya sean familiares directos de la esposa, como en el caso del sexenio peñista, o colaboradores directos del Presidente, como se asegura que ocurre ahora en los tiempos de la 4T cuando los eventos de la Presidencia de la República siguen siendo una fuente de ingresos para ciertos personajes públicos de los que les comentaremos mañana.…

Dados girando. Escalera.
28 Septiembre 2020 04:00:00
El millonario negocio de los ‘eventos presidenciales’
Organizar y equipar los eventos de la Presidencia de la República, a través de empresas que se dedican a coordinar la logística, la construcción de templetes, mamparas, pantallas, sonido y sillerías para que luzcan los actos a los que acude el Presidente, es una actividad que desde siempre ha generado ganancias millonarias a las empresas a las que se les asigna. En muchos sexenios, ha sido un campo que se deja para beneficiar a políticos cercanos o hasta familiares de los mismos inquilinos de la Presidencia.

En el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, todos los contratos para la realización y organización de los eventos a los que asistía el Presidente se le tenían que dar a una empresa que era “la única autorizada por el Estado Mayor Presidencial” y que eran manejadas por las hermanas de Angélica Rivera, la esposa del Primer Mandatario.

El problema es que las cotizaciones de esa empresa, vinculada a la familia de la primera dama, siempre eran del doble o el triple de lo que cobraban otras empresas de logística y organización de eventos. Lo que se publicó allá por 2016 en la columna Bajo Reserva de El Universal, sobre el que entonces era un escándalo en ciernes totalmente real: “Nos explican que el expediente, al que ahora llaman ‘eventogate’, involucra a un cuarteto de empresas con contratos millonarios adjudicados sin licitación de por medio. Y señalan, entre otras, a una persona que supuestamente maneja las contrataciones desde Los Pinos: Adriana Rivera, hermana de la primera dama. Por lo pronto la Presidencia de la República no ha salido a aclarar esta información, pero el escándalo ya circula”, decía entonces la columna.

La información es corroborada por un extitular de la CNDH que pidió el anonimato y que narró cómo, durante uno de sus informes de labores, a los que estaba invitado el presidente Peña Nieto, recibió una llamada de un militar del desaparecido Estado Mayor Presidencial: “Para la organización del evento ¿ya contrató alguna empresa?”, preguntó el militar, a lo que el Ombudsman contestó que sí. “No, no puede ser cualquier empresa, le daremos el número y el nombre para que contrate a la única que está autorizada por instrucciones del Presidente. Es un tema de seguridad presidencial”, le dijo cortante el militar.

Desde la CNDH se contrató a la que ordenaron en Presidencia, aunque resultó que por los mismos servicios de sonido, templete, mamparas, pantallas y sillería cobraba tres veces más, es decir, 6 millones de pesos.

Si eso pasaba el sexenio pasado, en un tipo de corrupción y tráfico de influencias que aún sigue impune, sería interesante saber cómo se maneja ahora la contratación de la logística de los eventos del presidente López Obrador. El viernes pasado en estas mismas páginas la periodista Peniley Ramírez publicó en su columna la historia de La Oficinista que Ganó 60 millones en Palacio, en donde documentó cómo una presunta oficinista, de nombre Yazmín Bolaños López, en los últimos dos años ha cobrado más de 60 millones de pesos como proveedora en la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es claro que la señora Yazmín Bolaños López sí existe, es una “prestanombres” de alguien o algunos más que controlan en el actual Gobierno el negocio millonario de los eventos presidenciales. ¿Quiénes serán? Dicen que la cabeza apunta a un muy alto funcionario del Palacio Nacional. Ya les diremos.
26 Septiembre 2020 04:01:00
Aduanas, ni los militares pueden con el monstruo
La decisión que tomó el presidente López Obrador de militarizar el Sistema de Aduanas y darles el control de las mismas a las secretarías de la Defensa y la Marina, no ha logrado hasta ahora terminar con la corrupción ni dominar al monstruo de mil cabezas en el sistema aduanal del país. La presencia de 2 mil 203 elementos militares que han sido destacamentados en 65 instalaciones aduaneras y portuarias del país, sobre todo en los puntos más críticos y de mayor tránsito de mercancías, no se refleja todavía en una disminución notable de las actividades ilegales y el contrabando que ocurre en todo el sistema que abarca 49 aduanas y 116 puertos mexicanos.

El tráfico de drogas y armas, además de la gran cantidad de mercancías que de manera ilegal o con artilugios legales se introducen al país continúa y ni la presencia militar ha logrado afectarla, según demuestran las cifras de recaudación en los puestos fronterizos y portuarios. Lejos de incrementarse, como era el objetivo de mandar a los elementos castrenses y supeditar al control militar al director civil de Aduanas, Horacio Duarte, lo que recauda el Gobierno ha disminuido: en los primeros seis meses del año la cifra de ingresos aduaneros se desplomó 16%. Solo en junio la caída fue de 25% comparada con la recaudación del año anterior, según las cifras preliminares de la Secretaría de Hacienda.

Y aunque la mayor parte de ese desplome se atribuye a la contracción del comercio exterior y la parálisis económica mundial ocasionada por el coronavirus, que redujo el consumo y la oferta de bienes, limitando las importaciones nacionales, la menor recaudación, que de enero a junio de este año fue de 420 mil 900 millones de pesos, también refleja que continúa el tráfico ilegal y la corrupción que hace que sigan pasando mercancías que no pagan impuestos al Gobierno, pero sí a las mafias aduaneras y al crimen organizado.

Sigue el tráfico ilegal de autos

Entre los principales evasores en las aduanas y puertos nacionales se encuentran “factureros” de automóviles usados, conocidos como los “coches chocolate”. Las denuncias contra empresas, de las que las autoridades conocen nombre y propietario, datan de hace casi cinco años, sin que hasta el momento se haya enfrentado a esas empresas que han tenido el control de las importaciones de vehículos usados por las aduanas de Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali.

La investigación judicial sobre la importación ilegal de autos comenzó desde 2018 y en la carpeta en poder de la FGR se presume una red de corrupción por la que habrían entrado al país 80 mil vehículos de manera ilegal, y en la que se solicitaban “moches” de hasta 400 dólares por auto, en información que ya conoce Horacio Duarte de Olivares, titular de la Administración General de Aduanas, quien ha solicitado acelerar las investigaciones para deslindar responsabilidades, porque él tiene el encargo personal del Presidente no solo de atacar y disminuir la corrupción aduanera, sino también el imperativo y la orden de incrementar la recaudación hasta una meta de un billón de pesos anuales.

¿Cómo pueden entonces emitir las facturas para que los autos puedan entrar a México sin el pago de derechos? Esa pregunta deberían responderla en la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas (Acaja), que es la que les otorgó los registros.

Así que mientras el presidente López Obrador, que bautizó a la corrupción aduanera y de los puertos, como el “monstruo de las 100 cabezas” y ahora reconoce que en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado la corrupción también es como “un animal grande”, la realidad empieza a demostrar que la militarización de instituciones y actividades en las que han fracasado los civiles no siempre funciona ni acaba con la corrupción y los problemas. Y aun así la próxima semana la Cámara de Diputados aprobará el dictamen que le entregará a la Secretaría de Marina el Sistema Portuario Nacional y la Administraciones Portuarias Integrales. ¿Si no han podido los civiles, podrán los militares?…

Giran los dados. Escalera doble. Buena semana y mejor fin.
24 Septiembre 2020 04:02:00
Un sexenio después, Ayotzinapa sigue
Este sábado se cumplirán seis años de aquella noche trágica de Iguala en la que el crimen organizado, con la complacencia y participación de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, municipales, estatales y federales, secuestraron y desaparecieron a 43 normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Seis años después de ocurrido este caso paradigmático, siguen sin conocerse a ciencia cierta el móvil de este crimen múltiple ni el paradero de los restos de los estudiantes y las investigaciones han tomado un nuevo giro en el que no solo se echó por tierra a la verdad histórica del sexenio de Peña Nieto, sino que ahora se persigue judicialmente a algunos de los funcionarios que colaboraron con la manipulación y desviación de las indagatorias con testimonios falsos, siembra de pruebas y torturas de detenidos.

En casi dos años de haber tomado el caso en sus manos, la Fiscalía General de la República y el Gobierno de López Obrador han venido administrando los reclamos de justicia de los padres de los 43 normalistas a los que les prometieron, desde la campaña, que no solo habría justicia y se llegaría hasta las últimas consecuencias para castigar a los responsables y decirles cómo y en dónde terminaron los restos de sus hijos. Para llegar a este aniversario, el Presidente recibió la semana pasada a los padres en Palacio Nacional, y tras revisar los avances de las indagatorias, les ofreció que “pronto habrá revelaciones y hallazgos importantes” además de que se acelera el proceso para detener y extraditar a Tomás Zerón, no de Canadá, como se dijo en un principio, sino de Alemania, a donde se movió para ocultarse el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, hoy acusado de delitos contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada.

Entre lo más inquietante que se les comunicó a los padres de los 43 normalistas en los últimos encuentros en Palacio Nacional, es que se analizaba la posible acusación contra un “mando militar de nivel medio del Ejército Mexicano” destacamentado en la zona de Iguala durante aquellos hechos del 26 de septiembre de 2014, y al que podrían fincarle responsabilidades a partir de nuevas pruebas de que “fue informado sobre la ejecución de los estudiantes”, según han revelado fuentes cercanas a los abogados de los padres. La acusación, se les dijo, se realizaría de manera sustentada y con la anuencia de los actuales mandos militares de la Sedena, según afirman los abogados.

Los padres de los 43 han pedido desde hace varios años que se revise la participación del entonces jefe del 27 Batallón de Infantería de Iguala, José Rodríguez Pérez, a quien acusan de haber estado enterado de la desaparición y no haber actuado para evitarlo. Durante el Gobierno de Peña Nieto siempre se negó cualquier indicio o investigación al Ejército, e incluso se cambió al comandante Rodríguez Pérez de Iguala, en julio de 2015, a otra posición en la Defensa.

Entre los avances judiciales más importantes en el caso está la detención de José Angel Casarrubias, “El Mochomo”, a quien se acusa de haber sido el autor intelectual y quien dio la orden de secuestrar y desaparecer a los 43 normalistas. Luego de haber sido detenido en junio pasado, liberado por orden de un juez y luego recapturado, el lunes pasado “El Mochomo” fue recluido en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez. La Fiscalía lo ha considerado una pieza clave para rearmar lo que pasó realmente aquella noche de 2014.

En la víspera del sexto aniversario han comenzado ya las movilizaciones y protestas, inicio de lo que llamaron la jornada nacional en apoyo a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el punto culminante de esa jornada será el arribo, el sábado, de contingentes de estudiantes que pretenden llegar al Zócalo capitalino para una manifestación multitudinaria. El único detalle es que la plancha de la Plaza de la Constitución ayer miércoles fue tomada por el Frena, que instaló sus casas de campaña en la explanada. ¿Qué pasará si se juntan los normalistas de Ayotzinapa con los antilopezobradoristas?… Se detienen los dados. Serpiente.
23 Septiembre 2020 04:02:00
Indep, corrupción y renuncias
El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) hechura e idea personal del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó transformar al antiguo SAE de Hacienda en un instituto con nombre de tintes ideológicos y emblemático de su cuarta transformación, se ha vuelto centro del escándalo. Su titular Jaime Cárdenas Gracia, renunció al cargo que le dio apenas hace tres meses el Presidente, con una dura carta en la que denuncia irregularidades y corrupción en los procesos de valuación y subastas de los bienes decomisados por el Estado, además de conductas ilegales de servidores públicos que manipulaban joyas y alteraban las piezas subastadas.

Y es que el extitular del Indep, en su carta de renuncia de tres cuartillas, exhibe crudamente la corrupción que priva en el instituto creado y bautizado por el propio Presidente. El apartado tercero de su misiva que dirigió al presidente López Obrador, Cárdenas lo titula, Combate a la Corrupción y dice textual:

“1. Encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas –procedimientos de valuación que no garantizan los principios del Artículo 134 constitucional (el mayor beneficio para el Estado), mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep, y conductas de servidores públicos contrarias a las normas–. En consecuencia, hemos presentado denuncias administrativas del órgano interno de control.

“2. Por la manipulación de distintas piezas de joyería, hemos presentado las denuncias penales a la Fiscalía General de la República”.

Las graves acusaciones de Cárdenas Gracia, le valieron un duro reproche del Presidente, que dejó ver su molestia por la renuncia de Jaime Cárdenas, con el siguiente comentario: “Hay personas brillantes, con convicciones, pero que nomás no dan el ancho para la administración pública”.

Pero la corrupción en el Indep no debió ser sorpresiva para el presidente López Obrador ni se gestó en los tres meses que Cárdenas ocupó el cargo. Ya la abrupta salida de su primer director, Ricardo Rodríguez Vargas, ocurrida el 2 de junio pasado, cuando se manejó como “renuncia” lo que en realidad había sido un cese fulminante ordenado por el Presidente, confirma que en Palacio Nacional supieron desde entonces que se estaban cometiendo graves irregularidades y manipulaciones en las subastas y el manejo de los bienes decomisados y en propiedad del Gobierno federal. Cuando el Presidente se enteró de esas transacciones, dicen las fuentes consultadas, montó en cólera y ordenó el cese de Ricardo Rodríguez.

