En la Fiscalía General del Estado la orden fue directa: vaciar las instalaciones del Servicio Médico Forense en Saltillo, Monclova, Torreón y Piedras Negras y de manera simultánea buscar edificios adicionales y acondicionarlos para recibir, mantener aislado y en buenas condiciones a un número no determinado de cadáveres. En Coahuila, la idea de las autoridades es estar preparadas para lo que viene, es decir, el peor de los escenarios con la multiplicación de contagios por Covid-19.

En el reporte de este sábado al mediodía la cifra de contagios por el nuevo coronavirus y el número de fallecimientos no está cerca de las dimensiones que el problema pudiera tener en las siguientes semanas si no funcionan las medidas oficiales para que la población se mantenga en casa y se corte la propagación del virus.

El reporte oficial señala, por ahora, 78 casos, incluyendo cuatro fallecidos y nueve pacientes en hospitalización, pero de acuerdo con un pronóstico epidemiológico elaborado por especialistas del sistema de salud pública de Coahuila, en manos de autoridades del más alto nivel y al cual quien esto escribe tuvo acceso, en el escenario menos agresivo o más favorable, según se quiera ver, en el estado habrá 15 mil cuadros de contagio en las próximas semanas y en la hipótesis más desalentadora los pacientes se contabilizarían en más de 40 mil.

¿Y los muertos? Coahuila no es una isla y por lo tanto la afectan los estándares de contagio y la agresividad del padecimiento, y si el promedio de defunciones por Covid-19 en el mundo es de 3%, de acuerdo con el estudio en mención acá la expectativa es la misma. Así, en el peor de los casos habría 450 fallecimientos y en el peor, mil 200, sólo en Coahuila.

Por ahora, de los 78 casos confirmados de Covid-19 en el estado, 49 corresponden a Monclova, epicentro del problema y en donde hace poco más de una semana la pandemia estalló como bomba en la mano y frente a la nariz de las autoridades con el contagio de médicos, enfermeras y auxiliares del Hospital General de Zona número 7, el más antiguo y grande de la región Centro del estado.

Además hay 13 casos en Saltillo, 8 en Torreón, 4 en Piedras Negras y uno en el cada caso de Acuña, San Juan de Sabinas, Sacramento (originalmente se dijo que en Cuatro Ciénegas) y Matamoros. Nueve personas permanecen en hospitalización, 5 en Monclova, 3 en Torreón y una más en Saltillo y el reporte también indica que cuatro pacientes fallecieron.

Entre las víctimas mortales está el médico Walberto Reyes de la Cruz, un urgenciólogo del HGZ 7 que de acuerdo a una auditoría epidemiológica en curso, tuvo contacto con el ‘paciente cero’ y con otros miembros del equipo médico infectados.

Por ahora se sabe que el primer caso corresponde a un trailero de 42 años que llegó al hospital del IMSS con un cuadro de neumonía. El paciente, que días después falleció y en realidad padecía Covid-19, estuvo en Urgencias del 15 al 19 de marzo. Durante esos 4 días permaneció expuesto, con tos crónica y en contacto directo con entre 30 y 40 médicos y enfermeras distribuidos en 10 turnos, que no tuvieron protección mínima y resultaron
contagiados.

El personal médico contagiado afectó a otros compañeros, familiares y amistades. De acuerdo con datos oficiales, la cadena de contagios es uno a 10.

Lo que pasó en el IMSS de Monclova fue una cadena de errores, como lo explica desde el anonimato un médico del lugar. “Después de tres o cuatro días de tener al paciente en Urgencias, deciden aislarlo pero para entonces ya mucha gente estaba contagiada y el equipo de seguridad especializado para atender a pacientes con coronavirus todavía tardó tres o cuatro días más en llegar”.

El problema con el virus, de acuerdo con el especialista, es que ataca los pulmones, las vías respiratoria y de ahí se complica con el corazón, hígado, cerebro; hace una falla de varios órganos con la coagulación y finalmente los pacientes mueren por un padecimiento que los médicos identifican como “falla orgánica múltiple”, es decir, que dejan de funcionar de manera simultánea el corazón, los pulmones, la circulación sanguínea, las funciones del hígado y del cerebro hasta que el paciente muere.

Por ahora no hay tratamiento específico, aunque hay pruebas en curso con hidroxicloroquina, azitromicina y nitazoxanida.

¿De qué tamaño pudo ser el contagio el HGZ 7 del IMSS?, se le preguntó.

“Fueron 30, 40, hasta 50 médicos y enfermeras contagiados directamente por el trailero y en las siguientes semanas los positivos pueden ser contagiosos, tengan síntomas o no. Pienso que no va a ser una extensión tan exponencial, porque se tomaron algunas medidas, aunque tardías, pero se tomaron y eso va a disminuir el efecto de multiplicación exponencial. Ojalá no pase de 100 en estos días en Monclova”,
expuso.

Pero aún así, según estimaciones médicas, de cada 100 pacientes con Covid-19, a 80 les va bien en el sentido de que se recuperan desde casa; 10 tienen síntomas suficientes para requerir hospitalización y los otros 10 necesitan ser atendidos en áreas de terapia intensiva. De estos últimos, “cinco o seis salen adelante y tres o cuatro mueren”. Así de terrible.

A propósito del Día Internacional contra las Desa-pariciones Forzadas, que se recordó este viernes en distintas ciudades de México, como Saltillo y Torreón, les comparto las palabras de una madre en la búsqueda de su hijo, durante el foro temático Derecho a la memoria, verdad, justicia y reparación, para elaborar el Plan Nacional de Derechos Humanos, cuya sede fueron las instalaciones del Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Se trata de María Isabel Cruz Bernal, integrante de la asociación civil Sabuesos Guerreras, colectivo que agrupa a familiares de personas desaparecidas, cuya tragedia los llevó a especializarse en la búsqueda en campo de pistas que los puedan llevar al paradero de sus seres queridos.

* * *

Buenos días. María Isabel Cruz Bernal, soy madre de Reyes Yosimar García Cruz, desaparecido el 26 de enero de 2017 en Culiacán, Sinaloa. Les traigo un pequeño mensaje. Quiero visibilizar lo que vivimos las mujeres buscadoras en todo el país. Sabido es que es un estado, un país con alto índice de violencia. ¿Qué quieren ocultar? Los últimos días hemos sido testigos de cómo las familias vemos desaparecer a nuestros hijos, a nuestras hijas sin que volvamos a encontrarlos, a no ser que escarbemos la tierra para encontrarlos.

Tristemente, porque le apuestan a que nadie los busca, porque le apuestan a quien realiza esa vileza, tiene charola para hacerlo con total impunidad.

Hoy pedimos que no nos dejen solas en estos temas que nos adolecen como sociedad. Hoy suplicamos la protección más amplia para las mujeres que buscamos, somos muchas en todo el país, somos nosotras las que buscamos y acompañamos a las víctimas, somos nosotras las que estamos amenazadas, somos nosotras las que terminaremos en feminicidio si no interviene el Gobierno de la República.

El ejemplo a nivel nacional es claro: buscar nos lleva a la muerte y cada una de las madres que buscamos a nuestros hijos, esposos, hermanos, sobrinos, nos vamos quedando en el camino tristemente y tenemos la esperanza de que las compañeras que buscan y no han encontrado, busquen a los nuestros.

Hablar de derechos humanos es solo eso: palabras. Todas las que tenemos un desaparecido tenemos muchas profesiones sin un título. Somos policías, investigadoras, rastreadoras, antropólogas, peritos, forenses, arqueólogas, ingenieras agrónomas, sicólogas, abogadas, maestras y todólogas, oradoras, activistas y defensoras de los derechos humanos.

El último, que se oye muy bonito, que en un escritorio te dan una hoja, que nosotras somos las que salimos a luchar, las que queremos justicia, verdad, la no repetición, la reparación total, no con dinero señores, yo quiero a mi hijo de regreso en casa y cada una de las que estamos aquí queremos el regreso de nuestros seres queridos.

Mientras a ninguno de ellos les falte un ser en su casa, tengan una silla vacía, nunca van a sentir lo que nosotros estamos sintiendo. ¡Nos duele el alma señores!

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! Esto come, cercena el alma y rompe el corazón de las madres. Somos nosotras, sin uñas, con manos callosas que la tierra y el sol que nos quema por buscar. Los invitamos a que agarren una pala, pero de a de veras, no a tomarse la foto nada más. Gracias.

La expectativa es muy alta, pero el compromiso fue claro: la recuperación de los restos de mineros fallecidos hace 13 años en la carbonera Pasta de Conchos, en el ejido Santa María, de San Juan de Sabinas, se dará con el seguimiento y recomendaciones de expertos del Sistema Geológico Mexicano y peritos y especialistas de Alemania, China, Australia y Estados Unidos. Son ingenieros en minas y expertos en rescate en yacimientos de carbón.

Llegaron a la Región Carbonífera a mitad de semana y estuvieron ahí hasta el viernes. Se entrevistaron con familiares de los mineros muertos, les contaron de su experiencia en otros rescates, bajaron a la plancha del yacimiento que explotó la madrugada del 19 de febrero de 2006 y se aproximaron diagonales (en minas de carbón de Coahuila, como Pasta de Conchos, la distancia en el frente principal se mide por diagonales, las cuales tienen entre sí aproximadamente 50 metros) adelante para las primeras inspecciones en terreno.

Todos tienen experiencia, pero en el grupo hay varios que bajaron a excavaciones de carbón, exploraron, buscaron sobrevivientes o cadáveres de trabajadores y los llevaron a superficie luego de estallidos, derrumbes, inundaciones o las tres cosas juntas, porque en esos casos la tragedia casi siempre se ensaña con las víctimas y los brigadistas que bajan para ayudarlos.

