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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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14 Septiembre 2019 04:07:00
La cabeza de Cabeza de Vaca en la mira
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, cometerá un error político fatal si no dimensiona el tamaño del problema que tiene encima con el grave caso de las ejecuciones extrajudiciales y el montaje que policías de su Gobierno habrían realizado en contra de ocho personas a las que, según denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y testimonios de familiares y vecinos, los agentes estatales secuestraron, torturaron, asesinaron y luego sembraron sus cadáveres para hacerlos pasar como víctimas mortales de un supuesto enfrentamiento a tiros con su misma policía el 5 de septiembre pasado.

No solo porque el tema ya está en la mira nacional e internacional y es objeto de una investigación federal, tanto de la Fiscalía General de la República, ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por otra indagatoria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino porque con este caso, el Mandatario panista que hoy lidera el Grupo de Gobernadores de Acción Nacional se juega la credibilidad y la estabilidad de su Gobierno, que de por sí mantiene una muy tensa relación con la Federación y en esta coyuntura, sus adversarios y enemigos, tanto de la 4T como incluso de su propio partido, tendrían una oportunidad inmejorable para hacerle daño a su Administración y a cualquier proyecto político futuro que tuviera en mente.

El primer síntoma de que Cabeza de Vaca no ha dimensionado que su propia cabeza pende de un hilo si no va al fondo de este asunto y se deslinda completa y creíblemente de un crimen brutal contra civiles que –inocentes o presuntos delincuentes o incluso de ambos– no debieron ser ejecutados y utilizados para simular un enfrentamiento por las fuerzas de seguridad de su Gobierno, es que el Gobernador se limitó a solicitar “una investigación a fondo” del asunto a su procurador estatal, Irving Barrios Mojica, que a pesar de que goce de su confianza, no es precisamente un fiscal con las mejores cartas de credibilidad y eficiencia, además de que por el vínculo político directo que mantiene con él difícilmente podría presentar una conclusión imparcial y objetiva en un caso tan delicado que involucra al mismo Gobierno al que pertenece.

Irving Barros llegó a la Procuraduría de Tamaulipas con un historial dudoso en la procuración de justicia. Él fue como subprocurador de Delitos Federales de la PGR, el encargado de armar y presentar el llamado “michoacanazo” con el que el Gobierno de Felipe Calderón pretendió acusar de vínculos con el crimen organizado a 11 alcaldes, 16 altos funcionarios y un juez del estado de Michoacán en mayo de 2009.

Las detenciones y encarcelamiento de todos esos servidores públicos, ejecutadas por Barros Mojica, terminaron por caerse una a una y ante la “falta de elementos” los jueces liberaron a todos los acusados un año y medio después. De hecho, cuando en el Congreso de Tamaulipas votaron su ratificación, a propuesta del Gobernador, sólo la mayoría panista avaló su nombramiento, mientras que 12 diputados del PRI y otros partidos se abstuvieron al declararse “preocupados por los antecedentes del señor Irving Barros”.

No fue la única vez que el rotundo fracaso del “michoacanazo” le sería recordado a Barros Mojica. Entre 2012 y 2013, luego de ser despedido de la PGR, buscó ser consejero de la Judicatura Federal, pero en las comparecencias ante el Senado, el expediente de los 35 alcaldes y funcionarios de Michoacán acusados y luego liberados volvió a pesar en su contra y no pasó de las primeras rondas de selección.

Después buscó ser fiscal en Guerrero con el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, donde tampoco tuvo suerte y no fue seleccionado por sus antecedentes en el ámbito de la procuración de justicia. Así pasó varios años sin poder ocupar un puesto, hasta que en 2016 el recién llegado Gobernador de Tamaulipas lo rescató y lo propuso para ocupar el primer cargo de fiscal general del Estado.

Recientemente en el caso del asesinato del periodista tamaulipeco Carlos Domínguez, asesinado en Nuevo Laredo el 13 de enero de 2018, la defensa de los acusados de la autoría material de ese crimen acusó al procurador Irving Barros y a su director de Procesos Penales, Natanael Castelán, de haber “fabricado culpables y testigos” en este delicado caso en el que se acusó, con base en un solo testimonio inducido mediante sobornos, a dos jóvenes originarios de Zacatecas, David Mejía y Adrián Montes, a quienes se les ofrecieron 500 mil pesos a cambio de autoinculparse en el asesinato del periodista Domínguez, por parte de un intermediario del director de Procesos Penales de la Fiscalía de Tamaulipas.

El ofrecimiento nunca se los cumplieron y terminaron siendo acusados y procesados con una serie de irregularidades que aún se desahogan en un juicio totalmente irregular, en el que la esposa de uno de ellos ha interpuesto una denuncia de juicio político contra el procurador Barros y contra el mismo gobernador Cabeza de Vaca.

La pregunta es si con ese fiscal, a quien le encargó la investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, el gobernador confía en tener una conclusión creíble y que no genere dudas sobre lo ocurrido en Nuevo Laredo.

Por algo, en su desesperación tras estallar el escándalo esta semana, mientras él andaba de visita política en Washington, visitando el Pentágono junto a su amigo y asesor, el exsenador panista Roberto Gil Zuarth, Cabeza de Vaca pidió “el apoyo del FBI” en las investigaciones del multihomicidio en la frontera de su estado.

Y es que, si antes de este delicado asunto, en el que se acusa no solo una grave violación de derechos humanos sino también un montaje para simular un enfrentamiento y denunciar un clima de violencia desbordada en su estado, al Gobernador panista no lo habían querido recibir en Palacio Nacional, después de estos hechos ni siquiera le han tomado la llamada y la orden del presidente López Obrador, para que la FGR investigue y atraiga las ejecuciones de Nuevo Laredo, fue tajante. “En este Gobierno no vamos a permitir masacres”, dijo el Mandatario federal.

Para colmo, además del fiscal Gertz Manero y su equipo, hay dos funcionarios federales que recaban pruebas sobre las ejecuciones extrajudiciales y la responsabilidad del Gobierno de Tamaulipas en presuntos montajes.

El primero es Alejandro Encinas, quien lleva la parte de derechos humanos, y el segundo Ricardo Peralta, quien ve la parte de la participación del Gobierno estatal en todo este escándalo. A los dos subsecretarios de Gobernación, Cabeza de Vaca les debe facturas recientes: a Encinas no le quiso financiar centros de Atención Migratoria en el territorio de Tamaulipas; y a Peralta lo acusó de reunirse con grupos de autodefensa criminales en el estado. Y ahora ambos lo investigan. Las vueltas que da la vida. Por eso en este momento, el gobernador Cabeza de Vaca lo que más debe cuidar es la primera parte de su apellido.



NOTAS INDISCRETAS…

Mañana será el primer grito de Independencia que dé Andrés Manuel López Obrador. Hay expectación para ver con qué sorprende el Presidente en la ceremonia oficial, no solo porque todos los presidentes siempre le imprimen su estilo y hasta sus “añadidos” en frases o nombres de héroes a la tradicional proclama, sino porque el tabasqueño desde el inicio de su mandato se ha empeñado en demostrar que él es diferente a todos sus antecesores y se esfuerza siempre por romper moldes y formas políticas para dejar claro que con él hay un antes y un después en la Presidencia.

¿Será que a las frases de los “vivas” y a sus héroes predilectos le suma la frase de “Viva la Cuarta Transformación”? Se aceptan apuestas…

En estos días de porros y encapuchados en la UNAM, en los prolegómenos de la sucesión universitaria, hay nombres que han salido a relucir cuando se habla de quienes mueven a los grupos porriles y anarquistas en la máxima casa de estudios.

Hace unos días informamos aquí de una carta extensa dirigida al rector Enrique Graue, por parte de la Unión de Alumnos Trabajadores y Profesores en contra de la Impunidad en el CCH, en la que se critica la incorporación al área de la Seguridad de los Colegios de Ciencias y Humanidades de Marco Martínez Blas, quien colaboró por más de 10 años en Rectoría con Jaime Vázquez, a quien los firmantes ubican como un “oscuro operador de porros y activistas”.

Con los años, comenzó a utilizar a grupos estudiantiles de porros y activistas. Los encapuchados de la UNAM es una de sus más sofisticadas hechuras. El ataque a Rectoría el 3 de septiembre, dicen los trabajadores y alumnos del CCH, es su responsabilidad.

Pero por el modus operandi todo indica que los desmanes en la marcha feminista de hace semanas en la Glorieta de Insurgentes también. Jaime Vázquez, ha sobrevivido los tres cambios de titular en la Secretaría de Atención a la Comunidad durante la Administración de Enrique Graue. Hasta el fin del priismo tuvo la protección del citado Miguel Robles. La institución debe explicar ¿quién lo protege y con qué fines? ¿Cuál es la razón para seguir contando con sus servicios?

Los dados mandan Escalera doble para el puente. Felices fiestas patrias para todos los amables lectores. ¡Y que Viva México!
17 Septiembre 2020 04:00:00
Los militares crecen en labores y presupuesto
El avance de las Fuerzas Armadas en el Gobierno del presidente López Obrador no solo se ha dado en las crecientes labores civiles que les entrega el Presidente a las instituciones militares, sino también en mayores presupuestos para el Ejército y la Marina, que son dos de las áreas de la Administración Pública Federal a las que no ha tocado la austeridad republicana, y que registran un aumento importante en los recursos de los que dispondrán en el Presupuesto Federal 2021.

De acuerdo con el proyecto presupuestal entregado por la Secretaría de Hacienda, que comenzará a discutir la Cámara de Diputados la próxima semana, la Secretaría de la Defensa Nacional aumenta su presupuesto en 18 mil 528 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Marina Armada de México recibirá casi 2 mil millones de pesos adicionales el próximo año, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana incrementa su gasto en 3 mil 921 millones de pesos.

El presupuesto total a la Sedena, que este año fue de 94 mil 28 mdp –de los cuales 3 mil 671 mdp los destina a labores de Seguridad Pública– pasa el próximo a año a 112 mil 557 mdp de los que 21 mil 153 millones se destinarán a las labores de Seguridad Pública; mientras que la Marina pasa de 33 mil 557 mdp, con un monto de 4 mil 767 millones para seguridad, a tener en 2021 35 mil 467 millones de pesos, de los que 6 mil 934 millones los destinará a las citadas labores de seguridad pública en el país. En contraste con el crecimiento y los recursos que se destinan a las instituciones castrenses, el presupuesto para seguridad en las entidades federativas será de 24 mil 872 millones de pesos el próximo año, y si bien registra un incremento importante con relación a los 11 mil 443 pesos que tuvieron este año, en realidad lo que se reparte entre 32 estados es apenas una quinta parte del total de los recursos que se entregan a la Defensa Nacional, y equivale apenas al 35% del total de los recursos que recibirá la Marina el próximo año.

El dinero para seguridad en los estados se reparte en 7 mil 695 mdp para el Fondo de Asignaciones en Seguridad Pública (FASP) y los restantes 17 mil 176 mdp al Fortamun, mientras que al Fortaseg se le deja en ceros. Todos esos recursos para seguridad, tanto los que recibirán las Fuerzas Armadas, como los que se entregan a las entidades del país, tienen que destinarse a las siguientes acciones: Recuperación y dignificación de cárceles; Modelo Nacional de policía y justicia cívica; Policía de proximidad social; Investigación bajo el mando del Ministerio Público; Recepción de denuncias, Atención a Víctimas; Trabajo a favor de la comunidad; Coordinación con la Guardia Nacional de policías estatales, municipales y Ministerio Público y Creación de la Guardia Nacional como una corporación de carácter civil para prevenir, investigar y perseguir delitos del fuero común y federal, según lo que establece el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

En cuanto al Sistema Federal Penitenciario, el presupuesto 2021 propone asignar 21 mil 397 mdp para los 20 penales federales, que además registran una ocupación menor. Mientras a los 275 penales estatales no se les asigna nada de esos recursos, a pesar de que son los más sobrepoblados y en los que una buena parte de los reos son del fuero federal.

Del total del sistema penitenciario del país, solo 20 cárceles son federales y 275 estatales, pero a esas no se les dan recursos federales para cumplir con los propósitos de reinserción social, acciones educativas, capacitación para el trabajo, promoción de la salud, actividades deportivas y culturales. Todas esas actividades, que se mencionan para su realización en los penales federales, también se llevan a cabo en las cárceles estatales, en donde se concentra la mayor parte de la población de personas privadas de la libertad o PPL.

Todos esos datos, que surgen del análisis del presupuesto que están haciendo varios gobiernos estatales, serán parte de lo que los gobernadores de la autonombrada Alianza Federalista, que agrupa a 10 gobernadores, le plantearán al Gobierno de López Obrador y a la Cámara de Diputados, como parte de lo que se debe revisar y modificar en el PEF 2021 antes de su aprobación.

Para exponer esas demandas, los 10 mandatarios de la Alianza se reunirán la próxima semana por primera vez en la Ciudad de México para hacer sus planteamientos en materia presupuestal, y su exigencia de que se revisen las participaciones que se entregarán a los estados el próximo año.

Y es que mientras los estados se quejan de que a ellos les reducen recursos, con el argumento de que habrá menos recaudación, es evidente que hay dependencias federales que no solo no sufren recortes sino que tendrán aumentos importantes en su presupuesto, como son los casos de Sedena y Marina, a los que además de incrementarles recursos les siguen entregando obras y programas de carácter civil, como el caso de la Administración del Sistema de Puertos marítimos del país, que le será transferido a la Secretaría de Marina, según el proyecto de dictamen que la próxima semana podría aprobarse también en la Cámara de Diputados.

Así, mientras tenemos estados y gobernadores que mendigan por recursos, las fuerzas militares tienen cada vez más trabajo e injerencia en la vida civil del país, donde lo mismo construyen aeropuertos, que administran el comercio marítimo, son responsables de la seguridad pública y atienden la pandemia de Covid.

No cabe duda que, como en ningún Gobierno desde la época de la institucionalización de la vida política del país, cuando a los militares se les prohibió hacer política, hoy las instituciones castrenses ganan cada vez más terreno en la vida civil de la República. Giran los dados. Escalera doble para la Patria que somos todos.
16 Septiembre 2020 04:00:00
Juicio a expresidentes, en manos de la Corte
Muy lejos del objetivo de fortalecer y profesionalizar a las policías locales y municipales, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, que presentó el Gobierno federal a la Cámara de Diputados, propone eliminar casi 4 mil millones de pesos que se destinaban al fortalecimiento de la seguridad en los municipios más conflictivos del país, y en vez de invertir esos recursos en las policías civiles y locales, destinará la mayor parte de esos recursos a incrementar en 3 mil 300 millones de pesos el presupuesto de la militarizada
Guardia Nacional.

Con la cancelación de recursos al Fortaseg, fondo con el que se apoyaba a la seguridad y las policías de los 300 municipios más poblados e inseguros de la República, sobre todo en las grandes zonas metropolitanas donde se concentra el 90% de la incidencia delictiva a nivel nacional, la Secretaría de Hacienda no solo golpea a las autoridades y los habitantes de las grandes urbes con mayor inseguridad, sino que también se debilita al Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la institución federal que coordina y mide los resultados de la estrategia de seguridad a nivel nacional y que, sin esos recursos, quedará debilitado y sin poder marcar directrices a los municipios.

Según el proyecto del PEF 2021, el mencionado Fortaseg recibirá cero pesos y se le eliminan los 4 mil millones de pesos que, etiquetados por el Gobierno federal, eran enviados a los municipios o los estados que tienen mando único policial.

Casualmente, mientras se castiga a los municipios con el feroz recorte, se tiene previsto aumentarle el presupuesto a la Guardia Nacional, el cuerpo de seguridad militarizado creado a propuesta del presidente López Obrador, al que se le destinan mayores recursos, aunque eso no signifique que la Guardia tendrá mayor capacidad ni efectividad en sus operaciones, mismas que hasta ahora no han dado los resultados ofrecidos.

El tema está siendo revisado por varios gobernadores y alcaldes del país, quienes le pedirán a la Cámara de Diputados corregir esa propuesta de Hacienda, por considerar que afecta a las entidades federativas y de recursos federales etiquetados. Sin el Fortaseg, se le quita al SESNSP la facultad de fijar a los municipios cómo deben aplicar los montos etiquetados para reclutamiento, capacitación, armamento, tecnología y certificación de sus policías.

En lugar de eso, el presupuesto prevé que los municipios compensen la pérdida con 20% de los recursos de otro fondo para seguridad pública, denominado Fortamun, que se reparte de acuerdo con el número de población, pero que no obliga a los ayuntamientos ni estados a seguir lineamiento o regla alguna de la Federación porque no son etiquetados, lo que no garantiza que los destinen a sus policías municipales, ni siquiera a temas de seguridad.

Ahora en el presupuesto 2021 se decide quitarle fuerza a las corporaciones municipales o de mando único y darle más elementos a la Guardia Nacional, corporación a la que se le quiere dar todo el peso de la seguridad a nivel nacional y se argumenta en el mismo texto del presupuesto, que “será una corporación civil para prevenir, investigar y perseguir delitos
del fuero común”.

Así que, en la visión de los estados, la cancelación y manipulación de esos fondos no solo es un golpe a los municipios al reducirles su capacidad de hacer frente a la inseguridad, de no poder reclutar policías y capacitarlos, sino también se sacrifica a una institución de coordinación que ha funcionado, como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras se apuesta a crecer económica y extralegalmente a una corporación como la Guardia Nacional, “en detrimento de la soberanía municipal y estatal”.

¿Es eso lo que se quiere –se preguntan gobernadores y alcaldes–, fortalecer la Guardia Nacional mientras se debilita a las policías locales y municipales, y se dificulta la atención de la seguridad de los ciudadanos en el nivel de gobierno más cercano a sus necesidades? Se baten los dados. Capicúa.
15 Septiembre 2020 04:05:00
Juicio a expresidentes, en manos de la Corte
Contrario a versiones falsas que se manejaron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado sobre la viabilidad jurídica y constitucional de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República. Ni su presidente, Arturo Zaldívar, ni ningún otro ministro o ministra han emitido opinión y no lo harán hasta que reciban la solicitud formal por cualquiera de las tres vías que marca la Constitución para autorizar la realización de un ejercicio de consulta a la ciudadanía sobre un tema tan delicado y sensible. Hoy podrían llegar esas solicitudes, tanto la que anunció el presidente López Obrador que enviaría a través de un escrito a los ministros del Pleno, como el que mandará también el Senado, según anticipó ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Hasta ayer, la recolección de firmas para solicitar la consulta por la vía ciudadana no alcanzaba la cifra de un millón 800 mil firmas de ciudadanos identificados, a pesar de los esfuerzos realizados por varios grupos, algunos civiles y otros vinculados a Morena que se dieron a la tarea de recolectar las firmas necesarias para avalar una solicitud a la Corte por esa vía. Y ante la posibilidad de que no se alcance el requisito constitucional, ayer en su conferencia mañanera López Obrador decía que de cualquier modo él ya tenía listo el escrito de petición que enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitarle su aval de constitucionalidad al mecanismo por el que se pretende preguntarle a los mexicanos si están o no de acuerdo en que se lleve a cabo un juicio a cinco expresidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, hasta Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El quid de toda esta cuestión radica en la elaboración de la pregunta que se pretende someter a consulta de los mexicanos. De la redacción y la formulación de esa pregunta depende en gran medida de que la Corte decida o no darle el reconocimiento constitucional a dicha consulta. Todos los ministros, nos dicen fuentes cercanas al Poder Judicial de la Federación, están expectantes por saber qué dice la interrogante que se formularía en este ejercicio democrático porque de ello depende que le den o no el aval de constitucionalidad. Por ejemplo, abogados constitucionalistas consultados por esta columna nos dicen que si la pregunta que se hace fuera: “¿Usted quiere que enjuiciemos a los expresidentes?”, no pasaría ni sería aceptada por la Corte; en cambio una pregunta más abierta como: “¿Está usted de acuerdo que haya juicio a expresidentes de la República si la autoridad encuentra malversación de fondos?”, entonces sí podría pasar porque dice lo obvio.

El propio ministro presidente, Arturo Zaldívar, ha dicho que no se va a pronunciar sobre la consulta ciudadana de manera anticipada por respeto al debido proceso. Hasta que la Corte no conozca el contenido y la redacción de la pregunta no emitirá ninguna opinión porque de eso depende la legalidad del posible ejercicio.

Así que, más allá del tema de la prescripción de delitos que señalan juristas y de que haya quien considere innecesario un ejercicio de consulta pública para llevar a los expresidentes a un proceso judicial inédito en la historia del país, veremos qué dicen los ministros de la Corte que, con su decisión pueden validar y dar legalidad a una consulta que sería histórica o pueden también echar por tierra la posibilidad de que se someta a juicio a cinco exmandatarios si consideran que lo que se pretende preguntarle a los mexicanos es, de inicio, violatorio de la Constitución. Por eso la decisión de procesar por primera vez a los expresidentes, más que en manos del presidente López Obrador, está en las manos de la Suprema Corte de Justicia.

14 Septiembre 2020 04:04:00
Autoridades electorales bajo fuego
En un adelanto de lo que será el año electoral 2021, con toda su rudeza e intensidad en la lucha por el poder, apenas lleva una semana de iniciado el proceso comicial en marcha y los árbitros y juzgadores electorales enfrentan una andanada de ataques, denuncias y descalificaciones de los actores políticos. Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resisten el embate de dirigentes y partidos políticos, que descalifican con visceralidad a las autoridades cuando estas aplican la ley y sus fallos no favorecen a sus intereses.

De un lado está el INE, que además de haber tenido que aguantar una embestida permanente desde la Presidencia de la República, ahora se enfrenta también a la diatriba y la descalificación de los opositores al sistema, a los que les negó registro como partidos políticos.

Y ahora, las baterías políticas se enfocan hacia el Tribunal Electoral, cuyos magistrados tendrán que resolver no solo las impugnaciones a las negativas de registro de partidos, sino los muchos recursos de impugnación y quejas que genera Morena que, con sus constantes pleitos internos y su incapacidad de llegar a acuerdos, se ha convertido no solo en un generador constante de denuncias y casos, sino también en una fuente de tensión y ataques contra el trabajo de los magistrados.

En este fin de semana, a la máxima instancia electoral le dispararon desde dos frentes: por un lado el diputado Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, lanzó una grave acusación de “sobornos multimillonarios” a cambio de fallar a favor de varios recursos de impugnación interpuestos por sus propios compañeros morenistas; y por otro lado el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala presentaron sus impugnaciones en contra de la decisión del INE de negarle el registro a México Libre.

En el caso de Morena, se trata de cinco recursos de impugnación que, por decisión del presidente del TEPJF, Felipe Fuentes Barrera, fueron pospuestos para discutirse y resolverse esta semana, bajo el criterio de optimizar la resolución de los casos previos, según el acuerdo general 6/2020 que le otorgó esa facultad al magistrado presidente para ordenar y optimizar los tiempos y casos de discusión urgente para eficientar el desempeño del Tribunal.

Sin embargo, esa decisión fue cuestionada por los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora, que cuestionaron la posposición de cuatro de los asuntos relacionados con Morena, cuyos proyectos de resolución ya tenían listos, y de ahí surgió el rumor de supuestos “sobornos”.

En cuanto a la discusión del recurso de México Libre, presentado ayer domingo por Calderón y Zavala, la queja será turnada al magistrado José Luis Vargas Valdez para que presente el proyecto de resolución, y aun cuando apenas empieza la discusión en el Tribunal Electoral, el asunto ya provoca jaloneos y tensiones.

De entrada un abogado de nombre Luis Alberto Morales presentó el viernes pasado una petición de “Impedimento en contra del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón”, en la que le pide a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral que el mencionado magistrado Reyes Rodríguez “debe excusarse o bien declararse impedido” para intervenir en la discusión y votación del recurso de impugnación de México Libre, por tener una “relación de amistad con actores políticos afines a esa asociación”.

Así que veremos cómo se resuelven asuntos tan delicados como calientes, por las presiones y operaciones de los políticos, ya sean los oficialistas de Morena o los opositores como Calderón, intentan intimidar, amedrentar y hasta orientar el sentido del voto de los magistrados.

Veremos cuántos de ellos se prestan, cuántos se excusan por sus relaciones y cercanías políticas, y cuántos reivindican la autonomía y autoridad del máximo tribunal electoral del país.



12 Septiembre 2020 04:05:00
El que esté libre de pecado, que lance el primer video
La política mexicana ha quedado supeditada, según lo que se ve, al imperio de la imagen. Lo que queda grabado en video determina no solo la posibilidad de una prueba legal, sino también la contundencia de un veloz enjuiciamiento y un veredicto público que hoy no solo es capaz de condenar y sepultar a alguien en la ignominia por medio de su exhibición y difusión en internet y en redes sociales, sino que también el poder de las imágenes videograbadas hoy es capaz de modificar y alterar hasta la agenda del Presidente de la República, que un día promovía y ensalzaba la importancia de los videoescándalos de corrupción del caso Lozoya y al otro día, cuando esos mismos videos alcanzaron a su familia más cercana, optó por hacer mutis y guardar silencio en ambos casos gráficos de corrupción.

¿Por qué López Obrador dejó de hablar y difundir pormenores y detalles de las acusaciones de Lozoya, sobre todo en lo que se refiere a la existencia de videos? Las razones personales que haya tenido el Presidente solo él y sus más cercanos la saben, pero lo que es un hecho es que el discurso presidencial, que pedía a todos los mexicanos enterarse de las denuncias de Emilio Lozoya y les reclamaba a los medios que no difundieran lo suficiente los videos y señalamientos, cambió de pronto y que ese cambio se dio tras la difusión del otro video, el que mostraba a su hermano más querido y cercano, Pío López Obrador, recibiendo dinero en bolsas de papel amarillas de manos de un operador del Gobierno de Chiapas, David León.

Aquella mañana del 22 de agosto, un día después de que circulara profusamente el mencionado video de Pío y David Romero, fue la última vez que el Presidente se refirió a la importancia de los videos como elementos de prueba de la corrupción. El golpe y el mensaje que significó la difusión de ese video debió ser tan duro y fuerte para el inquilino de Palacio Nacional que desde entonces no volvió a mencionar ni el nombre de Lozoya ni la investigación que continúa realizando el fiscal Gertz Manero.

David Romero no fue el único regañado y defenestrado. A Pío López Obrador su aparición ingenua en aquellas grabaciones, donde sacaba cuentas y anotaba en su Biblia negra lo que le habían entregado y lo que faltaban de entregarle, le costó también perder el lugar privilegiado de cercanía, operador de confianza y, sobre todo la de “hermano favorito”, que fue la que más debió dolerle. A Pío se le impuso, desde el escándalo, la frialdad de la distancia y la consigna de que ahora tendrá que responder ante la justicia.

La única relación cercana que tenía con alguien de su familia se vio severamente dañada por la molestia que provocó en el Presidente el que su hermano preferido haya sido tan ingenuo para no darse cuenta de que lo estaban grabando y que, en cada uno de los más de 15 videos que se menciona existen con la imagen de Pío recibiendo recursos económicos, no se haya percatado de que le estaban tendiendo una trampa. Porque la relación que Andrés Manuel tenía con sus otros hermanos nunca fue tan directa y cercana como la que tenía con su hermano menor y al que siempre apoyó y se apoyó en él para promover su proyecto político en el sureste. “De manera respetuosa les pido votar por Pío López Obrador, para diputado federal, no sólo porque es mi hermano. Se trata de un ciudadano ejemplar, es un dirigente honesto, comprometido con las causas más nobles de nuestro pueblo”, decía el ahora Presidente en 2009.

Hoy los dos protagonistas del video están no solo defenestrados y caídos del ánimo presidencial, sino consultando con abogados una posible responsabilidad legal ante fiscalías por posibles delitos electorales. A David León le cortaron las alas políticas y perdió la enorme confianza que había ganado en el despacho presidencial, mientras que a Pío le ha costado más que un cargo o una carrera política. Por lo pronto el silencio no solo del Presidente sino hasta del fiscal Gertz Manero, que de pronto le bajaron el volumen y el tono al caso Lozoya, confirman que hoy en la política nacional, como en la televisión y ahora también en el internet y las redes sociales, “la imagen manda”. Y parafraseando la consiga de Cristo, cuando la gente apedreaba a María Magdalena (Juan 8:7): “El que esté libre de pecado, que tire el primer video”... Los dados mandan Serpiente Doble. Semana complicada.
10 Septiembre 2020 04:02:00
El doble conflicto de Chihuahua
Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó ver, en una reunión con sus colaboradores, el enojo y desprecio que siente por el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Cuando alguien mencionó el nombre del Mandatario panista, la reacción fue automática: “Ese es un vulgar traidor y mentiroso”, dijo el Presidente. La razón de la molestia presidencial tiene que ver con el conflicto por el agua de las presas federales ubicadas en territorio chihuahuense, que ha escalado en las últimas horas y con la percepción que tienen en Palacio Nacional de que Corral “está azuzando a los campesinos” del Distrito de Riego 05 en Camargo y Delicias, que el martes pasado burlaron y expulsaron a la Guardia Nacional y tomaron el control de la presa La Boquilla, expulsando también al personal de la Comisión Nacional del Agua.

La animadversión no es nueva y data de hace varios años. El Presidente acusa que Corral coqueteaba con la izquierda, pero siempre terminó traicionándola por sus filias panistas. En el Gobierno federal ahora se quejan de que el Mandatario chihuahuense no ha correspondido al apoyo por la captura y solicitud de extradición del exgobernador César Duarte, su antecesor acusado de corrupción.

Hoy esa mala relación política se mezcla con un conflicto que está tomando proporciones preocupantes ante la actitud desafiante de los campesinos que acusan al Gobierno de López Obrador y a Conagua de estarles quitando el agua de las presas El Granero y Las Vírgenes, y de querer vaciar también el agua de La Boquilla para cumplir con un pago de un adeudo del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos que data de 1944. El Gobierno federal ha respondido con el envío de la Guardia Nacional a las instalaciones de La Boquilla.

Cientos de campesinos se apoderaron de los cuartos de control de la presa para cerrar las compuertas y evitar el trasvase de agua, expulsando y humillando a los elementos del cuerpo de seguridad federal que, para evitar una confrontación se retiraron. Pero al irse, según la versión de testigos, la Guardia Nacional abrió fuego contra un matrimonio de productores que también se retiraba de La Boquilla, muriendo la mujer y dejando gravemente herido al hombre.

López Obrador acusó en la conferencia mañanera que “hay intereses políticos y electorales” en el conflicto y acusó que hay corrupción en el manejo del agua, hablando de un “huachicoleo del agua” que se está investigando.

Javier Corral contraatacó con el anuncio de una investigación a la Guardia Nacional desde la Fiscalía de Justicia de Chihuahua por el caso de los atacados por miembros del cuerpo federal. Mientras, el fiscal general de Chihuahua, César Peniche, mandaba oficios para pedir al Gobierno federal que le permita el acceso y el aseguramiento de las armas involucradas.

Veremos en qué termina este conflicto en el que, por lo pronto, los agricultores chihuahuenses mantienen el control de una presa federal y amenazan con no permitir el regreso de las autoridades federales, mientras acusan al Gobierno de López Obrador de “robarles el agua a los chihuahuenses” y de atentar en contra del sustento de sus familias al pretender quitarles el agua para sus cultivos. El Gobierno federal, donde por cierto la directora de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, ha brillado por su incapacidad para operar y resolver el conflicto, insiste en que el agua es propiedad nacional y que en ningún momento está poniendo en riesgo los volúmenes de riego para los campesinos de Delicias y Camargo.

Y detrás del conflicto hídrico de Chihuahua, en el que literalmente las aguas amenazan con desbordarse en un estado de profundas raíces revolucionarias y cuyos productores advierten que no se van a dejar robar el agua que le quieren mandar a Estados Unidos, aparece el conflicto político en el que a la añeja animadversión entre López Obrador y Corral Jurado, que nunca se han querido, se suman también las aspiraciones futuristas de este último a las que en Palacio Nacional se refieren como “sueños guajiros” del panista por la candidatura presidencial en el 2024… Dados girando. Escalera doble.
09 Septiembre 2020 04:02:00
Morena y la lucha por el 2024
En la renovación de la dirigencia nacional de Morena, que se definirá por encuestas, hay dos cosas que están en juego: primero, el modelo de partido que imperará en la actual fuerza gobernante en el país, y si se convierte en un partido abierto a la sociedad y moderado en sus posiciones, o si se vuelve una organización sectaria y cerrada a la pureza de sus militantes, y con posiciones más radicales para la vida pública nacional; y segundo, el resultado de las encuestas también define qué grupos políticos y qué liderazgos, de los que existen en la clase gobernante, controlan e influyen en las candidaturas no solo del 2021, sino también en la sucesión presidencial del 2024.

Por eso, lo que resulte de las tres encuestas que se aplicarán a nivel nacional, bajo la coordinación y supervisión del INE y con cuestionarios a la población abierta (Parametría, BGC Ulises Beltrán y Covarrubias) será determinante para saber cómo se va resolviendo la pugna interna entre los grupos moderados y los más radicales, que a falta de una oposición fuerte y competitiva, han aflorado al interior del Gobierno del presidente López Obrador.

Quien controle el partido, buscará también tripular y conducir el plan para la continuidad del proyecto de la cuarta transformación, lo que significa controlar no solo la mayoría que pretenden refrendar en la Cámara de Diputados y las nuevas gubernaturas que gane Morena, sino también tomar ventaja en la designación del candidato presidencial que sucedería a Andrés Manuel.

No es tan difícil identificar en los candidatos que se inscribieron hasta ayer para contender por los cargos de presidente y secretario general, los vínculos que cada uno de ellos tiene con esos grupos y personajes, ya sea del ala moderada o de los sectores más duros de Morena.

Mario Delgado, uno de los punteros, es sin duda el eslabón que sella una alianza política entre el canciller Marcelo Ebrard y el líder del Senado, Ricardo Monreal, ambos aspirantes claros al 2024. Porfirio Muñoz Ledo, con toda su experiencia y trayectoria, está siendo utilizado para apuntalar a un sector de los duros, encabezado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y Bertha Luján, la aspirante que cedió su candidatura, junto con la actual dirigencia nacional interina de Alfonso Ramírez Cuéllar; no es casual que a Muñoz Ledo le hayan acercado como compañera, aunque no existe la figura de la fórmula en los estatutos de Morena, a la senadora Citlali Hernández, dura entre las duras.

Luego viene Alejandro Rojas Díaz-Durán, indudable alfil del monrealismo; Yeidckol Polevnksy que va sola con su grupo y ya no tiene apoyos de Palacio Nacional; y el proyecto del joven politólogo Gibrán Ramírez que representa quizás a los grupos más cercanos al lopezobradorismo y que algunos identifican con Gabriel García Hernández, actual coordinador general de Programas de Desarrollo del Gobierno federal y un operador cercanísimo al Presidente, creador de la estructura política paralela de los Servidores de la Nación.

El grupo que controle ahora el partido y con él las elecciones de 2021, estará también fortaleciendo un proyecto de sucesión presidencial. Y en este momento hay al menos dos bloques claramente identificables: la alianza entre Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, y en el otro extremo está la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que aglutina a los sectores más duros del lopezobradorismo.

Hoy también están viendo como un posible rival al subsecretario “estrella” de la 4T, el doctor Hugo López-Gatell, quien claramente ha enseñado no solo su perfil político sino sus aspiraciones futuras.

Así que si a usted en la calle le preguntan quién cree que debe ser el nuevo dirigente de Morena, sepa que en la definición de quien lo presida, también se estará abonando hacia dónde se mueve la posible continuidad del movimiento que hoy coloquialmente llaman la 4T. Se baten los dados. Capicúa.
08 Septiembre 2020 04:00:00
Adiós a la Conago
Surgida en 2001, cuando los gobernadores del país vieron en la debilidad del primer Presidente no priista de la historia, Vicente Fox Quesada, una oportunidad única de crear un contrapeso al presidencialismo desde los estados de la República, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) quedó ayer lunes prácticamente desmembrada, con la declaración de 10 ejecutivos estatales que decidieron abandonarla por considerar que “ya no cumple los objetivos para los que fue creada”, y dejó de ser un espacio para la defensa de los intereses de las entidades y el federalismo.

Tras el anuncio de los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Aguascalientes y Colima, la Conago perdería la tercera parte de sus integrantes, con lo que ya no sería una organización “nacional” y tendría que replantearse su denominación y sus objetivos.

En su reunión de ayer en la ciudad de Chihuahua, desde un salón del Palacio de Gobierno del Estado, que encabezó el Gobernador anfitrión, Javier Corral Jurado, se decidió que los 10 estados no participarán más en la Conferencia Nacional y que plantearán sus demandas y diálogo con el Ejecutivo, a través del bloque de la Alianza Federalista, con lo que se desconoce la interlocución de la Conago para representar a sus entidades federativas en los distintos temas de la relación con el Ejecutivo federal.

La decisión de los 10 estados no solo terminaría con 19 años de existencia de la Conago, sino que confirmaría la tendencia de segmentación en la República, ya sea en bloques políticos o regionales. Porque a partir de ahora estarían, de un lado, los mandatarios opositores y de las regiones norte, bajío y occidente, que conforman la mencionada Alianza Federalista, en la que hay lo mismo panistas, que un priista, un perredista, uno de MC y un independiente, todos ellos con posiciones críticas hacia el Gobierno de López Obrador; mientras que en otro grupo se ubican gobernadores del PRI alineados con el Presidente, algunos panistas que no apoyan a la alianza como Querétaro, Yucatán, Baja California Sur y Quintana Roo, además de los gobernadores de Morena.

Con Vicente Fox y Felipe Calderón, la Conago tuvo sus mejores años y funcionó como un contrapeso efectivo al enorme poder presidencial y a favor de los temas del federalismo.

Los escándalos de corrupción en las entidades, que comenzaron con Calderón y alcanzarían su clímax en el sexenio de Peña Nieto, incluyeron los endeudamientos excesivos en entidades como Coahuila, con Humberto Moreira, los desvíos de hasta 65 mil millones de pesos de Javier Duarte en Veracruz; los financiamientos a campañas del PRI de César Duarte en Chihuahua; los excesos millonarios de Roberto Borge, en Quintana Roo, y hasta los desvíos de recursos del ramo de salud que llevaron a la cárcel al gobernador de Tabasco, Andrés Granier. En el Gobierno de Peña Nieto, en parte por la complicidad y en parte por el estilo político de comprar votos y apoyos para sus reformas, la Conago perdió peso.