El mismo día del relevo, el Presidente presentó a Jaime Cárdenas Gracia como el nuevo director del Indep y, en privado, le pidió a quien fuera su abogado y uno de sus hombres de confianza durante la campaña, que fuera a revisar y a poner orden en lo que ocurría al interior del Indep. Eso hizo Cárdenas y comenzó a documentar cómo los empleados y directivos del instituto manipulaban no solo los bienes, sino los procedimientos de valuación para favorecer a empresas o a particulares previamente determinados y acordados que después ganaban los bienes propiedad del Estado en las subastas también manipuladas.

Al parecer el abogado Cárdenas Gracia hizo justamente lo que el Presidente le encargó y le pidió: se metió a fondo y detectó las irregularidades y los comportamientos y prácticas ilegales de directivos y empleados del Indep. Documentó la corrupción y procedió a denunciarla incluso ante la FGR, pero algo ocurrió que las denuncias no han prosperado ni se ha limpiado la corrupción que infestó al antiguo Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Tal vez a la hora de denunciar la corrupción Cárdenas no encontró apoyo del Presidente y prefirió presentar su renuncia pública y dejar constancia en ella de lo que está ocurriendo en el emblemático instituto de la 4T, que en lugar de “devolverle al pueblo lo robado” parece que se dedicó, a decir de su exdirector, a “robarle al pueblo lo devuelto”… Se lanzan los dados. Escalera doble. Buena racha.
22 Septiembre 2020 04:03:00
Anaya, la oposición y un liderazgo vacío
El regreso de Ricardo Anaya Cortés a la escena política no es casual ni gratuito. El excandidato panista eligió para su retorno un momento en el que las crisis se le juntan y le empiezan a crecer al Presidente, y es evidente que el aún joven político del PAN vuelve para retomar la estrategia de contraste, que en su momento –la campaña presidencial de 2018– le deshicieron en pedazos, entre la popularidad arrolladora del candidato Andrés Manuel y el embate despiadado del Gobierno peñista que operó en su contra con los instrumentos del Estado.

Lo que intentó fallidamente en la campaña, lo volverá a intentar ahora Anaya: ser el opuesto de López Obrador, contrastar sus ideas y sus propuestas del pasado con una visión más fresca y de futuro; pero la parte más difícil, y que no está claro que pueda lograr, es saber si Ricardo Anaya tiene los tamaños y puede convertirse en ese líder que hoy no tiene la oposición política del país, para enfrentar la fuerza del lopezobradorismo.

Tampoco es casual que Anaya anuncie su regreso a dos semanas de que arrancó el proceso electoral del 2021, en el que buscará ser diputado federal por la vía plurinominal y eventualmente liderar la bancada panista en San Lázaro, como una plataforma desde la que intentaría construir su segunda candidatura presidencial en 2024.

El abanderado panista, a quién será interesante ver cómo se refiere hoy el presidente López Obrador en su mañanera, buscará emular los pasos del propio López Obrador, que en el sexenio de Peña Nieto supo convertirse en el líder que aglutinó y condujo la inconformidad y el enojo social hacia un gobierno plagado de corrupción y excesos. Hoy Ricardo Anaya apuesta justo a eso: a canalizar la molestia y el desencanto por los resultados y fallas de la 4T.

Es más probable que, desde el PAN y posiblemente en alianza con otros partidos, Anaya sume adeptos entre las decepcionadas clases medias, los profesionistas, los golpeados empleados gubernamentales y los pequeños empresarios afectados por la crisis y por supuesto las élites empresariales, más proclives históricamente al panismo.

Incluso, si se mueve más al centro que a la derecha, el panista pudiera jalar a una parte del ala más conservadora del PRI que rechaza a López Obrador. Eso explica también por qué escogió este momento para su retorno a la política: el centro político en el país, que históricamente decía representar el viejo priismo, está vacío ante el desdibujamiento del tricolor, mientras que el voto de derecha, que amenazaba con romperse ante la posibilidad de que Felipe Calderón y Margarita Zavala obtuvieran el registro para su nuevo partido México Libre, hoy parece que se mantendrá todo para el panismo, aunque aún falta el fallo final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya comenzó a recibir los recursos de impugnación de los nuevos partidos.

Por lo pronto, se equivocará rotundamente Ricardo Anaya si piensa que su solo regreso y su candidatura le significará ser recibido con aclamaciones y vítores por una sociedad que, aunque decepcionada, tampoco ha visto en la oposición panista una actuación coherente o una propuesta alternativa y articulada frente al actual Gobierno.

Si el joven político que no pudo en 2018, porque se topó no solo con la fuerza de AMLO, sino con el embate de Peña, no demuestra que aprendió algo en los dos años, si regresa con los mismos aires de soberbia y petulancia que antes mostraba y no es capaz de reinventarse y de apostar por una visión más amplia e incluyente del país, entonces los zapatos del liderazgo opositor que va buscando le quedarán grandes y se arriesgará a que, en una de esas mañaneras en las que el Presidente dispara señalamientos, ataques y acusaciones con todo y contra todos, le vuelvan a llamar “Ricky, Riquín, Canallín” ¿o cómo era?
21 Septiembre 2020 04:02:00
Porfirio vs. Marcelo y el caos de Morena
Si el presidente López Obrador tiene graves problemas afuera —entre la pandemia fuera de control, el desastre económico, protestas en su contra y la violencia en el país— adentro, en eso que llaman la 4T y en su partido Morena, la cosa está peor: un caos en la elección interna, con un enfrentamiento canibalesco entre grupos y tribus que sumado a los protagonismos y las ambiciones de poder que afloran con la cercanía de las elecciones de 2021 y la adelantada sucesión de 2024, conforman un complicado frente interno que le genera demasiado ruido e inestabilidad al Mandatario y a su Gobierno.

Poco ayudan al Presidente las expresiones de una lucha intestina y confrontaciones que amenazan hasta con rupturas. En los últimos días personajes de la talla de Porfirio Muñoz Ledo, figura histórica de la 4T, y el poderoso canciller Marcelo Ebrard Casaubon, se han enfrascado en un abierto enfrentamiento en el que se están dando hasta con la cubeta; el diputado con ataques y alusiones directas al Secretario de Relaciones Exteriores, al que se refiere como “obsesionado en ser Presidente a como dé lugar”, y Ebrard, que si bien no responde personalmente y evita el choque directo, sí le manda respuestas a través de medios y personajes afines a Muñoz Ledo y a los que, dice el canciller, “están utilizándolo para golpearme”.

Para colmo, están las irregularidades y problemas legales que el Tribunal Electoral del Poder Judicial ha acusado en la convocatoria para elegir a la nueva dirigencia a través de encuestas, todas señaladas en denuncias y quejas de los propios morenistas, lo que complica sobremanera el proceso organizado por el INE y da pie a toda clase de versiones que apuntan a que los magistrados terminarán anulando el proceso interno morenista, ante la dificultad de encuestar a casi 120 candidatos a presidente y secretario General, lo que terminaría alargando la actual presidencia interina de Alfonso Ramírez Cuéllar hasta que pase la elección de julio de 2021.

Hay incluso quien afirma que ese es el escenario que ya están viendo en Palacio Nacional, donde, si bien el Presidente decidió no meterse en los asuntos internos de Morena, tampoco ve con buenos ojos el fuerte ruido y la inestabilidad que generan las pugnas internas en el partido y las dificultades que plantea llevar a cabo una encuesta con tantos aspirantes que se registraron. El propio Ramírez Cuéllar afirma que él está listo para seguir en la presidencia si no se puede llevar a cabo la encuesta, y que sería hasta pasados los comicios intermedios del próximo año, cuando se convoque a un nuevo proceso para renovar la dirigencia morenista.

Por lo pronto, haya o no cambio en la presidencia del partido gobernante, lo cierto es que los enfrentamientos ya se desataron y no pararán tan fácilmente. Se diría incluso que los problemas que no tiene con la pasiva y desarticulada oposición partidista, el Presidente los tiene con Morena, donde de aquí al 2024 se enfrentarán con choques cada vez más fuertes dos grandes bloques: de un lado los moderados que lideran Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, hoy en una alianza de coyuntura, y del otro los grupos que respaldan a Claudia Sheinbaum y que intentan mantener el control del partido con Bertha Luján, Héctor Díaz Polanco y el propio Ramírez Cuéllar. De ese lado se colocó Muñoz Ledo, que ha abierto un frente directo en contra de Ebrard y su candidato Mario Delgado, a quienes acusa de “oportunistas y traidores”, al grado que el experimentado diputado anticipa una ruptura en la que ve a Marcelo como candidato de un partido de centro-derecha, y disputándole la Presidencia a Morena y a López Obrador en 2024.

Así que en este Gobierno, el ruido y la inestabilidad que no genera la oposición política, lo está generando la oposición interna en Morena, un movimiento que lejos de institucionalizarse, parece destinado a fracturarse.
19 Septiembre 2020 04:06:00
La Embajadora Eminente que duró 5 días
En un nombramiento irregular, que violaba las leyes del Servicio Exterior Mexicano, a la diplomática Luz Elena Baños Rivas, actual representante de México ante la OEA, le dieron el nombramiento de “Embajadora Eminente”, un cargo que por ley solo pueden recibir embajadores con 10 años de trayectoria, cuando ella solo tenía dos años de embajadora.

El nombramiento que se le entregó “por acuerdo del Presidente de la República”, le fue notificado el pasado 28 de agosto, a través del oficio DSE/DG0327/2020 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero sorpresivamente cinco días después, por medio de un correo electrónico oficial, le avisaron que su designación fue cancelada.

Detrás de esta historia que causó un cisma dentro del Servicio Exterior Mexicano (SEM), cuando embajadores y diplomáticos denunciaron la ilegalidad del nombramiento y exigieron su cancelación inmediata, aparecen el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que fue el encargado de enviar la propuesta para autorización y firma al presidente Andrés Manuel López Obrador; además del subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes; el director General de Organismos Regionales Americanos, Efraín Guadarrama, y el director General del Servicio Exterior y Recursos Humanos, Moisés Poblano, quienes celebraron y anunciaron en sus redes sociales el nombramiento de Luz Elena Baños como “Embajadora Eminente”.

La designación de “Embajadora Eminente” es una de las mayores distinciones que puede recibir un diplomático por sus años de trayectoria, tan especial que la Ley del SEM autoriza en su Artículo 124 que solo haya “un máximo de 10 plazas de embajador eminente como distinción a los miembros de ese rango por su actuación destacada al servicio del país en el ámbito de la política exterior”.

El cargo, que solo puede ser aprobado y firmado por el Presidente de la República a propuesta del secretario de Relaciones Exteriores, quien debe mandar los nombres y antecedentes de “aquellas personas que tengan una antigüedad mínima de 10 años como embajador” amerita, además de la distinción una compensación económica adicional para los diplomáticos que la reciben.

Pero muchos del cuerpo diplomático mexicano, que sabían que la representante ante la OEA no cumplía con los requisitos de ley, comenzaron a cuestionar el nombramiento como violatorio de la ley. Lo más grave de todo es que cuando apareció el nombramiento de la “Embajadora Eminente”, según afirman funcionarios de Relaciones Exteriores que pidieron el anonimato, la firma del presidente López Obrador no era autógrafa, sino hecha con un facsímil que, aunque es oficial, solo se utiliza para cierto tipo de trámites, oficios y asuntos o comunicaciones que no ameritan la firma original del Presidente. Pero en este caso un facsímil no tenía validez y sugería que alguien intentó pasar el nombramiento sin que lo supiera el Presidente.

Fue tal el nivel del escándalo interno en la diplomacia mexicana y los reclamos para que se corrigiera un tema que involucraba directamente al presidente López Obrador en una violación legal grave, que desde Palacio Nacional se dio la orden fulminante de que se cancelara el nombramiento de Luz Elena Baños Rivas como Embajadora Eminente por no cumplir el requisito de antigüedad de 10 años como embajadora.

Esa es la historia de la “Embajadora Eminente” que duró cinco días en el cargo, pero para cerrarla solo falta saber ¿quién quiso engañar al Presidente al hacerle pasar un nombramiento ilegal e irregular utilizando para ello una firma facsímil? ¿Será que quien lo hizo sabía bien lo que hacía y actuó a partir del total desinterés que a veces muestra el Mandatario nacional por los asuntos de la política exterior? Hoy en las dos políticas (exterior e interior) le quieren meter goles al Presidente…

Los dados cierran con Serpiente doble. Semana de contrastes.
17 Septiembre 2020 04:00:00
Los militares crecen en labores y presupuesto
El avance de las Fuerzas Armadas en el Gobierno del presidente López Obrador no solo se ha dado en las crecientes labores civiles que les entrega el Presidente a las instituciones militares, sino también en mayores presupuestos para el Ejército y la Marina, que son dos de las áreas de la Administración Pública Federal a las que no ha tocado la austeridad republicana, y que registran un aumento importante en los recursos de los que dispondrán en el Presupuesto Federal 2021.

De acuerdo con el proyecto presupuestal entregado por la Secretaría de Hacienda, que comenzará a discutir la Cámara de Diputados la próxima semana, la Secretaría de la Defensa Nacional aumenta su presupuesto en 18 mil 528 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Marina Armada de México recibirá casi 2 mil millones de pesos adicionales el próximo año, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana incrementa su gasto en 3 mil 921 millones de pesos.