Los especialistas chinos, por ejemplo, acumulan metros minas abajo y además de compartir su experiencia en rescates, bajar al socavón concesionado a Grupo México y a su filial Industrial Minera México Sociedad Anónima (IMMSA) para tratar de encontrar los restos de los 63 trabajadores que quedaron atrapados luego del sellamiento de la perforación, vienen con la idea de compartir con autoridades mexicanas la idea de replantear la explotación del mineral. Si los chinos, con más de 5 mil minas de carbón y accidentes fatales al por mayor lo hicieron, ¿por qué en México no?

Los de la semana pasada fueron días de fiesta en Sabinas, Melchor Múzquiz y San Juan de Sabinas. Aunque algunas familias se resignaron o perdieron interés en reclamar el rescate, la mayoría no desistió y 13 años después de la tragedia en que 65 obreros murieron, la posibilidad de recuperar los restos está más cerca que nunca.

“No harán ningún peritaje; tampoco decidirán si se hace o no la recuperación de restos”, aclaró la activista en los derechos laborales, Cristina Auerbach, coordinadora y vocera del colectivo Familia Pasta de Conchos. “Los extranjeros y especialistas mexicanos no vinieron a la Coahuila para ver si es posible el rescate, sino a diseñar la estrategia en que el rescate se hará”, sostuvo.

Y la expectativa de Auerbach y de deudos como Elvira Martínez Espinosa, viuda de Jorge Bladimir Muñoz, una de las 65 víctimas cuyos restos permanecen bajo la tierra en Pasta de Conchos, es producto de la tenacidad a lo largo de todo este tiempo, pero también del compromiso que, primero en campaña y después como Presidente de México, les hizo Andrés Manuel López Obrador.

El proceso de rescate se llevará meses, quizá años, pero finalmente se cumplirá un reclamo sostenido por un grupo social al que la inseguridad e injusticia laboral han castigado. ¿Y después qué? ¿Habrá justicia? Por lo ocurrido en Pasta de Conchos no hay nadie en la cárcel, ni se atiende el caso como homicidio industrial, como también lo demandan familiares de los muertos. ¿O la idea del rescate es apostarle al olvido?

“Que levante la mano el que tenga credencial de elector”, pidió Lorenzo Córdova Vianello al público asistente a la conferencia Los retos de la democracia electoral, la cual dictó el pasado jueves en la Infoteca de la UAdeC campus Arteaga, junto al también consejero del INE, Marco Antonio Baños. Todos lo hicieron.

Si cuentan con el documento, explicó, es porque acudieron a un módulo del Registro Federal de Electores y entregaron su información general, como domicilio y edad, e incluso datos biométricos al pulsar las huellas dactilares.

Ahora bien, siguió el consejero presidente del INE; “levanten la mano los que estén de acuerdo en que el INE entregue esos datos a la Secretaría de Gobernación”. La negativa fue contundente. “El pueblo ha hablado”, dijo el funcionario electoral a manera de broma.

Más allá del comentario y del ejercicio a mano alzada, por cierto de moda, por un lado está la magnitud de la confianza que el INE ganó a pulso y, en contraparte, el recelo, la sospecha natural de los ciudadanos al Gobierno, aún y con los vientos de cambio que soplan desde julio del año pasado, cuando Morena y Andrés Manuel López Obrador aplastaron a la oposición.

Lo anterior viene a propósito de la propuesta, precisamente de Morena –y que el propio Presidente alienta– para modificar el esquema electoral en dos renglones: reducir a la mitad el financiamiento público de los partidos políticos y eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Las dos ideas tienen el común denominador de disminuir el costo electoral.

Pero abaratar la democracia por el simple hecho de contribuir a la austeridad republicana desandaría el camino que los mismos ciudadanos construyeron a lo largo de 30 años, como el respeto al voto y la pluralidad electoral que, en el mejor de los ejemplos, se reflejaron en la contienda presidencial de julio de 2018. Si el sistema electoral, aún y con lo dudoso y objetable que sea, no funcionara, Morena y López Obrador no hubieran llegado a Palacio
Nacional. Simple.

Pero ahora es precisamente el partido en el poder y el Presidente quienes pretenden regresar al pasado. La propuesta para recortar 50% del financiamiento público a los partidos políticos dejaría en desventaja a la mayoría y los condenaría a la extinción.

No habría equidad económica en futuras elecciones. Por ejemplo, en 2020 Morena tendrá mil 760 millones de pesos de presupuesto y se quedaría con 880 si se le quitaran la mitad. Los cerca de 900 millones podría resultar una cantidad razonable para la operación electoral, sin lastimar tanto el erario, pero en ese mismo supuesto, PAN y PRI se quedarían con 485 y 457 millones, respectivamente, mientras que el PRD y el PVEM tendrían financiamiento por alrededor de 220 millones. Los equilibrios se perderían y no habría competencia.

Además, si el INE quedara a cargo de las elecciones locales, ante la desaparición de los OPLES, como lo proponen integrantes de Morena, saldría más caro el remedio que la enfermedad, pues el organismo nacional requeriría reinventarse y acceder a partidas especiales de financiamiento para estar en condiciones de organizar comicios de alcaldes, regidores, diputados locales y gobernador.

Si fuera el caso el INE estaría en riesgo del colapso, el sistema electoral reventaría y la organización de las elecciones volvería a la Secretaría de Gobernación, o a un Consejo Electoral bajo control del Gobierno federal. Panorama catastrófico, extremo, pero posible.

De ahí la advertencia del consejero presidente del INE respecto a que la reforma electoral no se haga sólo pensando “en pesos y centavos”. Nadie está en contra de la austeridad, de quitarle dinero a los partidos para dárselo a los ciudadanos con más necesidades, pero seguramente la mayoría tampoco está de acuerdo en retroceder tres décadas, a los años en que más allá del voto popular, las elecciones se decidían en Bucareli, en el desaparecido Los Pinos o en Palacio Nacional.

Coahuila se convertirá este domingo en el estado con más visitas presidenciales en la era de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Obrador estará en la Unidad de Medicina Familiar 3 de Ramos Arizpe, conocida popularmente como Hospital Ixtlero, y será su cuarta agenda oficial como Presidente de México.

Muchas visitas, pero con pocos o nulos resultados. La cantidad de las giras presidenciales no necesariamente corresponde a beneficios de la 4T para los coahuilenses. Aquí va un recuento de las tres visitas anteriores.

28 de diciembre. Se estaba acomodando en Palacio Nacional cuando visitó Torreón. Todavía se sentía la euforia del aplastante triunfo electoral y la expectativa ciudadana en la 4T estaba a flor de piel.

En su mensaje hizo un recuento de su trayecto como candidato y enumeró las promesas de combate a la corrupción, erradicar el influyentismo y poner al Gobierno a disposición de los más necesitados. Se comprometió a regresar en tres meses a revisar los avances de los programas sociales y cumplió… a medias.

El 19 de febrero estuvo en el 69 Batallón de Infantería para celebrar el Día del Ejército Mexicano. Llegó al aeropuerto Plan de Guadalupe, se trasladó en camioneta hasta el cuartel militar en donde lo esperaban el gobernador Miguel Ángel Riquelme y los titulares de las secretarías de la Defensa y Marina, el general Luis Cresencio Sandoval González y el almirante José Rafael Ojeda Durán.

Terminó el evento sin despedirse, saludó a la Bandera Nacional y subió a su camioneta. Más tarde, las propias redes sociales de AMLO difundieron fotografías y un video sobre su escala en una de las nuevas gasolineras de la carretera Saltillo-Monterrey. Nada de anuncios para Coahuila, ni evaluación de programas sociales como lo dijo dos meses atrás.

La segunda visita de AMLO a Coahuila fue durante el primer fin de semana de mayo. El viernes 3 llegó a Monclova y en la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha pidió paciencia para hacer notar los beneficios de la 4T, pues comparó al aparato gubernamental con un “elefante reumático” al que había de empujar para movilizarlo. “Por eso vengo a Monclova, a decirles: vamos a cumplir”.

Otra vez, promesas, como la de solucionar la problemática para el acero monclovense por los aranceles impuestos por Estados Unidos. La solución de la Secretaría de Economía llegó, pero hasta después del 30 de mayo y no como respuesta al compromiso presidencial, sino en reacción a la marcha de miles de obreros, empresarios, estudiantes y familias en apoyo a Altos Hornos de México.

Al día siguiente estuvo en Sabinas. Se comprometió a apoyar la industria carbonera y a rescatarla junto con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Dijo que el director de CFE estaría en Sabinas de inmediato, pero Manuel Bartlett llegó un mes después.

El 5 de mayo encabezó en Piedras Negras la ceremonia por el 147 aniversario de la Batalla de Puebla y prometió concluir la construcción de un nuevo hospital del IMSS para Acuña, pero es fecha de que la obra sigue intacta. También anunció inversiones por 530 millones para espacios deportivos, de arte y cultura; una plaza pública y un mercado, pero no hubo menciones para seguridad fronteriza, infraestructura industrial o para puentes internacionales o el ferrocarril.

La expectativa de las autoridades estatales para este domingo es que López Obrador concrete la liberación de más de 440 millones de pesos retenidos para el sector salud. El coahuilense ya sabe de su compromiso para combatir la corrupción, de que todo lo malo es obra del pasado y de su esfuerzo para empujar al pesado y decrépito elefante. Eso ya quedó claro, ahora solo falta que valga la pena tenerlo tan seguido por acá.

