Concluyendo esta semana, hago una pausa como signo de conciencia y responsabilidad, el día de mañana –19 de octubre– se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, a iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que incluso ha declarado –octubre– como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Así en este mes, tenemos la oportunidad de contribuir a la detección temprana de la enfermedad, su tratamiento y cuidados.

La OMS, ha reportado que cada año en el mundo se producen 1.38 millones de casos y casi 500 mil muertes por cáncer de mama, en nuestro país, es la primera causa de muerte por cáncer en la población femenina de 25 años y más.

Es importante señalar que los esfuerzos por visibilizar –no solo la existencia de la enfermedad– sino la difusión de las medidas preventivas que tenemos al alcance de la mano para su detección temprana lleva varias décadas, entre ellos el emblema que identifica la lucha contra el cáncer de mama, el lazo o listón rosa, que surgió a principios de la década de los 90 y hacia el año 2000 en Estados Unidos, comenzaron a iluminar de rosa sus edificios más emblemáticos, con la idea de concientizar y prevenir este padecimiento, a lo que poco a poco se han ido sumando los diferentes países en el mundo.

Lamentablemente en nuestro país, a pesar de dichos esfuerzos, incluidas las campañas publicitarias tanto del sector salud como de la iniciativa privada no han sido suficientes, no solo no hemos logrado reducir en alguna mínima medida las tasas de mortalidad, sino que las cifras se han disparado de manera alarmante, si consideramos que, para la primera década del siglo 21, se hablaba de que, en nuestro país, 1 de cada 5 mujeres, estaba en riesgo de padecer cáncer de mama.

Actualmente, la cifra registra un rango de entre 10 y 12 mujeres mexicanas que pierden la vida en su lucha contra este tipo de cáncer, con lo que México reporta esta enfermedad como la primera causa de muerte por cáncer de mama, en la población femenina de 25 años y más, por ello, es importante hacer de ciertos factores un referente de cuidado y atención en caso de identificarlos, como la menstruación temprana, antes de los 12 años, la menopausia tardía, posterior a los 50 años, maternidad posterior a los 30 años, el no tener hijos o no haber amamantado, sedentarismo, sobrepeso y obesidad, así como antecedentes de cáncer en la familia, entre otros.

El cáncer de mama en mujeres jóvenes, presenta una biología mucho más agresiva, con mayores tasas de proliferación celular, por lo que, es vital mantener el control médico a través de la ultrasonografía, indicada para mujeres de menos de 40 años y la mastografía para mujeres de más de 40, sin embargo, la lucha contra el cáncer de mama requiere de la atención y todo nuestro esfuerzo como sociedad, a través de la prevención y la autoexploración que debemos realizarnos todas las mujeres, desde la primera menstruación y en adelante, siete días -antes o después- de cada período menstrual y en el caso de que estés embarazada o si atraviesas por el climaterio o la menopausia, debe elegirse un día fijo al mes para realizar la autoexploración.

Esto nos da una idea de la gravedad de la situación y la necesidad urgente de redoblar esfuerzos, visibilizar la existencia del problema, pero ante todo difundir no solo la importancia sino la disciplina de llevar a cabo la autoexploración.

A las mujeres, de mujer a mujer les digo: obsérvate, conócete, autoexplórate, revisa que no haya ninguna clase de abultamiento, enrojecimiento, ninguna clase de secreción, por otra parte, el cáncer de mamá no es exclusivo de la mujer, en los hombres, aunque la incidencia de presentación es menor, es igualmente agresiva en su evolución por la detección tardía.

Por ello los invito a sumarnos y generar la conciencia y difusión de una cultura de prevención, para todos, ante cualquier signo de anormalidad: no lo pienses ni lo dudes, acude a tu médico.

Queridas amigas y amigos, de nueva cuenta concluimos la semana, en el marco del atropello de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados al pueblo de México, al aprobarse la extinción de 109 fideicomisos, para complacer la voluntad del Presidente.

Al titular del Ejecutivo le encanta compararse con Benito Juárez, a quien es fácil ubicar como constructor de instituciones, lo que evidentemente no es el caso del actual Mandatario, que no solo no es capaz de construir sino que destruye cuanto le es posible en materia de instituciones y para muestra lo que acabo de mencionar. No se trata de la extinción de fideicomisos como si se tratara de un concepto, hablamos de un instrumento financiero que cuenta con una figura jurídica. En el ámbito privado se trata de un contrato mercantil y financiero, donde el “fideicomitente” deposita en una institución financiera o bancaria “fiduciaria” la propiedad en este caso, de bienes o derechos, que son aprovechados y administrados a favor de un beneficiario, con fines determinados.

Para que el Gobierno pudiese responder a las demandas sociales de interés público, se trasladó la figura del fideicomiso al ámbito de la Administración Pública y por tratarse de la administración de recursos públicos -para que esto fuese una realidad- se incorporaron diversas modificaciones, reformas y adiciones en nuestro marco jurídico para prever las obligaciones de publicidad, transparencia y rendición de cuentas, previstos por ejemplo, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito , la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales o la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Esta última, por cierto, establece en su Artículo 9 que los fideicomisos públicos adquieren este carácter al ser constituidos por el Gobierno, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como “fideicomitente”, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo federal en las “atribuciones del Estado para impulsar la áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo”.

La misma ley dispone que los fideicomisos públicos solo pueden constituirse con la autorización de la Secretaría y establece las reglas bajo las que las dependencias pueden otorgar recursos públicos a un fideicomiso. Todo está previsto por la ley, los derechos y obligaciones del fideicomitente (en este caso la entidad pública), de las fiduciarias (instituciones que reciben los bienes), así como del fideicomisario (beneficiario).

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga al fideicomiso el carácter de una institución pública y prevé que debe contar con una unidad de vigilancia y control que evalúe el desempeño y funciones de la entidad, a través de un comité técnico. Adicional a esto, si bien es cierto debe darse cumplimiento a las disposiciones de confidencialidad a las que están obligadas las entidades financieras, también existen disposiciones que establecen que solo las autoridades públicas pueden recabar información de las operaciones fiduciarias, con fines de fiscalización, como es el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por otra parte, el comité técnico es una figura central, ya que la institución fiduciaria queda subordinada a las decesiones del comité, que se constituye por servidores públicos y se encuentra sujeto a las disposiciones del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los fideicomisos no se manejan solos, ni a la buena de Dios; así es como lo quiere hacer y lo está haciendo el Presidente, gracias a la mayoría de Morena en el Congreso, en nombre de su peculiar lucha contra la corrupción y el despilfarro.

Ciertamente, la Secretaría de Hacienda, las entidades de la administración pública descentralizada, los Poderes de la Unión y los organismos autónomos, pueden constituirse como fideicomitentes, pero cuentan con elementos no solo para controlar y evaluar las actuaciones de las instituciones fiduciarias, sino que además existen mecanismos de fiscalización, esto sin menoscabo de que las instituciones fiduciarias son parte de la banca de desarrollo, que también cuentan con carácter público.

En conclusión, si realmente estuviésemos hablando de corrupción, no es con la extinción de los fideicomisos como se resuelve, pero sí es a todas luces un saqueo al pueblo de México.

Les agradezco su lectura, nos volvemos a leer la próxima semana.

Queridas amigas y amigos, concluye una semana particularmente intensa, aunque poco alentadora, marcada por dos temas que son de la mayor importancia para la vida pública en nuestro país.

Por un lado, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo la discusión para la extinción de 109 fondos y fideicomisos. Para ello, el partido mayoritario de Morena busca reformar 19 leyes y derogar dos más.

El asunto no es menor, ya que estamos hablando de la desaparición del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del Fondo de Desastres Naturales, del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, el de Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), el Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago), el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, entre otros.

Así como el Fondo Minero, que ayuda mucho a los municipios ante las afectaciones mineras para hacer obras; el Fondo Metropolitano, que tiene casi 4 mil millones de pesos, con el que obviamente se beneficia a las 74 zonas metropolitanas en el país.

Caber destacar que el dictamen correspondiente, en términos generales, no presenta un análisis serio, que corresponda a la altura de la operación de los fideicomisos que se pretenden extinguir y permita comprobar de forma clara y contundente la opacidad o falta de transparencia aludida, o la necesidad de su extinción, pese a que se ha señalado la importancia de dichos fondos y fideicomisos en Parlamento Abierto y por múltiples actores.

Por otra parte –e igualmente importante– es de señalar que los transitorios, tampoco establecen para qué y cómo se utilizarán los recursos que resulten de su extinción, como ya sabemos, esta y muchas otras medidas, se han anunciado para hacer frente a los efectos de la pandemia, lo que no queda claro, sino que tampoco establece certeza jurídica sobre la radicación de esos recursos. Esta discusión aún no concluye, habremos de retomarla la próxima semana los diputados.

Y el otro tema de particular importancia, no envía una buena señal a la sociedad, ya que la Suprema Corte de Justicia en Pleno, con seis votos a favor, determinó la constitucionalidad de la consulta popular para establecer si la mayoría está de acuerdo o no, en que las autoridades competentes investiguen, persigan y sancionen los delitos que pudieran ser cometidos por los expresidentes de la República.


Ciertamente los fallos de la Suprema Corte de Justicia son inatacables y en este sentido, el asunto ha quedado resuelto, sin embargo –el fondo– de estas acciones sigue siendo el distintivo de esta Administración, la opacidad y el uso “a modo” de las instituciones ante la incapacidad, no solo ante la falta de resultados sino a la ausencia de proyecto.

Y para cerrar la semana, se presenta una situación que lamentablemente, corroborará lo que hemos venido señalando cuando se carece de visión y se carece de transparencia, se ha emitido la declaratoria de emergencia, en 17 municipios del estado de Tabasco a causa de las lluvias y el desfogue de la presa, con lo que la entidad se enfrenta al inminente riesgo de padecer inundaciones similares a las de 2007, en un momento en el que está por formalizarse la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Donde parece que lo único cierto para los tabasqueños es la dramática espera y la única certeza es que, para ellos no habrá nada más allá, que el discurso retórico de que el dinero se les entregará en mano porque antes había corrupción.

¿Cuánto, cómo, cuándo? En medio de la crisis sanitaria, en el marco de un ejercicio de tele-educación mal diseñado, con un Gobierno que solo atina a preocuparse por los comicios del año próximo y los proyectos personales del titular del Ejecutivo, que ahora echa mano para la distracción, del recurso del juicio a los expresidentes, ante la fallida rifa. Solo me resta expresar mi solidaridad con el pueblo de Tabasco.

Les agradezco su lectura, nos volvemos a leer la próxima semana.

Queridas amigas y amigos, como ya les había compartido anteriormente, he abierto un espacio de reflexión al que llamamos Diálogos Ambientales, en el que nos han acompañado especialistas y expertos en diferentes ángulos que abarca el tema del medio ambiente.

Esta semana, abordamos un punto obligado en el universo de atención y reflexión sobre medio ambiente con la generosa participación de Enrique Lendo Fuentes, economista graduado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con maestría en Política Ambiental y Asuntos Públicos por la Universidad de Indiana, a quien agradezco enormemente su generosidad al compartirnos su experiencia y conocimientos para hacer una revisión sobre el medio ambiente y el T-MEC.

Así, nuestro invitado nos dibujó la línea del tiempo que se remonta a la década de los 70, en el proceso de la integración económica que se estaba dando en el mundo, en el marco del antecesor de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que es el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, que conocimos como GAT.

Para entonces, en 1971, en los Estados Unidos se había creado la Agencia de Protección Ambiental y los países europeos hacían lo propio, creando leyes e instituciones, lo que dio pie a cuestionar, de qué manera impactaría aquel proceso de integración, considerando el crecimiento de la escala de producción, el uso de las materias primas y la generación de nuevos productos, así como los efectos contaminantes que esto conlleva.

Bajo este contexto general, es que nuestro país llega en 1992 al TLCAN, siendo la primera vez que dos países desarrollados firman un tratado de esta naturaleza con un país en desarrollo, que –para ese entonces– solo contaba con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), aprobada en 1988. No se contaba con la Semarnat, ni el andamiaje jurídico con el que contaban EU y Canadá.

Estas condiciones generaron preocupación ante el riesgo de que, en México, el costo del cumplimiento ambiental pudiera ser menor, lo que propiciaría que se generaran industrias contaminantes en nuestro país. Esto llevó a las ONG a ejercer una fuerte presión en EU, sobre todo en el Senado americano, para que se establecieran las consideraciones ambientales necesarias para garantizar que nuestro país cumpliera con los esquemas y marcos regulatorios en igualdad de condiciones.

Es así como a México le llega el reto, por lo que antes de la firma del Tratado se condiciona la existencia de un componente ambiental sólido, luego de negociar este rubro, a través del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, instrumento paralelo para dar cumplimento a las necesidades de protección ambiental que se le requerían.

De modo que al paso del tiempo, se ha hecho una regla general, incluir en los foros la discusión de los temas ambientales. Cabe mencionar que, el Acuerdo de Cooperación Ambiental, establecía mecanismos de sanción por incumplimiento, en las tres décadas del Tratado nunca se activó este esquema, pero sí se registró una evolución de la agenda ambiental en nuestro país, con la creación de la Semarnat y un sólido marco jurídico.

En el trazo de la línea del tiempo, se observa el crecimiento del PIB, con relación al NAFTA (TLCAN) entre 2003 y 2016 con un incremento de 155%, de manera que al llegar 2020 para la renegociación que da paso al T-MEC, evidentemente las condiciones de México son completamente diferentes, por ello el tema del Medio Ambiente es un tópico estratégico y queda incorporado en el Capítulo 24, con 32 artículos del nuevo tratado y se mantiene el Acuerdo de Cooperación Ambiental.

El T-MEC, establece niveles de protección, al que se comprometen las partes, aplicación de la ley, participación pública, procedimientos con áreas temáticas estratégicas para los tres países, tiene un apartado innovador de administración del acuerdo, donde coinciden autoridades ambientales y comerciales, así como mecanismos de implementación, esto es a través de la cooperación, participación pública y transparencia y el tema de

las sanciones.

Les invito a que revisen los comentarios completos que nos compartió Enrique Lendo, en mi página de Facebook, a quien agradezco nuevamente su brillante participación.

Les agradezco su lectura, nos volvemos a leer la próxima semana.

Queridas amigas y amigos, como todos sabemos, el mes de septiembre tiene un significado profundo e intenso para los mexicanos, no solo por los festejos patrios y la gesta heroica de los Niños Héroes, este año se cumplen 35 años de los sismos registrados en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, y tres del ocurrido en la misma fecha en 2017, movimientos que cimbraron más allá de la ciudad afectada, al país entero.

A pesar de ser ampliamente conocido que la Ciudad de México es una zona sísmica, hace 35 años, a las 7:19 horas, un terremoto marcó el antes y después en la historia reciente de nuestro país: los habitantes de la capital fueron sorprendidos por un devastador movimiento con una capacidad destructiva no vista hasta esa fecha, por mucho, las cifras oficiales reconocieron entre 3 y 9 mil personas fallecidas en esos tiempos, recientemente se ha hablado de hasta 12 mil personas fallecidas, las pérdidas materiales se contaban por miles, entre edificaciones afectadas y otros centenares más que se derrumbaron.

El colapso no tenía parangón, la paralización de las autoridades fue de la misma manera inédita, en cuestión de minutos el escenario urbano y su devenir cotidiano, se transformó en un escenario con muertos, heridos, edificios derrumbados, falta de energía y comunicaciones, sin servicio telefónico, rupturas en el asfalto por doquier, importantes fugas de agua y gas, caos, desesperación y angustia.

Fue entonces cuando nace -de manera auténtica- un sentido de solidaridad ante la ausencia de la autoridad, la sociedad civil encontró las rutas que le permitieron organizarse y resolver en lo inmediato, a corto, mediano y largo plazo, en principio para levantarse y salir adelante, para rescatar a las personas atrapadas, más adelante para exigir respuestas ¿por qué se derrumbaron tantos edificios?, ¿de qué manera el Gobierno federal apoyaría a los damnificados? Estos eventos calaron hondo y en adelante esta transformación se extendió a todo el país.

Sin duda, en 2017 la sociedad se encontraba no solo más preparada, sino alerta y consciente de la realidad que conlleva habitar en la Ciudad de México, mucho más disciplinada, aun así, se volvió a registrar el espectro de la corrupción y la falta de transparencia, a más de tres décadas de distancia, no solo por las edificaciones que se derrumbaron, sino por la falta de claridad sobre el manejo de los donativos que se recibieron y cómo fueron canalizados. Se sabe que México recibió ayuda de 24 naciones, que enviaron más de 600 toneladas de donativos en especie, así como brigadistas especializados, que incluyeron los binomios, médicos, ingenieros estructuralistas, así como operadores en equipos de comunicación.

Ni qué decir de los donativos de relevantes personalidades, que generosamente aportaron recursos de ayuda para los damnificados, en este sentido, cabe destacar que Damnificados Unidos (por el sismo de 2017) pidió la destitución de César Cravioto, líder de la Comisión para la Reconstrucción; por otra parte, también queda en el aire el manejo de recursos de Morena, lo que ya suele ser habitual.

Sin embargo, la grandeza del pueblo mexicano, como siempre, prevalece, por ello en septiembre de del 2001 fue decretado el Día Nacional de la Protección Civil, que en términos generales es un rubro en el que la sociedad ha evolucionado, cabe mencionar que esto -no significa- que solo los habitantes de Ciudad de México deban estar preparados, actualmente se llevan esfuerzos a nivel nacional, respecto de las eventualidades que puedan suscitarse a causa de fenómenos naturales o cualquier otra contingencia.

Es alentador observar la manera en la que la juventud, e incluso los niños, van tomando conciencia de la importancia de las prácticas en materia de protección civil, por otra parte, el uso de las herramientas tecnológicas ofrece un panorama completamente distinto al que se vivió 35 años atrás, partiendo de estos hechos como nuestro punto de referencia, lo relevante es entender la necesidad de reducir las brechas digitales en nuestro país, esta situación no puede seguir siendo una promesa de campaña, es impostergable hacerla una realidad, buscar los mecanismos que acerquen a la población a las herramientas tecnológicas que hagan posible el progreso.

Les agradezco su lectura, nos volvemos a leer la próxima semana.

Esta semana se detonó una crisis en la CNDH con la toma de instalaciones por colectivos feministas, quienes también intervinieron las pinturas de Madero, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Morelos, con pintas que expresan más que una protesta por los feminicidios, la exigencia de justicia ante la ineficacia del Gobierno para resolver uno más de los flagelos que azotan en nuestro país, donde priva la inseguridad, la violencia de género y la desatención a las víctimas, no contentos con ello, el viernes se registró el desalojo violento de las activistas en las instalaciones de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad.

Sin embargo, hay que señalar que este no es un reclamo feminista más, se trata de un problema latente que ha rebasado a las instancias gubernamentales, por otra parte, en noviembre del año pasado, ya había señalado las consecuencias que traería el haber impuesto a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la ilegitimidad y sin contar con el perfil profesional para ejercer tal investidura, lo que no solo había enturbiado el proceso de elección, sino que lastimaría la credibilidad de la Comisión.

Bajo este contexto, Rosario Piedra Ibarra, acudió a comparecer esta misma semana ante el Senado de la República, siguiendo la línea discursiva que distingue al Gobierno del presidente López Obrador, refiriéndose a la justificación de gastos de la Comisión, pero sin el valor para encarar los motivos por los que fue citada a comparecer, lejos de las algarabías partidistas de cuando fue electa, la realidad es que su gestión no presenta resultados, pero ante todo, confirma el desacierto y al mismo tiempo la responsabilidad del partido oficial, al haber impuesto a una persona con filiación partidista, al frente de un Institución en la que recae la altísima responsabilidad de velar por la esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, conforme a la propia Ley de la Comisión.

La señora Piedra Ibarra, no ha entendido que no está al frente de un grupo de activistas encargado de resolver las demandas de otros grupos a los que a discreción considere antagónicos, ni se encuentra al frente de la Comisión para encauzar sus esfuerzos en el ahorro de recursos o en la administración de los gastos de un merendero.

Por otra parte, el presidente López Obrador como es habitual, convencido de la idea del poder de la palabra, no solo se animó a decir –que la toma de instalaciones de la CNDH, es un asunto que se ha politizado, sino que además se trata de un tema magnificado por los medios de comunicación para perjudicarlo y por el encono en contra de Piedra Ibarra– y así es como el titular del Ejecutivo, da por resuelta la crisis o tal vez es un reflejo de la importancia que los derechos humanos tienen para el Presidente, que dicho sea de paso, solo se refirió al término –en una sola ocasión– en su discurso sobre su segundo informe de gobierno, cuando dijo que “ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea”.

La realidad es que nosotros tenemos otros datos, la indolencia que caracteriza a su Administración fue el detonante de la crisis en torno a la CNDH, una manifestación genuina y contundente en apoyo a dos madres que se manifestaban en San Luis Potosí, buscando la intervención de la Comisión para que se les apoyara en el desplazamiento en su exigencia de justicia por la muerte de sus hijos, que como en el caso de los otros grandes problemas nacionales, solo tiene la indiferencia por respuesta, como lo es la inseguridad, el desabasto de medicinas, la de-

satención de los niños con cáncer, el abandono del personal médico y hospitalario y más de 70 mil mexicanos fallecidos por coronavirus, entre otros.

Amigas y amigos, nos encontramos en la antesala del próximo período ordinario de sesiones del Poder Legislativo, en la nueva realidad a causa de la pandemia por el coronavirus que ha transformado nuestro día a día en todos sus ángulos. En tanto vamos asimilando todo lo que esto supone, hoy más que nunca estamos obligados a responder con acciones concretas a los desafíos en puerta.

Por ello me he dado a la tarea de abrir una jornada de reflexiones con expertos ambientalistas, con quienes vamos revisando en reuniones virtuales de acceso abierto a todo púbico, aspectos del trabajo a favor del medio ambiente, que insisto ha dejado de ser un slogan o empatía por una buena causa, así bajo las circunstancias en tiempos de la Covid-19, lo primero es entender que el mundo no volverá a ser el que conocimos, lo segundo es entender que el abuso sobre la naturaleza con nuestras malas prácticas como humanidad, no resiste más.

En alguna charla que tuve oportunidad de ofrecer, decía que el calentamiento global, es signo de que algo no anda bien en el planeta, así como el aumento de temperatura en nuestro cuerpo nos habla de un signo de enfermedad, así la pandemia es un signo más –no solo– de que algo anda mal, sino de que llegó la hora de cambiar el rumbo.

Por ello, para avanzar hacia un México sostenible, Acción Nacional propone un desarrollo humano sostenible, impulsando el desarrollo económico con bienestar social, esa ha sido siempre nuestra vocación y bajo este contexto los legisladores debemos asumir nuestra responsabilidad como contrapeso del Ejecutivo, que, hoy se distingue por la opacidad de su actuar y la toma de decisiones totalmente contrarias al cuidado, protección y manejo sustentable de los recursos naturales del país.

Trabajamos y seguiremos haciéndolo por la recuperación verde, con certeza jurídica que fomente la inversión y por ende la creación de empleos, con medidas contracíclicas para la reactivación económica, de la mano del desarrollo sostenible.

Por supuesto, nuestra agenda incluye a las energías renovables, conservación de la biodiversidad, desarrollo y adopción de nuevas tecnologías limpias en las empresas, así como en las bases que permitan hacer una realidad la economía circular, propiciando la eficiencia en el uso de los recursos naturales y menor generación de residuos en México, así como el impulso en el marco legal nacional para permitir el uso extendido y creciente de energías limpias y la promoción de la eficiencia energética, así como en el manejo y disposición de residuos peligrosos asociados a las actividades del sector, delimitados por criterios claramente establecidos.

La problemática ambiental no es cosa de resolver con un programa gubernamental de siembra de árboles, como ya lo he dicho en otro momento, nuestro país cuenta con un marco jurídico bastante sólido, que puede y merece ser enriquecido, las iniciativas que ya se han presentado y a las que se les dará puntual seguimiento como en caso de la Ley General de Envases, Empaques y Embalajes así como la Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas.

Ambos ordenamientos al tratarse de leyes “generales” disponen en su articulado un carácter distributivo de competencias, en donde queda regulado lo que le corresponde a cada orden de Gobierno. Asimismo, enfocaremos nuestros esfuerzos en la legislación sobre los problemas asociados al manejo del agua en México, la sobre-explotación y contaminación de aguas subterráneas y la afectación de los recursos naturales de las costas, con base en los diferentes usos que se tienen, desde el suministro para consumo humano, así como lo destinado a actividades industriales y económicas y el uso agrícola, lo que representa el mayor porcentaje del agua salubre del país, asegurando la disponibilidad del recurso, su adecuado tratamiento para disposición final o reincorporación al medio natural.

Y desde luego, exigiremos la rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio del presupuesto y el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Hace algún tiempo sostuve que todo lo que no se haga por el medio ambiente se hace en contra de los mexicanos –hoy–, la clave sigue siendo la misma: agua limpia, aire limpio y tierra fértil.

Les agradezco su lectura nos volvemos a leer la próxima semana.

Amigas y amigos, esta semana no es posible eludir el comentario sobre la difusión de un video en redes sociales, en el que se aprecia a un funcionario del Gobierno federal, David León –para ser precisos– entregándole dinero a Pío López Obrador (hermano del Presidente de México) presumiblemente en algún establecimiento público del estado de Chiapas.

Cabe mencionar que David León Romero se había venido desempeñando como coordinador nacional de Protección Civil y habría sido designado por el Presidente para dirigir la nueva empresa del Gobierno para la distribución, abasto de medicamentos y equipos médicos.

Ahora bien, más allá del hecho en sí mismo y del golpe mediático que esto representa, partimos del punto de contradicción ante el “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México”, eso sin mencionar la obsesión sobre el discurso contra la corrupción y por ende con el de la honestidad.

Mas allá del sentimentalismo, la realidad es que estamos a la víspera de iniciar el proceso para las elecciones intermedias y al titular del Ejecutivo y su partido se le acaba el tiempo, está en juego el Congreso y con esto, la cómoda mayoría que le ha permitido hacer y deshacer a diestra y siniestra, con un Gobierno indolente que se ha cimentado sobre tres ejes de desaciertos, en materias de: economía, seguridad y salud, así como el errático manejo de la pandemia.

El propio Presidente utilizó su conferencia mañanera para presentar un video aparentemente presentado por Emilio Lozoya (testigo de su confianza) con base en el testimonio de este presunto criminal –del que en todo caso– sí existen fundamentos que señalan su responsabilidad en malos manejos, pretenden sostener que con ello, se encontraron los hilos de la corrupción en México y con lo que el Presidente, ha identificado como “el régimen de inmundicia que imperaba en nuestros país”.

Por otra parte, el Presidente con su peculiar sentido del humor, comparaba la difusión mediática que se le había dado –en su momento– a la corrupción expuesta en manos de René Bejarano, que a la del video en cuestión, por ello se dio a la tarea de difundirlo él, aclarando por supuesto que se traba de un video que se había subido de manera clandestina en redes sociales.

Con esa misma responsabilidad y personal compromiso de su transparencia, habría sido innovador que el titular del Ejecutivo, hubiese dado igual difusión a los videos en los que aparecen, David León funcionario de su Gobierno –por cierto– y Pío López Obrador, video que, dicho sea de paso, no se filtró sospechosamente en redes sociales y donde se puede observar y escuchar de los tratos y montos con los que negociaban el hermano del Presidente y –en ese entonces– un funcionario del Gobierno de Chiapas, todo esto, bajo conocimiento del titular del Ejecutivo y no solo por lo que el propio video demuestra sino porque ha sido el Presidente quién ha sostenido de viva voz “lo de mi hermano son aportaciones, lo demás es corrupción” cuando esto es un claro delito electoral.

Lo cierto es que, este modus operandi es el distintivo de la Administración, como ha sucedido con los nombramientos de funcionarios de alto nivel, haciendo uso discrecional de las facultades presidenciales para desmantelar instituciones, así como la nula transparencia en la rendición de cuentas, con este mismo estilo es como se han tomado decisiones de alto nivel en materia de seguridad y salud, lo que ha traído en consecuencia el colapso del sistema nacional de salud, vulnerándolo significativamente, bajo estas circunstancias, es como ha tenido que hacerse frente a la pandemia, que para este fin de semana México estará alcanzando los 60 mil mexicanos fallecidos a causa del coronavirus.

Ahora los tiempos marcan la pauta y la preocupación se enfoca en los comicios electorales, con un Gobierno que busca concentrar sus esfuerzos en señalar –de cuanto se pueda– a sus oponentes políticos, apostando al inconsciente colectivo, suponiendo que a los mexicanos basta con enfrentarlos o de mínimo distraerlos, porque lo cierto es que no tienen resultados que ofrecer, aportaciones que presentar, donde lo que hay, no puede traducirse ni en esperanza, ni bienestar.

Les agradezco su lectura, nos volvemos a leer la próxima semana.

Amigas y amigos, en el escenario adverso que se vive en nuestro país a causa del Covid-19, los mexicanos estamos dando la batalla en materia económica y de salud, al mismo tiempo que constatamos, a lo largo de los meses que han transcurrido, la ineficacia de la actual Administración que no ha atinado a la solución de los dos asuntos más urgentes que deben resolverse, lejos de ello, en donde sí se ha instalado, es –en la indiferencia e insensibilidad– del aparato gubernamental.

No, no es fácil señalar que en el primer trimestre de año nuestra economía había caído 2.4% y al terminar el segundo trimestre hemos caído 18.9% (anual) de la mano de la severa pérdida de empleos, han transcurrido prácticamente cinco meses desde que diera inicio el confinamiento al que denominaron Jornada Nacional de Sana Distancia, como ya he mencionado antes, este Gobierno no solo –no cuenta con un plan de emergencia económica– sencillamente no tiene estrategia, ni hay planeación, ni hay metas.

Ahora el estudiantado mexicano está por reanudar su formación con el próximo curso escolar 2020-2021 y es claro que tampoco se cuenta con una planeación, partimos del hecho concreto de que mientras no haya condiciones, los niños y jóvenes no podrán continuar sus estudios de manera presencial, es por ello que la alternativa presentada se circunscribe a la “tele-educación” ante el fracaso de la modalidad online.

No obstante, no es la modalidad el problema –sino lo que hay de fondo– como el rezago en el rubro de las TIC que ponen de manifiesto la enorme brecha digital de nuestro país, en las sociedades de la información, no solo eso, la falta de seriedad y compromiso de las autoridades en quienes recae esta responsabilidad, sin creatividad ni talento para impulsar acciones concretas bajo el contexto de emergencia que prevalece, ni la disposición de crear esquemas que hubiesen permitido la máxima conectividad posible, creando verdaderas soluciones ante la disyuntiva educativa.

La ruta, de acuerdo al estilo de la presente Administración, en el camino fácil, el que no se compromete ni propone rumbo, así es como se generó un acuerdo con las televisoras Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, para que transmitan contenido educativo a 30 millones de estudiantes y aquellos que no tengan acceso a la televisión, podrán acceder a los contenidos educativos a través de la radio, libros de texto, cuadernos de trabajo y “atención especial”.

Pero, en la vida real ¿qué significa esto?, ya que no se ha planteado el apoyo y el acompañamiento sicológico por ejemplo, los alumnos no solo han sido afectados en términos académicos, si bien es cierto que concluyeron su ciclo escolar en un contexto que nadie esperaba e iniciarán el próximo curso en la incertidumbre total, estos meses han significado literalmente una pausa en el desarrollo de sus vidas, muchos de ellos, pueden haber pasado por la pérdida de algún ser querido, incluso sus propios padres o abuelos, ahora se verán enfrentados a una modalidad de estudio a distancia que se anticipa frustrante, sentados frente a un televisor por horas ¿de qué manera podrán ser evaluados los alumnos, más allá de la calificación cuantitativa?

Por otra parte, esto también representa otro detonante de frustración, al no contar con mecanismos que les permitan aclarar sus dudas, obligándolos, por ejemplo, a repetir la transmisión de una clase, esto sin considerar que son millones de estudiantes los que permanecerán en sus hogares y que los padres de los pequeños –de educación básica– y adolescentes –en educación media– pueden haberse incorporado a la actividad laboral ¿cómo podrán llevarse a cabo las tareas, proyectos, trabajos?

Por otra parte, habrá padres que tengan la posibilidad de laborar desde casa, esto no significa que puedan atender a sus hijos, no obstante, al imponer al estudiante la tele-educación, solo se le brinda una alternativa segura de aislamiento y abandono, enfrentándolo a problemáticas que puedan profundizar dinámicas nocivas o adversas en su formación humana, comprometiendo aún más el futuro de toda una generación de mexicanas y mexicanos.

Es impostergable entender que las “benditas” redes sociales no representan el conjunto de posibilidades de las TIC, es urgente tomar acciones que reviertan la brecha digital en la que se encuentra nuestro país.

Amigas y amigos, en el transcurso de estas semanas han trascendido muchos temas económicos, mismos que en múltiples ocasiones se le atribuyen o se constituyen por un hecho relacionado con la actual pandemia del Covid-19.

Si bien es cierto es que a nivel mundial todas y todos estamos enfrentado el mayor desastre en materia económica y de salud, situación que nos obliga a analizar sobre todas aquellas estrategias que los diferentes órdenes de Gobierno planteaban y que estas vendrían acompañadas de bienestar social.

La realidad está siendo otra: a nivel mundial vemos empresas transnacionales cerrar sus actividades, despedir empleados y en muchas ocasiones declararse en bancarrota. México, no es la excepción: familias sin un ingreso económico, personas desempleadas en los diferentes estados de la República, un Producto Interno Bruto que decreció, solo por citar algunos.

Pero ¿y Coahuila? La realidad que vive el mundo entero, en nuestro estado la comenzamos a sentir desde comienzo de año, desde antes de la pandemia, en el primer trimestre del año Coahuila se posicionó como uno de los estados con tasa negativa en muchos indicadores sobre el crecimiento económico.

Según datos de México ¿Cómo Vamos? colocan a nuestro estado en el último lugar sobre crecimiento económico, ya que el Gobierno estatal consideraba una meta de crecimiento de 4.5% anual y la realidad nos ubica con -6.8% ¿muy lejos no?

Para continuar con la desastrosa estrategia económica estatal, Coahuila planteó la creación de 15 mil fuentes laborales para el segundo trimestre de 2020, la realidad vuelve a golpearnos ya que durante el primer trimestre en Coahuila se perdieron 38 mil 787 empleos.

En deuda pública, Coahuila nuevamente destaca, al pasar de 4.8% a un 4.8% que en pocas palabras es nada, nuestro estado sigue y seguirá endeudado, colocando con solo estos tres indicadores a nuestra entidad en el último lugar de crecimiento.

Lo alarmante aquí, es que todos estos datos solo están computados los meses de enero, febrero y marzo; justo antes de que comenzara la pandemia mundial por coronavirus, entonces ¿de quién fue la culpa?

Si bien en estos álgidos momentos debemos atender prioritariamente al grave problema de salud que enfrentamos las y los coahuilenses, también es cierto que no debemos dejar de atender los problemas económicos por los que atraviesa la ciudadanía.

Por eso el Partido Acción Nacional, desde la Cámara de Diputados, ha impulsado una renta básica universal, tratándose esto de un equivalente al salario mínimo para que proteja de eventualidades a las y los mexicanos.

Esto, de igual manera abona a la consolidación de políticas públicas en materia económica con la finalidad de que todas y todos los mexicanos cuenten con este ingreso ante situaciones adversas como las que vivimos en la actualidad.

Desde la Cámara de Diputados he impulsado el fomento al cuidado y protección del empleo con la finalidad de que se permita el acceso a financiamiento a los micro y pequeños empresarios que se encuentran en buró de crédito y que por tal razón no pueden acceder a tales recursos financieros con el objetivo de inyectarle el suficiente capital para mantener su negocio operando y no perder aún más empleos.

Son demasiados puntos los que hay que ir subsanando con el pasar del tiempo, pero de lo que sí estoy convencida es de que en nuestro estado la economía no va por buen camino y eso nos lleva a una gran duda, realmente, ¿fuerte, Coahuila es?