La decisión del presidente López Obrador de cortar toda comunicación directa entre él y los gobernadores, terminó por provocar la molestia de las entidades que empezaron a cuestionar no solo las decisiones federales para enfrentar al Covid, sino la falta de un plan de coordinación para el rescate económico de sus estados y el que no se les mandaran recursos extraordinarios para enfrentar la emergencia sanitaria. Así fue como surgieron los bloques de estados que hoy balcanizan y fragmentan a las entidades y, para cuando ocurrió el encuentro en San Luis Potosí, hace tres semanas, las relaciones entre los estados y la Federación se habían politizado y hoy provocan el resquebrajamiento de la Conago.
07 Septiembre 2020 04:01:00
El asunto secreto de Palacio
En la reunión diaria del Gabinete de Seguridad, el pasado jueves 3 de septiembre ocurrió algo que llamó la atención de los asistentes habituales a ese encuentro de trabajo en Palacio Nacional. Eran las 6 de la mañana y en el salón donde comúnmente se reúne el presidente López Obrador con cerca de 14 funcionarios de las áreas de seguridad de su Gobierno, entre secretarios y subsecretarios, ya esperaban varios de los participantes cuando llegó el personal de apoyo y les pidió abandonar la sala porque el Mandatario quería solo tener la reunión con cuatro funcionarios: la secretaria de Gobernación, el de Defensa, el titular de Marina y el de Seguridad Pública.

Sin indicarles el motivo y mucho menos el asunto delicado que se trataría, varios subsecretarios y directores que habitualmente participan en el Gabinete de Seguridad fueron desalojados y se les pidió esperar afuera, en los pasillos de Palacio, donde se miraban unos a otros preguntándose qué había pasado o qué tema confidencial o de seguridad obligaba a reducir el número normal de participantes en la reunión de coordinación. Sin chistar, todos los de segundo nivel abandonaron el salón y esperaron pacientemente a que concluyera el encuentro.

El Presidente entró a la reunión como todos los días en punto de las 6 y solo Olga Sánchez Cordero, el general Luis Sandoval, el almirante Rafael Ojeda y Alfonso Durazo escucharon el tema “secreto” o confidencial que obligó, por primera vez en los casi dos años de que se realizan diariamente esas reuniones en Palacio Nacional, a que López Obrador pidiera reducir el número de funcionarios participantes, según comentaron fuentes directas de la Presidencia que pidieron el anonimato.

A las 7 con 5 minutos de aquel jueves, exactamente una hora después de que inició el gabinete de Seguridad, se abrieron las puertas del salón y salieron solamente los secretarios que habían participado; al Presidente, que habitualmente sale también por esa puerta y comenta asuntos con los funcionarios participantes, lo sacaron por otra puerta y se fue a preparar, como cada día entre semana, los temas de su conferencia mañanera. Nadie informó ni explicó a los cerca de 10 funcionarios a los que se pidió abandonar la sala el motivo de la asistencia reducida y el porqué no podían estar presentes en el encuentro.

Ese mismo jueves salió información sobre la existencia de hasta 15 videos en los que aparece el hermano del Presidente, Pío López Obrador, recibiendo bolsas con dinero de David León, el excoordinador de Protección Civil federal y fallido director del organismo nacional de distribución de medicinas. También ese jueves comenzó la discusión en el INE sobre los registros a nuevos partidos políticos, que terminó el viernes con las votaciones que le negaron el reconocimiento a 6 agrupaciones políticas, entre ellas la de México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, y la de Redes Sociales Progresistas, vinculada a Elba Esther Gordillo, además de otras cuatro rechazadas. De hecho, solo el actual PES obtuvo el registro por mayoría de consejeros.

Ya para el fin de semana, López Obrador se enfrascó en una confrontación verbal con el expresidente Calderón y Margarita Zavala.

En fin, que algo muy importante y de mucho calibre debió motivar que el Presidente cerrara el jueves pasado su reunión de seguridad. O se trató de un tema de “seguridad nacional” o de algo político muy fuerte que ameritaba que solo un reducido grupo de sus colaboradores lo supiera para evitar filtraciones a la prensa. Veremos si en estos días se observa algo que explique la decisión que sorprendió incluso a los colaboradores presidenciales, mientras seguimos enfrascados en discusiones, enfrentamientos y cortinas de humo que ocultan las verdaderas tragedias económicas, sociales y de salud que seguimos viviendo por el Covid.
02 Septiembre 2020 04:00:00
La guerra por Radiópolis:  Cabal-Alemán vs Prisa
La que comenzó como una batalla política, por el control editorial de uno de los sistemas de radio más antiguos del país, hoy se ha convertido en una guerra jurídica en la que los dos grupos involucrados, con sus equipos de abogados de por medio, librarán una larga pelea en la que no solo se definirá quién define la línea editorial de W-Radio y todas las estaciones del Sistema Radiópolis, sino que al estar involucrados contratos previamente firmados este será un caso jurídico emblemático para el estado de derecho en México, el respeto a la inversión extranjera y sobre todo de la presión que algunos medios de comunicación y comunicadores están recibiendo.

En los extremos de este pleito legal están de un lado el Grupo Alemán, que es la parte formal, pero en la realidad aparece también el empresario tabasqueño Carlos Cabal Peniche como el operador principal de los nuevos socios de Radiópolis; y del otro lado los españoles de Grupo Prisa, que hasta ahora detentaban el control editorial del grupo radiofónico que incluye 17 estaciones, de acuerdo con los términos del contrato que firmaron con su antiguo socio Televisa. La confrontación que se desató la semana pasada, en la que la dupla Alemán-Cabal tomó por la fuerza y con una asamblea cuestionada, el control físico de las instalaciones e impuso a un nuevo director, comenzó con una celada que la parte mexicana le puso a los españoles para arrebatarles la dirección.

De acuerdo con fuentes internas, el martes 25 de agosto, Miguel Alemán Magnani, socio formal del 50% de lo que antes era Televisa Radio, ahora Sistema Radiópolis, invitó a comer a la Fundación Miguel Alemán, al director general de las estaciones de radio, Francisco Cabañas, un veterano directivo de medios nombrado por la cúpula de Prisa en España. A su llegada a la comida, Cabañas se topó con la sorpresa de que en la mesa estuviera Carlos Cabal Peniche. Muy pronto empezaron los agravios de Cabal contra los españoles de Prisa y en su florido lenguaje tropical, el exbanquero y empresario, que estuviera preso por defraudación, dejó muy claro que también buscaban el control editorial de la W-Radio, la estación noticiosa de Radiópolis.

Según la reconstrucción de las fuentes consultadas, al ser informado Cabal de que un diferendo con España pondría en incertidumbre a los anunciantes de las estaciones de radio, el empresario del sureste reaccionó en tono burlón diciendo que “el dinero de los anunciantes no le importaba. Que lo que quería era el control editorial”. Justo cuando la discusión subió de tono, Alemán Magnani dijo que iba al baño, pero fue la coartada para que ingresaran al salón una docena de abogados y notarios que claramente estaban preparados para intimidar al funcionario de Radiópolis. Lo más extraño, dicen las fuentes de Prisa en España, es que Miguel Alemán Magnani ya nunca regresó a la reunión, que dejó completamente en manos de Cabal Peniche, lo que deja ver claramente que quién manda en Sistema Radiópolis, por parte de la inversión mexicana, es Cabal.

De hecho, se creó un nuevo fideicomiso que controla la parte de inversión mexicana en el Sistema Radiópolis y en esta, según ha informado Prisa, ya el 90% de esa inversión es propiedad de Cabal Peniche y solo 10% de la familia Alemán. Incluso se comenta que tanto Cabal como otro personaje del sureste, Amado Yáñez, de Oceanografía, ya despachan en la sede de la Fundación Alemán.

En el pleito por la W y por Radiópolis, aflora que ambos empresarios, Cabal Peniche y Amado Yáñez, uno salinista y el otro beneficiado por los gobiernos del PAN y perseguido y acosado por Peña Nieto, buscan regresar a los grandes negocios, luego de haber estado encarcelados los dos por temas financieros, pero intentan tener para ello un “brazo mediático” que les sirva no solo para operar a favor de su causa, sino también para quedar bien con la 4T y ganarse su confianza. Por lo pronto, los españoles de Grupo Prisa, que siempre se quejaron de que su relación con Televisa no era la mejor, hoy con el tiburón tabasqueño que los está cazando, aún no está claro si con el apoyo de la 4T, terminarán extrañando a sus antiguos socios

22 Agosto 2020 04:07:00
El poder (y los videos) los igualan
Los videoescándalos y la guerra política desatada en el país desnudan y exhiben el mecanismo real que ha financiado a la política mexicana en las últimas décadas: el lavado de dinero de dudosa procedencia, ya sea de origen público o de procedencia criminal.

El beneficio de esos recursos, según lo que se juzga en videos, ha servido lo mismo para apuntalar a la podrida alianza del PRI-AN que asentó en México a la constructora brasileña Odebrecht, con su red latinoamericana de corrupción, que a la continuidad del sexenio de Peña Nieto y sus llamadas “reformas estructurales” a base de sobornos y de una maquiavélica estrategia que favoreció al capital privado por sobre el interés público, mientras se saqueaba el dinero de las arcas públicas; pero al mismo tiempo ese mismo “lavado” aparece detrás del financiamiento ilegal de un “movimiento por la esperanza” que, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, pagó las campañas que lo llevaron a ganar la Presidencia en el 2018.

Las imágenes y las acusaciones que hoy están a la vista de los mexicanos, unos a través de filtraciones judiciales y otros a través de videos facilitados a la prensa, no permiten distinguir cuál de los dos tipos de corrupción es distinto: si el que financió con bolsas de plástico rellenas de fajos de billetes la aprobación de una reforma constitucional que abrió el petróleo a la explotación privada y extranjera, o el que, en sobres de papel amarillo recibió en manos de Pío López Obrador, hermano del actual Presidente de la República, un financiamiento ilícito e ilegal por al menos un millón de pesos (más “varias entregas pendientes” referidas en el video de marras) para sostener un movimiento político que, por legítimo y bienintencionado que fuera, aceptó recursos económicos de una procedencia que no está del todo clara.

El discurso político podrá decir que “no somos lo mismo” y que aún en la corrupción “hay niveles”, pero al final, a los ojos del mexicano común, del que sobrevive al día con uno o dos, o seis salarios mínimos y que difícilmente logrará ver en su vida reunidos un millón de pesos y menos adentro de una bolsa de plástico o un sobre de papel amarillo, hablar de uno o 1.5 millones de pesos que son entregados en un video a una sola persona, llámese Rafael Caraveo, Gonzalo Gutiérrez Badillo o Pío López Obrador, significa exactamente lo mismo:

corrupción y transa.

Porque nadie en este país, que viva y gane su dinero de un modo honesto, podrá nunca recibir esa cantidad de dinero sin que signifique que se está prestando a un manejo sucio y turbio. Por eso, si la política mexicana fuera en estos momentos un partido de futbol, tendríamos que decir, en palabras de los cronistas clásicos, que “después de un primer tiempo de fantasía, en el que el equipo de la 4T, al mando de su capitán el zurdo Andrés Manuel López Obrador, dominó magistralmente la cancha y manejó el partido a su antojo; en el segundo tiempo, el equipo contrario, logró en una sola jugada emparejar el marcador al rebasar por la derecha, para igualar las condiciones de un partido al que todavía le restan muchos minutos de jugadas trepidantes, goles sorpresivos y sobre todo más golpes y videos…

Los dados se guardan por vacaciones necesarias y urgentes, pero volverán a girar, recargados y con más Serpientes y Escaleras, a partir del lunes 7 de septiembre. Hasta entonces les dejamos un abrazo y mucho ánimo y fuerza para los amables lectores. Que sobrevivamos al Covid y al estercolero de los videoescándalos.

20 Agosto 2020 04:03:00
San Luis Potosí: para unos ‘decepcionante’, para otros ‘exitosa’
Gobernadores de oposición que participaron ayer miércoles en el encuentro de San Luis Potosí se dijeron ayer “decepcionados y molestos” con la respuesta que les dio el Presidente en el diálogo privado que sostuvieron con él en el Centro de Convenciones de la capital potosina. Después de varios meses de no haber podido tener un encuentro directo con el Mandatario federal, las expectativas de los gobernadores eran que ahí sí habría oportunidad de diálogo y entendimiento real, pero el resultado, dijeron, fue un “diálogo de sordos, decepcionante y muy frustrante”, en palabras de al menos tres ,mandatarios estatales consultados de distintos partidos. “Fue como una mañanera, los mismos temas y la misma retórica, sin respuestas concretas ni voluntad política del Presidente para atender los reclamos y necesidades apremiantes y urgentes de los estados”, comentó un Mandatario panista.

Sin embargo, gobernadores del PRI y de Morena, consultados sobre el mismo encuentro, vieron la reunión con una óptica totalmente distinta. “Fue una gran reunión, con muchos acuerdos y un diálogo abierto y productivo. Hasta nos anunciaron un nuevo Fondo de Estabilización para los Estados con recursos por 13 mil millones de pesos. Si eso no es un buen acuerdo, no sé quien diga que no fue una buena reunión para los estados, seguramente los (gobernadores) que digan eso fueron más a la grilla que a lograr acuerdos”, comentó el Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, mientras que uno de Morena que pidió el anonimato dijo que el encuentro “no solo fue exitoso, sino que demostró que el presidente López Obrador está abierto al diálogo y a los acuerdos con los estados”.

Las expectativas con la que los gobernadores salieron de la reunión previa con los secretarios del Gabinete, en donde se había expresado fuerte el Gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, denunciando una “persecución política” en su contra, mientras que el titular de Hacienda, Arturo Herrera, se había comprometido a instalar una “mesa conjunta con los estados para comenzar la revisión del Pacto Fiscal”, con miras a un cambio de fondo en el Convenio de Coordinación entre la Federación y los estados, se desvaneció cuando comenzó el diálogo directo y privado con el presidente López Obrador. Tras escuchar los planteamientos de un Gobernador por cada partido, tocó el turno del Presidente para responder a los cuatro temas que plantearon los mandatarios de la oposición: mayor presupuesto a los sistemas de salud estatales; apoyos para la reapertura económica en las entidades; revisión del pacto fiscal y reimpulso a las energías verdes en la política energética. Cuando el Presidente empezó a hablar quedó claro que no habría, al menos en boca de López Obrador, compromisos concretos. El Presidente de plano dijo: “Si quieren más recursos para sus estados, yo les voy a dar la solución: combatir la corrupción y aumentar la austeridad en sus entidades, si hacen eso tendrán recursos suficientes”.

Cuando terminó la reunión, el desánimo de la mayoría de los gobernadores asistentes con el resultado del encuentro se reflejó en la fotografía oficial de la reunión, en la que ya no aparecieron cinco mandatarios estatales.

Entre las dos visiones opuestas, la que celebraba el éxito de la reunión y la que veía una decepción absoluta, quedaba la sensación de que prevalecía el viejo gatopardismo echeverrista de “cambiar para que nada cambie” y que la estrategia del Gobierno de López Obrador fue mandar el mensaje de “diálogo y apertura” con los estados, aunque al final ninguno de sus planteamientos fue adecuadamente escuchado ni atendido.

En la noche, cuando terminaba la comida y se despedían todos de San Luis Potosí, comenzaba a cobrar fuerza la intención de un grupo de gobernadores de anunciar en las próximas horas su rompimiento definitivo con la Conago, organización a la que abandonarán y desconocerán como órgano de interlocución “porque ya no tiene ni sentido ni razón porque no funciona ni representa a los estados y los intereses de sus habitantes”. Réquiem para la Conago y fragmentación de la República en “bloques de gobernadores”, podría ser el único resultado tangible del tan esperado encuentro de San Luis... Se baten los dados. Tocó Escalera. Subida.
19 Agosto 2020 04:04:00
Indagan cuentas de los manceristas
La reunión que ayer martes tuvieron en el Palacio del Ayuntamiento la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera fue mucho más allá de un tema social o de acercamiento entre los dos personajes de la 4T.

En el encuentro se habló de las investigaciones que están en curso contra varios funcionarios de la Administración capitalina en el sexenio anterior y de cómo la UIF ha comenzado a investigar las cuentas y recursos de varios de los colaboradores cercanos del exjefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, en un intento por documentar ingresos irregulares obtenidos a través de distintas acciones de corrupción y desvío de recursos ocurridas durante la Administración mancerista.

La propia Claudia Sheinbaum, sin dar mayores detalles, informó que el encuentro con el director de la UIF fue para tratar asuntos relacionados con funcionarios del Gobierno de Mancera que están siendo investigados por el Gobierno federal y cuyas indagatorias podrían llevar a denuncias sobre varios casos de corrupción denunciados por su Gobierno.

“Hablamos de algunos temas que, pues por la propia investigación de la UIF, no podría comentar, pero son temas que tienen que ver con asuntos de uso de recursos irregulares durante la Administración anterior”, dijo la Jefa de Gobierno de la CDMX.

Y es que desde la UIF, Santiago Nieto ha comenzado a documentar los manejos financieros de varios exsecretarios y excolaboradores del Gobierno capitalino en la pasada Administración, a quienes se investiga por temas como los negocios que hicieron con los permisos de construcción de edificios y complejos inmobiliarios en la ciudad, aún a costa de violentar las normas ambientales y de uso del suelo, en lo que fue conocido en investigaciones periodísticas como el “cártel Inmobiliario”.

Incluso en esta columna documentamos la orden girada por la UIF para el congelamiento de cuentas del notario público 215 de la CDMX, Uriel Oliva Sánchez, a quien vinculan a la trama de corrupción inmobiliaria.

La Unidad de Inteligencia Financiera está indagando tanto denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, como de la General de la República, y en ambos casos se está indagando el manejo de recursos de servidores públicos que aparecen denunciados por distintos hechos que son posiblemente constitutivos de delitos como peculado, lavado de dinero y hasta posiblemente delincuencia organizada.

Una fuente del más alto nivel en las investigaciones sobre la corrupción del Gobierno mancerista, afirma que incluso han obtenido información de los negocios que hicieron varios funcionarios de esa administración a partir de testimonios de distintos “informantes” y “testigos”.

Una de las que más han empujado las denuncias de corrupción en la Administración de su antecesor, el actual senador Miguel Ángel Mancera, ha sido precisamente Claudia Sheinbaum, quien en su reunión de ayer martes con Nieto Castillo dejó en claro que las investigaciones y el apoyo federal en este tema son para ella prioritarias, sobre todo con miras a las próximas elecciones capitalinas del 2021, en donde se renovarán las 16 alcaldías y el Congreso de la CDMX.

Así que, en una de esas, en los próximos meses a los escándalos y videos por las acusaciones de Lozoya, se suman otras acusaciones y denuncias en contra del grupo político que gobernó la Ciudad de México entre 2012 y 2016.

Y ahí no solo está el tema de documentar y castigar posibles actos de corrupción e ilegalidad, sino también cobrar una “traición” política a la izquierda y al movimiento de López Obrador que todavía no le perdonan a quien hoy es coordinador del PRD en el Senado…

Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.

18 Agosto 2020 04:04:00
Una petición del Presidente y una filtración misteriosa
Decía el expresidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt –por cierto tan admirado en Palacio Nacional y calificado como “el mejor Presidente de los Estados Unidos” por el actual Presidente mexicano– que “en la política nada ocurre por casualidad” y que “cada vez que un acontecimiento surge, se puede estar seguro de que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera”.

Por eso no fue ninguna casualidad que ayer lunes por la mañana, el presidente López Obrador dijera que se tenían que difundir en los medios y en las redes sociales los videos que Emilio Lozoya le entregó a la Fiscalía General de la República y, apenas unas horas después apareciera misteriosamente y en una cuenta falsa creada con el nombre de un hermano de Lozoya, el primer video donde se observa cómo se entregan bolsas llenas de dinero por hasta 1.5 millones de pesos, a dos personeros enviados por la cúpula del PAN en el Senado de la anterior legislatura, uno de ellos vinculado al senador Jorge Luis Lavalle Maury.

Para la 1 de la tarde, en la plataforma de YouTube en una cuenta a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, presuntamente hermano del exdirector de Pemex, aparecía el primer video en donde funcionarios de Pemex en 2013 le hacían entrega, en una oficina al parecer de la paraestatal de varias bolsas de plástico con fajos de billetes de 200, 500 y 1000 pesos a Rafael Caraveo, secretario técnico del Senado en aquel año y vinculado al senador Lavalle Maury, además de Guillermo Gutiérrez Badillo, quien era hasta ayer secretario técnico del Gobernador de Querétaro y senador también en aquella legislatura, Francisco Domínguez. Ayer mismo, el gobernador Domínguez se deslindó de las acciones de su secretario técnico y anunció su “cese inmediato” para que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

La filtración de ese primer video, que es apenas un fragmento de las 16 horas de grabación que Emilio Lozoya le entregó a la FGR fue sin duda un movimiento perfectamente calculado, casi “una pieza de relojería” nos decía ayer un político de la izquierda. Y es muy posible que en los próximos días, semanas y meses, asistamos a este tipo de filtraciones “anónimas” en las que nadie sabrá por donde llegó ya no el ramalazo, sino el “videazo”, con un cronograma muy bien planeado desde las alturas y en el que nadie asumirá ni la paternidad ni la responsabilidad penal de la filtración de un material de prueba de una investigación en curso.
Es una dinámica que inevitablemente nos remite al 2004 y a los “videoescándalos” del empresario Carlos Ahumada que grabó y filtró a los medios grabaciones de varios políticos vinculados al entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, recibiendo sobornos en maletines, como René Bejarano y Carlos Imaz, entre otros.

A diferencia de aquellos videos y del terremoto político que causaron hoy, todo apunta, no habrá “nadie” detrás de las filtraciones, aunque al mismo tiempo puedan estar todos. La primera filtración que se hizo a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, ayer fue desmentida por el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, quien acusó que el hermano de Emilio no tiene ninguna cuenta en YouTube y que la que se abrió para difundir el citado video es falsa y lo hicieron suplantando su identidad, por lo que Juan Jesús presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Así que Roosevelt tenía razón: en la política no hay casualidades y estamos indudablemente ante una venganza que, 16 años después, cumple perfectamente aquella frase de que “la venganza es un plato que se come frío”.

Porque, si con los “videoescándalos” comenzó la cacería del proyecto político alternativo que desde aquel 2004 comenzó a enarbolar López Obrador, hoy con videos filtrados que también son escandalosos y quizás lo serán más que aquellos, se abre la puerta de un proceso judicial que será histórico y que, más allá de los nombres y de las personas que serán expuestas recibiendo sobornos o dinero ilegal a cambio de votos en el Congreso o de favores políticos, significa un golpe seco y duro en contra del modelo político que imperó en el país durante las últimas décadas, ese en el que el PRI y el PAN se coludieron para continuar con el viejo sistema de corrupción, privilegios y construcción de fortunas y carreras políticas a costa del dinero público y del saqueo de los recursos del país.
17 Agosto 2020 04:05:00
Los videos de Lozoya y los panistas investigados
En 16 horas de grabación que entregó en un video a la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya ha exhibido y acusado a políticos de varios partidos, pero especialmente del PAN, que eran diputados y senadores en los años en que se aprobaron las principales reformas de Peña Nieto, entre 2013 y 2016. Según fuentes cercanas a los peritajes y las investigaciones que ya están en curso de ese video y de las pruebas entregadas por Lozoya, en la red de corrupción para aprobar la reforma energética, por ejemplo, se mencionan nombres de senadores panistas de la LXII Legislatura, como Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas y Mariana Gómez del Campo, todos en su momento cercanos al expresidente Felipe Calderón.

También aparecen nombres de dos gobernadores actuales de Acción Nacional como Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Francisco Domínguez, de Querétaro, ambos senadores y miembros de la Comisión de Energía que aprobó los dictámenes de la citada reforma energética. En el primer caso, el de García Cabeza de Vaca, independientemente de su posible imputación en el caso Lozoya, autoridades federales realizan una amplia investigación para documentar los movimientos financieros y bancarios del Gobernador y de sus hermanos y familia.

Fuentes abiertas, que han tenido acceso a la investigación en torno a la familia García Cabeza de Vaca, señalaron a esta columna que a nombre del Gobernador, de su esposa y sus hermanos opera “una red de testaferros o prestanombres a través de la cual adquieren y administran empresas, de principal naturaleza comercial ganadera, construcción de inmuebles y energía eléctrica -Enerxiza Wind-, en las que aprovechándose de su calidad de servidores públicos se beneficiaron, para comprar terrenos, principalmente en Altamira, ganar licitaciones y obtener donativos sin motivo aparente, también adquirieron vehículos de lujo cuyo beneficiario final, fue en un caso el comisionado de Energía de Tamaulipas”.

Al Gobernador le han detectado en sus cuentas movimientos financieros como un depósito que recibió en 2019 por $33.4 millones de pesos de T Seis Doce, S.A de C.V.

Pero las indagatorias sobre el Gobernador tamaulipeco y su familia no se llevan a cabo solo en México. En Estados Unidos García Cabeza de Vaca y su familia, según las mismas fuentes, cuentan con 10 empresas, de las cuales 2 están activas, con domicilios una en El Paso y otra en Galveston, Texas.

Otro panista que, de acuerdo con las mismas fuentes, está siendo investigado es el exsenador Roberto Gil Zuarth, objeto de un seguimiento detallado de sus operaciones financieras. A Gil Zuarth, además de su posible aparición en los videos de Lozoya, lo vinculan como operador cercano al gobernador Cabeza de Vaca y como autor de una estrategia jurídica “que busca boicotear las políticas empleadas por el presidente López Obrador y por su Gabinete, a través del Accuracy Legal Add Consulting SC, que interponen juicios de amparo que frenan las políticas públicas establecidas por la Secretaría de Energía”.

De los seguimientos que le tienen documentados, las fuentes mencionan transferencias bancarias que recibió de junio a octubre de 2018 por 4.3 millones de pesos de parte de Roberto Juárez Salinas, sin que se conozca relación comercial entre los dos. También se siguen depósitos que él hizo por 6.7 millones de pesos a su esposa en octubre de 2016, cuando ese año en su declaración fiscal al SAT solo reportó ingresos por 2.8 millones de pesos. Y se indagan también transferencias que recibió su esposa de la empresa Microsoluciones Efectivas, S.A de C.V, por varios millones de pesos, empresa que aparece denunciada por la Secretaría de Hacienda en julio de 2017 por ser supuesta “empresa fachada”, además de investigar el origen de pagos por 26 millones de pesos a la inmobiliaria Calizas 475, S.A de C.V., situada en la alcaldía Miguel Hidalgo, por la compra de una propiedad.



15 Agosto 2020 04:05:00
El encuentro de San Luis,  ¿diálogo o confrontación?
Siete meses de peticiones, reclamos, desencuentros y un diálogo interrumpido por la pandemia de Covid, confluirán el próximo miércoles en San Luis Potosí en la reunión que sostendrán los 32 gobernadores y gobernadoras de la República con el presidente López Obrador. Aunque el Ejecutivo federal ha repetido que no quiere confrontación y que no irá a la capital potosina a pelearse, los mandatarios estatales sí llegarán con muchos temas en la agenda y, aunque no todos, sí hay un bloque de estados que van con la intención de confrontar y contrastar con el Presidente sobre todo en temas como el manejo de la emergencia sanitaria, en la que al menos nueve gobernadores insisten en la renuncia de López-Gatell, mientras que otros llevan entre sus prioridades el apurar la revisión del Convenio de Coordinación Fiscal entre la Federación y las entidades federativas, y los más tranquilos, sobre todo morenistas y priistas, le apuestan a un diálogo más civilizado y cordial.

Aunque se está negociado en estos momentos la orden del día de la reunión vía la presidencia de la Conago, que encabeza el priista Juan Manuel Carreras, hay presiones fuertes de los gobernadores de la Alianza Federalista para que se incluyan en la lista de temas a tratar sus planteamientos de una Convención Nacional Hacendaria, en donde se revise y modifiquen las fórmulas del reparto de los recursos federales a las entidades, además de pedir que al ramo de la Salud se le destinen mayores recursos para lo que resta de la pandemia de coronavirus.

En el Gobierno central sí esperan que haya “rijosidad” hacia el Presidente, sobre todo del bloque de gobernadores del PAN, en donde ubican como la cabeza de una agenda crítica y una posible “estrategia-golpeteo” hacia el Presidente, por parte del Mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Fuentes federales aseguran que el tamaulipeco está preocupado por las posibles acusaciones en su contra en el caso Lozoya y podría asumir una posición abierta de confrontación e incluso actuar como vocero de este grupo para buscar un choque abierto con el Presidente. En tanto en Tamaulipas, fuentes del Gobierno estatal aseguran que ni el gobernador Cabeza de Vaca ni el resto de los gobernadores de la Alianza Federalista van con el ánimo de pelear tampoco con el Presidente, pero que “si López Obrador no les da respuesta o los ignora en sus planteamientos, va a haber problemas” y reiteraron que si la Conago no incluye los temas que han solicitado las 11 entidades, no acudirían de plano al encuentro.



El Presidente va arropado con el Gabinete

En la mediación de lo que ocurra en San Luis Potosí, la figura clave es el Gobernador anfitrión y presidente de la Conago. Aunque a Carreras lo ubican como cercano a Palacio Nacional, los gobernadores están pidiéndole que no acepte que esta se convierta en una mera “reunión protocolaria” en donde solo se vaya a dar discursos y saludos. “No vamos a aceptar que conviertan este encuentro importante en una de esas reuniones de protocolo y de mensajes huecos. Queremos que haya un diálogo directo y de frente con el Presidente. No queremos tampoco pelear con él, pero sí llegar a acuerdos concretos y puntuales sobre las problemáticas que estamos enfrentando en los estados por la falta de recursos, el manejo de la pandemia y la necesidad de cambios en la relación fiscal de la República”, comentó el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien sobre que la petición de renuncia en contra de López-Gatell ya había sido “retirada”, Alfaro aseguró que es totalmente falso.

La misma Sánchez Cordero fue quien anunció que López Obrador no llegaría solo a la reunión de San Luis y que lo iba a acompañar el Gabinete legal y ampliado para apoyarlo en la respuesta a los temas que le planteen los gobernadores. Así es que sin duda hay tensión, aunque también hay ánimo de dialogar y enderezar la relación entre los ejecutivos de la República, el federal y los estatales, que se descompuso en los últimos siete meses en los que no ha habido un diálogo directo entre el Presidente y los gobernadores. La pesadilla del 2020, con su pandemia, confinamientos, cierre de actividades, caída de recaudación, escasez de recursos y derrumbe económico vino a cambiarlo y a tensarlo todo, incluida la relación entre la Federación y los estados. Se baten los dados. Escalera Doble. Semana Redonda.
13 Agosto 2020 04:06:00
Calderón, el objetivo
Más allá de lo que arrojen las pruebas y las investigaciones de la Fiscalía General de la República, de los dos expresidentes que hoy están en la mira y en calidad de imputados por Emilio Lozoya, el único que realmente le interesa al presidente López Obrador es Felipe Calderón, quién se ha convertido no sólo en su némesis y su “villano favorito” sino en una auténtica obsesión.

La investigación que le abrirá el fiscal Gertz Manero por presuntos hechos de corrupción con Odebrecht que derivaron en “privilegios y daños graves al erario” para la instalación de la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz, será la vía para llevar a Calderón a la barandilla judicial y obligarlo a rendir cuentas de lo que fue, en la óptica del actual Presidente no solo un “Gobierno espurio” sino también un “narcoestado”.

Esa fue una de las principales negociaciones con el exdirector de Pemex, a quien se le otorgaron múltiples beneficios y concesiones como “testigo colaborador” no tanto porque denunciara a Peña Nieto y a Luis Videgaray, a quienes de cualquier manera Lozoya iba a acusar por un tema de resentimientos y venganza por haberlo abandonado y traicionado cuando comenzó la persecución judicial en su contra.

La información adicional que le interesaba a la Fiscalía y al Gobierno de López Obrador era lo que Emilio sabía sobre los tratos y sobornos que Marcelo Odebrecht tuvo con el Gobierno de Felipe Calderón, cuando vino a México en 2009.

Los contactos y las negociaciones que el dueño de Odebrecht tuvo con el gobierno de Calderón y con el Gobernador priista de Veracruz de aquel entonces, los conocía muy bien Emilio Lozoya por la relación personal de amistad que tenía con Marcelo Odebrecht, para quien ya operaba asuntos financieros e inversiones en México. Lozoya contactaba desde entonces a políticos mexicanos y sobre todo a candidatos a gubernaturas para ofrecerles apoyos a sus campañas a cambio de que luego le permitieran a la compañía brasileña obtener contratos y realizar inversiones en el sector energético en sus estados.

Fue así que, incluso antes de conocer a Peña Nieto y de colaborar directamente con él, Emilio Lozoya ya tenía una relación cercana con la familia Odebrecht y ya operaba asuntos para ellos en México en el Gobierno de Felipe Calderón. Es con esa información detallada proporcionada por Lozoya que están armando la acusación contra el gobierno de Calderón y con la que podrían llamar a declarar al expresidente en calidad de acusado. Y aunque lo mismo pasaría con Peña Nieto, a partir del dinero que ingresó a su campaña y los sobornos de hasta 500 millones de pesos que el expresidente y Luis Videgaray ordenaron pagar a diputados y senadores para aprobar las reformas peñistas, y que ayer el Presidente decía que los dos exmandatarios y todos los acusados por Lozoya tienen que acudir a declarar ante la justicia, en la realidad el principal interés de este juicio, al menos desde Palacio Nacional, está en las acusaciones contra Calderón y no tanto hacia Peña Nieto.

El propio Presidente ha dicho a sus cercanos que Peña y Videgaray podrían declarar incluso por escrito o mandar su declaración firmada a la FGR, pero en el caso de Calderón sí se buscará por todos los medios legales que sea presentado ante un juzgado y que responda por los señalamientos y hechos irregulares y de corrupción que acusa Emilio Lozoya en el contrato otorgado a Odebrecht y a su filial Brasken para la producción y venta del etileno producido en su planta de Coatzacoalcos. Así que serán dos exmandatarios bajo proceso judicial, pero tal vez no a los dos se les juzgue con la misma dureza de la ley… Los dados mandan Capicúa. Repetimos el tiro.


12 Agosto 2020 04:05:00
Peña, primer expresidente a juicio; Calderón, ¿segundo?
Con el anuncio del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de que Enrique Peña Nieto fue acusado por Emilio Lozoya de haberle ordenado recibir sobornos de dinero ilegal para su campaña presidencial en 2012, el último presidente priista podría ser el primer exmandatario nacional en ser llamado a juicio para que responda por un delito grave, que podría ser lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) y posiblemente delincuencia organizada, dos delitos graves que no prescriben a pesar de los ocho años transcurridos desde su candidatura.

Peña tendría que responder, junto con Luis Videgaray, su coordinador de campaña y luego secretario de Hacienda y canciller en su Gobierno, por los 100 millones de pesos que, según la acusación de Lozoya, habría recibido de Odebrecht y que utilizó para pagar a “asesores extranjeros” que contrató para su proselitismo, dinero que por su procedencia ilegal de la constructora brasileña Odebrecht y el destino que se le dio para pagar servicios de asesoría de campaña, habría sido blanqueado para ocultar su origen y, al involucrar en la recepción y uso de esos recursos financieros a varias personas, configurarían un posible delito de delincuencia organizada, de acuerdo con abogados penalistas consultados.

Las acusaciones hechas por Emilio Lozoya, que el lunes le anticipamos en esta columna, incluyeron también a un diputado federal y cinco senadores, cuyos nombres no fueron revelados por el fiscal Gertz, pero apuntan a los integrantes de la Comisión de Energía del Senado en el 2013: los priistas David Penchyna, presidente; Carlos Romero Deschamps, secretario; Ernesto Gándara Camou; Héctor Yunes Landa; José Ascención Orihuela y Óscar Román González. Los panistas Salvador Vega Casillas, secretario; Francisco Domínguez Servién; Francisco García Cabeza de Vaca y José Luis Lavalle Maury. Los perredistas Rabindranath Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna. El petista Manuel Bartlett Díaz y el senador del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas. En cuanto al diputado federal podría tratarse de dos nombres: Marco Bernal Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía, o Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro en 2013.

Pero la otra “bomba” que soltó Lozoya y que anunció ayer martes Gertz Manero, es que se abrió también una investigación, derivado de la información que entregó el exfuncionario peñista, sobre la construcción de la planta Etileno XXI, en la Administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Es decir que si Peña podría ser el primer Presidente en la historia de México en ser llamado a comparecer en un proceso judicial en calidad de acusado, por el pago de sobornos tanto a su campaña presidencial como para la aprobación de sus llamadas “reformas estructurales”, el expresidente Felipe Calderón podría ser el segundo exmandatario que tuviera que declarar en un juicio para explicar, al menos, las irregularidades y privilegios que le dieron a Odebrecht y su filial Braskem para construir el imponente complejo petroquímico de Etileno XXI con “pérdidas graves para el Gobierno federal”.

Todo depende de los peritajes y la validación de las pruebas entregadas por Lozoya Austin para hacer sus acusaciones: a saber recibos de los pagos; cuatro testigos que declararán y un video, que constituyen las pruebas documentales con las que la FGR abrirá las carpetas de investigación y hará las diligencias para ratificar las acusaciones, las declaraciones de los testigos y, si se considera procedente, llamará a declarar a las personas que imputó el exdirector de Pemex.

11 Agosto 2020 04:04:00
Toledo y los enojos del Presidente
El miércoles 5 de agosto, pasadas de las 12 del mediodía, cuando terminaba en Culiacán el evento de revisión de los avances del Dren Bacurimí, el presidente López Obrador escuchó en un teléfono celular de su jefe de Ayudantes, Daniel Azar, los explosivos comentarios y afirmaciones de su secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo. La cara del Mandatario, cuentan, se puso seria y se fue descomponiendo en la medida que el titular de la Semarnat cuestionaba con palabras duras la existencia de la 4T, hablaba de un “Gobierno de contradicciones brutal” y acusaba a varios de los integrantes del Gabinete presidencial de favorecer negocios y de abogar por grandes empresarios en perjuicio del medio ambiente del país.