Policías estatales se enfrentaron a tiros hace una semana con un convoy de pistoleros en una brecha del ejido La Florida, en Múzquiz. El saldo oficial es de nueve muertos, ocho de ellos presuntos delincuentes y un elemento de la Policía Ministerial. Ahora se sabe que eran sicarios del Cártel del Noreste que trataban de alejarse de la cabecera municipal a través de caminos vecinales y no por carreteras transitadas, en donde la presencia policial y del Ejército es frecuente.

Hora y media antes del tiroteo, en el que se usaron armas de grueso calibre, entre ellas calibre 50, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, los pistoleros cargaron gasolina y fueron captados por una cámara de seguridad. Si bien en la brecha fueron aplastados por policías y soldados, en la estación de servicio dieron muestra de entrenamiento táctico: bajaron de las camionetas, se desplegaron en puntos estratégicos para estar alerta y reaccionar (disparar o correr) de cualquier situación de riesgo y se retiraron a toda prisa.

Una vez en la sierra, policías y militares quisieron dejar constancia de quién tiene el control del territorio en los caminos de la Región Carbonífera.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, el Cártel del Noreste quiere penetrar a Coahuila por municipios de las regiones Carbonífera y Norte, tal y como en la década de 2000 lo hicieron los Zetas. De hecho, el CDN es escisión de los Zetas luego de la muerte de Heriberto Lazcano. “El Lazca” murió el 7 de octubre de 2012 luego de que elementos de la Secretaría de Marina Armada de México lo sorprendieron durante un  juego de beisbol en el pequeño parque de Progreso, en la misma región de Múzquiz, donde radicaba y se hacía pasar como cualquier otro vecino.

El cártel también se fortaleció luego de la captura de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, presos desde abril de 2013 y marzo de 2015.

El Cártel del Noreste tiene presencia en Zacatecas, San Luis Potosí, la parte norte y oeste de Nuevo León y Tamaulipas, su bastión. En el caso de Coahuila, tiene intereses desde Monclova hasta Piedras Negras y Acuña. Según el fiscal general, Gerardo Márquez Guevara, dicha agrupación policial es responsable de secuestros y asesinatos.

Pero el CDN no es el único que mantiene bajo asedio a Coahuila. En Saltillo, algunos municipios de la Región Centro y de La Laguna la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana tienen reportes del Cártel Jalisco Nueva Generación, “los mata zetas”, que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”.

Los nueve presuntos pistoleros muertos durante un tiroteo con elementos del Grupo de Reacción Sureste, de la Policía del Estado y de la Municipal en la colonia Loma Linda al parecer eran una célula del CJNG que además de buscar el control de narcomenudistas, pretendía incursionar en el secuestro y extorsión.

Está claro que la respuesta de las autoridades es contundente y el mensaje para las organizaciones delictivas es claro, si pretenden ingresar a Coahuila, se sujetan a las consecuencias, pero eso no implica que el temor y la incertidumbre estén de nuevo en el ambiente. La percepción de inseguridad y de violencia va de nuevo hacia arriba y eso también debería preocupar.

Ecos del 68 es más que la documentación de las entrevistas del autor en las plataformas: Notas sin Pauta y Convoy Network. El libro, es la oportunidad de mantener con vida la tragedia nacional de aquella época, que por su misma impunidad se sigue repitiendo.

El propio Arturo Rodríguez, en El Regreso Autoritario del PRI, enumera puntualmente los casos de abuso de poder y yugo violento del régimen en decadencia. Hasta sus últimos momentos, el PRI mantuvo la fuerza militar y policial como remedio infalible para resolver asuntos de Estado.

Qué bueno que el profesor Iván Nieblas propuso Ecos del 68 como título de este trabajo, y qué bueno también que Arturo aceptara sin reparo, porque el libro llega en un momento en el que, desde la percepción de quien esto escribe, la sociedad civil cada vez batalla más para organizarse, alzar la voz, tomar las calles y manifestarse, sobre todo en la esfera estudiantil y particularmente en entornos como Coahuila.

Por lo anterior, Ecos del 68 aspira a eso, a mantener de manera permanente el sonido de una tragedia cuya noticia le dio la vuelta al mundo, atrae hasta ahora la atención de especialistas, pero no por eso es sinónimo de justicia para las víctimas, para los estudiantes, profesores, sus familias y la sociedad civil en general.

La historiadora María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas, quien como lo señala el autor, fue responsable de integrar el archivo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Femospp, recuerda que amparado en la aplastante mayoría política de su partido, el PRI, y del férreo control gubernamental sobre cualquier institución, Gustavo Díaz Ordaz, el presidente del 68, asumió enteramente la responsabilidad histórica de la tragedia en Tlatelolco y con ello dejó evidencia de la impunidad del momento.

La historiadora recupera aquel pasaje, para desafiar a los políticos contemporáneos: “Quisiera ver hoy que un político se pare y diga: ‘Yo asumo las consecuencias de estos actos’. Lo que quieren es lo contrario; ver cómo dispersan y eluden sus responsabilidades”.

El libro llega en un momento en el que está de moda en las esferas de Gobierno, asumir responsabilidades de otras épocas y lamentarse y pedir perdón por culpas ajenas.

Hace unas semanas, a propósito de la revuelta mediática por la carta de Andrés Manuel López Obrador a España, en la que exigió disculpas por los agravios a los nativos mexicanos durante la Conquista, el propio Presidente de México anticipó que 2021 será el año de la reconciliación y su gobierno pedirá perdón a pueblos originarios por los agravios del pasado.

Aquí mismo, en Coahuila, los gobiernos estatal y federal se preparan para pedir disculpas a las víctimas de la desaparición masiva de personas en Allende, entre 2011 y 2012, en respuesta a la resolución de organismos internacionales sobre las investigaciones de crímenes de lesa humanidad, durante la época más dura de la violencia y la inseguridad en este estado.

Ahora mismo, como en el 68, más que perdón el pueblo reclama justicia, como lo señala en el libro Félix Hernández Gamundi, uno de los líderes estudiantiles del 68, y en aquel caso, ese principio moral no se concretará, pues la mayoría de los protagonistas materiales e intelectuales, directos e indirectos, voluntariosos y omisos de la masacre estudiantil, fallecieron.

Pablo Gómez contextualiza las vísperas de la matanza de Tlatelolco y lo hace de una manera relajada, como es su plática: “El movimiento estudiantil no nació un día específico, fue una serie de acontecimientos que se ligaron”, señala y destaca que si bien el movimiento estudiantil fue “derrotado”, (“fuimos aplastados”, señala el periodista Humberto Musacchio, preso durante la revuelta, mientras cubría la manifestación de los universitarios), queda la capacidad de organización de los jóvenes de entonces, quienes no necesitaron como guía a maestros, directivos ni funcionarios de las universidades.

Ecos del 68 no es una recopilación de testimonios, sino un esfuerzo por ponerle color a los trazos de la peor tragedia estudiantil, antes, durante y después.

Como hace seis años en la elección de gobernador, el endeudamiento que heredó la anterior Administración estatal será tema prioritario para la oposición en las próximas campañas electorales, pues si bien técnicamente el problema está bajo control, con flujo de efectivo y plazos de vencimiento suficientes para tomar un poco de aire, el monto es elevado y los intereses bancarios insultantes.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas, el Gobierno de Rubén Moreira pagó desde 2012 alrededor de 10 mil millones de pesos por intereses a los acreedores bancarios, a razón de 2 mil millones por año, y según Ismael Ramos Flores, su titular, hay liquidez para cumplir “religiosamente” con los compromisos económicos.

“El saldo de la deuda al segundo trimestre de 2016 es de 36 mil 500 millones de pesos y calculamos que al término de la Administración quedará en alrededor de 35 mil millones. Pagamos con oportunidad religiosa. Los pagos están garantizados con las participaciones; antes de que nos lleguen, la cantidad para pago de capital e intereses se va a un fideicomiso y de ahí a los bancos (...) Al principio de la Administración eran 37 mil millones de pesos, pero luego se tomó deuda para pagar a proveedores; tomamos 2 mil 500 (millones). En total, hemos pagado casi 2 mil millones de pesos a capital. De intereses es variable, pero normalmente se pagan 2 mil millones de pesos (anuales)”, dijo el 28 de junio pasado, al comparecer ante diputados locales.

Cierto. De alguna manera la deuda es manejable, pero el problema es que no baja y eso se convierte en pólvora y municiones para la oposición. La factura se cobrará con creces durante las campañas electorales.

Un estudio elaborado por el colectivo México, ¿Cómo Vamos?, en el que participan expertos en política y economía, revisó la situación de la deuda en los tres estados con elecciones en 2017, y encontró que:

“En 2017 se celebrarán comicios en tres estados del país para elegir nuevo gobernador. Dichos estados serán Nayarit, Coahuila y el Estado de México, estos últimos dos entre los 10 más endeudados del país. Entre 2010 y septiembre de 2016, el valor de la deuda de Nayarit ha crecido en 61% real.

“Por otra parte, la deuda de Coahuila ha crecido 270% real durante el mismo periodo, con un importante salto en el valor de la deuda entre 2010 y 2011, al pasar de 8 mil 461 millones de pesos, a 36 mil 133 millones de pesos constantes de 2010. Finalmente, el Estado de México ha disminuido el valor de su deuda en términos reales en 11% en los últimos seis años.

En distintos foros, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, aseguró, al menos en palabras, que la prioridad para su partido el próximo año es Coahuila y la advertencia tiene sentido, pues para el albiazul será difícil avanzar en el Estado de México, no sólo porque de ahí es originario el presidente Enrique Peña Nieto, quien por ende no cederá terreno, sino porque ahí también tiene arraigo la cúpula político-empresarial, a cargo del Gobierno federal.