Amigas y amigos, esta semana les comparto que tuve la oportunidad de convocar a una reunión virtual con el doctor Miguel Minero Hibert, quien además de ser médico pediatra, cuenta con la subespecialidad en Infectología, abordando el tema sobre La Realidad que Representa la Pandemia y las Expectativas sobre una Vacuna” para prevenir el virus SARS-CoV2 o la Covid-19 (abreviatura de Coronavirus Disease) como conocemos a la enfermedad que provoca.

En los últimos días se ha tenido información sobre la vacuna para prevenir este virus, por lo que es fundamental entender qué significa esto en términos reales, el coronavirus no es parte de una nueva normalidad –sino que constituye ya– nuestra nueva realidad, los efectos adversos y el manejo de la pandemia, posicionan a nuestro país en el tercer lugar de mortalidad a la fecha, es decir por lo que corresponde a la cantidad de muertes registradas a causa de la Covid-19 a nivel mundial, cabe mencionar que a principios de julio en nuestro país se habían registrado 6 mil 212 casos de pacientes confirmados y de 109 muertes por coronavirus en la población pediátrica.

Por otra parte, la atención prioritaria de la pandemia, prácticamente en todo el Sistema de Salud, ha impactado la atención y seguimiento de otros padecimientos crónicos en la población en general, cáncer o enfermedades autoinmunes, por ello se hace vital no retrasar los esquemas de vacunación de los niños para evitar brotes de otras enfermedades, así como los esquemas que correspondan a la población adulta joven y adulta.

Los seres humanos contamos con un sistema de defensas que se forma a partir de nuestras propias células, constituyendo nuestro sistema inmunológico; funciona a partir de la capacidad, de recordar alguna enfermedad generando una memoria, posteriormente, al reconocer –en este caso– un virus por ejemplo, generará anticuerpos neutralizantes, que es la forma en la que el organismo se defiende de un proceso infeccioso.

A partir de este proceso es como funciona una vacuna que se forma a partir de una toxina, virus o una bacteria, y con ella se busca generar una respuesta en el sistema inmunitario. Formular una vacuna implica un proceso que implica varias etapas: preclínica, exploratoria, posteriormente su desarrollo clínico, que es el momento en que pasa a su fase de –test en seres humanos– para dar lugar a su revisión reglamentaria y aprobación, que luego será sujeto a un control de calidad y finalmente a su producción a nivel industrial.

Se está avanzando a marchas forzadas en la búsqueda de una vacuna a través de diversos equipos de trabajo de la comunidad científica en todo el mundo, que se encuentran en diferentes etapas de su formulación, actualmente alrededor de 200 grupos, de los cuales la OMS da seguimiento a 140 y al momento son 20 prototipos los que se están probando en seres humanos.

Es importante destacar que no se trata de un solo tipo de vacuna, las virales que a su vez se dividen en dos tipos, las que se trabajan con el virus debilitado, mediante ingeniería genética para que no produzca enfermedad, pero que sea capaz de generar inmunidad y las que tiene el virus inactivo químicamente, que tampoco genera enfermedad, pero produce inmunidad, por esta razón algunas vacunas son de aplicación anual como en el caso de la influenza.

Otro tipo es la que se hace con base en lo que se llama vector, es decir su transmisión se hace a través de un agente, en este caso a partir de otros virus, para lograr generar inmunidad o bien a partir del ADN del propio virus o de un fragmento de su proteína.

Los avances son realmente prometedores, efectivamente se cuenta ya con prototipos serios como la mRNA-1273 Moderna; ChAdOx1 de la Universidad de Oxford y Aztra Zeneca; Ad5-CoV (China); BNT162b1/BioNtech (Pfizer) entre otras, se trabaja arduamente.

Sin embargo, la lucha contra la Covid-19 no ha terminado, por lo que es vital mantener las medidas de prevención e higiene, el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, así como el de careta o googles al menos.

Por lo que agradezco ampliamente la generosa participación del Dr. Minero Hibert al compartirnos esta visión acerca de las expectativas que pueden tenerse sobre una vacuna contra la Covid-19.

Les agradezco su lectura, nos volvemos a leer la próxima semana.

Amigas y amigos, esta semana deseo compartir con ustedes una reflexión acerca de la crisis sanitaria por la que seguimos atravesando.

Si bien podemos tomar como punto de partida el 23 de marzo como la fecha de inicio, cuando el Gobierno federal dio el anuncio de lo que denominó Jornada Nacional de Sana Distancia, misma que concluyó el pasado 1 de junio, los resultados están muy lejos de ser los deseados, ya que no solo no se ha estabilizado la curva de contagios, sino que día con día vemos el incremento de las cifras de decesos.

No es una cuestión de percepción o de supuestos ajustes en los datos estadísticos que maneja el Gobierno federal, han pasado más de 120 días desde entonces y seguimos teniendo cualquier cantidad de irresponsables pretextos y justificaciones, en la voz del encargado de hacer frente a la pandemia.

Los números son tan claros como fríos, baste con hacer un repaso de las declaraciones del subsecretario López-Gatell, 10 días antes del inicio del confinamiento o de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el 13 de marzo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señalaba con relación al Festival Vive Latino (realizado en la Ciudad de México) que no era “indispensable” hacer cancelaciones, esto sin considerar aquello de que la fuerza del Presidente era moral para justificar sus giras por el país.

Para el 8 de abril, mencionó que los números de la pandemia era 8 veces más grandes de lo que se veía, asimismo en esos días anticipaba que la temporada más difícil de la epidemia se registraría entre abril y mayo.

Luego manejó que el pico máximo de la pandemia registraría un intervalo de fechas posibles, mientras las cifras arrojaban un evidente aumento en los casos de contagio, lo mismo que de fallecimientos.

Para el 20 de abril, las cifras oficiales reconocían 712 muertes en nuestro país y se nos informaba que se estaba “aplanando la curva”, esto sin olvidar que en todo momento el doctor López-Gatell ha desestimado el uso del cubrebocas, afirmando incluso que era de “nula utilidad”.

Quince días después, el 4 de mayo, el número de muertes registradas arrojaba una cifra de 2 mil 271 confirmadas por Covid, mientras tanto en el discurso, se ha insistido –y se insiste– “que la curva se aplanó”, solo que el 19 de mayo la cifra fue de 5 mil 666 personas fallecidas y para el 3 de junio, había aumentado a 11 mil 729 mexicanos fallecidos.

Así, bajo estas circunstancias se concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia, dando lugar a la incorporación de actividades con semáforo rojo en todo el país desde el 1 de junio.

Respecto al pico de la epidemia, si bien es cierto no puede haber algún tipo de predicción exacta, también es cierto que, lo que sí se ha ajustado, es el discurso al paso de estos meses.

De abril o mayo como estimado del pico de la pandemia, pasamos al “reconocimiento” a inicios de junio como el momento más crítico –12 de junio– el doctor López-Gatell señaló textualmente, “ya lo del pico y la fecha del pico y que si esto es el Himalaya y demás, ya no tiene mucho sentido que hablemos de eso”, y mencionó que la epidemia no es una sola.

Así que, efectivamente si dejamos a un lado el tema del pico de la pandemia, la realidad es que el 3 de julio se registró una cifra de 29 mil 843 decesos, tan solo 21 días después la realidad del coronavirus y la fallida estrategia para la Prevención y Promoción de la Salud, alcanza los 42 mil 645 fallecimientos en nuestro país.

Ante la falta de sensibilidad y de manejo de la pandemia, nuevamente, por parte de López-Gatell, quienes resienten y resentimos día con día somos las y los ciudadanos, que ante una variación de indicaciones desde lo más básico, como el uso del cubrebocas, generan diferentes visiones y criterios y una vez más polarizan a nuestra sociedad.

Amigas y amigos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes, luego de una semana -que se antoja ecléctica- si consideramos que al fin se cristalizó la extradición de José Emilio Lozoya Austin a nuestro país, en medio de un fuerte operativo de seguridad, que también logró generar con eficacia la duda acerca de si el sujeto resguardado era el señor Lozoya.

Y es que, así como pasa esto, es como viene pasando todo con este Gobierno, empezando por el cuestionado manejo de la pandemia, que en el discurso gubernamental se dice “bajo control” o disminuyendo, pero que todos los días vemos avanzar, con funcionarios cada vez más acomodados en la posición evasiva de cualquier responsabilidad, carentes de cualquier práctica que conlleve transparencia.

Hoy las mexicanas y mexicanos nos encontramos a expensas de un semáforo epidemiológico que determina la nueva realidad -con la incertidumbre- como consigna, en ese y cualquier rubro de acción gubernamental, como al inicio de esta semana en la que se informaba en distintos medios, las cifras sobre el impacto que la crisis de salud está dejando en el rubro económico, con la caída de la actividad industrial y la pérdida de empleo, que con cifras “oficiales” se reconoce estamos por llegar al millón de ocupaciones perdidas, los datos reales los tiene la sociedad que está padeciendo este drama.

Otras fuentes han indicado que la línea discursiva sobre la austeridad tampoco es parte de la realidad, como cita un análisis del Bank of America, que señala que el gasto del Gobierno se ha incrementado, ninguna novedad respecto de la imposición negligente, por decir lo menos, sobre los proyectos “bandera” de esta Administración: el Tren Maya, el aeropuerto en Santa Lucía, así como los apoyos “asistenciales” que por supuesto están sumando más de lo que se gana y así es como se genera deuda -habría que decir, a la vieja usanza-, porque para sostener una política asistencial de esta magnitud, se requiere de un proyecto de nación y una sólida planeación que permita consolidar las finanzas públicas.

Si esto de por sí ya era un reto -que le quedó grande al actual Gobierno- con la llegada del Covid es evidente que el escenario ha cambiado, no solo en el entorno nacional, se trata de una crisis mundial, ya se ha insistido en ello, no solo en este espacio, diversas voces así lo han señalado y de la misma manera, no solo se han desoído sino que se ha insistido en caminar en sentido contrario, del mismo modo que en todo lo que corresponde a la política ambiental, quizá en este sentido es aún más visible el impacto ya que para ir en sentido contrario, se están desandando tres décadas de un enorme y valioso esfuerzo, que se alcanzó con el trabajo conjunto y plural de miles de personas, expertos, especialistas, activistas, sociedad, políticos, con base en la visión de una sola persona.

En materia de género, no solo se trata de un retroceso, todas las acciones que no se lleven a cabo a favor de la mujer, representan acciones en su contra, ya que la vulnera y la expone a diversos riesgos, empezando por el desamparo legal o jurídico o afianzando el flagelo que representa su invisibilización social, que es lo que representa la indolente compaña gubernamental en contra de la violencia “cuenta hasta 10”, pero que ilustra con honestidad la visión de esta Administración, que con ello da por atendido lo que tiene que ver con este tema.

Así que ya no sólo se trata de los otros datos que tenga la sociedad, ni es la “nueva normalidad”, en todo caso es la realidad a la que se enfrentan día a día todas y todos los mexicanos, la extradición de José Emilio Lozoya Austin no es un “as bajo la manga” que mediáticamente traiga al inconsciente colectivo el pasado, cuando México está ocupado tratando de subsistir en el presente.

Alguien llegó a decir -en algún momento- que “el pueblo no es tonto, es tonto el que lo cree” y así lo es en verdad, el pueblo no es tonto y requiere que haya Gobierno ya, trátese de quien se trate.

Les agradezco su lectura, nos volvemos a leer la próxima semana.

Amigas y amigos, en esta ocasión quiero compartirles que esta semana las y los diputados de Acción Nacional presentamos un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan con los calendarios de gasto y ejerzan a la brevedad los recursos que se programaron, para evitar caer en subejercicio en sectores como el de salud y empleo.

Asimismo, hemos hecho un exhorto a los titulares del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que subsanen los subejercicios de gasto que presentaron de enero a abril, a fin de hacer más eficiente el gasto para incrementar la protección sanitaria del personal de salud, así como la mejora del equipamiento, infraestructura y calidad de los servicios de salud.

Y a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Turismo, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Cultura, Ciencia y Tecnología, Defensa Nacional y Marina, se les ha hecho un atento exhorto a que realicen un ejercicio más eficiente del gasto público y eviten caer en subejercicios, a fin de apoyar al crecimiento económico del país.

Ante las erráticas decisiones que se han venido tomando en el Gobierno federal, no solo durante la emergencia sanitaria por la que atravesamos, desde 2018 se han enviado señales desalentadoras que han impactado a nuestra economía, ocasionando un proceso de desaceleración previo a la pandemia y esto es lo que ha agravado el escenario, ante la contingencia.
Ya lo he señalado en otras ocasiones. Bajo el discurso de la austeridad hemos tenido una serie de malas decisiones, que han afectado al sector privado y al sector público con recortes presupuestales dictados en la irresponsabilidad, carentes de planeación y sin transparencia, en la comodidad de la que goza el titular del Ejecutivo al contar con el apoyo incondicional de la bancada mayoritaria de su partido en el Congreso, que aprobó –a ciegas– el Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio.

Para cuando se detonó la crisis sanitaria a causa del coronavirus, el titular del Ejecutivo comenzó a echar mano de sus facultades. Primero, para decretar la extinción de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, posteriormente con el decreto del 23 de abril, se establecieron medidas de “austeridad” que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, al no ejercer 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, además de cancelar 10 subsecretarías, pero por otra parte, el Gobierno mexicano se ha hecho –de un préstamo– con el Banco Mundial por mil millones de dólares.

Así que, en el nombre de la austeridad, lo que se plantea es la semiparálisis de la propia Administración Pública. En este sentido, estamos hablando de recursos que se tienen –es decir, así fueron asignados en el Presupuesto de Egresos– y que no podrán ser gastados, ciertamente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé que si una entidad receptora de recursos públicos (dependencias federales) gasta menos de lo autorizado, deberá devolverlos a la Secretaría de Hacienda y esta a su vez, cuenta con la facultad para redirigir dichos recursos a otros rubros.

El subejercicio no es una medida que esté por implementarse, por ejemplo, de enero a abril del presente año, el ISSSTE, registró un subejercicio por el orden de los 10 mil 249 millones de pesos y el IMSS por 6 mil millones.

Sin embargo, el otro hilo conductor que acompaña esta historia es la falta de transparencia, todo se hace en nombre de la austeridad y a causa de la crisis de salud por Covid-19, pero en pesos contantes y sonantes, no sabemos de cuánto dinero estamos hablando, en dónde se está aplicando y con qué criterios se plantea reasignarlos.
De manera que las y los legisladores de Acción Nacional, levantamos la voz –fuerte y claro– para que en primer lugar, se cumplan con los calendarios de gasto y se procure mayor eficiencia en el gasto de los recursos previamente asignados, exigimos transparencia para evitar que el Gobierno siga cayendo en el uso discrecional del presupuesto en nombre de la pandemia.

Les agradezco su lectura nos volvemos a leer la próxima semana.

Esta semana ha entrado en vigor el T-MEC y no puede evitarse pensar ¿quién se habría imaginado? que 26 años después de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá, sería uno de los opositores –no solo de aquellos tiempos– sino de todos los tiempos, quien signaría, un nuevo acuerdo, con el que se actualizan rubros en materia laboral, ambiental y energética, entre otros rubros, sin duda, ni el titular del Ejecutivo.

Y es que de ahí la importancia de –lo que se dice y decir lo que se piensa– por otra parte, aunque es manifiesta la falta de congruencia –de dicho y de hecho– del Presidente, México es un país de instituciones, con un sólido marco jurídico en donde coincidimos mujeres y hombres, que sabemos anteponer los intereses de México, a los personales e incluso partidistas, pero ante todo a los apasionamientos propios.

En Acción Nacional tenemos eso, congruencia, por ello (parafraseando a Gómez Morín) puedo afirmar que sabemos reunirnos en lo que no es común, apartando lo que nos separa, disputando en lo disputable, sin dejar de luchar reunidos en lo indiscutible: en aquello que es lo mejor para México y este es el caso, no podemos cerrar el paso al desarrollo y el crecimiento de nuestro país en la región, en medio de las circunstancias sanitarias y el impacto económico que conllevan.

El instrumento entre los tres países plantea las reglas para procurar la armonización legislativa y regulatoria en materia de seguridad, salud pública, protección al medio ambiente, lo que incluye la protección de los recursos naturales no renovables, así como en materia financiera.

Con esto se busca apoyar el comercio y el crecimiento económico en la región, previendo la protección de los derechos laborales, con mejores condiciones de trabajo.

Cabe mencionar que el T-MEC incorpora un capítulo con el tema sobre medio ambiente, que deja de ser un anexo, con esto se reconoce la relevancia de contar con un medio ambiente sano, modernizándolo para mejorar la efectividad de la cooperación ambiental, fortaleciendo las políticas comerciales de la mano de las políticas ambientales, cumpliendo así con las obligaciones de los países integrantes con los acuerdos multilaterales de los que también forman parte.

Así, se contempla que cada uno de los países miembro, contará con procedimientos apropiados para la evaluación del impacto ambiental de los proyectos que proponga el nivel central de Gobierno y que puedan causar efectos negativos al medio ambiente, también se establece que deberán tomarse las medidas para controlar la producción, consumo y comercio de sustancias que agoten y modifiquen la capa de ozono.

Por cierto, el T-MEC establece fomentar y promover la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad biológica, al tiempo que reconoce el conocimiento y prácticas de los pueblos indígenas y “comunidades locales”.

En contraste las acciones del Gobierno, son contrarias –como ya he señalado– a través del reiterado ataque a las políticas e instituciones ambientales de nuestro país, en esencia la razón de ser de este tratado, como lo fue y lo sigue siendo, es el establecer el margen de acuerdo y colaboración que permita un crecimiento económico en la región, con base en un piso mínimo de entendimiento, sin embargo, mientras se suscribe un instrumento de esta naturaleza, el Gobierno mantiene una política contraria, para ello baste recordar los proyectos prioritarios como el Tren Maya o la imposición de una política energética con base en la ilegalidad, que no solo afecta al medio ambiente sino la inversión, en este caso de las energías limpias.

Por tanto, no solo es en este sentido en el que observamos la incongruencia, bajo las actuales circunstancias, impera la imposición, la opacidad, la división alimentada por arengas discursivas, la incertidumbre económica, la inseguridad y la negativa sistemática a convocar a un acuerdo nacional, para implementar un plan de emergencia económica.

A cambio, el titular del Ejecutivo realizará su primera visita oficial de trabajo a Washington, para celebrar la ratificación del nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá, con el presidente Trump, que como pocos, ha hecho manifiestas expresiones de discriminación e intolerancia hacia los mexicanos.

Amigas y amigos, hace un par de meses, comentaba que la crisis sanitaria la tenemos que resolver todos, el Gobierno mexicano, sigue sin presentar un plan de acción que le permita vislumbrar al país cómo superar el enorme reto por delante en materia económica.

Así que tendremos que ser nosotros como sociedad quienes busquemos e implementemos nuestras alternativas, y no serán estos los únicos asuntos que nos ocupen de la mano a la crisis sanitaria y una eventual recuperación en todos los sectores a través de la reactivación económica, con una nueva cultura ambiental, donde el respeto al medio ambiente ha dejado de ser la causa de algunos, para posicionarse como factor imprescindible para la subsistencia de la humanidad, en una suerte de perspectiva sustentable.

De esta forma, en mayo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó un documento con 68 recomendaciones para el Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica, lo que, por supuesto no ha tenido eco, pese a este contexto la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a través de su dirigente, ha declarado recientemente –que se buscará un acuerdo nacional sin el Presidente– señalando que es primordial conservar los empleos, antes que pensar en crear nuevos.

No es de soslayar que el manejo de la crisis sanitaria, ha estado plagado de discursos accidentados, por no decir confusos, que solo reiteran la falta de capacidad –o un Gobierno ausente– no solo en el rubro de Salud Pública, sino paralizado en un escenario de creciente inseguridad, como el atentado de la mañana del viernes en la Ciudad de México, con la firma del crimen organizado, contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, precedido por la ejecución del juez federal Uriel Villegas Ortiz en Colima, hecho que cimbró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en días pasados, sin dejar de mencionar el operativo en Guanajuato, que derivó en bloqueos en carreteras y autos quemados hace una semana.

Es de celebrar en primer lugar, que el licenciado García Harfuch se encuentre bien, también es notable la celeridad con la que se ha presentado al autor intelectual de este deleznable atentado, pero esto no es el resultado de una estrategia exitosa, porque hasta hoy, sigue siendo notable también la tradición de una larga lista de asuntos sin resolver en materia de seguridad.

Y para no desentonar, esta semana el titular del Ejecutivo, no tuvo reparo en señalar que “aunque se quiere cambiar el rol de las mujeres, como una de las causas justas del feminismo, la tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres, nosotros los hombres pues somos más desprendidos” dijo el Presidente.

Y es que el comentario, no es comentario, porque es cierto, parece que los hombres en este país son más desprendidos, será por eso que no se cuida de las hijas de México, lo mismo que su opinión no existe, si se trata de disentir. Por eso llama la atención que, en este mes de junio, cuatro funcionarias del Gobierno federal presentaron su renuncia.

Mónica Maccise, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), presentó su renuncia “personal y voluntaria” luego de la polémica desatada al convocar al foro virtual “¿Racismo o clasismo en México?”, mismo que fue cancelado debido a que se invitó a participar al youtuber, Chumel Torres, causando la –manifiesta molestia– de la pareja presidencial.

Mara Gómez Pérez, directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) renunció, señalando que la institución perdió su vocación humanista.

Asa Cristina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, reveló en entrevista que, durante meses, fue excluida prácticamente de las decisiones en el sector salud. Ahora, trascendió, que la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) Candelaria Ochoa Ávalos, deja el cargo por “diferencias”.

No se trata de cuatro colaboradoras que se pueden ir si así lo quieren, se trata de cuatro funcionarias que no encontraron, ni las condiciones ni el margen para disentir, porque esa (según algunos) aún es –o les gustaría que siga siendo– la tradición en México.

Les agradezco su lectura nos volvemos a leer la próxima semana.

Queridas y queridos amigos, esta semana comienzo haciendo una reflexión sobre las consecuencias que ocasiona esa “mala costumbre” de no actuar conforme a lo que se dice. Más allá de la incongruencia, tarde o temprano la realidad queda a la vista de todos: promesas que no se cumplen.

En estos días, se suscitó otro exabrupto contra las instituciones, ahora fue el turno del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred), del que, a decir del titular del Ejecutivo apenas se enteró que existe y luego, de acuerdo con su peculiar estilo, manifestó que “le gustaría que ese cargo estuviese representado por una mujer indígena… porque los más humillados de México y los que han padecido más el racismo en México han sido los indígenas”.

Hablar de las incongruencias, los tropiezos y atropellos del actual Gobierno, suma ya varias aristas, por ello, quizá simplemente baste regresar al principio del discurso, aquel contra la corrupción, que al mismo tiempo planteó un “punto final… que se acabe la política antipopular entreguista y que comencemos una etapa nueva; que ya inicie una nueva historia, y que hacia adelante no haya perdón a ningún corrupto, que no se perdone a nadie…”.

Y de ahí, hemos venido viendo, la participación de personajes señalados y cuestionados por el actuar de sus gestiones en el pasado, beneficiados por esa suerte de amnistía, pero que además acompañan el quehacer político del actual Gobierno.

Esa es la realidad de la incongruencia, la realidad de una promesa que no se cumple. A pesar de aquella frase de que al “margen de la ley, nada; por encima de la ley nadie”, hemos visto todo lo contrario al respeto a nuestro marco jurídico.

Desde entonces se levantaron voces que advertían de este grave despropósito y esa es la razón por la que ahora, a 19 meses de Gobierno, el Presidente, está convencido de la existencia de los poderes metaconstitucionales de su investidura y supone que basta con lo que “le gustaría que sea” para deshacerse de las instituciones que no le agradan.
Por ello ahora, manifiesta que le gustaría que el Conapred se integre a la Segob y forme parte de la Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría, con el pretexto de seguir reduciendo el aparato burocrático.

El Conapred es un organismo descentralizado sectorizado de la Secretaría de Gobernación, creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en 2003 –y no, no por capricho de ningún Presidente– como fruto del trabajo plural, serio y con altura de miras de los integrantes de la 59 Legislatura, una ley aprobada por unanimidad tanto en la Cámara de origen como en la revisora.

Un instrumento que respondía y responde también al cumplimiento del compromisos internacionales ante las Naciones Unidas, que tenían que ver con la adecuación de la legislación nacional a los acuerdos e instrumentos internacionales ratificados, como el Convenio 111 de la OIT, referente a la discriminación en el empleo (1958), la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (1999), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979) y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1969).

Ahora la cuestión no es si el titular del Ejecutivo nombra a una mujer indígena para la Presidencia del Consejo, sino saber, cuáles han sido los avances y logros de su errático Gobierno en materia indígena, en estos meses, por ejemplo, de qué manera serán incorporados o beneficiados los pueblos indígenas con su Tren Maya, –por supuesto, no nos referimos a sus consultas a modo– el proyecto personal del Presidente, ese que promete el paso del futuro para el sur de nuestro país, porque no es lo mismo ver pasar el progreso, que verlo llegar.

¿Acaso los pueblos originarios de México no tienen nada que decir sobre medio ambiente, acaso no tienen nada que decir acerca de cómo creen que la prometida derrama económica por el paso del Tren Maya deberá ser radicada en suscomunidades?

¿Dónde están las voces de los más humillados de México sobre los asuntos que realmente le importan al Presidente?

Les agradezco su lectura, nos volvemos a leer la próxima semana.

Queridas y queridos amigos, en los últimos días se ha desencadenado una serie de controversias del Gobierno mexicano de cara al futuro del sector eléctrico.

Partiendo de la base de la emergencia sanitaria y en nombre de la austeridad, se ha hecho uso de las instituciones en detrimento de los intereses de los mexicanos, a través de los acuerdos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), afectando la inversión en las energías limpias en nuestro país.

Primero, favoreciendo a la CFE, señalando que las renovables desestabilizan el sistema nacional de energía eléctrica y en un segundo momento, a través del aumento de los cobros de transmisión a las empresas de energías limpias, estos atropellos dieron cause a una serie de amparos a los que tuvieron que recurrir en defensa de sus legítimos intereses.

Ahora no solo se trata de los acuerdos gestados en la ilegalidad, y de la primera suspensión definitiva que otorgó un Juez a favor del Derecho Colectivo, ya que los acuerdos en materia energética de la Secretaría de Energía podrían generar una barrera a la entrada de las centrales generadoras de energía limpia y el fortalecimiento anticompetitivo de la centrales convencionales.

En respuesta, la propia secretaria Rocío Nahle da a conocer mediante un comunicado que va a combatir tal resolución ya que “ningún derecho económico prevalecerá sobre el interés general de la nación, cuando este afecte el suministro confiable de electricidad”.

Las consecuencias no solo son económicas, como resultado de las políticas de retroceso de la 4T, nuestro país registrará un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero, con lo que México no alcanzará las cuotas de reducción de dichos gases conforme al Acuerdo de París, ni se cumplirá con los compromisos internacionales de establecer 35% de energías limpias para 2030.

Estas no son simplemente palabras, el impacto adverso sobre el medio ambiente es lo que atenta contra el interés general de la nación, así como las metas establecidas por la Ley de Transición Energética y el trabajo conjunto a nivel internacional, así como en el ámbito nacional.

El ataque sistemático a nuestras instituciones, tiene otros frentes, que involucran a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a través de recortes presupuestales, que conducen a su desmantelamiento y por ende, al desmantelamiento de las políticas ambientales en nuestro país.

No son los derechos económicos los que atentan contra el interés general de la Nación, sino las ideas sueltas de unos cuantos, sin más argumentos que su obsesión por borrar el pasado de nuestro país y truncar su futuro.

El cuidado del medio ambiente no es un eslogan neoliberal, ni progresista, de derecha o de izquierda, es un derecho humano para el desarrollo y bienestar, consagrado en el Artículo 4º Constitucional como un bien jurídico fundamental.

Apostar por la producción de energía mediante combustibles fósiles, solo propone eso, una ocurrencia que no cuenta con un proyecto, ni las metas que se van a alcanzar, ni el costo-beneficio que conlleva, porque no lo hay.

La construcción de las políticas en materia de medio ambiente no pueden estar sujetas a planes sexenales, requieren seguimiento, medición y ante todo continuidad. Esto es lo que significa el piso jurídico con el que contamos, un marco legal conformado por diversos instrumentos,tratados, convenios, estatutos, leyes, reglamentos y por supuesto en nuestra Carta Magna, que fueron creados a lo largo de 18 legislaturas.

Es un ordenamiento que no se construyó de la noche a la mañana, que pasó por el proceso de discusión y análisis en ambas cámaras, no señores, eso no se puede borrar con la excentricidad de un comunicado que invoca que ningún derecho económico prevalecerá sobre el interés general de la nación.

México requiere respeto y seriedad, no un conjunto de improvisados que una vez instalados en el poder, suponen que bastan unos meses conjugados con la pandemia y arengas a favor de una austeridad que no construye ningún bienestar.

Les agradezco su lectura, nos leemos la próxima semana.

Queridas y queridos amigos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión en torno a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente del pasado viernes 5 junio.

Esta fecha se conmemora desde 1974, luego de que el 15 de diciembre de 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas designara al 5 de junio como el día en que las naciones del mundo reafirmarían su compromiso hacia la preservación y conservación del medio ambiente. Es la fecha más importante del año para fomentar la acción ambiental.

Cada año, para este fecha se elige un tema de relevancia global con el propósito de resaltar la importancia del cuidado del entorno natural, y una ciudad o país del mundo es elegida como la “sede” de la celebración. Por ejemplo, en años anteriores se han elegido los temas de asentamientos humanos, el agua, la protección de la capa de ozono, la desertificación, la vida en el planeta, el calentamiento global o el rol de la niñez y de la juventud en la protección del medio ambiente; las sedes se han alterado entre ciudades como Dhaka (Bangladesh), Ontario (Canadá), Islamabad (Pakistán), Ciudad de México, o La Habana (Cuba) por mencionar algunos.

En 2020, el “momento de la naturaleza” es el tema central a revisar, a recordar y sobre el cual trabajar en el mundo. En esta ocasión, la celebración se da en un contexto sin igual, nunca antes visto en una fecha como estas: la pandemia global ocasionada por el coronavirus. Por ello, “el momento de la naturaleza” se refiere al necesario cuidado que debemos tener de nuestro entorno como medio para cuidar de nosotros mismos, los seres humanos y nuestras sociedades.

El mensaje parece simple, o quizá un tanto filosófico. Pero en sí, es un reconocimiento y un recordatorio de que el hombre forma parte del entorno y no tiene un dominio sobre él. Para este año, dado el contexto de la pandemia, el uso sostenible de nuestra biodiversidad se convirtió en el eje central del “momento de la naturaleza”.

La pandemia nos ha recordado que la destrucción de la biodiversidad atenta contra la propia salud del ser humano. Según cifras de la ONU, cerca del 75% de todas las enfermedades infecciosas que observamos son zoonóticas, es decir, tienen su origen en un desequilibrio del medio natural causado por el hombre y en donde virus o bacterias son transmitidos de animales a personas.

Como todos sabemos, el aire que respiramos, los alimentos que comemos, o el agua que bebemos provienen de nuestro entorno. Por ello, las constantes alteraciones e impactos de la actividad humana sobre el medio ambiente y la biodiversidad amenazan con un desequilibrio mayor que se manifiesta en extinción de especies, deforestación, contaminación y en el aceleramiento del calentamiento global.

Bajo estas circunstancias, “el cambio, la transformación y la adaptación”, son los rasgos “del antes y el después” para la humanidad. Tras la pandemia del coronvirus el mundo no volverá a ser el que conocimos. Nuestros procesos de relación y convivencia ya se han transformado y solo nuestra capacidad de adaptación será nuestra alternativa para seguir adelante, de la misma manera que la Revolución Industrial significó “un antes y un después” para el medio ambiente.

Es precisamente por estas circunstancias que llaman la atención las noticias y anuncios recientes sobre la destrucción de las instituciones ambientales del país. Todo Gobierno tiene como su prerrogativa la definición del enfoque que tendrá el desarrollo del país, la prioridad de los temas, y la definición y ejecución de políticas públicas hacia ese modelo de desarrollo elegido. Lo preocupante no es eso.

Lo que si, es el desinterés hacia el tema ambiental y la contradicción sobre las prioridades nacionales. Me parece que nadie, en su sano juicio, estaría en contra de reducir la pobreza y la desigualdad, pero igualmente creo que nadie en su sano juicio estaría a favor de la sistemática destrucción y daño del medio ambiente, del cual formamos parte y del que dependemos, por una idea de desarrollo del siglo 19.

Por ello, no solo es relevante sino fundamental la reflexión sobre el medio ambiente, no como una política de buena voluntad o empatía de los gobiernos. El derecho a un medio ambiente sano, del cual formamos parte, es un principio consagrado en el Artículo 4 Constitucional. De igual forma, los compromisos de México en torno a la protección del medio ambiente y la biodiversad bajo las metas de Aichi, o el combate al cambio climático bajo el Acuerdo de París, son compromisos de carácter internacional pero de ejecución nacional, con importancia y peso jurídico similar al de nuestra Constitución.

No se puede pretender que la emergencia sanitaria no se vincule a la deteriorada relación con nuestro entorno. Claramente, todos somos responsables, tanto en lo colectivo como en lo individual, sobre el impacto del ser humano en el entorno. Y son los gobiernos de los países quienes asumen y a quienes corresponde la responsabilidad de guiar el desarrollo nacional. Esta es una premisa fundamental porque ahora –aún sin haber superado la pandemia– debemos enfrentar la severa crisis económica derivada de esta mientras se deciden recortes presupuestales a las instituciones ambientales del país, se pelea con el mayor uso de energías renovables y se anuncian con bombo y platillo las millonadas consagradas al uso de hidrocarburos y al sueño de un tren que circule por zonas naturales protegidas y de alta importancia para la biodiversidad del México y del mundo. En el “momento de la naturaleza” se requieren soluciones innovadoras y consensadas, con claridad de visión nacional y con mayor presupuesto, con claro énfasis en energías renovables y una transición económica justa, y siempre en cumplimiento de la ley, empezando por la Constitución y nuestros tratados internacionales ratificados por México, hasta las leyes como la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética o la de Desarrollo Forestal Sustentable. Todo nuestro marco legal.

De manera concreta, un perspectiva de sustentabilidad en el “momento de la naturaleza”, puede venir de una “reactivación económica verde”, que responda a un desarrollo sustentable, con atención y cuidado de los todos los ciudadanos y con respeto y protección del medio ambiente, por los que estamos aquí hoy y por los que estarán mañana.

Queridas y queridos amigos, estamos a punto de comenzar una fase más en el manejo de la pandemia por el coronavirus, ahora determinada por un semáforo con cuatro categorías que indicarán la apertura progresiva de las actividades no esenciales, bajo criterios sobre el valor social de las mismas y el número de personas que involucran.

Todo parece indicar que comenzaremos la desescalada con semáforo rojo en todo el país, entre los cuestionamientos acerca de la veracidad de la información y el manejo de la crisis sanitaria, es así como llegamos a esta etapa a la que denominan “nueva” normalidad.

Ciertamente una nueva normalidad, pero la de un Gobierno indolente, que ha dado la espalda a los mexicanos que arriesgan su vida para salvar la de otros, como lo son, médicos, personal de enfermería y personal hospitalario.

La normalidad de un Gobierno carente de seriedad y estrategia, sin visión de Estado, que excluye y desprecia el valor más preciado de la democracia como lo es el diálogo, fundamentalmente por ello, la negativa sistemática a instalar una Comisión de Emergencia Económica.

Un Gobierno carente de sensibilidad y vocación de servicio, que se negó a otorgar incentivos fiscales, porque su vocación es en contra de los empresarios, haciéndolo el pretexto perfecto para dejar a su suerte a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Normalidad de un Gobierno sin contrapesos, que ha hecho de la contingencia sanitaria, también el pretexto idóneo para atropellar la ley, para aniquilar las reglas, las normas, el orden, como lo es la opacidad hecha decreto, con la que se cancelaron todos los fideicomisos públicos sin estructura, haciéndose de los recursos de –todos– los mexicanos –no solo de sus 30 millones de votos–.