El presupuesto total a la Sedena, que este año fue de 94 mil 28 mdp –de los cuales 3 mil 671 mdp los destina a labores de Seguridad Pública– pasa el próximo a año a 112 mil 557 mdp de los que 21 mil 153 millones se destinarán a las labores de Seguridad Pública; mientras que la Marina pasa de 33 mil 557 mdp, con un monto de 4 mil 767 millones para seguridad, a tener en 2021 35 mil 467 millones de pesos, de los que 6 mil 934 millones los destinará a las citadas labores de seguridad pública en el país. En contraste con el crecimiento y los recursos que se destinan a las instituciones castrenses, el presupuesto para seguridad en las entidades federativas será de 24 mil 872 millones de pesos el próximo año, y si bien registra un incremento importante con relación a los 11 mil 443 pesos que tuvieron este año, en realidad lo que se reparte entre 32 estados es apenas una quinta parte del total de los recursos que se entregan a la Defensa Nacional, y equivale apenas al 35% del total de los recursos que recibirá la Marina el próximo año.

El dinero para seguridad en los estados se reparte en 7 mil 695 mdp para el Fondo de Asignaciones en Seguridad Pública (FASP) y los restantes 17 mil 176 mdp al Fortamun, mientras que al Fortaseg se le deja en ceros. Todos esos recursos para seguridad, tanto los que recibirán las Fuerzas Armadas, como los que se entregan a las entidades del país, tienen que destinarse a las siguientes acciones: Recuperación y dignificación de cárceles; Modelo Nacional de policía y justicia cívica; Policía de proximidad social; Investigación bajo el mando del Ministerio Público; Recepción de denuncias, Atención a Víctimas; Trabajo a favor de la comunidad; Coordinación con la Guardia Nacional de policías estatales, municipales y Ministerio Público y Creación de la Guardia Nacional como una corporación de carácter civil para prevenir, investigar y perseguir delitos del fuero común y federal, según lo que establece el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

En cuanto al Sistema Federal Penitenciario, el presupuesto 2021 propone asignar 21 mil 397 mdp para los 20 penales federales, que además registran una ocupación menor. Mientras a los 275 penales estatales no se les asigna nada de esos recursos, a pesar de que son los más sobrepoblados y en los que una buena parte de los reos son del fuero federal.

Del total del sistema penitenciario del país, solo 20 cárceles son federales y 275 estatales, pero a esas no se les dan recursos federales para cumplir con los propósitos de reinserción social, acciones educativas, capacitación para el trabajo, promoción de la salud, actividades deportivas y culturales. Todas esas actividades, que se mencionan para su realización en los penales federales, también se llevan a cabo en las cárceles estatales, en donde se concentra la mayor parte de la población de personas privadas de la libertad o PPL.

Todos esos datos, que surgen del análisis del presupuesto que están haciendo varios gobiernos estatales, serán parte de lo que los gobernadores de la autonombrada Alianza Federalista, que agrupa a 10 gobernadores, le plantearán al Gobierno de López Obrador y a la Cámara de Diputados, como parte de lo que se debe revisar y modificar en el PEF 2021 antes de su aprobación.

Para exponer esas demandas, los 10 mandatarios de la Alianza se reunirán la próxima semana por primera vez en la Ciudad de México para hacer sus planteamientos en materia presupuestal, y su exigencia de que se revisen las participaciones que se entregarán a los estados el próximo año.

Y es que mientras los estados se quejan de que a ellos les reducen recursos, con el argumento de que habrá menos recaudación, es evidente que hay dependencias federales que no solo no sufren recortes sino que tendrán aumentos importantes en su presupuesto, como son los casos de Sedena y Marina, a los que además de incrementarles recursos les siguen entregando obras y programas de carácter civil, como el caso de la Administración del Sistema de Puertos marítimos del país, que le será transferido a la Secretaría de Marina, según el proyecto de dictamen que la próxima semana podría aprobarse también en la Cámara de Diputados.

Así, mientras tenemos estados y gobernadores que mendigan por recursos, las fuerzas militares tienen cada vez más trabajo e injerencia en la vida civil del país, donde lo mismo construyen aeropuertos, que administran el comercio marítimo, son responsables de la seguridad pública y atienden la pandemia de Covid.

No cabe duda que, como en ningún Gobierno desde la época de la institucionalización de la vida política del país, cuando a los militares se les prohibió hacer política, hoy las instituciones castrenses ganan cada vez más terreno en la vida civil de la República. Giran los dados. Escalera doble para la Patria que somos todos.
16 Septiembre 2020 04:00:00
Juicio a expresidentes, en manos de la Corte
Muy lejos del objetivo de fortalecer y profesionalizar a las policías locales y municipales, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, que presentó el Gobierno federal a la Cámara de Diputados, propone eliminar casi 4 mil millones de pesos que se destinaban al fortalecimiento de la seguridad en los municipios más conflictivos del país, y en vez de invertir esos recursos en las policías civiles y locales, destinará la mayor parte de esos recursos a incrementar en 3 mil 300 millones de pesos el presupuesto de la militarizada
Guardia Nacional.

Con la cancelación de recursos al Fortaseg, fondo con el que se apoyaba a la seguridad y las policías de los 300 municipios más poblados e inseguros de la República, sobre todo en las grandes zonas metropolitanas donde se concentra el 90% de la incidencia delictiva a nivel nacional, la Secretaría de Hacienda no solo golpea a las autoridades y los habitantes de las grandes urbes con mayor inseguridad, sino que también se debilita al Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la institución federal que coordina y mide los resultados de la estrategia de seguridad a nivel nacional y que, sin esos recursos, quedará debilitado y sin poder marcar directrices a los municipios.

Según el proyecto del PEF 2021, el mencionado Fortaseg recibirá cero pesos y se le eliminan los 4 mil millones de pesos que, etiquetados por el Gobierno federal, eran enviados a los municipios o los estados que tienen mando único policial.

Casualmente, mientras se castiga a los municipios con el feroz recorte, se tiene previsto aumentarle el presupuesto a la Guardia Nacional, el cuerpo de seguridad militarizado creado a propuesta del presidente López Obrador, al que se le destinan mayores recursos, aunque eso no signifique que la Guardia tendrá mayor capacidad ni efectividad en sus operaciones, mismas que hasta ahora no han dado los resultados ofrecidos.

El tema está siendo revisado por varios gobernadores y alcaldes del país, quienes le pedirán a la Cámara de Diputados corregir esa propuesta de Hacienda, por considerar que afecta a las entidades federativas y de recursos federales etiquetados. Sin el Fortaseg, se le quita al SESNSP la facultad de fijar a los municipios cómo deben aplicar los montos etiquetados para reclutamiento, capacitación, armamento, tecnología y certificación de sus policías.

En lugar de eso, el presupuesto prevé que los municipios compensen la pérdida con 20% de los recursos de otro fondo para seguridad pública, denominado Fortamun, que se reparte de acuerdo con el número de población, pero que no obliga a los ayuntamientos ni estados a seguir lineamiento o regla alguna de la Federación porque no son etiquetados, lo que no garantiza que los destinen a sus policías municipales, ni siquiera a temas de seguridad.

Ahora en el presupuesto 2021 se decide quitarle fuerza a las corporaciones municipales o de mando único y darle más elementos a la Guardia Nacional, corporación a la que se le quiere dar todo el peso de la seguridad a nivel nacional y se argumenta en el mismo texto del presupuesto, que “será una corporación civil para prevenir, investigar y perseguir delitos
del fuero común”.

Así que, en la visión de los estados, la cancelación y manipulación de esos fondos no solo es un golpe a los municipios al reducirles su capacidad de hacer frente a la inseguridad, de no poder reclutar policías y capacitarlos, sino también se sacrifica a una institución de coordinación que ha funcionado, como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras se apuesta a crecer económica y extralegalmente a una corporación como la Guardia Nacional, “en detrimento de la soberanía municipal y estatal”.

¿Es eso lo que se quiere –se preguntan gobernadores y alcaldes–, fortalecer la Guardia Nacional mientras se debilita a las policías locales y municipales, y se dificulta la atención de la seguridad de los ciudadanos en el nivel de gobierno más cercano a sus necesidades? Se baten los dados. Capicúa.
15 Septiembre 2020 04:05:00
Juicio a expresidentes, en manos de la Corte
Contrario a versiones falsas que se manejaron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado sobre la viabilidad jurídica y constitucional de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República. Ni su presidente, Arturo Zaldívar, ni ningún otro ministro o ministra han emitido opinión y no lo harán hasta que reciban la solicitud formal por cualquiera de las tres vías que marca la Constitución para autorizar la realización de un ejercicio de consulta a la ciudadanía sobre un tema tan delicado y sensible. Hoy podrían llegar esas solicitudes, tanto la que anunció el presidente López Obrador que enviaría a través de un escrito a los ministros del Pleno, como el que mandará también el Senado, según anticipó ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Hasta ayer, la recolección de firmas para solicitar la consulta por la vía ciudadana no alcanzaba la cifra de un millón 800 mil firmas de ciudadanos identificados, a pesar de los esfuerzos realizados por varios grupos, algunos civiles y otros vinculados a Morena que se dieron a la tarea de recolectar las firmas necesarias para avalar una solicitud a la Corte por esa vía. Y ante la posibilidad de que no se alcance el requisito constitucional, ayer en su conferencia mañanera López Obrador decía que de cualquier modo él ya tenía listo el escrito de petición que enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitarle su aval de constitucionalidad al mecanismo por el que se pretende preguntarle a los mexicanos si están o no de acuerdo en que se lleve a cabo un juicio a cinco expresidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, hasta Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El quid de toda esta cuestión radica en la elaboración de la pregunta que se pretende someter a consulta de los mexicanos. De la redacción y la formulación de esa pregunta depende en gran medida de que la Corte decida o no darle el reconocimiento constitucional a dicha consulta. Todos los ministros, nos dicen fuentes cercanas al Poder Judicial de la Federación, están expectantes por saber qué dice la interrogante que se formularía en este ejercicio democrático porque de ello depende que le den o no el aval de constitucionalidad. Por ejemplo, abogados constitucionalistas consultados por esta columna nos dicen que si la pregunta que se hace fuera: “¿Usted quiere que enjuiciemos a los expresidentes?”, no pasaría ni sería aceptada por la Corte; en cambio una pregunta más abierta como: “¿Está usted de acuerdo que haya juicio a expresidentes de la República si la autoridad encuentra malversación de fondos?”, entonces sí podría pasar porque dice lo obvio.

El propio ministro presidente, Arturo Zaldívar, ha dicho que no se va a pronunciar sobre la consulta ciudadana de manera anticipada por respeto al debido proceso. Hasta que la Corte no conozca el contenido y la redacción de la pregunta no emitirá ninguna opinión porque de eso depende la legalidad del posible ejercicio.

Así que, más allá del tema de la prescripción de delitos que señalan juristas y de que haya quien considere innecesario un ejercicio de consulta pública para llevar a los expresidentes a un proceso judicial inédito en la historia del país, veremos qué dicen los ministros de la Corte que, con su decisión pueden validar y dar legalidad a una consulta que sería histórica o pueden también echar por tierra la posibilidad de que se someta a juicio a cinco exmandatarios si consideran que lo que se pretende preguntarle a los mexicanos es, de inicio, violatorio de la Constitución. Por eso la decisión de procesar por primera vez a los expresidentes, más que en manos del presidente López Obrador, está en las manos de la Suprema Corte de Justicia.

14 Septiembre 2020 04:04:00
Autoridades electorales bajo fuego
En un adelanto de lo que será el año electoral 2021, con toda su rudeza e intensidad en la lucha por el poder, apenas lleva una semana de iniciado el proceso comicial en marcha y los árbitros y juzgadores electorales enfrentan una andanada de ataques, denuncias y descalificaciones de los actores políticos. Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resisten el embate de dirigentes y partidos políticos, que descalifican con visceralidad a las autoridades cuando estas aplican la ley y sus fallos no favorecen a sus intereses.

De un lado está el INE, que además de haber tenido que aguantar una embestida permanente desde la Presidencia de la República, ahora se enfrenta también a la diatriba y la descalificación de los opositores al sistema, a los que les negó registro como partidos políticos.

Y ahora, las baterías políticas se enfocan hacia el Tribunal Electoral, cuyos magistrados tendrán que resolver no solo las impugnaciones a las negativas de registro de partidos, sino los muchos recursos de impugnación y quejas que genera Morena que, con sus constantes pleitos internos y su incapacidad de llegar a acuerdos, se ha convertido no solo en un generador constante de denuncias y casos, sino también en una fuente de tensión y ataques contra el trabajo de los magistrados.

En este fin de semana, a la máxima instancia electoral le dispararon desde dos frentes: por un lado el diputado Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, lanzó una grave acusación de “sobornos multimillonarios” a cambio de fallar a favor de varios recursos de impugnación interpuestos por sus propios compañeros morenistas; y por otro lado el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala presentaron sus impugnaciones en contra de la decisión del INE de negarle el registro a México Libre.

En el caso de Morena, se trata de cinco recursos de impugnación que, por decisión del presidente del TEPJF, Felipe Fuentes Barrera, fueron pospuestos para discutirse y resolverse esta semana, bajo el criterio de optimizar la resolución de los casos previos, según el acuerdo general 6/2020 que le otorgó esa facultad al magistrado presidente para ordenar y optimizar los tiempos y casos de discusión urgente para eficientar el desempeño del Tribunal.

Sin embargo, esa decisión fue cuestionada por los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora, que cuestionaron la posposición de cuatro de los asuntos relacionados con Morena, cuyos proyectos de resolución ya tenían listos, y de ahí surgió el rumor de supuestos “sobornos”.

En cuanto a la discusión del recurso de México Libre, presentado ayer domingo por Calderón y Zavala, la queja será turnada al magistrado José Luis Vargas Valdez para que presente el proyecto de resolución, y aun cuando apenas empieza la discusión en el Tribunal Electoral, el asunto ya provoca jaloneos y tensiones.