El PAN pasa desapercibido en Nayarit y por eso tampoco está en sus prioridades, pero en Coahuila, como se ha dicho antes en este y otros espacios, la oposición está en su mejor momento, sin que eso signifique triunfos automáticos.

La deuda es un tema llamativo, pero paradójicamente lejano para la mayoría de los electores, quienes tienen empleo y por lo tanto ingreso; acceso a programas sociales, servicios primarios, educación para sus hijos. “Que pague Moreira” es la bandera mediática de un precandidato del PAN a la Gubernatura y en los próximos comicios el tema se pondrá de nuevo al escrutinio de los votantes.

Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, Fanny, cumplió este sábado 12 años de ausencia. El 5 de noviembre de 2014 desapareció de Torreón cuando regresaba a casa después de entrenar basquetbol en la preparatoria donde estudiaba. Su familia la recuerda con la esperanza de encontrarla pronto con vida.

Su madre, la profesora de secundaria Silvia Ortiz Solís, es activista de los derechos de los desaparecidos y encabeza el colectivo Víctimas por sus derechos en acción, Grupo Vida, que reúne a familiares de ausentes que cada fin de semana salen a campo para buscarlos. Ha ido a todas. Dejó su patrimonio familiar en viajes y recorridos por distintos rincones del país donde voces bienintencionadas y no, le advierten sobre la posibilidad de que se encuentre su hija.

Las autoridades tampoco saben mucho sobre el paradero de Fanny. La investigación está abierta y desde el 15 de marzo de 2013, la Procuraduría General de la República ofrece un millón y medio de pesos a quien aporte información que ayude a encontrarla.

Fanny tenía 16 años de edad y era la menor de dos hermanos. Este sábado, luego de buscar restos humanos e indicios de personas desaparecidas en un campo agrícola de San Pedro de las Colonias, en la Región Laguna de Coahuila, su madre la recordó con el compromiso de seguir hasta encontrarla.

En una carta que difundió a través del grupo de mensajería instantánea donde cada semana informa los resultados de la búsqueda de personas desaparecidas en Torreón, San Pedro y otros municipios de la Comarca Lagunera, Silvia Ortiz recordó las noches en que Fanny jugaba con su padre, mientras ella preparaba la cena. El mensaje se publica íntegro a manera de homenaje para quienes siguen en la búsqueda de sus desaparecidos.

* * *

“El día de hoy hace 12 años a las 8:30 de la noche fue la última vez que vieron a mi pequeña; ya hace 12 años que no se de ella, que no está quien me acompañaba cada día viendo tele y platicando, que me decía mamá: no quiero crecer, quiero ser pediatra porque los bebés no pueden decir lo que sienten.

“Mamá, te amo. Ahora extraño cada instante sin ella, tan miedosa y siempre encerrada en su cuarto escuchando música de Brithney Spears, dibujando y cantando.

“Extraño cada detalle el Día de las Madres y mi cumpleaños, extraño cada vez que rechazaba una flor o una caja de chocolates pues decía: no mamá, si lo recibo es darle entrada. La extraño tanto como respirar tranquilamente el aire. Necesito encontrarla, saber de ella y tener en casa esa silla vacía con su presencia. Seguiré hoy y cada día buscándote pues te necesitamos todos en casa. Te amo, hija”.

-¿Qué le dirá cuando la encuentre? -le preguntó quien esto escribe a la maestra de secundaria.

“No lo sé”, respondió luego de un largo silencio.

Los resultados del estudio Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, que Amnistía Internacional presentó a principios de septiembre, son contundentes: en México, la tortura y ataque sexual son prácticas recurrentes de agentes policiales y militares para conseguir confesiones e inculpar a mujeres. Se trata de un trabajo de investigación que se desarrolló durante ocho meses; incluye la incursión en prisiones federales y estatales, donde los investigadores se entrevistaron con 100 mujeres.

El estudio inició en septiembre de 2015; sus cifras son nacionales, pero con algunas particularidades. Por ejemplo, los investigadores encontraron que en 2015 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) recibió más de 400 quejas por detención arbitraria y fue la violación a los derechos individuales que más se denunció. Además hubo 31 quejas por tortura y 192 por lesiones cometidas por funcionarios públicos. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, de 2004 a 2014 recibió más de 150 quejas por tortura, pero en esos años las procuradurías estatales sólo abrieron una investigación, aun cuando el delito se persigue sin necesidad de que haya denuncia.

De las 100 entrevistas, 10 corresponden a hechos de Coahuila, y de estos, tres a Torreón, entre ellos el de Mónica Esparza Castro, quien en 2013 fue detenida por policías municipales junto a su hermano y esposo. AI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentaron que a los tres los torturaron y la mujer fue víctima de violación tumultuaria. “La violaron los policías, pero en presencia de militares”, aseguró el informe, en cuya presentación estuvo Martha Eugenia Castro, madre de Mónica, quien se encuentra internada en un centro federal de readaptación social bajo cargos de secuestro.

De las 100 reclusas que Amnistía Internacional entrevistó, 97 aseguraron haber sido víctimas de violencia física durante su detención; 72 fueron víctimas de violencia sexual (ultrajadas, manoseadas, por ejemplo) y 33 fueron violadas por sus captores. “Para AI los datos son preocupantes, pues “el uso de la violencia es algo rutinario” y “muchos casos son por delitos fabricados, donde la admisión de la responsabilidad se obtuvo luego de horas de tortura física y violación sexual”. El estudio concluye que en México “no hay cuerpo de seguridad pública que no haya incurrido en tortura”, y todavía más: “en México hay una realidad donde la tortura y la discriminación no se separan”.

La mayoría de las víctimas son jóvenes, madres solteras, de escasos recursos económicos. Es el común denominador y si las mujeres tienen preferencia sexual distinta a la ordinaria, la discriminación es todavía mayor. De las 100 que se entrevistaron, 12 dijeron ser lesbianas y otras 12 bisexuales, “Por esa condición sexual son víctimas de humillación específica o adicional; 10 estaban embarazadas al momento de ser detenidas y ocho abortaron a consecuencia de los golpes y la agresión sexual. El cuerpo de la mujer es perjudicado”.

La Secretaría de Marina Armada de México es la que más tortura a las mujeres, pero en México la violencia hacia el género es universal, pues la cometen policías municipales, estatales, federales, agentes migratorios y elementos del Ejército.

“Desde 1991 la tortura es tipificada como delito federal y en este periodo sólo se han dictado 15 sentencias condenatorias. Entre 2010 y 2015 ningún elemento del Ejército Mexicano fue suspendido de sus funciones por cometer tortura y abuso sexual, es decir, no hay consecuencias por estos actos. La Policía Federal no supo decir el número de casos y la Marina informó que cuatro de sus elementos fueron suspendidos de sus funciones”.

En una segunda entrega se profundizará sobre la victimización a las mujeres detenidas por su preferencia sexual o complexión física.

Los informes de la actividad legislativa y los eventos con motivo de cumpleaños se pusieron de moda en Coahuila como pretexto para la promoción de quienes compiten para ser nominados como candidatos al Gobierno del Estado. La punta de lanza la puso el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Nuevo León, Enrique Martínez y Morales, quien prácticamente reunió a todos los políticos de vieja guardia que hicieron carrera junto a su padre, el embajador en Cuba, y a su descendencia. Muchos aplaudieron y a otros molestó que a la comida del saltillense acudiera el ganadero Armando Guadiana Tijerina, quien pretende ser Gobernador por el Movimiento Regeneración Nacional.

Después fue la comida del exdiputado federal Guillermo Anaya Llamas, según las encuestas, el mejor posicionado para conseguir la nominación en el Partido Acción Nacional. El también exalcalde de Torreón reunió en Saltillo al resto de los precandidatos: Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Garza Galván, Gerardo García Castillo, Isidro López Villarreal y Marcelo Torres Cofiño, y fue arropado por el
entonces gobernador electo de Durango, José Rosas Aispuro Torres, quien este sábado, ya como mandatario en funciones, acudió al informe legislativo de Salazar.

Al evento de Anaya acudieron todos los alcaldes y diputados locales del PAN y estuvieron a metros de distancia personajes irreconciliables, como el Alcalde de Monclova, Gerardo García, y el diputado federal César Flores Sosa. Aunque tarde, Guadiana llegó.

El priista Javier Guerrero García presentó su informe legislativo en el teatro Nazas de Torreón. Hubo funcionarios federales, en especial de la Secretaría de Desarrollo Social, y el Gobernador saliente de Durango, Jorge Herrera. Aunque no a todos, Guerrero reunió a otros aspirantes a la candidatura del PRI para gobernador: la senadora Hilda Flores Escalera, Enrique Martínez Morales y el diputado federal
Armando Luna Canales.

Hace una semana fue la comida con que Miguel Ángel Riquelme Solís festejó su cumpleaños 46. El Alcalde de Torreón celebró con amigos, colaboradores, la clase política estatal que respalda su aspiración política y empresarios de la Comarca Lagunera y otras regiones, como Antonio Gutiérrez García y Antonio Nerio, de La Carbonífera. No hubo otros anticipados, salvo Armando Luna, quien llegó casi al
finalizar la fiesta, con botas y sombrero, luego de participar en la cabalgata de General Cepeda.