Cuando le explicaron que era un audio que se filtró de una reunión interna en la que el ambientalista Toledo había puesto en duda no solo a la “cuarta transformación” como un conjunto de políticas públicas sino que también lo había cuestionado a él por su desinterés y falta de apoyo a la ecología y los recursos naturales del país, el Presidente hizo una mueca y pidió que más tarde revisaran el tema. Después, para cuando los audios del secretario del Medio Ambiente ya eran virales en redes sociales y en todos los medios y analistas se hablaba de la “inminente salida” de Víctor Manuel Toledo del Gabinete y de que López Obrador tenía que correrlo después de sus afirmaciones y acusaciones contra Alfonso Romo, Víctor Villalobos y el subsecretario Ricardo Peralta, a López Obrador le molestaron ya no solo los dichos de su colaborador sino el escándalo que desataron en los medios.

El Presidente decidió entonces, enojado con Toledo, pero también irritado por la enorme difusión que le dieron los medios y la redes a las críticas de un miembro del Gabinete, que no iba a actuar para complacer a los medios ni a los columnistas que pedían que corriera al secretario y que, aunque le pediría la renuncia, sería cuando él lo decidiera y no cuando la prensa pidiera sangre en su equipo de trabajo.

Por eso fue que al día siguiente, cuando los periodistas le preguntaron ya el jueves 6 en Ciudad Obregón, Sonora, el Presidente quiso minimizar el tema y se limitó a decir que respetaba la “disidencia” dentro de su Gabinete. Y aunque en Cajeme dijo que Toledo no le había presentado la renuncia, en Palacio Nacional se afirma que “el secretario ya se va y está viviendo horas extras en el Gabinete”, que la comunicación está totalmente rota con el titular de la Semarnat y que el Presidente ya está en busca de un relevo para pedirle su renuncia tras sus comentarios y acusaciones en contra de la 4T. Porque al final el Presidente se dirá muy juarista y muy “respetuoso de la disidencia” en su equipo, pero los comentarios y señalamientos de Toledo fueron una declaración de ruptura mucho más dura y demoledora contra la 4T que las fuertes críticas que hicieran otros personajes que se fueron de su Gabinete como el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa o el exdirector del IMSS y senador morenista Germán Martínez Cazares. Comparado con ellos, lo de Toledo es prácticamente una “guerrilla interna”.

Si el Presidente no corre al que ya le llaman en los mismos corrillos de su Gobierno “el comandante Toledo”, entonces estaría aceptando y validando sus afirmaciones de que “la 4T como tal, no existe, es solo un Gobierno lleno de contradicciones brutal”. Tendría que correrlo no porque lo digan los medios o los analistas, sino porque si ese secretario sigue ahí en el equipo presidencial, entonces se confirmarán no solo las “luchas de poder” y los oscuros intereses económicos, la corrupción y rapacidad que denunciaba Toledo de Romo y otros funcionarios en contra del medio ambiente. Si eso es validado por el Presidente, quiere decir que la cuarta transformación, es una vacilada, una ocurrencia que solo existe en la cabeza del Presidente.
10 Agosto 2020 04:04:00
AMLO ordena eliminar todos los fideicomisos
La orden del presidente López Obrador al coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, fue fulminante: tienen que eliminar y extinguir todos los 44 fideicomisos que existen en la Administración Pública Federal, sin consideración o excepción de ningún tipo y aprobar para ello las reformas legales necesarias.

La instrucción del Presidente, dada la semana pasada, echó por tierra la propuesta que le llevaba Delgado para eliminar solamente cinco fideicomisos y el resto se mantuviera por tratarse de fondos que operan con reglas y estructura administrativa y cuyos recursos se destinan a labores trascendentales como el cine, la ciencia, el deporte, los desastres naturales o el pago de pensiones.

Pero, según fuentes de Palacio Nacional, el Presidente no dio tiempo de que el líder de los diputados morenistas explicara las razones por las que no era viable eliminar todos los fideicomisos por las enormes afectaciones que causará y las protestas que tuvieron que enfrentar en la bancada de Morena, particularmente Mario Delgado y el coordinador de los senadores Ricardo Monreal, ante quienes acudieron, lo mismo cineastas del tamaño de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, que deportistas de alto rendimiento, científicos, creadores e investigadores que les pidieron mantener los fideicomisos que financian esas y otras actividades importantes para el país.

“Quiero que los eliminen todos” fue la orden repetida de López Obrador ante el diagnóstico desmenuzado del diputado Delgado que después de haber estudiado a detalle la iniciativa elaborada por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y presentada por la diputada Dolores Padierna, había llegado a la conclusión de que si no se quería afectar actividades e industrias trascendentales, de las que incluso dependen más de 3 mil familias, como en el caso del Fidecine, las extinciones de los fideicomisos tendrían que ser en extremo cuidadosas y solo se podían, en este momento, eliminar cinco sin causar mayor afectación.

Y es que al Presidente lo convenció Irma Eréndira Sandoval de que todos los fideicomisos tenían temas de opacidad y corrupción y que con la extinción de hasta 281 fideicomisos que no tuvieran reglas de operación, se obtendrían hasta 250 mil millones de pesos para destinarlos a asuntos más necesarios. Pero como después se dieron cuenta de que eliminar algunos fideicomisos creados con base en distintas leyes no era algo tan simple como decretarlo, enviaron una iniciativa que, con la firma de la diputada Dolores Padierna Luna, se presentó el 20 de mayo en donde ya se hablaba solo de 44 fideicomisos extinguibles a través de las reformas a 14 leyes diferentes, de los que se obtendrían 91 mil millones de pesos.

El problema fue que de inmediato brincaron personalidades del mundo del cine, de la ciencia y de la cultura y el deporte, que protestaron en redes sociales y ante la Cámara de Diputados ante la intención de desaparecer fideicomisos como el Fidecine, Fonden, el del Cinvestav, el Fonca o el Fodepar, que financia al deporte de alto rendimiento.

A Mario Delgado y a Monreal les llovieron críticas y peticiones de que no autorizaran una extinción masiva y descuidada de los fideicomisos; en particular llamó la atención una reunión virtual con el líder de Morena en San Lázaro, en la que participaron Del Toro, Cuarón e Iñárritu, entre otros cineastas, actores y actrices, ante los que Delgado se comprometió a que “no solo vamos a mantener el Fidecine, le vamos a dar más recursos”.

Hoy que el Presidente dio la orden a los diputados y senadores de Morena de que “extingan todos los fideicomisos sin distinción”, sería interesante ver cómo van a reaccionar los personajes del cine, el deporte, la ciencia y la cultura, incluso los estados y municipios que reciben recursos del Fonden, ante la decisión de desaparecer sus fondos de financiamiento.

Varios de ellos tienen millones de seguidores en las redes sociales en México y el mundo ¿se imaginan el escándalo y la presión que van a ejercer cuando legisladores de Morena no les cumplan las promesas que les hicieron y la 4T los deje sin recursos por un capricho presidencial?

08 Agosto 2020 04:05:00
Los dos momentos en que ganó ‘El Mencho’
Para llegar a convertirse hoy en día en la organización más violenta y poderosa del narcotráfico en México, al grado de que puede desafiar y atacar al Estado mexicano sin sufrir ninguna consecuencia, el cártel Jalisco Nueva Generación pasó por dos momentos claves en los dos últimos sexenios: el primero, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, donde se consolidó e incrementó su presencia en el territorio nacional y su capacidad de fuego, al grado que derribó en mayo de 2015 un helicóptero Cougar del Ejército Mexicano, con un disparo de lanzagranadas, matando a siete militares en el municipio de Villa Purificación, Jalisco; y el segundo momento fue el atentado perpetrado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, el 26 de junio pasado.

Entre esos dos momentos la organización de “El Mencho” pasó a convertirse en una auténtica y real amenaza para la seguridad nacional, por transgredir límites y desafiar abierta y retadoramente con acciones que ningún otro grupo del narcotráfico había intentado. En esos dos hechos, las respuestas de los presidentes en turno lo terminaron fortaleciendo y fomentando el crecimiento de la organización y la imagen de “intocable” de su líder Nemesio Oseguera.


Peña, el error de la exclusividad al ejército

El 1 de mayo de 2015 quedó muy claro que ese grupo no era ya solo una célula escindida del cártel de Sinaloa, sino que se había convertido en una organización que tenía una fuerza armada propia y capaz de atacar y tirar, con un lanzagranadas, a una aeronave militar tripulada. Hasta ahí, el combate al CJNG lo realizaban conjuntamente la Sedena, Marina y la Policía Federal, pero tras aquel ataque a los militares, el secretario de la Defensa del entonces, general Salvador Cienfuegos, le pidió al presidente Peña Nieto que le otorgara “intervención completa y exclusividad al Ejército” para enfrentar a la organización de Nemesio Oseguera. La exclusividad militar, lejos de funcionar, permitió que el grupo incrementara su presencia y su violencia en todo el territorio nacional.


La tibieza y el miedo de López Obrador

El otro error presidencial que terminó fortaleciendo aún más al cártel del “Mencho” ocurrió el 27 de junio pasado, un día después de que un comando armado de cerca de 30 sicarios intentaron ejecutar al secretario de Seguridad de la Ciudad de México en pleno Paseo de la Reforma. El mensaje del Presidente a la mañana siguiente de aquel brutal atentado a García Harfuch, no solo fue decepcionante sino muy preocupante: el Jefe del Estado mexicano claudicaba a su responsabilidad de responder a un desafío directo y altamente violento a su Gobierno cuando, en lugar de anunciar una estrategia frontal para combatir al CJNG y responder con toda la fuerza y poder del Estado, repitió su consabido discurso: “no habrá ni guerra ni pacto”.

Fue como si a AMLO le hubiera temblado una vez más la mano y el miedo lo haya hecho renunciar a su obligación de defender al Estado de la violencia criminal, tal y como lo hizo aquel 17 de octubre de 2019 cuando, invocando “razones humanitarias”, terminó por rendir al Ejército y obligarlos a doblegarse ante las amenazas del cártel de Sinaloa, entregándoles a un detenido con orden de aprehensión como Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera.

Del mismo tamaño que aquella penosa rendición y capitulación ante los barones del narco sinaloense, fue la nula respuesta que tuvo al intento de asesinar al Jefe de la Policía más grande de la República en pleno corazón político del país, solo que esta vez la rendición de AMLO fue ante el “señor Mencho”, como llaman sus sicarios al sanguinario capo.... Los dados mandan Serpiente. Semana negra.
06 Agosto 2020 04:05:00
Lozoya ya entregó  documentos y pruebas
Desde la comodidad de su hogar y con los privilegios que le ha otorgado la Fiscalía General de la República, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acogido al “criterio de oportunidad” ha empezado a formular las primeras acusaciones en contra de políticos del sexenio pasado que participaron de la corrupción en la petrolera nacional, tanto en el caso de la compra fraudulenta de la planta de Agronitrogenados, como en el de los sobornos que recibió de la empresa Odebrecht por 10 millones de dólares y que fueron destinados, según declaró ante el juez el exfuncionario, a pagar “sobornos” a diputados y senadores que aprobaron la reforma energética en 2013 y al financiamiento de la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto.

Según fuentes cercanas a la defensa de Lozoya, la FGR ya recibió “información detallada con nombres, fechas, datos y testigos” sobre los personajes a los que acusará su cliente. Los primeros materiales que entregó Lozoya corresponden a documentos, comprobantes y algunos videos grabados por él mismo en sus oficinas, con los que acusa directamente a exfuncionarios del gabinete peñista como el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien menciona como responsable tanto de la decisión de comprar la planta propiedad de Alonso Ancira, como de haberse reunido con Luis Meneses, director de Odebrecht en México, para que le entregara los sobornos para la campaña de Peña Nieto.

En el tema de la reforma energética, los primeros nombres que señaló Lozoya son los de panistas que eran diputados y senadores durante el proceso de discusión y aprobación de las leyes energéticas. Entre los directamente señalados por el exdirector de Pemex aparece el excandidato presidencial Ricardo Anaya, entonces diputado y presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, y los exsenadores de la Comisión de Energía, Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, hoy gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente.

En esos primeros nombres se centrarán las primeras acusaciones de Lozoya Austin y los tiempos en los que se armen expedientes o averiguaciones en contra de las personas que son imputadas por el exfuncionario dependen de la FGR que tiene, de entrada, el plazo de seis meses que le otorgó el juez federal para armar bien la causa y las investigaciones sobre el caso Lozoya, tiempo en el que será la Fiscalía la que decida si gira citatorios u órdenes de presentación en contra de los nuevos acusados.

En una segunda etapa, comentaron los allegados a la defensa, Lozoya Austin prepara la entrega de información alusiva a la forma en que se operó la compra de la planta de Agronitrogenados y quienes participaron en esta operación fraudulenta por más de 500 millones de dólares. Además de aportar pruebas contundentes en contra del empresario Alonso Ancira, el exdirector de Pemex también planea revelar cuál era la participación del expresidente Carlos Salinas de Gortari en las decisiones que se tomaban en el gobierno de Peña Nieto, especialmente en la petrolera nacional. “Emilio va a documentar cómo personalmente Carlos Salinas le pidió y lo presionó para realizar acciones y tomar decisiones que tenían que ver con las asignaciones de Pemex y dará detalles de reuniones que tuvo con el expresidente, tanto en su casa de Camino a Santa Teresa como en sus oficinas alternas de Montes Urales, en Lomas de Chapultepec, en las que se hablaba de contratos y negocios en Pemex. En otras ocasiones, también hablará de las reuniones que tuvo con Emiliano Salinas Ocelli, hijo mayor del expresidente, quien lo mandaba a tratar ‘asuntos’ con el director de Pemex”, comentó una de las fuentes cercanas a la defensa de Lozoya.

Veremos cuánto tarda en armar expedientes, acusaciones y posibles órdenes de presentación la Fiscalía, pero está claro que el tiempo que le lleve empezar a acusar a personajes concretos en el “maxiproceso” que derivará de los testimonios de Lozoya, más que tiempos jurídicos se basarán en los tiempos políticos, concretamente las elecciones del 2021….Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.

05 Agosto 2020 04:04:00
Investigan al notario del senador Mancera
Uriel Oliva Sánchez, notario público 215 en la CDMX, es investigado por presunto lavado de dinero y dentro de esa investigación la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ordenó bloquear las cuentas bancarias y financieras de la notaría con sede en Polanco, además de congelar también las cuentas de su esposa y de dos empresas vinculadas a la pareja. El notario Oliva Sánchez tiene una relación cercana con el exjefe de Gobierno de la CDMX y actual senador de la República, Miguel Ángel Mancera, y fue su notario personal que escrituraba sus propiedades.

Según el requerimiento 110/F/B/5063/2020, cuya copia está en poder de esta columna, la UIF pidió bloquear y congelar todo tipo de cuentas bancarias y financieras a nombre del mencionado notario con base en el acuerdo 90/2020 y como parte de una investigación que fue promovida ante esa instancia y ante la Fiscalía General de la República en la que se denuncia al llamado “Cártel Inmobiliario” que operó en la Ciudad de México durante el sexenio pasado y en el que se involucra, además del notario Uriel Oliva, a Simón Neuman, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del Gobierno capitalino, y a su socio Fausto Galván Escobar, quien fuera coordinador General de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Ciudad de la Secretaría de Desarrollo Económico en el Gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Ambos personajes, Neuman y Galván, han sido mencionados como parte del llamado “Cártel Inmobiliario” que en varias investigaciones periodísticas, como las que publicó en 2018 el portal La Silla Rota, documentó una red de corrupción entre funcionarios públicos y desarrolladores inmobiliarios que violentaron las normas ambientales y de construcción en la Ciudad de México, sin recibir ningún tipo de sanción, todo ello durante la Administración mancerista y con señalamientos de protección a esa red del entonces Jefe de Gobierno.

La conexión que se hace en esa denuncia entre el ahora coordinador de los senadores del PRD y el notario Uriel Oliva, es a través del abogado Roberto Ruiz, quien fue amigo personal del abogado Mancera en los años 90. Ruiz ingresó a laborar en la Notaría 215 ubicada en Polanco y llevaba trámites como litigio de poderes y otros para su amigo. Por ese conducto Miguel Ángel Mancera conoció al titular de la notaría y ahí realizó la escritura de un departamento perteneciente a su señora madre.

Ya durante el Gobierno de la CDMX, entre 2012 y 2018, muchas de las operaciones inmobiliarias, varias de ellas de carácter millonario que promovían y protegían en la ciudad Simón Neuman y Fausto Galván, pasaron por la notaría 215, mientras que Uriel Oliva se convirtió en el notario personal del Jefe de Gobierno Mancera Aguayo y por ahí pasaron varias propiedades del actual senador.

En la denuncia promovida ante la Fiscalía General de la República se mencionan operaciones de “lavado de dinero”, lo que dio pie al congelamiento de cuentas ordenado por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, en contra de Oliva Sánchez, de su esposa y de las dos empresas mencionadas, y en particular al notario se le menciona en la solicitud de bloqueo financiero en carácter de “investigado”. Mientras tanto en el Senado de la República se señala que un grupo de senadores busca impulsar una petición de desafuero en contra del coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, aunque hasta el momento el nombre del senador no aparece en los documentos oficiales a los que tuvo acceso esta columna.…Los dados mandan Capicúa. Repetimos el tiro.
04 Agosto 2020 04:04:00
Gobernadores: anecdóticos y sometidos al presidencialismo
El embate de 9 gobernadores que solicitaron el viernes la renuncia de Hugo López-Gatell por sus “errores, equivocaciones y omisiones” en el manejo de la pandemia del Covid-19 fue rápidamente de-

sarticulado por una férrea defensa presidencial, que incluyó la manifestación de las “fuerzas vivas” de la 4T en defensa del subsecretario que, paradójicamente, terminó más fortalecido por los mismos que pretendían tirarlo.
Se confirma así que, con todo y su enorme poder local, los gobernadores no tienen la misma fuerza en los asuntos nacionales y, aun cuando conformen bloques y alianzas para acuerparse y defender los intereses de sus estados, no pasan de ser un grupo de presión que, al final termina siendo sometido por el presidencialismo, que les impone tiempos, nombramientos y agenda a partir del control del presupuesto federal, sobre todo cuando el Presidente tiene el control mayoritario del Congreso de la Unión.
Si los gobernadores juntos tuvieran mayoría en alguna de las dos cámaras del Congreso ya hubieran tirado al subsecretario López-Gatell mediante un juicio de responsabilidades (como en un régimen parlamentario), pero como estamos en un Gobierno presidencial, los reclamos de los gobernadores quedarán solo para el anecdotario.
La operación desde Palacio Nacional, el mismo viernes que salió la carta de 10 gobernadores, fue tan rápida y efectiva, que esa misma tarde, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se deslindaba de los firmantes y se ganaba que el propio López-Gatell lo calificara de “buen Gobernador” en su conferencia nocturna donde aclaró que “no son 10, sino nueve gobernadores”.
El golpe inmediato redujo la lista de firmantes y tuvo un efecto noqueador para los mandatarios estatales que firmaron la petición de destitución. Después de Corral salió otro panista, Francisco Domínguez, a

desmarcarse.Durante todo el fin de semana, los nueve gobernadores que quedaron no dijeron ni pío, mientras personajes y liderazgos del lopezobradorismo salían a pronunciarse en batería a favor de López-Gatell y a defender su trabajo en una operación tan bien orquestada, que rememoraba a las históricas “fuerzas vivas” del viejo régimen priista. Ricardo Monreal, Mario Delgado, diputados, senadores, secretarios y subsecretarios del Gabinete, el dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar y todos los opinadores orgánicos de la 4T y de las granjas de “bots” en redes sociales, acallaron la exigencia de los gobernadores que o se intimidaron o no quisieron defender su propuesta.
Y para completar la estrategia, el Presidente que no dijo nada sobre la carta de los gobernadores en sus videos del fin de semana, remató en la conferencia de ayer lunes: “Nosotros apoyamos al doctor López-Gatell, ha hecho un buen trabajo y vamos saliendo, es un tema muy doloroso el de la pandemia y no debemos de mezclar las cosas, hay diferencias políticas… pero debe de haber ciertos límites”, dijo el Presidente mientras el subsecretario, sentado al fondo en una silla, agradecía con una reverencia de cabeza y el espaldarazo presidencial.
El único que reiteró ayer sus acusaciones fue el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que insistía en que a su estado lo mandaron a semáforo rojo por criterios políticos, pero el jalisciense pareció quedarse solo mientras los otros ocho guardaban silencio y dejaban su airado reclamo en una mera anécdota de la que se mofaba el Presidente: “Ellos (los gobernadores) son representantes del Ejecutivo en el estado, existen otros dos poderes el Legislativo y el Judicial, pero bueno, ¿nueve estados? Habría que preguntarle a todos los ciudadanos de esos nueve estados”.



03 Agosto 2020 04:05:00
El pararrayos del Presidente
La defensa política a ultranza que emprendieron desde la 4T este fin de semana es el anticipo del espaldarazo que hoy, una vez más, le dará el presidente López Obrador al subsecretario Hugo López-Gatell ante la petición de renuncia que nueve gobernadores del país hicieron el viernes en contra del encargado nacional de la pandemia. Durante todo el fin de semana, la estrategia dictada desde Palacio fue mandar a todas las baterías: congresistas, dirigentes, funcionarios y hasta la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para “acuerpar” a Gatell y desestimar y deslegitimar la petición de los mandatarios estatales.

El Presidente simplemente ratificará hoy su confianza en el epidemiólogo al que le delegó todas las decisiones importantes en el manejo de la pandemia —incluso por encima de la Constitución que mandata que sea el Consejo de Salubridad General el que dicte las acciones, medidas y normas en una emergencia sanitaria como la que vivimos— y volverá a decir seguramente que todo es “politiquería” y “grilla” sin atender siquiera los argumentos esgrimidos por los gobernadores que representan a casi el 37% de la población nacional que habita en sus estados.

Así que las cosas seguirán como hasta ahora y la estrategia federal contra el Covid-19 se mantendrá tal cual con sus casi 48 mil muertos contabilizados oficialmente hasta ayer domingo y más de 439 mil contagiados. Ni la economía en recesión profunda y en su peor derrumbe de la historia, ni las advertencias de empobrecimiento y la pérdida de empleos y de ingresos de los mexicanos que han hecho el Coneval y el Inegi, serán atendidos ni provocarán, al menos no por ahora, un cambio de timón en la actuación federal en esta pandemia que ya empieza a ser el peor desastre humanitario, económico y social de la historia reciente del país.

La razón por la que el presidente no moverá a Hugo López-Gatell ni le pedirá su renuncia, a pesar de que lo pidan gobernadores de la República y muchos mexicanos, es simple y nos la explicaba un alto funcionario del Gobierno: “Gatell es en estos momentos el pararrayos presidencial. Sobre él recaen todas las presiones, acusaciones y señalamientos de responsabilidad por las cifras crecientes de muertos y contagiados del Covid y por eso precisamente van a mantenerlo hasta que aguante. Si no le echan la culpa al epidemiólogo que se equivocó en todas sus proyecciones y en sus modelos de vigilancia y hasta en el método de contención de la enfermedad ¿a quién se la echarían?”.

En ese sentido es que López-Gatell, aún con todos sus errores y equivocaciones, seguirá siendo una especia de “escudo protector” para el presidente López Obrador que lo mantendrá hasta que ya no le sirva y, muy probablemente, aunque le den una salida digna en algún nuevo organismo público o en otra encomienda, la idea es que el subsecretario que sí ha tenido un enorme poder de decisión, incluso por encima del titular de Salud, Jorge Alcocer y, ni se diga del Consejo de Salubridad General que debió haber sido el que tomara las decisiones y dictara las normas según la Constitución, se lleve cuando se vaya todo el desgaste, las responsabilidades y las culpas que inevitablemente reclamarán los mexicanos doblemente dolidos y golpeados por las pérdidas humanas y por la crisis económica.

Pero mientras eso suceda y en tanto el subsecretario López-Gatell siga deteniendo los rayos y descargas políticas, evitando que estos le lleguen al Presidente, seguirá firme y conduciendo la pandemia al desastre en que se está convirtiendo. Y si resistió el embate de 9 gobernadores, incluidos los de algunos de los estados más poblados e importantes económicamente del país, quiere decir que el doctor aún le es útil al Presidente, aunque desde hace rato haya dejado de serle útil al país y a los mexicanos, a juzgar por la situación de la pandemia y sus dramáticos efectos.

Los dados mandan Escalera Doble. Luce buena la semana.


01 Agosto 2020 04:07:00
Los amenazó con cárcel y ahora piden su renuncia
Justo el día que México se convirtió en el tercer país en el mundo con más personas muertas por el coronavirus, desplazando de la ignominiosa posición al Reino Unido con 46 mil mexicanos fallecidos, nueve gobernadores del país, que representan a casi una tercera parte de la República Mexicana, se unieron para pedir la renuncia inmediata del encargado nacional de la pandemia, Hugo López-Gatell, bajo la acusación de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud es responsable de una estrategia fallida que no sirvió para contener los contagios, aumentó el número de muertes e influyó en un derrumbe histórico de la economía nacional.

Los mandatarios estatales que en total gobiernan a 37 millones de mexicanos –el 30% de la población nacional– acusan al responsable del país contra el coronavirus, de haber mentido y manipulado las cifras, de fallar repetidamente en sus proyecciones y de pretender delegar la responsabilidad de sus decisiones a los estados y municipios, agravando con todo eso la peor crisis sanitaria de la época contemporánea y generando las condiciones para que se convierta en una crisis humanitaria.

La petición es directa al presidente López Obrador y la firman los gobernadores Enrique Alfaro, de Jalisco; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Diego Sinhué, de Guanajuato; Francisco Javier García, de Tamaulipas; Silvano Aureoles, de Michoacán; José Rosas Aispuro, de Durango; Miguel Riquelme, de Coahuila; Martín Orozco, de Aguascalientes e Ignacio Peralta, de Colima, los nueve son integrantes de la autonombrada Alianza Federalista que se ha propuesto ser un contrapeso al Gobierno federal en el tema de la pandemia, pero también con demandas de tipo fiscal y presupuestal.

En la carta difundida el viernes por la Alianza Federalista aparecía también como firmante el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pero anoche en un tuit del Gobierno de Chihuahua, dijo que Corral “no fue consultado ni autorizó que apareciera su firma” en la carta.


El pleito de la víspera

La carta de los gobernadores se hizo pública un día después del encontronazo que tuvieron el subsecretario López-Gatell con los mandatarios estatales de la Conago en la reunión virtual que tuvieron el jueves para el tema del Covid. El asunto del Semáforo Epidemiológico y una propuesta de la abogada de la Secretaría de Salud, Marisela Lecuona, para castigar a los gobernadores con “sanciones y responsabilidades administrativas y penales” si no respetaban las disposiciones de la Secretaría de Salud federal, provocó la furia de varios mandatarios estatales que rechazaron que se les pretendiera castigar con un mecanismo que ni siquiera es claro en sus lineamientos y criterios con los que se maneja.

Varios de los gobernadores que participaban en la reunión remota coordinada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le reclamaron airadamente a López Gatell que les quisiera trasladar a los estados responsabilidades que le corresponde a su encargo y a la Federación

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, fue de las que más fuerte reaccionaron contra el documento que llevaban López-Gatell y la abogada de la SSa. “No se vale que nos amenacen y nos quieran trasladar responsabilidades que no son nuestras”, dijo la gobernante morenista. Los reclamos y dimes y diretes entre el subsecretario y los gobernadores subieron tanto de tono, según cuentan un par de mandatarios que participaron, que la secretaria Sánchez Cordero tuvo que mediar para tranquilizar los ánimos.

La aceptación de López-Gatell de que les mandaría a todos los estados una explicación detallada para mover los colores del Semáforo Nacional, terminaron por serenar la que fue el antecedente de la ruptura de ayer de nueve gobernadores, que prácticamente le declararon la guerra al subsecretario de Salud. Cada vez es más claro que el subsecretario es responsable de fallas y omisiones que le han costado la vida a 46 mil mexicanos, es una losa pesada en la espalda del Presidente. Y entre más lo defienda y lo mantenga, más caro le costará a López Obrador y a la 4T.
30 Julio 2020 04:02:00
Los camaleónicos tucanes de cola larga
Los trapecistas y proxenetas políticos que dirigen al Partido Verde, Carlos Puente y Arturo Escobar, salieron ayer en una conferencia de prensa a defender al diputado federal de su partido, Ricardo Gallardo Cardona, ante las investigaciones que ha iniciado en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera, por operaciones con recursos de procedencia dudosa y presuntos vínculos con el crimen organizado. Defenderlo es su derecho y lo respeto, pero atacar y denostar a esta columna y mi trabajo periodístico por revelar, con base en documentos oficiales, lo que investiga la autoridad federal en su contra, es una bajeza y confirma la dudosa trayectoria de esos líderes verdes.

En contra de lo que dice el demagogo líder nacional del PVEM, Carlos Puente, en este espacio no hablamos de manera “irresponsable” y mucho menos sobre supuestos al mencionar una investigación federal en contra del diputado Gallardo Cardona. Lo que publicamos el pasado lunes en este espacio está contenido todo en un documento oficial que reseña las transferencias financieras de más de 22 empresas vinculadas a la familia del legislador y en las que las autoridades federales rastrean temas de lavado de dinero, desvío de recursos públicos y presuntos vínculos con grupos delictivos como Los Zetas y el cártel de Juárez.

Miente el señor Puente cuando dice que lo publicado parte de supuestos y ocurrencias mías. Hay un documento detallado que me fue proporcionado por fuentes oficiales y que confirma el rastreo de cuentas financieras que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. En atención al rigor y la ética periodística yo mismo busqué al señor Ricardo Gallardo el día de la publicación de la columna y le pedí que me diera su versión de los señalamientos y datos financieros mencionados en el citado reporte oficial.

Así que Carlos Puente, con todo respeto, no le acepto que me acuse ni descalifique por hacer mi trabajo y mucho menos que me quiera dar lecciones de ética y de “responsabilidad”. Puente y Escobar, además de haber sido feroces críticos de AMLO y de su movimiento, fueron ambos senadores cuando se aprobaron las llamadas “reformas estructurales” de Peña Nieto, a las que apoyaron incondicionalmente, y en las que según el líder del Senado, Ricardo Monreal, hubo “pagos de sobornos para la aprobación de todas esas reformas”. Pero especialmente en la reforma energética, que hoy está bajo la lupa por lo que está a punto de salir en el proceso judicial contra Lozoya.

Carlos Puente fue integrante de la Comisión de Energía y el 29 de septiembre de 2015, en sesión del Senado donde comparecía el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, decía orgulloso: “En estos tres años, bajo el liderazgo del presidente Peña Nieto, el país ha vuelto a caminar con un rumbo claro, rumbo para probar cada una de las reformas transformadoras que fueron analizadas y debatidas desde este salón de sesiones”. ¿Su voto entonces a favor de la reforma energética y de otras más en el sexenio peñanietista fue por pura convicción, diputado Puente?

Por lo demás, cuando los señores Puente y Escobar quieran, con gusto hacemos una comparación entre sus cuentas financieras y sus recursos y los míos. Yo no he tenido nunca señalamientos por portar en un finísimo maletín 1.1 millones de pesos en efectivo sin poder explicar su origen ni tengo nada que ocultar en mi trayectoria de más de 30 años como periodista, y 20 de ellos haciendo todos los días esta columna.

Si no pueden dar lecciones de ética política, que en teoría es de lo que saben, mejor no se metan a querer darlas de periodismo. Como dice el dicho, amigos del partido del Tucán, “para tener la lengua larga hay que tener la cola corta” y la de ustedes es muy larga, más larga que la del ave que representa su falso ecologismo… Agitamos el tiro. Capicúa de los dados.


29 Julio 2020 04:07:00
Omar, el renacido
Lo primero que impresiona de ver de nuevo a Omar García Harfuch, después del brutal atentado en el que intentaron matarlo, es la fuerza y determinación con la que el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX se acomoda con dificultad en la silla, por las secuelas de una pierna y un brazo lastimados, y dice: “Sé que estoy vivo por un milagro y por mis dos amigos que me protegieron y dieron la vida por mí, pero a los que me mandaron a un ejército para matarme, les digo sin ningún miedo: aquí estoy recuperándome y seguiré haciendo mi trabajo contra los criminales cobardes. No me asustan sus armas y los seguiremos golpeando con la ley en la mano”.

En una de las oficinas alternas que ahora utiliza, con seguridad reforzada tras el ataque del CJNG en su contra, García Harfuch aparece como un auténtico sobreviviente. Trae el brazo sostenido por una férula especial y tornillos y fierros que lo mantienen firme tras dos complicadas operaciones en el codo y la mano que quedaron destrozados por el alto calibre de las balas que le dispararon aquella mañana del viernes 26 de junio.

Camina con dificultad apoyándose en la pierna derecha porque la izquierda aún se ve debilitada tras al agujero que le dejaron en la rodilla los disparos y la reconstrucción de la que fue objeto en una complicada cirugía. Viene saliendo de una terapia de rehabilitación y se prepara para la que será la presentación oficial de su regreso a la actividad acompañado de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, en una conferencia que es a la vez el medio y el mensaje: después de un mes y medio de recuperación, el “revenant” mexicano está de regreso y no piensa renunciar a su cargo ni a su labor de perseguir criminales.

Hubo en el Gobierno federal quien, tras el atentado, llegó a sugerir mandarlo a una embajada o consulado como una forma de protegerlo, pero el mismo secretario de Seguridad capitalino rechaza la idea:

“No me pienso ir a ningún lado porque eso significaría que me rendí. Aquí seguiré haciendo mi trabajo y que les quede muy claro que no bajaremos el ritmo ni la guardia en el combate a la delincuencia en la ciudad”, dice mientras narra detalles de aquella mañana en la que él y sus dos escoltas fueron emboscados y atacados en pleno Paseo de la Reforma, en el corazón de la República, hasta donde vinieron los sicarios de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” a tratar de eliminarlo en venganza por los golpes que le dio a su organización y a la detención y extradición de su hijo, Rubén Oseguera, cuando García Harfuch estuvo al frente de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

Aquella mañana, recuerda, cuando bajaba de su casa hacia el Zócalo capitalino para asistir a la reunión diaria de seguridad, alcanzó a ver cómo lentamente un camión de redilas se atravesaba sobre el Paseo de la Reforma para cerrarles el paso justo a las 6:38 de la mañana.

Antes de que pudieran reaccionar, sintieron el impacto de un primer disparo de una Barret que impactó el cristal de la camioneta Suburban donde viajaban. Tras la sacudida que provocó el fusil calibre .50, capaz de penetrar concreto, blindaje de nivel 8 y hasta de derribar un helicóptero, vino una lluvia de disparos en todas direcciones.

“Fueron segundos”, dice el secretario, y su primer reflejo fue sacar una pistola que llevaba en la guantera y comenzar a disparar desde adentro, mientras le gritaba a Edgar G., “Pipo”, su escolta y chofer: “¡Mete reversa!”, pero cuando el conductor y guardia lo intentó, la camioneta ya no respondió porque había sido inhabilitada por las balas.

Cuando se lanzó al asiento de atrás ya llevaba un balazo en la mano que ni siquiera sintió; buscaba un rifle que traía escondido en la parte trasera para seguir respondiendo al ataque, mientras su otro guardia y jefe de Escoltas, Rafael O. hacía la primera llamada de auxilio en una frecuencia especial que no sabían si estaba funcionando.

Desde la parte trasera Omar García escuchó como Rafa, el jefe de escoltas que lo había acompañado y cuidado por varios años, emitía un quejido ahogado al sentir en su cuerpo los disparos, aunque como buen policía nunca dejó de disparar contra los sicarios, mientras que “Pipo”, se había quedado inmóvil. El secretario sintió entonces un disparo primero en el codo y luego en la pierna, el dolor fue tan fuerte que le impidió seguir disparando y se acurrucó en el piso del vehículo que ya para entonces había sido totalmente penetrado por la lluvia de balas de muy alto calibre que hicieron pedazos el blindaje nivel 7. Cuando llegó la ayuda de la Policía capitalina y los sicarios comandados por José Armando Briseño Santos “La Vaca” huyeron, los primeros policías que pudieron llegar a la Suburban abrieron la puerta para ver si el secretario seguía con vida.

Cuando lo sacaban los paramédicos para subirlo a la ambulancia alcanzó a ver a Rafa, que estaba inmóvil y con la cabeza agachada. “Estás bien Rafa, Rafa”, preguntó sin recibir respuesta. “A ‘Pipo’ lo vi ya inmóvil, pero aún respirando, me duele no haberle dicho algo, haberme al menos despedido”. Cada uno de los dos guardias tenía entre 30 y 40 balas y miembros de su cuerpo destrozados. Hoy, el secretario se ha reunido con las dos familias, esposas e hijos y les ha ofrecido apoyos económicos para ayudarlos en su pérdida.

Minutos más tarde aparecerá junto a la Jefa de Gobierno ya en traje gris y corbata oscura, en la videoconferencia en la que hablará ante las cámaras para dejar constancia de dos cosas: que tras sobrevivir al ataque que le mandaron con armas de muy alto poder y asesinos a sueldo que iban a fulminarlo es, auténticamente, un renacido; y que a pesar de la experiencia dolorosa para él y mortal para sus dos amigos y para una mujer inocente, el jefe policíaco García Harfuch está de vuelta y es el vivo ejemplo de aquella frase que dice que “lo que no te mata te fortalece”.


Notas indiscretas…

Tal como se presentó en su primera audiencia remota y privada, sin tener que pisar el reclusorio por sus acuerdos con la FGR, Emilio Lozoya Austin dice que fue una “pobre víctima” de sus jefes superiores que lo “presionaron, intimidaron e instrumentalizaron” para que cometiera uno de los más atroces saqueos y en la larga historia de saqueos que tiene Pemex.

Cuando Lozoya dice que lo usaron como “instrumento” y ofrece que dará pruebas de los personajes que lo utilizaron, se refiere sin duda al expresidente Peña Nieto, a Luis Videgaray y a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex, que fueron los que ordenaron y autorizaron la compra de la Planta de Agronitrogenados a Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México.

Hoy habrá una nueva audiencia, pero ahora será sobre el caso Odebrecht y los sobornos millonarios que recibió Lozoya y que se destinaron a la campaña de Peña Nieto y al pago de sobornos a cambio de votos para la reforma energética. Y es casi seguro que, otra vez, el exconsentido de Peña vuelva a escupir para arriba y a decir que él solo siguió órdenes e instrucciones.