Apenas la semana pasada se levantó revuelo con la iniciativa morenista con la que buscan hacerse del resto de fideicomisos creados por ley, como es el caso del Fidecine o con acuerdos publicados carentes de legalidad en contra de las energías renovables. Al Titular del Ejecutivo le basta con decir que en todo hay corrupción y que ahora se entregarán los recursos directamente.

La nueva normalidad de un Gobierno que no ve ni escucha lo que no le interesa, podría señalarse que hace falta oficio, lo cierto es que, lo que falta es interés o sobra desprecio, solo así puede entenderse que el titular del Ejecutivo tenga la frialdad de reconocer que la violencia contra las mujeres existe, pero que el 90% de “esas llamadas denuncias” que se hacen al 911, son falsas, está demostrado, según sus propias declaraciones, el pasado 15 de mayo; por su parte, la secretaria de Gobernación, sostuvo que se “trabaja” para evitar que aumente la violencia contra mujeres, durante el periodo de sana distancia por la pandemia del coronavirus.
Así que recientemente presentaron una campaña en contra de la violencia, que lo primero que omite, es la violencia contra la mujer y en esta misma semana circuló en redes sociales y medios de comunicación un video de la vida real, en el que aparece el notario público Horacio Aguilar Álvarez, violentando a una mujer, zarandeándola y amenazándola diciéndole “lo quieres por las buenas o por las malas”, presuntamente se trataba de su esposa, así que el individuo posteriormente envía una carta de disculpa, habrá que asumir que no tuvo oportunidad de ver el spot y no contó hasta 10.

Esto es lo que hay de fondo en la “nueva normalidad” que el Gobierno de la –fallida– cuarta “T” ofrece a los mexicanos y así como al principio, luego de dos meses, igual seguimos sin una estrategia, ni en materia de salud, ni en lo económico, sin más rumbo que el de los intereses del titular del Ejecutivo, que ha tenido la frivolidad de hacer uso de la figura de un médico, con el conocimiento y la experiencia para manejar adecuadamente este problema, distrayéndolo de su labor fundamental, para reducirlo a la figura de un vocero que se ha tenido que ajustar al requerimiento mediático de su jefe, que solo atina a decretar de viva voz, que se ha domado la pandemia con una curva de contagio y mexicanos fallecidos que dicen lo contrario.

Les agradezco su lectura, nos leemos la próxima semana.

Queridas y queridos amigos, esta semana se suma otro desaguisado más a la larga lista de desaciertos de la cuarta “T”, esta vez con una intentona legislativa con la pretensión de desaparecer el Fidecine, todo derivado del exceso, con punto de partida en el Decreto mediante el que el titular del Ejecutivo ordenó la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos.

Asimismo, el decreto del pasado 2 de abril instruyó a los ejecutores de gasto a que coordinaran las acciones pertinentes para que a más tardar el día 15 de abril se concentraran en la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos federales que hubiesen formado parte de estos instrumentos.

En el transcurso de siete semanas, este mismo Gobierno, ahora en el ámbito del sector eléctrico, a través del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se emitió un Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.

Recientemente, la secretaria Rocío Nahle hizo publicar un acuerdo más para emitir la Política de confiabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, justificando ambas acciones en una supuesta inestabilidad en el sistema eléctrico derivado de la pandemia del coronavirus –esto sin considerar la ilegalidad– en la que el acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, afectando al sector de energías limpias, lo que obligó a los inversionistas a presentar amparos –a los que por supuesto– asiste el derecho.

En esta misma ruta, fue el turno del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine). Aprovechando la contingencia sanitaria, los diputados de Morena intentaron ingresar una iniciativa para dar continuidad a la centralización de los recursos que conforman los fideicomisos que no fueron alcanzados por el decreto presidencial, así se dieron a la tarea de presentar una iniciativa para modificar diversas leyes y así echar mano de 44 fideicomisos más y 4 fondos, en nombre de los recursos necesarios para atender la pandemia, en materia de salud, económica –y claro– los programas presidenciales del “bienestar”.

El asunto causó revuelo y el medio artístico, concretamente cinematográfico, logró llamar la atención y contener –de momento– el atropello a
la industria.

Así, el Gobierno se ha negado a instalar una Comisión de Emergencia Económica, para hacer frente no solo al reto inmediato de la crisis sanitaria, que dicho sea de paso –su manejo– ha sido fuertemente cuestionado, sino a las medidas que deben implementarse para resolver la crisis económica y para lo que hace falta más que una veintena de cercanos al titular del Ejecutivo para resolverla.

Con el discurso que ha transitado del combate a la corrupción, al del “terminar con la opacidad y el mal uso de los recursos públicos” la 4T vuelve a dejar de manifiesto, que para lo único que no tiene tiempo es para convocar a las voces que conforman a este país para proponer un Acuerdo Nacional, para lo que se requeriría un Gobierno incluyente con altura de miras.

Y de eso justamente, es de lo que carece el Gobierno, que ha venido haciendo esfuerzos para manejar los recursos públicos discrecionalmente, por otra parte lejos de procurar el bienestar, ha concentrado sus empeños en desmantelar las instituciones del país y el propio sistema jurídico, agraviando los derechos fundamentales de los mexicanos.
Lo ocurrido con el Fidecine solo es una fotografía de la arbitrariedad y la soberbia del Gobierno, así como los riesgos y las consecuencias de la falta de equilibrio entre los poderes de la Unión, todavía hay quien abandera el respaldo de 30 millones de votos que respaldan su proyecto, lo cierto es que también gobiernan y legislan para el resto –de las y los– 60 millones de mexicanos, de los que para lo único que son tomados en cuenta es para el uso de sus recursos.

De la misma manera, la reacción generada ante este atropello, así como en el sector de las energías limpias, el sector salud, la iniciativa privada y todos aquellos en los que sea violentado el estado de derecho, tendrá como respuesta la unidad y la solidaridad entre los mexicanos, ésta y todas las veces que sea necesario, porque insisto, México es grande.

Les agradezco su lectura, nos leemos la próxima semana.

Queridas y queridos amigos, esta semana quiero referirme a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) que es la agencia del Gobierno federal, encargada de impulsar la política de mejora regulatoria en nuestro país, cabe mencionar que este órgano fue creado desde el 2000, conforme a las reformas hechas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y posteriormente, desde 2018 conforme a lo dispuesto por la Ley General de Mejora Regulatoria surge la actual Comisión, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, al que se le dotó de autonomía técnica y operativa con el objeto de promover la mejora de las regulaciones y simplificación de trámites y servicios, buscando el máximo beneficio para la sociedad.

A partir de la revisión del marco regulatorio y a través de asesoría a las autoridades competentes sobre la regulación en actividades o sectores específicos, como es el caso del sector eléctrico.

Si bien es cierto, este Gobierno se ha venido distinguiendo por lo que deshace –sistemáticamente– y –si bien es cierto– están en posición de apostar –erróneamente– en sus políticas y prácticas conservadoras, incluso si esa visión –es contraria al medio ambiente– en lo que no tienen derecho es en montar un escenario que les permita imponer esas políticas de manera unilateral y con desaseo, valiéndose de la actual emergencia sanitaria, la secretaria Nahle publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

Con el acuerdo no solo se afecta de manera directa la inversión en energías renovables, como lo son los proyectos eólicos y fotovoltaicos, sí, la energía eólica, la que el titular del Ejecutivo criticó el 28 de marzo –incluso cuando ya se había declarado la Jornada Nacional de Sana Distancia– en un paseo que se permitió por la Rumorosa y para lo que se dio tiempo incluso de hacer un pequeño video en el que dijo: “Miren cómo afecta el paisaje, la imagen natural, cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores”.

La cuestión es que este es un país, que cuenta con un marco jurídico e instituciones, dicho Acuerdo es una maniobra más gestada en la ilegalidad, con la que además de frenar la competencia en el mercado, obstaculizando –por decir lo menos– la entrada en vigor de las nuevas centrales de energía renovable, la secretaria Nahle pidió la publicación del acuerdo, sobre el argumento de que las centrales eólicas y solares están causando inestabilidad en la red de transmisión ante la caída de la demanda de energía eléctrica a causa de la emergencia sanitaria.

Sin embargo, la Conamer, con apego a las disposiciones jurídicas y normatividades aplicables y por la naturaleza del acuerdo, señaló que el instrumento, si bien establece lineamientos generales, incluye líneas de política para –todos los integrantes– de la industria eléctrica, lo que significa requerimientos adicionales a los establecidos en la ley, al existir una probable afectación de los derechos, prestaciones u obligaciones de los integrantes de la industria eléctrica, lo que representaría costos de cumplimiento, por lo que debía sujetarse a un análisis más exhaustivo y al procedimiento de mejora regulatoria a través de un Análisis de Impacto Regulatorio, además de cumplir con los plazos y obligaciones en la Ley General de Mejora Regulatoria.

Así que la respuesta no se hizo esperar al no darse el trámite instruido, llegó la “renuncia” del comisionado nacional de la Conamer, César Hernández Ochoa y se publicó el acuerdo el viernes.

Es inadmisible que, en nombre del pueblo de México y a costa del pueblo de México, discrecionalmente se sigan vulnerando sus instituciones, afectando directamente derechos de terceros, atropellando el derecho constitucional de contar con un medio ambiente sano, cerrando el paso a las energías renovables, como si las circunstancias no fueran ya lo suficientemente adversas, ahora se suma otra lamentable señal al sector en materia de inversión, no solo por el manifiesto desprecio a las renovables y las afectaciones económicas que esto conlleva, sino por la falta más grave de todas, el desprecio por el orden jurídico en la constante inobservancia de la ley.

Amigas y amigos, este domingo quiero comenzar enviando un saludo y mi aprecio –muy sentido– a todas las mamás, que en esta fecha de enorme significado para los mexicanos, nos hemos sumado a la modificación de hábitos para enfrentar la contingencia. Ni por un momento duden que así es como hacemos bien, dentro de poco volveremos a encontrarnos y tendremos oportunidad de festejar lo que representa la maternidad: la vida misma.

Y para aquellas mujeres, madres de familia, que se encuentran trabajando en los diferentes frentes de batalla de las actividades esenciales, mi admiración y gratitud, porque gracias a su generosidad y compromiso nuestra sociedad cuenta con servicios de salud, de seguridad, de limpieza, de reparto de insumos, entre otras.

Por otra parte, hemos de seguir trabajando para construir alternativas que nos permitan superar la crisis económica, lo ideal sería que fuese en una atmósfera de pluralidad. Sin embargo, pareciera que este es un ejercicio que le queda grande al Gobierno mexicano, ya que para ello hace falta solidaridad, generosidad y empatía, valores totalmente contrarios al titular del Ejecutivo.

El jueves pasado una vez más dejó claro que “…si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios o accionistas, porque el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie”. ¿De qué habla el Presidente? cuando es desde “su” Estado, que ha decidido privilegiar sus propias ambiciones, indolente e irresponsablemente.

Lo cierto es que hace décadas que México superó el discurso en contra de los empresarios como los enemigos de los pobres, lo que la gente quiere y necesita es trabajo y salario bien remunerado, en este ángulo es en el que aún falta camino por recorrer.

Mientras tanto, no es la primera vez que la sociedad toma las decisiones que debe tomar, a pesar del discurso y peor aún, ante la inacción del Gobierno en plena emergencia sanitaria. El Gobierno de López Obrador una vez más se queda corto, baste recordar que mientras el Presidente insistía en realizar eventos masivos, repartiendo besos y abrazos e invitando a salir a la gente, fue la propia sociedad la que comenzó a tomar las medidas de mitigación para evitar la propagación del coronavirus.

Ahora a pesar de las negativas y del abierto rechazo del presidente López Obrador al sector empresarial, cada vez más manifiesto, el Consejo Coordinador, ha presentado el documento 68 Ideas para México con el que se traza una ruta para la reactivación económica.

Se trata de un documento serio –que por supuesto, puede y debe ser enriquecido a partir de un Acuerdo Nacional, como ellos mismos lo proponen– que considera tres ejes conductores, el de acciones inmediatas para solventar la crisis, acciones para reabrir la economía y el de acciones de mediano y largo plazo para detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo nacional.

El documento, por ejemplo, propone “…Evitar disrupciones a lo largo de las cadenas de valor a través de esquemas de coordinación, abastecimiento y financiamiento para MiPyMEs, logrando que empresas en sectores esenciales cuenten con los insumos y servicios necesarios para su operación, entre otras medidas”.

A esto es a lo que el Presidente ha contestado –que si una empresa tiene que quebrar, que quiebre– dibujando su profundo desprecio por los empresarios y su discurso falaz sobre su “prioridad” por los pobres. Si hubiese un ápice de interés por los sectores más vulnerables, su prioridad sería la urgente protección del empleo, para empezar.

En México hay poco más de 4 millones de empresas, en su mayoría micro, pequeñas y medianas empresas, generadoras de poco más del 70% de los empleos –las microempresas, cabe mencionar son aquellas que tienen menos de 10 empleados–.

Es a esta gran mayoría de mexicanos a los que el Presidente no solo se niega a mirar, sino a los que pretende condenar, solo porque es el discurso que le acomoda. México sin duda es mucha pieza y aunque cueste más trabajo, saldremos adelante –como se ha venido haciendo– a pesar de los bandazos de su errático Gobierno.

Feliz Día de las Madres. Les agradezco su lectura, nos volvemos a leer la próxima semana.

Amigas y amigos, esta semana la cerramos con el frustrado intento de Morena por convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir la reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria enviada por el titular del Ejecutivo, que en un exceso de confianza buscaba que el tema de la pandemia terminara de caerle “como anillo al dedo”, y de esa manera, hacerse de facultades que son exclusivas de la Cámara de Diputados para reasignar los recursos del Presupuesto de Egresos, con opacidad y sin control alguno, al estilo que define la 4T.

La suma de insensibilidad, indiferencia y frivolidad del Gobierno federal es igual a irresponsabilidad y abuso, mientras que en el país se hace frente a la pandemia del coronavirus, que al viernes 1 de mayo ha cobrado la vida de casi 2 mil mexicanos y más de 20 mil se encuentran contagiados, lo que significa un aumento de casi 8 mil pacientes infectados y casi 800 decesos respecto de la semana pasada, al tiempo en el que el dólar se cotizó en más de 24 pesos y la inestabilidad de los precios del petróleo creció. En el Ejecutivo solo aciertan a buscar soluciones para satisfacer sus propias ambiciones con miras a los procesos electorales.

La semana pasada comentaba que México es un país que vale más que 10 subsecretarías y el aguinaldo de unos cuantos funcionarios, López Obrador canceló hace unas semanas todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica. Ahora, no contentos con esos recursos, habrían buscado obtener directamente los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

A cada paso, el Presidente deja constancia de que el coronavirus le cayó “como anillo al dedo”. Sin embargo, a pesar del acompañamiento complaciente de la bancada de Morena a todo capricho presidencial en ambas Cámaras y de la intentona por quebrantar el orden constitucional, lo cierto es que el país atraviesa una situación muy crítica. No solo estamos ante una crisis sanitaria, sino ante los efectos de una crisis económica mundial sin precedentes.

Por ello más allá de una opinión, Acción Nacional ha presentado una propuesta concreta sobre la base de una política de Estado, que integre a Gobierno y sociedad, de ahí la importancia de crear una “Comisión de Emergencia Económica”, con el objeto de proteger la economía y el ingreso familiar. Esta Comisión deberá estar integrada por el Gobierno federal, legisladores, así como por los gobiernos locales, representantes del sector económico y especialistas que logren generar consensos y acuerdos que nos permitan superar el desafío económico.

Por supuesto, la cancelación de proyectos gubernamentales no prioritarios es inevitable. Para dar paso a la atención prioritaria en salud y a la economía deben suspenderse los proyectos del Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

En materia económica, pese a algunas tímidas medidas que se han tomado, es vital instaurar un programa contracíclico, así como facilidades crediticias a las micro, pequeñas, medianas empresas, para que tengan liquidez en el corto plazo y resistan la crisis que está ocasionando la pandemia; diferir hasta por tres meses la presentación de las declaraciones anuales de personas físicas y morales del ejercicio fiscal 2019 y la devolución inmediata del IVA, así como la suspensión temporal del pago del ISR habría sido una decisión audaz y determinante para apoyar al sector privado.

Establecer programas de apoyo a la economía informal y un seguro emergente de desempleo hasta septiembre de este año para personas que hayan perdido su trabajo no es una idea, sino una necesidad imperante, la gente necesita trabajo, no dádivas a cambio de su voto.

Por otra parte, es fundamental apoyar el desarrollo del sector agrícola y ganadero para sostener al campo mexicano, reasignando recursos a programas de fondos concurrentes para impulsar al sector; para el caso del turismo habrá que incentivar la inversión y aumentar en –al menos– 400 mil millones de pesos los recursos para el desarrollo y promoción de proyectos turísticos.

Nuestro país requiere altura de miras, compromiso y seriedad, porque esta situación nos requiere a todos al mismo tiempo y en una sola dirección, no alrededor de un hombre que solo sabe pensar
en sí mismo.

Les agradezco su lectura, nos leemos la próxima semana.

Amigas y amigos, en estos días intensos mientras el personal de salud lucha heroicamente contra el coronavirus, seguimos sin un plan de acción para la reactivación económica una vez que hayamos superado esta contingencia.

Si partimos del hecho de que el año pasado se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) –a modo– confeccionado y aprobado por el partido mayoritario de Morena en la Cámara de Diputados, sobre una base promedio para el precio del petróleo de 49 dólares por barril, aun cuando el estimado se consideraba en 55 dólares, según el documento de Precriterios 2020 de la Secretaría de Hacienda.

Los escenarios han cambiado, no solo para México, para el mundo entero, la inmovilidad a la que se ha visto sometida una buena parte del planeta ha impactado todos los sectores de la vida cotidiana, el distanciamiento social, trae consigo la reducción de la movilidad de las personas y esta a su vez va de la mano de la reducción de la actividad económica; el confinamiento en los países ha restringido el flujo de la movilidad aérea y terrestre, afectando los volúmenes de producción de bienes y servicios en todas las áreas.

Por supuesto, la demanda de petróleo en México y en el mundo, corre con la misma suerte, con la drástica reducción en el consumo de energéticos, se ocasionó una crisis en los precios del petróleo, el 13 de abril, recién se llegó a un acuerdo global para recortar la producción en un 10%, México acordó una reducción de 100 mil barriles diarios a partir de mayo, recordarán ustedes la algarabía triunfalista de la secretaria Rocío Nahle que incluso presumió aplausos.

La cuestión es que a pesar de los esfuerzos –y dicho sea de paso– la poco decorosa posición de México en la reunión de la Opep, los inventarios de petróleo han sido rebasados ante la decreciente demanda de petrolíferos y este lunes 20 de abril, la cotización registró precios negativos por primera vez en más de 130 años, en cualquier caso, lo sensato es asumir que el precio de la mezcla mexicana se mantendrá, en lo que resta del año, por debajo del estimado de 49 dólares previsto en la “planeación” del PEF.

Mientras tanto, el mundo comienza a enfrentar otro problema, con la caída de las ventas de gasolina, no se cuenta con la capacidad de almacenamiento, por lo que en este momento hay buques tanque varados en los puertos mexicanos y para resolver este escenario, en el que no hemos incluido la pérdida de empleos a causa de la Jornada Nacional de Distanciamiento, así como la realidad de millones de mexicanos que viven al día (una enorme cantidad de ellos) incorporados en lo que se denomina “comercio informal”, ni qué decir de los pequeños y medianos emprendedores que arriesgaron sus patrimonios para iniciar su negocio y ahora enfrentan una lucha titánica por subsistir, el titular del Ejecutivo nos presenta 10 medidas para resolver un problema de talla mundial, entre ellas, reducir los salarios de altos funcionarios, quitarles su aguinaldo y desaparecer 10 subsecretarías.

La debacle económica del país comenzó cuando el titular del Ejecutivo federal, decidió cancelar proyectos prioritarios para el país y arrancar caprichos personales, mandando mensajes de incertidumbre a la Iniciativa Privada nacional e internacional, adicional a la receta de reducir salarios y retirar prestaciones, también redujo personal valioso y necesario de las dependencias públicas, incluido el sector salud, puesto que con eso se cubrirían las ayudas sociales; luego desbarataron el Seguro Popular y recientemente, han echado mano de los fondos de los fideicomisos sin estructura orgánica, donde el coronavirus le cayó como anillo al dedo para tapar los errores de un mal manejo de país.

Los mexicanos no somos mediocres, México cuesta y vale más que 10 subsecretarías, lo que la gente de este país necesita, es un Plan de Emergencia Económica a la altura de los desafíos que deberemos superar por delante, porque la gente de este país quiere y merece superarse, gente que no les tiene miedo a los retos, porque una vez superada la contingencia sanitaria, las reglas en el mundo habrán cambiado y México no se va a quedar afuera.

Amigas y amigos, esta semana tuve oportunidad de participar en diversas reuniones virtuales para dar seguimiento a distancia al trabajo legislativo. Para muchos de nosotros, luego del brote pandémico por el coronavirus, el uso de las herramientas tecnológicas ha sido la gran alternativa que nos da la oportunidad no solo de mantenernos comunicados, sino de continuar en gran medida muchas de nuestras labores.

Sin embargo, la disyuntiva por la que ahora atravesamos no tiene precedente, no solo en México sino el mundo, es muy amplio el espectro del impacto que la pandemia ha tenido en la vida cotidiana –prácticamente– de la humanidad, con la parálisis de los mercados y la inactividad en la mayor parte de los sectores ante esta contingencia.

Gracias a las nuevas tecnologías, se cuenta con la oportunidad de procesar el cúmulo de información que se está generando en tiempo real, por ejemplo; ahora llama mi atención, la experiencia que significa para las niñas, niños y jóvenes que están viviendo la imposibilidad de acudir a sus centros de estudio, el no poder reunirse con sus amigos, al menos aquellos que radican en zonas urbanas cuentan con la posibilidad de un mayor acceso a las tecnologías desde las que pueden dar continuidad a su aprendizaje; pero hay otro sector de niños y adolescentes que de igual manera viven el mismo confinamiento y comparten la misma necesidad de mantener su aprendizaje, pero su realidad es otra, muchos de ellos no tienen acceso a las plataformas digitales porque no cuentan con equipo de cómputo o acceso a internet en sus casas.

Bajo este contexto la Secretaría de Educación Pública, implementó el Programa “Aprende en Casa, por TV y en Línea” incluyendo otros medios de acceso para el caso de aquellos estudiantes que viven en comunidades aisladas o que pertenecen a comunidades indígenas, a través de la transmisión radiofónica.

No obstante, la brecha digital en México sigue siendo una realidad, en la publicación de Jordy Micheli Thirión y José Eduardo Valle Zárate La Brecha Digital y la Importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las Economías Regionales de México la definen como “una expresión de índole cuantitativa y comparativa del desarrollo de las sociedades específicas que emplean medios digitales en su quehacer. No tiene sentido fuera de un marco social y territorial concreto”.

Los registros son incuestionables, México presenta un gran rezago en materias de TIC’s, el artículo refiere que desde 2013 el Banco Interamericano de Desarrollo, indicaba que México había perdido lugares en clasificaciones internacionales de la llamada “sociedad de la información” diagnosticando el origen de ello, en la ausencia de políticas públicas eficaces para TIC, la consecuencia por supuesto, es sinónimo de estancamiento del desarrollo, pero esto no es privativo de nuestro país, la Unesco recién acaba de publicar en un tuit que “las plataformas en línea han reemplazado a las aulas en muchas partes del mundo durante el cierre de escuelas. Pero millones de estudiantes no tienen acceso a estas herramientas. Debemos asegurarnos de que la educación continúa para todos”.

Hoy por hoy, las plataformas digitales y las redes sociales nos permiten establecer la comunicación, así como la continuidad de nuestras labores y el proceso de enseñanza a grandes rasgos, sin olvidar la enorme ventaja que supone para el mundo contar con la tecnología y la interconectividad para hacer frente a la crisis.

Es claro que no ha sido suficiente el camino recorrido y que hoy tenemos que hacer esfuerzos mucho más contundentes y asertivos para remontar el camino para reducir la brecha digital, porque una vez contenida la emergencia sanitaria, la humanidad experimentará otras formas de relación y las tecnologías de la información contarán también con un nuevo sentido como elemento integrador de los procesos educativos, económicos y de cualquier aspecto de la sociedad, vinculadas como sinónimo de desarrollo y, ojo, en su contribución al cuidado el medio ambiente, ante la posibilidad de llevar a cabo reuniones digitales, que contribuyen a disminuir la emisión de contaminantes, eficiencia en el tiempo de traslado, reducción de tránsito vehicular y aéreo por ejemplo, porque el calentamiento global y el cambio climático siguen siendo dos grandes temas que el mundo debe atender.

Les agradezco su lectura, nos volvemos a leer la próxima semana.

Pese al estado de emergencia por la pandemia, seguimos teniendo días intensos; esta semana el tema en la agenda fue el petróleo y la lamentable posición en la que la Secretaría de Energía dejó a nuestro país en la negociación en la OPEP, logrando evidenciar a México ante la comunidad internacional y reiterando una vez más, la obsesión y necedad presidencial con la que se es capaz de llegar a lo insólito y esto sin duda no es lo más grave, ahora a los ojos de todos, hemos quedado en prenda del “favor” personal que se consiguió con Donald Trump, en palabras del propio Trump.

En este sentido, habría que decir que la visión de la 4T no es novedad, a juzgar por sus acciones a lo largo de 15 meses, no es el punto afirmar que no existe una visión de Estado, aunque lo que sí podemos observar es que no existe interés o voluntad, por no decir que, lo que –sí hay– a todas luces, es un profundo desprecio por todo aquello que signifique el progreso de los mexicanos.

Porque antes que los pobres, primero se ha quedado a deber en materia de seguridad, como ocurrió con el operativo conocido como el culiacanazo; antes que los pobres se ha quedado a deber en materia de género, abandonando a las mujeres a su suerte ante el creciente índice de feminicidios; en el sector salud, antes que los pobres primero deshizo el seguro popular, generando con ello una crisis que ha costado la vida de los mexicanos, aunado al desabasto de medicamentos, se impuso la creación del Insabi y hoy ante la variable de una pandemia y las consecuencias económicas que se derivan de la paralización de las actividades productivas no solo en México, sino en el mundo, la tónica es la misma.

La misma historia si nos referimos al medio ambiente, antes que los pobres, no solo se redujo el presupuesto en la materia, sino que se ha apostado por los combustibles fósiles, que generarán el incremento de los índices de emisiones y se destinan miles de millones de pesos en los multicitados proyectos del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía como ejemplo de ello.

Sin embargo, a pesar de la pérdida de la popularidad presidencial, la sociedad no solo no ha caído en el desánimo, menos aún en la inmovilidad, el 8 y 9M fueron la antesala de lo mucho que puede hacer, hace y seguirá haciendo, una prueba más de esto, ha sido la cohesión social, pese a la pasividad gubernamental, previo a la declaración de la pandemia, fue la propia sociedad la que empezó a resolver por sí misma las medidas de distanciamiento social.

Por otra parte, vale la pena detenerse a reflexionar sobre nuestro entorno en este momento de emergencia que prácticamente ha puesto a la humanidad en pausa, porque de eso precisamente es de lo que han venido hablando los ambientalistas los últimos 30 años, de una situación que pueda poner a la humanidad en riesgo: el cambio climático no es un fenómeno natural, es una realidad a la que la humanidad debe poner atención y atender de manera urgente y responsable.

Suelo decir que la vida se sostiene en tres columnas: agua limpia, aire limpio y suelo fértil; ahora mientras se resuelven las medidas que se han dispuesto para evitar la mitigación y propagación del coronavirus, se vuelve vital reconsiderar la importancia de los tres elementos, el agua es vital en estos momentos de prueba, mantener la higiene es –hoy más que nunca– sinónimo de vida, aire limpio a través del cual volveremos a respirar sin el temor de un contagio, suelo fértil del que se provee alimento que hoy es indispensable.

Mientras tanto, sin duda esta crisis la habremos de resolver todos y sin duda la lección más valiosa es que la sociedad tiene la capacidad de coincidir en objetivos que permitan su propia subsistencia, ahora lo que corresponde es no bajar la guardia y mantener presente la lección que nos deja esta prueba, en la que solo saldremos adelante con lo mejor de México.

Amigas y amigos, en medio de la emergencia sanitaria y la inminente recesión económica en el mundo, en México cerramos la semana con el decreto por medio del cual se instruye, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para que lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y a más tardar el 15 de abril, deberán ser concentrados la totalidad de los recursos públicos federales en la Tesorería de la Federación.

El decreto establece que el propósito del Gobierno es “combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales y la administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

Por lo que vale mencionar en principio, que un fideicomiso es una figura jurídica que opera en el ámbito privado como un contrato jurídico mercantil y financiero, en el que el “fideicomitente” deposita en una institución “fiduciaria” es decir, instituciones financieras y bancarias, la propiedad o titularidad de bienes o derechos, para que sean destinados, aprovechados y administrados a favor de un beneficiario, es decir del “fideicomisario”.

Bajo esta lógica se trasladó esta figura del ámbito privado, al de la Administración Pública, para la administración de recursos públicos y dar respuesta a las necesidades sociales, entre esos fideicomisos se encuentra el Fonden, uno de los más emblemáticos en nuestro país.

Es de todos conocido, que los sismos ocurridos en 1985 marcaron un parteaguas en materia de protección civil y prevención, por ello, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil un año después, desde entonces –y al mismo tiempo– que el calentamiento global, ha traído en consecuencia el cambio climático con el creciente impacto de fenómenos naturales cada vez más violentos.

Fue así que en 1996 se creó el Fondo Nacional de Desastres Naturales, como un Programa del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, evolucionando su capacidad operativa hacia 1999, con el propósito de atender de manera eficaz daños a la población e infraestructura física pública a causa de los efectos de desastres de origen natural y a lo largo de 25 años, se había venido perfeccionando como un sólido instrumento para la gestión integral del riesgo de desastres; a la fecha, el Fonden estaba integrado por dos instrumentos presupuestarios, el Programa Fonden para la Reconstrucción y el Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales Fopreden y sus respectivos fideicomisos.

Cabe mencionar que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) pronostica una alta actividad de huracanes en 2020, que será aproximadamente de 140% mayor que la temporada anterior, periodo comprendido del 1 de junio al 30 de noviembre según proyecciones.

Sobra hablar del desastre ocasionado con la desaparición del Seguro Popular y la creación del Insabi, sin reglas de operación por no decir en total opacidad y la grave crisis que se ocasionó en el Sistema Nacional de Salud con la desaparición del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, bajo los mismos criterios y que hoy más que nunca, nos ubica en un estado de vulnerabilidad sin precedentes para enfrentar la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Otra vez, se toman recursos que se venían ejerciendo bajo reglas establecidas –perfectibles sí– en todo momento, a cambio de lo que “le gustaría” al Presidente, que prefiere destinarlos a programas sociales, reactivar la economía, para apoyar a Pemex y para pagar deuda –a quien– la emergencia sanitaria con el sistema de salud diezmado, en un escenario de recesión económica, con su Gobierno que ha negado prórrogas fiscales que procuren liquidez a las empresas en el corto plazo, ha dicho que todo esto “le queda como anillo al dedo”.

El Presidente da la espalda y traiciona al Pueblo de México, sobre todo al personal médico, de enfermería, administrativo y sanitario que hoy está en la primera línea, expuesto, sin recursos, sin insumos, ni adecuada protección para enfrentar la atención de la pandemia, el Presidente a cada paso, deja ver que no está dispuesto a renunciar a su Tren Maya, su Aeropuerto, ni a su Refinería a costa de los mexicanos, esto sin duda, no será olvidado.

Amigas y amigos, en medio de la fase de distanciamiento social en nuestro país por el Covid-19, seguimos trabajando, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que nos dan la oportunidad de hacerlo a distancia.

Así mientras los mexicanos estamos dando la batalla para aplanar o por lo menos prolongar la curva de infección del coronavirus, no se puede dejar de lado el escenario económico que se avecina.

Un escenario no menos crítico, partiendo del hecho de la situación en la que ya estábamos inmersos, si consideramos que luego de tres trimestres a crecimiento cero en 2019, con el discurso que responsabilizaba a los factores globales y los oscuros intereses neoliberales, como la causa de la desaceleración económica, lo cierto es que no es así.

Esa fórmula ya la conocemos, la injerencia del Estado en el control de la economía, –no solo no es el camino– sino la dirección contraria, como lo estamos viendo, al crecimiento económico.

Así, bajo los –personales– intereses del titular del Ejecutivo, se han impuesto proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, al mismo tiempo en que se canceló el proyecto del aeropuerto en Texcoco y diversos programas sociales, como la atención a jornaleros agrícolas, el de empleo temporal, las estancias infantiles, ni qué decir de la cancelación del Seguro Popular para crear el Insabi, con lo que detonaron el colapso del Sector Salud, en proporciones no vistas en la historia del México moderno.

Por otra parte, no podemos soslayar la incapacidad del Gobierno mexicano en materia de seguridad, desde los hechos suscitados en Culiacán hasta el 8 y 9M, solo por mencionar dos puntos significativos en este rubro.

Con estas acciones en conjunto, no solo se envió una mala señal a la inversión, sino que se generó un sólido piso de inseguridad y desconfianza para el sector financiero, al que ahora se suma la incertidumbre actual ante la inminente recesión económica.

Lo que veníamos advirtiendo en las Cámaras –hoy– es una realidad, por ello ante la falta de oficio y el inevitable escenario económico que debemos solventar, Acción Nacional ha propuesto la creación de una Comisión de Emergencia Económica.

México requiere de una política de Estado, de la mano de la sociedad y no bajo la óptica del capricho personal como se ha venido haciendo, si bien hubo el desatino de cancelar proyectos y programas sociales bajo el eslogan de erradicar la corrupción, hoy se requiere cancelar proyectos incosteables, ante la urgente necesidad de contar con esos recursos para cuidar la salud y proteger el empleo y la economía de las familias.

Estamos atravesando por una emergencia sanitaria y económica que obligan a establecer medidas contracíclicas y facilidades crediticias a las micro, pequeñas y medianas empresas, para que tengan liquidez en el corto plazo y resistan la enorme crisis económica a causa de la pandemia.

También se propuso diferir hasta por tres meses la presentación de las declaraciones anuales de personas físicas y morales del ejercicio fiscal 2019 y la devolución inmediata del IVA, la suspensión temporal del pago del ISR y las aportaciones del IMSS y del Infonavit para ayudar a las familias de México.

Y la respuesta es el anuncio del SAT que no contempla una prórroga para la presentación de la declaración anual 2019 para personas físicas y morales. Vayamos poniendo las cosas en su sitio, el Presidente de México no es el dueño de México, trabaja para México y en este sentido, la sociedad mexicana ha dejado atrás aquellos días del paternalismo.

Las familias mexicanas no van a subsistir de las ayudas asistenciales, ante lo que está por venir, por muy constitucionales que sean, tampoco evitaremos la crisis negándoselas. Lo cierto es que, si la política es la “del no se puede” sin duda, no se pueden seguir destinando recursos a caprichosos proyectos, en un momento en que México los requiere en rubros vitales, como el sistema de salud.

Hay voces, como el caso del líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, que claramente señalan, la falta de insumos y equipamiento sanitario indispensable para hacer frente a esta emergencia sanitaria nacional.

Les agradezco su lectura, nos volvemos a leer la próxima semana.

El que andaba apurado buscando en Monclova un laboratorio para agilizar el levantamiento de muestras de sospechosos de Covid-19, fue el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, que contrató los servicios de uno.

El Gobierno del Estado tomó las medidas correctas, incluso anticipadas para evitar la propagación del contagio, pero estuvo lento para realizar pruebas de sospechosos.

El levantamiento hasta ayer lo hacían en el Hospital General Amparo Pape de Benavides y los enviaba a Saltillo, ahora habrá un laboratorio privado a fin de agilizar resultados.