De entrada un abogado de nombre Luis Alberto Morales presentó el viernes pasado una petición de “Impedimento en contra del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón”, en la que le pide a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral que el mencionado magistrado Reyes Rodríguez “debe excusarse o bien declararse impedido” para intervenir en la discusión y votación del recurso de impugnación de México Libre, por tener una “relación de amistad con actores políticos afines a esa asociación”.

Así que veremos cómo se resuelven asuntos tan delicados como calientes, por las presiones y operaciones de los políticos, ya sean los oficialistas de Morena o los opositores como Calderón, intentan intimidar, amedrentar y hasta orientar el sentido del voto de los magistrados.

Veremos cuántos de ellos se prestan, cuántos se excusan por sus relaciones y cercanías políticas, y cuántos reivindican la autonomía y autoridad del máximo tribunal electoral del país.



12 Septiembre 2020 04:05:00
El que esté libre de pecado, que lance el primer video
La política mexicana ha quedado supeditada, según lo que se ve, al imperio de la imagen. Lo que queda grabado en video determina no solo la posibilidad de una prueba legal, sino también la contundencia de un veloz enjuiciamiento y un veredicto público que hoy no solo es capaz de condenar y sepultar a alguien en la ignominia por medio de su exhibición y difusión en internet y en redes sociales, sino que también el poder de las imágenes videograbadas hoy es capaz de modificar y alterar hasta la agenda del Presidente de la República, que un día promovía y ensalzaba la importancia de los videoescándalos de corrupción del caso Lozoya y al otro día, cuando esos mismos videos alcanzaron a su familia más cercana, optó por hacer mutis y guardar silencio en ambos casos gráficos de corrupción.

¿Por qué López Obrador dejó de hablar y difundir pormenores y detalles de las acusaciones de Lozoya, sobre todo en lo que se refiere a la existencia de videos? Las razones personales que haya tenido el Presidente solo él y sus más cercanos la saben, pero lo que es un hecho es que el discurso presidencial, que pedía a todos los mexicanos enterarse de las denuncias de Emilio Lozoya y les reclamaba a los medios que no difundieran lo suficiente los videos y señalamientos, cambió de pronto y que ese cambio se dio tras la difusión del otro video, el que mostraba a su hermano más querido y cercano, Pío López Obrador, recibiendo dinero en bolsas de papel amarillas de manos de un operador del Gobierno de Chiapas, David León.

Aquella mañana del 22 de agosto, un día después de que circulara profusamente el mencionado video de Pío y David Romero, fue la última vez que el Presidente se refirió a la importancia de los videos como elementos de prueba de la corrupción. El golpe y el mensaje que significó la difusión de ese video debió ser tan duro y fuerte para el inquilino de Palacio Nacional que desde entonces no volvió a mencionar ni el nombre de Lozoya ni la investigación que continúa realizando el fiscal Gertz Manero.

David Romero no fue el único regañado y defenestrado. A Pío López Obrador su aparición ingenua en aquellas grabaciones, donde sacaba cuentas y anotaba en su Biblia negra lo que le habían entregado y lo que faltaban de entregarle, le costó también perder el lugar privilegiado de cercanía, operador de confianza y, sobre todo la de “hermano favorito”, que fue la que más debió dolerle. A Pío se le impuso, desde el escándalo, la frialdad de la distancia y la consigna de que ahora tendrá que responder ante la justicia.

La única relación cercana que tenía con alguien de su familia se vio severamente dañada por la molestia que provocó en el Presidente el que su hermano preferido haya sido tan ingenuo para no darse cuenta de que lo estaban grabando y que, en cada uno de los más de 15 videos que se menciona existen con la imagen de Pío recibiendo recursos económicos, no se haya percatado de que le estaban tendiendo una trampa. Porque la relación que Andrés Manuel tenía con sus otros hermanos nunca fue tan directa y cercana como la que tenía con su hermano menor y al que siempre apoyó y se apoyó en él para promover su proyecto político en el sureste. “De manera respetuosa les pido votar por Pío López Obrador, para diputado federal, no sólo porque es mi hermano. Se trata de un ciudadano ejemplar, es un dirigente honesto, comprometido con las causas más nobles de nuestro pueblo”, decía el ahora Presidente en 2009.

Hoy los dos protagonistas del video están no solo defenestrados y caídos del ánimo presidencial, sino consultando con abogados una posible responsabilidad legal ante fiscalías por posibles delitos electorales. A David León le cortaron las alas políticas y perdió la enorme confianza que había ganado en el despacho presidencial, mientras que a Pío le ha costado más que un cargo o una carrera política. Por lo pronto el silencio no solo del Presidente sino hasta del fiscal Gertz Manero, que de pronto le bajaron el volumen y el tono al caso Lozoya, confirman que hoy en la política nacional, como en la televisión y ahora también en el internet y las redes sociales, “la imagen manda”. Y parafraseando la consiga de Cristo, cuando la gente apedreaba a María Magdalena (Juan 8:7): “El que esté libre de pecado, que tire el primer video”... Los dados mandan Serpiente Doble. Semana complicada.
10 Septiembre 2020 04:02:00
El doble conflicto de Chihuahua
Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó ver, en una reunión con sus colaboradores, el enojo y desprecio que siente por el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Cuando alguien mencionó el nombre del Mandatario panista, la reacción fue automática: “Ese es un vulgar traidor y mentiroso”, dijo el Presidente. La razón de la molestia presidencial tiene que ver con el conflicto por el agua de las presas federales ubicadas en territorio chihuahuense, que ha escalado en las últimas horas y con la percepción que tienen en Palacio Nacional de que Corral “está azuzando a los campesinos” del Distrito de Riego 05 en Camargo y Delicias, que el martes pasado burlaron y expulsaron a la Guardia Nacional y tomaron el control de la presa La Boquilla, expulsando también al personal de la Comisión Nacional del Agua.

La animadversión no es nueva y data de hace varios años. El Presidente acusa que Corral coqueteaba con la izquierda, pero siempre terminó traicionándola por sus filias panistas. En el Gobierno federal ahora se quejan de que el Mandatario chihuahuense no ha correspondido al apoyo por la captura y solicitud de extradición del exgobernador César Duarte, su antecesor acusado de corrupción.

Hoy esa mala relación política se mezcla con un conflicto que está tomando proporciones preocupantes ante la actitud desafiante de los campesinos que acusan al Gobierno de López Obrador y a Conagua de estarles quitando el agua de las presas El Granero y Las Vírgenes, y de querer vaciar también el agua de La Boquilla para cumplir con un pago de un adeudo del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos que data de 1944. El Gobierno federal ha respondido con el envío de la Guardia Nacional a las instalaciones de La Boquilla.

Cientos de campesinos se apoderaron de los cuartos de control de la presa para cerrar las compuertas y evitar el trasvase de agua, expulsando y humillando a los elementos del cuerpo de seguridad federal que, para evitar una confrontación se retiraron. Pero al irse, según la versión de testigos, la Guardia Nacional abrió fuego contra un matrimonio de productores que también se retiraba de La Boquilla, muriendo la mujer y dejando gravemente herido al hombre.

López Obrador acusó en la conferencia mañanera que “hay intereses políticos y electorales” en el conflicto y acusó que hay corrupción en el manejo del agua, hablando de un “huachicoleo del agua” que se está investigando.

Javier Corral contraatacó con el anuncio de una investigación a la Guardia Nacional desde la Fiscalía de Justicia de Chihuahua por el caso de los atacados por miembros del cuerpo federal. Mientras, el fiscal general de Chihuahua, César Peniche, mandaba oficios para pedir al Gobierno federal que le permita el acceso y el aseguramiento de las armas involucradas.

Veremos en qué termina este conflicto en el que, por lo pronto, los agricultores chihuahuenses mantienen el control de una presa federal y amenazan con no permitir el regreso de las autoridades federales, mientras acusan al Gobierno de López Obrador de “robarles el agua a los chihuahuenses” y de atentar en contra del sustento de sus familias al pretender quitarles el agua para sus cultivos. El Gobierno federal, donde por cierto la directora de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, ha brillado por su incapacidad para operar y resolver el conflicto, insiste en que el agua es propiedad nacional y que en ningún momento está poniendo en riesgo los volúmenes de riego para los campesinos de Delicias y Camargo.

Y detrás del conflicto hídrico de Chihuahua, en el que literalmente las aguas amenazan con desbordarse en un estado de profundas raíces revolucionarias y cuyos productores advierten que no se van a dejar robar el agua que le quieren mandar a Estados Unidos, aparece el conflicto político en el que a la añeja animadversión entre López Obrador y Corral Jurado, que nunca se han querido, se suman también las aspiraciones futuristas de este último a las que en Palacio Nacional se refieren como “sueños guajiros” del panista por la candidatura presidencial en el 2024… Dados girando. Escalera doble.
09 Septiembre 2020 04:02:00
Morena y la lucha por el 2024
En la renovación de la dirigencia nacional de Morena, que se definirá por encuestas, hay dos cosas que están en juego: primero, el modelo de partido que imperará en la actual fuerza gobernante en el país, y si se convierte en un partido abierto a la sociedad y moderado en sus posiciones, o si se vuelve una organización sectaria y cerrada a la pureza de sus militantes, y con posiciones más radicales para la vida pública nacional; y segundo, el resultado de las encuestas también define qué grupos políticos y qué liderazgos, de los que existen en la clase gobernante, controlan e influyen en las candidaturas no solo del 2021, sino también en la sucesión presidencial del 2024.

Por eso, lo que resulte de las tres encuestas que se aplicarán a nivel nacional, bajo la coordinación y supervisión del INE y con cuestionarios a la población abierta (Parametría, BGC Ulises Beltrán y Covarrubias) será determinante para saber cómo se va resolviendo la pugna interna entre los grupos moderados y los más radicales, que a falta de una oposición fuerte y competitiva, han aflorado al interior del Gobierno del presidente López Obrador.

Quien controle el partido, buscará también tripular y conducir el plan para la continuidad del proyecto de la cuarta transformación, lo que significa controlar no solo la mayoría que pretenden refrendar en la Cámara de Diputados y las nuevas gubernaturas que gane Morena, sino también tomar ventaja en la designación del candidato presidencial que sucedería a Andrés Manuel.

No es tan difícil identificar en los candidatos que se inscribieron hasta ayer para contender por los cargos de presidente y secretario general, los vínculos que cada uno de ellos tiene con esos grupos y personajes, ya sea del ala moderada o de los sectores más duros de Morena.

Mario Delgado, uno de los punteros, es sin duda el eslabón que sella una alianza política entre el canciller Marcelo Ebrard y el líder del Senado, Ricardo Monreal, ambos aspirantes claros al 2024. Porfirio Muñoz Ledo, con toda su experiencia y trayectoria, está siendo utilizado para apuntalar a un sector de los duros, encabezado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y Bertha Luján, la aspirante que cedió su candidatura, junto con la actual dirigencia nacional interina de Alfonso Ramírez Cuéllar; no es casual que a Muñoz Ledo le hayan acercado como compañera, aunque no existe la figura de la fórmula en los estatutos de Morena, a la senadora Citlali Hernández, dura entre las duras.

Luego viene Alejandro Rojas Díaz-Durán, indudable alfil del monrealismo; Yeidckol Polevnksy que va sola con su grupo y ya no tiene apoyos de Palacio Nacional; y el proyecto del joven politólogo Gibrán Ramírez que representa quizás a los grupos más cercanos al lopezobradorismo y que algunos identifican con Gabriel García Hernández, actual coordinador general de Programas de Desarrollo del Gobierno federal y un operador cercanísimo al Presidente, creador de la estructura política paralela de los Servidores de la Nación.

El grupo que controle ahora el partido y con él las elecciones de 2021, estará también fortaleciendo un proyecto de sucesión presidencial. Y en este momento hay al menos dos bloques claramente identificables: la alianza entre Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, y en el otro extremo está la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que aglutina a los sectores más duros del lopezobradorismo.

Hoy también están viendo como un posible rival al subsecretario “estrella” de la 4T, el doctor Hugo López-Gatell, quien claramente ha enseñado no solo su perfil político sino sus aspiraciones futuras.

Así que si a usted en la calle le preguntan quién cree que debe ser el nuevo dirigente de Morena, sepa que en la definición de quien lo presida, también se estará abonando hacia dónde se mueve la posible continuidad del movimiento que hoy coloquialmente llaman la 4T. Se baten los dados. Capicúa.
08 Septiembre 2020 04:00:00
Adiós a la Conago
Surgida en 2001, cuando los gobernadores del país vieron en la debilidad del primer Presidente no priista de la historia, Vicente Fox Quesada, una oportunidad única de crear un contrapeso al presidencialismo desde los estados de la República, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) quedó ayer lunes prácticamente desmembrada, con la declaración de 10 ejecutivos estatales que decidieron abandonarla por considerar que “ya no cumple los objetivos para los que fue creada”, y dejó de ser un espacio para la defensa de los intereses de las entidades y el federalismo.

Tras el anuncio de los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Aguascalientes y Colima, la Conago perdería la tercera parte de sus integrantes, con lo que ya no sería una organización “nacional” y tendría que replantearse su denominación y sus objetivos.

En su reunión de ayer en la ciudad de Chihuahua, desde un salón del Palacio de Gobierno del Estado, que encabezó el Gobernador anfitrión, Javier Corral Jurado, se decidió que los 10 estados no participarán más en la Conferencia Nacional y que plantearán sus demandas y diálogo con el Ejecutivo, a través del bloque de la Alianza Federalista, con lo que se desconoce la interlocución de la Conago para representar a sus entidades federativas en los distintos temas de la relación con el Ejecutivo federal.