A este paso, además de testigo colaborador, Lozoya terminará siendo declarado “víctima” y “héroe patriótico” por la 4T…

Anoche en las bancadas priistas del Congreso aseguraban que Dulce María Sauri y Rubén Moreira se doblaron y le dieron a Morena los votos para convocar al extraordinario y meter el tema de la ley de adquisiciones que prácticamente va a acabar con la industria farmacéutica nacional. A diferencia de Sauri y Moreira, los priistas Manuel Añorve y Claudia Ruiz Massieu se mantuvieron con el bloque y votaron en contra. ¿Grietas o traiciones en el viejo partido?... Se detienen los dados.

Serpiente. Caída.
28 Julio 2020 04:07:00
Gallardo, también denunciado por evasión fiscal
En el contexto de la disputa por la Gubernatura de San Luis Potosí que se renueva el próximo año, al diputado federal Ricardo Gallardo Cardona le están reviviendo antiguas denuncias que cuestionan su honestidad y la legalidad de sus actividades políticas.

Además de la denuncia que preparan en la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los movimientos financieros del legislador y su familia, en la que mencionan presuntos vínculos con la delincuencia organizada, en la Procuraduría Fiscal federal hay otra denuncia por defraudación fiscal equiparada en el pago de ISR por 7 millones de pesos que, acusan, Gallardo Cardona no pagó al SAT del ejercicio fiscal de 2012.

El asunto va en que la Procuraduría Fiscal interpuso un juicio de amparo indirecto el pasado 1 de julio, en el que solicita a los magistrados del Tribunal Unitario del Noveno Circuito con residencia en San Luis Potosí, la protección de la Justicia Federal para que se subsanen “violaciones de derechos humanos y garantías fundamentales” cometidas contra la parte quejosa, que es la PFF, y pide que se invalide la declaratoria del “no ejercicio de la acción penal” en contra de Ricardo Gallardo.

Pero detrás de toda esta historia de denuncias y acusaciones en contra del actual diputado federal por el PVEM, al que la UIF investiga por sus movimientos financieros y la Procuraduría Fiscal por presuntas evasiones, está, sin menoscabo de las denuncias oficiales y el curso que tomen, una guerra política desatada por la Gubernatura de San Luis Potosí.

Gallardo es uno de los aspirantes declarados al Gobierno estatal y ya figura en varias encuestas de empresas como Consulta Mitofsky, Gabinete de Comunicación y otras en primer lugar de preferencias, seguido del aspirante del PAN, Xavier Nava, actual alcalde de la ciudad de San Luis Potosí.

Desde su diputación en la bancada del Verde, Gallardo ha operado una posible alianza con Morena para ser candidato, la cual está condicionada a la decisión que tome el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, de si decide ir o no como candidato a las elecciones potosinas. Si Moctezuma no va, entonces el diputado sería candidato de la alianza PVEM-Morena.

Eso lo ha colocado en la mira de sus adversarios, marcadamente del alcalde potosino Nava, de quien se dice contrató los servicios del abogado Javier Coello Trejo para impulsar y retomar los antiguos expedientes judiciales en contra de Ricardo Gallardo, que fueron abiertos en 2014 justo en el gobierno de Peña Nieto.

Veremos en qué termina toda esta guerra potosina, en la que desde el poder estatal han pedido que las instancias federales revivan las denuncias y acusaciones delicadas en contra de Gallardo para tratar de descarrilar una eventual candidatura por Morena. El juego de fuerzas es interesante porque al parecer el PRI, que es el partido del gobernador Juan Manuel Carreras, está prácticamente aniquilado y será importante ver hacia dónde se mueve el Mandatario estatal.

En fin, que los políticos potosinos, fieles a su pasado huasteco, nahua, pame y totonaca, traen una guerra cruenta por la Gubernatura que se renueva en 2021.
27 Julio 2020 04:07:00
Diputado federal vinculado a Los Zetas
Una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera presentada ante la Fiscalía General de la República acusa al diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, del Partido Verde Ecologista de México y excoordinador del PRD en la Cámara de Diputados hasta febrero de 2019, de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita porque está vinculado con el grupo criminal de Los Zetas, además de que cuando fue Alcalde del municipio de Soledad de Graciano, en San Luis Potosí, desvió recursos públicos por medio de pagos a empresas con las que están vinculados él y su familia, como Grupo Axioma Kusuri e Investigaciones Médicas del Potosí, entre otras, a través de las cuales él y su familia también realizan actividades de lavado de dinero, al mismo tiempo que les otorgan contratos públicos.

La investigación financiera que respalda la denuncia penal incluye al diputado federal Gallardo Cardona, da cuenta de que este ya fue detenido en 2015 acusado de lavado de dinero y del desvío de más de 200 millones de pesos cuando fue Alcalde de Soledad de Graciano. Su detención se produjo cuando pretendía postularse como candidato a la gubernatura de San Luis Potosí y estuvo en prisión por orden del juez Federal de Procesos Penales de Hermosillo, Sonora. Pero en esta nueva denuncia se le incluye como parte de un clan familiar liderado por su padre Ricardo Gallardo Juárez, exalcalde también de Soledad, y quien es el objetivo principal de la denuncia en la que también se incluyen su esposa y madre del diputado, María del Pilar Cardona Reyna y su hermana Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona.

De acuerdo con un resumen de la denuncia, al que tuvo acceso esta columna, a las indagatorias contra los Gallardo se les denomina Caso Pollos debido a que el patriarca, Ricardo Gallardo Juárez, antes de haber ocupado cargos públicos, solo contaba con una empresa de compra y venta de carnes de aves, pero una vez que ocupó cargos de gobierno como Alcalde de Soledad y de la ciudad de San Luis, “realizó la constitución de por lo menos 15 empresas registradas con múltiples actividades, las cuales fueron constituidas en colaboración con familiares directos, esposa e hijos, y dichas empresas recibieron recursos del Municipio en donde el sujeto era presidente Municipal, transmitió por concepto de servicios médicos millonarias cantidades a una empresa constituida como clínica de especialidades, formada por amigos del Presidente Municipal”.

En total en el caso “Pollos” la UIF investigó las transacciones y depósitos de 21 empresas vinculadas a la familia del diputado Gallardo Cardona y a seis personas físicas que figuran como accionistas de esas empresas.

Como “empresa del narcotráfico” a las que está vinculado el diputado Ricardo Gallardo aparecen Marketing Visual del Pacífico y se menciona también al particular Marcos Issa Fernando Juan.

“Derivado del análisis anterior se presume que Gallardo Cardona José Ricardo exalcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, está vinculado con el grupo criminal de Los Zetas, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dice la denuncia del llamado Caso Pollos.

25 Julio 2020 04:05:00
Lozoya rompe la ‘omertá’ del viejo sistema
Con sus declaraciones y testimonios, en los que ha comenzado a acusar a políticos de los regímenes del PRI y del PAN a cambio de un trato benevolente de la Fiscalía General de la República, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se convierte en el primer personaje en romper judicialmente los viejos códigos de complicidad y silencio que durante casi ocho décadas se mantuvieron intocables, y permitieron la continuidad y sobrevivencia de grupos políticos y de interés en el sistema político mexicano.

Los pactos no escritos de impunidad que operaron en los 75 años ininterrumpidos de gobiernos priistas y que luego fueron continuados y renovados en los dos sexenios que gobernó el panismo, para cerrar el círculo con el regreso del PRI a Los Pinos en el Gobierno de Peña Nieto, terminarían con la decisión de Lozoya de revelar las formas en que operó la corrupción y los sobornos, tanto en el caso de Odebrecht como de la aprobación de la reforma energética y los fraudes cometidos contra Pemex con compras de plantas a empresarios privados.

Para que esto ocurriera después de casi un siglo de que empezaron los gobiernos postrevolucionarios, se necesitaron dos cosas: primero, que un tecnócrata como Lozoya, sin militancia priista acreditada y puesta en duda por su propio partido, decidiera romper el silencio y las reglas no escritas del viejo sistema para traicionar y acusar a sus exjefes y amigos, incluidos encumbrados priistas y panistas; y segundo, un cambio de régimen y un nuevo Gobierno como el de AMLO, que aunque se nutre en buena medida de las viejas corrientes del priismo antiguo y de sus ideologías nacionalistas, está decidido a romper con el modelo socioeconómico y político que imperó durante los últimos 40 años: el neoliberalismo, y para lograrlo su principal bandera y estrategia es una lucha contra la corrupción que hasta ahora ha demostrado ser selectiva.

Por eso este caso se ha vuelto tan importante y prioritario para la 4T: porque a partir de la información y las pruebas que entregue Lozoya, el Presidente se propone exhibir, comprobar y castigar las prácticas corruptas que en las últimas décadas desarrollaron los que él llama “gobiernos neoliberales”, tanto del PRI como del PAN, a los que López Obrador lleva criticando y cuestionando por 18 años, y que dieron materia suficiente y de sobra para el discurso de las tres campañas presidenciales del candidato que hoy es Presidente de la República.


Doble rentabilidad de Lozoya

El momento en que ocurre el testimonio del exdirector de Pemex no pudo ser más conveniente. A diferencia de su desafortunado comentario sobre la pandemia, la traición de Lozoya para salvarse a sí mismo, sí le cayó como “anillo al dedo” a López Obrador, porque se convierte en un inmejorable distractor ante la crítica situación del Covid-19 que arrasó con los proyectos, planes y programas que tenía para su sexenio y además de las decenas de miles de mexicanos muertos y contagiados, profundizó la recesión y el derrumbe económico que ya había comenzado en su primer año de gobierno. Una Administración federal con menos recaudación y recursos, el incremento de la pobreza –hasta 10 millones de nuevos pobres estima el Coneval—, los nulos resultados en su estrategia de seguridad y el empoderamiento y desafío de los grupos del narcotráfico, configuran un panorama muy complicado para la 4T, pero el “espectáculo de la justicia” contra los corruptos ayudará a desviar la tensión y la atención.

El otro beneficio y el que más les importa en Palacio Nacional, es que las imputaciones de Lozoya llegan a un mes de que empiece formalmente el proceso electoral de 2021 donde el Presidente y Morena se juegan la mayoría parlamentaria y con ella la continuidad de su proyecto político, junto con casi la mitad de las gubernaturas del país y otros cargos públicos locales que se renuevan en la votación concurrente más grande de la historia electoral mexicana. Con la danza de nombres que han comenzado a salir en las primeras declaraciones del exfuncionario peñista filtradas a la prensa, no es difícil adivinar que esto será un golpe a los opositores del actual Gobierno, que buscará aprovechar al máximo la rentabilidad electoral de someter a proceso, ya sea como acusados, testigos o indiciados a encumbrados priistas como Luis Videgaray o David Penchyna y a panistas del tamaño del excandidato presidencial Ricardo Anaya o a gobernadores como Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca.

Para el PAN, la principal oposición a la 4T, el golpe podría ser letal y mermar sus posibilidades de encabezar una alianza opositora exitosa para 2021, como la que ya estaba negociando y operando su dirigencia nacional. Y es que las imputaciones de Lozoya pegan directamente a dos gobernadores, que son de los únicos liderazgos fuertes que le quedaban en el panismo, al mismo tiempo que intentan aniquilar, aún antes de que comience, el anunciado regreso de Ricardo Anaya, el candidato presidencial que podría resurgir a partir de que varias de las cosas que advirtió y sobre las que alertó a los mexicanos en torno a la forma de actuar de López Obrador, sus deficiencias y sus fallas, hoy varias de las cuales se han cumplido en su Presidencia.

Dependiendo de la solidez de las pruebas y los elementos que aporte Lozoya a la FGR en sus acusaciones, los liderazgos panistas que lleguen a enfrentar un proceso judicial podrían debilitarse y extinguirse o, en caso contrario, si todo queda en “dichos” y afirmaciones sin sustento documental, también podrían resurgir y fortalecerse. Anaya por lo pronto, respondió de inmediato a la acusación de que el exdirector de Pemex le habría enviado 6.8 millones de pesos a través de un colaborador cercano del panista, cuya identidad no se revela. “La información contenida es absolutamente falsa. Jamás he cometido un acto indebido. Además de falsa, la información es absurda: nadie me tenía que convencer pues en el PAN llevábamos años impulsando la reforma energética. Yo apoyé la reforma con enorme convicción. Parece evidente que se ha roto la promesa de este Gobierno, de no usar la justicia con fines políticos. Es claro el interés de golpearme, nuevamente, en el contexto del proceso electoral que está por iniciar. Por el bien de México, es importante que se haga justicia y se conozca toda la verdad”, dijo el excandidato presidencial panista ayer en un comunicado.

Otros panistas también respondieron pero lo hicieron con ironía, como Francisco García Cabeza de Vaca: “Falso de toda falsedad. Todo esto es parte de la creación del nuevo Instituto creado por el presidente: INDAPAP, Instituto Nacional para Distraer al Pueblo”, le dijo el Mandatario tamaulipeco a la columnista Lourdes Mendoza, mientras el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, mandó mensajes a través de voceros suyos diciendo que “hasta que no haya una acusación tangible y concreta, no fijaré ninguna posición”, lo mismo que comentó personal mente a esta columna el exsenador priista y exdirector del Infonavit, David Penchyna, quien añadió también que “no tiene nada que ocultar” y que es normal que su nombre salga a relucir como presidente de la Comisión de Energía, pero “lo que hice lo hice por convicción y no por alguna componenda con el exdirector de Pemex”.

En fin, que empieza la danza de nombres y acusaciones. Por primera vez en la historia política reciente del país, podríamos ver un maxiproceso en el que políticos del más alto nivel, gobernadores, exsecretarios, excongresistas y hasta expresidentes de la República fueran llamados a rendir cuentas ante la justicia por actos de corrupción. Con Lozoya rompiendo la “Omertá” o ley del silencio que prevaleció en el viejo régimen, se acaba la norma que protegió por décadas a los grupos políticos y a sus personajes más conspicuos y que privilegiaba la lealtad y la protección entre unos y otros. Por lo pronto, el que tenga paraguas que lo saque, que empezará a llover suciedad.


23 Julio 2020 04:04:00
Videgaray guarda silencio,  pero teme venganza
Buscado por distintos medios y periodistas mexicanos para que emita una posición sobre las imputaciones que le hace Emilio Lozoya Austin en sus declaraciones en España y las que surgirán en México, Luis Videgaray Caso, ha respondido apelando a su derecho a guardar silencio. “Desde que salí del Gobierno de México me he abstenido de dar entrevistas, o publicar opiniones en medios o redes sociales. Sigo apegado a esta decisión personal, y agradezco mucho tu comprensión”, ha respondido tanto a corresponsales como a columnistas. No es que Videgaray no tenga una posición clara ni que no sepa la andanada de acusaciones e imputaciones que se vienen en su contra, pero él sabe muy bien que Lozoya lo alucina por las fuertes diferencias que tuvieron casi desde el inicio del sexenio peñista y que buscará vengarse con todo en su contra porque al final, el exdirector de Pemex tiene claro que la decisión de removerlo de Pemex, en febrero de 2016, fue justamente del entonces secretario de Hacienda.

Paradójicamente había sido el mismo Videgaray quien había promovido a Lozoya Austin ante Peña Nieto, primero como Gobernador del Estado de México, y luego tras el triunfo electoral del mexiquense, en diciembre de 2012, la decisión de mandar a Emilio a Pemex fue en parte de Videgaray, pero ahí también influyó otra recomendación directa en el mismo sentido que recibió Peña, siendo presidente electo, de parte del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Las diferencias entre el poderoso secretario de Hacienda y el director de Pemex comenzaron a surgir primero por el manejo financiero, agudizado luego con la reforma energética. Terminaron por chocar abiertamente y Videgaray comenzó a torpedear el trabajo de Lozoya. En aquella pugna que duró varios años, se impuso al final Videgaray, quien logró tirar finalmente a Lozoya.

Por eso ahora Videgaray sabe que todo lo que declarará en su contra Emilio Lozoya es parte de una “burda venganza” y que eso lo expone y lo vuelve vulnerable. La última vez que el “exhombre fuerte” del peñismo habló en público de los temas en que podría vincularlo Lozoya fue durante una clase sobre inteligencia artificial que fue invitado a dar en la Universidad del MIT donde actualmente labora: “Defiendo mi trayectoria y mis acciones. Obviamente, como hacedor de política, hice buenas cosas y cometí errores, pero aprendí mucho. Con gusto hablo contigo cuando quieras, la puerta de mi oficina siempre estará abierta y podemos discutirlo”, respondió Videgaray.

Tal vez aquella charla no era sobre México ni sobre el enorme poder que llegó a concentrar y ejercer en el Gabinete federal, pero más pronto que tarde, según los acuerdos que hizo Emilio Lozoya con la FGR, el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, el político al que muchos llegaron a ver como “vicepresidente” y como un aspirante presidencial fallido, tendrá que venir a hablar sobre México y la corrupción que se vivió en el sexenio de Peña Nieto, aunque como él está convencido, tenga que hacerlo por un tema de “venganza”… Los dados mandan Doble Escalera para todas las familias de mexicanos que han sufrido una pérdida por el Covid en esta pandemia.
22 Julio 2020 04:03:00
El círculo se cierra en torno a Ancira
Tras la extradición de Emilio Lozoya, con un acuerdo que todo apunta lo convertirá en “testigo colaborador”, ahora las baterías de la Fiscalía General de la República y del Gobierno mexicano se enfocan todas a lograr la extradición de Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México y coacusado de Lozoya en la compraventa de la planta de Agronitrogenados. Ancira no solo es pieza clave para el armado del maxiproceso que quiere abrir la FGR a partir de la información y pruebas que aporte el exdirector de Pemex en contra de varios personajes de la política mexicana, también el vínculo que puede conectar al expresidente Carlos Salinas de Gortari con toda esta trama de corrupción.

Pero hay además un elemento político que lleva a acelerar la petición de extradición contra el empresario salinista, actualmente libre bajo fianza en España: la molestia particular que Ancira causó en Palacio Nacional cuando declaró en España, durante la vista judicial de su juicio la mañana del 10 de marzo de 2020, y criticó fuertemente al presidente López Obrador y a su Gobierno. “López Obrador es un mitómano del tamaño de Hitler”, dijo el empresario mexicano, quien pidió no ser extraditado porque “México es un país sin leyes” y él aseguró ser “víctima y un daño colateral”, de la intención del Presidente para golpear al anterior Gobierno, además de que acusó al Mandatario mexicano de que con sus acusaciones los está llevando a la quiebra.

Esas y otras duras frases en contra del presidente López Obrador, dichas por Ancira Elizondo ante los magistrados de la Audiencia Nacional española, fueron tomadas como un reto del empresario acerero al Gobierno de la 4T que hoy tiene como prioridad extraditarlo y hacer que responda en México ya no solo por los 500 millones de dólares de sobreprecio que obtuvo por la venta fraudulenta de su planta Agronitrogenados, sino por otras demandas y acusaciones que le están preparando para intentar sumarlas a las causas de extradición.

Una de ellas, por ejemplo, son los mil 500 millones de pesos que adeuda Alonso Ancira a la Federación por concepto de falta de pagos de agua de sus empresas, de adeudos a la Comisión Federal de Electricidad e incluso de adeudos fiscales al SAT. La cuenta y los detalles están en manos de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que analiza la forma de sumar esas demandas por incumplimientos de pagos al proceso que se sigue en contra de Ancira Elizondo.

Pero no es la única, a raíz de que fue detenido y de que se agravaron los problemas financieros para Altos Hornos de México, al empresario le han surgido nuevas denuncias como la que interpuso en su contra el Sindicato de Trabajadores Mineros, por el pago de cuotas sindicales retenido a los trabajadores. En total le reclamaban un adeudo de 372 millones 636 mil pesos.

Así es que, con ayuda de Lozoya y sus testimonios, que revelarán todos los detalles de cómo se planeó, armó y ejecutó la compra fraudulenta de la planta de Agronitrogenados, quiénes participaron en la operación y cuál fue el papel y el beneficio económico que cada uno de ellos obtuvo, la FGR, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Consejería Jurídica del Gobierno, se propone traer pronto de España al empresario que adquirió la principal acerera del Gobierno en 1991, cuando fue privatizada por Salinas de Gortari y cuya cercanía personal y familiar siempre fue presumida por el propio Ancira, quien ha gozado desde entonces de la protección del expresidente que lo recomendó e impulsó en el Gobierno de Peña Nieto. Veremos cuánto tardan en traerlo… Los dados mandan Serpiente doble. Caída pronunciada.

21 Julio 2020 04:04:00
El padrino, pero de los Lozoya
Cuando el Presidente citó mal el viernes pasado la obra clásica de Mario Puzo, El Padrino, para decir que don Vito Corleone había mandado a estudiar a su hijo al extranjero –cosa que en realidad nunca sucedió en la novela– muchos pensaron que era solo uno más de los errores e imprecisiones que suele cometer el Mandatario en sus largas alocuciones mañaneras; pero los cercanos de Palacio Nacional dicen que en realidad López Obrador estaba mandando un mensaje cifrado y con destinatario preciso: el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

“Está como el asunto de los que van a estudiar al extranjero, el hijo del Padrino, según la novela de Mario Puzo, estudió en el extranjero, lo mandaba ‘El Padrino’. Y así los que más daño le han hecho al país, son los que supuestamente tienen más conocimiento sobre el manejo de la economía, son los que han acabado con el país”, dijo el Mandatario en su conferencia del 17 de julio en Manzanillo Colima. La alusión a Salinas de Gortari, a quien quería comparar con Vito Corleone, fue aún más clara y directa, cuando les comentó a los reporteros: “Hay uno de ellos que yo le llamó el padre de la desigualdad moderna, que fue Presidente y estudió en Harvard, ahí les dejo de tarea que investiguen quién fue”.

La comparación entre Carlos Salinas y “El Padrino”, de Puzo fue totalmente intencionada; no fue una ocurrencia ni algo que se le haya ocurrido en el momento a López Obrador. El expresidente es, de hecho, padrino de bautizo de uno de los hermanos de Emilio Lozoya, Juan Jesús Javier Lozoya Austin, y tuvo siempre una relación muy cercana con el exdirector de Pemex por el compadrazgo con su padre, Emilio Lozoya Thalmann, excompañero de la Facultad de Economía de Salinas de Gortari, junto con Manuel Camacho, y exdirector del IMSS y exsecretario de Gobierno durante el sexenio salinista.

A ese “padrino” se refería en realidad el Presidente. Porque cada vez es más claro que, más que a Enrique Peña, a quien Lozoya ofreció “poner” o “acusar” como uno de los artífices de la corrupción en Pemex es al expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien se acercó en el sexenio pasado al hijo de su compadre para proponerle “negocios” y recomendar a inversionistas que estaban interesados en participar en las rondas petroleras que la reforma energética del peñismo abrió para la explotación de la riqueza petrolera del país.

La manera en la que van a involucrar a Salinas de Gortari en la corrupción de Pemex sería a través del empresario Alonso Ancira, actualmente preso en España y acusado junto con Lozoya de la operación fraudulenta en la venta de la planta de Agronitrogenados.

En sus declaraciones y testimonios que ya empezó a rendir ante la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya dará información detallada de esa operación con la que prácticamente entregaría a Ancira con nuevos elementos para que el Gobierno mexicano pueda reforzar el juicio de extradición que actualmente se lleva a cabo en España en contra de quien fuera dueño de Altos Hornos de México.

Y es que, según fuentes de la Fiscalía, en sus primeros testimonios, Lozoya ha dicho que el que diseñó la operación para la compra de Agronitrogenados y el fraude detrás de esa adquisición, fue el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien ideó el plan para que Ancira le vendiera la planta a sobreprecio a Pemex y él mismo convenció a Peña Nieto, quien le encargó la operación a su hombre de confianza, Luis Videgaray. Con base en esa declaración se podría acusar e indiciar a Salinas.

Puede ser que López Obrador haya leído o no El Padrino y es muy posible que su equivocación fuera parte de su desconocimiento de la obra de Mario Puzo; pero lo que sin duda era real fue su intención de anticipar, entre líneas, que su verdadero objetivo tras la negociación con Emilio Lozoya –a quien por eso dice que “tenemos que cuidarlo mucho”– es acusar y eventualmente procesar al expresidente Carlos Salinas de Gortari, el que siempre ha sido su verdadera némesis y a quien siempre se ha referido, además de “padre de la desigualdad moderna”, como “el verdadero padrino de la mafia del poder”.

20 Julio 2020 04:07:00
Nuevas claves en la relación México-EU
La reciente visita del presidente López Obrador a Washington, más allá de toda la polémica que levantó, del pragmatismo de los resultados y de la clara e innegable utilización electoral que tuvo la presencia del Mandatario mexicano en la Casa Blanca para la campaña de Donald Trump, sirvió para que el Gobierno lopezobradorista afianzara sus propios interlocutores, puentes y mecanismos de comunicación y negociación con el Gobierno de los Estados Unidos, alejándose de los conductos que le había heredado el peñismo.

Si en un principio la Administración de López Obrador tuvo que recurrir al binomio Jared Kushner-Luis Videgaray para afianzar su relación con Donald Trump, a partir de esta visita ese conducto ya fue superado y desechado por nuevos canales de comunicación e interlocutores directos entre el Palacio Nacional y la Casa Blanca. Además de la comunicación oficial en la relación que la lleva Marcelo Ebrard a través de los canales diplomáticos formales con Mike Pompeo, otros personajes como Alfonso Romo y por fin la secretaria de Economía, Graciela Márquez, aparecieron como interlocutores con personajes claves del Gabinete de Trump como Wilbur Ross, el secretario de Comercio, y el del Tesoro, Steve Mnunchin.

La foto del encuentro en la oficina oval entre las dos representaciones, que circuló el Gobierno mexicano, muestra los nuevos canales y personajes que interactúan en la relación México-Estados Unidos: del lado mexicano estaban acompañando al presidente López Obrador el canciller Ebrard —con la embajadora Martha Bárcena como la operadora en Washington— la secretaria Graciela Márquez y el jefe de la Oficina Presidencial Alfonso Romo, mientras que del lado de Donald Trump aparecen Mike Pompeo, Steve Mnunchin y a la orilla, menos protagónico que en las visitas de Peña Nieto, el yerno Jared Kushner.

Es decir que, sin dejar de ser un asesor importante, Kushner ya no es el principal conducto de comunicación entre el Gobierno mexicano y la Casa Blanca como lo fue en el sexenio de Peña Nieto por su cercanísima relación con Luis Videgaray. Hoy Kushner sigue siendo muy amigo del empresario Bernardo Gómez de Televisa y sigue manteniendo también influencia en otros personajes que influyeron en la reciente visita del Mandatario mexicano, como el empresario Larry Fink, de Black Rock, pero en definitiva ya no tuvo la misma influencia en la organización del primer encuentro entre Trump y López Obrador.

Y este cambio en las claves de la siempre compleja relación México-Estados Unidos y de los conductos y canales diplomáticos y políticos que la operan, tiene por supuesto impactos y rebotes en la política interna. Por un lado Marcelo Ebrard consolidó en esta visita su papel principal en la comunicación y relación con Washington, al haberle dado al Presidente una reunión altamente satisfactoria para los objetivos que se plantearon en Palacio Nacional —aunque de consecuencias aún impredecibles en la actual carrera presidencial de EU—, por el otro lado emergen en el Gabinete y cobran fuerza personajes que parecían alejados y debilitados como Alfonso Romo y Graciela Márquez, que hoy tienen un papel protagónico en temas del nuevo T-MEC.

Finalmente, otra consecuencia de los cambios que deja esta visita a Washington es que Videgaray ya no es un personaje necesario y mucho menos “intocable” para la 4T. El otrora poderoso exsecretario de Hacienda y excanciller podría perder incluso la protección de la Administración Trump y volverse una ficha canjeable, justo cuando estamos a las puertas de la información que entregará el testigo colaborador Emilio Lozoya Austin, que tiene como uno de sus principales objetivos justamente a Videgaray Caso, el hombre al que señala, junto con Peña Nieto, como uno de los que decidían y manejaban la corrupción millonaria en Pemex, de la cual él dice —y así se lo aceptó la FGR, en su primera declaración en España— “yo fui solo un instrumento que acató órdenes de mis superiores”.
18 Julio 2020 04:07:00
¿Dónde está Lozoya? ¿Y qué es, acusado o testigo colaborador?
La llegada de Emilio Lozoya este viernes por la madrugada a México fue, contra toda la expectativa que se había generado, confusa, opaca y contradictoria.

Ni una sola imagen del corrupto exdirector de Pemex, que fue bajado del avión con el rostro cubierto, a una extraña revisión médica de más de dos horas –que le halló padecimientos y enfermedades que nunca fueron detectadas ni reportadas por el Gobierno de España y su Audiencia Nacional– y un subrepticio traslado a un hospital no identificado, que incluyó un burdo engaño con un señuelo a los reporteros y medios de comunicación que esperaron horas su llegada, con el único fin de informar a la sociedad y mostrarle al público mexicano una imagen que nunca llegó porque no lo permitió la Fiscalía General de la República: la de Lozoya detenido, sometido y pisando la cárcel como el presunto delincuente que nos dijeron que era.

Muy lejos de eso, la actitud errática y la falta total de transparencia de la FGR manchó de inicio un caso que, el mismo fiscal Alejandro Gertz primero, y luego el presidente López Obrador, vendieron como paradigmático y como un gran golpe contra la corrupción en el Gobierno de la 4T.

Y no es que no vaya a serlo, pero el que se le haya dado tanta protección, consideraciones y privilegios a uno de los personajes más conspicuos de la corrupción del sexenio de Peña Nieto, deja un mal sabor de boca y contradice completamente la idea que sembraron en el imaginario colectivo de que al soberbio y petulante exdirector de Pemex, el mismo que saqueó a la empresa petrolera nacional con millonarios fraudes simulados y compras inservibles y que vendía cada cita en su oficina hasta en 1 millón de pesos, lo traían para ser juzgado por algunos, solo algunos de los delitos que cometió como funcionario.

Todo lo que vimos este viernes, protección de su imagen, evitarle pisar la cárcel, hacer privadas y cerradas sus audiencias y hasta permitirle llegar a un hospital en lugar de ser internado en el Reclusorio, no solo confirma la muy buena negociación que hizo con la FGR y por la que pagó 4 millones de euros al despacho del juez Baltazar Garzón para que negociara en su nombre, sino que también apunta claramente a que Lozoya Austin no fue extraditado a México en calidad de acusado o de presunto culpable de delitos, sino que más bien lo trajeron en calidad de “testigo colaborador” una figura contemplada en la ley y que según la Ley Federal para la Protección de Personas que Participan en el Proceso Penal (Artículos 2, 15 y 16) otorga una serie de beneficios, incluidos la protección federal y la dispensa de un proceso judicial, a aquella persona o acusado “que acceda voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba, conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos”.

Si eso fue lo que aceptó la FGR en sus acuerdos privados con Lozoya, y en esa calidad lo trajeron desde España, sería necesario que lo dijeran y lo transparentaran porque al final se trata de una figura legal y justificada que explicaría el trato preferencial y cuidado que le han dado al exdirector de Pemex. De lo contrario, si no hay pronto una aclaración oficial, se presta a todo tipo de suspicacias e interpretaciones sobre los privilegios que se le otorgan a alguien que, en principio se dijo, era un acusado de corrupción.

De hecho los tres delitos por los que se solicitó la extradición del exfuncionario: cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa no ameritan, ninguno de ellos, prisión preventiva oficiosa, y muy seguramente fueron también negociados en el trato que hicieron con la defensa de Lozoya, de tal modo que el peñista podría no pisar la cárcel, ni a su llegada ni en ningún momento, ya sea porque el juez le otorga el derecho de seguir su proceso en libertad con el pago de una fianza (a menos que considere que hay riesgo de fuga, como se la aplicaron a Rosario Robles) o de plano porque, si lo trajeron como “testigo colaborador”, tendría derecho a no ser detenido por contar con protección federal e incluso, podría rendir un único testimonio, que no sabemos si ya lo hizo en privado, y a no necesitar ni siquiera ir a un juzgado para realizarlo, sino que el juez se lo tome en su domicilio.

Si ese va a ser el trato que recibirá, bien haría la FGR en decirlo y transparentarlo. Porque eso supone una situación completamente distinta para el exfuncionario, además de que también confirmaría que la información y los medios de prueba que ya habría entregado Lozoya (grabaciones, acusaciones y testimonios directos en contra de otros sujetos) tienen tal nivel de sustento y veracidad que la Fiscalía podría iniciar muy pronto investigaciones contra otros personajes encumbrados del sexenio pasado, lo mismo exsecretarios de Estado como Luis Videgaray Caso y algunos otros como los congresistas, diputados y senadores a los que Emilio dice haber entregado sobornos.

Más de un año le llevó al fiscal Gertz Manero presionar y amedrentar a Lozoya y a su familia sin tener éxito en su captura; acusó incluso a su madre, Hilda Austin, una mujer de más de 70 años, a la que detuvo, a su esposa y a su hermana, sin obtener resultados y por el contrario solo endureció al exdirector de Pemex que se le había fugado.

Pero no fue sino hasta que su exabogado y amigo, Javier Coello Trejo, dejó de representar a Lozoya y que este contrató en España los servicios del despacho Indocal, del juez Baltazar Garzón, cuando, por instrucciones directas del presidente López Obrador, que le reclamó su falta de resultados en el caso, Gertz Manero aceptó negociar un acuerdo que, hasta lo que hemos visto, fue muy benéfico y protector para Lozoya, aunque falta ver qué tan bueno y productivo resulta para la Fiscalía y, sobre todo, para la justicia mexicana.

A menos de que, más que un afán de justicia y de castigar la corrupción del peñismo y sus aliados políticos, lo que vaya a hacer la FGR y el fiscal Gertz sea prestarse a un juego político y mediático en el que veamos cómo se va dosificando y utilizando de manera selectiva el arsenal de nombres, señalamientos y acusaciones, que estará dando Emilio Lozoya en su testimonio y expedientes, con fines políticos o electorales y en beneficio de la 4T. Esa sería una mancha peor para la naciente Fiscalía General de la República.


Nueva demanda contra Ancira

Y mientras Lozoya ya está en México con todos los beneficios que le otorga la FGR, el otro implicado en el caso de la venta fraudulenta de la planta de Agronitrogenados, Alonso Ancira, sigue resistiéndose a la extradición mientras libra un juicio en libertad en España.

Al empresario dueño de Altos Hornos de México, se le ha visto disfrutando de la libertad condicional que compró con su fianza de un millón de euros a la justicia española, luego de permanecer varios meses preso en una cárcel de Palma de Mallorca.

Pero el gusto le podría durar poco al empresario amigo cercano del expresidente Carlos Salinas de Gortari y exsocio de Lozoya Austin en varios negocios. Con la decisión de vender finalmente a la acerera Altos Hornos, que amenazaba con quebrar si no se vendía, han aflorado una serie de adeudos millonarios que Alonso Ancira tenía con el Gobierno de México, desde falta de pago de impuestos, hasta deudas de cientos de millones de pesos a la CFE y adeudos también millonarios a la Comisión Nacional del Agua por el vital líquido que usaban sus plantas y que no pagaba AHMSA.

En total, la cuenta de adeudos que tienen con el Gobierno federal es de mil 500 millones de pesos que debería Ancira a distintas entidades públicas, y con base en esas deudas e incumplimientos que configuran ya delitos, en la consejería Jurídica de la Presidencia de la República preparan una nueva denuncia en contra del empresario, que sería adicional a las que le formularon en el proceso de extradición actualmente en curso en España.

Mientras tanto, la venta de AHMSA está avanzando y la compañía acerera asentada en Monclova, Coahuila, quedará en manos del empresario regiomontano Julio Villarreal, dueño del Grupo Villacero y del Banco Afirme, quién ya está cerrando la operación de compraventa dirigida por el Gobierno federal como una forma de rescatar a una compañía vital para la economía de toda una región del norte del país.

Así que, por aquello de las dudas, y si la extradición de Alonso Ancira se complica y el empresario peñista y salinista termina por ganar el juicio que tiene lugar en España, el Gobierno de la 4T ya prepara una nueva denuncia en su contra, con la que eventualmente volverían a intentar extraditarlo por acusaciones distintas a las actuales… Los dados mandan Serpiente Doble. Semana cardiaca.





16 Julio 2020 04:07:00
Caso Lozoya, ¿bomba pareja o selectiva?
A unas horas del arribo de Emilio Lozoya Austin a territorio mexicano, el nerviosismo se apoderó de buena parte de la clase política mexicana, ante los pronósticos de un “terremoto” que -en palabras del líder de la mayoría del Senado, Ricardo Monreal- “sacudirá a la política nacional” con videos y revelaciones sobre pago de sobornos en efectivo, favores y hasta transferencias de recursos públicos en el año 2013 que habrían beneficiado a políticos, en su mayoría diputados y senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM en las anteriores legislaturas, incluidos algunos que hoy son gobernadores estatales y otros que fueron candidatos presidenciales.

A estas alturas, cuando hoy a la una de la tarde aterrice el avión de la FGR que traerá desde España al exdirector de Pemex para enfrentar su proceso legal, no queda duda de que lo que traerá bajo el brazo Lozoya Ausrin tendrá el impacto de una “bomba política”, cuya onda expansiva alcanzará incluso el proceso electoral del 2021 y pondrá al descubierto la forma poco ortodoxa como operaba el grupo político de Enrique Peña Nieto en aras de conseguir sus objetivos.

Lo único que falta saber es si esa “bomba” será pareja y para todos los que aparezcan involucrados en los videos, grabaciones y señalamientos directos que hará Emilio Lozoya, o si se tratará de un “impacto selectivo” en el que se filtrará y seleccionará a quienes sí exhiben e imputan pública y judicialmente, dependiendo del partido al que pertenezcan y del beneficio político o electoral que signifiquen esos nombres. Del paquete de “información” que ofreció Lozoya Austin en su negociación, se sabe de al menos tres tipos de “aportaciones”, unas son conversaciones telefónicas y presenciales grabadas con exdiputados y senadores, sobre todo los que formaban parte de las comisiones de Energía en ambas cámaras, y también con algunos gobernadores estatales de esa época; otros son videos de algunos legisladores grabados en su oficina y algunos más son solo señalamientos.

Cualquier nombre que se maneje es mera especulación. Sin afirmar que ellos aparecerán en ningún video o señalamiento, en la discusión y aprobación de dictámenes sobre reforma energética participaron algunos encumbrados panistas, hoy gobernadores, como Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente, y el nombre de Ricardo Anaya también estuvo en esa etapa. Pero también había perredistas, hoy morenistas, como Rabindranath Salazar, hoy subsecretario de Gobernación, y el entonces senador Zoé Robledo, ahora director del IMSS, o incluso varios miembros del PVEM, hoy aliados de la 4T.