Por tercer día los casos de Covid-19 son 12, según reporte de la Secretaría de Salud del Estado, aunque personal médico del IMSS habla de nuevos casos.

Calman aguas

El otro que se dejó venir a Monclova fue el delegado federal del IMSS, Leopoldo Santillán Arreygue, quien confirmó hay tres sospechosos de Covid-19, hay insumos para médicos y enfermeras y que la Clínica 7 del IMSS atenderá la contingencia.

De no ser por la manifestación de trabajadores, Arreygue ni por equivocación apareciera, dice saber lo que se avecina con la pandemia y asegura que con “reconvertir sus áreas” el IMSS está listo al destinarse exclusivo para Covid-19.

Por lo pronto este día se tienen los resultados de los exámenes practicados a tres trabajadores IMSS que son sospechosos, por el bien de todos roguemos a Dios que sea negativo.

Sanitizan Monclova

Los hombres de blanco aparecieron a las 19 horas en la Zona Centro de Monclova con aspersores rociando sobre las calles, un proceso de limpieza que se suma al combate contra la pandemia del coronavirus.

Las calles Hidalgo, De la Fuente, Carranza, Zaragoza, banquetas de banco y Presidencia Municipal fueron parte de la aspersión de un químico que reducirá el número de microorganismos.

Dentro de lo “bueno” del Covid-19 es ver la capacidad de reacción de alcaldes; en Monclova, Alfredo Paredes pendiente con acciones directas; en Frontera, Lencho Siller apoyando al comercio local y mas allá desalojando balnearios.

Los obedientes

Les llaman los obedientes desde hace rato, los diputados locales no dudaron en atender las recomendaciones de Salud en el Estado y sesionaron de forma virtual desde casa.

Diversos puntos quedan para la historia de los que integran la LXI Legislatura, sin duda la Quinta Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones y el exhorto agresivo contra el Presidente de la República.

“La conducta pasiva, ignorante y desfachatada que ha mostrado hasta ahora el titular del Ejecutivo Federal, está llevando al país a la ruina... está colocando a México como ejemplo de un mal de crisis”.

Se acabó “el plan”

La ex hacienda Guadalupe dejó de ser desde hace años, el punto de concentración de políticos de todo el Estado, de pasarela de los candidateables y sucesores del Gobierno, hoy será un desierto.

Un virus termina con aquella majestuosa la celebración, en la firma del Plan de Guadalupe donde desconocen a Victoriano Huerta, no habrá ni la mediana concentración.

Los obligados a estar en la breve ceremonia, la remembranza, la firma, la foto y cada quien para su casa.

Pobre ratero

De por si es pesado el tipo, feo y burdo para hablar, pues no le queda nada como Gobernador de Puebla, mira que decir que el coronavirus afecta a la “gente acomodada” y que “los pobres como él son inmunes”.

Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a dirigir Morena, le recordó a Miguel Barboza que compró la casa del ex presidente Miguel De la Madrid que vale millones de dólares, debiera declarar su fortuna ante la Fiscalía, dijo.

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Amigas y amigos, el domingo pasado mencionaba la importancia de guardar los cuidados para la prevención del coronavirus, han pasado siete días y el escenario ha dado un vuelco.

Así las cosas y en medio de la alerta sanitaria, esta semana se impuso la sinrazón, en la Cámara de Diputados, con nombre y apellido, los diputados de Morena aprobaron las reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de Partidos Políticos, que permiten la reelección consecutiva e inmediata, en dos periodos consecutivos para senadores y cuatro para diputados, esto quiere significa 12 años, permitiendo hacer precampaña y campaña, sin tener que renunciar al cargo, lo que en principio es anticonstitucional.

No solo aprobaron estas reformas, sino que lo hicieron aprovechando que los diputados del PAN, PRI y PRD decidimos no sesionar ante la emergencia de salud por la que estamos atravesando, que no es un asunto menor, es prioritario apegarnos a las medidas de prevención para evitar en todo lo posible la propagación del coronavirus, de esta forma los diputados de Morena, incluyeron el dictamen correspondiente en la sesión del miércoles sin que este haya sido analizado y discutido en comisiones, votándolo en el Pleno.

Dice el refrán que, “en arca abierta, hasta el justo peca” y precisamente ese es el riesgo que conlleva la tentación de la reelección, por otra parte, también es el problema de la falta de equilibrio entre los poderes de la Unión, no solo es la ausencia del diálogo y el propio debate sino de la representatividad y por supuesto, contar con una mayoría en el Congreso lejos de ser una fortaleza para el Ejecutivo, se constituye en su peor debilidad.

Ahora bien, este desorden da paso a la soberbia y al abuso, pero también ilustra el proceder mezquino de quienes fueron electos y en quienes el pueblo de México no solo depositó su confianza sino la responsabilidad de llevar a cabo un papel digno mirando en todo por el bien de la nación.

Y esta no es la primera vez que faltan a esta alta obligación, las consecuencias de las decisiones tomadas a modo y anteponiendo sus intereses partidistas, primero con la desaparición del Seguro Popular y luego con el presupuesto de egresos, solo por citar dos detalles, demasiado pronto los errores y la irresponsabilidad nos están pasando la factura.

Reflexionar sobre esto es importante, porque la confianza por no decir –desinterés– del titular del Ejecutivo, se debe en mucho, a la ausencia de los contrapesos que deben existir en la democracia, Andrés Manuel López Obrador puede sostener actitudes u opiniones tan erráticas como él quiera, pero el Presidente de la República está obligado a mirar por el bien de la nación y a gobernar para el pueblo de México, pero ¿qué puede preocuparle al Presidente sin contrapeso?

Hoy no solo debemos enfrentar la emergencia sanitaria, sino articular el plan económico con el que sobrellevaremos la delicada situación económica que habrá en consecuencia, esto implica medidas tributarias y la urgente e inevitable reasignación del gasto público, así como las acciones que deben llevarse a cabo para proteger los empleos, partiendo del hecho concreto de que, el país ya estaba en crisis desde el año pasado, remontar el camino no se va a lograr, por ejemplo, sometiendo a seudoconsultas ciudadanas la instalación de la planta Constellation Brands en Mexicali y en plena emergencia por el coronavirus, con la ilusión de trasladar la responsabilidad de los caprichos del Presidente, al pueblo.

Y así como los diputados de Morena, mediante actores como Mario Delgado, Gerardo Fernández Noroña y Pablo Gómez se aprovecharon de la actual contingencia para servirse con la cuchara grande, no solo acorde a sus intereses partidistas sino a sus intereses personales, este fin de semana, habrá otra intentona por aprovechar la ocasión, con el dólar por las nubes, el colapso de los precios del petróleo y con un futuro incierto por delante para la economía, el pueblo de México unido, más grande que nunca, levanta la cabeza para dar la batalla ante la pandemia, no cederemos ni habremos de esperar a vernos diezmados, mientras se diluyen las palabras, los discursos y las promesas de un Presidente que le ha fallado y le falla al pueblo de México.

Queridas amigas y amigos, en días pasados se llevó a cabo el Foro Mundial sobre Desarrollo Sostenible 2020, en Durango, bajo el referente del Acuerdo de París y al que fui invitada como panelista en la sesión, Valores y Estilos de Vida para la Sustentabilidad.

El tema abre un interesante ángulo sobre el rol del Congreso en Legislación Ambiental, desde su dimensión social, si partimos del hecho de que, el concepto de sustentabilidad no persigue situarse en una posición ambientalista o economicista, sino que precisa integrar estas y otras dimensiones, en todas nuestras actividades la perspectiva de sustentabilidad, lo que supera conceptos de origen, nacionalidad o etnia, lugar de residencia, actividad social o económica, porque pensar en sustentabilidad es pensar en todos los habitantes del planeta.

Por ello, el rol de los legisladores, adquiere una importancia fundamental no solo en nuestra tarea esencial de hacer leyes, sino en asumir que en nosotros recae el compromiso de integrar esta perspectiva en nuestros marcos jurídicos, sobre todo si recordamos que este esfuerzo suma casi 50 años de camino, desde la Conferencia de Estocolmo.

Sobra decir que, ante la emisión de gases de efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, disminución de la biodiversidad, la contaminación del aire, del agua, del suelo, el uso de sustancias sólidas, líquidas, gaseosas, ya sean como productos o desechos, el calentamiento global y el cambio climático, todo en su conjunto, es consecuencia de la actividad humana, tanto, como de la ausencia de marcos jurídicos, vacíos legales, o regulación insuficiente, que es lo que nos tiene hoy aquí ante una emergencia climática en el planeta.

La tarea vital que tenemos por delante los legisladores es la de incluir el principio de sustentabilidad como un elemento integrador entre las actividades humanas y su relación con la naturaleza y el medio ambiente, bajo la óptica de la racionalidad económica y el desarrollo humano, el uso de los recursos naturales y el impacto ambiental que esto conlleva.

Citaba en el panel que, según datos de la ONU, la confección de unos pantalones de mezclilla puede llevar al consumo de 7 mil 500 litros de agua, esto es lo que una persona bebe en siete años. Igualmente, la industria del vestido utiliza más de 93 mil millones de metros cúbicos de agua y arroja al mar medio millón de toneladas de microfibra, la noción de la “moda rápida”, se contrapone de manera directa al cuidado del medio ambiente ¿de qué sirven los esfuerzos en la regulación de plásticos, si por otra parte no se regula el ordenamiento en este rubro?

De ahí la importancia de incluir una perspectiva ambiental en los marcos jurídicos, no solo por la tarea de fomentar opciones con menor impacto ambiental, con menor requerimiento de materias primas vírgenes, prácticas de re-uso o mayor reciclado, con mayor eficiencia y menos emisiones, sino por las acciones urgentes que exigen un cambio de rumbo.

Otro aspecto fundamental que integra nuestro quehacer como legisladores, es nuestra representatividad, por ello, hoy más que nunca debemos facilitar la comunicación no solo con el electorado o los ciudadanos que representamos, sino con los distintos actores de la sociedad, académicos, expertos, representantes de los diferentes sectores de producción, funcionarios e incluso medios de comunicación, con las nuevas prácticas de Gobierno y Parlamento Abierto.

Primero, para identificar los nodos del problema, segundo para que, a la luz de su asesoría y experiencia, podamos identificar soluciones que permitan reducir el impacto ambiental adverso y tercero, a través de esta cultura de participación ciudadana, identificar puntos de encuentro que hagan viable la regulación, a través de iniciativas que permitan marcos jurídicos que coadyuven al fomento de cambio de hábitos y estilos de vida para la sostenibilidad, el Medio Ambiente no conoce colores, nos convoca a todos.

Finalmente aprovecho también para señalar la importancia de mantener hábitos preventivos ante la eventualidad pandémica del Covid-19, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, utilizar técnica de etiqueta al toser o estornudar, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, si esto no fuese posible, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 70% de alcohol.

Hoy 8 de marzo las mujeres de este país nos damos cita para alzar la voz, ante el abrumador e intolerable índice de violencia de género contra la mujer.

Violencia de género, de la que se ha dicho mucho pero que se ha venido escuchando poco. Las estadísticas señalan que 10 mujeres mueren diariamente por este flagelo, de las cuales solo tres llegan a ser reconocidas bajo esta figura; el caso de Abril Pérez Sagaón, es una imagen del significado de las estadísticas, un crimen que pudo y debió evitarse.

Ha pasado tan solo un lustro desde que se emitió en nuestro país la primera alerta de género, que nació como un mecanismo de protección de los derechos humanos y la vida de las mujeres, pese a que se previó la implementación de acciones preventivas, de seguridad y justicia, así como la asignación de recursos presupuestales para hacer frente a la “contingencia de alerta de violencia de género”, cinco años después, más de la mitad del país registra alertas de género que hoy, son una emergencia nacional.

Al actual Gobierno, suponemos, bajo la bandera de austeridad, le debemos la desaparición de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, para dar paso a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos que tiene a su cargo un combo de asuntos, entre ellos, el de las mujeres.

Así de la mano con el incremento del índice de las mujeres víctimas de violencia feminicida en los últimos dos años, el titular del Ejecutivo, nos ha demostrado a los mexicanos lo que es tener empeño en algún asunto de su interés, como la frivolidad de la rifa del avión, ya que en tan solo 46 días se dio a la tarea personal de organizar una megalotería, pero ha sido incapaz de anotar en su agenda el “problema” de las mujeres, que nos está rompiendo a las y los mexicanos, porque 10, no es un número, es una cadena de familiares, amistades, vecinos, compañeras y compañeros de trabajo, conocidas y conocidos de las víctimas, que no solo sufren el dolor de una ausencia, sino el dolor de una insuperable tragedia.

Se ha dicho que la falta de “sensibilidad” o “empatía” del titular del Ejecutivo, ha sido una desafortunada forma de abordar la situación –es mucho más grave– la falta de interés, la indiferencia, las bromas, el descrédito, la denostación, la burla, el fastidio es precisamente la semilla que engendra la normalización de la violencia de género, es aquí donde está enraizado el problema y uno de los factores más difíciles de erradicar y que ha contribuido al fracaso de mecanismos como el de la alerta de género.

Hacerlo desde su investidura, contribuye a corromper el entramado social; Fátima no era fifí ni estaba involucrada con un partido político, estas actitudes que “sutilmente” buscan minimizar una tragedia, es un ejemplo de lo que significa y conlleva la violencia de género. Fátima no es un caso, es una herida abierta, no de una, ni de dos, son miles de mujeres que hoy no están vivas, su ausencia rebasa a partidos políticos, gobiernos, adversarios, discursos y hasta las ideologías, no tiene ninguna gracia solapar la apología de la violencia como ha ocurrido con Isabel González esta semana y a quien le contestaron con un llamado a la “conciliación y el perdón”.

Estas actitudes son las que frustran, las que enojan y nos llevan a decir ¡basta!, por eso la convocatoria de las diferentes corrientes feministas que hoy se suman a diversas voces de la sociedad, que responden alto y fuerte: ¡alto a la violencia de género y feminicidios!

En el ensayo Solidaridad: Una Aproximación Sociológica, Borja Granado Lapuente, señala que “la solidaridad es una adhesión circunstancial, pero adhesión sólida, sin vanos artificios, firme, recia, completa, entera”, y de eso es de lo que está hecho este 8 y 9 de marzo en México, con solidaridad como solo se había visto en 1985 y 2017 ante la tragedia ocasionada por los sismos en la Ciudad de México, porque nos queremos todas y nos queremos vivas.

Queridas amigas y amigos, esta semana quiero compartirles con sincera satisfacción, que el jueves presenté una iniciativa para crear la Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas, a la que se sumaron diversos legisladores.

Esta iniciativa, es resultado de un enorme trabajo de participación ciudadana, en la que, a lo largo de una década, coincidieron destacados académicos y expertos que pudieron identificar los puntos nodales, en los que se requiere la regulación, pero con una visión integral.

Hablar de desarrollo sustentable, es hablar de la relación entre naturaleza y sociedad, en una dimensión social, económica y cultural, teniendo como punto de partida su complejidad, atendiéndose al mismo tiempo, un proceso de cambio de mentalidad en los individuos, lo que no sucede ni sucederá por generación espontánea, sino a través de ejercicios interdisciplinarios que respondan a las problemáticas que debemos enfrentar ante el cambio climático y la conciliación, entre la naturaleza y la sociedad, de ahí la satisfacción que les comparto, ya que en este ejercicio, no solo ha coincidido la voluntad política sino la visión integral y sustentable para el manejo de nuestras costas.

Son 17 estados de la República los que poseen costas, 156 municipios con frente litoral, la riqueza natural de México, lo coloca en una posición privilegiada al colindar con dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, para darnos una idea del potencial productivo en nuestras costas, hay que decir que la población asentada en los estados costeros supera los 47 millones de habitantes.

En consecuencia, el contar con más de 7 mil kilómetros de costa, le permite al país, contar con un detonante económico y comercial que deriva en diversas actividades de desarrollo, como el del sector turístico, esto conlleva la mejora en las condiciones de vida y el bienestar de la población, sus bienes y patrimonio con esquemas de prevención de riesgo, buscando disminuir la vulnerabilidad de la infraestructura, incentivando al mismo tiempo las actividades económicas de las zonas costeras, con la finalidad también de una presencia creciente en los mercados y en las diferentes esferas económicas.

En cuanto a la actividad y flujo comercial, hay que decir que México cuenta con una infraestructura portuaria que contabiliza 117 puertos y terminales habilitadas, en los que, la carga se concentra en 16 puertos comerciales, entre los que destacan el de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz, que operan el 96% de la carga contenerizada.

A grandes rasgos, esto nos permite observar la necesidad de contar, no solo con estrategias que nos permitan eficientar los servicios municipales, que garanticen –por ejemplo– las medidas de protección civil que se requieren, en función de la cantidad de habitantes en riesgo, así como la sostenibilidad en los sistemas urbanos costeros, cuidando de su funcionalidad.

Actualmente se cuenta con la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (Cimares) que, en conjunto con el ordenamiento en materia de medio ambiente, se da a la tarea de dar cauce a la gestión integral en las costas, considerando la autonomía de las entidades y municipios costeros, si bien este ha sido un esfuerzo valiosísimo, es tiempo de contar con un instrumento normativo, en el que se disponga en principio, la concurrencia y coordinación de los tres órdenes de Gobierno, de ahí que se trate de una Ley General.

Por eso se ha previsto la declaratoria de Zona Costera, como la unidad de gestión que comprende la superficie, declarada de manera conjunta y coordinada por la Federación, los estados y municipios costeros, al mismo tiempo se prevé la creación de la Comisión Nacional Costera, que tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones institucionales para desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, pero previendo la protección, conservación e incluso restauración de las costas, contribuyendo así a frenar la erosión y la degradación ambiental.

Por lo que no me queda sino agradecer las generosas aportaciones plasmadas en esta iniciativa de Universidades, Sociedad Civil, Estados costeros y especialistas en la materia, lo que nos permite colocar a México a la vanguardia en materia de legislación ambiental.

Amigas y amigos, luego de los hechos de violencia de género que conmocionaron a nuestro país –solo equiparables a la falta de sensibilidad y empatía del Ejecutivo– rebasaron toda capacidad de asombro y hoy se encaminan a un “basta ya de violencia contra la Mujer”, en medio de una grave crisis de salud, que cobró y sigue cobrando vidas a causa del desabasto de medicamentos y la caótica implementación del Insabi aprobada por Morena. Ahora, a la desatención de pequeños con cáncer se suma el cierre de la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam.

Fucam se dedicaba al apoyo integral y tratamiento –gratuito– completo para mujeres con cáncer, que no brindará más sus servicios, ya que con la desaparición del Seguro Popular dejaron de recibir recursos para mantenerse en operación y al ser una Asociación Civil, no cuentan con la posibilidad de establecer un convenio con el Insabi. Esto significa que las pacientes en tratamiento serán remitidas a unidades médicas del sector público.

Sí, esas unidades que hoy, no cuentan con reglas de operación, ni presupuesto para dar la atención que se requiere y que estarán listas hasta septiembre, según los dichos del Presidente.

No puedo dejar de señalar, que esta es la consecuencia directa de haber cargado la balanza a un solo partido, lo que en principio habría sido una ventaja para el Gobierno “de la 4ta”, ya que es parte de la vida y el quehacer democrático el derecho fundamental de ejercer el voto, libre, universal y secreto, lo que dio a Morena la mayoría en el Congreso y es lo que les ha permitido la toma de decisiones y la implementación de sus políticas públicas.

Sin embargo, es tiempo de valorar si fue un acierto o desacierto, haber olvidado que el contrapeso en el Congreso es lo que equilibra el control del poder que puede llegar a concentrar el Presidente, esto sin considerar la tentación a volver los pasos a nuestra tradición caudillista, lo que tampoco sería del todo lamentable, lo grave es cuando el caudillo se empodera y solo es capaz de incluir en su proyecto sus necesidades personales.

Casado con la idea de que su popularidad es la prioridad, antes y por encima de México, está convencido de que a un pueblo como este le basta con recibir becas –que, dicho sea de paso no llegan– y las “ayudas” para personas de la tercera edad –que tampoco son recibidas por todos sus beneficiarios–, y qué decir de la realidad en los campos.

Dinero en mano, a cambio de la vida de un ser querido que deja de recibir atención médica. Dinero en mano, a cambio de padres que ven a sus hijos quedarse sin medicamentos y tratamiento, del que depende su vida.

Dinero en mano, al menos para algunos –según dicen– porque tampoco hay certeza de que estos recursos estén realmente donde prometieron, a cambio de la oleada de violencia que azota al país; a cambio de una creciente violencia en contra de la mujer en México. Las cifras son brutales, 10 mujeres al día a las que se les arrebata la vida y con ello, se despedazan también familias enteras.

Bajo este contexto, México, no solo se suma a la convocatoria de los feminismos internacionales, México clama dignidad y respeto a los derechos humanos de sus mujeres, Clama un alto a la desigualdad, la inequidad, la discriminación y la violencia de género. México clama un alto ya a los feminicidios.

México clama ante los oídos sordos del Gobierno, ante la insensibilidad y la soberbia que busca en la salida fácil, echar la culpa a otros de lo que es su total y absoluta responsabilidad: ejercer el Gobierno. Ante el intento de denostar y demeritar a la vieja usanza los reclamos de la mujeres, con aquello de “que algunas sí siguen sus convicciones pero cuidado con las oportunistas”, surge como nunca la solidaridad fraterna de las mujeres mexicanas, espontánea y auténticamente, hoy estamos dejando atrás aquellas bromas de antes –“mujeres juntas, ni difuntas”– porque nos queremos vivas, para y con nuestras familias, en un nuevo tiempo en sororidad.

Les agradezco su lectura, nos volvemos a leer la próxima semana.

Amigas y amigos, acabamos de cerrar una semana muy intensa, asuntos de importancia que se mantienen en la agenda nacional, la crisis de salud ante la indiferencia y la inamovible postura del Gobierno federal y su negativa de resolver el problema generado por la accidentada implementación del Insabi, acompañado del desabasto de medicamentos, nos ha llevado al insólito ver pacientes que están recurriendo a la vía del amparo para que puedan ser atendidos en las instituciones de salud.

Lo lamentable como saben, es que al mismo tiempo que esto sucede, el titular del Poder Ejecutivo no solo ha insistido en su capricho, sino que al final –en lugar de atender los gravísimos problemas nacionales que involucran la salud y la vida de los mexicanos– primero, se ha dado a la tarea de imponer su rifa, por un avión donde el premio, no será el avión, luego presumió con –cheque en mano– 2 mil millones de pesos y según el propio Presidente, esos recursos serán destinados para el asunto de su rifa y, además, se dio a la tarea de organizar una cena para recaudar otros 2 mil millones de pesos, que tampoco serán para salud, sino para su rifa.

Por ello, los diputados del PAN hemos alzado la voz, sobre todo, en el Día Internacional del Cáncer Infantil, para exigir que, de una vez por todas, el Gobierno entregue los medicamentos para la atención de los niños con cáncer.

Otro asunto fundamental, es la elección de cuatro asientos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), para ello, Acción Nacional presentó una propuesta, para que se contemplen principios básicos a los que deberán ajustarse los perfiles que sean propuestos, con una elección que garantice certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia.

El caso no es menor, si consideramos las circunstancias en las que se ha venido dando el nombramiento de los encargados de instancias, que no solo exigen la más alta responsabilidad sino perfiles profesionales y sin inclinaciones o intereses personales, lo que lamentablemente no ha ocurrido, como el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el nombramiento de José Ángel Carrizales López como titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

Por otra parte, en el rubro de la violencia de género, ante la negativa del Gobierno de pronunciarse por una postura –firme y contundente– a favor de la mujer, se registra la tentativa de eliminar el concepto de feminicidio, que es otra de las cuentas en las que el Gobierno queda a deber, cuando vuelve a registrarse un hecho que rebasa la saña y el encono, a días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la sociedad mexicana se ve estremecida por un crimen de odio y la filtración de imágenes a medios de comunicación que las publicaron.

Todo esto en su conjunto, nos lleva a la conclusión de que algo está fallando, son tan solo tres hilos de una realidad, que día con día se hace más compleja y es precisamente el espacio que propicia la reflexión, no debe olvidarse que la idea de la separación de poderes, fue desarrollada bajo la óptica de una estructura que permite establecer el entramado institucional, en el que el poder político no resida en una sola persona, por ello es vital para nuestro sistema político contar con los pesos y contrapesos que hagan, en la realidad, efectivo el sistema de control y rendición de cuentas.

Se trata –además de los mecanismos de control– de la oportunidad de enriquecer el diálogo y la confección de las políticas públicas, con apego a derecho y con respeto irrestricto a la ley.

La responsabilidad no es únicamente del Presidente de la República, lo cierto, es que para devolverle a México un Gobierno con estabilidad, equilibrio y legitimidad, es necesario hacerlo entre todos y esto solo puede ser expresado en las urnas, erradicando la apatía y haciendo efectivo el derecho y obligación ciudadana del voto, que devuelva al Congreso, su necesario papel de contrapeso del Poder Ejecutivo, porque es México el que nos necesita.

Amigas y amigos, esta semana, como todas, hubo asuntos relevantes en la agenda nacional. Entre la confusión a causa de un comunicado de la Suprema Corte de Justicia al emitir una jurisprudencia sobre las pensiones bajo el régimen de la Ley de 1973 –y la aclaración de que esto no afectaría a los trabajadores–, los actos de violencia siempre inadmisibles y tan desafortunados terminan por rebasar todo parámetro cuando alcanzan a víctimas menores de edad, como lo ocurrido en Uruapan, Michoacán.

A eso sumamos la dinámica del discurso sobre la rifa o la Lotería Nacional del Presidente, que dicho sea de paso, se perfila como un fiasco. Entre el ir y venir de ocurrencias, quedó acomodada al día de hoy en un sorteo por 2 mil millones de pesos con 100 ganadores hasta el mes de septiembre –y hasta entonces– con el recurso del pueblo de México, se atenderá el problema en el sector salud causado por el Gobierno federal, esto sin considerar que la rifa del “avión presidencial” no rifa el avión presidencial.

Entre todo ello, hay otros asuntos que no se diluyen, la inseguridad y la falta de crecimiento, así como las acciones que deben implementarse en materia de medio ambiente, que contribuyan a mitigar el cambio climático, acciones que deben implementarse a la brevedad, por lo que requieren ser diseñadas con una visión integral y en conjunto con los diferentes actores que involucran.

Desde 2018 he venido impulsando el “mecanismo conocido como Bono Solar”, se trata de una Iniciativa Climática de México (ICM) –cabe mencionar que el propio vocero de esta plataforma señaló que el mecanismo fue pensado como un instrumento financiero que permita amortizar la adquisición de sistemas de generación distribuida mediante energía solar–.

Este compromiso no se queda en la presentación de esta iniciativa en el Congreso, sino en el seguimiento que esto conlleva, por eso buscaré el diálogo con las autoridades de las diversas instituciones que deben participar en un esfuerzo de esta naturaleza, lo que requiere de un trabajo colegiado e interdisciplinario.

Ya que se busca la instalación de techos solares a bajo costo para la mayor parte de viviendas del país bajo este esquema de generación distribuida, lo que significaría que los ciudadanos podrían generar la electricidad para su consumo y la posibilidad de vender sus excedentes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un lado, por otro, hablamos de un beneficio directo a la economía, en primer instancia con la creación de nuevos empleos, al adoptar prácticas sustentables en el sector energético.

El programa que se ha propuesto, contempla el ajustarse a la capacidad de pago conforme al promedio registrado en el recibo de electricidad del usuario, considerando además que la implementación de este nuevo esquema sea de manera paulatina, para dar paso a que los recursos aportados por el Estado provengan del propio subsidio –a través de un mecanismo revolvente– por supuesto, hay que señalar que el arranque de esta iniciativa requerirá de un fondo, que deberá ser determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por otra parte, el instrumento prevé que el subsidio eléctrico sea destinado a la instalación de los paneles solares en las casas-habitación, de manera que el costo sea cubierto por el usuario de manera gradual en su recibo de luz, pero con una mensualidad menor a la de su pago actual.

Es importante destacar que con esta iniciativa también se lograría reducir significativamente la quema de combustibles fósiles y, por tanto, se mitigarían las emisiones de gases de efecto invernadero que genera México. No hace mucho tiempo, les compartía que un esfuerzo como este –puede y debe– verse como el que ya se llevó a cabo en nuestro país cuando ocurrió el llamado “apagón tecnológico”.

Es tiempo de emprender acciones que integren una visión integral, con creatividad y talento que permitan encontrar soluciones a los problemas que aquejan al pueblo, a todos y cada uno de los mexicanos, para sacar adelante un desafío como este.

El fenómeno del cambio climático es el resultado de años acumulados de ausencia de políticas ambientales sanas. Es tiempo de tomar acciones integrales que nos permitan hacer frente al calentamiento global para beneficio de las futuras generaciones.

Les agradezco mucho su lectura, nos volvemos a leer la próxima semana.

Amigas y amigos, esta también ha sido una semana intensa: los grupos parlamentarios integraron sus agendas legislativas para el período de sesiones que acaba de dar inicio. El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados ha definido cinco ejes temáticos prioritarios a los que se les dará puntual seguimiento.

Cabe mencionar que la grave crisis de salud que estamos enfrentando nos ha llevado a buscar las alternativas que ayuden a revertir la situación. El exsecretario de Salud José Narro Robles ha señalado muy claramente, que “…la explicación de la crisis, descansa en la ineptitud, en el recorte del presupuesto y en el cambio de políticas sin medir las consecuencias de las decisiones que se han tomado…” y no, no es menor el impacto que está provocando en las familias mexicanas, por ello ahora es tiempo de superar las causas y remontar el camino con propuestas concretas.

De la misma forma, deben atenderse rubros como el de la seguridad y la economía familiar, que va de la mano con los derechos sociales y la defensa de las instituciones democráticas. En materia de medio ambiente también se ha presentado una agenda encaminada a la protección de nuestros recursos naturales, que deben ser tutelados con responsabilidad y, por supuesto, con una visión sustentable y sostenible, como lo es el caso del manejo integral de nuestras costas. México es uno de los pocos países que cuenta con costas en los dos océanos, es decir, en 17 de las 32 entidades de la República Mexicana deben atenderse las necesidades que esto conlleva.

Hablamos de un entramado costero que incluye 48 puertos, del que se deriva un movimiento de mercancías, así como de pasajeros, en el que el comercio internacional es el actor principal de las actividades económicas, incluido el sector turístico y el de las maquiladoras. No estamos lejos de alcanzar los estimados proyectados a 2022, lo que nos lleva a proponer esquemas que nos permitan contar con un marco normativo que permita afrontar el impacto que representa el manejo de 360 millones de toneladas de carga, 29 millones de pasajeros vinculados al arribo de 5 mil 300 cruceros, así como el manejo de al menos 8.3 millones de contenedores. En cuanto al flujo de vehículos automotores, hablamos de alrededor de 2.3 millones de unidades.

Por otra parte, en estos días se dio a conocer que en el Senado se buscará legislar iniciativas que contemplen la creación de “un círculo productivo, donde los materiales utilizados en la fabricación de bienes de consumo sean reciclados, transformados y reutilizados para frenar el uso de materias primas vírgenes y facilitar la transición hacia el aprovechamiento y reducción de la generación de residuos…”.

Por supuesto, en todo esfuerzo encaminado a la protección del medio ambiente cabemos todos, ya que no solo es necesario, sino urgente abordarlo, lo que exige seriedad y un alto compromiso porque hablar de medio ambiente, combate al cambio climático o sobre el cumplimiento de la Agenda 2030, no es un eslogan, debo insistir en que se requiere diseñar e implementar acciones con una visión integral del problema, partiendo del origen de este.

En este punto, hay que decirlo, volveremos a impulsar la Ley General de Envases, Empaques, y Embalajes, partiendo del hecho de que los residuos sólidos -que se generan por el uso de envases, empaques y embalajes- de productos de consumo, representan un volumen muy considerable de la totalidad de residuos inorgánicos generados en las zonas urbanas del país.

Generalmente dichos residuos sólidos no son compostables, ciertamente. La población de México genera diariamente por persona entre 1 y 4 kilogramos (en zonas del país con mayor población) de residuos sólidos urbanos, de los que aproximadamente 50% son materiales inorgánicos, en los que se incluyen envases, empaques y embalajes, por ello presentaré una iniciativa que regula las materias primas con las que se hacen los envases, empaques y embalajes con un menor impacto en el ambiente, considerando la adopción de tecnologías, además de permitirnos asumir de manera real la responsabilidad en la selección de materiales de desecho que hasta el momento no ha logrado implementarse.

Les agradezco mucho su lectura, nos volvemos a leer la próxima semana.

Amigas y amigos, esta semana hubo asuntos de la mayor importancia, las medidas del Gobierno federal para contener el paso de los migrantes, así como la grave crisis de salud en el país, aunada al desabasto de medicamentos junto a las desafortunadas declaraciones del presidente López Obrador, que se suman a la realidad en la que hoy estamos inmersos.

Entre todo esto, no podemos soslayar la transformación del discurso presidencial respecto del Tren Maya, ya que ahora, lo que comenzó como un proyecto financiado con participación privada, ha sido planteado como un proyecto que dependerá única y exclusivamente de recursos federales, pareciera que no hay recursos que alcancen, y por ello quieren echar mano de la captación de divisas del sector turístico de México.

No sobra señalar que de la recaudación que se obtenía por concepto del turismo, se destinaba un 10% al Fonatur, un 20% a Migración y el 70% restante a la promoción de México como destino turístico de clase mundial.

Bajo el nuevo discurso, ahora estos recursos se canalizarán para financiar el proyecto del Presidente, quien además dijo –que esto va subiendo porque afortunadamente hay más turistas– sin embargo, hay que decirlo, actualmente, México ya no es sexta potencia turística a nivel mundial.

Desde finales del año pasado se ha difundido globalmente tanto en el World Economic Forum como por la Organización Mundial de Turismo, que México ya no está en la lista de los 10 países más visitados del mundo.

Sostener que se destinarán 8 mil millones de pesos recaudados del cobro de impuestos a turistas extranjeros es inexacto por decir lo menos, hay que reconocer que el flujo de turistas extranjeros al país ha disminuido por la ola de violencia y la inseguridad.

Es ilusorio su cálculo de captación de divisas como inversión para el Tren Maya, ya que, si bien se ha registrado un incremento del turismo en playas, hay que decir que se trata de turismo nacional, es evidente la reducción del turismo extranjero en nuestros destinos, esto sin considerar la reducción en las tarifas hoteleras, que es lo que ha permitido sostener los resultados cuantitativos que se sostienen.

No es novedad un anuncio como este, tampoco es novedad el estilo de cancelar programas y fondos para desviarlos a los caprichos del momento, ni es novedad anticipar el fracaso de estas decisiones tal y como ha ocurrido con la venta del avión presidencial, la cancelación del proyecto del Aeropuerto en Texcoco o como el caos que se ha generado derivado de la desaparición del Seguro Popular y la errática puesta en marcha del Insabi para el que se tomaron los recursos del Fondo para Enfermedades Catastróficas.

Lo único catastrófico ha sido el resultado, ahora tocará el turno al sector turismo; esto sin considerar el grave impacto ambiental que representa el Tren Maya, un proyecto como tantos otros, sin visión ni planeación.

Sin embargo, pese a que el Gobierno sigue sosteniendo estimaciones optimistas –que no tienen fundamento en la realidad– nada se ha dicho del trazado sobre áreas de difícil acceso o en zonas y áreas naturales protegidas; tampoco sobre el costo de operación y mantenimiento que exige un proyecto como este.

Imaginar cientos de miles de pasajeros por semana, no es suficiente, por el contrario, esto conlleva considerar las condiciones climáticas extremas que se esperan para la región.

Las lluvias intensas e inundaciones de las zonas bajas, derivadas del cambio climático, también significan altos costos de mantenimiento, sobre todo para garantizar las medidas de seguridad indispensables.