La decisión de los 10 estados no solo terminaría con 19 años de existencia de la Conago, sino que confirmaría la tendencia de segmentación en la República, ya sea en bloques políticos o regionales. Porque a partir de ahora estarían, de un lado, los mandatarios opositores y de las regiones norte, bajío y occidente, que conforman la mencionada Alianza Federalista, en la que hay lo mismo panistas, que un priista, un perredista, uno de MC y un independiente, todos ellos con posiciones críticas hacia el Gobierno de López Obrador; mientras que en otro grupo se ubican gobernadores del PRI alineados con el Presidente, algunos panistas que no apoyan a la alianza como Querétaro, Yucatán, Baja California Sur y Quintana Roo, además de los gobernadores de Morena.

Con Vicente Fox y Felipe Calderón, la Conago tuvo sus mejores años y funcionó como un contrapeso efectivo al enorme poder presidencial y a favor de los temas del federalismo.

Los escándalos de corrupción en las entidades, que comenzaron con Calderón y alcanzarían su clímax en el sexenio de Peña Nieto, incluyeron los endeudamientos excesivos en entidades como Coahuila, con Humberto Moreira, los desvíos de hasta 65 mil millones de pesos de Javier Duarte en Veracruz; los financiamientos a campañas del PRI de César Duarte en Chihuahua; los excesos millonarios de Roberto Borge, en Quintana Roo, y hasta los desvíos de recursos del ramo de salud que llevaron a la cárcel al gobernador de Tabasco, Andrés Granier. En el Gobierno de Peña Nieto, en parte por la complicidad y en parte por el estilo político de comprar votos y apoyos para sus reformas, la Conago perdió peso.

La decisión del presidente López Obrador de cortar toda comunicación directa entre él y los gobernadores, terminó por provocar la molestia de las entidades que empezaron a cuestionar no solo las decisiones federales para enfrentar al Covid, sino la falta de un plan de coordinación para el rescate económico de sus estados y el que no se les mandaran recursos extraordinarios para enfrentar la emergencia sanitaria. Así fue como surgieron los bloques de estados que hoy balcanizan y fragmentan a las entidades y, para cuando ocurrió el encuentro en San Luis Potosí, hace tres semanas, las relaciones entre los estados y la Federación se habían politizado y hoy provocan el resquebrajamiento de la Conago.
07 Septiembre 2020 04:01:00
El asunto secreto de Palacio
En la reunión diaria del Gabinete de Seguridad, el pasado jueves 3 de septiembre ocurrió algo que llamó la atención de los asistentes habituales a ese encuentro de trabajo en Palacio Nacional. Eran las 6 de la mañana y en el salón donde comúnmente se reúne el presidente López Obrador con cerca de 14 funcionarios de las áreas de seguridad de su Gobierno, entre secretarios y subsecretarios, ya esperaban varios de los participantes cuando llegó el personal de apoyo y les pidió abandonar la sala porque el Mandatario quería solo tener la reunión con cuatro funcionarios: la secretaria de Gobernación, el de Defensa, el titular de Marina y el de Seguridad Pública.

Sin indicarles el motivo y mucho menos el asunto delicado que se trataría, varios subsecretarios y directores que habitualmente participan en el Gabinete de Seguridad fueron desalojados y se les pidió esperar afuera, en los pasillos de Palacio, donde se miraban unos a otros preguntándose qué había pasado o qué tema confidencial o de seguridad obligaba a reducir el número normal de participantes en la reunión de coordinación. Sin chistar, todos los de segundo nivel abandonaron el salón y esperaron pacientemente a que concluyera el encuentro.

El Presidente entró a la reunión como todos los días en punto de las 6 y solo Olga Sánchez Cordero, el general Luis Sandoval, el almirante Rafael Ojeda y Alfonso Durazo escucharon el tema “secreto” o confidencial que obligó, por primera vez en los casi dos años de que se realizan diariamente esas reuniones en Palacio Nacional, a que López Obrador pidiera reducir el número de funcionarios participantes, según comentaron fuentes directas de la Presidencia que pidieron el anonimato.

A las 7 con 5 minutos de aquel jueves, exactamente una hora después de que inició el gabinete de Seguridad, se abrieron las puertas del salón y salieron solamente los secretarios que habían participado; al Presidente, que habitualmente sale también por esa puerta y comenta asuntos con los funcionarios participantes, lo sacaron por otra puerta y se fue a preparar, como cada día entre semana, los temas de su conferencia mañanera. Nadie informó ni explicó a los cerca de 10 funcionarios a los que se pidió abandonar la sala el motivo de la asistencia reducida y el porqué no podían estar presentes en el encuentro.

Ese mismo jueves salió información sobre la existencia de hasta 15 videos en los que aparece el hermano del Presidente, Pío López Obrador, recibiendo bolsas con dinero de David León, el excoordinador de Protección Civil federal y fallido director del organismo nacional de distribución de medicinas. También ese jueves comenzó la discusión en el INE sobre los registros a nuevos partidos políticos, que terminó el viernes con las votaciones que le negaron el reconocimiento a 6 agrupaciones políticas, entre ellas la de México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, y la de Redes Sociales Progresistas, vinculada a Elba Esther Gordillo, además de otras cuatro rechazadas. De hecho, solo el actual PES obtuvo el registro por mayoría de consejeros.

Ya para el fin de semana, López Obrador se enfrascó en una confrontación verbal con el expresidente Calderón y Margarita Zavala.

En fin, que algo muy importante y de mucho calibre debió motivar que el Presidente cerrara el jueves pasado su reunión de seguridad. O se trató de un tema de “seguridad nacional” o de algo político muy fuerte que ameritaba que solo un reducido grupo de sus colaboradores lo supiera para evitar filtraciones a la prensa. Veremos si en estos días se observa algo que explique la decisión que sorprendió incluso a los colaboradores presidenciales, mientras seguimos enfrascados en discusiones, enfrentamientos y cortinas de humo que ocultan las verdaderas tragedias económicas, sociales y de salud que seguimos viviendo por el Covid.
02 Septiembre 2020 04:00:00
La guerra por Radiópolis:  Cabal-Alemán vs Prisa
La que comenzó como una batalla política, por el control editorial de uno de los sistemas de radio más antiguos del país, hoy se ha convertido en una guerra jurídica en la que los dos grupos involucrados, con sus equipos de abogados de por medio, librarán una larga pelea en la que no solo se definirá quién define la línea editorial de W-Radio y todas las estaciones del Sistema Radiópolis, sino que al estar involucrados contratos previamente firmados este será un caso jurídico emblemático para el estado de derecho en México, el respeto a la inversión extranjera y sobre todo de la presión que algunos medios de comunicación y comunicadores están recibiendo.

En los extremos de este pleito legal están de un lado el Grupo Alemán, que es la parte formal, pero en la realidad aparece también el empresario tabasqueño Carlos Cabal Peniche como el operador principal de los nuevos socios de Radiópolis; y del otro lado los españoles de Grupo Prisa, que hasta ahora detentaban el control editorial del grupo radiofónico que incluye 17 estaciones, de acuerdo con los términos del contrato que firmaron con su antiguo socio Televisa. La confrontación que se desató la semana pasada, en la que la dupla Alemán-Cabal tomó por la fuerza y con una asamblea cuestionada, el control físico de las instalaciones e impuso a un nuevo director, comenzó con una celada que la parte mexicana le puso a los españoles para arrebatarles la dirección.

De acuerdo con fuentes internas, el martes 25 de agosto, Miguel Alemán Magnani, socio formal del 50% de lo que antes era Televisa Radio, ahora Sistema Radiópolis, invitó a comer a la Fundación Miguel Alemán, al director general de las estaciones de radio, Francisco Cabañas, un veterano directivo de medios nombrado por la cúpula de Prisa en España. A su llegada a la comida, Cabañas se topó con la sorpresa de que en la mesa estuviera Carlos Cabal Peniche. Muy pronto empezaron los agravios de Cabal contra los españoles de Prisa y en su florido lenguaje tropical, el exbanquero y empresario, que estuviera preso por defraudación, dejó muy claro que también buscaban el control editorial de la W-Radio, la estación noticiosa de Radiópolis.

Según la reconstrucción de las fuentes consultadas, al ser informado Cabal de que un diferendo con España pondría en incertidumbre a los anunciantes de las estaciones de radio, el empresario del sureste reaccionó en tono burlón diciendo que “el dinero de los anunciantes no le importaba. Que lo que quería era el control editorial”. Justo cuando la discusión subió de tono, Alemán Magnani dijo que iba al baño, pero fue la coartada para que ingresaran al salón una docena de abogados y notarios que claramente estaban preparados para intimidar al funcionario de Radiópolis. Lo más extraño, dicen las fuentes de Prisa en España, es que Miguel Alemán Magnani ya nunca regresó a la reunión, que dejó completamente en manos de Cabal Peniche, lo que deja ver claramente que quién manda en Sistema Radiópolis, por parte de la inversión mexicana, es Cabal.

De hecho, se creó un nuevo fideicomiso que controla la parte de inversión mexicana en el Sistema Radiópolis y en esta, según ha informado Prisa, ya el 90% de esa inversión es propiedad de Cabal Peniche y solo 10% de la familia Alemán. Incluso se comenta que tanto Cabal como otro personaje del sureste, Amado Yáñez, de Oceanografía, ya despachan en la sede de la Fundación Alemán.

En el pleito por la W y por Radiópolis, aflora que ambos empresarios, Cabal Peniche y Amado Yáñez, uno salinista y el otro beneficiado por los gobiernos del PAN y perseguido y acosado por Peña Nieto, buscan regresar a los grandes negocios, luego de haber estado encarcelados los dos por temas financieros, pero intentan tener para ello un “brazo mediático” que les sirva no solo para operar a favor de su causa, sino también para quedar bien con la 4T y ganarse su confianza. Por lo pronto, los españoles de Grupo Prisa, que siempre se quejaron de que su relación con Televisa no era la mejor, hoy con el tiburón tabasqueño que los está cazando, aún no está claro si con el apoyo de la 4T, terminarán extrañando a sus antiguos socios

22 Agosto 2020 04:07:00
El poder (y los videos) los igualan
Los videoescándalos y la guerra política desatada en el país desnudan y exhiben el mecanismo real que ha financiado a la política mexicana en las últimas décadas: el lavado de dinero de dudosa procedencia, ya sea de origen público o de procedencia criminal.

El beneficio de esos recursos, según lo que se juzga en videos, ha servido lo mismo para apuntalar a la podrida alianza del PRI-AN que asentó en México a la constructora brasileña Odebrecht, con su red latinoamericana de corrupción, que a la continuidad del sexenio de Peña Nieto y sus llamadas “reformas estructurales” a base de sobornos y de una maquiavélica estrategia que favoreció al capital privado por sobre el interés público, mientras se saqueaba el dinero de las arcas públicas; pero al mismo tiempo ese mismo “lavado” aparece detrás del financiamiento ilegal de un “movimiento por la esperanza” que, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, pagó las campañas que lo llevaron a ganar la Presidencia en el 2018.

Las imágenes y las acusaciones que hoy están a la vista de los mexicanos, unos a través de filtraciones judiciales y otros a través de videos facilitados a la prensa, no permiten distinguir cuál de los dos tipos de corrupción es distinto: si el que financió con bolsas de plástico rellenas de fajos de billetes la aprobación de una reforma constitucional que abrió el petróleo a la explotación privada y extranjera, o el que, en sobres de papel amarillo recibió en manos de Pío López Obrador, hermano del actual Presidente de la República, un financiamiento ilícito e ilegal por al menos un millón de pesos (más “varias entregas pendientes” referidas en el video de marras) para sostener un movimiento político que, por legítimo y bienintencionado que fuera, aceptó recursos económicos de una procedencia que no está del todo clara.

El discurso político podrá decir que “no somos lo mismo” y que aún en la corrupción “hay niveles”, pero al final, a los ojos del mexicano común, del que sobrevive al día con uno o dos, o seis salarios mínimos y que difícilmente logrará ver en su vida reunidos un millón de pesos y menos adentro de una bolsa de plástico o un sobre de papel amarillo, hablar de uno o 1.5 millones de pesos que son entregados en un video a una sola persona, llámese Rafael Caraveo, Gonzalo Gutiérrez Badillo o Pío López Obrador, significa exactamente lo mismo:

corrupción y transa.

Porque nadie en este país, que viva y gane su dinero de un modo honesto, podrá nunca recibir esa cantidad de dinero sin que signifique que se está prestando a un manejo sucio y turbio. Por eso, si la política mexicana fuera en estos momentos un partido de futbol, tendríamos que decir, en palabras de los cronistas clásicos, que “después de un primer tiempo de fantasía, en el que el equipo de la 4T, al mando de su capitán el zurdo Andrés Manuel López Obrador, dominó magistralmente la cancha y manejó el partido a su antojo; en el segundo tiempo, el equipo contrario, logró en una sola jugada emparejar el marcador al rebasar por la derecha, para igualar las condiciones de un partido al que todavía le restan muchos minutos de jugadas trepidantes, goles sorpresivos y sobre todo más golpes y videos…

Los dados se guardan por vacaciones necesarias y urgentes, pero volverán a girar, recargados y con más Serpientes y Escaleras, a partir del lunes 7 de septiembre. Hasta entonces les dejamos un abrazo y mucho ánimo y fuerza para los amables lectores. Que sobrevivamos al Covid y al estercolero de los videoescándalos.