Por lo pronto, persiste la duda de si el inevitable escándalo que se desatará con este tema será para exhibir realmente a todos los que participaron en alguna forma de corrupción para la aprobación de las leyes energéticas del peñismo, independientemente del partido al que pertenecieran entonces y ahora, lo que sería una forma de transparentar y evidenciar la forma corrompida y corruptora como operó el expresidente Peña Nieto y su Gabinete, o si se tratará de un “exhibición selectiva” en la que solo se expondrá públicamente a algunos, sobre todo a los opositores actuales a la 4T, lo que claramente sería un uso político del tema con miras a debilitar a los partidos de oposición rumbo a las elecciones estratégicas de 2021, donde peligra la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y con ello el futuro del proyecto de López Obrador… Se baten los dados. Capicúa.

15 Julio 2020 04:07:00
Mujeres al borde de un INE paritario
En el proceso de elección de cuatro nuevos consejeros electorales del INE que está en marcha, más allá de las tensiones naturales y del nerviosismo y la incertidumbre que genera saber cuál será la nueva composición y el equilibrio de fuerzas en el Consejo General del órgano comicial, hay una certeza que todos parecen tener clara: de las cuatro nuevas posiciones que se elegirán, la mayoría serán mujeres; seguro dos de ellas, muy posiblemente tres o incluso, hay quienes pugnan por que sean las cuatro, en un intento por hacer que el instituto cumpla por primera vez con la paridad de género que hoy mandata la ley para todos los organismos y dependencias públicas e incluso podría ser que, de manera inédita en su historia, el órgano electoral tuviera más mujeres consejeras que hombres.

Por esa razón, buena parte de la atención en estos momentos se centra en la lista de 30 mujeres que participan en esta etapa del proceso, de las cuales se espera que al menos unas 12 sean seleccionadas para formar las cuatro quintetas que serán sometidas a votación en el pleno. Es decir, que de un total de 60 aspirantes que son evaluados por el Comité Técnico, solo 20 llegarán al último filtro del pleno camaral y de esas se prevé que unas 12 o quizá más serán mujeres y el resto, hombres. De hecho, dos de las quintetas serán integradas exclusivamente por mujeres, mientras que una tercera sería mixta y posiblemente una solo de hombres. Solo uno de los integrantes de cada quinteta será designado como consejero por la Cámara de Diputados el martes 22 de julio y cada consejero tendrá que ser votado por una mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes.

¿Pero quiénes son las candidatas mujeres que podrían resultar electas y que formarían parte del primer Consejo General del INE paritario en la historia del instituto? En la lista femenina hay de todo: politólogas, juristas, sociólogas, periodistas, ingenieras, administradoras, comunicólogas; mujeres con trayectorias y experiencias diversas, algunas con experiencia en temas electorales, otras neófitas en la materia, pero con experiencia en el Poder Judicial, en la academia o en cargos públicos, incluso algunas con vínculos políticos claramente identificables.

En la lista de 30 mujeres que ya fueron entrevistadas por el Comité Técnico destaca por su experiencia electoral Carla Humphrey, directora general de Asuntos Normativos e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Otro caso es el de María del Carmen Carreón Castro, magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También destaca Diana Talavera, titular de la Unidad de Apoyo Operativo del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación.

Jessica Rojas es otra de las candidatas fuertes: desde 2018 es consejera del organismo público local del Estado de México. Otra candidata importante es Rita Bell López, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

Mirian Guadalupe Hinojosa figura también con posibilidades. Es consejera electoral 2014-2020 en Nuevo León, impulsada por el PRI. Sayonara Flores fue consejera del Instituto Electoral del Estado de México. Eunice Rendón es otra candidata con posibilidades, es experta en prevención de violencia y seguridad ciudadana.

Entre las posibles finalistas figuran también Ana Lilia Pérez Mendoza, quien fue vocal ejecutivo de la Junta Local Electoral del IFE en Querétaro 2009-2015 y después delegada del INE en San Luis Potosí. Heriberta Ferrer Arias, actualmente consejera del Instituto Electoral del Estado de México.

El jueves se entregan a la Junta de Coordinación Política las cuatro quintetas, cuya integración será clave para saber quiénes tienen más posibilidades de los últimos 20 finalistas que serán votados el martes 22 en el inicio del periodo extraordinario de la Cámara de Diputados. ¿Tendremos por primera vez en la historia un INE paritario con igualdad de consejeros hombres y mujeres o incluso uno en donde las mujeres superen a los hombres en el máximo órgano comicial?
15 Julio 2020 04:07:00
Mujeres al borde de un INE paritario
En el proceso de elección de cuatro nuevos consejeros electorales del INE que está en marcha, más allá de las tensiones naturales y del nerviosismo y la incertidumbre que genera saber cuál será la nueva composición y el equilibrio de fuerzas en el Consejo General del órgano comicial, hay una certeza que todos parecen tener clara: de las cuatro nuevas posiciones que se elegirán, la mayoría serán mujeres; seguro dos de ellas, muy posiblemente tres o incluso, hay quienes pugnan por que sean las cuatro, en un intento por hacer que el instituto cumpla por primera vez con la paridad de género que hoy mandata la ley para todos los organismos y dependencias públicas e incluso podría ser que, de manera inédita en su historia, el órgano electoral tuviera más mujeres consejeras que hombres.

Por esa razón, buena parte de la atención en estos momentos se centra en la lista de 30 mujeres que participan en esta etapa del proceso, de las cuales se espera que al menos unas 12 sean seleccionadas para formar las cuatro quintetas que serán sometidas a votación en el pleno. Es decir, que de un total de 60 aspirantes que son evaluados por el Comité Técnico, solo 20 llegarán al último filtro del pleno camaral y de esas se prevé que unas 12 o quizá más serán mujeres y el resto, hombres. De hecho, dos de las quintetas serán integradas exclusivamente por mujeres, mientras que una tercera sería mixta y posiblemente una solo de hombres. Solo uno de los integrantes de cada quinteta será designado como consejero por la Cámara de Diputados el martes 22 de julio y cada consejero tendrá que ser votado por una mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes.

¿Pero quiénes son las candidatas mujeres que podrían resultar electas y que formarían parte del primer Consejo General del INE paritario en la historia del instituto? En la lista femenina hay de todo: politólogas, juristas, sociólogas, periodistas, ingenieras, administradoras, comunicólogas; mujeres con trayectorias y experiencias diversas, algunas con experiencia en temas electorales, otras neófitas en la materia, pero con experiencia en el Poder Judicial, en la academia o en cargos públicos, incluso algunas con vínculos políticos claramente identificables.

En la lista de 30 mujeres que ya fueron entrevistadas por el Comité Técnico destaca por su experiencia electoral Carla Humphrey, directora general de Asuntos Normativos e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Otro caso es el de María del Carmen Carreón Castro, magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También destaca Diana Talavera, titular de la Unidad de Apoyo Operativo del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación.

Jessica Rojas es otra de las candidatas fuertes: desde 2018 es consejera del organismo público local del Estado de México. Otra candidata importante es Rita Bell López, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

Mirian Guadalupe Hinojosa figura también con posibilidades. Es consejera electoral 2014-2020 en Nuevo León, impulsada por el PRI. Sayonara Flores fue consejera del Instituto Electoral del Estado de México. Eunice Rendón es otra candidata con posibilidades, es experta en prevención de violencia y seguridad ciudadana.

Entre las posibles finalistas figuran también Ana Lilia Pérez Mendoza, quien fue vocal ejecutivo de la Junta Local Electoral del IFE en Querétaro 2009-2015 y después delegada del INE en San Luis Potosí. Heriberta Ferrer Arias, actualmente consejera del Instituto Electoral del Estado de México.

El jueves se entregan a la Junta de Coordinación Política las cuatro quintetas, cuya integración será clave para saber quiénes tienen más posibilidades de los últimos 20 finalistas que serán votados el martes 22 en el inicio del periodo extraordinario de la Cámara de Diputados. ¿Tendremos por primera vez en la historia un INE paritario con igualdad de consejeros hombres y mujeres o incluso uno en donde las mujeres superen a los hombres en el máximo órgano comicial?
14 Julio 2020 04:07:00
FGR vs. UIF, conflicto de competencias y de egos
El diferendo público entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, no es nuevo, ni es tampoco un asunto que se vaya a resolver con “amor y paz” como ingenuamente pide el Presidente.

Se trata primero de un problema de competencias y facultades, en el que Nieto se queja de que él documenta e investiga delitos financieros, ya sea por corrupción pública, empresarial o crimen organizado, y luego la FGR no procesa esas denuncias ni inicia las carpetas de investigación; mientras que la queja de Gertz es que las denuncias de la UIF están mal integradas y no presentan elementos suficientes para abrir una investigación judicial.

Más allá de quién de los dos tiene la razón y cuál de las dos áreas falla, lo que es un hecho es que la facultad investigadora y de abrir carpetas de indagatorias o averiguaciones previas es una facultad exclusiva y constitucional de la Fiscalía, en donde la labor del Ministerio Público es justamente recabar las pruebas suficientes para sustentar una denuncia; pero por otro lado, una queja reiterada del fiscal Gertz es que cuando el titular de la UIF, Santiago Nieto, anuncia públicamente la existencia de expedientes financieros o congelamiento de cuentas, lo hace solo como un acto “publicitario” y sin tener el sustento suficiente en sus indagatorias.

Pero además del asunto técnico de si a la FGR le toca investigar y la UIF plantea o no bien sus denuncias, lo cierto es que también hay un duelo de egos entre los dos funcionarios claves para la 4T: por un lado el perfil tan mediático de Santiago Nieto, no de ahora sino desde que fue fiscal especializado para Delitos Electorales en la desaparecida PGR, es algo que no le gusta a Gertz Manero y que afecta –dice el fiscal– temas del debido proceso que debe respetar la Fiscalía.

Junto a la diferencia de personalidades hay también un recelo en contra de Nieto Castillo en la FGR, donde alguien le hizo creer al fiscal que Santiago merodeaba por su puesto y pretende robarle protagonismo y sustituirlo ante una eventual incapacidad por su edad.

El tema de fondo no es nada menor, pues esta confrontación está afectando la coordinación para que avancen los procesos de seguimiento, investigación y castigo de delitos que tienen que ver con la corrupción, tanto pública como privada, y del enorme desafío del crimen organizado y las millonarias finanzas del narcotráfico.

El que dos áreas estratégicas para el combate al lavado de dinero y la corrupción no estén trabajando unidas es una muy mala noticia para los objetivos de la 4T y un pésimo mensaje para delincuentes, narcotraficantes y corruptos, que se benefician de esa división.

Como se ven las cosas, por la trascendencia que ese pleito tiene en las fallas y problemas de resultados en la lucha contra la corrupción y la procuración de justicia, va a hacer falta que el Presidente haga algo más que “llamados a misa” y a la conciliación.

Alguien tendría que poner orden y sentar a los dos funcionarios para que hagan acuerdos de coordinación, por encima de sus egos y sus diferencias personales. El momento que vive el país lo reclama y si no son capaces de ponerse de acuerdo los únicos que ganan son los delincuentes, mientras perdemos todos los mexicanos.
13 Julio 2020 04:07:00
La muerte crece y el Gobierno se achica
La misma noche que el país superaba a Italia en la cifra total de muertes por Covid 19 y se ubicaba en el cuarto lugar de las naciones con más muertos en esta pandemia con 35 mil decesos, ya solo superado por EU, Brasil y Reino Unido, el presidente López Obrador volvía a insistir en que “la pandemia está a la baja y perdiendo intensidad” y, en medio de las críticas cada vez más fuertes a los resultados de la estrategia de su Gobierno, el Mandatario volvió a culpar a la “prensa amarillista” por contabilizar a los muertos, mientras decía odiar las comparaciones con otros países e insistía en hacer el conteo de muertes por cada millón de habitantes.

Por enésima ocasión López Obrador tuvo que salir en defensa del doctor Hugo López-Gatell, cuya renuncia volvió a ser tendencia el fin de semana en las redes con el hashtag #FueraGatell, y lo defendió diciendo que se ha emprendido una campaña en su contra.

Cada vez es más claro que al Presidente el llamado “rockstar” de la pandemia se le ha convertido en un fardo más que en un activo y que, conforme sigan aumentando los contagios y, sobre todo los fallecimientos por Covid, hasta en 5 veces más de los 6 mil muertos que había pronosticado torpemente, el encargado y vocero de la pandemia se volverá insostenible y la defensa sistemática del Presidente tendrá un alto costo, no solo para él y su imagen, sino para el país.

Si la estrategia de López-Gatell y su cuestionado modelo centinela se centró solamente en evitar un colapso del sistema hospitalario, pero no en proteger la vida de los mexicanos ni en evitar la propagación y el contagio del virus por todo el territorio, las mismas cifras oficiales confirman el fracaso absoluto y total del modelo. Hoy, cuando el encargado de la pandemia culpa a los estados de no tener el control de la reapertura, después de que fue el Gobierno federal y el Presidente el que renunció a la facultad constitucional de imponer las directrices nacionales obligatorias a través del Consejo de Salubridad General, cuando López Obrador dijo que “no vamos a pelear y que cada quien tome sus decisiones de manera voluntaria sin imposiciones”, lo único que queda claro es que por más discursos, conferencias, alocuciones, videos y cantinfleos de las autoridades, lo que hoy perciben y viven los mexicanos es que vamos solos y por nuestra cuenta en medio de la peor pandemia humana de la época moderna.

Hace no mucho le escuché decir a un titular del Gabinete federal que el peor error que había cometido López Obrador era “haber confiado ciegamente en López-Gatell” en lugar de haber convocado a los mejores expertos en el Consejo de Salubridad General, en lugar de las de un solo médico que además terminó politizado y mimetizado con una causa política más que con la protección de la salud y la vida de los mexicanos.

Y anoche López-Gatell parecía confirmar el costoso error del Presidente, cuando enojado por lo que publican los periódicos sobre sus dichos y frases, decía que las críticas en su contra “no es hacia mí, es hacia todos ustedes”, refiriéndose a todos los mexicanos. Ahora resulta que ya es también la encarnación del pueblo y volvía a insistir en que no era adecuado “buscar culpables” sino apelar a la “corresponsabilidad”. ¿O sea que todos somos culpables de los 35 mil muertos?


09 Julio 2020 04:03:00
Visita a Washington: México ganó, AMLO votó
Una primera consecuencia del encuentro de ayer miércoles, el primero entre López Obrador y Donald Trump en la Casa Blanca, es que México, como País y como palabra, salió del estereotipo y el adjetivo negativo en el que se le ha encasillado en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, para colocarse como algo positivo. El nombre de México como nación se volvió ayer un concepto codiciado y al que los dos candidatos a la Presidencia del país más poderoso del mundo, lo mismo el demócrata Joe Biden, como el republicano y oficialista Donald Trump, consideran necesario reconocer y halagar no necesariamente porque lo crean, sino porque les conviene reconocer a México como la llave para ganar el voto electoral de los chicanos o México-americanos, estimado en más de 30 millones de posibles votantes en la elección de noviembre próximo.

El que Donald Trump por primera vez en su existencia se haya mordido la lengua y haya evitado proferir adjetivos negativos y descalificaciones como los que siempre ha utilizado para referirse a México y a los mexicanos, es sin duda un logro importante, tal vez más de las circunstancias y el contexto, que de la visita del presidente López Obrador.

Y, como al final, esta primer visita se produjo en medio de una reñida y cerrada contienda por la Presidencia, la reacción del candidato demócrata, Joe Biden, no pudo ser más favorable y positiva para México y los mexicanos: “Trump lanzó su campaña en 2016 llamando violadores a los mexicanos. Él ha propagado el racismo contra nuestra comunidad latina desde entonces. Necesitamos trabajar en sociedad con México. Necesitamos restaurar la dignidad y la humanidad de nuestro sistema de inmigración. Eso es lo que haré como presidente”, dijo el abanderado del Partido Demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos.

Por eso decimos que ganó México porque ayer —y muy seguramente será ese el tono en las campañas— los dos candidatos presidenciales del país vecino dejaron en claro lo mucho que les interesa el voto latino y mexicano. Muy distinto el balance de la visita si se piensa en lo que transmitió en su primera vez en la Casa Blanca el Presidente mexicano. A AMLO no le fue mal para sus objetivos porque logró lo que se había propuesto: una visita tranquila, sin sobresaltos ni sorpresas de Trump y por el contrario llena de elogios y de flores para él, para el T-MEC y hasta para su “triunfo histórico” de hace dos años.

Tantos elogios y lisonjas al Presidente más antimexicano que haya habido recientemente y el haber pronunciado frases tan mentirosas como que Trump “siempre ha ayudado a los mexicanos” y que sólo ha tenido para nosotros expresiones de apoyo y amistad, es algo que tendrá un costo inevitable para AMLO. Privilegiar su “amistad entrañable” con Trump y mantener así el apoyo del actual Presidente de EU para su proyecto político de la 4T, difícilmente la mayoría de los mexicanos lo aprobarán y avalarán un discurso que diga que “Trump es el mejor amigo de México y de los mexicanos”. Lo más delicado es que, en el dilema entre mantenerse al margen de la elección estadunidense o tomar partido, el Presidente de México claramente optó por votar desde la Casa Blanca a favor del candidato republicano.

El balance de la primer visita es variopinto y de claroscuros: a México y a los mexicanos no les fue mal y por el contrario salimos del estereotipo y las referencias negativas en el discurso político estadounidense; en todo caso veremos cuál es el costo que paga un presidente mexicano que se olvidó de ofensas, amenazas, sometimientos y racismo, y que prefirió ignorar la lucha de muchos mexicanos inmigrantes en EU, a cambio de unas palmadas en la espalda de su nuevo mejor amigo….

Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.

08 Julio 2020 04:02:00
García Harfuch salvó la vida, pero no la grilla
Cuando la camioneta Suburban blindada en la que viajaba –como todas las mañanas rumbo al Palacio del Ayuntamiento– comenzó a ser tiroteada por una lluvia de balas de alto calibre en pleno Paseo de la Reforma, Omar García Harfuch le gritó a su guardia y chofer que metiera reversa para tratar de escapar del brutal ataque de los sicarios.

El conductor intentó la maniobra, pero para ese momento, en menos de un minuto, los disparos eran tan intensos que habían dañado la transmisión del vehículo y la reversa no entró; en ese momento el secretario de Seguridad, que iba en el asiento delantero del copiloto, saltó hacia la parte trasera y en un instinto de supervivencia se acurrucó en el piso tratando de salvar la vida, mientras el guardia que conducía se puso en medio de la camioneta para cubrir de las balas a su jefe.

Fueron menos de tres minutos los que pasaron bajo fuego pero debieron ser los tres minutos más largos en la vida de García Harfuch, que sangraba porque ya tenía en el cuerpo tres balas y múltiples esquirlas mientras veía morir a sus escoltas y amigos.

La rápida reacción de la Policía capitalina, quien llegó para repeler el ataque causó que los más de 30 sicarios y tiradores comenzaron a dispersarse y a huir del lugar dejando armas de alto poder, algunas de ellas, como la Barret .50, sin siquiera haberlas podido accionar.

Para ese momento la camioneta en la que viajaba el funcionario, que era el principal objetivo del atentado, ya era una coladera llena de balas con los vidrios estrellados y el motor arruinado, a pesar de su blindaje nivel 7, que no evitó la muerte de dos de los escoltas y que estuvo a punto de ser incendiada por los sicarios, que ya no tuvieron tiempo de completar su plan para aniquilar al titular de Seguridad de la CDMX.

Después que lo estabilizaron y antes de que lo metieran al quirófano para operarlo y sacarle las balas y esquirlas que tenía en el cuerpo, Omar García dictaría ese tuit que, al filo de las 9:30 de la mañana, tres horas después del ataque, confirmaba dos cosas: que el secretario estaba vivo, por lo que habían fracasado los asesinos en su objetivo, y que él sabía muy bien el nombre y el tamaño de quien había mandado matarlo y no tuvo miedo de decirlo con sus cuatro letras: CJNG, a los que llamó “criminales y cobardes”.

Con Harfuch fuera de peligro, en ese momento empezaba otro “tiroteo”, este político y mediático contra el malherido funcionario que había salvado la vida, pero aún no se salvaba de la grilla.

En redes sociales se comenzó a soltar que había sido en realidad un “autoatentado”. Personajes anónimos deslizaban la idea de por qué habían fallado los “sicarios” y por qué abandonaron armas que ni siquiera accionaron.

La insidia no iba sola, se recordaba que el ahora secretario de Seguridad capitalino había sido director de la Policía Federal en Guerrero cuando ocurrió el caso Ayotzinapa. Más allá de las interpretaciones o de las opiniones sobre el trabajo y la figura de Omar García Harfuch, el tiroteo político y mediático en su contra tenía una explicación clara y sencilla: la grilla que se ha desatado en el Gabinete federal por ver quién va a ocupar la Secretaría de Seguridad federal una vez que Alfonso Durazo renuncie para irse como candidato de Morena al Gobierno de Sonora.

Y es que el nombre García Harfuch suena como un posible secretario de Seguridad federal, aunque no es el único. Uno de ellos podría ser quien se quede al frente de la seguridad federal cuando Durazo brinque, literalmente, en busca de su anhelada aventura sonorense, y eso, dicen en el mismo Gabinete, está detrás del golpeteo contra Omar.

Lo que sí es un hecho es que fue más fácil que él se salvara de un ataque de 30 sicarios fuertemente armados y que iban con la intención de aniquilarlo, que del tiroteo político y las grillas que pueblan el Gabinete lopezobradorista… Capicúa de los dados. Repetimos tiro.

07 Julio 2020 04:02:00
Los videoescándalos de Lozoya
Cuando el presidente López Obrador se queja del “silencio” de los medios en torno a la extradición de Emilio Lozoya Austin –que muy probablemente se concrete hacia finales de esta semana o principios de la próxima– lo que en realidad está diciendo el Mandatario es que el exdirector de Pemex no solo viene desde España en calidad de uno de los hombres más encumbrados y cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, sino que después de un detallado acuerdo con la Fiscalía General de la República, Lozoya viene dispuesto a abrir la “caja de pandora” y detonar un nuevo escándalo político-mediático de corrupción en el sexenio pasado.

Y de acuerdo con fuentes de alto nivel del Gobierno, la información que tanto promueve el Presidente involucra no solo dichos y hechos del que fuera uno de los peñistas más cercanos del primer círculo en Los Pinos, sino también videos y grabaciones de personajes de primer nivel en el Gobierno anterior y en el Congreso, que habrían sido grabados por el propio Lozoya Austin recibiendo sobornos con maletines llenos de dinero en efectivo y que acudieron a su fastuosa oficina del piso 45 de la torre oficial de Pemex.

Es decir, que además de la información que esté dispuesto a dar sobre el caso Odebrecht, Lozoya también ha puesto a disposición de la FGR un paquete de videos grabados por él en su oficina en los que aparecen varios políticos de la oposición en el sexenio de Peña Nieto, a los que él personalmente les entregó maletines llenos de dinero a cambio de que votaran a favor de la reforma energética cuando se discutió y se aprobó en el Congreso de la Unión.

De confirmarse la existencia de ese material, Lozoya se convertiría en el nuevo Carlos Ahumada de la política y estaríamos a las puertas de una nueva edición de los “videoescándalos” del 2003, que en su momento involucraron a figuras del Gobierno del antiguo Distrito Federal ligados al entonces jefe de Gobierno y hoy presidente de la República, como René Bejarano, Gustavo Ponce y Carlos Imaz.

Según las fuentes consultadas Lozoya mencionó concretamente tres cosas en el escrito que presentó ante el juez de la Audiencia Nacional de España para allanarse y aceptar la extradición solicitada por el Gobierno de México y la Fiscalía General de la República: la primera fue, a petición directa del fiscal Gertz Manero, su reconocimiento “a las autoridades mexicanas” por su profesionalismo; la segunda, su disposición a colaborar con información sobre los delitos que se le imputan; y la tercera que él fue “solo un instrumento” de la corrupción del Gobierno peñista y que los actos y acciones ilícitas en las que participó siempre fue por instrucciones de sus jefes inmediatos superiores, es decir el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que presidía el Consejo de Administración de Pemex, y el presidente Peña Nieto.

Veremos en cuanto traigan a Emilio Lozoya desde Madrid –que podría ser el próximo viernes en un avión que mandará el fiscal Alejandro Gertz Manero a recogerlo– cuándo y cómo se detona la bomba de los nuevos “videoescándalos” y quiénes serán los protagonistas de las grabaciones que entregará el exdirector de Pemex que, por lo que tanto repite y anticipa el presidente López Obrador, está claro que viene dispuesto a todo, con tal de salvar su pellejo, no solo cantará con un fuerte “do de pecho” sino que está dispuesto a salpicar suciedad para todos lados.


06 Julio 2020 04:02:00
La BOA empresarial o la alianza MTY-CDMX
Mientras el presidente López Obrador hace maletas para su polémico primer encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, en el país que dejará por unos días al Mandatario no solo le saltan las castañas calientes de las más de 30 mil muertes del Covid, hay también otras castañas que se cocinan a fuego lento, pero que cuando revienten le quemarán las manos al Presidente.

En las últimas semanas ha tomado forma, de distintas maneras, aquel animal político que en forma de un gran bloque amplio opositor invocó el Presidente: la famosa BOA no tiene una o dos cabezas, como lo anticipaba el Presidente, sino varias expresiones que atraviesan sí por las alianzas políticas entre los partidos de oposición para tratar de ganarle las elecciones legislativas en 2021, pero también se extiende a otros ámbitos como el de los empresarios, con quienes por cierto, el Presidente rompió lanzas a partir de que se negó a aceptar sus propuestas de apoyo al empleo y contrataciones de deuda para apoyar la liquidez de las empresas afectadas por el Covid y evitar su quiebra.

Un grupo importante de empresarios ha comenzado a fortalecer una alianza entre el poderoso Grupo Monterrey, que tiene claras y marcadas diferencias con las políticas de la 4T, y con una facción importante del Grupo CDMX conformada por los principales integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. A partir de la idea común de que el Gobierno de López Obrador los ha “traicionado” y que, con sus decisiones y políticas, intenta “destruir a las grandes empresas e industrias para que, a partir de lo que quede empezar a repartirlo”, los empresarios regios y capitalinos han trabado alianza con un objetivo claro: combatir al proyecto de la 4T con todos sus recursos económicos, legales y políticos.

Entre los poderosos capitanes del norte y los de la capital ha habido ya varias reuniones presenciales y a partir de la contingencia sanitaria han optado también por realizar reuniones virtuales, pero como saben del riesgo de que estas sean hackeadas y espiadas por las áreas de inteligencia del Gobierno, son cuidadosos y no utilizan plataformas conocidas sino un sistema personalizado de enlaces virtuales que manejan totalmente encriptado y para el que fijan reuniones que solo ellos y sus más cercanos conocen hora y fecha.

Hay dos temas en particular que están en la agenda de la alianza empresarial: el primero tiene que ver con la Ley de Etiquetados, que entrará en vigor en octubre, tras ser aprobada por el Congreso y contra la cual arman toda una estrategia legal y de amparos, ante el daño que esta legislación le causaría al consumo de productos que producen varias de sus empresas. En ese tema se dicen “traicionados” por el presidente López Obrador con el que habían conversado personalmente sobre un “modelo de transición” para la entrada en vigor gradual de esa ley.

El otro tema es el sector energético, donde también han puesto todas sus baterías en combatir, legal y políticamente, a los dos funcionarios que ubican como los “enemigos” de la inversión privada en el sector y como los “radicales” causantes de la política energética estatista y antiempresarial: la secretaria Rocío Nahle y el director de CFE, Manuel Bartlett.

En fin, que con la alianza Monterrey-CDMX está cobrando forma aquella BOA de la que hablaban en Palacio y que, con los recursos económicos y el poder de sus despachos jurídicos, están planeando y actuando para frenar y combatir los planes y leyes de la 4T que afectan a la actividad empresarial, al tiempo que buscan incidir también en los temas políticos y electorales que le quiten poder y mayorías al proyecto lopezobradorista. Dicen que hay que tener cuidado con lo que se invoca... y lo que invocaron en Palacio Nacional hoy cobra forma.
04 Julio 2020 04:07:00
El CJNG y la amenaza de desestabilización
Hace un año, en junio de 2019, una fuente militar del más alto nivel le informó a un grupo de gobernadores que tenían en las áreas de inteligencia castrense un reporte confirmado sobre una reunión que convocaron y llevaron a cabo varios de los capos y jefes de los principales cárteles del narcotráfico en México.

El general no daba muchos detalles sobre dónde y cuándo había ocurrido la “cumbre del narco” pero sí confirmaba, con base en la información que tenía la Defensa, tres datos: el encuentro se produjo, el acuerdo de los líderes del narco era “bajarle dos rayitas a la violencia en el país” y de todos los cárteles reconocidos que operan en México, solo uno no asistió a esa reunión ni avaló la propuesta de disminuir la violencia: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ese hecho, que nos refiere uno de los gobernadores que conoció la información de primera mano, puede explicar por qué de todos los grupos del narcotráfico, el que encabeza Nemesio Oseguera “El Mencho” es en estos momentos no solo el más agresivo y violento, con atentados como el fallido contra Omar García Harfuch y amenazas de muerte como las que le hacen al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino también el más perseguido y afectado en sus integrantes, intereses y sus cuentas por el Gobierno de la 4T.

La organización del “Mencho” se ha convertido no solo en el grupo criminal más violento y con mayor fuerza armada y territorial en el país, con presencia en 27 estados de la República y catalogado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y por la DEA como “una de las cinco organizaciones criminales y terroristas más violentas” del mundo.

Hoy es también una amenaza para la estabilidad social y política, en la medida que la ofensiva que ha lanzado Nemesio Oseguera en contra del Estado incluye dos acciones nunca vistas en ningún cártel de las drogas que inciden directamente en la gobernabilidad: la primera, las amenazas directas –y ya se sabe, reales– contra figuras importantes del Gabinete presidencial y contra un Gobernador de un estado, y la segunda, su intención de controlar, dominar y someter a la capital del país, la Ciudad de México, sede de los poderes federales.

Ese es el tamaño del desafío que el CJNG ha lanzado, no solo al Gobierno de la 4T, sino al Estado mexicano en su conjunto. A sus confrontaciones por territorio que han disparado la violencia en toda la República, pero particularmente en estados como Guanajuato y Colima, donde se enfrenta al cártel de Santa Rosa de Lima, en el primer caso, y al de Sinaloa, al que le disputa el control del Puerto de Manzanillo, se suma ahora su confrontación directa y abierta con el Gobierno federal en la que el grupo de Oseguera Cervantes tiene claramente una estrategia desestabilizadora que comenzó con el asesinato de un juez federal, Uriel Villegas y su esposa; continuó con el atentado al secretario de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch, y planea seguir con las amenazas a al menos cuatro secretarios y directores del Gabinete federal, además de las amenazas al gobernador Alfaro y a la presidenta de la CNDH.

Con ese panorama y una cifra oficial de 54 mil muertos en 18 meses de Gobierno, llegará el presidente López Obrador la próxima semana a Washington en su polémica primera visita para encontrarse con el presidente Donald Trump. Aunque el evento que los reúne, en el que aún no se sabe si se sumará de último momento el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, es el arranque del T-MEC.

El Mandatario mexicano ha dicho que hablará con Trump del tratado comercial pero también podría hablar de beisbol y del operativo Rápido y Furioso ocurrido hace 10 años. La realidad es que habría temas mucho más importantes y prioritarios entre los dos países y uno de ellos, sin duda es la amenaza del CJNG.

El reporte de la DEA de Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019, ya ubicaba que el cártel del “Mencho” ha rebasado las fronteras mexicanas y opera a gran escala en ciudades importantes de los Estados Unidos como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Atlanta, San Diego, Chicago y Denver, hasta donde llevan drogas como las metanfetaminas, de las que son ya el principal productor e introductor al territorio estadunidense.

“El CJNG es una de las organizaciones criminales trasnacionales de más rápido crecimiento en México…Es responsable de una proporción significativa de drogas que ingresan a EU y de niveles elevados de violencia en México”, señala el reporte de la agencia antidrogas.

Es posible que en el esperado encuentro de la próxima semana en la Casa Blanca, ni el narcotráfico ni el beisbol sean parte de los temas que toquen los presidentes de México y Estados Unidos, pero sin duda la amenaza de la violencia criminal y el desbordamiento de cárteles como el Jalisco Nueva Generación, sí serán un tema destacado en la campaña de Donald Trump, porque en Washington lo saben muy bien, y así lo dijeron desde 2018 en la orden que dio el propio Trump para desmantelar a las organizaciones criminales más peligrosas para EU, entre las que se encuentra en el primer lugar el CJNG y su líder Nemesio Oseguera “El Mencho”, a cuya cabeza le han puesto un precio de 10 millones de dólares.

Haría bien el presidente López Obrador en dejar a un lado la frivolidad beisbolera y los asuntos del pasado como el ilegal operativo Rápido y Furioso para concentrarse en la amenaza real de desestabilización que hoy enfrenta el Estado con el CNJG y su descontrolado líder Nemesio Oseguera. Sería un tema mucho más apremiante y necesario no solo para tratar con Donald Trump, sino para tomarse en serio y poner a trabajar a su Gabinete de Seguridad, que con todo y su tesón y por más que se reúna todos los días muy temprano, no se caracteriza por los mejores resultados.


¿Supieron antes en Palacio de amenazas a Alfaro?

A propósito de las amenazas de un atentado en contra de Enrique Alfaro, confirmadas por el Mandatario jalisciense a varios medios, en Guadalajara se dice que hace unos días supieron de las intenciones del CJNG, a través de una llamada de un funcionario federal que les dijo que existían amenazas de atacar al Gobernador por no apoyar a ese grupo delictivo.

Este viernes el ofrecimiento de apoyo y de protección que hizo el Presidente para Alfaro y para la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, fue sin duda un gesto importante y necesario ante la gravedad de esas amenazas.

AMLO sabe muy bien que su Gobierno no puede permitir que se atente contra una funcionaria del nivel de la ombudswoman ni contra un gobernador por el impacto que eso tendría en la estabilidad del país y de su propia Administración.

Por eso, a pesar de las serias diferencias y de lo mucho que se había molestado porque lo mencionó por su nombre en los señalamientos sobre las marchas violentas ocurridas en Guadalajara, tuvo que ordenar acciones puntuales a su Gabinete de Seguridad y a las Fuerzas Armadas para que vigilen la seguridad del Gobernador de Jalisco.

Eso lo reconocen y agradecen en el Palacio de Gobierno jalisciense, donde valoran el gesto republicano y responsable que tuvo el Presidente, pero solo les queda una duda: ¿el nombre de Alfaro aparecía también en la llamada capturada por las áreas de inteligencia y que se presentó en la reunión del Gabinete de Seguridad del pasado 11 de junio en Palacio Nacional?

Porque Alfonso Durazo confirmó en su momento la existencia de esa llamada interceptada por el CNI y los nombres de Omar García Harfuch, Marcelo Ebrard, Santiago Nieto y el mismo secretario Durazo, que aparecieron mencionados como objetivos de atentados, y este viernes mismo el presidente López Obrador volvió a decir que desde hace 10 días supieron de la amenaza contra García Harfuch. Y hay quien dice que en esa misma llamada aparecía también el nombre del Gobernador de Jalisco. Si eso es real y nadie le avisó desde ese momento a Enrique Alfaro que corría peligro, el asunto sería más que delicado… Se baten los dados. Serpiente doble.

02 Julio 2020 04:07:00
Marcelo y Videgaray, ¿dos apuestas por Trump?
En el viaje que emprenderá López Obrador la próxima semana con rumbo a la Casa Blanca, está evidentemente la mano de Marcelo Ebrard. El canciller no es solo el traductor oficial del Presidente sino también el cerebro que maquinó, planeó y organizó la que será la primera visita oficial del Mandatario mexicano a Donald Trump, el Presidente estadunidense que hoy está en franca campaña por la reelección.

Junto al yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, Ebrard realizó todas las gestiones, consultas y cruces de agenda para afinar este primer encuentro en el que se celebrará, una semana después de iniciado, el arranque del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, que aunque se trata de un acuerdo trilateral, no contará en la improvisada ceremonia de inicio con la presencia del primer ministro de Canadá y será solo un acto encabezado por Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, luego de que Justin Trudeau no confirmara a las insistentes invitaciones del Gobierno de México para que acudiera también a la Casa Blanca.

El propio presidente López Obrador reconoció que hay “riesgos” en esta visita por el momento en el que ocurrirá, a escasas dos semanas de que Donald Trump arrancara su campaña como candidato presidencial del Partido Republicano, y es seguro que fue el mismo Ebrard quien le alertó de esos riesgos que debieron evaluar y sopesar muy bien antes de decidir hacer el viaje. Un político con la experiencia y el colmillo del secretario de Relaciones Exteriores, sabe bien que como decía su admirado Daniel Cosío Villegas, en política y en este viaje, “la forma es fondo” y que, por más que se declare que no es el objetivo ni el interés de este encuentro, la imagen del Presidente mexicano junto al Presidente (y candidato) Trump tendrá un impacto innegable en el ambiente electoral estadunidense.

En ese sentido Marcelo Ebrard parece actuar hoy igual que en su momento lo hizo Luis Videgaray Caso cuando, en plena campaña presidencial en Estados Unidos, invitó a México a Donald Trump y lo llevó hasta Los Pinos el 31 de agosto de 2016. Entonces, como ahora, Trump era el candidato republicano que iba abajo en las encuestas y también aquella visita fue operada y negociada por Videgaray con Jared Kushner, como ahora lo hizo Marcelo. Las dos reuniones, la de hace cuatro años con Peña Nieto y la de ahora con López Obrador, las propuso Trump porque igual ahora que entonces el encuentro le sirve más al candidato republicano, por su desventaja en las encuestas, que al Presidente de México.

No hay nada que haga pensar que Donald Trump no tratará de aprovechar la presencia de López Obrador para mandar un mensaje a los votantes latinos y a los indecisos en Estados Unidos para que entiendan que él tiene perfectamente dominadO y bajo control a México. Parece que las condiciones y el contexto se repiten en estos dos encuentros entre presidentes de México y Estados Unidos, y ante esas similitudes es difícil pensar que el resultado y la interpretación que se dé a la primera reunión Trump-López Obrador no sea la misma que en su momento tuvo la visita del republicano a Los Pinos: México y su Gobierno están apostando por la candidatura y por la reelección de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos.