Es fundamental atender y prever con una visión sustentable y sostenible el cuidado de los hábitats que permitan la supervivencia de las especies en peligro de extinción, lo que es a todas luces irresponsable es desviar los recursos de promoción turística a una obra de infraestructura que carece de planeación.

Ahora no solo se trata del caso omiso sobre los estudios ambientales, los previsibles impactos y las implicaciones reales del Tren Maya, el cual amenaza zonas protegidas de alta importancia, sino el impacto adverso sobre el segmento de Turismo, no solo por la falta de estrategias que permitan remontar el camino, sino por la afectación directa al desviar recursos vitales para el sector.

Les agradezco mucho su lectura, deseándoles un feliz fin de semana, nos volvemos a leer la próxima semana.

Amigas y amigos, esta semana, cómo dejar pasar la jocosidad, para lograr un momento como pocos; el viernes el Presidente de México sorprendió a propios y extraños con esa broma sobre la rifa del avión presidencial, el humor no solo es un distintivo del pueblo mexicano, sin duda es un hábito saludable.

El problema no es la broma, 6 millones de cachitos de a 500 pesos, o aquello del “me canso ganso”, “a ver quién se cansa primero”, “yo tengo otros datos”, “abrazos no balazos”, “fuchi, wacala”, advertencias de acusaciones con las abuelitas, el problema es que en ningún ángulo se está reflejando –ya no se digan resultados– hoy por hoy no se está alcanzando ni lo que se tenía, hasta antes de la llegada de la 4T.

Se advirtió a tiempo y no quisieron escuchar, ahora, es a todas luces evidente, no vamos bien y no solo no lo ven, sino que lo niegan; se empiezan a quedar lejanos los días de la esperanza, compromiso, la algarabía, aquello del “vamos juntos, entre todos vamos a salir adelante”, y de la misma forma también, se empieza a quedar rezagado aquello de que, “este es el país que les dejaron”.

Para empezar, no se puede sacar adelante a una nación, cuando lo primero que distingue al Gobierno es la división, en algún momento el Presidente dijo: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”; lo primero que hizo fue descalificar a todos aquellos que no piensen como él, denominándoles “fifis” y lo ha hecho desde su investidura como Presidente.

Como discurso funciona, hasta como eslogan, lo cierto es que, en este país, nuestra Constitución dispone, en su Artículo 1 que “…queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Sin duda cuando no hay respeto ni compromiso para lo sencillo ¿qué se puede esperar para lo grande? de la crisis suscitada por el tema Culiacán, la respuesta fue el galimatías, de si se enteraron o no del operativo, o que si decidían o no proteger a la población, al final como dice el dicho, “no se puede tapar el sol con un dedo”, lo único que pasó es que, los delincuentes arrodillaron al Gobierno federal, no solo a los ojos de los mexicanos sino en el contexto internacional.

Este Gobierno, está rebasado de soberbia, discordia y encono, no solo no se deja ayudar, sino que han concentrado sus esfuerzos en la exclusión de toda voz que no se dedique a asentir cualquier idea o instrucción de Presidencia, así que, en esa misma línea, confeccionaron su propio presupuesto, operaron y consiguieron aprobarlo en solitario, se les advirtió a tiempo, sin embargo, lo que importaba era mostrar músculo.

Ahora, a escasos 20 días del presente año, el país enfrenta una grave crisis en materia de salud, al desaparecer el Seguro Popular y la prisa de imponer el Insabi, es el pueblo de México el que está pagando directamente el costo de esa factura, en la salud y con la vida misma de los pacientes que no están siendo atendidos ante la falta de los recursos por la falta de reglas de operación.

Al mismo tiempo transcendió que el Presidente de la República, recibió a su primer nieto, afortunadamente, lejos de precariedad alguna, ya que nació no solo en un hospital privado, sino fuera del país, en la ciudad de Houston, Texas.

Realmente no se requiere de mucha habilidad o ingenio para echar bromas en momentos de crisis, sobre todo si estas te señalan, para lo que sí se necesita altura, es para dar resultados, seriedad y compromiso que distingan las acciones; para eso se necesitaría congruencia, para eso se necesitaría pensar realmente como se dice y actuar como realmente se piensa.

Así las cosas México… cabe preguntarse si ¿se están riendo contigo o de ti?

Amigas y amigos, es obligado abordar la crisis en materia de salud en nuestro país –ocasionada por el protagonismo y la ineptitud que distingue a la 4T–, comandada por las ocurrencias presidenciales que conforman un Gobierno, que está muy lejos de dar a los 30 millones de mexicanos que votaron por su causa, los resultados que ofrecieron.

El Seguro Popular se derivó de la necesidad de generar esquemas que permitieran atender la salud de todos los mexicanos, fue creado como un instrumento que proveía de aseguramiento en salud, a la población que no contaba con acceso a ningún tipo de seguridad social, con un esquema de protección financiera, mediante un seguro de salud público y voluntario con el que se buscaba reducir los gastos médicos para las familias, brindando una cobertura de atención en sus tres niveles.

El programa preveía su crecimiento a partir de su esquema de refinanciamiento. Esto permitió al sector salud contar con los recursos necesarios para prevenir y tratar las enfermedades cada vez más complejas y costosas, como la atención de diferentes tipos de cáncer, logrando otorgar a las familias que sin seguridad social, los mismos derechos que gozaban los derechohabientes del IMSS o ISSSTE.

Esto es lo que la cuarta transformación desapareció con el ofrecimiento perverso de acceso gratuito a la salud. Canceló el Seguro Popular y arrebató con ello el tercer eje de seguridad social con el que contaban los mexicanos sin acceso a servicios de salud públicos.

Luego se dieron a la tarea de crear el Insabi, anunciando atención médica y medicinas “gratuitos” según el Presidente; cabe decir que el nuevo Fondo de Salud para el Bienestar, se creó con los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, solo que además de atender dichos gastos, ahora tendrá que destinar recursos para infraestructura médica en zonas de alta marginación y para complementar la compra de medicamentos e insumos.

Julio Frenk, que no solo es un destacado médico, sino una autoridad en la materia, –cosa que no se puede decir del titular del Insabi, dicho sea de paso, total desconocedor del sector salud– señala muy claramente sobre la cobertura universal ofrecida por el Gobierno: “…El Seguro Popular cubría salud en primer nivel, es decir las clínicas que representan el 80% de la demanda; en segundo nivel, donde se incluye a los hospitales y cirugías generales; y tercer nivel, que implican casos más complicados. Además, se incluía un seguro de gastos catastróficos. El Insabi solo se compromete a la atención en primero y segundo nivel. El tercer nivel dependerá de que el Instituto tenga medicina o espacio”.

Por supuesto, este no es el único problema que se está registrando, derivado de las imposiciones improvisadas del actual Gobierno, con esto también se vulnera al personal sanitario adscrito al Seguro Popular y que ahora está en la incertidumbre laboral; desde el 2016 he venido denunciando que las jornadas laborales del personal médico en México se están llevando a cabo bajo esquemas de explotación, situación que puede verse exacerbada con la creación del Insabi y la falta de claridad respecto de sus condiciones de trabajo.

El Seguro Popular se diseñó con base en las circunstancias y necesidades de salud del país, hace casi 20 años y con esfuerzo y trabajo se fue consolidando los últimos 15 años, contando con más de 50 millones de afiliados.

No, esta no es una opinión y menos resistencia al cambio o al ajuste natural de una nueva estrategia, la 4T no solo traiciona a los electores que votaron por Morena, atropella el esfuerzo de millones de mexicanos, a los pacientes y a las familias que hoy lo único que tienen de este Gobierno es una frase hueca, como todas las que empiezan a distinguirlo, “que vengan y denuncien” en lugar de crecer o mejorar, solo han generado caos, preocupación e inhumana angustia.

Finalmente, lamento profundamente los hechos ocurridos este viernes en Torreón, comparto con dolor la pena por la que atraviesan las familias afectadas, deseando para ellos serenidad y fortaleza en estas horas aun difíciles, les invito a la reflexión interior, como un respeto ante esta tragedia que debe ser –y es– una lección para todos y cada uno de nosotros como sociedad.

Queridas amigas y amigos, con el gusto de empezar el año deseándoles salud y bienestar para este 2020. Aunque no es posible, simplemente hacer de lado los desacuerdos del año pasado, admito, que para este 2020 deberán afrontarse retos importantes en materia de Medio Ambiente y parece que hay un asomo de voluntad en ello.

El año comenzó con las declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien manifestó que “México está preparado para enfrentar los desafíos en materia de cambio climático”, lo que no solo es de celebrarse, sin duda abre una puerta muy valiosa que nos permitirá trabajar de manera conjunta en las Cámaras.

Efectivamente nuestro país está preparado para afrontar los desafíos que exigen el cuidado del medio ambiente y el entorno –desde la sociedad– bajo la óptica de la sustentabilidad y el pilar de la solidaridad.

Baste referirnos a las reformas que acaban de entrar en vigor en la Ciudad de México y que prohíben la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico en establecimientos.

La capital del país no es la única entidad en acatar ya una medida de esta envergadura, Baja California, BCS, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo y Veracruz son otras entidades que ya han adoptado estas medidas a través de sus marcos jurídicos.

Esto supone un esfuerzo importante, ya que no solo se trata de una prohibición, estas medidas involucran fundamentalmente la disposición y voluntad personal, un cambio de mentalidad, que en términos generales, ha tenido una buena aceptación, también nos habla de un proceso de concientización muy valioso.

Cabe mencionar que en la Ciudad de México habrá sanciones sin embargo, que van de los 42 mil a los 170 mil pesos, lo cual también es importante. Así que, sí, por supuesto que se puede afirmar que nuestro país está preparado para hacer frente a desafíos de esta naturaleza, por ello, en reciprocidad, los legisladores debemos atender con absoluta seriedad y responsabilidad la agenda en materia de energías limpias y protección ambiental, y trabajar más allá buscando el consenso y la coordinación con las instancias gubernamentales para llevar a cabo proyectos más ambiciosos.

Por ello, no dejaré de insistir en la importancia y trascendencia de la implementación de acciones con visión integral, como lo es el mecanismo conocido como bono solar, y que presenté ante el Congreso desde septiembre de 2018.

Se trata de un mecanismo que tiene por objeto la instalación de techos solares a bajo costo para la mayor parte de viviendas del país mediante el esquema de generación distribuida, lo que permitiría que los ciudadanos pudiesen generar la electricidad para su consumo y la posibilidad de vender sus excedentes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por otra parte, el subsidio eléctrico que registra anualmente más de 100 mil millones de pesos, se destinaría a la instalación de paneles solares en casas-habitación y el costo sería pagado por los usuarios de manera gradual con una mensualidad menor al pago de su recibo actual de luz.

Asimismo, lograríamos reducir la quema de combustibles fósiles y por tanto, se mitigarían las emisiones de gases de efecto invernadero en México.

Ya en su momento, nuestro país hizo frente a las medidas que fueron necesarias ante el llamado apagón analógico, cuando las compañías de radiodifusión dejaron de transmitir señales analógicas de televisión abierta, para dar paso únicamente a la transmisión de señales digitales.

Así que contamos con los elementos y la experiencia necesarios para llevar a cabo un desafío como este. El bono solar es una acción más que suma y es imprescindible en la lucha contra el calentamiento global.

No necesitamos ser expertos en materia de cambio climático, simplemente en una charla de café con los abuelos –si aun se tiene la fortuna de tenerlos o con los padres– comparamos el clima que hemos vivido las últimas tres o cuatro generaciones, las primaveras o veranos, los otoños o los inviernos nos daremos cuenta de que se han ido transformando, son completamente distintos, ahí está el fenómeno del cambio climático.

Queridas y queridos amigos, ahora sí estamos por concluir el año, sin duda un 2019 que dio inicio con grandes expectativas que lamentablemente solo se quedaron en buenas intenciones.

Desde el inusitado desabasto de gasolina en el mes de enero, hasta el alarmante aumento de la violencia e inseguridad en nuestro país, como los hechos registrados apenas el viernes en Zamora, Michoacán.

En febrero, sobrevino la crisis de las estancias infantiles.

En marzo, el Gobierno de la 4T dejó al descubierto el desaseado proceso de operación del proyecto para el Aeropuerto en Santa Lucía.

En abril, abordar el tema de la reforma educativa dio paso al primer ejercicio de bloqueos en la Cámara de Diputados que pusieron en vilo los trabajos legislativos; al final, como todos sabemos, las modificaciones constitucionales aprobadas, no mejorarán el derecho a la educación de la niñez y juventud mexicanas.

En mayo, Andrés Manuel López Obrador, declaró desierta la licitación para construir la Refinería de Dos Bocas, a pesar de ello, el Presidente, lejos de atender las advertencias, decidió “zanjar” la dificultad, anunciando que la coordinación, administración y supervisión del proyecto, recaerá en Sener y Pemex.

En junio, la mayoría de Morena, aprobó el Plan Nacional de Desarrollo (PND), un instrumento que no cumple con los fines del proyecto nacional, ni con los requisitos de contenido y estructura que estipula la ley.

Para julio, Carlos Urzúa dejo el cargo como secretario de Hacienda; las razones no fueron desconocidas; el desacuerdo con el PND, así como la inviabilidad de los proyectos de Santa Lucía, Dos Bocas, el Tren Maya o Corredor Transístmico.

En agosto, en el rubro de género, se llevó a cabo una concentración de grupos de feministas; en la Ciudad de México, se dañaron monumentos y mobiliario público, todo esto derivado del hartazgo de la sociedad ante la falta de atención y sobre todo de soluciones ante el incremento de los índices de violencia contra la mujer y concretamente de feminicidios que se registran en nuestro país.

En septiembre, en la glosa del Informe, hubo que señalar al nuevo secretario de Hacienda que el Gobierno planteaba invertir en Pemex, tres veces más que el total destinado a transporte, salud, educación, seguridad y agua en su conjunto, esto sin considerar el nulo crecimiento económico.

En octubre, mientras se recibía el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), con el presupuesto más bajo de los últimos 20 años en materia de medio ambiente, por cierto: se suscitó un hecho sin precedentes en Culiacán, Sinaloa, con un operativo que puso en duda la capacidad de respuesta operativa del Gobierno de la República.

En noviembre, se registró el ataque contra la familia LeBarón; al mismo tiempo, en San Lázaro se llevó a cabo otro bloqueo sin precedentes que no solo paralizó los trabajos legislativos, sino que dio paso a la aprobación exclusiva de Morena del PEF, sumando –por cierto– en el Senado, el polémico nombramiento de la titular de la CNDH, también con la responsabilidad exclusiva de Morena, cerrando el mes con los hechos ocurridos en Villa Unión, Coahuila.

Finalmente, diciembre, se lo lleva el anuncio del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos de América del Norte y Canadá (T-MEC) entre negociaciones al estilo de la 4T, sin claridad y excluyentes.

No, ese México que los actores de la 4T dicen que “les dejaron” no es heredado, es el México que hemos construido todos, Roma no se hizo en un día, pues México tampoco, porque ninguno nació ayer empezando por el Presidente, más de seis, no solo vieron la historia, fueron parte activa de ella y hoy, nuestro país no va bien y no va bien desde que se erradicó la autocrítica, desde que se decidió etiquetar a cualquiera que esbozase un ejercicio crítico, desde que un grupo de cercanos colaboradores paulatinamente se ha ido reduciendo a un séquito de secundadores complacientes.

Ya en su momento lo comenté, cuando no hay compromiso y responsabilidad para autoevaluarse, no es posible medirse y lo que no se puede medir, no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre.

Concluir un ciclo abre la puerta a una nueva oportunidad, hago votos para que así sea y México retome el rumbo, mientras tanto les deseo un Feliz Año Nuevo 2020, en compañía de sus seres queridos que haya armonía, paz y unidad familiar.

Queridas amigas y amigos, ahora con el tema de energía, concretamente de las gasolinas, les comparto que el pasado 16 de diciembre en sesión ordinaria de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se aprobó un resolutivo que deja sin efecto el Acuerdo A/057/2018.

Se trata del Acuerdo que establece la metodología para determinar los precios “de venta de primera mano y en terminales de almacenamiento” y que obligaba a la subsidiaria estatal Pemex a considerar los precios de referencia de combustibles, así como los ajustes en precio por calidad, los costos de logística e internación al país y, en su caso, de almacenamiento, para la estimación del precio de venta de petrolíferos en México.

Cabe mencionar que esta metodología impedía que se establecieran precios preferenciales a clientes que compraran mayor volumen de combustible, evitando distinciones entre el tipo y el tamaño de los clientes, por otra parte, Pemex debía reflejar el descuento que obtenía por las compras de gasolina y diésel a los refinadores de Estados Unidos, aplicando esta metodología con base en el precio máximo de ventas de primera mano (VPM) e informando sus cambios con 10 días hábiles previos, separando el precio de venta resultante, luego de la aplicación del subsidio de Hacienda y su monto, con lo que debía precisar las pérdidas o ganancias resultantes del esquema de mitigación de precios de forma mensual.

Hasta el momento, la CRE no ha hecho público el contenido del Acuerdo que ha dejado sin efecto el A/057/2018, ni ha publicado información sobre las razones que llevaron a tomar esta resolución tanto como de sus implicaciones y las consecuencias que impactarán el sector hidrocarburos.

Con esto se suma –una vez más– un mensaje contrario a la transparencia y certeza que exigen decisiones como estas, sobre todo por su impacto directo e inmediato en sectores estratégicos para la economía nacional, de momento se presume que este pueda ser un precedente en el mercado, debido a que, anteriormente, la autorización de contratos –en el tipo y valor– de la venta de combustibles a comercializadores, estaciones de servicio y mercado, pasaban por la CRE.

Al quedar sin efecto el citado Acuerdo, Pemex Transformación Industrial decidirá a quién y a cuántos venderá el producto en función del volumen y condiciones contractuales que celebren, con lo que el precio del mercado de los combustibles estará en las terminales de almacenamiento y reparto (TAR), lo que podría incluir discrepancias y distorsiones en el mercado, ocasionando que algunas estaciones de servicio vean reducida su ventaja competitiva en el mercado y con ello sus ventas ante la variación de precios.

La CRE es el resultado de un arduo esfuerzo, a lo largo de 27 años de trabajo y consensos en la búsqueda y consolidación de un órgano regulador, creado para buscar equidad y equilibrio en la interacción entre el sector público y el privado, lo que no es poca cosa, cuenta para ello con autonomía técnica, operativa y de gestión, elevada a nivel constitucional, con ello se le dotó de personalidad jurídica propia, para fomentar el desarrollo eficiente de la industria y al tiempo que promueve la competencia debe proteger los intereses de los usuarios, generando confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y prestación de los servicios.

Por lo que es inadmisible, que, tratándose de un asunto de la mayor relevancia, como lo es el tema de los combustibles, la Comisión genere un clima de incertidumbre y especulación, esto sin considerar que, al cierre del año, no solo envía de nueva cuenta una mala señal, sino que pareciera que se ha buscado pasar desapercibido.

Por ello, estaremos atentos, en primera instancia, a que la CRE dé a conocer los argumentos en los que se basó la decisión de dejar sin efecto el acuerdo referido, así como las nuevas condiciones bajo las que se determinarán los precios de venta de primera mano y en las terminales de almacenamiento y con base en ello o de ser el caso, solicitaremos que sea emitido un nuevo acuerdo que establezca la metodología
correspondiente.

Mientras tanto, aprovecho la ocasión para dejarles un saludo y mis mejores deseos en estos días de diciembre, como una oportunidad de ánimo y bienestar, en compañía de sus seres queridos.

Queridas amigas y amigos esta semana concluyeron los trabajos del primer año de la a LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, un año verdaderamente intenso en la vida pública de nuestro país en todos los aspectos, un año en el que lamentablemente no se alcanzaron las expectativas ofrecidas al pueblo de México en las elecciones del pasado julio 2018.

Entre la polémica que suscitaron diversas acciones y medidas del Gobierno de la 4T, las diversas reformas aprobadas por el partido mayoritario en el Congreso y el nombramiento de funcionarios, que lejos de enviar un mensaje de certeza solo lograron generar duda y cuestionamiento sobre los intereses que representan, llega el rimbombante anuncio del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos de América del Norte y Canadá conocido como T-MEC.

En este Tratado, instrumento comercial primordial para México en el futuro inmediato, se incluye el rubro de Medio Ambiente como capítulo y no anexo, lo que ya es muy valioso pues se reconoce la importancia y trascendencia del tema, de acuerdo con los marcos jurídicos y las políticas en cada país: se considera la necesidad de contar con un piso mínimo de acciones encaminadas a la protección del medio ambiente, así como la inclusión del concepto de “sustentabilidad” y medidas para mitigar la contaminación atmosférica, la contaminación oceánica o de protección de las especies, el cuidado de los recursos naturales y de la biodiversidad biológica; por supuesto se incluye la protección forestal.

Esto conlleva compromisos en materia de legislación que tienen que ver con la contaminación del medio marino, especies en peligro de extinción, agotamiento de la capa de ozono, así como mecanismos que evalúen el impacto ambiental de los proyectos de infraestructura que involucren o puedan involucrar afectaciones al medio ambiente. También se establece un techo mínimo que permita establecer una garantía de transparencia y de mecanismos de consulta, comités asesores que vayan de la mano con la participación ciudadana, acorde con las tendencias que buscan la inclusión y participación de la sociedad. Estos elementos son inherentes a cualquier política medioambiental.

Si bien la incorporación de estos temas importantes en el desarrollo sostenible de nuestro país representa ya un logro, debe también hacerse un balance libre de cualquier posición ideológica. La realidad es que esos temas fueron exigidos por Estados Unidos, no precisamente por nuestro país, de modo que ahí hay una diferencia entre lo dicho y lo hecho.

La preocupación generada por el actual Gobierno mexicano en el sentido de manifestar su desdén por lo ambiental, ha sido una constante que va en contra de las disposiciones firmadas: nulo presupuesto, malas designaciones de los responsables y estudios ambientales sin sustento en programas de largo alcance como Dos Bocas o el Tren Maya.

¿Cómo esperar que México alcance, ya no las expectativas acordadas, sino que cuente con el piso mínimo para afrontar los retos planteados si los diputados de Morena acaban de aprobar el presupuesto más bajo en materia de medio ambiente en los últimos 23 años? En este momento, los recursos destinados al medio ambiente implican una reducción del 50% menos (en términos del PIB) de lo que se destinó en la década de los 90.

Este Gobierno ha planteado y aceptado compromisos que tienen que ver con sustentabilidad, medidas para evitar la contaminación atmosférica, el cuidado de los recursos naturales y de la biodiversidad biológica, de protección forestal, compromisos serios que no se resuelven con un programa gubernamental que busca sembrar árboles en un millón de hectáreas, sin la participación de las instituciones, no solo de Conafor sino de la propia Semarnat o que se compromete a ofrecer protección forestal, cuando cancela programas de empleo temporal de trabajadores que ayudaban a evitar incendios forestales.

¿Cómo hablar de desarrollo sustentable cuando la inversión en programas relacionados con el medio ambiente en nuestro país es prácticamente de cero?

¿Con que seriedad y altura de miras participa México en el T-MEC, cuando apenas hace unas semanas se nombró al titular de Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente (ASEA), sin que este cumpla con los requisitos legales para ejercer el cargo? Seamos honestos: se aceptaron esos compromisos no por convicción sino por interés político de capitalizar como éxito un tratado comercial que todavía hay que analizar a profundidad.

Queridas amigas y amigos comenzamos ya la recta final de este 2019, un año intenso en todos los sentidos de la vida nacional, desde la suigéneris “lucha” emprendida por el Ejecutivo contra el huichacol, a base de distribución de gasolina en cubetas, hasta la azarosa aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020, sin dictamen, sin discusión, sin análisis, pasando por el polémico nombramiento de la titular de la CNDH, impuesta por el mayoriteo de Morena en el Senado, pero sin legitimidad.

En materia de seguridad, se anotaron tres sucesos, tan solo los más relevantes, que se suman a la lista de desaciertos en este rubro, el operativo en la ciudad de Culiacán y a menos de una semana de ocurridos esos lamentables hechos, en Bavispe, Sonora, los atentados contra la familia LeBarón y recientemente en mi estado lo ocurrido en Villa Unión.

En materia de medio ambiente, uno de los sectores más castigados por la 4T, empezando por el recorte presupuestal con lo que no solo se dejarán de llevar a cabo importantes tareas que –si bien– se pudo haber pensado se podía prescindir de ellas, como es el caso del programa de empleo temporal para brigadistas que ayudaban a evitar incendios forestales, queda visto que no, que no por ahorrar dinero se pueden cancelar programas que a la postre son vitales no solo para el equilibrio del medio ambiente, sino para evitar afectaciones directas a la población.

Un ejemplo indiscutible fueron los incendios registrados en mayo, que ocasionaron contingencias ambientales en el Centro y Valle de México. De la misma manera habrá efectos y consecuencias por decisiones tomadas a la ligera –ya lo he dicho antes todo lo que no se haga o se deje de hacer– a favor del medio ambiente se hace directamente en contra de los mexicanos.

En ángulos de mayor relevancia, tenemos el reciente nombramiento del director ejecutivo de la ASEA (Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente) como les comentaba la semana pasada.

Con base en mis principios y convicciones personales, y como subcoordinadora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presenté la denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue la comisión del delito de ejercicio ilícito del servicio público, por el titular de la Agencia, a lo que daremos puntual seguimiento, porque no es poca cosa lo que está en riesgo.

Y como ocurre todo el tiempo mientras atendemos los grandes –o los aparentemente– no tan grandes asuntos de la agenda nacional, hace un par de semanas se tuvo conocimiento de la muerte de una mujer más, una regiomontana a la que le quitaron la vida, en una transitada avenida de la Ciudad de México mientras se dirigía al aeropuerto.

El caso de Abril Pérez Sagaón no solo duele, ha puesto de manifiesto enormes carencias y fallos de nuestro sistema judicial y procuración de justicia, sin duda alguna, marca la pauta a la que se deben dirigir los esfuerzos, a pesar de que en la actualidad se han hecho importantes avances en la materia, ya que hoy contamos con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como con diversos protocolos de prevención y protección de las mujeres que han sido violentadas, no ha sido suficiente.

Desde el Legislativo federal trabajamos para otorgar instrumentos reales de protección para la mujer, diseñando más herramientas que contribuyan a proteger a la mujer en situación de riesgo al analizar, modificar y reformar aquello que claramente es insuficiente para procesar los delitos cometidos por razones de género y violencia intrafamiliar, con la visibilización de una realidad que día con día viven las mujeres mexicanas en situaciones de violencia y de riesgo, gestados en el entorno del maltrato familiar por razones de género y de acoso.

Así como no poner atención en los pequeños detalles puede ser la causa de grandes males, desoír un reclamo, significa la razón de la desesperación y frustración, desde este espacio, expreso mi solidaridad y respeto con todas las familias que se han visto en esta dolorosa circunstancia.

La Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente (ASEA) es un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat, creado por la Ley de la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que establece en su Artículo primero, que tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos, a través de la regulación y supervisión de la seguridad industrial y seguridad operativa, así como de las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones.

Esta agencia, por ejemplo, es la que interviene en asuntos como el de Dos Bocas, recientemente de hecho, expidió la autorización –condicionada– de la manifestación ambiental a favor de Pemex, que señala deberá cuidarse la integridad del flujo hidrológico de la zona remanente del manglar que se localiza en las orillas del río Seco, tampoco se podrá llevar a cabo ningún relleno o dejar bordos, ni podrá haber ningún tipo de infraestructura que altere el libre flujo de agua o provoque la desecación de algún humedal, además de acciones coordinadas con el Gobierno del Estado de Tabasco, en materia de reforestación en la laguna de Mecoacán, entre otras cosas.

La Ley de la Agencia Nacional también establece que es facultad del Presidente designar al titular del regulador ambiental, en su momento, este cargo fue ejercido por Luis Vera Morales, de quien hay que decir es abogado por la Escuela Libre de Derecho con grados en Derecho Ambiental y Energía por la Universidad de Tulane (Nueva Orleans), cuenta con Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo por el Instituto Politécnico Nacional, además de un posgrado por la Universidad Panamericana en Derecho Económico y Corporativo, lo que nos permite asumir, independientemente de la opinión que se pueda tener de su gestión, que el doctor Vera cumplía a cabalidad con las credencias que se exigen para el cargo.

Lo que no es menor, ya que el Artículo 30 de la ley, establece los requisitos para ser titular de la Agencia: ser mexicano, contar con título profesional en áreas vinculadas con las actividades del sector hidrocarburos, experiencia de –al menos– cinco años en cargos de alta responsabilidad, no haber sido secretario o subsecretario de Estado, procurador General de la República, senador, diputado federal o local, gobernador o jefe de Gobierno durante el año previo a su nombramiento, tampoco puede ser accionista consejero, directivo, comisario o apoderado de empresas del sector de hidrocarburos asociadas o comercialmente relacionadas con los regulados.

Bajo este contexto, el pasado lunes se hizo el nombramiento del joven ingeniero químico Ángel Carrizales López al frente de la ASEA, designación que ocurre cuando la Unión Europea emite la Declaración de –emergencia climática– en el planeta, al tiempo en el que como todos saben, los diputados de Morena, le aprobaron el Presupuesto al Presidente, sin discusión ni análisis, del que hay que decir la Agencia Nacional (ASEA) tendrá 19.63% menos recursos en términos reales.

Por todo esto, el nombramiento de Ángel Carrizales López, como titular de la ASEA, envía un mensaje desalentador, empezando por sus credenciales curriculares, que no cumplen con los requisitos de ley para ejercer el cargo, se trata además de una persona, a la que el Senado de la República no pudo reconocerle idoneidad para ser representante de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), tampoco para ser parte del Consejo de Administración de Pemex ni de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Siempre defenderé la autonomía de gestión en cargos que así lo precisen y si bien puede entenderse –como se ha entendido– no solo es facultad de una persona, sino también interés personal el nombramiento del titular de ASEA, también es cierto que, como bióloga y legisladora, así como mi compromiso con la causa ambientalista, estoy obligada a exigir el cumplimiento de la ley, por lo que presentaré una denuncia de hechos ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por servidores públicos y contra la Administración de Justicia de la Fiscalía General de la República, toda vez que el titular de ASEA no cumple con los requisitos legales para ejercer el cargo.

Amigas y amigos, como saben, este viernes los diputados de Morena, del Partido del Trabajo, de Encuentro Social y del Partido Verde Ecologista de México, aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2020.

El PEF para el siguiente ejercicio fue confeccionado en su totalidad por el Gobierno del presidente López Obrador y ahora “aprobado” en su totalidad por “sus” diputados de Morena y partidos afines; comentaba en redes sociales, que el problema de tomar decisiones unilaterales es que exigen –responsabilidades totales– la aprobación del presupuesto, sin análisis ni discusión es responsabilidad absoluta de Morena.

Se trata del ejercicio de más de 6 billones de pesos, y si bien puede decirse, se incrementó el margen del gasto programable (bienes y servicios) también es cierto que a costa del sacrificio de sectores vitales para el desarrollo del país.

Esto significa recortes a programas agrícolas, comunicaciones y transportes, qué decir del impacto de la reducción presupuestal en materia de medio ambiente, que en términos del PIB es 50% menos del asignado en la década de los 90, con lo que el Gobierno de la 4T destina al sector el presupuesto más bajo en los 23 años, esto sin considerar su apuesta a la inversión del sector hidrocarburos y la modificación de la regulación existente para que la CFE tenga Certificados de Energía Limpia (CEL) lo que no significa inversión en infraestructura limpia, por lo que México no alcanzará las metas que se tienen establecidas en la Ley General de Cambio Climático, así como de la Ley de Transición de Energética y sitúa a nuestro país en una posición contraria al Acuerdo de París.

Hay en efecto –una acción– a favor del medio ambiente del actual Gobierno, se trata del programa Sembrando Vida que tiene como objetivo sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, dejando de lado a Conafor y Semarnat, destacando eso sí, los apoyos económicos que se destinarán en propia mano de los beneficiarios y para lo que sí se destinarán recursos.

El apoyo que reciban los trabajadores por este concepto, no es lo cuestionable, sino el desmantelamiento del trabajo realizado desde hace más de dos décadas sacrificando al país para satisfacer una visión con fines electorales, insisto –todo lo que se deje de hacer o todo lo que no se haga– en materia de medio ambiente, se hace en contra de todos los mexicanos de hoy y de mañana.

Y así los demás sectores, en educación el incremento recorta los recursos al desarrollo tecnológico y cultura, así como en Educación Básica para destinarlos al crecimiento de programas de becas, no se olvide la desatención al sector Salud, respecto del gasto de inversión como sabemos, se concentra en los ramos para Pemex, CFE, Bienestar y Seguridad Pública (Guardia Nacional) para hacer lo que dicta Donald Trump con los migrantes y el reforzamiento de las fronteras.

Del agro mexicano, ha quedado a la vista de todos, la indolencia y la falta de sensibilidad, por no decir el desprecio y la falta de oficio, ante el bloqueo de los campesinos en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, que al final no fueron atendidos ni incluidos, porque al presupuesto no se le modificó, ni hubo la intención de modificar ni una coma.

Por ello la difícil decisión para los diputados de Acción Nacional, ya que, si bien podemos no estar de acuerdo (como no lo estamos) ante un presupuesto que no contempla el bien común, ni el bienestar de todos los mexicanos por atender las necesidades electoreras de un solo hombre, si bien podemos asumir que su mayoría en las Cámaras, le baste para ganar sus votaciones, lo que no aceptamos ni asumimos bajo ninguna circunstancia, es el atropello a la ley y a las instituciones.

El PEF se aprobó fuera del plazo señalado por la ley, en una sede alterna, sin discusión ni análisis, violentando todo el proceso legislativo, en otras palabras, en la total ilegalidad y eso, eso es lo que no acompañamos los legisladores de Acción Nacional.

Queridas amigas y amigos, apenas hablábamos la semana pasada de la Conabio y ya tengo que referirme a la CNDH.

Como ustedes saben, este jueves fue nombrada la nueva titular de la CNDH y si bien es cierto, es de celebrarse que una mujer encabece tan alta tarea, también es cierto que el proceso, mediante el que esto logró ser una realidad, carece de toda legitimidad.

La discrecionalidad con la que se interpretó la ley –y no solo la ley– sino la propia Constitución, ha sido escandalosa por decir lo menos, el descaro del grupo mayoritario de Morena al imponer a una mujer, que no cumple con el perfil que se requiere para conducir los trabajos en materia de Derechos Humanos en nuestro país.

Por supuesto, es de reconocer la formación académica y profesional de la señora Piedra Ibarra como sicóloga y sicopedagoga, lo mismo que su lucha por la democracia y derechos humanos.

Desde el año 2000, México dio inicio a una nueva etapa en su historia, una etapa de consolidación del esfuerzo incansable de diversos activistas y también de todos y cada uno de los mexicanos que hicimos posible el cambio hace 19 años.

Así que la lucha de la señora Piedra no ha sido un esfuerzo aislado, independientemente de la pertinencia de contar con un perfil más idóneo al frente de la Comisión, la ilegitimidad no solo enturbia la ocasión de que esta responsabilidad recaiga de nuevo en una mujer, lastima la credibilidad en las instituciones y ofende la lucha por la defensa de los Derechos Humanos.

La semana pasada les comentaba sobre la caída del muro de Berlín y se pensará que no tiene relación, sin embargo, esto ocurrió hace 30 años y por aquellas mismas fechas se creaba la Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación y un año más tarde, en 1990 nació por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como un organismo desconcentrado de dicha Secretaría y fue hasta 1992 que la CNDH se elevó a rango constitucional, como organismo descentralizado, es decir con personalidad jurídica y patrimonio propios, con lo que se dio paso al Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos y siete años más tarde la CNDH quedó constituida con plena autonomía de gestión y presupuestaria.

Sin embargo, sus antecedentes más lejanos en nuestro país, los identificamos desde mediados de los años setenta, por ello hablar del esfuerzo que nos ha costado, no es una forma de decir las cosas y podremos no coincidir en el perfil de quien pueda asumir como titular de la Comisión, pero lo que es inaceptable –en todos los sentidos– es el atropello a la ley y a más de 40 años de trabajo, colocando por primera vez como titular de la CNDH a una militante del hoy –partido oficial– que incluso acaba de ser candidata a puesto de elección popular.