20 Agosto 2020 04:03:00
San Luis Potosí: para unos ‘decepcionante’, para otros ‘exitosa’
Gobernadores de oposición que participaron ayer miércoles en el encuentro de San Luis Potosí se dijeron ayer “decepcionados y molestos” con la respuesta que les dio el Presidente en el diálogo privado que sostuvieron con él en el Centro de Convenciones de la capital potosina. Después de varios meses de no haber podido tener un encuentro directo con el Mandatario federal, las expectativas de los gobernadores eran que ahí sí habría oportunidad de diálogo y entendimiento real, pero el resultado, dijeron, fue un “diálogo de sordos, decepcionante y muy frustrante”, en palabras de al menos tres ,mandatarios estatales consultados de distintos partidos. “Fue como una mañanera, los mismos temas y la misma retórica, sin respuestas concretas ni voluntad política del Presidente para atender los reclamos y necesidades apremiantes y urgentes de los estados”, comentó un Mandatario panista.

Sin embargo, gobernadores del PRI y de Morena, consultados sobre el mismo encuentro, vieron la reunión con una óptica totalmente distinta. “Fue una gran reunión, con muchos acuerdos y un diálogo abierto y productivo. Hasta nos anunciaron un nuevo Fondo de Estabilización para los Estados con recursos por 13 mil millones de pesos. Si eso no es un buen acuerdo, no sé quien diga que no fue una buena reunión para los estados, seguramente los (gobernadores) que digan eso fueron más a la grilla que a lograr acuerdos”, comentó el Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, mientras que uno de Morena que pidió el anonimato dijo que el encuentro “no solo fue exitoso, sino que demostró que el presidente López Obrador está abierto al diálogo y a los acuerdos con los estados”.

Las expectativas con la que los gobernadores salieron de la reunión previa con los secretarios del Gabinete, en donde se había expresado fuerte el Gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, denunciando una “persecución política” en su contra, mientras que el titular de Hacienda, Arturo Herrera, se había comprometido a instalar una “mesa conjunta con los estados para comenzar la revisión del Pacto Fiscal”, con miras a un cambio de fondo en el Convenio de Coordinación entre la Federación y los estados, se desvaneció cuando comenzó el diálogo directo y privado con el presidente López Obrador. Tras escuchar los planteamientos de un Gobernador por cada partido, tocó el turno del Presidente para responder a los cuatro temas que plantearon los mandatarios de la oposición: mayor presupuesto a los sistemas de salud estatales; apoyos para la reapertura económica en las entidades; revisión del pacto fiscal y reimpulso a las energías verdes en la política energética. Cuando el Presidente empezó a hablar quedó claro que no habría, al menos en boca de López Obrador, compromisos concretos. El Presidente de plano dijo: “Si quieren más recursos para sus estados, yo les voy a dar la solución: combatir la corrupción y aumentar la austeridad en sus entidades, si hacen eso tendrán recursos suficientes”.

Cuando terminó la reunión, el desánimo de la mayoría de los gobernadores asistentes con el resultado del encuentro se reflejó en la fotografía oficial de la reunión, en la que ya no aparecieron cinco mandatarios estatales.

Entre las dos visiones opuestas, la que celebraba el éxito de la reunión y la que veía una decepción absoluta, quedaba la sensación de que prevalecía el viejo gatopardismo echeverrista de “cambiar para que nada cambie” y que la estrategia del Gobierno de López Obrador fue mandar el mensaje de “diálogo y apertura” con los estados, aunque al final ninguno de sus planteamientos fue adecuadamente escuchado ni atendido.

En la noche, cuando terminaba la comida y se despedían todos de San Luis Potosí, comenzaba a cobrar fuerza la intención de un grupo de gobernadores de anunciar en las próximas horas su rompimiento definitivo con la Conago, organización a la que abandonarán y desconocerán como órgano de interlocución “porque ya no tiene ni sentido ni razón porque no funciona ni representa a los estados y los intereses de sus habitantes”. Réquiem para la Conago y fragmentación de la República en “bloques de gobernadores”, podría ser el único resultado tangible del tan esperado encuentro de San Luis... Se baten los dados. Tocó Escalera. Subida.
19 Agosto 2020 04:04:00
Indagan cuentas de los manceristas
La reunión que ayer martes tuvieron en el Palacio del Ayuntamiento la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera fue mucho más allá de un tema social o de acercamiento entre los dos personajes de la 4T.

En el encuentro se habló de las investigaciones que están en curso contra varios funcionarios de la Administración capitalina en el sexenio anterior y de cómo la UIF ha comenzado a investigar las cuentas y recursos de varios de los colaboradores cercanos del exjefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, en un intento por documentar ingresos irregulares obtenidos a través de distintas acciones de corrupción y desvío de recursos ocurridas durante la Administración mancerista.

La propia Claudia Sheinbaum, sin dar mayores detalles, informó que el encuentro con el director de la UIF fue para tratar asuntos relacionados con funcionarios del Gobierno de Mancera que están siendo investigados por el Gobierno federal y cuyas indagatorias podrían llevar a denuncias sobre varios casos de corrupción denunciados por su Gobierno.

“Hablamos de algunos temas que, pues por la propia investigación de la UIF, no podría comentar, pero son temas que tienen que ver con asuntos de uso de recursos irregulares durante la Administración anterior”, dijo la Jefa de Gobierno de la CDMX.

Y es que desde la UIF, Santiago Nieto ha comenzado a documentar los manejos financieros de varios exsecretarios y excolaboradores del Gobierno capitalino en la pasada Administración, a quienes se investiga por temas como los negocios que hicieron con los permisos de construcción de edificios y complejos inmobiliarios en la ciudad, aún a costa de violentar las normas ambientales y de uso del suelo, en lo que fue conocido en investigaciones periodísticas como el “cártel Inmobiliario”.

Incluso en esta columna documentamos la orden girada por la UIF para el congelamiento de cuentas del notario público 215 de la CDMX, Uriel Oliva Sánchez, a quien vinculan a la trama de corrupción inmobiliaria.

La Unidad de Inteligencia Financiera está indagando tanto denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, como de la General de la República, y en ambos casos se está indagando el manejo de recursos de servidores públicos que aparecen denunciados por distintos hechos que son posiblemente constitutivos de delitos como peculado, lavado de dinero y hasta posiblemente delincuencia organizada.

Una fuente del más alto nivel en las investigaciones sobre la corrupción del Gobierno mancerista, afirma que incluso han obtenido información de los negocios que hicieron varios funcionarios de esa administración a partir de testimonios de distintos “informantes” y “testigos”.

Una de las que más han empujado las denuncias de corrupción en la Administración de su antecesor, el actual senador Miguel Ángel Mancera, ha sido precisamente Claudia Sheinbaum, quien en su reunión de ayer martes con Nieto Castillo dejó en claro que las investigaciones y el apoyo federal en este tema son para ella prioritarias, sobre todo con miras a las próximas elecciones capitalinas del 2021, en donde se renovarán las 16 alcaldías y el Congreso de la CDMX.

Así que, en una de esas, en los próximos meses a los escándalos y videos por las acusaciones de Lozoya, se suman otras acusaciones y denuncias en contra del grupo político que gobernó la Ciudad de México entre 2012 y 2016.

Y ahí no solo está el tema de documentar y castigar posibles actos de corrupción e ilegalidad, sino también cobrar una “traición” política a la izquierda y al movimiento de López Obrador que todavía no le perdonan a quien hoy es coordinador del PRD en el Senado…

Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.

18 Agosto 2020 04:04:00
Una petición del Presidente y una filtración misteriosa
Decía el expresidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt –por cierto tan admirado en Palacio Nacional y calificado como “el mejor Presidente de los Estados Unidos” por el actual Presidente mexicano– que “en la política nada ocurre por casualidad” y que “cada vez que un acontecimiento surge, se puede estar seguro de que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera”.

Por eso no fue ninguna casualidad que ayer lunes por la mañana, el presidente López Obrador dijera que se tenían que difundir en los medios y en las redes sociales los videos que Emilio Lozoya le entregó a la Fiscalía General de la República y, apenas unas horas después apareciera misteriosamente y en una cuenta falsa creada con el nombre de un hermano de Lozoya, el primer video donde se observa cómo se entregan bolsas llenas de dinero por hasta 1.5 millones de pesos, a dos personeros enviados por la cúpula del PAN en el Senado de la anterior legislatura, uno de ellos vinculado al senador Jorge Luis Lavalle Maury.

Para la 1 de la tarde, en la plataforma de YouTube en una cuenta a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, presuntamente hermano del exdirector de Pemex, aparecía el primer video en donde funcionarios de Pemex en 2013 le hacían entrega, en una oficina al parecer de la paraestatal de varias bolsas de plástico con fajos de billetes de 200, 500 y 1000 pesos a Rafael Caraveo, secretario técnico del Senado en aquel año y vinculado al senador Lavalle Maury, además de Guillermo Gutiérrez Badillo, quien era hasta ayer secretario técnico del Gobernador de Querétaro y senador también en aquella legislatura, Francisco Domínguez. Ayer mismo, el gobernador Domínguez se deslindó de las acciones de su secretario técnico y anunció su “cese inmediato” para que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

La filtración de ese primer video, que es apenas un fragmento de las 16 horas de grabación que Emilio Lozoya le entregó a la FGR fue sin duda un movimiento perfectamente calculado, casi “una pieza de relojería” nos decía ayer un político de la izquierda. Y es muy posible que en los próximos días, semanas y meses, asistamos a este tipo de filtraciones “anónimas” en las que nadie sabrá por donde llegó ya no el ramalazo, sino el “videazo”, con un cronograma muy bien planeado desde las alturas y en el que nadie asumirá ni la paternidad ni la responsabilidad penal de la filtración de un material de prueba de una investigación en curso.
Es una dinámica que inevitablemente nos remite al 2004 y a los “videoescándalos” del empresario Carlos Ahumada que grabó y filtró a los medios grabaciones de varios políticos vinculados al entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, recibiendo sobornos en maletines, como René Bejarano y Carlos Imaz, entre otros.

A diferencia de aquellos videos y del terremoto político que causaron hoy, todo apunta, no habrá “nadie” detrás de las filtraciones, aunque al mismo tiempo puedan estar todos. La primera filtración que se hizo a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, ayer fue desmentida por el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, quien acusó que el hermano de Emilio no tiene ninguna cuenta en YouTube y que la que se abrió para difundir el citado video es falsa y lo hicieron suplantando su identidad, por lo que Juan Jesús presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Así que Roosevelt tenía razón: en la política no hay casualidades y estamos indudablemente ante una venganza que, 16 años después, cumple perfectamente aquella frase de que “la venganza es un plato que se come frío”.

Porque, si con los “videoescándalos” comenzó la cacería del proyecto político alternativo que desde aquel 2004 comenzó a enarbolar López Obrador, hoy con videos filtrados que también son escandalosos y quizás lo serán más que aquellos, se abre la puerta de un proceso judicial que será histórico y que, más allá de los nombres y de las personas que serán expuestas recibiendo sobornos o dinero ilegal a cambio de votos en el Congreso o de favores políticos, significa un golpe seco y duro en contra del modelo político que imperó en el país durante las últimas décadas, ese en el que el PRI y el PAN se coludieron para continuar con el viejo sistema de corrupción, privilegios y construcción de fortunas y carreras políticas a costa del dinero público y del saqueo de los recursos del país.
17 Agosto 2020 04:05:00
Los videos de Lozoya y los panistas investigados
En 16 horas de grabación que entregó en un video a la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya ha exhibido y acusado a políticos de varios partidos, pero especialmente del PAN, que eran diputados y senadores en los años en que se aprobaron las principales reformas de Peña Nieto, entre 2013 y 2016. Según fuentes cercanas a los peritajes y las investigaciones que ya están en curso de ese video y de las pruebas entregadas por Lozoya, en la red de corrupción para aprobar la reforma energética, por ejemplo, se mencionan nombres de senadores panistas de la LXII Legislatura, como Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas y Mariana Gómez del Campo, todos en su momento cercanos al expresidente Felipe Calderón.

También aparecen nombres de dos gobernadores actuales de Acción Nacional como Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Francisco Domínguez, de Querétaro, ambos senadores y miembros de la Comisión de Energía que aprobó los dictámenes de la citada reforma energética. En el primer caso, el de García Cabeza de Vaca, independientemente de su posible imputación en el caso Lozoya, autoridades federales realizan una amplia investigación para documentar los movimientos financieros y bancarios del Gobernador y de sus hermanos y familia.

Fuentes abiertas, que han tenido acceso a la investigación en torno a la familia García Cabeza de Vaca, señalaron a esta columna que a nombre del Gobernador, de su esposa y sus hermanos opera “una red de testaferros o prestanombres a través de la cual adquieren y administran empresas, de principal naturaleza comercial ganadera, construcción de inmuebles y energía eléctrica -Enerxiza Wind-, en las que aprovechándose de su calidad de servidores públicos se beneficiaron, para comprar terrenos, principalmente en Altamira, ganar licitaciones y obtener donativos sin motivo aparente, también adquirieron vehículos de lujo cuyo beneficiario final, fue en un caso el comisionado de Energía de Tamaulipas”.

Al Gobernador le han detectado en sus cuentas movimientos financieros como un depósito que recibió en 2019 por $33.4 millones de pesos de T Seis Doce, S.A de C.V.

Pero las indagatorias sobre el Gobernador tamaulipeco y su familia no se llevan a cabo solo en México. En Estados Unidos García Cabeza de Vaca y su familia, según las mismas fuentes, cuentan con 10 empresas, de las cuales 2 están activas, con domicilios una en El Paso y otra en Galveston, Texas.