Por lo demás, Luis Videgaray nunca negó haber sido el cerebro detrás de aquella polémica y cuestionada visita de la que convenció a Peña Nieto, tal y como ahora lo ha hecho Marcelo Ebrard. Sería bueno saber si también el Canciller asumirá después, si las hay, las consecuencias y lecturas que tenga la presencia de López Obrador en la Casa Blanca y si su apuesta en este caso tiene que ver también con sus aspiraciones presidenciales futuras. Está por verse cómo cae en el comité de campaña de Joe Biden y en el Partido Demócrata la reunión; solo falta saber si a Marcelo le sale tan bien la jugada como le resultó a Luis y si su apuesta resulta ganadora, porque si no es así los costos no los pagará solo el canciller, sino el país… Dados girando. Escalera doble.

01 Julio 2020 04:07:00
Tomás Zerón, ¿prófugo en Canadá?
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, nos dijo ayer martes en radio que ya saben a dónde huyó Tomás Zerón y que tienen confirmada la ubicación actual del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la desaparecida PGR, a quien se le libró orden de aprehensión por delitos contra la justicia y que incluso planean ya la solicitud de extradición al Gobierno del país extranjero a donde huyó el exfuncionario al que pedirán devolver a México.

El mexiquense Zerón será la pieza clave para una de las rutas que está tomando la FGR en las nuevas investigaciones del caso Ayotzinapa que van, por un lado contra funcionarios de los tres niveles de Gobierno que entorpecieron y distorsionaron las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas con prácticas de tortura, detención arbitraria, siembra de pruebas y violaciones de procedimiento, y por otro lado contra las organizaciones del crimen organizado que cometieron la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en donde el otro personaje clave es el líder de Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, capturado la semana pasada en Metepec, Estado de México.

En el caso de Zerón, las imputaciones de la Fiscalía no son solo por la siembra de restos humanos en el Río San Juan, que quedó documentada en video aquel 28 de octubre de 2014, cuando el entonces director de la AIC fue visto en las márgenes del río junto con Agustín García Reyes, un detenido por el caso Ayotzinapa, que fue llevado hasta ese lugar sin ninguna diligencia oficial ni orden de traslado por parte de un juez. A eso se le añaden varias acusaciones relacionadas con las detenciones arbitrarias de varios testigos y acusados que no fueron presentados al Ministerio Público, además de que también se le acusa de estar detrás de las confesiones obtenidas bajo tortura y de otras irregularidades que afectaron el debido proceso y que fueron parte de la llamada “verdad histórica” que impidió llegar a conocer el paradero de las víctimas.

Zerón es, en ese sentido, la punta de la madeja de un entramado de decisiones y acciones que, desde las instancias gubernamentales sobre todo del Gobierno federal y de la antigua PGR, torcieron y ensuciaron la indagatoria oficial hasta convertirla en un laberinto complicado y que, más que apuntar hacia conocer las verdaderas motivaciones de la desaparición forzada y el posterior destino de los normalistas, pretendieron ajustar y orientar las investigaciones para que coincidieran con una versión oficial que nunca quiso ahondar en la participación directa o indirecta de instituciones del Estado mexicano en un crimen cometido en conjunto por el narcotráfico y las corporaciones oficiales que lo protegieron y encubrieron.

Hoy que está prófugo, hay versiones de fuentes cercanas al exfuncionario que indican que habría huido y que incluso el amparo que solicitó la semana pasada lo hizo a través de los abogados porque ya se encontraba fuera. Según esas fuentes, Zerón estaría en una ciudad de Canadá, a donde voló tratando de evitar su detención y porque el Gobierno canadiense es uno de los más escrupulosos en temas de extradición y que el Tratado vigente con México contiene cláusulas que pueden inhibir la entrega de un acusado si se argumenta persecución política, como ocurrió con el caso del hoy senador Napoleón Gómez Urrutia.

Con todo, el fiscal Gertz Manero se dice totalmente seguro de que va a lograr la extradición de Tomás Zerón, tal como acaba de lograr una que parecía también muy complicada: la de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex que finalmente aceptó allanarse a ser traído desde España a México para ser enjuiciado. Veremos si se confirma primero que Zerón está en Canadá y la respectiva solicitud para extraditarlo; en todo caso se trata de otro encumbrado peñista que también fue parte y actor en la corrupción, en este caso del sistema de procuración de justicia, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.



30 Junio 2020 04:08:00
Un viaje incómodo e inoportuno
Tanto se tardó Andrés Manuel López Obrador para decidirse a realizar su primer viaje como Presidente a los Estados Unidos y la que también será su primera salida al extranjero, que ahora que al fin se decidió su salida está levantando polémica dentro y fuera de país.

Los cuestionamientos al momento en el que el Presidente mexicano arribará por primera vez a la Casa Blanca para encontrarse con Donald Trump han surgido lo mismo de la campaña del candidato demócrata a la Presidencia estadunidense, Joe Biden, que del Congreso mexicano en voz del diputado oficialista Porfirio Muñoz Ledo y hasta de organizaciones de mexicanos que viven en EU.

Todos coinciden en calificar la visita de López Obrador como “inoportuna” porque tendrá lugar justo en el arranque de la contienda presidencial en la que su anfitrión en la Casa Blanca, el presidente Trump, es un competidor que además arranca con casi 20 puntos de desventaja y está urgido de cualquier cosa que le ayude a levantar su campaña reeleccionista.

Y aunque el Mandatario de México insiste en que él no va a Washington a apoyar a ningún candidato ni a meterse en asuntos de la política estadunidense, sino a participar en el arranque del T-MEC, que se inicia formalmente este 1 de julio, la realidad es que una imagen suya al lado del candidato republicano tendrá, por más que no se quiera, una lectura política en el ambiente electoral que ya vive Estados Unidos.

“Va a ser una reunión política, en el buen sentido de lo que es la política. Voy a un viaje que tiene que ver con mis facultades que me otorga la Constitución política de México”, dijo ayer lunes el Presidente al defender su viaje a la capital estadunidense.

“¿Pero reconoce que será percibida de manera electoral?”, le preguntaron los reporteros. “Sí, pero nosotros tenemos una tradición de política exterior de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de cooperación para el desarrollo, yo me tengo que ajustar a eso, no soy igual que otros, yo voy a representar a México en un asunto que considero fundamental para el desarrollo de la economía”, respondió López Obrador quien dijo no tener “problemas de conciencia” porque a diferencia de sus antecesores, “no soy un vendepatrias”.

Lamentablemente no todos ven este viaje con la óptica del Presidente mexicano. “Esta visita (que podría llevarse a cabo entre el 4 y 6 de julio para evitar a los demócratas) es un esfuerzo para distraer de las fallas que ambos líderes han tenido en responder a la pandemia del coronavirus”, expresó Juan S. González, exasesor del candidato Joe Biden para América Latina, quien criticó que López Obrador vaya a EU cuatro meses antes de las elecciones presidenciales en ese país, en donde uno de los candidatos es precisamente Biden, y también lamentó que el expresidente Enrique Peña Nieto recibiera a Trump durante la campaña presidencial en Estados Unidos de 2016.

También aquí en el país y en su propio partido, Morena, hay quienes califican de “inoportuno” su primer viaje a Estados Unidos. “Distintas vertientes de opinión coinciden en lo inoportuno del viaje del Presidente a Washington, cuando Trump es repudiado mundialmente por su maniaco racismo contra los afroamericanos, pero también contra los nuestros”, escribió el viernes pasado el diputado Porfirio Muñoz Ledo en su cuenta de Twitter.

“La entrada en vigor del T-MEC parece un pretexto, ya que es difícil que el canadiense Trudeau asista”, agregó el legislador morenista quien citó a “algunos embajadores, como Agustín Gutiérrez Canet (tío de Beatriz Gutiérrez Müller) lo consideran ‘un error histórico’ que exhibe las prisas futuristas en los dos lados de la frontera”.

Los mexicanos que viven en EU y que apoyaron en campaña a López Obrador, también ven riesgoso que el Mandatario mexicano vaya justo ahora a Washington. “Actualmente existen 32 millones de votantes latinos que podrían definir la elección de noviembre. La presencia de López Obrador en Washington podría inclinar algunos de esos votantes en favor de Donald Trump”, expusieron varias organizaciones de connacionales radicados en el vecino país en una carta que le mandaron al canciller mexicano Marcelo Ebrard.

“Le exhortamos a posponer la visita del Presidente hasta después de noviembre cuando exista un presidente electo, y tenga la oportunidad de dirigirse al Congreso estadunidense, como corresponde a un Jefe de Estado”, dijeron organismos como la Red de Poblanos en Nueva York, el Frente Indígena Binacional, la Unión Cívica 1 de Mayo y el Frente de Inmigrantes Chicago, entre otras.

Pero contra todas esas opiniones, López Obrador ha dicho que irá a la Casa Blanca “a pesar de los riesgos” porque él no es un “vendepatrias” y el arranque del T-MEC es fundamental para iniciar la recuperación económica después de la crisis del Covid-19, además de que quiere agradecerle a Donald Trump “lo bueno que ha sido con México”.

Veremos, pues, cómo cae y cómo se interpreta, en el agitado ambiente político estadunidense, una fotografía en estos momentos de Donald Trump y López Obrador dándose la mano. Ya hubo un presidente que se equivocó al reunirse con Trump en plena campaña y el error le costó mucho a Enrique Peña Nieto y al mismo país por el enojo de los demócratas. Esperemos que no haya un segundo presidente que, queriendo o no, cometa el mismo error.

29 Junio 2020 04:09:00
A grandes males, los mismos remedios
En dos videos distintos, pero en el fondo iguales, este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador desencantó sobre las respuestas que dará su Gobierno a dos situaciones inéditas y graves para los mexicanos. Por un lado, ante la crisis económica más grave y profunda que hayamos vivido, el Ejecutivo solo tiene “optimismo” y jura, basado en sus datos y en sus pronósticos —siempre desacertados—, que “vamos a salir muy rápido porque ya tocamos fondo” en una “v” imaginaria que solo él ve y sin ningún tipo de apoyo a las empresas y solo “a la gente de abajo”.

Y luego, ante el desafío brutal que le lanzó el crimen organizado y más concretamente Nemesio Oseguera “El Mencho” y su Cártel Jalisco Nueva Generación, que prácticamente le declaró la “guerra” al intentar asesinar al jefe de la Policía de la CDMX en plena capital de la República, el jefe del Estado saca una banderita de paz, tan blanca y campechana como las guayaberas que luce en sus videos, mientras dice que “no habrá guerra” contra los narcos y que su estrategia de seguridad seguirá inamovible, tratando de ganarle al “Mencho” y al resto de capos sanguinarios con los 3 mil pesos que les da a los jóvenes y con sus programas sociales como arma contra el sicariato.

Su estrategia claramente no ha dado resultados y los casi 40 mil muertos en año y medio de Gobierno no pueden ser ningún indicador de que sus programas y apoyos sociales y económicos a la población más vulnerable funcionen también como programas preventivos del delito que claramente no son. Pero lo más grave es que ante la percepción cada vez más generalizada de un Gobierno débil, que aunque en el discurso diga que “no vamos a negociar como antes con el crimen organizado”, en la realidad se muestra totalmente complaciente y hasta permisivo con los violentos cárteles de la droga.

Si ya la reciente confesión presidencial de que “yo ordené la liberación” de Ovidio Guzmán había confirmado esa debilidad ante el Cártel de Sinaloa, la tibia e inocente respuesta al ataque perpetrado por el CJNG en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México genera más dudas que certezas sobre la capacidad y la fuerza de este Gobierno para controlar y someter a las violentas organizaciones del narcotráfico que siguen siendo las principales generadores de la violencia en toda la República. Y no es que nadie quiera que volvamos a la guerra sanguinaria de Felipe Calderón, pero aun en una estrategia que privilegie la inteligencia y los golpes financieros al crimen organizado, hay momentos en que el Estado en su conjunto y el Presidente como su jefe máximo, tienen que mandar un mensaje de fuerza y dejarle claro, a los criminales y a la sociedad, quién está al mando y quién tiene el poder.

Porque hoy en México, con la violencia cotidiana que se refleja en masacres con decenas de cuerpos asesinados por las pugnas territoriales de los cárteles, liberaciones de capos detenidos, asesinatos de jueces y atentados en pleno corazón de la República contra un jefe policiaco, no está nada claro quién manda: si el que despacha, habla y graba sus videos en Palacio Nacional o los que son capaces de movilizar ejércitos fuertemente armados y de ordenar atentados y ataques de tipo terrorista para amedrentar a la población. ¿Quién es la roca en el zapato para quién?
27 Junio 2020 04:03:00
Omar sabía que ‘El Mencho’  andaba tras sus pasos
La manera valiente y decidida con la que Omar García Harfuch ordenó a sus colaboradores subir un mensaje a su cuenta personal de Twitter, cuando ya estaba herido con tres balazos y esperando entrar al quirófano para una operación de emergencia tras el brutal atentado que sufrió la mañana de este viernes, confirma que el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX sabía muy bien quién era su agresor, quién había dado la orden y por qué habían intentado aniquilarlo: el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

“Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando”, decía el mensaje que, a través de las redes sociales, había dictado, desde el Hospital Médica Sur, el funcionario herido y a punto de ser intervenido. No había ni duda ni temor en sus palabras y lo que sí había era su decisión de mandar el mensaje de que seguía vivo y que no iba a rendirse ni a dejarse amedrentar por el manotazo violento del narco más sanguinario y buscado de México.

La seguridad y contundencia con la que Omar hizo su acusación –muy distinta al tono vacilante con el que más tarde el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, diría que “es una hipótesis”– tenía razones y motivos de fondo. García Harfuch sabía que no solo ha golpeado fuertemente a los grupos de narcotráfico capitalino, la Unión Tepito y la Antiunión, brazos operativos del CJNG para el narcomenudeo, sino que él había coordinado y dirigido las investigaciones que llevaron a la detención de Rubén Oseguera “El Menchito”, el 23 de junio de 2015, cuando era titular de la División de Investigación de la Policía Federal; que él detuvo en 2017 a Dámaso López “El Licenciado” en la capital, justo cuando había hecho una alianza con el CJNG; y sabía también que varios de los operativos en los que se estuvo a punto de capturar a “El Mencho” en la Sierra Sur de Jalisco y en Puerto Vallarta, habían sido coordinados por él, primero desde la PF y luego como director de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR.

Por eso no fue sorpresa que el nombre del secretario de Seguridad capitalino apareciera junto a la lista de funcionarios del Gabinete federal que planeaban atacar y atentar los del CJNG, de acuerdo con la grabación de una llamada interceptada a operadores de Nemesio Oseguera por áreas de inteligencia federal y cuyo contenido fue dado a conocer en la reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional el jueves 11 de junio, según reveló el columnista de El Universal, Raúl Rodríguez, en su columna del pasado 17 de junio.

Omar fue informado de esas amenazas dirigidas también hacia Marcelo Ebrard, Santiago Nieto y el mismo Alfonso Durazo, y sabía que detrás de la intención del “Mencho” hay toda una historia.

A mediados de 2019, cuando acababa de renunciar como director de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, Omar García Harfuch fue buscado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien lo invitaba a sumarse a su Gabinete de seguridad en el estado.

La propuesta de Alfaro, que apelaba no solo a la fama de “buen policía e investigador eficiente” que precedía a Omar, sino también a sus raíces jaliscienses –nieto de Marcelino García Barragán e hijo de Javier García Paniagua– era que García Harfuch creara y dirigiera la nueva Policía Metropolitana de Guadalajara y desde ahí asesorara los temas de seguridad en la entidad.

La oferta era atractiva para Omar García, quien venía de renunciar a una relación de altibajos con el fiscal Alejandro Gertz Manero, que lo veía como un funcionario eficiente, pero le tenía cierto recelo por haber sido parte del Gobierno de Peña Nieto y no apoyaba la política de golpes y detenciones a capos del narco, que difería de la política del nuevo Gobierno de López Obrador.

El exdirector de la AIC ya había tenido contactos con Claudia Sheinbaum, quien le había pedido que le hiciera un diagnóstico sobre la problemática de seguridad en la CDMX, pero no lo había invitado aún a ser parte de su equipo. Pero en el balance entre aceptar la oferta de Enrique Alfaro y apostarle a ser parte del Gobierno de la CDMX, el joven policía no tenía duda: “Yo quiero ser secretario de Seguridad Pública, primero porque tengo un plan muy claro sobre lo que hay que hacer, que es ir contra los grupos de narcotráfico que han desatado la violencia en la ciudad, y también porque en esa posición estuvo mi padre y es una meta personal”, decía entonces García Harfuch.

Y cuando comentaba el interés también de ir a Jalisco siempre tenía una sola duda: “Me encantaría ir allá y crear una nueva policía, pero sé que allá estaría más expuesto, porque es la tierra del CJNG y yo sé que ‘El Mencho’ no me quiere por los golpes que le hemos dado y por la persecución en su contra”.

La forma en que resolvió ese dilema hoy es de todos conocida: en junio de 2019 fue nombrado Jefe de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX y se integró así al equipo de Claudia Sheinbaum y de Ernestina Godoy.

Tres meses y varios casos resueltos y detenciones después –el sacerdote que asesinó al joven Leonardo Avendaño, y cuatro de los asesinos del estudiante Norberto Ronquillo–, la jefa de Gobierno lo nombró secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, a donde llegó para reconocer por primera vez la existencia de “grupos del narcotráfico en la Ciudad de México que operan bajo la misma lógica de los cárteles y que han desarrollado un alto poder de violencia”.

Omar sabía muy bien que las garras del “CJNG” se habían extendido hasta la CDMX y que la detención que hizo el 12 de febrero de este año de Carlos Fernando Huerta Núñez, “El Viejón”, operador personal de Nemesio Oseguera, habían irritado al capo sanguinario, pero tal vez creyó, ingenuamente como muchos, que no se atreverían a atacarlo en la capital de la República.



El brazo del ‘Mencho’ llega hasta la CDMX

El ataque inédito a un secretario de Seguridad de la capital del país no es solo una expresión más de lo impunes e intocables que se sienten los capos del crimen organizado. Ocurrido justo dos semanas después de que el 12 de junio se desataran rumores sobre una supuesta detención o muerte de “El Mencho”, desmentidos después por el Presidente, el ataque y la forma en que lo planearon y ejecutaron, incluso en un lugar residencial y altamente vigilado como el Paseo de la Reforma y las Lomas de Chapultepec, lleva todo un mensaje de quién lo ordenó y equivale a una declaración de guerra al Estado mexicano en general y al Gobierno de López Obrador en particular.

La respuesta que le den las autoridades federales a quienes intentaron ejecutar al funcionario capitalino será tan determinante y significativa para medir la fortaleza y la capacidad de este Gobierno, como lo fue en su momento la decisión de liberar a Ovidio Guzmán.

Porque si no hay una respuesta de fuerza puntual y contundente y si el Gobierno de López Obrador no golpea al “CJNG” con la misma fuerza, entonces el mensaje de impunidad será muy delicado y peligroso.

Porque hacia arriba, después del secretario de Seguridad, solo sigue la Jefa de Gobierno y por arriba de tres integrantes del Gabinete, solo queda el Presidente… Los dados mandan Serpiente doble. Semana negra.



25 Junio 2020 04:02:00
Radicales vs. moderados en Morena
Las pugnas sistemáticas y comunes en Morena ya no son solamente entre las tribus internas y por el control de la dirigencia nacional; ahora, emerge una nueva disputa interior por el poder y hasta por la sucesión anticipada y que amenaza con volverse una fractura: los radicales del morenismo van con todo en contra de los pocos moderados que quedan en el movimiento lopezobradorista e intentan eliminar cualquier expresión de moderación que no comulgue con las posiciones de la izquierda más radical.

La última embestida de los duros radicales de Morena la lanzó ayer miércoles el académico de origen estadunidense John Ackerman, quien pidió en un mensaje a la bancada de Morena en el Senado, la destitución del coordinador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. La razón para tamaña petición de alguien que ni senador es, fue porque Monreal se atrevió a asistir a una entrevista con Carlos Loret, el mismo que revelara en un reportaje el patrimonio inmobiliario que en unos pocos años y con sueldos de académicos lograron construir Ackerman y su esposa, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Del estridente e intolerante Ackerman, quien además trata de desviar la atención sobre la exhibición de sus propiedades y riqueza patrimonial de su matrimonio, podría entenderse el golpe al líder del Senado; pero el académico de la UNAM e ideólogo del radicalismo de izquierda no va solo y su ataque representa a toda una corriente que hoy ve en Monreal no solo a un político moderado y cercano al presidente López Obrador, que además tiene interlocución lo mismo con todos, sino también lo ven como un presidenciable de Morena que estorba a los planes y ambiciones de la izquierda radical. Ven a Ricardo Monreal como un “negociador” con grupos que ellos detestan y quisieran eliminar como los empresarios, los comunicadores críticos y hasta los dirigentes de la oposición.

Curiosamente el mismo día que le enderezan esta andanada a Monreal, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al senador zacatecano para hablar de los temas que se tratarán en el periodo extraordinario del Senado, en lo relativo a las leyes que se modificarán para la entrada en vigor del T-MEC y otros asuntos que aún requieren de consensos y negociaciones con la oposición. En ese encuentro, López Obrador le pidió al líder senatorial que fuera “un puente” para retomar el intercambio interrumpido con los empresarios tras las desencuentros que provocó la crisis por el Covid-19.

Entonces el verdadero fuego amigo en contra del zacatecano no viene de Palacio Nacional sino tal vez de los sótanos de la izquierda más radical que encuentra en la intolerancia y la supuesta lealtad a muerte contra una de los suyos, el pretexto perfecto para embestir contra la figura presidenciable que es el líder del Senado como la oportunidad de eliminar a un competidor para la aún lejana sucesión presidencial.

La pugna entre radicales y moderados en Morena ya tiene que ver no solo con controlar y manejar al partido y sus millonarios recursos, sino que también se pelean las cuotas y codiciadas candidaturas para las elecciones de 2021 y por supuesto el control del Gobierno de López Obrador desde donde pretenden no solo instaurar una “revolución” cada vez más radical y polarizante, sino también definir quién sería el candidato que busque en el 2024 mantener el poder en manos de la izquierda más radical de Morena ….Los dados mandan Capicúa. Repetimos el tiro.


24 Junio 2020 04:03:00
Trump ya espera al ‘buen tipo’ de México
En su segunda gira por la reelección el presidente Donald Trump, llegó ayer lunes a la frontera con México y desde Yuma, Arizona, presumió los avances de su “poderoso y hermoso” muro fronterizo. Volvió a agradecerle al presidente López Obrador, al que se refirió como un “buen tipo”, que le cuide con hasta 28 mil soldados mexicanos la frontera con Guatemala “asegurándose que no crucen” los centroamericanos. Y contra lo dicho en Palacio Nacional, de que no hay aún nada definido ni seguro, Trump dio por un hecho que el Mandatario mexicano “va a venir muy pronto a Washington, a la Casa Blanca”.

Es la primera vez que el Presidente de Estados Unidos se refiere al que sería su primer encuentro personal y oficial con López Obrador y lo hace justo el mismo día que el canciller Marcelo Ebrard declaraba por la mañana que “hasta el día de hoy no se tiene nada establecido”, sobre el posible viaje del Presidente de México a la capital estadunidense para la puesta en marcha oficial del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

Pero la euforia con la que Trump celebraba la posible visita de López Obrador, no es compartida del lado mexicano. Apenas el 10 de junio, el Presidente mexicano dijo que veía muy difícil ir a encontrarse con Trump. Por lo pronto, Trump y López Obrador vuelven a coincidir en algo: ya no quieren saber nada del coronavirus, al que cada vez evitan más en sus discursos.

Ya no se muestran preocupados y mucho menos ocupados por la gravedad del problema, además de que ninguno de los dos asume la responsabilidad de un manejo errático y de decisiones tardías de sus gobiernos.

Para Trump, su campaña arranca en franca desventaja, con cerca de 14 puntos abajo en las encuestas que encabeza el candidato demócrata Joe Biden; para López Obrador la profunda recesión de la economía por la crisis del coronavirus, el incremento del desempleo y la inseguridad y violencia del narcotráfico y los feminicidios que siguen aumentando, constituyen un clarísimo handicap en contra que el Mandatario nacional quiere remontar lanzando una agresiva campaña de polarización y contraste contra sus opositores, a los que descalifica y sataniza por querer aliarse en su contra (porque sabe que una gran alianza de oposición le ganaría las elecciones), mientras desacredita anticipadamente a los órganos electorales como el INE y advierte del riesgo de un “fraude” en su contra.

Sería más que interesante ver la fotografía de estos dos personajes juntos, si es que en algún momento coinciden físicamente, porque en sus posiciones y estilos de gobernar –aunque se digan ideológicamente opuestos y de orígenes muy distintos– cada vez son más las coincidencias: los dos saldrán más que desgastados y dañados de la crisis del coronavirus; ambos mantienen firme y fuerte su base política y electoral, pero han perdido popularidad y simpatías en amplios sectores de sus sociedades y lo mismo Trump que López Obrador hoy se ven algo desesperados porque se sienten amenazados por una elección, el 1 en noviembre y el segundo en julio de 2021, de la que depende la continuidad de su proyecto de Gobierno y su supervivencia política... Se agitan los dados. Otra escalera.
23 Junio 2020 04:03:00
Gabinete: enroques y ajedrez electoral
El extraño enroque anunciado el lunes por el presidente López Obrador, en el que saca a Rabindranath Salazar del Banco del Bienestar para meter a Diana Álvarez Maury, mientras al senador morelense lo manda a la subsecretaría de Gobernación, es el inicio de los movimientos de ajedrez político en el Gabinete con miras a las elecciones de 2021. Si al presentar al Boa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dio el banderazo de salida a la lucha electoral, ayer con este intercambio de posiciones comienza a mover sus fichas y alfiles para la batalla que sabe decisiva: la mayoría en la Cámara de Diputados y de las 15 gubernaturas en disputa.

Rabindranath es un político cercano al Presidente y a su principal operador Gabriel García Hernández. Trabaja de cerca con ambos desde antes de que se fundara Morena y fue de los perredistas que no dudaron en seguir a Andrés Manuel en su nuevo proyecto.

Fue el senador con licencia por Morelos quien contrató como asesores y contratistas en ese proceso de ampliación del Banco, a los tabasqueños Carlos Cabal Peniche, exbanquero beneficiado por el Fobaproa, y Alejandro del Valle, exoperador de programas electorales con Arturo Montiel, en una maniobra autorizada también por Gabriel García Hernández. Hoy que el Presidente lo saca de ahí para mandarlo a Gobernación, el movimiento dista mucho de ser un “castigo” y más bien parece una salida estratégica para que Salazar vaya a operar ahora desde una posición política y, de paso, a reforzar con un hombre cercano al Presidente al maltrecho y maltratado equipo de la secretaria Olga Sánchez Cordero.

En ese sentido, la llegada de Salazar a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático sin duda está ligada a las recientes renuncias de Mónica Maccise al Conapred y Mara Gómez a la CEAV, las cuales molestaron mucho al Presidente.

Hay finalmente otra interpretación de la llegada de Salazar a una posición política después de estar como director de la banca social. El senador morelense fue originalmente enviado como superdelegado a Morelos, luego de que su candidatura a Gobernador, que ya estaba definida, le fue arrebatada por la alianza de Morena con Cuauhtémoc Blanco y el PES. Luego cuando llegó como delegado al estado, la animadversión y rechazo del Gobernador fueron tan fuertes que hasta le pidió su cambio inmediato al Presidente. Hoy, cuando Cuauh-

témoc se acerca a cumplir los dos años en diciembre próximo y solo le faltaría un año para poder ser sustituido sin necesidad de convocar a elecciones, Rabindranath, desde Gobernación podría ser un sustituto natural para Morelos.

Sobre la llegada de Diana Álvarez Maury al Banco del Bienestar, esa decisión parece estar más basada en la incondicionalidad y la fidelidad total de la subsecretaria que carece de toda experiencia financiera, pero que podría ser una colaboradora cómoda para la estrategia de Gabriel García que se va a operar desde la red de sucursales del Banco del Bienestar en el manejo del efectivo de los programas sociales. Si Diana Álvarez fue igual candidata a la Corte, en donde hizo un papel casi testimonial en aquella terna donde la lucha siempre fue entre la hoy ministra Margarita Ríos y la jurista Ana Laura Magaloni, hoy la nueva directora del banco social igual puede ser una pieza operativa y flexible en la institución financiera que dispersará el dinero a las bases lopezobradoristas.

Así que si el Presidente ya no piensa ni habla de la pandemia del coronavirus, a pesar de que seguimos teniendo cifras récord de contagios y de muertes por el Covid, es un hecho que sí está pensando y, evidentemente hablando, de muchos otros temas, la mayoría de ellos distractores y golpes de efecto para entretener al pueblo bueno y también a sus opositores, mientras debajo de la mesa mueve sus fichas en el tablero político y electoral, como acaba de hacerlo en el Gabinete.

22 Junio 2020 04:00:00
La austeridad que quitó  seguridad a los jueces
El reciente asesinato del juez federal Uriel Villegas y su esposa, ocurrido en Colima la semana pasada, puso al descubierto la forma en que la malentendida “austeridad” dejó indefensos a los jueces y magistrados a los que se les recortaron los apoyos económicos para gasolina y viáticos para sus escoltas, lo que orilló a muchos de los juzgadores a renunciar a la prestación de las medidas de seguridad que, si bien les eran proporcionadas con camionetas y guardias asignados, tenían que cubrir ellos con su sueldo el pago de combustibles y alimentos para el equipo de seguridad.

Y es que la asignación de medidas de seguridad a jueces y magistrados que llevan casos relacionados con delincuencia organizada, que está contemplada en la propia Ley del Consejo de la Judicatura y que se otorga a través de la Comisión de Vigilancia, se modificó en octubre de 2018 cuando, a propuesta de la entonces consejera Martha María del Carmen Hernández, se eliminó la partida de apoyos económicos que se les otorgaba a los juzgadores para el pago de gasolina y viáticos a las escoltas que tenían asignadas para resguardarlos.

La entonces consejera, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, consideró que el Consejo de la Judicatura no tenía por qué “pagar doble” por la seguridad otorgada a los jueces y magistrados y propuso eliminar el apoyo económico que se le entregaba a cada funcionario que recibía una escolta y que servía para pagar la gasolina y los viáticos de los escoltas asignados.

Según el razonamiento del acuerdo que propuso Martha María del Carmen, la Judicatura solo debía otorgar las escoltas, las camionetas blindadas y los chalecos antibalas y que cada juzgador pagara de su sueldo el mantenimiento del equipo de seguridad.

A raíz de que el Pleno aprobó esa medida “de ahorro”, varios juzgadores comenzaron a protestar y a regresar en 2019 los equipos de seguridad que tenían asignados ante la negativa a invertir cerca del 10% o 20% de su sueldo mensual, cerca de 20 mil pesos para pagar de su bolsillo la gasolina y los viáticos para alimentación de los guardias asignados.

Ese fue el caso por el que el juez Uriel Villegas, al igual que lo hicieron muchos otros, decidió regresar y declinar a las escoltas que tenía asignadas en el oficio que mandó el 21 de febrero de 2019, cuando aún era juez de Amparo adscrito al juzgado del Penal de Puente Grande Jalisco.

A ese acuerdo se refería Uriel Villegas cuando cita en su oficio de declinación el “Artículo 36, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que regula la asignación, empleo y retiro de medidas de seguridad a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación”.

A raíz de las protestas de los jueces el presidente de la Comisión de Vigilancia, Jorge Cruz Ramos, propuso en 2018 otro acuerdo para regresarles los apoyos económicos a los funcionarios judiciales pero el tema se dejó pendiente de revisión y a mediados de 2019, con el cambio de consejeros que terminaban su encargo y la nueva integración del pleno de la Judicatura Federal, ya en plena cuarta transformación la mayoría de consejeros decidieron retirar ese punto con el argumento de la nueva “austeridad republicana”. La paradoja es que el presupuesto de la Judicatura nunca sufrió ningún recorte del Poder Legislativo aún en la actual Administración.

Situaciones como esta, que les costaron la vida al juez Villegas y a su esposa, han hecho que entre los jueces y magistrados se vuelva una queja común y constante que “nunca en ningún Gobierno se habían sentido tan maltratados”.

Y es que con tanta “austeridad malentendida” y con medidas que lejos de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial lo entorpecen y lo afectan, los juzgadores terminan sintiéndose abandonados por el Estado que debería protegerlos. Tal vez a eso se refirió el presidente de la Corte y del CJF, Arturo Zaldívar, cuando calificó de “crimen de estado” el brutal doble homicidio ocurrido en Colima. Un Estado que, por ahorrarse unos cuantos pesos en gasolina y viáticos, termina dejando en la indefensión a sus jueces ante las garras del crimen organizado.

20 Junio 2020 04:07:00
AMLO les mete freno a los gobernadores
La orden del presidente López Obrador a su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue terminante: “Ningún aval a los gobernadores para contratar deuda o créditos. Lo quieren para las elecciones, no para el Covid, así es que si acaso hasta después de la elección (de 2021) que se les dé el aval”.

La instrucción presidencial, que mete freno a los créditos solicitados por varios gobernadores de oposición que ya obtuvieron incluso autorización de su Congreso local, parte de la desconfianza y la idea de que los mandatarios estatales no sólo “no se aprietan el cinturón”, como él se los ha pedido, sino que además planean meter las manos en las votaciones del próximo año en sus estados.

El primer “frenado” en sus intenciones de contratar 4 mil 600 millones de pesos de endeudamiento para su estado, con el argumento de la crisis del Covid-19, fue el panista Francisco García Cabeza de Vaca, a quien la Secretaría de Hacienda ya le negó el aval federal para que los bancos le dieran los créditos que ya tenía autorizados y que ahora no podrá contratar porque la Ley de Deuda Pública y Disciplina Fiscal le exige contar con la firma del titular de la SHyCP.

Bajo la misma orden, Herrera podría frenar también la deuda solicitada por Enrique Alfaro de 6 mil 200 millones de pesos, y los 5 mil 350 que pretende solicitar el Gobierno de Guanajuato, a cargo del panista Diego Sinhué Rodríguez, si les niega el aval de Hacienda.

La decisión de López Obrador, que es casi una declaratoria de guerra ante los reclamos y quejas de los gobernadores que le demandan “recursos extraordinarios para la pandemia de Covid” y revisión del Pacto Fiscal, la tomó esta semana, luego de que en una reunión con su Gabinete de Seguridad le mostraron un informe de inteligencia federal sobre los aviones privados en los que viajaron seis de nueve gobernadores del PAN que acudieron el sábado 13 de junio a la reunión del GOAN en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

“Con razón no les alcanza el presupuesto”, dijo con sorna el Presidente a sus colaboradores cuando le enseñaron las fotos de los Learjet, Turbo Comander, Cessna, Hawker y Turbohélice, entre otras aeronaves en las que arribaron los mandatarios de Chihuahua, Javier Corral; Baja California, Carlos Mendoza; Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; Durango, José Rosas Aispuro; Yucatán, Mauricio Vila; y Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Unos eran rentados y otros propiedad de sus gobiernos.

Fue por ese informe, que contenía detalles de los modelos de avión, matrículas, fotografías y horas de salida y llegada de cada uno de los mandatarios panistas, que el 16 de junio, durante su gira por Tlaxcala, el Presidente soltó el comentario sobre “esos que se reunieron, todavía tienen los aviones privados y están contratando deuda, y siguen gastando como si viviésemos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos, no se aprietan el cinturón”, dijo tras aclarar que es legítimo que los gobernadores del PAN se reúnan pero les pidió que no culpen después al Gobierno federal porque no les alcanza el presupuesto.

En ese mismo discurso, el Presidente expresó su desconfianza de que el dinero que están pidiendo como deuda los estados, lo quieran para influir en las elecciones de 2021. “No vamos a permitir que haya fraude, desde luego no se va a permitir que ningún funcionario se involucre, participe en procesos electorales; me refiero a funcionarios, servidores públicos federales. Pero también vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres, que no estén pensando –lo digo con toda franqueza– los gobernadores que no se va a meter el Gobierno federal, pero que ellos sí van a poder aplicar prácticas de compra de voto, de acarreo, de reparto de dádivas, ahí sí. Vamos a estar muy pendientes”, afirmó.

Por eso, cuando le dio la instrucción a Arturo Herrera, fue muy claro en que no debe dar ningún aval federal a ningún estado porque López Obrador asegura que el dinero de esos créditos planean utilizarlo para la operación electoral en sus estados en los próximos comicios federales y locales del 5 de julio de 2021, cuando se renueva la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y casi 2 mil ayuntamientos.


Si no hay deuda, quieren dinero federal

La respuesta de los gobernadores al Presidente fue automática. Este viernes mismo, desde Monterrey, ocho mandatarios del Frente contra el Covid, le exigieron a López Obrador que les otorgue recursos federales para un plan emergente de apoyo a pequeñas y medianas empresas en sus estados, un programa de largo alcance contra la crisis económica, además de activar un seguro de desempleo y la suspensión de proyectos y programas federales como el Tren Maya, Santa Lucía y Dos Bocas.

El tono que utilizaron los gobernadores de Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas, Colima, Durango y Guanajuato era casi de exigencia y lo plasmaron en las demandas de un nuevo “manifiesto” que le harán llegar al Presidente, junto con la petición de una reunión urgente con él para discutir la implementación de un ingreso básico universal para los mexicanos y la contratación de deuda del Gobierno federal para reactivar la economía del país.

Reiteraron además el planteamiento de revisar el Pacto Fiscal y el sistema de tributación. “Es el momento de unirnos y coordinarnos ampliamente para enfrentar la crisis”, dijo el anfitrión Jaime Rodríguez “El Bronco” al leer el documento que firmaron los ocho mandatarios.

En particular el que este viernes dejó ver su descontento con el presidente López Obrador fue el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Antes de partir a Monterrey donde firmó el “manifiesto” del Parque Fundidora, anunció en su estado que su Gobierno le va a cobrar un impuesto estatal a la CFE, Pemex y a sus empresas proveedoras que operan en la entidad tamaulipeca por las emisiones de gases de efecto invernadero al utilizar combustóleo para generar su producción.

Con los recursos de ese impuesto, dijo, se promoverán la generación de energías limpias y cuidado del medio ambiente en Tamaulipas. “El que contamina paga. No se vale que el Gobierno central y las empresas contaminantes se lleven las ganancias y nos dejen aquí el costo social y medioambiental”, sostuvo el Mandatario panista.