La víspera fue el informe del senador Luis Fernando Salazar, quien tuvo buena convocatoria, pues estuvieron los gobernadores de Querétaro, Aguascalientes y Durango, y el próximo de Tamaulipas. Como ocurrió en la comida de Anaya, también asistieron los demás aspirantes y reaparecieron cuadros políticos relegados, como el exembajador en España, Jorge Zermeño Infante.

Están próximos los informes de la senadora Hilda Flores y el diputado Jericó Abramo Masso; la expectativa gira en torno a quiénes vayan a convocar.

El caso es que si bien las campañas electorales iniciarán en abril, la promoción anticipada está en marcha y con el acelerador a fondo.

“Nos vamos a asegurar de que no haya más menores de edad trabajando en campos agrícolas; de que no vuelva a ocurrir esto en Coahuila”, le dijo hace un año a quien esto escribe la secretaria de Trabajo en el estado, Norma González Córdova, luego del rescate de más de 60 niños y adolescentes de dos ranchos de la empresa Prokarne, en Ramos Arizpe, donde vivían en condiciones insalubres y hacinamiento, y realizaban jornadas de más de 10 horas realizando trabajo exclusivo de adultos.

No tuvo que pasar mucho tiempo para que las palabras de la funcionaria quedaran solamente en eso. Cuatro adolescentes escaparon de otro campo agrícola donde eran explotados. Como pudieron se trasladaron a Saltillo y tenían la intención de tomar un autobús que los llevara a su lugar de origen en Veracruz.

En el argot periodístico hay la máxima de que “reportero sin suerte no es reportero”, y de ello puede dar cuenta Rodrigo Flores, reportero de Zócalo Saltillo, a quien los menores lo abordaron en la calle para pedirle información de cómo llegar a la Central de Autobuses. Rodrigo los orientó, pero le llamó la atención la corta edad de ellos y que pretendían viajar solos a Veracruz. Lugo de un par de preguntas, los menores le relataron su odisea.

Se puso al tanto a las autoridades, pero la única que respondió de inmediato fue la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), cuya titular Yezka Garza Ramírez envió a policías especializados y agentes del Ministerio Público para garantizar la seguridad de los menores. A los pocos minutos los adolescentes quedaron bajo resguardo del DIF Coahuila.

Pero si en alguna dependencia pública se carece de tacto para abordar problemas que tienen que ver con personas, es decir, con lo más importante para cualquier autoridad, es en la Secretaría del Trabajo. La subsecretaria Tanya Castillón intentó hacerse cargo de la situación, pero sólo empeoró las cosas. En un intento por hacer quedar bien al Gobierno, aseguró que los menores escapan de campos agrícolas cuando quieren regresar a su lugar de origen, pues saben que las autoridades estatales los pondrán a resguardo y costearán su viaje de retorno.

Imagínese, decirle a un niño víctima de explotación laboral que escapó del centro de trabajo para que el Gobierno le diera un aventón a su pueblo. Y peor aún, hacerle el señalamiento en medio del trance por rendir su declaración a las autoridades y la incertidumbre de su paradero.

Está claro que a la vuelta de un año las autoridades laborales de Coahuila no sólo omiten protocolos de vigilancia para prevenir la explotación infantil en los centros de trabajo, ahora además las víctimas deben lidiar con los desplantes y ocurrencias de las funcionarias.

Letras sueltas...

La experiencia del Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Grupo Vida) fue requerida en Ciudad Juárez, y el viernes, durante un recorrido en campo en el que participaron familiares de desaparecidos de Coahuila y Chihuahua se dio el hallazgo de restos humanos, al parecer en estado necesario para lograr la correspondiente identificación.

A propósito de la marcha nacional a favor de la familia “natural”.

¿Los violadores de niñas en su gran mayoría son heterosexuales? –le preguntó El Tiempo de Colombia a la investigadora francesa Florence Thomas, especialista en asuntos de género y activista a favor de los derechos de la mujer. “Casi todos”, respondió. “Es decir, la homosexualidad no es una patología, no se transmite en absoluto, hay miles de investigaciones serias que muestran eso”.

Pero, ¿es aberrante la adopción de niños por parte de parejas gay?

“No. En absoluto, no es una aberración, es algo absolutamente sano. Debemos obtener su aprobación. Defender la adopción gay es defender a los niños y las niñas que tienen derecho a una familia. No entiendo los argumentos tanto de la Universidad de La Sabana como de la derecha, como de las religiones. La familia verdadera no es solamente papá y mamá; por supuesto es la mejor familia, no lo voy a negar, por supuesto que es rico tener un papá y una mamá,
pero hay que conocer la realidad de este país y la de muchos otros, en estas materias.

“No hay razones ideológicas ni sociológicas o ideas irrefutables. ¿Cuántos niños están educados por dos mujeres? ¿Cuántos niños están socializados y educados por una abuela, por un hombre solo? ¿Cuántos niños viven con sus dos papás? Ahí están las cifras. Seamos razonables por favor, seamos serios (...) Lo que no soporta le gente es que por la noche están las dos mujeres lesbianas, o los dos hombres, que se acuesten en la misma cama. Es eso lo que no
soporta la gente… lo que pasa por la noche, es eso. Me parece realmente terrible, priva a centenares y miles de niños abandonados y maltratados de poder ser educados, ser socializados, recibir afecto en una familia gay, homosexual. Dramático para los niños es cuando hay traumas familiares, cuando la familia se desbarata. Pero eso pasa con homosexuales y también con heterosexuales”.

Más datos, ahora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cuyos estudios revelan que más de 220 millones de niños y adolescentes menores de 18 años son víctimas de abuso físico y sexual en casa, particularmente en “hogares” que integran personas de distinto sexo.

La mayor parte de los niños no relatan la violencia sexual que experimentan en casa porque tienen miedo de lo que pasará, a ellos y sus familias; creen que sus familias estarán avergonzadas o los rechazarán, o no les creerán (...) En comunidades y familias con normas rígidas sobre masculinidad, feminidad, honor de la familia, los menores que revelan la violencia sexual se pueden ver como débiles y afeminados.

¿Quiénes abusan de los menores en casa?

De acuerdo con UNICEF, “los autores más comunes de la violencia sexual hacia menores son generalmente miembros de la familia del sexo masculino (hermanos, tíos), seguidos de padres, padrastros y miembros de la familia del sexo femenino. Los amigos del sexo masculino de la familia también comúnmente se convierten en autores”.

El abuso sexual en contra de menores de edad no está condicionado al tipo de familia y lastimosamente las marchas pretenden generar esa percepción.

A propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que la ONU conmemora el 30 de agosto, se comparte este texto de la misma autoría, publicado originalmente el 31 de agosto de 2014 en el diario digital Infonor.

***
Cinco años después de la desaparición de su hijo Brandon Esteban Acosta Herrera, entonces de 8 años, Lourdes Herrera no tiene idea de lo que pasó, ni del destino del pequeño. 

“Han sido cinco años eternos porque no hay nada en mi caso; cinco años de espera, búsqueda y esperanza; de lucha, de aportar mucho de mí y no recibir nada a cambio”, dijo luego de la presentación del documental Ausencias, que productores independientes hicieron en memoria del menor y de la lucha que su madre hace para encontrarlo.

Brandon desapareció el 29 de agosto de 2009 junto a su padre Brandon Acosta Rodríguez y dos tíos. Lo único que se sabe es que el vehículo en que viajaban rumbo al aeropuerto de Ramos Arizpe fue interceptado por hombres armados que se los llevaron a todos.

Han sido cinco años de pedir justicia, búsqueda y cero resultados, de comparar todo este tiempo como si hubiera sido ayer.

“Hay algunas líneas de investigación, pero nada claro. Se siguen esas líneas de investigación, pero sin resultados”, señaló Lulú, como la llaman en el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec).

“Sus métodos de investigación, la forma de trabajar, sus estrategias nos llevan otra vez al punto cero, a no tener nada claro”, dijo respecto a las indagatorias de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El pasado sábado, Fuundec conmemoró el Día Internacional del Desaparecido. Por la noche hubo una marcha de familiares y amigos de los desaparecidos en Coahuila: 314 en los registros de la organización; mil 800 en la base de datos de la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, en datos que se reunieron de 2000 a 2013.

La caravana partió de la explanada del Instituto Tecnológico de Saltillo hasta la plaza de la Nueva Tlaxcala. Los caminantes llevaron velas y sirios encendidos. 

“Es un signo de que no nos detendremos hasta encontrarlos”, expuso Blanca Martínez Rivera, directora de Fuundec.

Antes de la caminata se presentó el documental en el auditorio de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Fue una jornada dura para la señora Lourdes, pues en la pantalla se proyectó un resumen de su vida en los últimos cinco años, sin la compañía de su hijo y esposo.

“Ahora ya tiene 13 años, tal vez ha cambiado, ya es más grande, pero su carita sigue siendo la misma, estoy segura. A veces me acuesto y siento su calorcito, eso me da fuerzas para seguirlo buscando”, contó Lulú.

“No me detengo, mi niño solamente tiene una mami y se lo he prometido cada día; esta mami no va a parar, no se va a caer, siempre va a estar de pie, buscándolo, luchando hasta el último día, hasta encontrarlo”.

Quien esto escribe no cree que Rubén Moreira Valdez sea narcotraficante, o que haya recibido una Suburban atestada de dólares a cambio de protección, como lo señalaron medios informativos internacionales (el periódico San Antonio Express y la agencia española EFE, entre otros) al retomar declaraciones de presuntos miembros del crimen organizado que se encuentran presos en Estados Unidos y en España bajo cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas.

Resulta difícil creer que el político priista sea uno de los Zetas, como se le trata de vincular, porque precisamente ese grupo delictivo es el que más golpes recibió de la actual Administración.