Otro panista que, de acuerdo con las mismas fuentes, está siendo investigado es el exsenador Roberto Gil Zuarth, objeto de un seguimiento detallado de sus operaciones financieras. A Gil Zuarth, además de su posible aparición en los videos de Lozoya, lo vinculan como operador cercano al gobernador Cabeza de Vaca y como autor de una estrategia jurídica “que busca boicotear las políticas empleadas por el presidente López Obrador y por su Gabinete, a través del Accuracy Legal Add Consulting SC, que interponen juicios de amparo que frenan las políticas públicas establecidas por la Secretaría de Energía”.

De los seguimientos que le tienen documentados, las fuentes mencionan transferencias bancarias que recibió de junio a octubre de 2018 por 4.3 millones de pesos de parte de Roberto Juárez Salinas, sin que se conozca relación comercial entre los dos. También se siguen depósitos que él hizo por 6.7 millones de pesos a su esposa en octubre de 2016, cuando ese año en su declaración fiscal al SAT solo reportó ingresos por 2.8 millones de pesos. Y se indagan también transferencias que recibió su esposa de la empresa Microsoluciones Efectivas, S.A de C.V, por varios millones de pesos, empresa que aparece denunciada por la Secretaría de Hacienda en julio de 2017 por ser supuesta “empresa fachada”, además de investigar el origen de pagos por 26 millones de pesos a la inmobiliaria Calizas 475, S.A de C.V., situada en la alcaldía Miguel Hidalgo, por la compra de una propiedad.



15 Agosto 2020 04:05:00
El encuentro de San Luis,  ¿diálogo o confrontación?
Siete meses de peticiones, reclamos, desencuentros y un diálogo interrumpido por la pandemia de Covid, confluirán el próximo miércoles en San Luis Potosí en la reunión que sostendrán los 32 gobernadores y gobernadoras de la República con el presidente López Obrador. Aunque el Ejecutivo federal ha repetido que no quiere confrontación y que no irá a la capital potosina a pelearse, los mandatarios estatales sí llegarán con muchos temas en la agenda y, aunque no todos, sí hay un bloque de estados que van con la intención de confrontar y contrastar con el Presidente sobre todo en temas como el manejo de la emergencia sanitaria, en la que al menos nueve gobernadores insisten en la renuncia de López-Gatell, mientras que otros llevan entre sus prioridades el apurar la revisión del Convenio de Coordinación Fiscal entre la Federación y las entidades federativas, y los más tranquilos, sobre todo morenistas y priistas, le apuestan a un diálogo más civilizado y cordial.

Aunque se está negociado en estos momentos la orden del día de la reunión vía la presidencia de la Conago, que encabeza el priista Juan Manuel Carreras, hay presiones fuertes de los gobernadores de la Alianza Federalista para que se incluyan en la lista de temas a tratar sus planteamientos de una Convención Nacional Hacendaria, en donde se revise y modifiquen las fórmulas del reparto de los recursos federales a las entidades, además de pedir que al ramo de la Salud se le destinen mayores recursos para lo que resta de la pandemia de coronavirus.

En el Gobierno central sí esperan que haya “rijosidad” hacia el Presidente, sobre todo del bloque de gobernadores del PAN, en donde ubican como la cabeza de una agenda crítica y una posible “estrategia-golpeteo” hacia el Presidente, por parte del Mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Fuentes federales aseguran que el tamaulipeco está preocupado por las posibles acusaciones en su contra en el caso Lozoya y podría asumir una posición abierta de confrontación e incluso actuar como vocero de este grupo para buscar un choque abierto con el Presidente. En tanto en Tamaulipas, fuentes del Gobierno estatal aseguran que ni el gobernador Cabeza de Vaca ni el resto de los gobernadores de la Alianza Federalista van con el ánimo de pelear tampoco con el Presidente, pero que “si López Obrador no les da respuesta o los ignora en sus planteamientos, va a haber problemas” y reiteraron que si la Conago no incluye los temas que han solicitado las 11 entidades, no acudirían de plano al encuentro.



El Presidente va arropado con el Gabinete

En la mediación de lo que ocurra en San Luis Potosí, la figura clave es el Gobernador anfitrión y presidente de la Conago. Aunque a Carreras lo ubican como cercano a Palacio Nacional, los gobernadores están pidiéndole que no acepte que esta se convierta en una mera “reunión protocolaria” en donde solo se vaya a dar discursos y saludos. “No vamos a aceptar que conviertan este encuentro importante en una de esas reuniones de protocolo y de mensajes huecos. Queremos que haya un diálogo directo y de frente con el Presidente. No queremos tampoco pelear con él, pero sí llegar a acuerdos concretos y puntuales sobre las problemáticas que estamos enfrentando en los estados por la falta de recursos, el manejo de la pandemia y la necesidad de cambios en la relación fiscal de la República”, comentó el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien sobre que la petición de renuncia en contra de López-Gatell ya había sido “retirada”, Alfaro aseguró que es totalmente falso.

La misma Sánchez Cordero fue quien anunció que López Obrador no llegaría solo a la reunión de San Luis y que lo iba a acompañar el Gabinete legal y ampliado para apoyarlo en la respuesta a los temas que le planteen los gobernadores. Así es que sin duda hay tensión, aunque también hay ánimo de dialogar y enderezar la relación entre los ejecutivos de la República, el federal y los estatales, que se descompuso en los últimos siete meses en los que no ha habido un diálogo directo entre el Presidente y los gobernadores. La pesadilla del 2020, con su pandemia, confinamientos, cierre de actividades, caída de recaudación, escasez de recursos y derrumbe económico vino a cambiarlo y a tensarlo todo, incluida la relación entre la Federación y los estados. Se baten los dados. Escalera Doble. Semana Redonda.
13 Agosto 2020 04:06:00
Calderón, el objetivo
Más allá de lo que arrojen las pruebas y las investigaciones de la Fiscalía General de la República, de los dos expresidentes que hoy están en la mira y en calidad de imputados por Emilio Lozoya, el único que realmente le interesa al presidente López Obrador es Felipe Calderón, quién se ha convertido no sólo en su némesis y su “villano favorito” sino en una auténtica obsesión.

La investigación que le abrirá el fiscal Gertz Manero por presuntos hechos de corrupción con Odebrecht que derivaron en “privilegios y daños graves al erario” para la instalación de la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz, será la vía para llevar a Calderón a la barandilla judicial y obligarlo a rendir cuentas de lo que fue, en la óptica del actual Presidente no solo un “Gobierno espurio” sino también un “narcoestado”.

Esa fue una de las principales negociaciones con el exdirector de Pemex, a quien se le otorgaron múltiples beneficios y concesiones como “testigo colaborador” no tanto porque denunciara a Peña Nieto y a Luis Videgaray, a quienes de cualquier manera Lozoya iba a acusar por un tema de resentimientos y venganza por haberlo abandonado y traicionado cuando comenzó la persecución judicial en su contra.

La información adicional que le interesaba a la Fiscalía y al Gobierno de López Obrador era lo que Emilio sabía sobre los tratos y sobornos que Marcelo Odebrecht tuvo con el Gobierno de Felipe Calderón, cuando vino a México en 2009.

Los contactos y las negociaciones que el dueño de Odebrecht tuvo con el gobierno de Calderón y con el Gobernador priista de Veracruz de aquel entonces, los conocía muy bien Emilio Lozoya por la relación personal de amistad que tenía con Marcelo Odebrecht, para quien ya operaba asuntos financieros e inversiones en México. Lozoya contactaba desde entonces a políticos mexicanos y sobre todo a candidatos a gubernaturas para ofrecerles apoyos a sus campañas a cambio de que luego le permitieran a la compañía brasileña obtener contratos y realizar inversiones en el sector energético en sus estados.

Fue así que, incluso antes de conocer a Peña Nieto y de colaborar directamente con él, Emilio Lozoya ya tenía una relación cercana con la familia Odebrecht y ya operaba asuntos para ellos en México en el Gobierno de Felipe Calderón. Es con esa información detallada proporcionada por Lozoya que están armando la acusación contra el gobierno de Calderón y con la que podrían llamar a declarar al expresidente en calidad de acusado. Y aunque lo mismo pasaría con Peña Nieto, a partir del dinero que ingresó a su campaña y los sobornos de hasta 500 millones de pesos que el expresidente y Luis Videgaray ordenaron pagar a diputados y senadores para aprobar las reformas peñistas, y que ayer el Presidente decía que los dos exmandatarios y todos los acusados por Lozoya tienen que acudir a declarar ante la justicia, en la realidad el principal interés de este juicio, al menos desde Palacio Nacional, está en las acusaciones contra Calderón y no tanto hacia Peña Nieto.

El propio Presidente ha dicho a sus cercanos que Peña y Videgaray podrían declarar incluso por escrito o mandar su declaración firmada a la FGR, pero en el caso de Calderón sí se buscará por todos los medios legales que sea presentado ante un juzgado y que responda por los señalamientos y hechos irregulares y de corrupción que acusa Emilio Lozoya en el contrato otorgado a Odebrecht y a su filial Brasken para la producción y venta del etileno producido en su planta de Coatzacoalcos. Así que serán dos exmandatarios bajo proceso judicial, pero tal vez no a los dos se les juzgue con la misma dureza de la ley… Los dados mandan Capicúa. Repetimos el tiro.


12 Agosto 2020 04:05:00
Peña, primer expresidente a juicio; Calderón, ¿segundo?
Con el anuncio del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de que Enrique Peña Nieto fue acusado por Emilio Lozoya de haberle ordenado recibir sobornos de dinero ilegal para su campaña presidencial en 2012, el último presidente priista podría ser el primer exmandatario nacional en ser llamado a juicio para que responda por un delito grave, que podría ser lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) y posiblemente delincuencia organizada, dos delitos graves que no prescriben a pesar de los ocho años transcurridos desde su candidatura.

Peña tendría que responder, junto con Luis Videgaray, su coordinador de campaña y luego secretario de Hacienda y canciller en su Gobierno, por los 100 millones de pesos que, según la acusación de Lozoya, habría recibido de Odebrecht y que utilizó para pagar a “asesores extranjeros” que contrató para su proselitismo, dinero que por su procedencia ilegal de la constructora brasileña Odebrecht y el destino que se le dio para pagar servicios de asesoría de campaña, habría sido blanqueado para ocultar su origen y, al involucrar en la recepción y uso de esos recursos financieros a varias personas, configurarían un posible delito de delincuencia organizada, de acuerdo con abogados penalistas consultados.

Las acusaciones hechas por Emilio Lozoya, que el lunes le anticipamos en esta columna, incluyeron también a un diputado federal y cinco senadores, cuyos nombres no fueron revelados por el fiscal Gertz, pero apuntan a los integrantes de la Comisión de Energía del Senado en el 2013: los priistas David Penchyna, presidente; Carlos Romero Deschamps, secretario; Ernesto Gándara Camou; Héctor Yunes Landa; José Ascención Orihuela y Óscar Román González. Los panistas Salvador Vega Casillas, secretario; Francisco Domínguez Servién; Francisco García Cabeza de Vaca y José Luis Lavalle Maury. Los perredistas Rabindranath Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna. El petista Manuel Bartlett Díaz y el senador del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas. En cuanto al diputado federal podría tratarse de dos nombres: Marco Bernal Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía, o Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro en 2013.

Pero la otra “bomba” que soltó Lozoya y que anunció ayer martes Gertz Manero, es que se abrió también una investigación, derivado de la información que entregó el exfuncionario peñista, sobre la construcción de la planta Etileno XXI, en la Administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Es decir que si Peña podría ser el primer Presidente en la historia de México en ser llamado a comparecer en un proceso judicial en calidad de acusado, por el pago de sobornos tanto a su campaña presidencial como para la aprobación de sus llamadas “reformas estructurales”, el expresidente Felipe Calderón podría ser el segundo exmandatario que tuviera que declarar en un juicio para explicar, al menos, las irregularidades y privilegios que le dieron a Odebrecht y su filial Braskem para construir el imponente complejo petroquímico de Etileno XXI con “pérdidas graves para el Gobierno federal”.

Todo depende de los peritajes y la validación de las pruebas entregadas por Lozoya Austin para hacer sus acusaciones: a saber recibos de los pagos; cuatro testigos que declararán y un video, que constituyen las pruebas documentales con las que la FGR abrirá las carpetas de investigación y hará las diligencias para ratificar las acusaciones, las declaraciones de los testigos y, si se considera procedente, llamará a declarar a las personas que imputó el exdirector de Pemex.

11 Agosto 2020 04:04:00
Toledo y los enojos del Presidente
El miércoles 5 de agosto, pasadas de las 12 del mediodía, cuando terminaba en Culiacán el evento de revisión de los avances del Dren Bacurimí, el presidente López Obrador escuchó en un teléfono celular de su jefe de Ayudantes, Daniel Azar, los explosivos comentarios y afirmaciones de su secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo. La cara del Mandatario, cuentan, se puso seria y se fue descomponiendo en la medida que el titular de la Semarnat cuestionaba con palabras duras la existencia de la 4T, hablaba de un “Gobierno de contradicciones brutal” y acusaba a varios de los integrantes del Gabinete presidencial de favorecer negocios y de abogar por grandes empresarios en perjuicio del medio ambiente del país.

Cuando le explicaron que era un audio que se filtró de una reunión interna en la que el ambientalista Toledo había puesto en duda no solo a la “cuarta transformación” como un conjunto de políticas públicas sino que también lo había cuestionado a él por su desinterés y falta de apoyo a la ecología y los recursos naturales del país, el Presidente hizo una mueca y pidió que más tarde revisaran el tema. Después, para cuando los audios del secretario del Medio Ambiente ya eran virales en redes sociales y en todos los medios y analistas se hablaba de la “inminente salida” de Víctor Manuel Toledo del Gabinete y de que López Obrador tenía que correrlo después de sus afirmaciones y acusaciones contra Alfonso Romo, Víctor Villalobos y el subsecretario Ricardo Peralta, a López Obrador le molestaron ya no solo los dichos de su colaborador sino el escándalo que desataron en los medios.