La maestra Piedra que se ha manifestado siempre como una abierta activista de los derechos humanos, ha debido saber de la importancia de mantenerse en una posición neutral, en virtud de la esencia de su lucha, la defensa de los derechos humanos carecerá por siempre de color.

Y así bajo esa “forma” de hacer las cosas, e insisto, bajo la abierta intención de saltarse toda ley para imponer las apreciaciones personales del Presidente, ahora la Cámara de Diputados se encuentra paralizada desde hace más de una semana.

No omito mencionar que esta crisis inició con la inconformidad del grupo mayoritario de Morena, sobre las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito al perder la votación, que se sumó a las manifestaciones de los alcaldes de todo el país en el propio recinto de San Lázaro ante los recortes presupuestales y ahora por el bloqueo por campesinos y productores del campo a las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Es urgente que los diputados y senadores de Morena, asumamos la investidura que los electores nos han conferido para representar sus intereses y ponganmos fin a estas innecesarias condiciones de inestabilidad que están ocasionando, porque ciertamente el pueblo es bueno y sí, el pueblo es sabio y se da cuenta.

Queridas y queridos amigos, la que termina ha sido una semana dolorosa y de preocupación en el país. El jueves 31 de octubre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, compareció en la Cámara de Diputados para dar cuenta de los “avances” en materia de seguridad. Días después se suscitó otro hecho lamentable, ahora en Bavispe, Sonora, donde tres madres y sus hijos fueron víctimas de la violencia que priva a lo largo y ancho de México. También en la semana hubo bloqueos carreteros y de vías de ferrocarril. De manera inusitada se “eligió” o más bien se impuso –violando la ley– a quien dirigirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por si fuera poco, incluso se suspendieron sesiones en la Cámara de Diputados por manifestación violenta con presidentes municipales al interior del recinto. Por supuesto, esto último es lo menos relevante en materia de seguridad, pero todos los hechos en su conjunto muestran la falta de diálogo y de oficio gubernamental de la Administración, así como su nulo respeto por las leyes y las instituciones del país, dicen por ahí que no terminan de explicar una, cuando ya están en otra.

De tal modo que entre todos y tantos asuntos que se inscriben a la agenda nacional y que urgen solución, debemos llamar la atención sobre otro punto de la mayor relevancia nacional, dentro del sector ambiental: la dura discusión y la defensa ante la eventual de-saparición de la Conabio.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad es una comisión intersecretarial creada desde 1992, con carácter permanente, presidida por el Presidente de la República y con la participación de 10 secretarías de estado. Su objetivo es coordinar las acciones y estudios relacionados con el conocimiento y la preservación de las especies biológicas, durante 27 años la Conabio se desarrolló y se llevó al punto de ser una referencia internacional en materia de biodiversidad.

El tema no es menor puesto que México es uno de los 10 países con mayor diversidad biológica del planeta. La labor de la Conabio es amplia pues lleva la responsabilidad de generar, sistematizar y utilizar información sobre la presencia, distribución y cambios en las miles de especies de flora y fauna que habitan en todos los ecosistemas del país, que son repositorio del Banco Genético de Especies y Administración, un sistema de información que incluso puede, prácticamente en tiempo real, detectar e informar sobre la presencia de incendios forestales.

Como puede apreciarse, se trata de una agencia gubernamental altamente especializada, adicional a que su modelo de financiamiento es distinto y exitoso, apoyado en un fideicomiso privado que cumple con los requerimientos fiscales y de transparencia requeridos para fideicomisos públicos, donde un Comité Técnico interinstitucional toma las decisiones de desembolso e inversión.

Sin embargo, con una idea errónea de austeridad, el titular de la Semarnat sostuvo reuniones con equipo de la Conabio para discutir posibles cambios a la institución. El problema ha sido la confusión generada por una falta de claridad sobre qué se desea: organismo desconcentrado o descentralizado, como si fueran sinónimos, teniendo como tercera opción mantener su situación actual. La Conabio requiere un actuar autónomo, con certeza financiera, y sin ataduras a los vaivenes de las decisiones del secretario en turno. Convertirla en organismo desconcentrado significa reducir su autonomía, convertirla en un organismo descentralizado le brindaría certeza jurídica, autonomía de acción, de gestión y presupuestaria.

Por ello, esta semana presenté un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo y al titular de la Semarnat, a que mantengan la naturaleza jurídica de la Conabio, sin vulnerar su actuar.

Son muchos los asuntos que apremian solución; no por ello deben descuidarse o pasarse por alto áreas estratégicas vitales para la sustentabilidad del medio ambiente y los recursos naturales de nuestro país.

Finalmente, aprovecho la ocasión para recordar la caída del muro de Berlín, 30 años de entender la valía del diálogo, la fraternidad y la solidaridad. En México aún es necesario derribar muros, no construirlos a base de retórica y discursos “oficiales”. Son necesarios el intercambio y la discusión de ideas, no su imposición.

El pasado jueves 17 de octubre México y en particular el estado de Sinaloa fueron testigo de un hecho inédito en la política de seguridad nacional, en el actuar de las corporaciones de seguridad y de los grupos delincuenciales.

Un acto de terrorismo, una operación fallida, no importa el apellido que quiera dársele a los terribles hechos ocurridos en Culiacán que costaron la vida de, hasta ahora, 13 personas. Lo cierto es que la capacidad de respuesta operativa del Gobierno de la República fue puesta en duda y la consecuencia inmediata de ello es que el aparato gubernamental ha sido vulnerado.

Cuando un Gobierno no es capaz de dar seguridad a sus ciudadanos, se incumple uno de los principios fundamentales de la razón de ser de cualquier Estado, por ello es indispensable buscar soluciones con acciones eficaces; la total ausencia de conocimiento y estrategia para resolver un problema como este ya quedó manifiesta.

Por lo general, las guerras y los conflictos modernos se ganan o se pierden a nivel estratégico, no a nivel operativo o táctico. El estratégico implica planes para preparar todos los instrumentos nacionales de poder para el conflicto, orientación práctica para preparar a las Fuerzas Armadas y su liderazgo para lograr objetivos duraderos.

El Ejército ha dejado demostrada su capacidad y preparación en las operaciones impecables a lo largo de décadas de lucha contra el narco. Sin embargo, el llamado “operativo de Culiacán” lo que nos permite constatar es que el problema central radica en que hombres sin preparación están comandando como improvisados a personal militar altamente calificado, que requieren y merecen otro liderazgo.

Esta realidad trajo en consecuencia, la humillación a la que el Presidente sometió a nuestras Fuerzas Armadas, teniendo que abortar una misión para la que sin duda se encuentran preparados, el mal precedente que se sienta y que ahora provocará una lucha de guerrillas y no solo con criminales, pues el camino que van a tomar ante cualquier amenaza será ir contra los civiles; y tercero, se vulnera una democracia incipiente, pero institucional, en donde la violencia no tiene límites.

La irresponsabilidad que se tradujo en muertes, amerita respuestas que me hago como cualquier ciudadana o ciudadano ¿Cuál es el rol del Gabinete de Seguridad? ¿Operar de la mano de expertos temas que están fuera de la competencia de civiles –cómodamente instalados en oficinas– y no en el terreno de fuego?

¿Está en riesgo la credibilidad de las fuerzas militares? No, pero sí está forzado el Ejecutivo federal, al tapar sus torpezas estratégicas el operativo se abortó por el afán protagónico de políticos irresponsables, varias horas después de que nuestro Ejército había cumplido su misión, lo que deja claro que la política de seguridad de la 4T parte de un principio erróneo.

Qué desafortunado que, en el marco de una de las festividades más arraigadas de nuestra cultura, en los altares de muchas familias sinaloenses aparecerá este año la foto de las víctimas de un operativo fallido.

No llevamos ni un año de gestión de esta Administración y el país está sumido en un total desastre, en lo económico, en lo institucional, en seguridad, en lo ambiental, no debemos soslayar por otra parte lo que está sucediendo en otras sociedades latinoamericanas, como en Chile, Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela, que están saliendo a la calle, sociedades hartas de la corrupción, pero también de la ineptitud.

Por eso los contrapesos son indispensables, ya que permiten la suma de visiones y acciones que permiten un sano equilibrio y esto es en lo que debemos estar atentos a devolver a México.

Nos leemos la próxima semana.

¡Muchas gracias!

El miércoles 23 de octubre se celebró en México el Día del Médico; se conmemora en esta fecha desde 1937 en honor al Dr. Valentín Gómez Farías, quien en 1833, un 23 de octubre, inauguró el establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México.

El Dr. Valentín Gómez Farías no solo fue médico –como todos saben– fue un prominente político mexicano, que entre diversos cargos –en sustitución de Santa Anna– fue Presidente de la República en cinco ocasiones.

Como ya había mencionado en otra ocasión, fue a Gómez Farías a quien se debe la creación de la Biblioteca Nacional de México, con esto, nos damos una idea de la amplia visión de un hombre de ciencia.

Por lo que celebrar a nuestros médicos, no es ni debe ser una simple frase, celebrarlos nos obliga a honrar con respeto a aquellos profesionales que generosamente entregan su vida, al cuidado de la salud de los mexicanos.

Sin embargo, coincide con que esta misma semana se han discutido y aprobado diversas reformas a la Ley General de Salud en la Cámara de Diputados, con las que se elimina el Seguro Popular y se da paso a la creación del Instituto Nacional de Salud, de apellido “para el Bienestar”.

Destacando la posibilidad del acceso “gratuito” de aquellas personas que no cuentan con seguridad social a los servicios de salud, asegurándose el suministro de medicamentos e insumos asociados a través de este Instituto, lo que incluye por cierto “estímulos” al personal médico, entre otras cosas.

En este sentido, no solo es un grave error desaparecer el Seguro Popular, que fue concebido como parte de la estrategia de salud 2001-2006, como un seguro público y voluntario, que ahora será sustituido por la creación rimbombante pero hueca, de un Instituto a través del cual, lo que se ofrece, es un programa asistencialista más y no una propuesta que procure fortalecer y resolver de manera integral el sistema de salud de nuestro país.

Por otra parte, cabe señalar que esta maniobra no tiene una coma de ingenuidad.
Con la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto, lo que se busca es –quitar– los fondos de gastos catastróficos, para así “centralizar” el sistema, con lo que se echará mano de los 40 mil millones de pesos con los que se cuenta (y que al entrar en vigor estas reformas) ahora se destinarán a un fideicomiso en total opacidad, esto –hay que decirlo– ha sido señalado por mi compañero diputado Éctor Jaime Ramírez, que no solo es político sino médico de profesión.

El Fondo de Protección contra gastos catastróficos es el fondo a través del cual se otorgan servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular, esto quiere decir, a mexicanos que padecen enfermedades de alto costo, que ponen en riesgo su vida y su patrimonio.

Pues bien, ahora ese Fondo pasará a ser El Fondo de Salud para el Bienestar, un Fideicomiso público, cuyo fin será el de destinar recursos a la atención de necesidades de infraestructura y para “complementar” el abasto de medicamentos.

No dejo pasar la ocasión, para señalar que estas propuestas, incluyen “estímulos” para el personal médico.

No se equivoquen señores, la grave situación de esclavitud y explotación que padecen nuestros médicos, situación que he venido denunciando y denunciaré cuantas veces sea necesario, no se resuelve con estímulos, se trata de nuestros profesionales de la salud, se requiere seriedad para atender este problema, si la propuesta es el ofrecimiento de “estímulos” que se sepa bien, lo único claro, es la indiferencia y la falta de voluntad para atender las problemáticas que están ahorcando al eje principal de nuestro sistema de salud: los médicos.

Y los problemas que urgen a nuestro Sistema de Salud no se resuelven agarrándose recursos que representan no solo la salud, sino literalmente la vida de miles de mexicanos. Que no se nos olvide.

El economista Rob Parenteau acuñó la frase de la economía austeriana para referirse a los gobiernos obsesionados con la austeridad fiscal, particularmente en épocas de recesión. El mismo tema lo retomó el premio Nobel Paul Krugman quien en un magnífico artículo en The Guardian explicó: “toda la investigación económica que supuestamente apoyó el impulso de austeridad, ha sido desacreditada. Los resultados estadísticos ampliamente promocionados se basaron en suposiciones y procedimientos muy dudosos, además de algunos errores directos, y se evaporaron bajo un escrutinio más detallado. La ideología austeriana que dominó el discurso de la élite se ha derrumbado”. ¡Y eso fue escrito hace 8 años!

El engaño ha sido notable en el tema del Presupuesto de Egresos 2020, el primero 100% de hechura morenista: recortes sin el menor asomo de planeación, como lo estipula la Ley correspondiente, pues los presupuestos no se han diseñado para combatir la ineficiencia o el derroche ni para crear riqueza, sino más bien como instrumentos políticos que faciliten y garanticen un control administrativo, eliminen enemigos políticos y creen un sistema de Administración Pública central y vertical, dependiente nuevamente de la figura del Ejecutivo.

La composición del gasto público no obedece netamente a un proyecto de nación. Por eso resulta casi nula la discusión de temas que, en la mesa de políticos profesionales son obvios para garantizar el desarrollo sostenible: medio ambiente, ciencia, tecnología, educación, democratización y federalización del gasto, infraestructura, economía circular, etcétera.

El proyecto político del actual Gobierno está por encima del interés nacional y está causando una erosión institucional que puede tomar décadas restaurar. Hay dos de gran calado: la destrucción de la educación, que deja a los jóvenes y niños de escuelas públicas, marginados de cualquier posibilidad de competencia frente a sus contrapartes privadas; y la relación del sector público con el sector privado nacional y extranjero, que ve en el proyecto de la cuarta transformación un modelo de ejercicio limitado de las libertades de mercado, acción y protección institucional, generando así, incertidumbre por parte de la Iniciativa Privada ante el futuro de la economía.

En la discusión del Presupuesto de Egresos no se planteó una pregunta que parece obvia: ¿bajo qué criterio se emprendió una política de reducción del gasto sin la presencia de un shock económico interno o global? Una cosa es eliminar el despilfarro, el saqueo y la indebida asignación de recursos federales y otra es achicar al Gobierno.

El presupuesto 2020 garantiza, sin duda, que México siga anclado en la miseria de aquellos que ingenuamente creen que vamos a cambiar al país para bien.

Además, las fallas que el Gobierno de la cuarta transformación presenta han sido recurrentes; recordemos esta semana trágica que vivimos en México, los hechos lamentables de Culiacán, Sinaloa, que exponen de manera grave la vulnerabilidad que tiene el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas al no contar con una estrategia dura, firme y centrada para combatir al crimen –noticia que sobra decir se encuentra dando vuelta al mundo entero en las primeras planas de los diarios– como siempre, mis respetos a la tropa y a quienes dedican su vida por la patria en el campo, con esta ligereza de estrategia que plantea el Gobierno federal, resulta más grave traer una factura falsa que algún otro delito de alto impacto.

Nos leemos la próxima semana. ¡Muchas gracias!

La que concluye fue una semana muy activa para el tema de energías limpias.

En Costa Rica se realizó la reunión preparatoria para la 25 Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es decir, se celebró la pre-COP. El propio Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, participó en la reunión de tres días, en donde representantes de Gobierno, empresas y sociedad civil discutieron la importancia de acciones más ambiciosas en los países para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
Se resaltó la importancia de las energías renovables y la conservación de la naturaleza como soluciones a emplear.

En la misma semana, al otro lado del Atlántico, los alcaldes, gobernantes y líderes de ciudades de todo el mundo se reunieron en Copenhague bajo la iniciativa C40 para discutir y acordar de qué forma las ciudades pueden marcar la pauta y mostrar liderazgo en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para ellos, su jurisdicción y su gente son el primer bastión en la lucha contra el cambio climático. Todos mencionaron la importancia de la eficiencia energética y el uso de energía renovable.

En Estados Unidos, la activista Greta Thunberg realizó su 60 protesta el viernes (ahora en Denver) para exigir que los gobernantes tomen decisiones basados en la ciencia del cambio climático.

Mientras todo eso ocurría, en México era otra la historia.

El licenciado Manuel Bartlett, director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), compareció ante la Cámara de Diputados. Ahí expuso que las energías limpias eran “son muy caras”.

En su visión, por cada megawatt-hora (MWh) de electricidad generada con energía limpia debería existir alguna planta con combustibles fósiles lista para entrar en acción en caso de que el sol decida no salir (por ejemplo). No se detuvo ahí, además mencionó (con un tono de exigencia) que a la CFE se le debe reconocer su capacidad instalada de generación con energía limpia a través de otorgarle Certificados de Energía Limpia (CELs).
El licenciado Bartlett está mal asesorado o informado, los CELs se crearon como un incentivo para alcanzar mayor generación eléctrica limpia en el país.

Por cada MWh limpio generado, la Comisión Reguladora de Energía puede emitir un CEL, con esto se incentiva la oferta, por otro lado, la nueva regulación del sector eléctrico exige que los grandes consumidores demuestren que un porcentaje de su consumo eléctrico es con energía limpia.

Para ello pueden adquirir CELs o invertir en sus propias plantas de generación. Así, el porcentaje de energía limpia se incrementa, más allá de lo existente (proporcionado principalmente por CFE), desde un 19% hasta alcanzar el 35% en 2024. Para eso son los CELs, otorgarlos sin generar nueva electricidad limpia, no vale nada.

Así, nuestro país se debate entra la inconsistencia y la contradicción energética, lo más preocupante, es la decidida afrenta que el sector energético del Gobierno federal realiza para evitar a toda costa las energías limpias, incumplir nuestras metas nacionales de energía limpia, y por supuesto, incumplir nuestros compromisos internacionales en materia de cambio climático. Es decir, esto no urge.

Esta discusión es relevante para Coahuila, para nuestro estado y para nuestra gente, la región carbonífera de Coahuila genera más de 10 mil empleos directos asociados a la actividad carbonífera relacionada con generación de electricidad.

Al observar lo que ocurre en el mundo, incluyendo lo que ocurre en Virginia y Carolina del Norte en Estados Unidos, no queda de otra, que insistir y trabajar en acciones concretas para la reducción de las emisiones nacionales, mediante una transición energética justa, esta ha sido siempre mi propuesta.

Conforme las tecnologías de energías renovables se hacen más económicas, la rentabilidad de instalaciones que utilizan carbón se hace cuestionable. Viendo hacia futuro y con pleno conocimiento de este fenómeno, se vuelve indispensable conversar sobre cómo puede darse y cómo queremos que ocurra una transición energética justa: ¿Qué empleos pueden perderse y cuáles pueden surgir? ¿Qué capacidades técnicas tiene nuestra gente y cuáles requiere desarrollar? ¿Qué perfil educativo darles a nuestros jóvenes y cómo debe ajustarse a la nueva realidad? Ese es nuestro reto y mi compromiso.

La sustentabilidad es un concepto que se aplica a la ecología y se refiere a la capacidad de sostener algo a través del tiempo, cuidando de no agotar los recursos existentes en este caso del medio ambiente, perjudicándolo aún más.

Esto significa para la sociedad, asumir la responsabilidad de sus acciones teniendo en cuenta este principio de sustentabilidad, previendo el cuidado de sus recursos y sobre todo el uso responsable de los mismos, a través de la regulación y la legislación especializada en la materia, de manera que se pueda garantizar o al menos controlar la capacidad de renovación, de manera que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de dichos recursos.

Así que el calentamiento global es el aumento continuado de las temperaturas a nivel mundial a causa de acciones humanas, lo que deriva en el cambio climático a consecuencia del calentamiento. A esto se debe la enorme relevancia de la Cumbre del Clima celebrada en Nueva York, que la semana pasada, movilizó a miles de estudiantes en diversas ciudades del mundo como Sidney, París, Bruselas, Dinamarca, Finlandia, Londres, Washington, Sao Paulo y México; con los jóvenes exigiendo frenar la falta de conciencia y la irresponsabilidad de los gobiernos, con la que se han venido agravando los condicionantes del cambio climático.

Es por ello, que en el marco de mi primer informe de actividades legislativas, di a conocer que he presentado varios puntos de acuerdo entre los que destaca el referente al bono solar, con ello, se logra que los hogares puedan generar la electricidad que requieren de una forma amigable con el medio ambiente, y con la posibilidad de reducir el monto bimestral que pagan, al destinar un monto menor para pagar los paneles solares mientras se garantiza que siempre tengan electricidad y para ello, me he dado a la tarea de dar el seguimiento y cabildeo directo con los tomadores de decisiones y así seguiré haciéndolo en beneficio de la economía de las y los coahuilenses.

Como resultado de mi trabajo legislativo en este primer año, dentro de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, he impulsado aquellas iniciativas que permiten preservar y proteger el medio ambiente y encaminarnos hacia un desarrollo sostenible, competitivo y de bajas emisiones.

Es por ello que propuse el reconocimiento de las acciones voluntarias en materia de reducción de emisiones como un elemento a incluir en la Ley General de Cambio Climático. El propósito es reconocer el trabajo y la inversión realizados en el combate al cambio climático, de forma tal que se contribuya a reducir las emisiones, a prepararnos ante los impactos del clima, a avanzar hacia el cumplimiento de las metas nacionales de México, sin que ello implique el financiamiento o apoyo económico por parte del Gobierno federal.

De manera similar, y como una forma de atender otro grave problema de contaminación, presenté ante el Pleno la iniciativa para expedir la Ley General de Envases, Empaques y Embalajes, con la que se busca que los materiales empleados sean en mayor medida biodegradables, en su caso reciclables y que tengan periodos de descomposición en el medio ambiente en un lapso menor a 10 años, en lugar de los cientos de años que actualmente se requieren para degradar los materiales plásticos utilizados en envases, empaques y embalajes.

Aun existe mucho trabajo legislativo por hacer para Coahuila, pero estoy segura que con la participación de todas y todos lo sacaremos adelante; nos leemos la próxima semana…¡Muchas gracias!

Este jueves, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo la comparecencia del secretario de Hacienda, el maestro Arturo Herrera Gutiérrez; bajo un contexto de –cero– crecimiento económico para el país en el último trimestre, fijé la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, señalando la grave irresponsabilidad de la Secretaría de Hacienda al atropellar el marco jurídico, sustentando un programa económico bajo el esquema del Plan Nacional de Desarrollo, que como ya he señalado antes ni es plan ni es de desarrollo.

Ahora, en el análisis del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2020, identificamos con claridad que aun cuando la Constitución establece en su Artículo 25 que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional” y el Artículo 26 dispone que “los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución determinarán los objetivos de planeación”, y que los programas federales se sujetarán obligatoriamente a los programas de la Administración Pública Federal, no existen los instrumentos ni las capacidades técnicas y humanas para que se pueda llevar a cabo.

En este sentido, es esencial señalar que el Presupuesto de Egresos presentado plantea que por cada peso que el Gobierno tiene presupuestado invertir, 50 centavos son para Pemex, 3 centavos son para salud y 2 para educación, esto quiere decir que la inversión destinada a PemeX es tres veces mayor que el total destinado a transporte, salud, educación, seguridad y agua en su conjunto, y esto no es todo, ya que se destinarán recursos a una refinería obsoleta, que quieren ubicar en una zona de riesgo, ignorando que el nivel del mar está aumentando, circunstancia claramente advertida por la comunidad científica internacional.

Y esta descapitalización no solo es en el ámbito federal, también en el local; en América Latina el gasto de capital de los gobiernos subnacionales es de 31% de su presupuesto, contra solo 5% en el caso de los municipios mexicanos. Si a esto sumamos que las estimaciones de ingresos fiscales, particularmente ISR, IVA y IEPS se elaboraron con un crecimiento del PIB de 2%, es alarmante, y a todas luces se puede observar que el programa económico está mal diseñado, que incumple con las premisas fundamentales de planeación económica.

Cabe mencionar que una condición necesaria para llevar a cabo cualquier ejercicio de planeación económica y financiera requiere alinear objetivos realistas con instrumentos eficaces. Es un principio básico de cualquier ejercicio de planeación, por ello, presentar objetivos irreales sin contar con los instrumentos necesarios para su efectiva realización, significa violar irresponsablemente este principio, claramente definido en la Ley de Planeación y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Bajo esta óptica, como les decía, no es difícil prever el daño que sufrirán sectores clave del país como son la educación, el medio ambiente y la infraestructura. ¿Cómo garantizar un futuro promisorio a una generación de niños y jóvenes si se destina 25 veces más presupuesto a Pemex que a educación, pilar central del desarrollo sostenible de cualquier país? ¿Cómo hablar de desarrollo sustentable cuando la inversión en programas relacionados con el medio ambiente es prácticamente de cero?

Y así lo sostuve ante el Pleno de la Cámara de Diputados; en primer lugar, este ejercicio es 100% hechura del Gobierno que pregona la cuarta T, además de no cumplir con lo estipulado en nuestra Constitución; este presupuesto no es equitativo, incluyente, integral, sustentable ni sostenible, tenemos el presupuesto destinado al sector ambiental más bajo en la historia, por ningún lado se observa un proyecto de país con visión de sustentabilidad y de resiliencia ante la amenaza que representa el cambio climático.

Es alarmante la ausencia de una visión de largo plazo, la insensibilidad, así como la irresponsabilidad de repartir gasto corriente con fines electorales, en lugar de proteger al medio ambiente o buscar la mejora de los servicios públicos o la disminución de la brecha sobre infraestructura en el país.

Caló hondo y espero que cale más, porque México no va en el rumbo correcto. Es urgente fortalecer a las instituciones y los programas que velan por el ejercicio de los derechos humanos, políticos, sociales y ambientales, por ello Acción Nacional refrenda su disposición a trabajar por el crecimiento del país, para lograr condiciones de crecimiento y bienestar para todos.

El martes 17 de setiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, hizo una serie de comentarios sobre el sistema de salud pública y sobre la formación de los médicos, independientemente del estilo ya conocido con ligereza y falta de sensibilidad para abordar temas tan importantes y complejos en dichas conferencias, en este caso en particular, la pretensión de distraer a la opinión pública respecto de su postura para –lo que él llama– el reconocimiento de las capacidades médicas por tiempo, es francamente insólito, para Andrés Manuel López Obrador existen “disciplinas” que requieren evaluación y otras no, como es el caso de los médicos de especialidad, con relación a los médicos generales.

Se refirió también al “médico rural” como aquel que brinda atención básica y su planteamiento de generar esquemas que permitan salarios más altos, en este sentido es importante aclarar que, en los hospitales rurales, donde atienden esas “atenciones básicas” a las que se refiere el Presidente, son atendidas por médicos –residentes- del último año de la especialidad que cursan, a través de su Servicio Social (Pediatría, Ginecología, Medicina Interna, Cirugía, Anestesiología y Medicina Familiar).

Esta idea de dividir a los mexicanos, llevada al extremo de categorizar ahora a nuestros médicos como de primera, segunda o tercera, es francamente una falta de respeto, en primer lugar el médico rural –como él les llama– y el médico de las ciudades, no existe, en México no tenemos médicos “chambitas”; todos son formados bajo los más altos estándares de calidad y la exigencia que requieren sus conocimientos, todos los médicos son en principio médicos generales y en otra etapa de formación realizan sus residencias para obtener su especialización. El valor del conocimiento de un profesional médico, no se tasa por la ubicación geográfica en la que ejerce.

Hablar del sector salud, es hablar del personal administrativo, sanitario, de enfermería, personal médico, de medicinas, de infraestructura, todo en su conjunto debe funcionar de manera sinérgica para obtener el nivel de eficiencia para el que está dispuesto, de entre todos estos elementos, es inadmisible reducir la problemática que afecta –a tan solo uno– de los pilares del sistema, como es el caso del personal médico, al anuncio de un par de cifras huecas.

Mis queridas amigas y amigos, la causa médica no me es ajena, desde el 2016 siendo senadora, denuncié que las condiciones bajo las que se realizan las jornadas laborales de los médicos, incluidos los estudiantes de medicina durante su estancia en el servicio social, residencias médicas e internados de pregrado, son violatorias de sus derechos humanos, ponen en riesgo su salud, las condiciones de estrés y cansancio a las que están sometidos les condiciona hipertensión, daños cognitivos, cerebrales, cardiacos, incluso depresión, todo esto en su conjunto, afecta la calidad de atención que reciben los pacientes.

Ya lo he dicho y lo seguiré señalando; actualmente los médicos están cubriendo “guardias” de hasta 36 horas continuas, concentrando una alta saturación de cansancio que afecta su desempeño, no solo no es humano, no es válido que una persona que no cuenta con el descanso suficiente, deba atender la salud de personas enfermas, ya sea que requieran de lo que se ha enunciado como pacientes de “cuidados básicos” como de enfermedades catastróficas, estas condiciones de trabajo y remuneración salarial baja, que no está acorde a la preparación y responsabilidades que recaen en el personal médico; son temas que por cierto el Presidente de la República omite en sus discursos, ya que si bien habla de pagar más a médicos de comunidades rurales que a los de urbanidades, no quiere decir que estos últimos ganen mejor.

Esta realidad es la que poco a poco vamos conociendo, es una vergonzosa forma de “esclavitud moderna” porque nuestros médicos cumplen 24 horas de “guardia” y luego su turno normal, lo que me permite afirmar que llegan a acumular más de 30 horas sin dormir.

Esto no puede seguir pasando, seguiremos trabajando, desde este espacio refrendo mi solidaridad y compromiso con la comunidad médica de nuestro país, sus familias y amigos que son los primeros en resentir, las circunstancias bajo las que estudian y trabajan actualmente.

Amigos, quiero compartirles que este jueves tuve la oportunidad de participar en una mesa redonda en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Revisamos algunos aspectos de legislación en materia de bibliotecas, teniendo como punto de partida la Ley General de Bibliotecas vigente, y señalo “algunos aspectos de legislación” porque este es un tema que aparentemente podría estar resuelto con el ordenamiento actual, sin embargo, no es así, por eso, desde la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso, queremos sumar esfuerzos, incluso con la propuesta que ya se está trabajando en la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, por eso es vital contar con la opinión y la participación de los expertos bibliotecólogos y poder así dar un giro a la realidad que caracteriza a las bibliotecas en nuestro país, que permanentemente están batallando con la insuficiencia presupuestaria, falta de apoyo y difusión de sus tareas y los servicios que brindan al público.

Asimismo, tuve la oportunidad de realizar una visita a la Biblioteca Nacional de México, ubicada también en el campus universitario de la UNAM, que, dicho sea de paso, Ciudad Universitaria es Patrimonio Cultural de la Humanidad, símbolo cultural y arquitectónico en América Latina, que en su conjunto es una expresión que integra significantes de urbanismo, ingeniería, paisajismo y arte, proyectando nuestras raíces y valores, baste citar, por ejemplo, el mural de la Biblioteca Central, obra de Juan O’Gorman, llamado “Representación Histórica de la Cultura”.

Es así que la Biblioteca Nacional de México no se queda atrás. Ubicada en el circuito del Centro Cultural Universitario, esta biblioteca es depositaria de la obligación de depósito legal y en este recinto se alberga la memoria bibliográfica de nuestro país. Fue creada por decreto del entonces vicepresidente Valentín Gómez Farías en 1833, sin embargo, sería hasta 1867, con el presidente Benito Juárez, que se concreta su creación definitiva. Fue ubicada en el antiguo templo de San Agustín, un edificio barroco del siglo 17 en el Centro Histórico de la Ciudad de México y su primer director fue José María Lafragua. Los acervos de la Biblioteca se constituyeron de los fondos bibliográficos de las órdenes religiosas y cuenta además con su fondo reservado con obras impresas y manuscritas que datan de los siglos 16 al 20.

Por otra parte, la Biblioteca Nacional resguarda el Fondo Contemporáneo, que incluye ejemplares electrónicos o digitalizados. Sin embargo, hay que decirlo, la joya de la corona reside en el resguardo de obras incunables, impresos europeos y mexicanos; también se encuentran archivos de escritores no solo en español, sino en latín y lenguas como el náhuatl o maya, por todo ello la Biblioteca Nacional de México es el repositorio bibliográfico más importante del país y su acervo es de un valor universal invaluable.

Cabe destacar que México fue el primer asiento de la imprenta en América, así que cuando me refiero al resguardo de “incunables”, se trata de libros que fueron editados en la primera imprenta, de 1450 a 1500. Sí, la de Gutenberg. Hay que recordar que en aquella época no se manejaba la producción en serie, por lo que en los primeros 50 años desde su creación, se habrán fabricado poco más de un millar de imprentas y una de ellas, la primera en llegar a América, fue la de México.

Una característica de los incunables es que no cuentan con portada, sin embargo, sí se incluían datos básicos del libro, como el nombre del autor, lugar y fecha de impresión y el nombre del impresor, de modo que este es el tipo de ejemplares que se resguardan en la Biblioteca Nacional.

En 1929, el Gobierno federal determina que la Biblioteca Nacional pase a resguardo de la -en ese entonces- Universidad Nacional de México, y más tarde, en 1936, se expide el Decreto de Depósito Legal, que establece la obligación de los editores de todos los estados y territorios de la República de entregar dos ejemplares de libros, periódicos y revistas a la Biblioteca Nacional. Posteriormente fue separado el acervo hemerográfico y depositado en el extemplo de San Pedro y San Pablo, en 1944, conocido como El Carmen, creándose la Hemeroteca Nacional de México.

Más adelante, con el traslado del Centro Histórico de la Ciudad de México al nuevo campus central universitario, de las escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, se creó, bajo el entorno del Subsistema de Humanidades de la UNAM en1967, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, a través del cual, por legislación universitaria, se deposita la administración de la Biblioteca y Hemeroteca nacionales.

Poco más de 10 años más tarde, se cristaliza el proyecto de traslado de la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional a la zona cultural en Ciudad Universitaria, y en 1992 finalmente se inaugura el anexo construido para albergar el Fondo Reservado, del que les he platicado.

Es así que podemos entender la importancia y trascendencia de la Biblioteca Nacional de México, creada para el fin exclusivo de resguardo de la Bibliografía Nacional y consolidada a su vez a través del Depósito Legal.

Gracias a la Biblioteca Nacional de México, podemos contar con el testimonio histórico impreso de obras de valor incalculable, lo que requiere en su manejo un grado de especialización muy avanzado, a diferencia de la Biblioteca Pública. que no es menor en importancia, pero sí diferente en cuanto a la información que resguardan y manejo que requieren, como el caso de la Biblioteca Nacional de México, de la que anteriormente ya les he compartido algunas reflexiones, y así también las bibliotecas escolares que se caracterizan por sus acervos, seleccionados para satisfacer las necesidades del estudiantado de nivel básico, medio y medio superior, distinguiéndose de las bibliotecas universitarias, naturalmente enfocadas a las necesidades de información y conocimiento de los universitarios. También tenemos las bibliotecas especializadas: podemos citar aquí, por ejemplo, las de los institutos de investigación. Todas ellas constituyen sistemas o subsistemas diferentes que deben considerarse de manera detallada y exhaustiva en el análisis para su legislación y correcta armonización con el marco jurídico relacionado.

Este año festejamos un centenario del natalicio del gran arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, autor de obras arquitectónicas emblemáticas de nuestro país, el estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe, el Auditorio Nacional, el Museo de Antropología y la Cámara de Diputados. Asimismo, fue el creador del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, del estadio Cuauhtémoc de Puebla, entre otras obras; por otra parte, presidió el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, por lo que se han venido realizando diversos homenajes, reconocimientos y análisis sobre el pensamiento y visión de este
arquitecto mexicano.

La manifiesta importancia y trascendencia de su obra, nos permite reconocer el sentido humanista que plasmó en cada una de sus creaciones, espacios pensados para la colectividad que conectan irresistiblemente con las raíces de nuestra idiosincrasia, evocando elementos prehispánicos conjugados con la herencia colonial en el presente del México moderno.