Pero la pretensión de esta columna no es defender la inocencia del Gobernador de Coahuila. Lo que intenta es señalar la magnitud de las acusaciones que existen en su contra a 15 meses de que termine su periodo de gobierno. El tono de las acusaciones.

Hasta hace poco, la bandera que izó la oposición para golpear a la Administración estatal era la deuda bancaria, desde la forma en que el pasado Gobierno la consiguió, es decir con documentos falsos, hasta la terrible cantidad de dinero público que mes con mes se destina para cubrir el pago por intereses.

Pero ahora existen intentos para abrir otro flanco, uno que como ya se mencionó, resulta tan fantástico como inverosímil, y la única explicación visible es que el proceso de sucesión en el Gobierno del Estado se encuentra en marcha.

En el sistema político mexicano es tradición que el último año del sexenio es el más vulnerable para el mandatario en turno, pues la campaña electoral para elegir a su reemplazo está en marcha y lo que la Administración hizo, omitió, o dejó de hacer deliberadamente es materia prima para los ataques de la oposición.

En el último año de cada gobierno no sólo hay acusaciones con sustento; hay de sobra aquellas que forman parte de la imaginación y de las campañas negras y guerra de lodo a las que partidos políticos y candidatos recurren para dañar al adversario.

Los señalamientos hacia el gobernador Moreira donde se le intenta vincular con organizaciones criminales permanecen en los medios uno o a lo mucho dos días, luego se caen, desaparecen hasta resurgir con algún dato adicional. Pero el hecho de que no permanezcan en los periódicos ni portales de internet, y tampoco en el trascendido de la opinión pública tiene una explicación: no hay base, carecen de fuerza suficiente para mantenerse vivos, es decir, se reducen a la descarga de salvas.

Rubén Moreira no está en el último año de su administración, pero pareciera que sí por un motivo: la sucesión está en marcha, los precandidatos están en campaña, aun desde los cargos públicos que ocupan y en adelante acusaciones de esa magnitud serán la constante. Viene un largo trecho de dimes y desmentidos, y medios de información y sociedad deben permanecer alertas para evitar la confusión.

@filiasyfobias
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“Lo único que no pueden permitir es la división interna. La clave de que al PAN le vaya bien en Coahuila es la unidad”, dijo José Rosas Aispuro Torres a los panistas que participaron en la comida por el cumpleaños de Guillermo Anaya Llamas. El gobernador electo de Durango estuvo entre los invitados especiales y al hablar de su experiencia de triunfo en el vecino estado, donde la hegemonía del PRI era histórica, pasó lista de las recomendaciones que desde su punto de vista deben seguir sus compañeros en Coahuila para lograr la transición. La unidad fue el común denominador.

Pero a menos de un mes del discurso y a seis meses de que los partidos políticos definan las candidaturas, la unidad panista parece una meta lejos de alcanzar. La fiesta de Anaya fue el 2 de julio, luego de un encuentro que los aspirantes a la nominación (el propio Anaya, Luis Fernando Salazar, Gerardo García Castillo, Silvia Garza e Isidro López Villarreal) tuvieron con el dirigente nacional, Ricardo Anaya, quien les pidió mantener la calma, evitar la agresiones
internas y esperar hasta diciembre, cuando una encuesta va a definir la candidatura.

Semanas después, Gerardo García, el autoproclamado “Gallo de Acero”, difundió un videoclip donde se asume como la mejor opción de su partido para contender por la Gubernatura y con el recurso de la caricatura digital arremetió en contra de sus compañeros, como la primera muestra de que las palabras de su dirigente nacional no hicieron eco.

Luego vino la fiesta del exalcalde de Torreón a la que acudieron todos los aspirantes, pero cuando la unidad panista parecía marchar sobre ruedas, Luis Fernando Salazar Fernández autodestapó sus aspiraciones para la misma candidatura que su amigo Guillermo parecía tener asegurada.

Luis Fernando se asume como el mejor precandidato, o por lo menos como el de mayor mérito, pues su postura crítica sobre el endeudamiento bancario de Coahuila ha sido permanente y eso lo convierte en un “hombre valiente”, según lo definió el presidente del Senado, Roberto Ruiz Zuarth, quien visitó Saltillo y Torreón para hablar bien de las aspiraciones de su compañero de bancada.

De hecho, aunque los senadores del PAN de otros estados no votan en Coahuila, su respaldo político tiene suficiente peso político e impacto mediático y por lo pronto Gil Zuarth aseguró que no van a respaldar a Guillermo Anaya ni a Isidro López, ni a cualquiera de los otros aspirantes. El respaldo de los senadores del PAN es para Luis Fernando.

Rosas Aispuro hablaba de que el factor unidad debía de prevalecer en Coahuila para concretar la transición política, pero si los panistas no se ponen de acuerdo y cada vez surgen más precandidatos, el divisionismo va a prevalecer y se encargará de borrar cualquier posibilidad de triunfo.

Lo anterior no es algo nuevo, los propios panistas lo saben desde siempre, pero por lo visto no han querido aprender del pasado.

1.- De repente Gabriel dejó de ir dos semanas a clase. “¿Por qué no habías venido?”, le preguntó la profesora cuando al fin regresó. “Mi papá se quedó sin trabajo y mi mamá se gastaba el poco dinero que tenía en la trama –comida–, o me daba pa la combi”, respondió el alumno de primer grado de secundaria.

2.- Valeria y Marcela fuman mariguana casi todos los días, y cuando no hay pa la chiva le entran al chemo, resistol u otros inhalantes que en teoría no les deben vender en las ferreterías donde lo consiguen. Eso sí, no se drogan en la escuela, pero sí en la plaza pública que está muy cerca. Sacan el libro de Español de la mochila, lo abren y fingen estudiar cuando pasan peatones o peor aún, la tira. “Nos escondemos atrás del libro o de los cuadernos, como si lo
estuviéramos leyendo, pero nada, es ahí cuando le damos el pasón. Y ahí nos quedamos hasta que nos da el bajón”.

3.- “Pinches polis culeros”, gritaron Rosaura, Verónica y Sofía, de 12 y 13 años, cuando agentes municipales detuvieron a uno de sus compañeros cuando caminaba por la Alameda. Los uniformados también fueron por ellas y las treparon a la patrulla. En las celdas de la Dirección de Seguridad Pública convivieron por horas con dos prostitutas, un homosexual, un sujeto detenido por drogarse en la vía pública y otro más por robar un comercio. Antes, literalmente
pasaron por las manos de dos mujeres policía: “revísenlas bien, por todos lados, no sea que traigan algo guardado”, ordenó el comandante.

Rosaura y Verónica salieron seis horas después, luego de que sus padres y hermanos se movilizaron para llevarlas a casa. Sofía durmió ahí una noche y al día siguiente por la tarde su abuela fue por ella. “Que se chingue, pa que anda haciendo maldades”, le dijo a los policías, quienes no debieron detenerlas ni ultrajarlas por su condición de edad.

4.- “En la pandilla que estaba antes rolaban pastillas, pero por eso me gusta más en la que estoy ahora, porque acá es pura mota”, le contó Guadalupe a su maestra de secundaria.

– ¿Y cada cuándo te drogas? –indagó la profesora.

– “Pos cada vez que hay; casi todos los viernes y sábados”.

5.- Francisco no se droga, tampoco reta a la autoridad. Trata de cumplir en la escuela, pero su prioridad es pasar de año, terminar la secundaria y llegar a diario a casa con algo de dinero. Desayuno casi nunca hay y después de la escuela trepa a un camión de transporte colectivo, donde canta corridos y cumbias a cambio de las monedas que le dan los pasajeros. Llega a su casa después de media tarde y come si a su madre le alcanzó para guardar un taco, pues
tiene dos hermanos menores que alimentar.

A Gabriel, Valeria, Marcela, Rosaura, Verónica, Sofía, Guadalupe y Francisco, ¡qué diablos les va a importar saber la conjugación de verbos en transitivo, aprender de memoria las capitales del mundo o pasar horas de clase discutiendo sobre economía mundial! Su capacidad intelectual, cognitiva y su madurez están rebasadas por su propia realidad, por las drogas y la prostitución a la vuelta de la esquina o en su casa; por el pandillerismo y el acoso.

Valdría la pena que los autores y defensores de la reforma educativa platicaran con ellos al menos un día, mejor aún si es lunes, pues llegan a la escuela y cuentan cada historia del fin de semana...

A poco más de un año de la jornada electoral en Coahuila para nombrar gobernador, diputados locales, alcaldes, regidores y síndicos, las reglas del juego no están escritas, y por lo que se ve ni el Instituto Electoral ni el Congreso del Estado tienen prisa en resolverlas. El tema no es menor, pues se deben definir las condiciones en que van a contender los ciudadanos independientes, los requisitos para poder participar en la contienda, el financiamiento público y los espacios en radio y televisión a los que van a tener acceso.

Otro pendiente es el de los tiempos de campaña. Hay una resolución preliminar para empatar los periodos de proselitismo con la legislación federal, es decir tres meses. ¿Alguien se puede imaginar lo que pasaría en municipios como Hidalgo, Guerrero, Candela, Zaragoza, Sacramento, Nadadores y otros de escasa población? Los candidatos tendrían tiempo para recorrer casa por casa en varias ocasiones.

En el PRI esperan que el periodo para promoción electoral quede como ahora: 45 días en la campaña para gobernador, 35 para los diputados y ayuntamientos de más de 120 mil electores (Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras, entre otros); 20 para los municipios de mediana población y una semana para los de menos votantes. En el PAN la idea es que el ajuste sea a dos meses.