El anuncio lo hizo Cabeza de Vaca después de enterarse de dos mensajes directos y duros que le mandó el Presidente al panista: el primero la negativa de Arturo Herrera a darle el aval necesario para que los bancos le prestaran los 4 mil 600 millones de pesos que pidió; y el segundo mensaje lo dijo en su conferencia de prensa mañanera desde Morelos donde, al hablar del “fraude” que según él cometió Felipe Calderón en 2006 para robarle la Presidencia, mencionó la operación que en su momento hizo Elba Esther Gordillo con gobernadores del PRI para que orientaran el voto en sus estados a favor del candidato panista.

Mencionó que, tanto Elba Esther como Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, saben cómo se operó aquel día de los comicios, y en el caso del exmandatario tamaulipeco recordó que está preso en una cárcel de Cd. Victoria porque lo encarceló Cabeza de Vaca.

“Como ayudaría que el señor Hernández que está en prisión fuera una figura como testigo protegido…Sería extraordinario, ¿no les parece?...Va a haber una propuesta formal de eso”, dijo López Obrador al anunciar que Eugenio Hernández y otros personajes que quisieran dar información y declarar sobre la forma en que operaron aquel fraude en favor de Calderón, podrían recibir amnistía y salir de la cárcel a cambio.

Por eso este viernes Cabeza de Vaca montó en cólera y lanzó no solo su propia propuesta de impuestos estatales a Pemex y CFE, sino que propuso a los otros siete gobernadores con los que tiene alianza, que también impusieran esos impuestos a las empresas federales que son, por cierto, las consentidas del presidente López Obrador.

Como dirían en la escuelita: “hay tiro” y la confrontación entre el Ejecutivo federal y los distintos bloques de gobernadores de oposición cada vez sube más de tono y, ante la batalla electoral del 2021 que, aunque todavía no inicia formalmente ya está prácticamente arrancada, es claro que la guerra central será entre el poder federal y los poderes estatales, que serán los reyes del tablero electoral, con los partidos y las pragmáticas alianzas oficiales y opositoras como alfiles.

Así que, como canta el rezo de los gritones en el Palenque de Gallos: “Cierren las puertas señores…que los gallos ya se soltaron: el giro plateado de Palacio Nacional, contra los gallos pintos, azules, naranjas y tricolores”...Y la pelea será a navajazo limpio… Se baten los dados. Escalera doble.

Semana redonda.
18 Junio 2020 04:07:00
¿Quién mató al juez y a su esposa?
Si en la Fuenteovejuna del gran Lope de Vega la respuesta a la pregunta de ¿quién mató al comendador? tiene una respuesta colectiva que no apunta al autor material del asesinato sino a una colectividad que lo protege, lo encubre y le facilitó el homicidio, en el lamentable y brutal homicidio del juez federal Uriel Villegas y de su esposa Verónica Barajas, está claro que hay un homicida directo que bien podría ser del crimen organizado contra el que el juzgador había actuado y dictado sentencias, pero también hay otros que, a querer o no, facilitaron la ejecución a sangre fría que, en su propio domicilio, sufrió el funcionario del Poder Judicial Federal.

Porque después de haber estado en Guadalajara como Juez de Amparo, Villegas Ortiz sí conoció del amparo de “El Menchito” Rubén Oseguera González, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, y fue él quien ordenó su traslado de Oaxaca al penal de Puente Grande en Jalisco. En marzo de 2018, cuando era juez sexto de Distrito en Procesos Penales, Villegas Ortiz le ordenó al área de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Gobernación, con un oficio, que “sin pretexto alguno, en un plazo de cinco días, se traslade al procesado Rubén Oseguera González”, e incluso amenazaba el juzgador con que si no se cumplía el traslado del “Menchito” a Guadalajara “se ordenara el arresto por 12 horas” del funcionario responsable de Segob.

En los circuitos judiciales de Guadalajara se comenta de otro amparo que habría llevado el juez Uriel Villegas en aquella época sobre un caso relacionado con un Valencia, familiar directo de la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, Rosalinda González Valencia “La Jefa”. Aparentemente aquel caso no se resolvió favorablemente para la familia de “El Mencho” y eso molestó al capo y a su organización.

Con esos antecedentes, y después de haber llevado esos juicios de “alto perfil” en Jalisco, el 1 de febrero de este año el juez Uriel fue designado por el Consejo de la Judicatura Federal como juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Colima. En la Judicatura hay, entre otras, dos comisiones: la de Adscripción y la de Vigilancia. A la Comisión de Adscripciones le corresponde decidir a qué Circuitos (estados) deben ser adscritos jueces y magistrados y ahí llama mucho la atención que a este juez se le mandara a Colima, lugar de operación, control y territorio del líder del CJNG, que aunque nació en Aguililla, Michoacán, casi en los límites con Jalisco y Colima, junto con su familia política de los Valencia, hizo del puerto de Manzanillo y de la capital colimense dos de sus centros de operación estratégicos.

Por su parte, la Comisión de Vigilancia del CJF, a cargo del consejero Jorge Cruz Ramos, es la que decide poner o quitar escoltas a los jueces y magistrados, conforme a criterios más de afinidad que con base en evaluación de riesgos. Esa Comisión decidió retirarle todo tipo de seguridad. Ayer miércoles en varios medios se recibieron llamadas de las áreas de Seguridad del Gobierno federal en donde se afirmaba que el mismo juez Uriel Villegas había solicitado “por escrito” que se le retirará la protección, consistente en una camioneta blindada y un par de escoltas que lo cuidaban las 24 horas del día.

La información se difundió primero en varios medios atribuida a “fuentes federales” sin mostrar el escrito, pero por la tarde comenzó a circular a través de mensajes de WhatsApp un oficio membretado del Poder Judicial de la Federación, con el número 33/2019, fechado en “Puente Grande Jalisco a 21 de febrero de 2019” y en el que Uriel Villegas Ortiz firma como juez noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, su cargo anterior al de Colima, y en el que el juzgador se refiere a una comunicación enviada por Carlos Enrique Mendoza, secretario Ejecutivo de Vigilancia del CJF, a quien le dice que tal y como lo expresó en el oficio 19/2019, del pasado 1 de febrero, “en el cual solicité el retiro de medidas de seguridad que tengo asignadas”. El juzgador cita luego los artículos y preceptos legales y termina diciendo: “declino dichas medidas consistentes en vehículos blindados, marca Chevrolet, Suburban con placas de Sonora y el servicio de escolta integrado por seis elementos y prenda de protección personal”.

Lo único que no checa de ese escrito, que aparece con un sello de recibido el 27 de febrero a las 10:27, es que él haya enviado un oficio firmando como juez en Jalisco cuando para esas fechas, se supone, ya había sido enviado a Colima. En todo caso, se fue a Colima sin ningún tipo de protección y allá lo masacraron junto con su esposa, dejando huérfanas a dos niñas de 7 y 3 años.

Si la Fiscalía General de la República de verdad va a investigar y llegar al fondo de esta grave ejecución del juzgador federal, tendría que empezar por preguntar por qué a Uriel Villegas Ortiz lo mandaron a Colima y por qué, aun cuando sea verdad que él lo haya pedido, lo dejaron sin ningún tipo de protección en el territorio del “Mencho”. Porque con esas dos decisiones prácticamente “pusieron” al juez para que lo ejecutaran. Ese parece ser el hilo de la madeja y comienza con el consejero Jorge Cruz Ramos. Así que repetimos la pregunta: ¿Quién mató al juez Uriel y a su esposa Verónica?


17 Junio 2020 04:07:00
Oposición unida u oposición vencida
Lo complicado que resultará una alianza opositora para los comicios del 2021 –más allá de las BOAS conspiratorias que imaginan en Palacio Nacional– será vencer los egos, protagonismos, intereses y desavenencias entre los maltrechos partidos de oposición en México.

Y una primera ocurrió ayer martes, cuando el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, reveló por primera vez públicamente que sí “hay diálogo y negociaciones con las dirigencias de MC y PRD para formar un bloque opositor” que enfrente a Morena en las elecciones parlamentarias y de gubernaturas. Y no terminaba de decirlo el panista, cuando el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, salía a desmentirlo: “No es el momento de hacer cálculos políticos… no creemos, al día de hoy, que la alternativa para 2021 sea hacer bloques políticos”.

La realidad es que sí ha habido contactos y pláticas para conformar una alianza de oposición en 100 distritos estratégicos en los que se le puede ganar a Morena y arrebatarle la mayoría simple en la Cámara de Diputados.

Han participado dirigentes del PAN, de MC, del PRD y en algunos casos hasta del PRI. El tema, según un dirigente partidista que ha asistido a algunas pláticas, es que MC, por la posición de Enrique Alfaro y Dante Delgado, “está muy sobrado y no quiere hacer alianza porque dicen que solos pueden ganar”; mientras que en el mismo PAN hay división de opiniones entre grupos que están a favor y otros en contra de una alianza, igual que ocurre en el PRI donde su dirigente está por hacer alianzas, pero no así otros grupos.

Ese sería un error fatal de los opositores: si no hay una alianza de todos los partidos, o al menos de PAN-MC-PRD, no podrán derrotar al morenismo y a López Obrador; si se juntan, en cambio, hasta por simple matemática se vuelven altamente competitivos y una amenaza real para el control del partido gobernante, no solo en San Lázaro, sino en las 15 gubernaturas que estarán en disputa en 2021.

Los partidos opositores podrían ganar, unidos, hasta 12 de 15 gubernaturas, lo que les daría una posibilidad importante en la elección de los diputados federales porque las elecciones locales impactan la territorialidad de las elecciones.

Si la oposición va separada, el escenario cambia y es muy probable que Morena gane la mayoría de gubernaturas con 8, 10 o hasta 12 triunfos. La única duda ahora para Morena y AMLO es de qué tamaño será la factura que les cobre el electorado en 2021.

Lo que sí es un hecho es que es muy poco probable que Morena pueda ganar las dos terceras partes para tener la mayoría calificada que ahora tiene y tampoco la oposición puede aspirar a eso; en realidad se disputa solo la mayoría simple o relativa –la mitad más uno– y por eso es que el Gobierno de la 4T está adelantando todas sus reformas importantes y ya las aprobó casi todas para no dejar pendientes que ya no pueda sacar en la segunda parte del sexenio. Pero eso sí, la mayoría simple es clave para la aprobación del presupuesto, lo que a su vez se convierte en el codiciado cáliz que le daría continuidad y consolidación al proyecto de López Obrador.

En ese sentido, el resultado de los comicios del próximo año y en particular el de las gubernaturas resulta fundamental, no solo para lo que ocurra en 2021, sino para la prospectiva y los escenarios del 2024.

Así que todo depende de si los dirigentes y las cúpulas de la oposición dejan de lado su soberbia e intereses particulares. Si MC no acepta ir a alianza ni con el BOA, podría ser quien rompa el bloque y le haría un favor a Morena y a López Obrador. Alfaro y Dante podrían aspirar solos a 5 o 10 puntos en la mayoría de los estados, salvo en Nuevo León, pero no aspirarían a más en el resto de las entidades donde tienen presencia testimonial.

Lo que está en juego en los próximos meses y en la votación del 2021 es la supervivencia, tanto para la 4T y López Obrador como para los debilitados opositores que juntos tienen posibilidad, pero separados seguirán siendo débiles… Agitamos los dados. Tocó Escalera.
16 Junio 2020 04:07:00
Operador de Montiel trabaja ahora con la 4T
Alejandro del Valle, empresario que trabaja ahora muy cerca de Gabriel García, el coordinador de los Programas Federales para el Desarrollo y operador electoral de la 4T y que junto con el banquero salinista Carlos Cabal Peniche se encargará de montar las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar para dispersar los programas sociales de López Obrador en toda la República, tiene toda la experiencia en el manejo electoral de los apoyos sociales: fue operador directo del exgobernador Arturo Montiel en el Estado de México y de la mano del polémico exdirigente del PRI, Isidro Pastor, ayudó al priismo a ganar elecciones operando con su empresa de call center Telmark-Contac Line, un sofisticado programa de ubicación y afiliación de beneficiarios de programas sociales de aquella época para que votaran por el PRI.

Del Valle Vega fue contratado en 2003 para las elecciones intermedias de aquel año en el Edomex por Isidro Pastor, quien lo recomendó directamente con Montiel porque tenía un método preciso, difícil de detectar y tecnológicamente desarrollado para convertir en votantes del partido oficial a todo aquel que recibiera un apoyo del Gobierno. A través de su empresa desarrolló un sistema que georreferenciaba e identificaba con precisión a todos los beneficiarios de programas del Gobierno y, una vez ubicados con base en el padrón electoral, eran credencializados y afiliados al PRI para llevarlos a votar el día de las elecciones, sin tener que utilizar los padrones sociales. Con ese sistema, Montiel y el priismo arrasaron en aquellas elecciones de 2003 y también operaron el triunfo de Enrique Peña Nieto como Gobernador en 2005.

Hoy ese mismo empresario, que se volvió millonario vendiéndole su modelo sofisticado y tecnológico de coptación del voto al Grupo Atlacomulco del PRI y que, según fuentes del Gobierno de Arturo Montiel, cobró en aquella época hasta 6 millones de dólares por sus servicios y software para el uso electoral de los programas sociales, trabaja muy de cerca con el operador de todos los programas sociales de la 4T, y uno de los hombres de mayor confianza del presidente López Obrador, Gabriel García Hernández. De hecho, el propio Alejandro del Valle Vega se autonombra “operador de la 4T” y presume y hace alarde de su cercanía y servicios al Gobierno lopezobradorista, al que le vendió un contrato con la empresa coreana para la compra de 8 mil cajeros automáticos que se instalarán en las sucursales del Banco del Bienestar para dispersar los pagos de apoyos sociales.

Además de su call center, Del Valle es dueño, junto con su hijo Carlos del Valle Guerrero, de Penny Money, una compañía que se dedica a la operación de remesas de los paisanos en Estados Unidos, servicio que también le ofrecerá al Banco del Bienestar que dirige Rabindranath Salazar.

Gabriel García, desde la Coordinación de Programas para el Desarrollo, que depende directamente del presidente López Obrador, controla fondos públicos por cerca de 75 mil millones de pesos, destinados a los distintos apoyos sociales que otorga el Gobierno federal. Hace unos meses candidatos a la dirigencia nacional de Morena como Mario Delgado y Alejandro Rojas, lo acusaron de operar con las estructuras oficiales de los delegados federales a favor de Bertha Luján para la presidencia del partido.

Por eso llama tanto la atención que una figura como la del operador directo del priista Arturo Montiel esté ahora tan cercano a García Hernández y al director del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar.
15 Junio 2020 04:03:00
Consejos morales contra el coronavirus
El presidente López Obrador no le dio a la mayoría de los mexicanos –salvo a los que reciben sus programas sociales– apoyos económicos, estímulos, descuentos o cancelación de contribuciones fiscales para enfrentar la crisis del coronavirus; tampoco les dio la certeza de un líder serio y eficiente que nos condujera con certidumbre y seguridad en los momentos más difíciles de enfermedad, muerte y desempleo por sus actitudes y mensajes erráticos, cambiantes y contradictorios; y mucho menos fue capaz, en esta dura prueba para su Gobierno y para el país, de concitar a la unión y a la tolerancia por encima de nuestras diferencias y lejos de eso emplazó a definiciones amenazantes y autoritarias sobre si se está con él o contra él.

Pero lo que sí nos dio López Obrador en esta pandemia es una prueba más de que tal vez como gobernante no pueda proteger nuestra vida ni del coronavirus ni de la inseguridad y violencia creciente en su Gobierno y que quizás tampoco pueda garantizarnos trabajo, crecimiento y desarrollo como país, pero sí puede darnos consejos morales sobre cómo vivir nuestra vida y qué debemos o no debemos hacer para ser “buenas personas” y de esa forma “protegernos” de un virus letal y salir de nuevo a la calle, como tendrán que hacerlo a partir de hoy muchos mexi-canos en más de la mitad de la República.

Y en eso de la moralina, nunca escatima nuestro Presidente. No nos dio uno, sino 10 consejos de vida y espiritualidad que, fiel a su costumbre mesiánica –por aquello de los 10 mandamientos y las tablas de Moisés– vienen en un decálogo que tiene de todo, desde recomendaciones sobre buena

alimentación, ejercicio y reducción de estrés, hasta preceptos de conducta para alcanzar la humildad, la bondad y la espiritualidad: “No nos dejemos envolver por lo material, alejémonos del consumismo, la felicidad no reside en la acumulación de bienes materiales, ni se consigue con lujos, extravagancias y frivolidades. Solo siendo buenos podemos ser felices”.

Nadie podría estar en contra del optimismo, la bondad, la humildad y la espiritualidad, incluso de la buena alimen-tación y el ejercicio físico como una fuente de salud y, aunque se le agradecen al Presidente las buenas intenciones, si los mexicanos quisieran mejorar su ca-lidad de vida seguro buscarían, antes que a López Obrador a Gaby Vargas, a Miguel Ángel Cornejo o hasta a la polémica vigoréxica de moda Bárbara Regil; y para vivir nuestra espiritualidad, seguro que acudiríamos a un sacerdote, pastor, gurú o hasta a un monje budista y no a quien nos gobierna.

Por más que haya buenas intenciones en el Presidente y que algunos de los puntos de su decálogo puedan confluir con leyes y políticas públicas contra el racismo, el clasismo, el sexismo o la discriminación, hay otras que de plano vuelven a transmitir esa idea tan arraigada en la 4T y en López Obrador de que el “pueblo bueno y sabio” es también ignorante y tan tonto, que ya no solo tenemos que darle su dinerito en efectivo para que lo gaste como quiera, sino también se le debe aleccio-nar, enseñar, moralizar y hasta recordarle que lo más sano “es el maíz, el frijol y unos pollitos en el corral que no tengan hormonas” y vivir una “vida simple” sin recursos ni preocupaciones.

Ese es el verdadero problema del decálogo del Presidente y de sus actitudes cada vez más extrañas y erráticas, totalmente alejadas, unas veces de la realidad y otras de la ciencia, la técnica y los datos, y las más del sentido común y de su verdadera obligación como líder del Gobierno y del Estado: gobernar no es sermonear; proteger no es moralizar; apoyar no es aconsejar y conducir a todo un país en su diversidad, complejidad y desigualdad, por la pandemia y la crisis más dura que hayamos conocido, definitivamente no se logra solo con optimismo, espiritualidad y bondad, sino con decisiones, por duras e impopulares que sean, con un liderazgo que sea capaz de ver más allá de su intuición y sus convicciones personales, y con un estadista que esté dispuesto a administrar y manejar el dinero público para ayudar y salvar a todos sus gobernados, no solo a los que estén con él, mientras ignora, desprecia y olvida a los que no quieren ser sus incondicionales.

Digamos, para resumir, que en estos tiempos tan duros y difíciles que nos tocó vivir, nos hizo falta un líder con estatura y nos sobró un predicador iluminado que, sin menoscabo de sus buenas intenciones y consejos, no pudo evitar que murie-ran tantos mexicanos –17 mil y contando– ni ha podido hacer que los que seguimos vivos nos sintamos seguros, protegidos y sin miedo para enfrentarnos a un virus con el que ya tenemos que aprender a vivir y convivir.
13 Junio 2020 04:04:00
El día que ‘mataron’ al ‘Mencho’
La versión de que el narcotraficante más peligroso y sanguinario de México, el más buscado por la DEA y el FBI estadunidenses había muerto llegó este viernes muy temprano a Palacio Nacional.

A las 8:05 de la mañana, mientras el presidente López Obrador estaba ya en su conferencia, entre los funcionarios federales se hablaba de un reporte, no confirmado, en el que militares del Ejército habrían matado en un operativo a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, aunque también circulaban a lo largo del día otras versiones que hablaban de que su muerte se había debido a la insuficiencia renal que padecía a causa de la diabetes.

Para la tarde, el rumor ya era tendencia principal en las redes sociales y se hablaba de que la Sedena y la Marina se encontraban en “alerta”; una fuente de muy alto nivel en la Presidencia afirmaba a esta columna que sí tenían información del supuesto fallecimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que las áreas de inteligencia militar estaban corroborando las condiciones en que había muerto, mientras en otras áreas del Gobierno federal, como la Secretaría de Gobernación, decían no tener información al respecto y en otras, como la UIF de plano aseguraban que el rumor era “falso”.

En las áreas de Seguridad se aseguraba que el origen del rumor se inició por el comentario de un funcionario en la Mesa de Coordinación de Jalisco, en la que participan tanto el gobernador Enrique Alfaro, su coordinador de seguridad y el fiscal del Estado, además de los comandantes de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina. ¿Quién habría iniciado la especie en esa mesa y con qué objetivo, justo en medio del ambiente enrarecido por la confrontación política de los gobiernos de AMLO y Alfaro?

Para la noche de este viernes nadie confirmaba a ciencia cierta la versión sobre el deceso del capo de 53 años y originario de Michoacán que, en muy pocos años, desde que creó su propio cártel en 2010 durante el Gobierno de Felipe Calderón y con un crecimiento exponencial durante el sexenio de Peña Nieto, escaló meteóricamente en el mundo del narcotráfico y, después de trabajar para el cártel de Sinaloa, hizo del CJNG, la organización del narcotráfico con más presencia a nivel nacional y con una capacidad de armamento digna de un ejército, lo mismo por su gran capacidad de fuego, que por su nivel de adoctrinamiento.

En la pandemia de la Covid-19, Nemesio Oseguera, por cuya cabeza el Gobierno de EU pide una recompensa de 10 millones de dólares y lo considera, según un informe de 2019 del Departamento de Justicia como el líder “de una de las cinco organizaciones criminales y terroristas más sanguinarias y peligrosas del mundo”, mientras la FGR ofrece 30 millones de pesos por datos que lleven a su captura, se volvió también un “benefactor social” al repartir despensas en zonas marginadas de Jalisco e incluso en colonias de Zapopan, en plena Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), hasta donde sus sicarios llevaban las cajas con víveres que entregaban “a nombre del señor don Mencho”, sin que ninguna autoridad estatal o federal hiciera nada al respecto.

Hasta el cierre de esta columna, pasadas las 9 de la noche, todavía en algunas áreas de Inteligencia no negaban del todo la versión del fallecimiento del “Mencho”, pero aclaraban que “no hay nada confirmado”.

Y extrañamente las versiones se dejaban correr sin una posición oficial mientras “El Mencho” se volvía la principal tendencia en Twitter en México con más de 12 mil mensajes alusivos a la supuesta muerte del líder del CJNG.

El día que el CJNG incendió a Guadalajara

No es la primera vez que una noticia no confirmada sobre Nemesio Oseguera Cervantes desata todo tipo de reacciones. El 27 de agosto de 2012, en el Gobierno de Calderón, circuló la versión de que “El Mencho” había sido detenido en Zapopan, luego de que huyera de un operativo militar en Tonaya el día anterior, 26 de agosto.


La noticia, que circuló profusamente, desató una violenta reacción de las bases del CJNG que en unas horas incendiaron la ZMG con narcobloqueos, quema de camiones y provocando un caos y pánico entre la población.

La detención fue desmentida entonces por el Gobierno calderonista, cuando su secretario de Seguridad era justamente Genaro García Luna, y todo quedó en un rumor que dejó apanicada a la capital jalisciense y con imágenes del caos que le dieron la vuelta al mundo.

Pero tres años después, la periodista Silvia Otero publicó una investigación en la que, con base en un documento de inteligencia federal, se afirmaba que aquel 27 de agosto sí había sido detenido “El Mencho” por elementos de la Marina que lo habían perseguido después de que tuvo un enfrentamiento en Tonaya con la Policía Federal.

Las fuentes citadas en el documento aseguraban que Oseguera estuvo detenido unas horas pero que, ante la reacción virulenta de los sicarios del CJNG, el entonces gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, habría pedido a Calderón que liberaran a Oseguera, a petición de su entonces secretario de Seguridad, Luis Carlos Nájera, quien después sería Fiscal General del estado con Aristóteles Sandoval.

Según esa versión, que en su momento ameritó solo un comunicado de la Secretaría de Marina diciendo que negaba “categóricamente” la información y que ellos siempre que detenían a un presunto delincuente lo presentaban ante el MP, al “Mencho” lo liberaron tras su detención, mientras que a Nájera intentaron matarlo presuntos sicarios del CJNG el 21 de mayo de 2018, ya cuando era fiscal estatal, pero sobrevivió al atentado.

Nájera fue señalado en su momento por el procurador general, Jesús Murillo Karam, de tener presuntos vínculos con la delincuencia organizada, en comentarios que Murillo le hizo directamente al gobernador Aristóteles Sandoval, que a pesar de eso lo mantuvo en el cargo hasta 2015.

A diferencia de aquel 2012 cuando un rumor sobre su captura desató el pandemonium en Guadalajara, este viernes no se reportaba una situación con el violento CJNG. Tal vez ese sea el mejor indicador de que la presunta muerte de “El Mencho” fue solo un rumor que, soltado desde una instancia oficial, como es la llamada Mesa de Coordinación de Jalisco, resulta difícil de entender si fue un simple caso de mala información o si el tema llevaba otra intención.

Por lo pronto, Oseguera Cervantes, el narco más violento y buscado por EU, el mismo que ha burlado y se ha burlado ya de tres presidentes, contando a López Obrador, y cuyos ejércitos de sicarios fuertemente armados atemorizan a más de 10 estados, debió dormir tranquilo en alguno de sus muchos escondites entre la sierra sur de Jalisco, Puerto Vallarta, Guadalajara y Michoacán.

Y debió pensar quizás sonriendo “El Mencho” en aquella frase atribuida erróneamente al Tenorio de José Zorrilla: “Los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud”.
Se baten los dados. Serpiente doble. Semana de altibajos.
11 Junio 2020 04:00:00
No hay BOA, pero sí van contra AMLO
Más allá de la jugada política y distractora del Presidente, de las serias dudas sobre la autenticidad del documento que se presentó en Palacio Nacional y del indudable efecto político que tuvo ponerle un nombre reptiliano a sus opositores, la realidad es que aún no existe como tal la Boa o Bloque Amplio Opositor y mucho menos un plan tan detallado y maquiavélico como el que el misterioso integrante de Morena y de la 4T que le vendió al Presidente el dudoso documento, después de que no se lo quisieron publicar en El Universal.

Lo que sí existe y es real en este momento son diversos grupos de oposición, lo mismo en los partidos políticos que buscan una alianza electoral para el 2021, que entre poderosos empresarios que, inconformes con la 4T y sus políticas, financian movimientos civiles como el Frena e intelectuales y organizaciones de la sociedad que confluyen, algunos más radicales y otros más institucionales, en un mismo objetivo: arrebatarle a Morena y a López Obrador la mayoría en la Cámara de Diputados y a partir de ahí preparar el terreno para la revocación de mandato en el 2022.

Por ejemplo, entre los partidos opositores sí hay contactos y pláticas con miras a lograr una coalición electoral que les permita ir juntos, en distritos y en estados, a las elecciones federales y estatales del 2021. El PAN y MC están analizando en qué distritos y estados les conviene y necesitan aliarse para derrotar a Morena, mientras que el PRI y el PAN también dialogan sobre casos específicos de los 300 distritos electorales o algunas entidades que elegirán gobernador, donde pudieran coligarse.
Y aunque no hay nada formal, sí se están explorando las distintas opciones y combinaciones para una alianza que frene a Morena y a la 4T en la Cámara de Diputados y le arrebate el control del Presupuesto federal.

También es real que hay grupos empresariales, como los de Monterrey, que han decidido hacer activismo y financiar organismos civiles que buscarían la salida anticipada del presidente López Obrador. Otros grupos empresariales, como la Coparmex o el CCE tienen una estrategia muy clara que apuesta a la vía electoral y que busca impulsar “liderazgos” y posibles candidaturas, que podrían ser independientes o a través de una alianza de partidos, que garanticen el triunfo en distritos estratégicos.

Hasta ahora esos grupos, todos de oposición abierta a López Obrador y a la continuidad de la 4T no tienen una articulación más allá de los objetivos comunes, pero sí hay esfuerzos y operadores que buscan conectar los recursos y las capacidades de todos esos grupos para garantizar una oposición más efectiva en las urnas en los comicios del 2021. Uno de esos personajes, que dicen está operando y tratando de vincular esfuerzos contra la 4T entre empresarios y partidos es el senador Dante Delgado.

Al coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado se le conoce como un operador consumado que además conoce muy bien al movimiento lopezobradorista porque fue uno de los políticos más cercanos a López Obrador y colaboró de cerca con él en sus primeras dos campañas presidenciales.
10 Junio 2020 04:00:00
La BOA vs. la Morena…  arranca el ring electoral
La disputa política por el 2021 y por la mayoría en la Cámara de Diputados se adelantó varios meses y comenzó en medio de la peor pandemia y crisis económica que haya conocido México. Dos mensajes del presidente López Obrador en los últimos días dieron el “banderazo”: el primero su ultimátum para las definiciones de quiénes están “con él o contra él” del domingo pasado, y el segundo el anuncio ayer martes desde Palacio Nacional de que descubrió un supuesto “documento confidencial” que, en la voz conspirativa de Jesús Ramírez, dio vida al Bloque Opositor Amplio o BOA, que buscaría ganarle el poder en 2021 a través de una serie de acciones para desacreditar a su Gobierno.

No hay certeza ni confirmación de que el documento que reveló ayer el Presidente sea real; de hecho ayer proliferaron los deslindes de la existencia no solo del documento sino de un “compló” como el que se describe en el documento de marras, al que en Palacio Nacional quisieron darle un valor probatorio casi de una gran “conspiración” de empresarios, opositores, gobernadores, expresidentes, intelectuales y periodistas en contra de López Obrador, sin ninguna prueba, más que el dudoso documento, parece una estrategia de “victimización” del hoy Presidente y de su 4T.

Ayer incluso se manejó que el documento que revela el plan siniestro de la BOA, que en el fondo no es otro más que ganarle la mayoría en 2021 a Morena para arrebatarle el control del presupuesto federal a este Gobierno y después buscar enfrentarlo en la revocación de mandato de 2022, pudo haber sido redactado desde una oficina federal, a partir de los datos que aparecen en el PDF que circuló profusamente y cuya elaboración remitía supuestamente al vocero de la Secretaría de Gobernación, Omar Cervantes, quien no solo salió a desmentirlo de inmediato sino a ratificar su “lealtad completa hacia la 4T”.

Anuncios espectaculares contra AMLO aparecen en Guadalajara justo en medio de la pugna abierta que sostienen el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el presidente López Obrador. En medio de acusaciones, anuncios y confrontaciones, lo único cierto en estos momentos es que el proceso electoral federal de 2021, que formalmente comienza en septiembre, parece haber iniciado tres meses antes.

No hay duda de que la oposición se está uniendo para enfrentar a Morena en los próximos comicios por la Cámara de Diputados y aquí mismo hemos hablado de contactos entre el PAN, MC y el PRI; tampoco hay ninguna duda de que, a estas alturas, hay grupos empresariales que están a disgusto con las políticas económicas de López Obrador que desalientan inversiones, que ignoran a las empresas y que les negó todo tipo de ayuda para ayudarlos a no cerrar empleos en la peor crisis económica y que por eso varios de esos grandes empresarios financiarían movimientos de oposición a la 4T.

Pero lo que tampoco genera ninguna duda es que si alguien sabe de tácticas de oposición y de estrategias antisistema para ir minando poco a poco a un Presidente y a su proyecto de Gobierno, ese es Andrés Manuel López Obrador.

Lo mismo que hoy denuncia y presenta como “conspiración” en su contra, él lo hizo al menos contra tres presidentes que le antecedieron. Claro que a la suya le llama “lucha democrática” y a la de sus adversarios “complot para derrocarme”.

Así es que, después de todo, lo que queda claro es que unos y otros, opositores y Gobierno, están pensando ya en sus luchas de poder sin importarles que sigan muriendo mexicanos por la Covid-19 y la angustia y el dolor de miles de familias.

Uno como víctima y como lobo con piel de oveja, y otros jugando a los conspiradores, pero todos buscan lo mismo: el poder, lo que cambia es el discurso de si es “por los más pobres y para acabar con la corrupción” o “para evitar el retroceso histórico de México y no perder todo lo que hemos avanzado”. Juzgue usted a qué lobo le cree. …Se baten los dados. Escalera. Buen tiro.
09 Junio 2020 04:00:00
AMLO se radicaliza: ‘O conmigo o contra mí’
Justo a las puertas de la mayor crisis que haya vivido el país en su historia reciente, en la fase más peligrosa de la pandemia y en medio de un ambiente de tensión social y política, el discurso del presidente López Obrador pasó de la polarización y el contraste de las ideas y las diferencias, al llamado a la división franca y abierta de los mexicanos. En la nueva dialéctica radical del lopezobradorismo solo hay lugar para dos tipos de mexicanos: los que están a favor de su cuarta transformación, a los que identifica como “liberales” y los que se opongan a ella, a los que considera “conservadores”, clasificación en la que incluye también a todos aquellos que critiquen, disientan o cuestionen las decisiones y acciones de su Gobierno.

“Es tiempo de definiciones, no es tiempo de simulaciones, o somos conservadores o somos liberales, no hay para dónde hacerse, o se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Se está por la honestidad y por limpiar a México de corrupción o se apuesta a que se mantengan los privilegios de unos cuantos”, dijo el Presidente el pasado fin de semana desde Veracruz, en un mensaje que radicaliza a su Gobierno y lo aleja definitivamente del “movimiento amplio, plural e incluyente”, que propuso a los 30 millones de mexicanos que votaron por él en las elecciones de 2018, para apostar ahora por un movimiento radical y de incondicionales que apoyen ciegamente y sin cuestionamientos su visión de transformación del país.

El Presidente decide apostar en estos momentos delicados y, a escasos tres meses de que comience oficialmente el estratégico proceso electoral de 2021, por un choque frontal no solo contra adversarios políticos y electorales, sino contra aquellos grupos y sectores que están inconformes con su gestión de la pandemia y con la falta de apoyos que le negó al sector productivo y a la clase media, porque los reservó para los sectores más necesitados –donde se ubican también sus clientelas políticas– y para obras y programas emblemáticos.

El problema es que en su discurso de intolerancia, López Obrador parece asumir que solo gobierna para los que piensan como él y se olvida del resto de los mexicanos que, en sentido estricto, son mayoría.
08 Junio 2020 04:07:00
Posible crisis por médicos amparados
Un problema más se suma a la complicada situación que ha enfrentado el IMSS en la pandemia del coronavirus cuando estamos aún en los picos más altos de contagio y con los semáforos en rojo en todo el país: médicos y trabajadores de la salud del Instituto, primero en lo personal y luego en grupos, han encontrado en la vía legal del amparo una forma de negarse a atender pacientes con Covid-19 con el argumento de que no tienen apoyo de la institución que es su empleador ni las condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad y protección.

La estrategia legal del personal de salud podría generar una crisis ante la falta de médicos especialistas que podrían faltarle al IMSS, justo en los momentos en los que se están incrementando los contagios y la demanda de los servicios de hospitalización y terapia intensiva en los estados y en la Ciudad de México. A pesar de que el Gobierno federal ha contratado 7 mil nuevos médicos para el Seguro, se trata en su mayoría de médicos jóvenes y sin tanta experiencia, además de que los médicos jubilados a los que también convocaron la mayoría no han aceptado, aún con el bono que les ofrecieron.

Hasta el momento se sabe de al menos 100 casos de médicos y personal de salud de distintas áreas del Seguro Social que han recurrido al amparo en varios estados de la República, basados en las condiciones de su Contrato Colectivo de Trabajo y asesorados por abogados laborales y por dirigentes de su sindicato, que esgrimen la obligatoriedad legal de que la institución les proporcione a los trabajadores de hospitales y clínicas “todos los instrumentos necesarios para su seguridad y protección”, además de que los trabajadores de la salud exponen que en caso de infectarse con coronavirus, el IMSS lo tomaría como “enfermedad general” y no como “riesgo de trabajo”, por lo que de ser enviados a sus casas recibirían solo el 60% de su sueldo.

Los médicos y el personal de salud tienen miedo y preocupación no solo por ellos sino por su familia, como es natural, y tienen el derecho, basados en su Contrato Colectivo, de ir al amparo y los jueces les están dando la razón. La semana pasada en Guadalajara, en la Clínica 110 del IMSS, 25 médicos trabajadores presentaron el 31 de mayo pasado amparos ante el Poder Judicial de la Federación para no atender pacientes portadores de nuevo coronavirus (Covid-19), pues la semana anterior se les había obligado a hacerlo pese a no contar con la especialidad ni con capacitación requeridas. Lo mismo pasó con 20 médicos del Estado de México que se ampararon en Metepec el 28 de mayo acusando que los habían mandado a atender pacientes con coronavirus sin el equipo de protección necesario, y cuando varios de ellos tenían otras especialidades distintas a las requeridas.

En ambos casos, además de otros que se han presentado en Puebla, los trabajadores de la salud exponen en sus demandas de amparo que en caso de infectarse con coronavirus, el IMSS no lo considera como un “riesgo de trabajo”, sino que lo clasifica como “enfermedad general”, por lo que solo les pagarían el 60% de su salario en caso que los mandara a su casa con el Covid-19. En varios de los amparos promovidos y a los que los jueces federales les han otorgado la suspensión los asesora Mario de la Garza Marroquín, expresidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, quien a través de la Organización Civil Renace apoya a los médicos y los representa legalmente en sus solicitudes de amparo, y esa asociación tienen ya cerca de 100 casos documentados en los que se ha promovido el recurso legal ante instancias del Poder Judicial de la Federación.

El temor en estos momentos, entre las autoridades federales y la dirección general del IMSS, es que las solicitudes de amparos continúen y se registre una falta de médicos especialistas sobre todo en estos momentos en los que la curva de contagios y por lo tanto la demanda de hospitalización y atención en medicina crítica seguirán incrementándose y se requieren cada vez más médicos especializados para ayudar a salvar las vidas de los pacientes con coronavirus.


06 Junio 2020 04:07:00
Peligrosos vientos de confrontación
Nada sería más peligroso y doblemente dañino para el país, que la crisis sanitaria y económica por el Covid-19 se contaminara con el encono de la lucha política y electoral por el 2021. Convertir el doloroso impacto por la pandemia, que aún está en la parte más crítica y riesgosa para los mexicanos, en una arena de confrontación política, sería lo mismo que lanzar gasolina y un fósforo encendido en la seca pradera del miedo, el desempleo y la desazón social que en estos momentos recorre la República.