A 100 años de su nacimiento, se han venido realizando diversos eventos para reconocer su labor y trayectoria, mesas de reflexión y análisis del legado de su obra, porque referirnos a Pedro Ramírez Vázquez es descubrir los significados en los espacios creados, entender que su arquitectura respondió también a las necesidades del entorno social del México de sus tiempos, de un país que se presentaba al mundo como una nación sólida, lista para dar testimonio a través de su expresión cultural, fue que Ramírez Vázquez supo obsequiar a su patria y al mundo su obra emblemática, hoy por hoy símbolos distintivos y de reconocimiento internacional: el estadio Azteca, sede del Mundial de Futbol en dos ocasiones, la Basílica de Guadalupe uno de los recintos de mayor importancia y de los más visitados en el mundo, así como el Auditorio Nacional, una de las salas de expresión artística de la mayor importancia, sede de las presentaciones de artistas de talla mundial.

Y qué decir del Museo de Antropología, recinto que alberga nuestros más preciosos tesoros prehispánicos, símbolo de nuestra identidad que se mantiene presente en nuestro pasado histórico, también de indudable reconocimiento internacional.

Así que, el festejo de este centenario no sólo da paso al justo homenaje y reconocimiento, sino que es ocasión de reflexión y renovación por ello, la Cámara de Diputados también se suma a los festejos, como un tributo al autor del diseño arquitectónico del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Proyecto de gran magnitud, que hoy por hoy representa para los mexicanos, lo que es “La Casa del Pueblo”, el lugar donde se hacen las leyes, un espacio desde el punto de vista arquitectónico que se visionó con un sentido de permanencia y flexibilidad, a decir del diputado Porfirio Muñoz Ledo.

Así es como este viernes se ha firmado un Convenio General de Colaboración entre la Cámara de Diputados y la Secretaría de Cultura con el que se busca abrir los espacios públicos del Palacio Legislativo como espacios de cultura, abiertos al público en general, esto incluye la apertura del Museo Legislativo y la Biblioteca del Congreso de la Unión para que se lleven a cabo actividades relacionadas con el fomento y promoción de la cultura.

También se considerará atender las necesidades de remozamiento físico y estético de manera integral que requiere el conjunto arquitectónico de la Cámara de Diputados. Lo que de alguna manera ya sucede, sólo que ahora se buscarán mecanismos que posibiliten el acceso al público, lo que tampoco es difícil concebir, si se considera el sentido de colectividad plasmado siempre en las obras de Pedro Ramírez Vázquez.

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, manifestó el apoyo de la dependencia federal que dirige para enriquecer la vida cultural de la Cámara de Diputados. “Es importante impulsar este espacio en el circuito cultural; esta zona requiere esa oferta artística, y la cantidad de gente que vive alrededor y que tenga posibilidad de acceder a la cultura por medio de una infraestructura tan importante”.

Subrayó que “este sitio es la casa del pueblo y la política de la Secretaría es que nadie quede atrás”. Además, consideró que en la Cámara ya hay espacios que funcionan para albergar exposiciones y otras manifestaciones artísticas; no obstante, se debe dar cabida a la pintura y a las artes escénicas, porque es un gran recinto para la cultura.

También destacó el hecho de que los legisladores promuevan la cultura a través de las lenguas indígenas, al recordar que las sesiones del Pleno inician con un discurso en idioma originario.

Frausto Guerrero añadió que el convenio cobra mayor relevancia al celebrarse el centenario del natalicio del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien diseñó el Palacio Legislativo de San Lázaro.

En su participación, la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, subrayó que el objetivo es abrir al público en general el Espacio Cultural San Lázaro, y promocionar distintas expresiones artísticas como la pintura y la escultura.

También es relevante velar por la estética del Palacio Legislativo, que fue diseñado por uno de los más reconocidos arquitectos de nuestro país, Pedro Ramírez Vázquez,
comentó.

“Este es un edificio que está protegido por el INBA y, en ese sentido, debemos cuidar cualquier intervención que se haga en el edificio; es decir, desde pinturas, esculturas, hasta nuevos edificios, jardines; todo lo debemos hacer de manera muy cuidada para que sea estético, para que haga sentido y evitar los parches que luego vemos por aquí y por allá”.

Nos leemos la próxima semana.
Muchas gracias

Este viernes tuve la oportunidad de reunirme con el Dr. Federico Hernández Pacheco, académico y jefe de la Biblioteca Jorge Carpizo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, abordamos diversos temas sobre el panorama de las Bibliotecas en nuestro país, una charla enriquecedora, sumada a mi propia experiencia como presidente de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, me ha dejado con algunas ideas.

Desde la visión de Vasconcelos que en su momento no solo supo responder a las necesidades del México de 1921, sino que supo entender el peso de las circunstancias de un México posrevolucionario, en el que era imperante resolver el problema de la educación, como titular de la Secretaría de Educación instauró las bases de nuestro sistema educativo nacional desde tres ejes de acción: las escuelas, las bibliotecas y la promoción del arte y la cultura. El trabajo y dedicación del maes-tro Vasconcelos vio uno de sus grandes frutos 25 años después, cuando abría sus puertas la Biblioteca de México, en 1946, y de la que fue su primer director, ocupando el cargo hasta su muerte en 1959.

Bajo esta visión, también se supo ver que había llegado el tiempo para atender el aspecto cualitativo que conllevan los procesos de educación, por lo que en 1945 nace la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), adscrita al Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública hasta el año 1959, sin embargo será hasta 1988 cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que establece la aprobación de los planes de estudio de las licenciaturas en Biblioteconomía y Archivonomía.

Por otra parte, en ese mismo año, el Ejecutivo expide la Ley General de Bibliotecas, al tiempo en el que se crea en entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y al que se adscriben la Dirección General de Bibliotecas y la Dirección General de Publicaciones.

Para esta década de los 80, la Secretaría de Educación Pública reportó 443 bi-bliotecas públicas, 45 especializadas y 737 escolares en un país –en ese entonces– de 77 millones de habitantes, con esta base se creó la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y siguiendo la tradición vasconcelista se impulsó una política de apertura de un mayor número de unidades, que a través de esta figura comenzaron a atender significativamente, las necesidades de educación, por lo que se nutrieron con acervos para la atención de materias específicas de educación básica y media superior y así en la década de los 90, se alcanzó un total de 3 mil 287 bibliotecas públicas.

Para el año 2000, nuevamente identificamos un decidido impulso a la figura de la Biblioteca, reflejado en el aumento de unidades de la Red que reportó un total de 7 mil 200 unidades y con la construcción de la Megabiblioteca José Vasconcelos, que es hoy por hoy uno de los recintos bibliotecarios reconocidos internacionalmente y significativo en nuestro país, con un plus adicional por su ubicación geográfica, ya que se ha convertido en un nodo detonante de acceso al conocimiento y la cultura –y hay que decirlo–, donde se vive el conocimiento y la cultura en una zona especialmente olvidada en ese sentido, rumbo al norte de la Ciudad de México.

Por otra parte, respecto a la tradición de la figura de la biblioteca universitaria, a lo largo de estos años, han logrado desarrollarse naturalmente con mayor solidez y constancia, identificando importantes sistemas de bibliotecas debidamente articulados, considerando que en nuestro país el antecedente sobre las instituciones de formación de bibliotecarios data de 1916 con la Escuela Nacional de Bi-bliotecarios y Archiveros, a la creación de la ENBA, en 1945, que hoy forma parte del Instituto Politécnico Nacional.

Actualmente se cuenta con al menos seis universidades en las que se imparte la licenciatura de Bibliotecología: en la Universidad de Guadalajara;, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma del Estado de México, así como en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía con el Colegio de Bibliotecología, asimismo se cuenta con formación de grados de maestría y doctorado, en la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, además de contar con el Instituto de Investigaciones en Bibliotecología y de la Información (IIBI) de la UNAM.

Justo es decir también que la Biblioteca del Congreso de la Unión se conforma bajo la tradición de la Biblioteca Parlamentaria que existe en México desde 1810, pero en 1936 cuando abre sus puertas en la calle Tacuba, nace con el espíritu de servicio para los legis-ladores y de servicio público para el pueblo, por lo que ha tenido funciones de biblioteca pública, escolar y universitaria, ya que en aquellos tiempos, no solo se encontraban en el mismo entorno las Cámaras del Congreso y dependencias del Poder Ejecutivo, sino las diferentes escuelas de la Universidad haciéndola el centro cultural en el corazón de la Ciudad de México.

Así, hablar de bibliotecas es cultural e históricamente enriquecedor; trabajar a favor de las bibliotecas es un alto compromiso y responsabilidad. Desde que asumí la presidencia de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bi-bliotecas del Congreso he venido diciendo que es indispensable entender a la educación como el pilar de la formación; la cultura como el eje la expresión humana de lo que somos y nos conforma como país, y en la biblioteca como institución el eje en el que reside el conocimiento, y a la luz de este repaso sobre el desarrollo de la figura de la biblioteca en nuestro país, creo poder afirmar que la importancia de la figura de la biblioteca a la educación y la cultura es como hablar de la importancia del instrumental o el medicamento para el médico. Trabajar a favor de las bibliotecas y el impulso del bi-bliotecólogo como profesional en la materia, es vital para el desarrollo de nuestra sociedad.

El jueves pasado tuve la oportunidad de reunirme con el doctor Marx Arriaga, director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, para abordar diversos temas que tienen que ver con las bibliotecas.

Ahora al presidir la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, he podido constatar la necesidad de instrumentar acciones y acuerdos en conjunto, que impulsen a las bibliotecas como institución fundamental de la sociedad.

Hay cosas que no tienen distingos ideológicos y esta es una de ellas, por ello de manera pública y abierta y como muestra de mi respeto por esta institución, le propuse a Marx Arriaga establecer un compromiso de trabajo –y como di a conocer recientemente– le he solicitado el convenio de adhesión de la Biblioteca del Congreso de la Unión a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, por tratarse de un recinto histórico y de enorme tradición en el quehacer bibliotecario, con una ubicación geográfica estratégica en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero sobre todo porque nació con ese espíritu en 1936, para que brindara sus servicios al pueblo de México –no sólo a los diputados y senadores, sino al público en general–.

Con esta iniciativa buscamos dejar sentado no sólo el compromiso de una servidora, sino el vínculo del Congreso a favor de las bibliotecas de nuestro país. Asimismo, tuve la oportunidad de realizar un recorrido por la Biblioteca México, recinto emblemático de la Ciudad de México, inaugurado en 1946, en el que se resguardan materiales de alto valor histórico, así como áreas de esparcimiento y difusión cultural del más alto nivel estético.

Cabe destacar que también pude visitar la sala para invidentes, una de las más importantes y equipadas de América Latina, y para la que he propuesto el Programa de Inclusión de Personas con Discapacidad Visual a Través de Tecnología.

Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual que asisten a las bibliotecas, como aportación de la Comisión, a las acciones que se trabajan en la estrategia de lectura con un criterio de inclusión, con tecnología innovadora y de alto impacto, ya que he propuesto sea implementada a nivel nacional en las Bibliotecas Públicas Estatales, por supuesto en nuestro estado de Coahuila.

La Biblioteca México alberga también cinco salas de autor, con las bibliotecas personales de José Luis Martínez, Antonio Castro Leal, Jaime García Terrés, Alí Chumacero y Carlos Monsiváis, todas, parte del ambicioso proyecto La Ciudad de los Libros, así como el Fondo Reservado y el Fondo México, que está constituido por más de 32 mil unidades de información con obras de literatura, historia, ciencias y arte de México.

Y si bien, tener la oportunidad de recorrer esta hermosa biblioteca ha sido una experiencia fascinante al tener a la vista piezas de hemeroteca de 1846, también ha sido el escenario propicio para abordar otros aspectos de la mayor importancia con Marx, conversando en la realidad del contexto bibliotecario, exploramos opiniones y posturas sobre la obligación del Depósito Legal en México y las eventuales modificaciones que requiere la Ley General de Bibliotecas.

Afortunadamente, ya me encuentro trabajando en esto y para los días 9 y 10 de octubre, estoy convocando al Foro de Análisis del Depósito Legal en México y para el 29 de agosto, tendré el honor de participar en la Mesa Redonda sobre la Ley General de Bibliotecas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del la UNAM, por lo que celebro los puntos de coincidencia con el doctor Arriaga, así como su disposición y generosidad por cuantas acciones sean necesario avanzar para dotar de un marco normativo sólido a las bibliotecas de nuestro país.

Porque se han llevado a cabo grandes esfuerzos, que no pueden quedar sujetos a la buena voluntad de los titulares de Bibliotecas o las intenciones o compromisos de los gobiernos, como lo fue el caso de la Biblioteca Vasconcelos, un nodo cultural ubicado en la zona norte de la Ciudad de México –a un costado de la que fuera la Terminal de Ferrocarriles de Buenavista, hoy estación del Ferrocarril Suburbano– inaugurada en 2006 y actualmente catalogada como uno de los 10 recintos bibliotecarios modernos a nivel internacional. No obstante debe reconocerse, que este recinto fue diseñado para albergar al menos de 1 a 6 millones de libros, la realidad es que llega a 600 mil.

Así que la tarea no es para resolver de la noche a la mañana, pero con esfuerzo, constancia, amor y compromiso a favor de la cultura y la educación, pero también de manera decidida y concreta a favor de las bibliotecas, estoy segura que lograremos avanzar y sin duda este será uno de esos momentos brillantes en el entorno y el quehacer bibliotecario en nuestro país.

Nos leemos la próxima semana.

Muchas gracias.

Semarnat ha concedido un permiso de impacto ambiental para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. El proyecto se denomina Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Estado de México) su interconexión con el AICM y reubicación de instalaciones militares. Su vigencia es de 33 años para llevar a cabo las etapas de preparación del sitio y construcción (cuatro fases), con vigencia de 50 años para la operación y mantenimiento prorrogables conforme a la revaloración del Plan Maestro.

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés) define la sostenibilidad aeroportuaria como un “enfoque holístico para administrar un aeropuerto a fin de garantizar la integridad de la viabilidad económica, la eficiencia operativa, la conservación de los recursos naturales y la responsabilidad social de un aeropuerto”. El diseño de un aeropuerto, como infraestructura que consta de múltiples espacios e instalaciones funcionales integradas a un territorio amplio, requiere muchos niveles de análisis y evaluación para definir las limitaciones de desarrollo y los impactos en el medio ambiente a diferentes escalas, en función de la capacidad del tráfico.

De acuerdo con la Comisión Europea, actualmente 70% de las regulaciones de construcción y operación de los nuevos aeropuertos en el mundo están relacionadas con el medio ambiente. La razón es porque la construcción de “aeropuertos verdes” está ligada al concepto de desarrollo sostenible: implica crear una infraestructura que facilite el crecimiento a largo plazo de modo que los aeropuertos puedan responder a la demanda futura. La capacidad convencional de un aeropuerto, considerada antes solo en términos de su capacidad de infraestructura (pistas de rodaje, terminales, flujo de pasajeros, etc.) es ya solo una parte. Ahora, es cada vez más claro que la capacidad operativa de un aeropuerto y su crecimiento está definida por los impactos ambientales de sus operaciones.

El proceso de diseño de un aeropuerto moderno representa un sistema complejo de decisiones tomadas por profesionales de campos multidisciplinarios. Por lo tanto, los métodos y herramientas que facilitan el intercambio de información y la evaluación son necesarios para la efectividad y eficiencia del proceso de toma de decisiones. Los problemas ambientales que surgen del desarrollo y operación de la infraestructura aeroportuaria se relacionan con el ruido, la calidad del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero y de carbono, el uso de recursos (energía y agua), la producción de residuos y el uso de materiales, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, el uso de la tierra y la protección de hábitats y biodiversidad. Y a esto se suma todo sistema económico-social que se involucra en cualquier megaproyecto.

La complejidad de estos proyectos ha generado un cambio completo en la forma en que se planea un puerto aéreo: el principal cambio es que los gobiernos, hoy en día, no construyen aeropuertos. Estos proyectos se han sofisticado y puesto en manos de firmas expertas que incluyen la variable ambiental como insumo principal en la planificación de cualquier obra. ¿Qué significa esto?

Significa que un proyecto aeroportuario como el que requiere la Ciudad de México (con capacidad futura de por lo menos 100 millones de pasajeros) no es función de un “permiso ambiental de Semarnat”. Es función de una serie de elementos muy complejos que tienen que evaluarse “mucho antes” de pedir un permiso ambiental al Gobierno. No se trata de construir un edificio que arroje deshechos, sino un sistema de interconexión que tiene efectos multiplicadores enormes en la población local.

En problema principal con la decisión de otorgar un “permiso” para que el Ejército supervise y ponga en marcha un aeropuerto es la visión del proyecto que tiene nuestro presidente: en lugar de efectuar los estudios completos de rigor por firmas acreditadas internacionalmente, con el concurso de la academia, sociedad y expertos, para el actual Gobierno todo se reduce a cumplir la voluntad de un Presidente que ve el aeropuerto como un proyecto de “pavimentación de pistas para aviones”. Algunos datos le darán a usted, estimado lector, un ejemplo del abismo de visión que hay entre proyectos expertos y el de Santa Lucía: el aeropuerto Bejing Daxing International a inaugurarse en septiembre. Vea usted lo que se hizo en China de manera profesional:

Inició su planificación de manos de la China Airport Construction Corporation un grupo privado que reunió a 12 firmas internacionales solo para definir el Plan Maestro. De esa definición se llevó a concurso para determinar la empresa constructora, ganando Zaha Hadid, una firma británica de entre 24 consorcios internacionales. La firma ganadora tuvo que certificarse en capacidad de manejo ambiental y presentar un proyecto de desarrollo sostenible en cuatro áreas: ambiental, social, económico y cultural. Todo esto fue necesario previo a la autorización del Gobierno chino respecto a la viabilidad del proyecto y su financiación. Resultado: se iniciaron obras prácticamente en 2015 y en solo cuatro años se está entregando un aeropuerto con capacidad inicial para 45 millones de pasajeros, 75 en 2024 y un potencial de 100 millones en 2030. Y es el segundo aeropuerto internacional de esa ciudad. ¿Y sabe usted cuánto costó al contribuyente chino? Prácticamente nada: el consorcio ganador aportó más de 12 mil millones de dólares con financiamientos de entre 25 y 30 años.

Los impulsores ambientales desempeñaron un papel clave en el desarrollo del Beijing Daxing: se incorporaron numerosos elementos pasivos en el diseño, incluidas estrategias de sombreado, acristalamiento de alto rendimiento, y luces de techo colocadas cuidadosamente que optimizan el rendimiento energético de la terminal. Estas soluciones dan como resultado una reducción prevista del 50% en el consumo general de energía y 70% de las emisiones de CO2.

¿Qué nos presenta el actual Gobierno mexicano? Un proyecto que supervisará el Ejército (cuyo principal objetivo es otro y no la construcción de aeropuertos); con un permiso ambiental que cumple con “el trámite” y que sacó en unas cuantas semanas; sometido a concurso de firmas cuya capacidad técnica y profesional es muy distante a la del Daxing; con una total incertidumbre respecto a la capacidad de sostenibilidad del proyecto; y con una inversión muerta millonaria antes de siquiera iniciar la construcción del proyecto (me refiero al costo de cancelar el NAIM). Todo ello sin considerar que, en principio, Santa Lucía no es siquiera viable según la opinión de expertos internacionales.

Estamos ante una irresponsabilidad institucional que dejará a la Ciudad de México fuera de la competencia internacional. El costo de esta irresponsabilidad no será solo económico, sino social, ambiental y de largo plazo. Un costo enorme para la sociedad mexicana. ¿Por qué México debe conformarse con un proyecto de segunda categoría pudiendo tener a su alcance uno de alto nivel? Porque lamentablemente las decisiones que se están tomando no son institucionales sino derivadas del propósito de satisfacer al Jefe mayor de Palacio Nacional, que ve el aeropuerto como una victoria política y no como una palanca de desarrollo nacional.

Una de las principales funciones de cualquier Secretario de Hacienda es poder decir no, de manera justificada y con respaldo técnico, a las decisiones políticas que interfieran con el buen desarrollo económico del país. Decir no es una de las cosas más difíciles que hay en la vida, y más cuando se le dirige a un político, generalmente acostumbrado a pedir consejo para validar sus propias opiniones y no aceptar las de los demás. Contados son los políticos que están dispuestos a escuchar y aún menos los que están dispuestos a rectificar.

El dr. Carlos Urzúa es un magnífico economista que enfrentó el eterno dilema de su gremio: decirle al Presidente que está equivocado, que la economía no se puede inventar en un escritorio. Que la vida económica de un país es algo más complejo que sumas y restas. Sobre todo, que la economía es una ciencia compleja que lamentablemente no se puede poner a prueba en un laboratorio: se trata de las vidas, aspiraciones y el bienestar de millones de personas.

En un documento de investigación del Fondo Monetario Internacional, titulado Las Funciones en Evolución y la Organización de los Ministerios de Finanzas, publicado en 2015, se mencionan tres aspectos clave que determinan la función de un Secretario de Hacienda: 1) El creciente papel del gasto público en la economía, tanto en tamaño como en alcance, haciendo que la estrategia en la asignación de fondos públicos sea determinante del éxito o fracaso de un país; 2) El creciente rol de las finanzas internacionales en los asuntos domésticos, de modo que un Secretario de Hacienda no sólo debe supervisar “sus propias cuentas” sino las de un mercado global con infinitud de aspectos que considerar; y 3) La vasta normatividad para atender las tres funciones operativas básicas de un Secretario de Hacienda, a saber: la definición de políticas económicas (principalmente la fiscal), las funciones regulatorias y las funciones transaccionales (deuda y asignación de fondos federales, principalmente).

México no es la excepción. A medida que el rol del Gobierno se ha extendido en la vida pública de nuestro país, también lo ha hecho el papel del Secretario de Hacienda. Es incomparable la complejidad que enfrenta hoy ese cargo en comparación, por ejemplo, con la que tenía Antonio Ortíz Mena en los años 60, uno de los referentes continuos del presidente López Obrador para ese puesto.

Cuando en los días recientes se me convocó para aprobar la ratificación del dr. Arturo Herrera como sustituto del dr. Urzúa, se me presentó un dilema: por un lado el saber que el dr. Herrera es también un buen economista, con conocimiento de la hacienda pública de México, por lo que sus capacidades no están en duda; pero, por otro lado, saber que en el cargo no podrá decir que no al Presidente López Obrador, de modo que para fines prácticos no podrá ejercer sus capacidades. Por eso opté por decir no a su ratificación.

Fue un no porque México se encuentra en un momento de quiebre, si no es que hacia la quiebra, pues los argumentos de política económica así lo indican: el dr. Urzúa estuvo en desacuerdo con el principal instrumento de planeación que es el Plan Nacional de Desarrollo, el cual no cumplió con los requisitos mínimos constitucionales y la Ley de Planeación.
Este solo hecho habla de las profundas diferencias con el Presidente. Setenta páginas de contenido ideológico al margen de la opinión del entonces Secretario de Hacienda, fueron determinantes para abandonar la Administración.

A los asuntos que ya son de todos conocidos (Aeropuerto de Santa Lucía, Refinería de Dos Bocas, Tren Maya, Corredor Transístmico), el de mayor peso para mí es el desacuerdo con la desarticulación de la hacienda pública de México: centrar todo el proyecto de desarrollo de México en Pemex, destruir institucionalmente programas y operaciones que tomaron al país décadas desarrollar y transformar la generación de valor presente y futuro (Producto Interno Bruto y capital social) en favor de sectores no productivos en materia económica pero rentables políticamente. Éste último punto es central para entender la gravedad de la situación: México se aleja de cualquier posibilidad de desarrollo sostenible.

El dr. Urzúa fue muy claro: la Secretaría de Hacienda es mucho más que una oficina de compras gubernamentales, tiene el deber de advertir al Presidente López Obrador los riesgos previsibles que sus acciones generan. Mientras Estados Unidos crece a tasas aceleradas aquí se metió el freno. Y ya suenan los tambores de una recesión, que les puedo asegurar va a llegar más pronto de lo que quisiéramos cuando las agencias calificadoras ratifiquen lo que ya sabemos: que el plan de PEMEX, del que depende todo el Plan Nacional de

Desarrollo, simplemente no da. Cuando esto pase, no se diga que no fuimos advertidos.
Nos leemos la próxima semana. ¡Muchas gracias!

Uno de los pilares de toda nación democrática es la libertad de expresión. Una sociedad que manifiesta libremente sus ideas puede defender sus derechos y ejercer una crítica constructiva a las acciones de su Gobierno. Por el contrario, una sociedad mal informada e ignorante solo sirve a quienes desean imponer su voluntad y con ello perpetuarse en el poder.

Cabe recordar que el Artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), señala que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del Artículo 6 de la CPEUM, es decir, casos en que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, se provoque algún delito, o se perturbe el orden público.

Asimismo, el Artículo cuarto de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.

A su vez, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 indica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

Como puede observarse, la libertad de expresión es un derecho humano esencial para el respeto y promoción de otros derechos, como el de acceso a la salud, a un medio ambiente sano, a la propiedad, a la seguridad jurídica, etc. Si una sociedad no puede expresarse libremente, entonces no tendrá los medios para denunciar abusos de poder, injusticias o impulsar cambios.

Por ello, el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, iniciando con actos de intolerancia y falta de respeto a las ideas de otros que se van incrementando hasta alcanzar niveles de acoso y ataque directos a comunicadores, periodistas y, en general, a todo aquel que difunda ideas incómodas para el régimen en el poder.

Es evidente que censurar o prohibir la libre circulación de información es una violación al derecho humano de la libertad de expresión, tal como lo reconoce nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

En fechas recientes el titular del Ejecutivo federal, así como funcionarios de alto nivel, han expresado duras críticas en contra de diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, quienes han difundido noticias que no coinciden con la ideología de la Cuarta Transformación.

Ejemplo de ello fue la editorial publicada el 10 de julio por el periódico británico The Financial Times, en la cual se hacían comentarios sobre la importancia de que el presidente López Obrador escuchara al recién nombrado secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a efecto de restablecer la credibilidad en los mercados.

Al respecto, el Presidente atacó de manera frontal al periódico, al igual que lo ha hecho con declaraciones de organismos internacionales, señalando que en sexenios pasados callaron y que ante tal silencio debían ofrecer disculpas al pueblo
de México.

Otro caso es la reestructuración de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), que ha derivado en diversos cambios en la línea editorial. Cabe señalar que el Manual de Operación de Notimex establece: “La información que difunda se realizará sin vínculos o beneficio de autoridad, partido u organización política, y basada en los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad
y responsabilidad”.

Sin embargo, bajo este nuevo Gobierno la cobertura que Notimex ha realizado sobre diferentes hechos, como el desabasto de medicamentos y la crisis migratoria, carece de neutralidad y ofrece una visión pro gubernamental en vez de una visión meramente informativa. A la par, los trabajadores de Notimex han denunciado acoso que ha derivado en la conclusión de la relación laboral de muchos de ellos, algunos con décadas de antigüedad.

Es tiempo de fortalecer la defensa del derecho humano a la libertad de expresión. No hacerlo así implicará perder gradualmente libertades que podrían no recuperarse nunca.

Nos leemos la próxima semana. ¡Muchas gracias!

Hace unos días el titular del Ejecutivo federal convocó a un evento para conmemorar la jornada electoral de 2018 que lo llevó al poder, misma que también le permitió obtener a su partido la mayoría legislativa y numerosos cargos de elección popular.

A un año de esta jornada, les invito a reflexionar sobre un tema que ha sido eje del nuevo Gobierno: la austeridad. Si bien toda administración está obligada a ejercer un deber de cuidado y máxima eficiencia en el manejo de los recursos públicos, la actual Administración ha ejercido recortes al gasto sin un diseño estratégico ni mucho menos consideraciones que eviten lo que ya empieza a ser un problema creciente: el desempleo y la incertidumbre laboral.

Como es sabido, decenas de miles de trabajadores que prestaban sus servicios para el Gobierno federal ahora son parte de las estadísticas del desempleo. A ello se suman otras decenas de miles que viven bajo la incertidumbre laboral, al no saber si sus contratos se renovarán o si sus plazas no habrán de sufrir afectaciones a corto o mediano plazo.

Ejemplo de ello es la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que ha sufrido recortes graduales en su personal hasta llegar a separar de sus cargos a 70% del mismo, dejando con ello totalmente inoperante al organismo. Esto se traduce en un total abandono del combate adecuado de los incendios forestales en el país, así como de los programas tendientes a la conservación y restauración de los recursos forestales.

Cabe recordar que tan solo en la última semana de junio, la Conafor reportó 75 incendios forestales en 11 entidades federativas, mismas que tuvieron un impacto en 14 mil 464 hectáreas. En tanto, del 1 de enero al 27 de junio de 2019 se reportaron 6 mil 779 incendios en las 32 entidades federativas, con una afectación de 526 mil 998 hectáreas. Se calcula que para atender todos esos eventos se requirieron de 300 mil 888 días-hombre.

Desde el 1 de julio ya no se podrán aplicar los mismos recursos humanos, el mismo conocimiento y capacitación para todos los programas que tiene en activo la Conafor, como tampoco se podrá combatir con la misma efectividad (que está muy lejos de ser la deseable) la totalidad de incendios en el país.

Si ello es grave a nivel institucional, el efecto se multiplica si lo consideramos a nivel personal. No importa de qué dependencia hablemos, ni de qué nivel de puesto o antigüedad. Detrás de cada despido o cese de contrato, hay personas y familias que ven truncado su proyecto de desarrollo con consecuencias que irán escalando en los próximos meses y años.

La falta de ingreso de estas familias, muchas de ellas sin seguro de separación o que teniendo este lo habrán de recibir en plazos diferidos y no en una sola exhibición, implica que los créditos adquiridos tanto de largo (casas y departamentos), mediano (automóviles) o corto plazo (ropa), podrían no ser cubiertos en su totalidad o renegociados en condiciones desfavorables.

Asimismo, los servidores públicos que conservan su empleo, ante la incertidumbre creciente en sus centros laborales, habrán de reducir su consumo o bien cancelar aquellos satisfactores que no consideren de primera necesidad. En otras palabras, y como ya lo han señalado diversos medios de comunicación, la confianza del consumidor continúa a la baja. Las familias no tienen dinero y aquellas que cuentan con algún ahorro prefieren no gastarlo por la falta de certeza en lo que traerá el día de mañana.

De este modo, el sector privado ya está sufriendo también de manera paulatina la austeridad, toda vez que menos familias se encuentran en la capacidad o con la intención de mantener a sus hijos en escuelas privadas, de salir de vacaciones, de comer en restaurantes, ver una película en el cine u otras compras menores.

En estos momentos, y ante el próximo ciclo escolar que inicia a finales de agosto, miles de familias ya están pasando por el difícil momento de enfrentar gastos escolares crecientes, e incluso evalúan la posibilidad de cambiar la escuela de sus hijos por una más cercana, para evitar gastos de transporte, o una más económica en cuanto a colegiaturas o gastos similares.

Es en los ojos de cada persona en donde se percibe la desesperación por un futuro mejor que no llega. Esta de-sesperación lamentablemente habrá de crecer al no contar con opciones para mantener, ya no digamos mejorar, condiciones mínimas de bienestar.

Nos leemos la próxima semana. ¡Muchas gracias!

El pasado 27 de junio el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en sesión extraordinaria el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, con 305 votos a favor, 139 votos en contra y 3 abstenciones.

Mi voto fue en contra de este instrumento toda vez que no cumple con los fines del proyecto nacional establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 74, apartado A), ni los requisitos de contenido y estructura que estipula la Ley de Planeación (artículos 21, 21 Bis y Ter). En tal sentido, el PND carece de un diagnóstico general, ejes estratégicos y transversales, y tampoco plantea objetivos, estrategias, metas concretas ni indicadores de gestión que permitan la evaluación de la gestión gubernamental.

El PND 2019-2024 está muy lejos de ser un instrumento de planeación. En todo caso, se trata de un ideario que indica ciertas pautas que son del todo insuficientes para asegurar que el desarrollo de México sea integral y sustentable.

En materia económica, el PND pretende un crecimiento de 4% promedio para el sexenio. Sin embargo, los objetivos de inversión respecto al Producto Interno Bruto (PIB) no son consistentes con esa meta, a lo que se suma que el contenido de esa inversión no es de alto valor agregado, ya que la piedra angular del PND es Pemex, la empresa petrolera con la mayor deuda del mundo.

De hecho el PND no contiene una política definida en materia de industrialización o de infraestructura, de reconversión de la matriz energética a una de fuentes renovables o la migración hacia una economía circular y de innovación tecnológica.

En este contexto, es imposible hablar de desarrollo sustentable en el PND, toda vez que reduce de manera significativa las inversiones en investigación, ciencia, tecnología y calidad de la educación; promueve acciones que minan seriamente la confianza de los inversionistas privados a largo plazo; desmantela valiosos activos del Estado, que tomó años construir, como son los órganos reguladores y promotores de la competitividad, y cancela todo programa relacionado con el emprendimiento, la innovación, el desarrollo de tecnología o la evaluación docente con fines de calidad.

En materia ambiental, el PND no refleja ninguna acción concreta ni identifica aquellos conceptos que requieren de políticas a corto o a largo plazo. En cambio, prevalecen los conceptos generales que restan certeza respecto a cómo pretende el Gobierno federal proteger al medio ambiente.

Al igual que en los objetivos económicos, en los ambientales no hay consistencia entre objetivos e instrumentos de políticas públicas. Se propone rehabilitar las plantas de producción de fertilizantes para apoyar a productores agrícolas y al mismo tiempo se impulsan proyectos que provocarán un daño ecológico irreparable como son el tren Maya, la refinería Dos Bocas o el tren Transístmico. Asimismo, resulta preocupante que el tema ambiental, pieza central del desarrollo sustentable, se defina como optativo o para “casos que resulten aplicables”.

No hay altura de miras en el PND: ante el reto de transformar a México, la décimo primera economía del mundo, en una nación con autosuficiencia energética por fuentes renovables, se presenta un programa para pequeños productores a nivel de subsidio, en lugar de fomentar proyectos de coinversión pública-privada que atiendan la enorme demanda futura de energía.

El PND que ha presentado el Ejecutivo federal no cumple con la esencia y naturaleza de los acuerdos internacionales que México ha firmado ni tampoco con el mandato constitucional en materia de desarrollo económico y protección del medio ambiente.

El reto que enfrentamos no es resolver los problemas de este sexenio. Eso es lo que se ha presentado en el PND 2019-2024. El reto es transformar al país de manera que pueda iniciar el camino hacia la construcción de una sociedad que mire con tranquilidad su futuro; educada en las competencias que le brinden oportunidades para dejar atrás la pobreza y que vea en la innovación tecnológica una oportunidad y no un desastre; que tenga las bases para una vida saludable, conservando el enorme patrimonio natural de nuestro país.

México está de luto con este PND. Las y los diputados que con su voto lo avalaron serán cómplices de la destrucción de la economía mexicana.

Nos leemos la próxima semana. ¡Muchas gracias!

Con 114 votos a favor, 4 votos en contra y 3 abstenciones, el pasado 19 de junio el Senado mexicano aprobó en sesión extraordinaria el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el cual reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) una vez que los otros dos países firmantes lo ratifiquen.

De este modo, tras 25 años del marco jurídico establecido por el TLCAN, dará inicio una nueva era de cooperación económica y comercial entre los tres países. El T-MEC incluye cambios importantes respecto al TLCAN, entre ellos la ratificación explícita de la soberanía de México sobre sus hidrocarburos, el comercio digital y los aspectos laborales y ambientales.

Al respecto, si bien el TLCAN contenía disposiciones de carácter ambiental, el T-MEC incorpora un capítulo específico sobre el tema. De este modo, los tres países reconocen en el capítulo 24 que es indispensable promover la adopción de altos niveles de protección ambiental y la aplicación efectiva de las leyes ambientales en la región norteamericana.

El T-MEC también establece un Comité Ambiental compuesto por representantes de los sectores de comercio y medioambiente federales, quienes son los principales responsables de la implementación del capítulo 24. Al quinto año de su entrada en vigor, se debe revisar la implementación de este capítulo, así como reportar hallazgos y recomendaciones al Comité.