Otras reglas por definir son para la reelección de alcaldes. Los priistas no van a permitir que sus alcaldes electos para el periodo de un año dejen el cargo a fin de buscar la reelección, vigente para entonces, pero en el PAN eso es una posibilidad, lo cual implicaría que los alcaldes inicien funciones el 1 de enero de 2018 y en febrero se retiren con licencia para estar en condiciones de volver a contender.

La dosis de equidad de género en las candidaturas tampoco está definida. La intención del Gobierno del Estado y de algunos diputados es que el número de candidatos sea a partes iguales entre varones y mujeres, pero a diferencia del PRI el resto de los partidos se resisten, pues no tienen estructura suficiente para cumplir con ese requisito, pues la ley los obligaría a llevar como candidatas no sólo en municipios donde su
aceptación popular es menor, sino en los de mayor competitividad.

¿Cuánto dinero le corresponde a cada partido político y cómo se debe distribuir el recurso entre sus candidatos? ¿Cuánto les corresponde a los candidatos sin partido? Los candidatos, con o sin partido ¿tienen derecho a la misma exposición en medios electrónicos? ¿Cuál va a ser el papel de las redes sociales? ¿Habrá regulación?

Otro aspecto que debe prevenir la ley es el de la transparencia en las campañas electorales y los controles de confianza para evitar que el narcotráfico se involucre. Este sábado, Manlio Fabio Beltrones anticipó la expulsión de los candidatos del PRI a tres alcaldías en Tamaulipas porque se les comprobó vínculos con el crimen organizado. ¿Cómo le van a hacer en Coahuila para blindar a los aspirantes a cargos de elección
popular?

La elección estatal y municipal será el 4 de junio de 2017. A un año y días hay muchas dudas y poca acción de las autoridades responsables.

Si se desmorona la versión oficial, de seguro rodarán cabezas de funcionarios al más alto nivel, eso sería lo normal, pero no lo más importante, pues para entonces dos inocentes habrían sido acribillados por policías capacitados para saber cuándo, dónde y cómo intervenir en situaciones de riesgo; dos familias estarían destruidas y las autoridades habrían hecho parecer como peligrosos criminales a dos víctimas del momento, lugar y decisiones equivocadas. Otro “daño colateral”, según el lenguaje de la desorganizada guerra contra el narcotráfico que, si bien inició con el panismo de Felipe Calderón, está vigente, intacta, en el priismo de Enrique Peña Nieto.

Quien esto escribe es de la idea de que cuando las autoridades trabajan y dan resultados merecen la confianza de los ciudadanos, y en el combate a la inseguridad y a la violencia callejera lo hecho por el gobierno de Coahuila es ejemplo nacional. No es sólo una opinión: ya no hay tiroteos afuera de las escuelas o de los centros comerciales, la
percepción ciudadana sobre la seguridad está en ascenso, y como soporte estadístico están las mediciones frecuentes de los índices delictivos.

En el combate a la delincuencia organizada en Coahuila se han hecho buenas cosas: se eliminaron y prohibieron actividades comerciales y lúdicas que en teoría financiaban al crimen (deshuesaderos, casinos, sitios de venta clandestina de alcohol, entre otros), los pistoleros ya no presumen impunidad y se depuraron y profesionalizaron los cuerpos
de seguridad pública, pero todos esos méritos no hacen infalible a los agentes del Estado, quienes por lo tanto en cualquier momento se pueden equivocar.

El jueves pasado, a las 3:50 horas, policías de la recién creada Fuerza Coahuila “abatieron a dos personas que poco antes los agredieron con armas de fuego, luego de negarse a detener su vehículo para una revisión de rutina como parte de los operativos de prevención y vigilancia que las fuerzas de seguridad llevan a cabo en todo el estado”,
señala el parte informativo de la Comisión Estatal de Seguridad.

Los agresores de los policías fueron identificados por las autoridades como José Luis León Zamarripa, de 21 años, y Yésica Valeria Preciado García, de 19. Al principio se informó que pasaron de largo un retén de Fuerza Coahuila sobre la carretera San Juan de Sabinas-Allende, pero el secretario de Gobierno, Víctor Zamora, aseguró que los
patrulleros seguían a un Chevrolet Malibu blanco con placas FKC-97-16 tripulado por los jóvenes, desde el cual los atacaron a balazos con un rifle de asalto AR-15 y una subametralladora.
La sospecha de que los fallecidos fueron confundidos con delincuentes permanece entre familiares y amigos, y las autoridades estatales deberán hacer algo más que emitir declaraciones para convencer a los afectados y a la sociedad de que los agentes de Fuerza Coahuila efectivamente repelieron una agresión.

La versión oficial sostiene que los fallecidos dieron positivo a las pruebas periciales para conocer si dispararon armas de fuego, tenían en su poder los rifles de asalto y que los policías encontraron “latas” con droga en el interior del vehículo, pero cuántos casos existen en México donde los agentes del Estado siembran pruebas para inculpar a sus
víctimas y justificar situaciones de abuso de autoridad.

Hay que confiar en las autoridades, pero estas tienen la obligación de demostrar que hacen bien su trabajo.

Palabras de la profesora *Silvia Élida Ortiz Solís durante la tercera audiencia pública regional (norte) para formular la Ley General en materia de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares.
*Silvia es profesora de secundaria en Torreón; su hija, Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, desapareció el 5 de noviembre de 2004, cuando tenía 16 años. Ante la inacción de las autoridades para buscar a las personas desaparecidas en la Comarca Lagunera, Silvia y otros padres, hijos y hermanos de ausentes, se organizaron en Grupo Vida (Víctimas por sus Derechos en Acción), y cada sábado salen al campo para seguir la pista sobre el posible paradero de sus familiares.

Durante el encuentro que se desarrolló el 16 de marzo en el auditorio de la Facultad de Jurisprudencia, en Saltillo, las palabras de Silvia y de otros familiares de desaparecidos fueron escuchadas por senadores, magistrados, diputados y autoridades estatales y federales. Esto fue parte de lo que les dijo:

Señores y señoras:

Les digo así para que entiendan que finalmente ustedes tendrán un título, un puesto que les da jerarquía, pero no dejan de ser tan igual que nosotros.

Ya basta de letras de escritorio. ¡ACCIONES, SEÑORES!

Acciones de búsquedas reales, con pico y pala, pero sobre todo con convicción de hacerlo y con el único objetivo: ¡encontrarlos!!!!!

Con investigaciones contundentes y profesionales, con un enérgico ya basta a la corrupción, porque el negocio de la droga, armas y trata de personas, niños y niñas, le da a ganar buen dinero al Gobierno.

¡Limpien las corporaciones policiacas!

Pero cómo me gustaría que quitaran a mi hija, al hijo de ella, el esposo de aquella o el hermano de él o ella, y pusieran a sus hijos, a su ser más amado. ¿Y saben qué? Ya nos veríamos unidos luchando por ellos.

Sin cansarnos, pero con el deseo enorme de encontrar.

Que alguien me tienda la mano y me ayude a escarbar.

Que alguien me ayude a saber quién es.

Que alguien ponga en su lugar a aquellos que mancillan la dignidad de un ser humano.

Que exista la justicia.

Entiendan que la espera de nueve meses fue de amor, que ese partirte el lomo para que comieran, se vistieran, que estudiaran fue por amor y que sabemos, ustedes lo hacen en su casa con los suyos.

Traten de comprender, ¿por qué entendernos sólo entre nosotros?

En pocas palabras, esta ley fue escrita, dialogada y analizada por cada vivencia, por cada familia que ha sufrido y que sabe qué es lo que necesita y se debe hacer.

El compromiso de quien se supone nos debió de cuidar y cuidar a los nuestros: “EL ESTADO, EL GOBIERNO”, no fue cumplido y ahora estamos exigiendo que los encuentren, que cada petición la cumpla para que esto ya no vuelva a suceder y que la verdad histórica salga a la luz.

¡Ayúdenos a encontrarlos!

Muchas gracias.

En la tercera audiencia pública regional para formular la ley general en materia de desaparición de personas cometida por agentes del Estado y particulares, la desconfianza de familiares de desaparecidos hacia legisladores y autoridades de Gobierno fue la constante: “queremos creerles, pero nos han engañado muchas veces”, reclamó Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Chihuahua.

Las víctimas y el poder. Ante senadores, diputados federales y el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, quien convocó al encuentro, los padres, hermanos e hijos de los desaparecidos en México –más de 28 mil, y contando– dejaron en claro que su intención es depositar la confianza en las autoridades, “de lo contrario no estaríamos aquí”, pero para desgracia de todos “tenemos la herida abierta, desde las
desapariciones forzadas de los años 70 hasta el trato indolente de nuestras autoridades en este momento”.

“Espero que no hayan venido sólo para la foto”, les advirtió Martha Alicia Camacho Loaiza, cuyo esposo fue torturado y asesinado por el Ejército en los años 70; ella misma permaneció secuestrada y fue torturada en un campo militar. Pero la advertencia no se escuchó, al menos no por todos los presentes.

En el presídium de la facultad de Jurisprudencia fueron pocos los que prestaron atención: a las senadoras Ivonne Álvarez, Cristina Díaz e Hilda Fernández, del PRI, y a la perredista Angélica de la Peña, se les fue el tiempo en amena plática, mientras que al senador del PAN, Luis Fernando Salazar Fernández, en recibir mensajes de sus asistentes y atender el teléfono móvil.