Las expresiones de protestas y disturbios violentos ocurridos el jueves y viernes en Guadalajara, con la bandera de la #JusticiaparaGiovanni, el joven asesinado por policías municipales en Jalisco, y en la Ciudad de México en los entornos de la embajada de los Estados Unidos por un supuesto apoyo al movimiento del #BlackLivesMatter, tienen un hilo en común: la irrupción de grupos anarquistas y violentos que aprovechan cualquier coyuntura o situación de inconformidad y tensión social para actuar con violencia y generar un caos que lo mismo siembra miedo y angustia entre la población, que propicia la respuesta de los cuerpos de seguridad y con ello el desgaste y el cuestionamiento a los gobiernos, sean del partido que sean.

No está del todo claro quién financia y mueve esos grupos que lo mismo aparecen en protestas ciudadanas, que en movimientos feministas, sindicales o del cualquier otro tipo, pero lo que sí está claro es que, más allá de su agenda y motivaciones propias vinculadas a una peculiar interpretación del anarquismo que tiene conexiones internacionales, también hay grupos y personajes políticos que los han llegado a utilizar con fines de golpeteo político o para generar climas de miedo e incertidumbre entre la población.

La relación entre Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, había sido hasta ahora respetuosa, a pesar de sus diferencias políticas y aun en medio de la pandemia del coronavirus en la que cada uno de ellos trae su propia agenda no sólo en los temas de Gobierno, sino también en lo político. Pero el arranque de Alfaro al acusar directamente a Morena y vincular al Presidente por su nombre con la irrupción de esos grupos violentos y anárquicos en las manifestaciones convocadas por estudiantes universitarios el jueves pasado en el Centro Histórico de Guadalajara, tensó sin duda esa relación y complicará la situación en uno de los estados más importantes de la República.

La respuesta directa y airada que le dio el Presidente al Gobernador jalisciense por haberlo mencionado por su nombre y la exigencia de que pruebe sus dichos y “que no se retracte”, habla de que Alfaro encendió la mecha tabasqueña del Mandatario, que este viernes era arropado y defendido por las baterías de Morena, desde los mensajes desde Segob por Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, hasta los posicionamientos de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y del líder del Senado, Ricardo Monreal, cuestionando las acusaciones del Mandatario estatal y el uso de métodos “represivos” en su entidad.

Alfaro, por su parte, al acusar a “oficinas de la CDMX y a los sótanos del poder” de haber infiltrado la protesta de estudiantes jaliscienses por el caso de Giovanni López, trató de reducir el efecto del mismo y matizar el golpe para su administración al desviar un claro problema de abuso y asesinato policial hacia una intervención política del Gobierno federal. La jugada fue audaz, pero tendrá sus costos también para el Gobernador que, por lo pronto, aprovechó la invitación a su estado de los 7 gobernadores que junto a él integran el Frente de Estados contra el Coronavirus, para dejarse respaldar por los mandatarios de Nuevo León, Jaime Rodríguez; Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; Michoacán, Silvano Aureloes; Coahuila, Miguel Riquelme; Colima, Ignacio Peralta; y Durango, José Rosas Aispuro; y Diego Sinhué, de Guanajuato, los cuales cerraron filas en torno a Alfaro y, desde Tequila donde se reunieron, pidieron al Gobierno federal “no caer en provocaciones ni lucrar políticamente con los temas de seguridad”.

El espaldarazo de los 7 gobernadores a Enrique Alfaro, más allá de responder a la alianza estratégica que esos estados han hecho en el tema del coronavirus, lleva todo un mensaje político ante el temor de que el jalisciense enfrente una ofensiva desde el Gobierno federal y de que se busque incendiar a este importante estado del país. Y es que este viernes mismo en el Gobierno federal ya se hablaba de dos temas que podrían “crecerle” al gobernador Alfaro: por un lado el tema de la deuda millonaria que ha solicitado en su estado, el último crédito por 6 mil 200 millones de pesos que le autorizó el Congreso local, y para lo cual requiere el aval de la Secretaría de Hacienda federal; y un expediente que, según fuentes federales, existe sobre un problema de facturas falsas y pagos a empresas fantasma que detectó la Auditoría Superior de la Federación y que estaría siendo investigado en instancias federales.

Por eso, ante los peligrosos vientos de confrontación y los violentos disturbios que esta semana se vieron primero en Guadalajara y luego en la Ciudad de México, vale la pena que los actores políticos, tanto estatales como federales, lo tengan muy claro y se lo piensen dos veces: en un choque como el que iniciaron no solo se puede incendiar a un estado estratégico como Jalisco, sino que de paso se estaría prendiendo la mecha para que muchos grupos radicales se asomen en estos tiempos aciagos del coronavirus y sus crisis. En la confrontación no habría un ganador y los dos, el presidente López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro, saldrían golpeados.

La polarización que ya tenemos, atizada además por la incierta y desesperada situación económica y social, sería un coctel explosivo en estos momentos, sobre todo con la ebullición e insurrección que hoy se vive en nuestro poderoso vecino por el mismo tema de abusos, racismo y asesinatos policiales. Las mismas condiciones y, en algunos casos hasta los mismos grupos que incendiaron en horas 140 ciudades de la Unión Americana, también podrían prender el fuego de protestas violentas en México. Así que a nadie le conviene la confrontación frontal, que en estos momentos es echarle gasolina al fuego.


La falta del cubrebocas y un alcalde de negro historial

En el caso del asesinato del joven de 30 años Giovanni López, se mezclaran por un lado las medidas “obligatorias” y con uso de la fuerza pública, como la de portar cubrebocas en esta pandemia, con un problema de violencia e infiltración del narcotráfico en policías municipales como la de Ixtlahuacán de los Membrillos, a la que pertenecían los uniformados que masacraron al joven detenido por no llevar la mascarilla de protección.

Eduardo Cervantes Aguilar, el alcalde priista de Ixtlahuacán, que es parte ya de la Zona Metropolitana de Guadalajara y se ubica a 30 kilómetros de la capital jalisciense, tiene un negro historial en el que lo han vinculado desde la desaparecida PGR, lo mismo a grupos delincuenciales de Jalisco y Michoacán, hasta con desapariciones, secuestros y asesinatos ocurridos en su municipio y denunciados por sus propios pobladores.

Así que, detrás del caso de Giovanni López, hoy motivo de confrontación política, de disturbios y de tendencias en las redes sociales. Está la misma historia de violencia del narcotráfico, corrupción de autoridades, brutalidad de policías infiltrados por el crimen y descomposición social fomentada por la impunidad.






04 Junio 2020 04:07:00
El movimiento de Lilly
La llegada de Lilly Téllez a la bancada del PAN en el Senado dista mucho de ser solo un tema de polémica; es un golpe incuestionable a la radicalización al proyecto lopezobradorista que cada vez se aleja más del “movimiento amplio” de cambio que le ofreció a los mexicanos, en el que cabían distintas expresiones ideológicas, para volverse un Gobierno donde los radicales de izquierda han tomado cada vez mayor control en la definición de las políticas públicas. La periodista que ya ganó una elección por mayoría en Sonora, que se sumó a la coalición Juntos Haremos Historia y que terminó chocando en el Senado con las posiciones más extremas de los morenistas, hoy realiza un movimiento estratégico, que no solo la rescata del ostracismo de ser senadora “independiente”, sino que además la habilita como posible candidata a la gubernatura de Sonora.

Téllez podría ser candidata de una coalición opositora en los comicios sonorenses encabezada por el PAN, pero a la que podrían sumarse también Movimiento Ciudadano e incluso el PRI, para enfrentar al casi seguro candidato de Morena, Alfonso Durazo. Y es ahí donde el movimiento que acaba de hacer la senadora exmorenista cobra una dimensión interesante: Lilly sería una candidata mediáticamente muy atractiva, con arraigo y ampliamente conocida en Sonora, que le complicaría sin duda el panorama a un Durazo que, con su pésimo desempeño en la Secretaría de Seguridad Federal y cifras cada vez más altas de asesinatos, feminicidios, inseguridad y una violencia del narcotráfico desbordada en casi toda la República, tendría la competencia en serio de un bloque opositor con una candidata muy popular.

Si a eso se le suma el desgaste inevitable que sufrirá la popularidad de López Obrador por los efectos de la pandemia del coronavirus y la difícil situación económica y de desempleo que se avizora con una caída del PIB por arriba del 8% negativo –ayer miércoles una encuesta de Enckoll ya ubicaba al Presidente con 45% de aprobación, por primera vez por debajo de la barrera de 50% y con un nivel de desaprobación de 55% de los encuestados– además del debilitamiento de Morena y su caída en las encuestas de intención del voto, entonces el llamado “efecto López Obrador” se va a diluir en los comicios estatales y no tendrá la misma fuerza que tuvo en el 2018, en donde por cierto la misma Lilly Téllez se benefició del aura del entonces candidato morenista.

Los acercamientos entre el PAN y MC para posibles alianzas en el 2021, tanto en las elecciones estatales como a nivel federal, en algunos distritos continúan. En algunos casos específicos, sobre todo en las gubernaturas podría sumarse el PRI y el caso de Sonora, con una candidata como Lilly Téllez, podría ser uno de los primeros experimentos de una coalición amplia, ya sea abierta y oficial o en algunos casos con alianzas de facto, que buscaría arrebatarle la mayoría a Morena y a López Obrador en la Cámara de Diputados.

Veremos cómo transcurren las cosas en los próximos meses, pero por lo pronto, más allá de los ataques y las burlas que recibirá la senadora Lilly Téllez en las redes lopezobradoristas, el movimiento que ayer ejecutaron ella y los panistas podría ser una jugada de ajedrecismo político para avanzar en el complicado tablero electoral del 2021 en donde la oposición, esa misma a la que López Obrador alguna vez llamó “moralmente derrotada”, intentará mover todo tipo de piezas, desde peones, caballos, alfiles y damas, para tratar de darle Jaque Mate al rey del Palacio Nacional y arrebatarle la estratégica mayoría legislativa en San Lázaro, de la que depende nada menos que el control del Presupuesto federal… Dados rodando. Capicúa. Se repite el tiro.

03 Junio 2020 04:07:00
No es terrorismo, los convencemos: Buenrostro
La titular del SAT, Raquel Buenrostro, asegura que los pagos millonarios que han obtenido de grandes empresas no son producto del terror ni del terrorismo fiscal, sino de una labor de “convencimiento” que ella misma ha hecho con los presidentes del Consejo de Administración: “A la pregunta de si ¿es terrorismo fiscal? No es terrorismo fiscal, porque el empresario cumplido no se puede sentir amenazado y el que se sienta amenazado es algo que trae en su conciencia”, dijo ayer martes la jefa de la política fiscal de este Gobierno que en menos de un mes ha logrado recuperar más de 17 mmdp en pagos de adeudos de grandes contribuyentes.

Reveló a los diputados su estrategia para lograr pagos de adeudos millonarios como los de Walmart y Femsa, de más de 8 mmdp cada uno: ya no negocia con abogados o directores de las empresas, sino que recibe directamente en su despacho a los dueños o accionistas principales: “Cuando se le explica al presidente del Consejo de Administración, no al director general, al presidente del Consejo de Administración, porque es el que representa las acciones o el que tiene las acciones mayoritarias, cuando se sientan aquí y escuchan lo que nosotros tenemos y lo que les estamos planteando, es en automático: ‘tienes razón, voy a pagar’”, contó la jefa del SAT y ejemplificó que han tenido negociaciones de 8 meses con despachos de abogados, y con un presidente de Consejo de Administración 40 minutos bastaron para que aceptara pagar.

Los que se sienten presionados o hablan de “terrorismo”, precisó Raquel Buenrostro, son “los incumplidos” y aun así, no son todos. “Son los que terminan diciendo que no se les escucha… Unos son los abogados que dan las asesorías fiscales y que cobran muchísimo dinero para pagar el mínimo de impuestos. En realidad lo que proponen esos abogados a las empresas son defraudaciones fiscales y hay despachos que viven de sugerir a sus clientes los esquemas de defraudación. Eso también ya se tiene identificado cuáles son los despachos”, remarcó la funcionaria.

Así que doña Raquel, la de la “mano dura” en el SAT, no se asume como “terrorista” y más bien se dice “convincente” con los empresarios, sobre todo con los grandes que están haciendo lo que no hicieron por varios sexenios, protegidos y consentidos desde el mismo sistema donde les condonaban o les “arreglaban” sus adeudos. La estrategia de “convencer” y cazar a los grandes deudores seguirá dando frutos y muy pronto se anunciará otro par de corporativos importantes que, como en el chachachá cubano, tomarán chocolate y pagarán lo que deben.

Y una vez que terminen con la lista de los 15 grandes deudores, en el SAT y la UIF, nos dicen, están armando un nuevo expediente que, si se decide hacer público va a ser explosivo: gobernadores que han utilizado empresas fantasma y “factureras” para justificar gasto y erogaciones del presupuesto federal. Tienen ubicados varios casos de gobiernos estatales en donde se contratan los servicios de estas empresas ilegales y que se dedican a la defraudación fiscal, los más avanzados, nos dicen Michoacán y Tamaulipas. ¿Será que en momentos donde la relación entre la Federación y los estados está tan tensa por la pandemia del coronavirus se animarán a sacar ese expediente a los gobernadores?
02 Junio 2020 04:07:00
Entre el SAT y la UIF, tiemblan los empresarios
La imagen de grandes consorcios nacionales y extranjeros, como Femsa y Walmart entregando sus cheques al SAT por adeudos millonarios que antes no reconocían o litigaban en los tribunales, es un buen referente de cómo el endurecimiento de la política fiscal del Gobierno de López Obrador está dando resultados.

Ante el temor de una demanda judicial o una exhibición pública como deudores del fisco, algo que afectaría no solo su imagen sino sus acciones en los mercados financieros, los grandes contribuyentes han comenzado a doblar las manos y han reconocido adeudos que en otros tiempos se negaban a aceptar y preferían mandar a sus despachos de abogados fiscalistas, ya sea a impugnarlos legalmente y ganar tiempo o incluso a pedir “favores” o condonaciones en los más altos niveles del Gobierno, donde solían tener un trato preferencial.

A partir de que el propio Presidente hiciera pública la existencia de una lista con los 15 grandes deudores que le debían al SAT cerca de 50 mil millones de pesos y les sugiriera pagar sus adeudos con la amenaza velada de iniciar acciones legales, los grandes contribuyentes empezaron a aflojar y decidieron pagar “voluntariamente” antes de ser exhibidos o señalados públicamente.

La mano dura de Raquel Buenrostro desde el SAT es el brazo ejecutor, pero la decisión de cobrarles y amagarlos públicamente fue solo del Presidente.

La otra pinza por la que el Gobierno está apretando a los contribuyentes es la persecución de la evasión a través de empresas de outsourcing ilegales, y en ese caso el ejecutor es Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera. El caso más reciente es el del presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, acusado junto con su hermano y su cuñado, de lavado de dinero y defraudación fiscal por cerca de mil 100 millones de pesos.

El caso que forma parte de denuncias ante la Fiscalía General de la República que hicieron los socios cooperativistas en contra de Álvarez, por desviar 197 millones de pesos de la Cooperativa, toca no solo al mundo empresarial sino también al mundo del futbol. Álvarez había sido durante décadas una figura cuestionada por sus socios, pero gozaba del favor de políticos de gobiernos anteriores, lo que sumado a sus recursos financieros y legales, le concedía impunidad ante las reiteradas acusaciones.

Y aunque hoy el tema aún no toca al equipo de futbol, entre los empresarios de la Liga MX se ha desatado ya el temor y la incertidumbre de que, desde el SAT y la UIF se inicie una “cacería fiscal” en contra de los equipos de futbol mexicanos. La razón por la que están preocupados los dueños del futbol es porque al menos el 70% de los equipos actuales utilizan también empresas de outsourcing, como las que le detectaron a “Billy” Álvarez, para manejar sus esquemas fiscales, ante las elevadas nóminas que tienen que pagar a los jugadores.
30 Mayo 2020 04:02:00
El choque de dos Méxicos
La pandemia del coronavirus, con todos sus efectos de salud, económicos y políticos, está acentuando las diferencias y la polarización política que ya existía antes de esta situación de emergencia, y ante el inicio de una crisis que se avizora histórica y como un cataclismo que sacudirá al país por sus niveles de desempleo, tensión social
e inseguridad.

Esto endureció las posiciones y las visiones de dos grandes bloques en la sociedad mexicana: quienes ven una “pronta salida y una crisis transitoria” que no nos causará mayores daños porque “vamos muy bien y esto nos vino como anillo al dedo para la cuarta transformación”, y quienes advierten que la viabilidad económica del país, la productividad, la modernidad y la estabilidad social están en riesgo por la forma errática en que se conduce a la República.

No es difícil advertir de manera cada vez más clara el divorcio que existe entre esos dos Méxicos, el de la “cuarta transformación” de López Obrador y sus seguidores que ven las varias crisis del coronavirus como un accidente aprovechado por sus adversarios para intentar golpear al Presidente y a su proyecto político, al que están dispuestos a defender a toda costa junto con sus clientelas políticas, aún a costa de sacrificar a muchos otros mexicanos afectados por esas crisis, y el otro México, el que más allá de una oposición política aún dispersa y sin liderazgos, que intenta colgarse de esta crisis para ganar adeptos, está siendo movilizado más bien desde la sociedad civil, por grupos lo mismo de intelectuales orgánicos, que de empresarios molestos y gobernadores en rebeldía.

Para los primeros, los de la 4T, las expresiones del otro México son “golpismo”, matizado con adjetivos de “blando” o “suave”, pero en su percepción y lógica ideologizada: golpismo puro que quiere “destruir el proyecto político de López Obrador porque afectó sus intereses y desterró sus privilegios.

Para los segundos, se trata de “rescatar al país” y de buscar una salida prematura del poder del tabasqueño “antes de que acabe con todo lo que se ha avanzado”, y aquí hay una subdivisión clara de estos grupos anti-AMLO, entre los que exigen que “renuncie y que se vaya ya” que tienen sí una intención más clara a favor de un derrocamiento o una renuncia forzada, y los grupos que apuestan a ganarle por las vías institucionales, primero en las elecciones de 2021, y luego en la consulta para la Revocación de Mandato en el 2022.

La ‘nueva normalidad’ y la confrontación

Los dos grandes bandos están aprovechando la crisis del coronavirus para velar armas y prepararse para la confrontación pública y política en los aciagos meses venideros. Del lado del Gobierno, la definición ideológica que tomó López Obrador en esta crisis, en la que decidió salvar con los recursos públicos solo a su Gobierno y a sus obras emblemáticas, priorizando en momentos de caída económica el rescate de Pemex y la CFE con dinero público y leyes que regresan el control del estado en el sector energético, ha dejado muy claro que al Presidente, más que salvar al país en esta angustiosa coyuntura, lo que le interesa poner a salvo es su proyecto político.

En ese sentido, el Presidente terminó por decantar y hacer explícita su fobia ideológica hacia las empresas, hacia los empresarios y hacia las clases más pudientes del país, a las que no solo ignoró y desdeñó en sus comentarios y propuestas, sino que les negó cualquier tipo de apoyo fiscal. En dos frases, Andrés Manuel dejó en claro que quiere sacudirse a la actual clase empresarial y pudiente para hacer la suya propia: “Esta crisis nos vino como anillo al dedo” y “la pregunta ahora es qué hacemos con los ricos”.

Del otro lado, los grupos que ven en la 4T una amenaza empiezan a cobrar fuerza y a salir del anonimato de las redes o de las deslucidas manifestaciones clasemedieras, para convocar ya incluso a estrategias políticas.

Por un lado está el FRENA, o Frente Nacional Anti-AMLO, que en su mismo lema define su intención disruptiva y golpista: “AMLO se va”. Este fin de semana, ese grupo, que se mueve ya en varios estados y que se ha vinculado a grupos empresariales del norte, convocó a 41 caravanas de autos en igual número de ciudades para exigir la salida del Presidente.

En mensajes que circulan en las redes llaman a acudir con sus automóviles para salir al centro de Monterrey y de Cd. Victoria. Le piden a la gente estar 10 minutos antes de la mañana y llevar cartulinas con frases como: “¡AMLO dimite ya!” y “AMLO estás despedido”.

Aunque no se ha hecho público cómo se financia este frente ciudadano, se presumen vínculos con grupos empresariales de Monterrey y apoyo también de gobernadores del norte del país.

El empresario Luis Martín Bringas, quien se asumió públicamente como el coordinador del FRENA, era parte del Consejo de Administración del grupo Soriana y hermano de los accionistas principales; pero la cadena de tiendas desde que él hizo público su activismo contra López Obrador se deslindó de él en comunicados y le pidieron que abandonara su lugar de consejero suplente.

La otra vertiente de la organización social que se está armando en contra del lopezobradrismo y de su 4T, parte de la opinión de intelectuales y académicos que analizan los riesgos de la concentración excesiva de poder por parte de López Obrador y los efectos de sus políticas de desmantelamiento y extinción de todo aquello que no coincida con su proyecto ideológico.

Esta semana se difundieron videos donde personajes como Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, ambos identificados como “intelectuales orgánicos” del periodo neoliberal, según definió el propio Presidente el 18 de marzo del 2019, cuando dijo “que el Estado ya no proteja escritores, que no haya intelectuales orgánicos”, hacen fuertes críticas a la forma de gobernar de AMLO y a su proyecto.

Aguilar Camín participó en una reunión en la plataforma de Zoom con el “Grupo Generativo Patria 62”, que era privada y a la que solo tenían acceso un grupo de académicos y escritores, pero que difundida desde las cuentas de algunos funcionarios de Gobierno.

Sobre la revocación de mandato anticipada, Aguilar Camín dijo que no es el momento: “En este momento te lo podría ganar y podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener; en cambio si lo dejamos para el año 22 como está planteado en la ley y acordado, entonces lo que tendremos, es un momento institucional de presión hacia la Corte, tenemos unas elecciones en el 21 en donde hay que derrotar a Morena y López, y luego, en el 22, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar él muy rápido, que probablemente pierda también la revocación de mandato por pendejo y por petulante”, refirió el escritor.

Krauze, por su parte, participó en un foro virtual sobre Pandemia y Crisis: la Situación hoy en México, donde recordó su ensayo El Mesías Tropical, en el que alertaba del “peligro” que representaba la llegada al poder de López Obrador: “Se trataba de un hombre, de un redentor, que se identifica con la figura de Jesucristo, seriamente lo hace y lo dice, y cuyo objetivo es entonces no el de mejorar la situación de los mexicanos, sino salvarlos, redimirlos y purificarlos”.

Krauze dijo que el modo en que el Presidente “ha mal administrado la pandemia es francamente criminal” y recordó que semanas después de iniciada la emergencia, seguía recorriendo los pueblos y mandaba mensajes pidiéndo a la gente que saliera.

“Si la muy endeble oposición mexicana se organiza, si la sociedad civil se organiza y si las voces independientes que hemos sido calumniados y difamados por el Gobierno nos mantenemos firmes, y todo esto se canaliza en un esfuerzo cívico sin precedentes, podemos recuperar la Cámara de Diputados y las gubernaturas necesarias, para que en los segundos tres años del sexenio de López Obrador, este deje de tener el control absoluto. La reconstrucción en México va a llevar muchos años, una generación, porque la destrucción política, económica e institucional ha sido severa y deliberada”, concluyó el historiador.

Preparémonos pues para una “nueva normalidad” en la que, ante el desorden y el caos que ha privado en el manejo de esta pandemia, cada quien tendrá que cuidarse a si mismo y a los suyos, y mientras tratamos de adaptarnos a esta nueva realidad con la angustia de no enfermar o morir por el Covid-19, el choque de los dos Méxicos será cada vez más estridente e inevitable. Esperemos y apostemos todos a que esto se dirima por las vías democráticas e institucionales. Lo contrario,
sería catastrófico.
28 Mayo 2020 04:02:00
López Gatell, las pruebas y otros datos
Durante cinco horas y media Hugo López Gatell respondió preguntas y duros cuestionamientos de los senadores de la República. No dejó pasar una y, entre largas explicaciones técnicas y respuestas políticas, acusó que algunos senadores utilizaran “mentiras” en sus planteamientos y les recordó que “tienen la carga de la prueba”. Al final, desde Ricardo Monreal, de Morena, con preguntas sobre por qué hacían tan pocas pruebas y si eso no generó un subregistro, y la oposición acusando duramente al subsecretario de “mentirle a los mexicanos sobre la gravedad y dimensión de la pandemia”, el mediático funcionario capoteó, cual diestro torero, las embestidas de los senadores.

Aunque no todas sus respuestas convencieron ni se fue limpio, la de López Gatell fue, según los números internos del Senado, la comparecencia más taquillera entre los senadores en estos tiempos de pandemia. El canciller Marcelo Ebrard era hasta ahora el que más atención había logrado con 30 senadores conectados simultáneamente; el subsecretario de Salud y nueva estrella de la 4T tuvo 75 senadores conectados en las más de 5 horas que habló.

Un senador, miembro de la Junta de Coordinación Política, comentó el encuentro con López Gatell primero en términos políticos y luego en el argot taurino: “Fue dura, por momentos ruda, pero no le fue mal en términos de que respondió a todo y no dejó tema o cuestionamiento sin contestar. Digamos que salió a pie de la plaza, cuando se esperaba que lo cogiera el toro”.

Lo cierto es que el encargado nacional de la pandemia terminó reconociendo, ante el reiterado escepticismo de los senadores sobre el bajísimo nivel de pruebas de Covid 19 que hizo México —0.4% por cada 100 mil habitantes— que el Gobierno del presidente López Obrador decidió no hacer pruebas por considerarlo “un desperdicio de tiempo, de esfuerzo y de recursos y es un distractor de los esfuerzos de vigilancia, prevención y control enfocar las baterías hacia un intento irrealizable de contabilizar”, por lo que reconoció que tampoco tienen interés en hacer pruebas al 100% de la población y que en México no sabemos en realidad cuántos casos de Covid tenemos.

A partir de ese reconocimiento del encargado de la pandemia en nuestro país, de que los datos que nos repite todas las noches son solo proyecciones y no cifras reales sobre el tamaño real de la pandemia, nos encontramos con “otros datos” sobre el panorama y las proyecciones del Covid-19 en México, realizados por uno de los modelos matemáticos más certeros para proyectar la evolución del coronavirus en los distintos países, que es el de Youyang Gu, científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Con gráficas y cálculos matemáticos y estadísticos basados en la información oficial de cada país, que se pueden ver a detalle en la página
https://covid19-projections.com Gu pronostica para México que el aplanamiento de la curva será hasta el 5 de julio. Que las muertes diarias alcanzarían un pico de 2 mil 181 fallecimientos diarios y acumulados al 4 de agosto serían 88 mil, lo cual nos pondría como el tercer país con más muertes, después de Estados Unidos y Brasil. Y finalmente en todas sus gráficas maneja un rango para México (muertes) con límite inferior de 24 mil y superior de 173 mil.

Así que, en lo que nos preparamos para una reapertura económica y un retorno a las actividades a todas luces precipitado, pero apremiante para una economía que se asfixia y con pronósticos cada vez más devastadores —como la caída de 8.8% del PIB que ayer miércoles anunció Banxico—, en parte por la crisis y en parte por la muy limitada y sectaria política de apoyos y rescates fiscales del Gobierno, que cada quien decida a cuáles proyecciones les cree: si a las oficiales del Gobierno, que ya reconoce que, como muchos otros países, desconoce el tamaño y el impacto real de esta pandemia, o a las que hacen otros científicos de las mejores universidades del mundo.
27 Mayo 2020 04:03:00
En vilo todavía los nuevos partidos
Como muchas otras cosas, la pandemia del coronavirus retrasó las revisiones que realizaba el INE para determinar cuántas de las organizaciones civiles que solicitaron registro como partido político obtendrían el reconocimiento oficial. El plazo original para determinar quién obtiene el registro era el 1 de julio, pero la emergencia sanitaria hizo imposible que la autoridad electoral llevara a cabo todas las diligencias.

Y aunque casi todos los reflectores apuntan sobre México Libre y la pregunta en los corrillos políticos gira en torno a si le darán o no el registro al partido del expresidente Felipe Calderón y de su esposa Margarita Zavala, hay otras seis organizaciones con posibilidades y con distintas orientaciones y postulados políticos, que son promovidas por personajes políticos conocidos o por organizaciones sociales o sindicales.

Empecemos por Encuentro Solidario, que postula el Partido Encuentro Social, aliado del actual Gobierno. Sus cuatro pilares: “fortalecer la institución familiar; reformar el régimen democrático bajo pilares éticos; promover una ideología sustentada en respeto a las libertades individuales pero que promueva las clases sociales; y propiciar la reconciliación y pacificación nacional”.

Grupo Social Promotor por México, que promueve a “México, Partido Político Nacional”, es la versión renovada de Nueva Alianza y defienden ser “un proyecto de la gente y una organización de trabajo pasión y compromiso, promotores del cambio y ciudadanos que buscamos un mejor México y promover la participación ciudadana por medio de la democracia”.

A Redes Sociales Pogresistas, su ideología los define como “un proyecto de nación estructurado y pensado en el fortalecimiento de la educación y la recuperación de los valores políticos más importantes” y dicen estar “por un Proyecto Alternativo de Nación” además de una agenda basada en el interés social primordial y dar cabida a “todas las voces y las expresiones”.

Entre los postulados de México Libre, de Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, destaca “la participación ciudadana con base en la ética y orientada al bien común, con el objetivo de lograr un México de libertad, justicia, democracia, con pleno respeto al estado de Derecho y con un modelo de desarrollo sustentable”.

El caso de Fuerza Social por México, como se denomina el partido y la asociación, el impulsor es Pedro Haces Barba, líder de la Catem y político quien fuera senador suplente por Morena del 4 de diciembre de 2018 al 22 de mayo de 2020. Haces ofrece “incondicionalidad plena a AMLO”.

El priista César Augusto Santiago, reconocido como “operador electoral” de ese partido, lidera y representa Alternativa Partido Político Nacional, que postula “nuevas relaciones entre las instituciones de Gobierno y los ciudadanos, así como la defensa de la soberanía y la coexistencia solidaria en la diversidad Nacional”.

Finalmente está el partido Súmate, vinculada con Manuel Espino, exdirigente nacional del PAN y actual Comisionado del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Por ahora, como dijeran los cronistas deportivos, en el tema de los nuevos partidos “no hay nada para nadie” será hasta que el Consejo General del INE fije los nuevos plazos para verificar y validar las asambleas y afiliaciones, además de la fiscalización del dinero de estos grupos, cuando sabremos cuántos de ellos obtienen el registro y si todo los nuevos partidos serán afines a López Obrador y a su Gobierno o también entrará en el espectro político la única organización opositora en esa lista que es nada menos que la del nuevo “villano favorito” de este sexenio.
26 Mayo 2020 04:02:00
El síndrome Moreira aflora en los estados
La pandemia del coronavirus y el argumento de la falta de recursos extraordinarios desde el Gobierno federal para atender la emergencia sanitaria están siendo utilizados por varios gobernadores del país como el pretexto o la justificación perfectos para la contratación de deuda pública por varios miles de millones de pesos. Aunque cuentan con la autorización de sus congresos locales –con mayorías de tres cuartas partes a veces reales y a veces fabricadas con la compra y cooptación de diputados opositores– en varios de los casos no queda totalmente claro el destino de los recursos millonarios que solicitarán a los bancos y si los montos autorizados están dentro de la capacidad de pago de las entidades, tal como se los exige la ley.

En franca diferencia con el presidente López Obrador, quien ha rechazado la contratación de deuda pública para enfrentar la emergencia y el rescate económico del país e incluso desafiando la petición del Mandatario nacional para que los estados “no se endeuden y mejor se aprieten el cinturón y sean austeros en sus gobiernos”, los ejecutivos estatales están moviendo sus aparatos políticos para adquirir deuda que no solo elevará el nivel de endeudamiento de sus estados, sino que será heredada a las próximas generaciones y al menos a tres administraciones posteriores, pues están contratando préstamos a 20 años, que terminarían de pagarse hasta 2039.

Hasta ahora son principalmente gobernadores de oposición los que están recurriendo al endeudamiento. Enrique Alfaro, de Jalisco, es el caso más significativo, pues logró la semana pasada que el Congreso del Estado le autorizará contratar créditos por 6 mil 200 millones de pesos para “atender los efectos de la crisis del Covid”, y como no contaba con los votos suficientes, el gobernante de MC obtuvo el apoyo de los diputados del PRI, PAN, PVEM y hasta de una diputada de Morena, que se pasó a votar con la bancada emecista. Apenas en febrero de 2019, recién llegado al cargo, Alfaro había pedido y obtenido de los diputados locales una deuda de 5 mil 250 millones de pesos, que sumados a la deuda histórica que ya traía el estado, más un préstamo de un mil millones que pidió en marzo pagadero a 12 meses, alcanzaría los 22 mil millones de pesos. Es decir que en 11 meses que lleva en el Gobierno, Alfaro habría triplicado la deuda pública de Jalisco a un ritmo de endeudamiento de 26 millones de pesos diarios.

El endeudamiento de los estados empezó con Vicente Fox y creció con Felipe Calderón hasta desbordarse en casos tan excesivos como el de Humberto Moreira en Coahuila, que aumentó la deuda de su estado en más de 109 veces, al pasar de 323 millones a 36 mil millones de pesos, que oficialmente se destinaron a financiar programas sociales y obras públicas, pero que en realidad, ante la opacidad sobre el destino de esos recursos, desataron investigaciones judiciales y cuestionamientos, por lo que se llamó la “megadeuda”, que incluso dio pie a la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios aprobada por el Congreso de la Unión en 2016 y que estableció candados legales y la obligatoriedad del aval de la Secretaría de Hacienda federal para que las entidades pudieran contraer deuda.

Hoy, con el pretexto de la pandemia y con la promesa de que van a destinar los millonarios recursos de créditos y endeudamientos a rescatar la economía de sus estados, el síndrome “Moreira” parece recorrer otra vez la República, con la contratación de deudas cada vez mayores por parte de los gobernadores. Todo eso ocurre ante el silencio del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la evidente molestia del presidente López Obrador, que no está de acuerdo con el endeudamiento y que les ha pedido a los gobernadores “austeridad y más austeridad, y que se aprieten el cinturón”, con la promesa de que si lo hacen aceptaría hasta discutir la revisión del Pacto Fiscal. ¿Será que en algún momento el Gobierno federal dará el manotazo o buscará bloquear las deudas de los gobernadores, como ya lo hicieron en Tamaulipas con la controversia constitucional interpuesta por los alcaldes de Morena?
25 Mayo 2020 04:07:00
Yeidckol, bajo investigación en Morena
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, concluyó una auditoría interna a la gestión de su antecesora Yeidckol Polevnsky, en la que se hizo una revisión sobre todos los gastos y pagos que realizó el partido durante los tres años que duró su presidencia, de diciembre de 2017 a enero de 2020. Y entre los resultados que arrojó la verificación de las cuentas y los reportes financieros hay varios contratos sobre los que pedirán explicaciones a la exdirigente, sobre todo uno de 900 millones de pesos que pagó en compra de inmuebles y mantenimiento a una empresa donde aparecen vinculados sus hijos.

De acuerdo con fuentes internas de Morena, que conocen los resultados de la auditoría, esa es una de las principales razones por las que el CEN ha citado para mañana martes tanto a Yeidckol Polevnsky como a quien fuera su secretario de Finanzas, Joel Frías, para que ambos expliquen, por separado, los diversos contratos y pagos en los que se presumen irregularidades graves, que van desde el presunto tráfico de influencias, por la contratación de empresas vinculadas a una hija y un hijo de la entonces presidenta, hasta sospechas de corrupción.

El primer citado en la casona de Chihuahua 216, donde se encuentran las oficinas del CEN, es el extitular de Finanzas, quien comparecerá por la mañana ante los miembros de la dirigencia para ser interrogado y dar su versión y explicaciones, y después de que él termine iniciará la comparecencia de Polevnsky, quien también será interrogada para que explique, entre otros, ese contrato por 900 millones de pesos y las distintas irregularidades que arrojó la auditoría a su dirigencia de tres años.

El pasado 27 de enero, un día después de ser electo en votación por el VI Congreso Nacional Extraordinario de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar anunció que iniciaría una auditoría al periodo en que Polevnsky fungió como secretaria general en funciones de presidenta, para conocer “el manejo de los recursos económicos”. Para ello, dijo, se contrataría a un despacho externo al que se le dio acceso a todos los registros financieros, bancarios y contables de la gestión de su antecesora, que comenzó a ejercer las funciones de la presidencia del partido el 12 de diciembre de 2017, cuando el entonces dirigente, Andrés Manuel López Obrador, solicitó licencia para irse como candidato a la Presidencia de la República por el partido.

Ya entonces Ramírez Cuéllar, cuya elección como presidente se atribuye a una alianza entre el grupo de Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anunciaba como su primera acción de presidente la investigación de Yeidckol, quien en ese entonces se negaba a reconocer su elección, pero aclaraba que no se trataba de una persecución política: “Lo que queremos es que quede todo claro, todo transparente, de tal forma que le podamos rendir un informe a la militancia de la situación que en estos momentos tiene Morena. No es ni cacería de brujas, simple y sencillamente es para tener claridad de qué es lo que estamos recibiendo”, aclaró el diputado federal con licencia.

Hoy parece que Ramírez Cuéllar ya tiene claro lo que recibió de Yeidckol Polevnsky y lo que ha encontrado en las auditorías son irregularidades de tal tamaño en el ejercicio de los dineros del partido, que ameritan una investigación interna por presuntos actos ilegales. Por eso ha citado a comparecer y para que dé explicaciones a la exdirigente, que primero desconoció su presidencia y después la impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados ratificaron la validez de la elección el pasado 26 de febrero.

Veremos hasta dónde llega la investigación contra Yeidckol en Morena y el interrogatorio al que será sometida por el CEN de su partido el próximo martes ella y su exsecretario de Finanzas. Por lo pronto, está claro que son varios los grupos internos que se han alineado en torno a que se vaya hasta el fondo de las irregularidades encontradas en su gestión financiera y que a Polevnsky le van a cobrar varias facturas internas a partir de las facturas fiscales que ella pagó como dirigente nacional antes, durante y después de la elección presidencial del 2018. Viene una sacudida fuerte en el partido gobernante.



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