En tal sentido, los países deben realizar todos los esfuerzos mediante el diálogo, consultas, intercambio de información y cooperación para abordar cualquier tema que pueda afectar la implementación del capítulo 24 antes de acceder al mecanismo de conciliación y mediación que prevé el Artículo 31.6 del T-MEC.

Asimismo, el T-MEC reconoce diversos acuerdos ambientales multilaterales, entre ellos el Protocolo de Montreal sobre la protección de la capa de ozono, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), el Convenio MARPOL sobre la protección del medio marino de la contaminación proveniente de buques, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), así como el Convenio sobre Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya. El objetivo de este último es preservar, respetar y mantener el conocimiento tradicional y las prácticas de los pueblos indígenas para la conservación y uso de la diversidad biológica.

Sin embargo, el T-MEC no incluye referencia alguna a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, situación que se explica por el rechazo de Estados Unidos al tema de cambio climático.

Cabe recordar que en 1994, de manera paralela al TLCAN, los países acordaron el establecimiento de un Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), con el fin de coordinar los esfuerzos regionales en la materia. Al respecto, el T-MEC retoma del actual ACAAN el que ninguno de los tres países dejará de hacer cumplir su legislación ambiental de manera que se afecte al comercio o a las inversiones entre los tres países, ni se podrá promover el comercio y las inversiones a través del debilitamiento de la legislación ambiental. El T-MEC también rescata el procedimiento de peticiones ciudadanas contenido en el ACAAN, mediante el cual se reciben peticiones de quienes aseguran que uno de los países está fallando en la aplicación efectiva de sus leyes ambientales.

Como podemos observar, el capítulo 24 del T-MEC contempla diversos aspectos ambientales contemplados hoy en día en el aún vigente Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), el cual será sustituido por un nuevo Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA). Es decir, una vez que los Congresos de los tres países aprueben el nuevo acuerdo comercial, entrará en vigor el T-MEC (en sustitución del TLCAN) y el ACA (en sustitución del ACAAN).

Si bien es alentador que se incluya de manera explícita la protección del medio ambiente como parte del acuerdo comercial, esto sólo es un primer paso para impulsar el cumplimiento de otros instrumentos ambientales. De hecho, a pesar de que el Ejecutivo federal ha señalado que la aprobación del T-MEC permite definir a México como una economía abierta, en realidad se mantiene una elevada dependencia de Estados Unidos y poca diversificación. Por ello, es necesario mirar más allá del simple intercambio de bienes y servicios y atender el desarrollo sustentable de los tres países.

Como hemos visto, el T-MEC no sólo poseerá un enfoque y un carácter meramente comercial, sino que abordará elementos para proteger el derecho a un medio ambiente sano, conforme a lo dispuesto en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, el cumplimiento del T-MEC en su parte ambiental podrá ser revisado a través de la óptica de los derechos humanos y el bienestar colectivo.

Nos leemos la próxima semana. ¡Muchas gracias!

Los árboles son una parte fundamental de los ecosistemas terrestres. Además de proporcionar una fuente de alimento y refugio para la vida silvestre, son indispensables para combatir el cambio climático, toda vez que capturan el bióxido de carbono y lo convierten en oxígeno, a través de la fotosíntesis.

Asimismo, los árboles permiten la conservación del agua y disminuyen la erosión del suelo. De hecho, las grandes extensiones boscosas tienen la capacidad de atrapar y eliminar partículas contaminantes como polvo, polen, humo y cenizas que pueden resultar perjudiciales para nuestros pulmones. No olvidemos los recientes episodios de contingencias ambientales y las enfermedades respiratorias asociadas a ellos.

Los árboles reducen el llamado efecto isla térmica o isla de calor que se da en las ciudades como consecuencia de la retención de calor por materiales como el cemento y el asfalto. La fórmula de más construcciones y menos árboles sólo produce un desequilibrio que estamos pagando muy caro. Los árboles nos permiten regular el clima local y bajar las temperaturas, proporcionando abrigo a la fauna urbana y atrayendo la humedad del medio ambiente.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha destacado que 30.7% de la superficie terrestre está cubierta por bosques, los cuales albergan a más de 80% de todas las especies terrestres de animales, plantas e insectos. Además, alrededor de mil 600 millones de personas dependen de los bosques para su sustento, incluidos 70 millones de personas indígenas.

Tal es la importancia de los bosques que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, adoptado en 2015 por Naciones Unidas, establece metas concretas para gestionar de manera sustentable a los bosques, luchar contra la desertificación, detener la degradación de las tierras y evitar la pérdida de biodiversidad.

Cabe recordar que 3 millones de hectáreas de bosque desaparecen cada año, a lo que se suma la pérdida de 12 millones de hectáreas cada año (23 hectáreas por minuto) de tierras cultivables por causa de la erosión y desertificación.

México no es la excepción. Entre 2001 y 2017 nuestro país ha perdido 3.2 millones de hectáreas de bosques, o lo que es lo mismo 6% de su territorio forestal. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que 34% de la fauna que habita los bosques mexicanos es endémica (únicamente vive en esos ecosistemas) y que el 12% de la misma está condenado a desaparecer en pocos años si la deforestación continúa al ritmo actual.


Tan solo en 2016 México deforestó 253 mil hectáreas de bosques y selvas, 100 mil hectáreas más que el promedio registrado por el Gobierno mexicano ante la FAO en el lustro 2010-2015. Esta área representa más de la extensión territorial de la Ciudad de México. Al respecto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) estima que la tala ilegal contribuye con el 8% de este problema.

Según un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Público (CESOP) de la Cámara de Diputados, en todo el territorio nacional hay entre 90 y 95% de tierra deforestada, lo que coloca a México en el tercer sitio en deforestación en América Latina sólo después de Haití y El Salvador.

Esta situación habrá de agravarse si se sigue adelante con proyectos como el Tren Maya, cuyos mil 500 km transitan en su mayor parte por ecosistemas boscosos y selváticos del sureste del país, con la consecuente destrucción de los hábitats que sirven de alimento y refugio a la vida silvestre.

Por ello, coincido con las afirmaciones de Naciones Unidas, en el sentido de que: “la generosidad de los bosques ha alimentado a millones de personas a lo largo de la historia. Nos proporcionan materias primas para la construcción de viviendas, medicinas, comida, y son sustento de economías, sociedades y fuente de bienestar humano.”

En este contexto, es indispensable que nos comprometamos a realizar acciones de reforestacion a todos los niveles, empezando por nuestra querida Monclova. Por ello, les invito a unirse una noble causa en beneficio de las generaciones presentes y futuras: el programa de reforestación permanente: “Adopta un árbol”.

Este programa tiene como propósito hacer conciencia de la importancia de los árboles para nuestra vida. Además de los beneficios que lleva consigo esta acción, las personas que decidan adoptar obtendrán un certificado y la responsabilidad de cuidarlos, dando un seguimiento puntual para asegurar que los árboles plantados crezcan y maduren.

Estimadas y estimados lectores, los invito a que se acerquen a nuestra casa de enlace en Monclova, ubicada en la calle Maxtla 1400, colonia Anáhuac, y adopten un árbol. Los esperamos con los brazos abiertos.

Nos leemos la próxima semana. ¡Muchas gracias!

La semana pasada tuve el gusto de asistir a un evento convocado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en el cual especialistas nacionales y extranjeros analizaron la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por Naciones Unidas en 2015.

En este marco, fue muy grato escuchar las propuestas de la dra. Sakiko Fukuda Parr, directora del Programa Studley de Graduados en Asuntos Internacionales, perteneciente a The New School, en Nueva York, y una de las expertas que colaboraron con Naciones Unidas en el diseño de los ODS.

La dra. Fukuda hizo referencia a cómo la adecuada implementación de los ODS permitiría defender los intereses de los países en desarrollo, particularmente en los temas de pobreza y desigualdad, derechos humanos, prevención de conflictos y uso de tecnologías.

En materia de desigualdad es evidente que ningún país ha podido superar la brecha entre ricos y pobres. Por el contrario, esta brecha continua creciendo de manera muy importante, basta recordar que el 10% más rico de la población se queda hasta con el 40% del ingreso mundial, mientras que el 10% más pobre obtiene solamente entre el 2 y el 7% de dicho ingreso.

Para frenar estas disparidades, la dra. Fukuda propone “adoptar políticas que brinden opciones productivas para las personas de bajos ingresos, independientemente de su género, raza o etnia. Es decir, debemos fomentar una cultura que premie la innovación y el esfuerzo, y no la clase social ni las conexiones políticas de las personas”.

Ejemplos de esta desigualdad hay muchos. Es el caso de las mujeres que, en promedio, ocupan el doble de tiempo en el trabajo doméstico no remunerado que los hombres, o bien, los grupos indígenas que por la falta de acceso a energía eléctrica y agua potable en sus comunidades carecen de hospitales y escuelas que funcionen en óptimas condiciones.

En tal sentido, la dra. Fukuda señala que “la igualdad de acceso a las capacidades y oportunidades se vuelve especialmente importante en el contexto de la revolución tecnológica que actualmente vivimos, incluido el uso masivo de internet. Asimismo, la igualdad fortalece las democracias, que son las que proveen las herramientas para el cambio tecnológico, la estabilidad económica y el cuidado del medio ambiente”.

Cabe citar que en marzo pasado se estableció en el Palacio de Minería de la UNAM la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (Red SDSN México), la cual tiene como objetivo movilizar acciones hacia el cumplimiento de los ODS a través de alianzas entre academia, Gobierno, empresas y organizaciones sociales.

En esa ocasión el sr. Jeffrey Sachs, asesor del secretario general de Naciones Unidas, puntualizó que: “México es un país que basa su economía en el petróleo, pero es también una nación con un gran potencial de exposición a la energía solar, podría enverdecer su economía fácilmente, pero ha optado por no hacerlo y en el camino se ha conducido a mayores desventajas sociales asociadas con más contaminación, más cambio climático y muchos gastos extra en muchos sentidos”.

En esta misma línea señaló que “respecto a las energías renovables México también está muy por debajo del ideal, con un potencial enorme, pero poca o nula voluntad para aprovecharlo, por ejemplo, China ha presentado una gran propuesta que trata sobre la transferencia de energías renovables, esto a través de grandes y eficientes líneas de transmisión a nivel global, esto en el entendido de que en algún lugar del mundo hay sol, o viento y podría ser transferida en esta gran red de energías limpias, es decir, invertir en la creatividad y la innovación y en ello México, con su gran potencial, podría ser un referente mundial”

El sr. Sachs también destacó que “México debería ser un titán de la innovación, pero actualmente solo se destina el 0.5% del PIB a la investigación, en ese contexto México no podrá superar sus grandes brechas de desigualdad”.

En el contexto nacional, la dra. Leticia Merino del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM señaló que: “en 2002 la riqueza de los cuatro mexicanos más acaudalados representaba el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y en 2018 fue equivalente al 10% del PIB. De seguir esta tendencia, tomará más de 120 años emparejar la brecha de salarios entre ricos y pobres en México”.

Como podemos observar, expertos nacionales e internacionales han dado la voz de alerta sobre las consecuencias de la desigualdad en el mundo y cómo, desde su perspectiva, esta falta de oportunidades para los sectores más vulnerables puede afectar el crecimiento sostenible.

México debe centrar su atención y recursos en políticas que vayan más allá de los colores y filiaciones partidistas. Es nuestro deber brindar opciones productivas a los grupos vulnerables, asegurando que el crecimiento de México sea incluyente.

Nos leemos la próxima semana. ¡Muchas gracias!

El 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha elegida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para motivar una reflexión global sobre los retos en materia ambiental. El tema para 2019 es: “Contaminación del aire”, y tiene por objeto la difusión de la problemática derivada de la mala calidad del aire, así como las alternativas para reducir dicha contaminación a través de energías renovables y tecnologías verdes.

Desafortunadamente, los datos revelan que aún estamos muy lejos de asegurar un medio ambiente sin contaminantes. De hecho, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha reportado que el 92% de la población mundial no respira aire limpio, a lo cual se suma que aproximadamente 7 millones de personas en todo el mundo mueren prematuramente cada año por esta causa. Asimismo, la UNAM señala que actualmente se presentan alrededor de 21 mil muertes al año asociadas con la mala calidad del aire.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que la exposición a contaminantes del aire es uno de los problemas prioritarios que incrementan la morbilidad (cantidad de enfermos) y mortalidad (cantidad de muertes) de la población. En tal sentido, “la emisión de contaminantes generados por los incendios forestales, las quemas agrícolas, la combustión de basura y llantas, los vehículos automotores, la industria manufacturera, la erosión de suelos, los basureros a cielo abierto y las aguas residuales actualmente contribuyen en forma importante a la contaminación del aire y son los responsables de episodios de contingencias locales y globales” como las que se vivieron en diversas ciudades mexicanas en el mes de mayo de 2019.

A su vez, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha identificado diversos efectos de la mala calidad del aire, entre ellos: un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad generadas por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, cáncer de pulmón en niños y adultos, así como un incremento en gastos por atención médica y días laborales perdidos, ausencias escolares, incremento en las admisiones hospitalarias por enfermedades respiratorias, y efectos adversos en el crecimiento del feto por la exposición a la contaminación durante el embarazo.

La autoridad federal responsable de dar seguimiento a la calidad del aire, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), informa que de las 241 estaciones de monitoreo atmosférico que existen en México no todas cuentan con mantenimiento apropiado, lo cual impide que sus reportes sean exactos, a lo que se suma que dicho número es insuficiente para cubrir las necesidades del territorio nacional.

A nivel global, Naciones Unidas elige a un país distinto cada año para realizar las celebraciones oficiales del Día Mundial del Medio Ambiente. En 2019 este honor recayó en China, país que habrá de realizar eventos conmemorativos en diversas ciudades, teniendo como sede principal la ciudad de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang. Cabe recordar que China posee la mitad de los vehículos eléctricos y el 99% de los autobuses eléctricos que circulan en el mundo.

Como es sabido, la vida y su permanencia se sustenta en tres columnas fundamentales: aire limpio, agua limpia y suelo fértil, todas ellas necesarias para asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, la degradación de estos recursos es creciente y la labor para restaurarlos es una tarea pendiente.

¿A qué hora nos apartamos de nuestros bisabuelos y abuelos que nos enseñaron a convivir con la naturaleza? Recuerdo que en la casa de mi bisabuela los techos altos y las paredes de adobe permitían contar con una temperatura al interior bastante agradable, sin necesidad de abanicos o incluso refrigerador.

Era una época en donde el reciclaje y reúso eran cotidianas. De niña iba a la tortillería con una servilleta que se utilizaba una y otra vez, o a la tienda con una bolsa o red de materiales naturales y que pasaban de generación en generación.

Les invito a charlar con sus abuelos y padres para darse cuenta de la enorme cantidad de cambios que hemos experimentado. No hace falta ser experto en medio ambiente o cambio climático para identificar en estas charlas cómo se ha modificado la temperatura, cómo ha cambiado la distribución y cantidad de las lluvias, cómo nuestros ríos se han contaminado y perdido su caudal. En este último caso recordemos al río Monclova, que en mi niñez todavía era apto para acercarse a jugar y presenciar la vida que rebosaba en él.

Hoy nos estamos dando cuenta que tenemos que reflexionar, empezar a ver nuestros errores y corregirlos. Algunas entidades han empezado a prohibir las bolsas de plástico y los popotes. No dudo que el Congreso de la Unión seguirá estos pasos. Estoy segura que algún día cambiaremos nuestros hábitos de producción y consumo en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Nos leemos la próxima semana. ¡Muchas gracias!

El principio de igualdad entre mujeres y hombres se reconoció en 1945 en la Carta de las Naciones Unidas, pero fue hasta 1979, al adoptarse la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que este principio se incorporó de manera plena al Derecho internacional.

La Convención, de la cual México es parte, promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y estipula que los gobiernos deben incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato hacia la mujer.

En tal sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica en su Artículo Cuarto que: “El varón y la mujer son iguales ante la ley.” Bajo este marco fueron promulgadas la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 2006 y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza en 2016.

Cabe haceR notar que fui precursora de la defensa de los derechos de las mujeres coahuilenses, toda vez que durante la 57 Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, en la cual tuve el honor de participar como diputada, se aprobó en 2008 la primera legislación en la materia, de la cual fui promotora y firmante. Esta Ley, con el mismo nombre que la actual, fue actualizada ocho años más tarde.

Sin embargo, esta igualdad jurídica se ha limitado al papel y rara vez se ha traslado de manera efectiva a los hechos. Al respecto, tras analizar la minuta proveniente del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobaron la reforma constitucional cuyo objeto es garantizar que mujeres y hombres ocupen la misma cantidad de cargos públicos en la política, en el servicio público y en la procuración de justicia.

Esta paridad de género es fruto de una larga lucha que, por fin, rinde frutos. El Pleno de la Cámara de Diputados, más allá de colores y filiaciones partidistas, aprobó el pasado 23 de mayo la reforma por unanimidad de votos, en un acto de justicia para el género femenino que históricamente se ha visto en desventaja respecto al ejercicio del poder público.

Con estas modificaciones se asegura que mujeres y hombres son efectivamente iguales ante la ley, así como que las mujeres pueden acceder a las candidaturas a un cargo de elección popular y a altos mandos dentro del Gobierno.

Cabe recordar que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) actualmente 1797 municipios son presididos por hombres, mientras que en 546 municipios las titulares son mujeres. En el caso de los 32 gobiernos estatales, únicamente 2 son presididos por mujeres: Ciudad de México y Sonora.

De hecho, en la Ciudad de México cuatro de las 16 alcaldías tienen por titular a una mujer: Álvaro Obregón, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan. Por su parte, de los 38 municipios coahuilenses, las mujeres únicamente presiden 14: Abasolo, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Hidalgo, Guerrero, Juárez, Muzquiz, Ocampo, Sacramento, San Buenaventura, San Pedro, Viesca, Villa Unión y Zaragoza.

La reforma modifica los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 constitucionales para cambiar la palabra “ciudadano” por “ciudadanía”, así como asegurar que la asignación de espacios políticos entre mujeres y hombres sea igual, es decir, la paridad será un principio rector en la integración de las secretarías de Estado, de los organismos autónomos y en partidos políticos, los cuales deberán asignar sus candidaturas en la misma proporción para ambos géneros.

Este mismo principio aplica al Congreso de la Unión, cuyas curules serán repartidas bajo la óptica de la paridad de género. De este modo, para la designación de los 200 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se establecerán cinco circunscripciones electorales plurinominales encabezadas alternadamente entre hombres y mujeres cada periodo electivo.

Este esquema también aplicará para el caso de las 32 senadurías por el principio de representación proporcional.

Me siento muy orgullosa de haber sido parte, en mi carácter de senadora de la República en la 62 Legislatura, de un antecedente fundamental: la reforma constitucional de 2014 mediante la cual se incorporó al Artículo 41 de la Constitución Federal reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legislaturas federales y locales.

Sin embargo, falta mucho por recorrer, a pesar de que tenemos tratados internacionales y nuestro marco jurídico nacional nos habla de la igualdad entre hombres y mujeres, el problema lo tenemos a la hora de los hechos. Es indispensable seguir trabajando para hacer una realidad la igualdad sustantiva, en donde todas tengamos las mismas oportunidades.

En días recientes nuestro país ha sufrido de altas temperaturas, sequías prolongadas y numerosos incendios forestales. Estas circunstancias han generado el aumento de contaminantes hacia la atmósfera, particularmente los conocidos como partículas suspendidas totales, es decir, cenizas, hollín y polvo tan fino que no es perceptible a simple vista.

La problemática no es nueva en el sentido de que cada año, en época de calor, este tipo de incidencias se presentan. Sin embargo, en 2019 diversos factores se han unido para que prevalezca un escenario catastrófico con graves consecuencias para los ecosistemas, la salud e incluso la vida de las y los mexicanos.

Con relación a este tema, en julio de 2018 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó la recomendación general 032/18 dirigida a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Energía, Economía y Salud; la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como a las gobernadoras y gobernadores de los estados, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y presidentes municipales.

En su recomendación, la CNDH identificó violaciones a los derechos humanos a la salud, nivel de vida adecuado, medio ambiente sano e información pública, ocasionadas por la contaminación atmosférica urbana. Es decir, el aire contaminado que todos los días respiramos afecta directamente estos derechos y nos ubica en condiciones de vulnerabilidad. Las consecuencias se perciben hoy (tos, asma, irritaciones oculares y del sistema respiratorio, solo por mencionar algunas), pero si no actuamos de manera decidida las afectaciones a nuestra calidad de vida serán irreversibles.

Por ello, la CNDH sugiere la revisión y actualización de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud ambiental, de modo que se adopten los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, recomendó a las autoridades en todo el territorio nacional que implementen medidas para la instalación y correcto funcionamiento de las estaciones de monitoreo de calidad del aire, y a la Profepa iniciar inspecciones en dichas estaciones de monitoreo.

El cumplimiento esta recomendación está muy lejos de realizarse. En muy pocas áreas metropolitanas y municipios se cuenta con estaciones de monitoreo y de las que funcionan no todas se encuentran en óptimas condiciones. A ello se suma la severa reducción de presupuesto de la administración pública en todos sus niveles, incluida la Profepa, que por esta causa no podrá realizar todas las inspecciones necesarias y la Comisión Nacional Forestal, que no cuenta con los recursos para prevenir y combatir los incendios forestales.

En el centro del país el 13 de septiembre de 1996 se suscribió el Convenio de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental Metropolitana, como órgano de coordinación para la planeación y ejecución de acciones en la zona conurbada limítrofe con el entonces Distrito Federal. Con el fin de mejorar esta coordinación, el 3 de octubre de 2013 se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la cual incorporó al Gobierno del Distrito Federal y los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Sin embargo, tras seis años de funcionamiento de la CAMe los resultados son poco satisfactorios. Cabe recordar que en 2016 la Comisión decretó 10 contingencias ambientales atmosféricas debido a que las concentraciones de ozono superaron los 150 puntos Índice Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA), situación que contrasta con los avances que se habían alcanzado en la materia, toda vez que en los 10 años previos (2005-2015), no se había presentado ninguna contingencia.

A la contaminación generada por el uso de combustibles fósiles se ha sumado la presencia de Partículas Suspendidas Totales. Estas partículas provienen, entre otras fuentes, de los numerosos incendios registrados durante ese mes. Ante estas condiciones, la CAMe decidió aplicar primero una alerta ambiental por partículas PM2.5. Toda vez que la crisis no cedió, la CAMe activó una Contingencia Ambiental Atmosférica Extraordinaria por partículas PM2.5 en el Valle de México.

Lamentablemente esta crisis en la calidad del aire no solo se presenta en la Zona Metropolitana del Valle de México, sino que ha afectado a otras áreas metropolitanas, entre ellas las de Monclova, Monterrey, Toluca, Salamanca, León, Irapuato, Silao y Guadalajara, las cuales han mostrado altos niveles de contaminación atmosférica con graves daños para la salud.

Por tal razón he presentado un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por el que exhorto a la titular de la Semarnat para que realice las modificaciones necesarias al convenio de coordinación que crea la CAMe, a efecto de mejorar su funcionamiento, así como crear otras comisiones ambientales en zonas metropolitanas de Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León.

Es indispensable enfrentar el tema con un enfoque integral y de coordinación basada en cuencas atmosféricas. El Gobierno federal tiene que redirigir sus políticas públicas en materia ambiental. Asimismo, la coordinación con los gobiernos locales es de suma importancia no solo para salir de esta crisis, sino para que no vuelva a presentarse. Este cambio de rumbo debe también incluir políticas en materia de agricultura y ganadería.

No podemos continuar con una visión de corto plazo que, como lo ha señalado la CNDH, representa una clara violación a los derechos humanos de las y los mexicanos.

Nos leemos la próxima semana. ¡Muchas gracias!

El 9 de mayo pasado el Presidente dio a conocer que se declaraba desierta la licitación para construir la Refinería de Dos Bocas, toda vez que las empresas que participaron en la invitación restringida presentaron propuestas que excedían tanto el presupuesto como los tiempos de entrega exigidos por el Gobierno federal.

En otras palabras, empresas calificadas por el propio Presidente como especialistas en la materia, señalaron lo que ya era conocido: que la Refinería de Dos Bocas requerirá más presupuesto y tiempo que el originalmente planteado.

Recordemos que en enero de 2019 el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), señaló que el proyecto es técnica y financieramente inviable, ya que tendría un costo final de 14 mil 740 millones de dólares, casi el doble de lo presupuestado. A ello se suma que en el mes de abril el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), indicó que la Refinería de Dos Bocas tiene sólo 2% de probabilidad de éxito, en virtud de que tal como está planteada genera más costos que beneficios.

Ante tal circunstancia, el Presidente anunció que la coordinación, administración y supervisión del proyecto recaerá en la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos (Pemex), con la consecuente carga para el presupuesto público y presión para las débiles finanzas de Pemex.

Esta semana conversé con expertos petroleros y economistas, quienes coincidieron en que esta decisión presidencial acarreará graves consecuencias para la economía nacional. A ello se suma que los próximos años veremos una desaceleración económica mundial que nos impactará gravemente.

Cabe recordar que las seis refinerías que México actualmente tiene fueron construidas en efecto por Pemex pero cuando contaba con una Gerencia de Proyectos y de Construcción de Obras, Inspección y Verificación, con ingenieros civiles e industriales muy reconocidos, y apoyada por el Instituto Mexicano del Petróleo en el diseño.

En 1980 México ocupó el décimo primer lugar mundial de refinación y entre 1993 y 1997 se inició la construcción de plantas de refinación, 20 en total: Salina Cruz, Oaxaca (4 plantas); Cadereyta, Nuevo León (4 plantas); Tula, Hidalgo (8 plantas); Minatitlán, Veracruz (1 planta); Ciudad Madero, Tamaulipas (1 planta) y Salamanca, Guanajuato (2 plantas).

Carlos Salinas se encargó de iniciar el proceso de destrucción de Pemex: primero acabando con toda esa infraestructura de personal técnico altamente calificado así como sustituyendo producción doméstica por importación de gasolinas. Para 1991, las refinerías de Azcapotzalco y Poza Rica dejaron de operar por decisiones políticas personales de Carlos Salinas ¿Qué tanto fue parte de las concesiones para firmar el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el proceso se aceleró en el desastroso sexenio de Peña Nieto.

Hoy, la gravedad para México está en dos frentes: primero, porque sus finanzas públicas dependen casi en su totalidad de Pemex, pues la profundidad fiscal en México es muy baja tanto por ineficacia del sistema tributario como por un pobre ingreso per cápita. Nuestra hacienda pública está en riesgo de enfilarse a un desequilibrio macroeconómico serio por la insuficiencia de recursos y el abultado endeudamiento que nos heredó Peña Nieto. Segundo, dependemos de un bien en extinción, el petróleo, de modo que a mediano plazo ni siquiera es fuente de desarrollo, como lo pudo ser hace 60 años. Estratégicamente México ya está lejos de la reconversión de su matriz energética respecto a sus principales competidores por la inacción y torpeza en la planeación nacional.

A los impactos económicos se suman los ambientales, toda vez que en el discurso el Gobierno mexicano realiza acciones para enfrentar el cambio climático, pero en la práctica se contradice al fomentar la utilización de combustibles fósiles a través de la construcción de la Refinería de Dos Bocas y la rehabilitación de otras refinerías.

Otro ejemplo de doble discurso es que en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 ni siquiera se incluye una sección específica sobre la protección del medio ambiente. De hecho, de los once foros de análisis del PND anunciados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para mayo, únicamente uno tiene que ver con esta temática, si bien acotada a los recursos hídricos.

Cabe también citar que en el terreno que ocupará la Refinería en el municipio de Paraíso, Tabasco, es susceptible a inundaciones provocadas por la destrucción del mangle y por el propio cambio climático, de modo que habrá que realizar gastos adicionales en la cimentación en terrenos pantanosos y obras para prevenir inundaciones derivadas de la elevación del nivel del mar.

En suma, el Gobierno federal pretende que Pemex construya refinerías, que la Secretaría de la Defensa Nacional edifique aeropuertos comerciales y que Fonatur se encargue de la construcción del Tren Maya. Es decir, el escaso dinero público se gastará en proyectos que los propios especialistas del sector privado han decidido, por su alto costo y escasa rentabilidad, no participar.

Nos leemos la próxima semana. ¡Muchas gracias!

El crecimiento de nuestro país requiere de fuertes inversiones en sectores estratégicos, que además de impulsar el desarrollo económico, sean respetuosos de los temas ambientales y sociales. Las decisiones que hoy se adopten serán fundamentales para asegurar el bienestar de las generaciones futuras.

Por ello, en mi carácter de diputada federal he convocado a representantes del Poder Legislativo, del Ejecutivo, así como a miembros de la sociedad civil, el sector privado y la academia, a debatir sobre los megaproyectos que la actual Administración federal promueve, entre ellos la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Estos megaproyectos exigen una planeación estratégica, es decir, una serie de estudios que detallen las fases en que se habrán de desarrollar, en el entendido de que sin este análisis se corre el riesgo de ejecutar obras sin una justificación técnica-económica que provocan el desperdicio de recursos humanos y financieros.

Una adecuada planeación estratégica ayudaría a evitar casos como el del tren Toluca-Ciudad de México, en el cual son fácilmente observables los tramos con obra concluida que colindan con tramos que presentan nulo o poco avance, esto último debido a problemas legales con los propietarios de las tierras por las que transcurre la vía férrea.

La planeación estratégica reduce estos riesgos a través de la identificación de los obstáculos y la previsión de cómo superarlos. Otro ejemplo negativo es la construcción del Tren Maya, cuyo presupuesto para realizar los estudios de preinversión aumentó 710%, al pasar de 120 a 972 millones de pesos.

A ello se suma que según datos del Instituto Mexicano para la Competividad (IMCO), solo uno de cada mil megaproyectos tiene posibilidades de alcanzar éxito. Por ello es indispensable que la planeación estratégica sea el eje fundamental de las obras que se construyan en el sexenio, tomando como base el desarrollo sustentable del país.

Tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se ubicaría en Texcoco, el Gobierno federal ha impulsado la transformación de la Base Aérea Militar número 1, en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, ubicado en Zumpango, Estado de México, a 45 kilómetros del actual Aeropuerto de la Ciudad de México. Santa Lucía contará con dos pistas; la primera con un tamaño de 5.1 kilómetros y la segunda de 4.6 kilómetros.

El aeropuerto, recién bautizado como Felipe Ángeles, tendrá un costo final, de acuerdo con el Plan Maestro difundido por el equipo del Presidente, de 70 mil 342 millones 105 mil 51 pesos, aunque un nuevo estudio publicado esta semana estima que el precio se elevó 11.7% para quedar en 78 mil 557 millones.

Este incremento obedece, entre otras causas, a la existencia del cerro de Paula, elevación de 240 metros sobre tierra, localizada a unos 10 kilómetros de Santa Lucía, que no aparecía en el proyecto original y que obliga al rediseño de las pistas con un incremento de costos. Es decir, un falla en la planeación estratégica que, de no corregirse adecuadamente, puede tener otros efectos en la obra.

El mayor costo del aeropuerto está relacionado con las vialidades que deben ser construidas para conectar a Santa Lucía con la Ciudad de México. En el concepto de “vialidades exteriores” se presupuestan 16 mil 500 millones de pesos, más 165 millones que ayudarán al equipamiento. Por otro lado, se prevé construir el tramo faltante del Viaducto Bicentenario-Circuito Exterior Mexiquense, que costaría un total de mil 336 millones de pesos en la terminación más el equipamiento.

Asimismo, el anteproyecto y antepresupuesto contempla 31 obras, entre las que destacan la creación del edificio terminal, un hotel, una terminal de autobuses, hangares, un distribuidor vial y las dos pistas aéreas citadas. Con estas adecuaciones el aeropuerto realizará 190 mil operaciones y atenderá 20 millones de pasajeros anuales, según estimaciones del Gobierno federal contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024.

El profesor David Galicia, economista egresado de Harvard, estima que el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, incluyendo la recompra de bonos a inversionistas, el premio pagado a los mismos y las obras iniciadas que hay que indemnizar, asciende a 157 mil 280 millones de pesos. A lo cual deben sumarse las pérdidas de inversión, empleo y capital que se dejan de ganar por 489 mil 403 millones. Si a ello se agregan las inversiones perdidas en infraestructura (315 mil millones) y el costo mismo del aeropuerto de Santa Lucía (90 mil 440 millones), el costo final de cancelar el NAIM y construir Santa Lucía podría ascender a un millón 52 mil 123 de millones de pesos.

México requiere urgentemente mejorar su capacidad aérea ante la sobresaturación del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez, con los consecuentes beneficios económicos, turísticos y de movilidad de personas. En este contexto, el aeropuerto de Santa Lucía, y otros megaproyectos, deben ser ejemplo de planeación estratégica que eviten los vicios de otras obras y con ello se ejerza el gasto de manera eficiente y racional.

La educación es un derecho humano plenamente reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la cual indica que toda persona tiene derecho a recibir educación y que aquella que imparta el Estado deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, incluyendo el respeto a los derechos humanos (Artículo 3).

A nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948, señala que toda persona tiene derecho a la educación, la cual tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; y favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos (Artículo 26).

Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), adoptado en 1988, dispone que los gobiernos deben garantizar a toda persona el derecho a la educación, la cual deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz
(Artículo 13).

En este marco, el pasado 25 de abril la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales, el cual reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la CPEUM, mismo que fue votado a favor con 381 votos, 79 en contra y
2 abstenciones.

En mi calidad de diputada federal, voté en contra del dictamen en virtud de que las modificaciones constitucionales no mejoran el derecho a la educación de la niñez y juventud mexicanas, por el contrario se trata de un grave retroceso que afectará el desarrollo de las nuevas generaciones.

La modificación de los artículos 3, 31 y 73 de la CPEUM regresará el control administrativo del magisterio a los gobiernos estatales, aunque mantiene centralizado el pago de nómina en el Gobierno federal y en el Artículo 16 transitorio se establece que el proceso de iniciación y ascenso no será por evaluaciones abiertas, sino por escalafón, en donde tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) será sustituido por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de
la Educación.

Este organismo contará con funciones más amplias de las que tiene el INEE, en el sentido de que expedirá lineamientos para valorar tanto al sistema como a las autoridades educativas.

Sin embargo, desde mi punto de vista, no debe desaparecer la autonomía constitucional del organismo encargado de evaluar la educación, toda vez que dicha autonomía permite garantizar mediciones y evaluaciones confiables, independientes de la autoridad educativa.

En tal sentido, el INEE declaró que: “Resulta claro que se cedió ante intereses políticos y gremiales que buscan recuperar privilegios, por encima del interés supremo de las niñas, niños y adolescentes a recibir una educación con parámetros claros de mejora continua”.

Al respecto, el Grupo Parlamentario del PAN, en voz de su coordinador, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, señaló que: “Es peligrosísimo, quiere precisar el alcance del régimen laboral y lo único que hace es confundir y que deja preocupaciones para poder, eventualmente, introducir prácticas que puedan consolidar la corrupción, el tráfico de plazas, la venta de plazas y el tráfico de personas. … es una manzana envenenada”.

La reforma también precisa que la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente, directivo o de supervisión, se realizará vía métodos de selección, que serán definidos en una ley
reglamentaria.

A ello se suma que el Ejecutivo federal podrá determinar los programas de estudio para educación básica y normal, con la opinión de actores ligados a la educación, como el magisterio disidente.

Cabe destacar que la reforma fortalecerá los derechos laborales de los maestros, incluida la libertad y autonomía para elegir a sus dirigentes sindicales a través de voto secreto y universal, lo cual me parece un avance en la materia.

Tras ser aprobada por la Cámara de Diputados, corresponde ahora al Senado de la República proceder al análisis de la reforma educativa y, en su oportunidad, emitir el dictamen que corresponda.

Nuestros niños y jóvenes merecen una educación de calidad, es un derecho fundamental que no podemos arrebatarles. Sin educación no existe innovación tecnológica, conocimiento científico, ciudadanos informados o simplemente una sociedad que exija sus derechos.

La ignorancia es la antesala de un país que progresivamente sufrirá del desmantelamiento de sus instituciones.

Nos leemos la próxima semana.
¡Muchas gracias!