El Presidente decidió entonces, enojado con Toledo, pero también irritado por la enorme difusión que le dieron los medios y la redes a las críticas de un miembro del Gabinete, que no iba a actuar para complacer a los medios ni a los columnistas que pedían que corriera al secretario y que, aunque le pediría la renuncia, sería cuando él lo decidiera y no cuando la prensa pidiera sangre en su equipo de trabajo.

Por eso fue que al día siguiente, cuando los periodistas le preguntaron ya el jueves 6 en Ciudad Obregón, Sonora, el Presidente quiso minimizar el tema y se limitó a decir que respetaba la “disidencia” dentro de su Gabinete. Y aunque en Cajeme dijo que Toledo no le había presentado la renuncia, en Palacio Nacional se afirma que “el secretario ya se va y está viviendo horas extras en el Gabinete”, que la comunicación está totalmente rota con el titular de la Semarnat y que el Presidente ya está en busca de un relevo para pedirle su renuncia tras sus comentarios y acusaciones en contra de la 4T. Porque al final el Presidente se dirá muy juarista y muy “respetuoso de la disidencia” en su equipo, pero los comentarios y señalamientos de Toledo fueron una declaración de ruptura mucho más dura y demoledora contra la 4T que las fuertes críticas que hicieran otros personajes que se fueron de su Gabinete como el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa o el exdirector del IMSS y senador morenista Germán Martínez Cazares. Comparado con ellos, lo de Toledo es prácticamente una “guerrilla interna”.

Si el Presidente no corre al que ya le llaman en los mismos corrillos de su Gobierno “el comandante Toledo”, entonces estaría aceptando y validando sus afirmaciones de que “la 4T como tal, no existe, es solo un Gobierno lleno de contradicciones brutal”. Tendría que correrlo no porque lo digan los medios o los analistas, sino porque si ese secretario sigue ahí en el equipo presidencial, entonces se confirmarán no solo las “luchas de poder” y los oscuros intereses económicos, la corrupción y rapacidad que denunciaba Toledo de Romo y otros funcionarios en contra del medio ambiente. Si eso es validado por el Presidente, quiere decir que la cuarta transformación, es una vacilada, una ocurrencia que solo existe en la cabeza del Presidente.
10 Agosto 2020 04:04:00
AMLO ordena eliminar todos los fideicomisos
La orden del presidente López Obrador al coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, fue fulminante: tienen que eliminar y extinguir todos los 44 fideicomisos que existen en la Administración Pública Federal, sin consideración o excepción de ningún tipo y aprobar para ello las reformas legales necesarias.

La instrucción del Presidente, dada la semana pasada, echó por tierra la propuesta que le llevaba Delgado para eliminar solamente cinco fideicomisos y el resto se mantuviera por tratarse de fondos que operan con reglas y estructura administrativa y cuyos recursos se destinan a labores trascendentales como el cine, la ciencia, el deporte, los desastres naturales o el pago de pensiones.

Pero, según fuentes de Palacio Nacional, el Presidente no dio tiempo de que el líder de los diputados morenistas explicara las razones por las que no era viable eliminar todos los fideicomisos por las enormes afectaciones que causará y las protestas que tuvieron que enfrentar en la bancada de Morena, particularmente Mario Delgado y el coordinador de los senadores Ricardo Monreal, ante quienes acudieron, lo mismo cineastas del tamaño de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, que deportistas de alto rendimiento, científicos, creadores e investigadores que les pidieron mantener los fideicomisos que financian esas y otras actividades importantes para el país.

“Quiero que los eliminen todos” fue la orden repetida de López Obrador ante el diagnóstico desmenuzado del diputado Delgado que después de haber estudiado a detalle la iniciativa elaborada por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y presentada por la diputada Dolores Padierna, había llegado a la conclusión de que si no se quería afectar actividades e industrias trascendentales, de las que incluso dependen más de 3 mil familias, como en el caso del Fidecine, las extinciones de los fideicomisos tendrían que ser en extremo cuidadosas y solo se podían, en este momento, eliminar cinco sin causar mayor afectación.

Y es que al Presidente lo convenció Irma Eréndira Sandoval de que todos los fideicomisos tenían temas de opacidad y corrupción y que con la extinción de hasta 281 fideicomisos que no tuvieran reglas de operación, se obtendrían hasta 250 mil millones de pesos para destinarlos a asuntos más necesarios. Pero como después se dieron cuenta de que eliminar algunos fideicomisos creados con base en distintas leyes no era algo tan simple como decretarlo, enviaron una iniciativa que, con la firma de la diputada Dolores Padierna Luna, se presentó el 20 de mayo en donde ya se hablaba solo de 44 fideicomisos extinguibles a través de las reformas a 14 leyes diferentes, de los que se obtendrían 91 mil millones de pesos.

El problema fue que de inmediato brincaron personalidades del mundo del cine, de la ciencia y de la cultura y el deporte, que protestaron en redes sociales y ante la Cámara de Diputados ante la intención de desaparecer fideicomisos como el Fidecine, Fonden, el del Cinvestav, el Fonca o el Fodepar, que financia al deporte de alto rendimiento.

A Mario Delgado y a Monreal les llovieron críticas y peticiones de que no autorizaran una extinción masiva y descuidada de los fideicomisos; en particular llamó la atención una reunión virtual con el líder de Morena en San Lázaro, en la que participaron Del Toro, Cuarón e Iñárritu, entre otros cineastas, actores y actrices, ante los que Delgado se comprometió a que “no solo vamos a mantener el Fidecine, le vamos a dar más recursos”.

Hoy que el Presidente dio la orden a los diputados y senadores de Morena de que “extingan todos los fideicomisos sin distinción”, sería interesante ver cómo van a reaccionar los personajes del cine, el deporte, la ciencia y la cultura, incluso los estados y municipios que reciben recursos del Fonden, ante la decisión de desaparecer sus fondos de financiamiento.

Varios de ellos tienen millones de seguidores en las redes sociales en México y el mundo ¿se imaginan el escándalo y la presión que van a ejercer cuando legisladores de Morena no les cumplan las promesas que les hicieron y la 4T los deje sin recursos por un capricho presidencial?

08 Agosto 2020 04:05:00
Los dos momentos en que ganó ‘El Mencho’
Para llegar a convertirse hoy en día en la organización más violenta y poderosa del narcotráfico en México, al grado de que puede desafiar y atacar al Estado mexicano sin sufrir ninguna consecuencia, el cártel Jalisco Nueva Generación pasó por dos momentos claves en los dos últimos sexenios: el primero, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, donde se consolidó e incrementó su presencia en el territorio nacional y su capacidad de fuego, al grado que derribó en mayo de 2015 un helicóptero Cougar del Ejército Mexicano, con un disparo de lanzagranadas, matando a siete militares en el municipio de Villa Purificación, Jalisco; y el segundo momento fue el atentado perpetrado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, el 26 de junio pasado.

Entre esos dos momentos la organización de “El Mencho” pasó a convertirse en una auténtica y real amenaza para la seguridad nacional, por transgredir límites y desafiar abierta y retadoramente con acciones que ningún otro grupo del narcotráfico había intentado. En esos dos hechos, las respuestas de los presidentes en turno lo terminaron fortaleciendo y fomentando el crecimiento de la organización y la imagen de “intocable” de su líder Nemesio Oseguera.


Peña, el error de la exclusividad al ejército

El 1 de mayo de 2015 quedó muy claro que ese grupo no era ya solo una célula escindida del cártel de Sinaloa, sino que se había convertido en una organización que tenía una fuerza armada propia y capaz de atacar y tirar, con un lanzagranadas, a una aeronave militar tripulada. Hasta ahí, el combate al CJNG lo realizaban conjuntamente la Sedena, Marina y la Policía Federal, pero tras aquel ataque a los militares, el secretario de la Defensa del entonces, general Salvador Cienfuegos, le pidió al presidente Peña Nieto que le otorgara “intervención completa y exclusividad al Ejército” para enfrentar a la organización de Nemesio Oseguera. La exclusividad militar, lejos de funcionar, permitió que el grupo incrementara su presencia y su violencia en todo el territorio nacional.


La tibieza y el miedo de López Obrador

El otro error presidencial que terminó fortaleciendo aún más al cártel del “Mencho” ocurrió el 27 de junio pasado, un día después de que un comando armado de cerca de 30 sicarios intentaron ejecutar al secretario de Seguridad de la Ciudad de México en pleno Paseo de la Reforma. El mensaje del Presidente a la mañana siguiente de aquel brutal atentado a García Harfuch, no solo fue decepcionante sino muy preocupante: el Jefe del Estado mexicano claudicaba a su responsabilidad de responder a un desafío directo y altamente violento a su Gobierno cuando, en lugar de anunciar una estrategia frontal para combatir al CJNG y responder con toda la fuerza y poder del Estado, repitió su consabido discurso: “no habrá ni guerra ni pacto”.

Fue como si a AMLO le hubiera temblado una vez más la mano y el miedo lo haya hecho renunciar a su obligación de defender al Estado de la violencia criminal, tal y como lo hizo aquel 17 de octubre de 2019 cuando, invocando “razones humanitarias”, terminó por rendir al Ejército y obligarlos a doblegarse ante las amenazas del cártel de Sinaloa, entregándoles a un detenido con orden de aprehensión como Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera.

Del mismo tamaño que aquella penosa rendición y capitulación ante los barones del narco sinaloense, fue la nula respuesta que tuvo al intento de asesinar al Jefe de la Policía más grande de la República en pleno corazón político del país, solo que esta vez la rendición de AMLO fue ante el “señor Mencho”, como llaman sus sicarios al sanguinario capo.... Los dados mandan Serpiente. Semana negra.
06 Agosto 2020 04:05:00
Lozoya ya entregó  documentos y pruebas
Desde la comodidad de su hogar y con los privilegios que le ha otorgado la Fiscalía General de la República, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acogido al “criterio de oportunidad” ha empezado a formular las primeras acusaciones en contra de políticos del sexenio pasado que participaron de la corrupción en la petrolera nacional, tanto en el caso de la compra fraudulenta de la planta de Agronitrogenados, como en el de los sobornos que recibió de la empresa Odebrecht por 10 millones de dólares y que fueron destinados, según declaró ante el juez el exfuncionario, a pagar “sobornos” a diputados y senadores que aprobaron la reforma energética en 2013 y al financiamiento de la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto.

Según fuentes cercanas a la defensa de Lozoya, la FGR ya recibió “información detallada con nombres, fechas, datos y testigos” sobre los personajes a los que acusará su cliente. Los primeros materiales que entregó Lozoya corresponden a documentos, comprobantes y algunos videos grabados por él mismo en sus oficinas, con los que acusa directamente a exfuncionarios del gabinete peñista como el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien menciona como responsable tanto de la decisión de comprar la planta propiedad de Alonso Ancira, como de haberse reunido con Luis Meneses, director de Odebrecht en México, para que le entregara los sobornos para la campaña de Peña Nieto.

En el tema de la reforma energética, los primeros nombres que señaló Lozoya son los de panistas que eran diputados y senadores durante el proceso de discusión y aprobación de las leyes energéticas. Entre los directamente señalados por el exdirector de Pemex aparece el excandidato presidencial Ricardo Anaya, entonces diputado y presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, y los exsenadores de la Comisión de Energía, Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, hoy gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente.

En esos primeros nombres se centrarán las primeras acusaciones de Lozoya Austin y los tiempos en los que se armen expedientes o averiguaciones en contra de las personas que son imputadas por el exfuncionario dependen de la FGR que tiene, de entrada, el plazo de seis meses que le otorgó el juez federal para armar bien la causa y las investigaciones sobre el caso Lozoya, tiempo en el que será la Fiscalía la que decida si gira citatorios u órdenes de presentación en contra de los nuevos acusados.

En una segunda etapa, comentaron los allegados a la defensa, Lozoya Austin prepara la entrega de información alusiva a la forma en que se operó la compra de la planta de Agronitrogenados y quienes participaron en esta operación fraudulenta por más de 500 millones de dólares. Además de aportar pruebas contundentes en contra del empresario Alonso Ancira, el exdirector de Pemex también planea revelar cuál era la participación del expresidente Carlos Salinas de Gortari en las decisiones que se tomaban en el gobierno de Peña Nieto, especialmente en la petrolera nacional. “Emilio va a documentar cómo personalmente Carlos Salinas le pidió y lo presionó para realizar acciones y tomar decisiones que tenían que ver con las asignaciones de Pemex y dará detalles de reuniones que tuvo con el expresidente, tanto en su casa de Camino a Santa Teresa como en sus oficinas alternas de Montes Urales, en Lomas de Chapultepec, en las que se hablaba de contratos y negocios en Pemex. En otras ocasiones, también hablará de las reuniones que tuvo con Emiliano Salinas Ocelli, hijo mayor del expresidente, quien lo mandaba a tratar ‘asuntos’ con el director de Pemex”, comentó una de las fuentes cercanas a la defensa de Lozoya.

Veremos cuánto tarda en armar expedientes, acusaciones y posibles órdenes de presentación la Fiscalía, pero está claro que el tiempo que le lleve empezar a acusar a personajes concretos en el “maxiproceso” que derivará de los testimonios de Lozoya, más que tiempos jurídicos se basarán en los tiempos políticos, concretamente las elecciones del 2021….Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.


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