“Cómo me hubiera gustado que me hubieran puesto atención en lugar de estar platicando entre ustedes”, les reclamó la sinaloense Martha Alicia Camacho. “Se les hace aburrido venir aquí”, gritó una mujer del auditorio donde se desarrolló la audiencia. “Estábamos sacando las cuentas”, justificó De la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, respecto a la época en que Camacho estuvo
desaparecida.

En Chihuahua, las familias de desa-parecidos quieren que el análisis de restos humanos para buscar datos genéticos lo hagan expertos internacionales, y no los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. “Puede que lo hagan bien, pero no les creemos, les tenemos desconfianza”, dijo Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua.

El activista puso un ejemplo sobre el motivo que los lleva a no confiar en las autoridades: en diciembre pasado, un señor desaparece en Ciudad Juárez. En los primeros de enero entregaron el cadáver a la familia, lo incineraron. Días después la persona desaparecida llegó caminando a su casa. ¿A quién incineraron? ¿Quién se quedará eternamente sin ser identificado? Esto sucede, ¿y quieren que les creamos? Pues no les podemos creer”.

Letras sueltas…

El viernes 18 de marzo se cumplieron cinco años de la irrupción violenta en Allende, donde desaparecieron más de 300 personas, 39 viviendas fueron saqueadas y destruidas, y más de 10 mil habitantes huyeron en un intento por ponerse a salvo de la violencia. Este sábado, en Saltillo, aparecieron pintas urbanas: “Más de 300 personas fueron asesinadas en Allende”, advierte un grafiti en la colonia Oceanía Bulevares.

La desaparición de personas en México es un problema que no se detiene, por el contrario, está en franco crecimiento. Si bien en 2006 inició el “alarmante incremento” en los casos, debido a la guerra desarticulada que Felipe Calderón inició en un intento por legitimarse y dar fortaleza a su gobierno, el problema siguió creciendo con Enrique Peña Nieto, donde aparentemente se fortalecieron las instituciones encargadas de frenar y resolver el problema y atender a las familias de las víctimas.

¿Por qué las desapariciones en México se siguen multiplicando? ¿Por qué la gran mayoría de los casos siguen sin ser resueltos? El motivo en el Gobierno federal del PRI con Peña Nieto es el mismo al que hubo en el del PAN con Calderón: la impunidad está vigente por la indolencia y la simulación de las autoridades.

Se suponía que con Calderón el creciente número de desapariciones, tanto las cometidas por agentes del Estado como por civiles, era un problema que se iba a frenar para dar tiempo a las autoridades a resolver caso por caso. Para ello se fortalecieron las áreas de investigación en la PGR y se creó una unidad especializada en la Policía Federal, se habló sobre acciones
concretas de las áreas de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación y de la PGR para atender las necesidades de los deudos, pero nada de ello ocurrió y el sexenio ya rebasó su primera mitad.

De acuerdo con reportes oficiales y con datos recabados por activistas de derechos humanos, organizaciones que agrupan a familiares de desaparecidos y a organismos autónomos internacionales, en México hay más de 27 mil 600 personas desaparecidas, a las que autoridades del Estado se resisten a llamar como tal y denominan “no localizadas”.

De las 27 mil 638 personas desaparecidas, de acuerdo con denuncias registradas, 20 mil 203 son varones (73.1%) y 7 mil 435 mujeres (26.9%), de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que elaboró el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Luego está la “cifra negra”, es decir, los delitos que no se denunciaron, y cuando esto ocurrió, quedaron en nada, pues la autoridad correspondiente no inició una investigación. La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2015 señala que en 2014 la cifra negra en México de desaparecidos fue de 92.8% respecto a la oficial y un año antes fue de 93.8 por ciento.

En su informe Un Trato de Indolencia. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México, que el 14 de enero presentó en la Ciudad de México y el viernes por la tarde replicó en Saltillo, Amnistía Internacional advirtió que si bien el fenómeno de las desapariciones de personas es de “especial preocupación en México”, no hay “cambios estructurales
significativos que permitan asegurar el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño”.

Los números no mienten. El problema de los desaparecidos en México, lejos de estar resuelto o contenido, se encuentra fuera de control, y como prueba están los datos: de las 27 mil 638 denuncias por desaparición, casi la mitad, 46.5% (casi 13 mil), corresponden a casos ocurridos en la actual Administración federal. De ese universo, sólo en 2015 ocurrieron 3 mil 425. Así de
grande y así de cercano es el problema.

“Si la gente quiere, los soldados regresan a sus cuarteles, pero si van a seguir en la calle para combatir la inseguridad, es necesario que se les concedan facultades legales semejantes a las de la Policía Federal”, le dijo a quien esto escribe el general de Brigada, Jens Pedro Lohmann Iturburu, comandante de la Sexta Zona Militar con sede en Saltillo.

El mensaje es claro: desde el sexenio de Felipe Calderón, el Gobierno involucró al Ejército en responsabilidades civiles y la presencia de las Fuerzas Armadas se volvió común y hasta familiar para los ciudadanos, pero ahora los militares pretenden formalizar esa relación.

Los militares aseguran que no pretenden enraizar su presencia en la vida civil, pues hacerlo sería tanto como aceptar el fracaso del Estado mexicano para garantizar la seguridad por unas vías que no sean las de las Fuerzas Armadas, “pero en este momento y ante las circunstancias que privan es muy importante que tengamos un marco jurídico que nos permita actuar con la contundencia que podemos actuar”.

“¿Qué facultades estarían buscando?”, se le preguntó a Lohmann, quien fue jefe de Estado Mayor de la Tercera Brigada de Policía Militar con sede en San Miguel de Los Jagüeyes, Estado de México; comandante la Fuerza de Reacción y Alerta Inmediata de la Policía Federal y comandante de la 37 Zona Militar de Santa Lucía, Estado de México.

“Las mismas de la Policía Federal Preventiva. No es difícil para el Ejército hacer el trabajo, pero no contamos con el marco jurídico; le echamos ganas a lo que sea, pero no tenemos las facultades. Quien investiga es la Policía, nosotros no estamos facultados para investigar, por ejemplo, estamos como auxiliares de las autoridades estatales y municipales. Tiene que ser un poco en todo el ámbito de lo que están facultadas las policías…”.

La presencia militar creció de manera exponencial en el territorio mexicano, que estuvo o sigue bajo el dominio del crimen organizado.

En Coahuila, con el apoyo del Gobierno del Estado, se levantaron las instalaciones del 105 Batallón de Infantería en Frontera y en mayo se va a inaugurar el cuartel del Regimiento de Caballería en Piedras Negras.

También se construyen bases militares en Candela, Juárez, Hidalgo, Guerrero y Allende.

En Escobedo, Nuevo León, el viernes se inauguró la Cuarta Brigada de la Policía Militar en un complejo que comprende tres batallones de ese agrupamiento y uno de las fuerzas especiales del Ejército, con la idea de incrementar los patrullajes en el noreste del país.

Si bien las Fuerzas Armadas tranquilizaron las calles –por lo menos en Coahuila–, organismos como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) advierten que la militarización de la vida civil está ligada a la violación de las garantías individuales.

“La participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública aumenta las violaciones a los derechos humanos”, advirtió el organismo, quien cita ejemplos como el de Tlatlaya, Estado de México, y el de Jorge Mercado y Javier Arredondo, alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que en 2010 murieron durante un tiroteo entre militares y pistoleros.

En Coahuila también hay ejemplos que se deben destacar, como la violación masiva de mujeres en bares de la zona de tolerancia de Castaños, donde los responsables fueron militares asignados al resguardo de paquetes electorales en Monclova, en 2006.

“Nosotros creemos que puede haber varios cuerpos; si bien no la mayoría, sí varios, porque es un lugar donde los mineros se juntaban para echar el lonche”, le dijo a quien esto escribe un trabajador contratado por La Otra Obrera para restablecer las condiciones de la mina Pasta de Conchos que la madrugada del 19 de febrero de 2006 explotó con 78 mineros en su interior, a 700 metros de profundidad, de los que 13 lograron salir con vida, aunque con lesiones permanentes por quemaduras y golpes.

“Lo primero que teníamos que hacer era reintegrar la energía eléctrica para poder echar a andar la bomba extractora de agua que tenemos dentro de la mina y que nos ha permitido ir sacando el agua que había por la inundación”, explicó Mario Castillo, ingeniero especialista en instalaciones eléctricas.

Seis meses después de la peor tragedia minera en el México reciente, los intentos que de manera independiente a los concesionarios Grupo México y su filial Industrial Minera México empezaban a dar resultados para tratar de localizar, recuperar y llevar a la superficie a los 65 trabajadores atrapados bajo la tierra por el estallido.

“Nos encontramos con unos 350 o 400 metros inundados, desde la diagonal 17 hasta la nueve, pero hemos sacado la mayor parte del agua y consideramos que a más tardar en un mes vamos a secar por completo la mina. El trabajo que sigue entonces es sacar un caído (derrumbe) que está en la diagonal 17, pasarlo y llegar hasta la diagonal 20 o 21, soportando bien el techo y las paredes de la mina. La idea que tenemos es meterle soportes de acero, no de madera, como había antes del accidente, sino de acero. Vamos a meter un túnel de acero para que no haya problema y los trabajos se realicen con la mayor seguridad”.

Los obreros y especialistas que trabajaban en el rescate confiaban en que a unos 900 o mil metros de distancia en línea recta desde la plancha de la carbonera, se encuentran los restos de 20 o 25 trabajadores, pues la explosión ocurrió al filo de las 2 de la mañana, la hora en que por turnos se acomodaban en ese lugar para cenar, pero la posibilidad sólo quedó en eso, pues al poco tiempo la empresa consiguió autorización del Gobierno federal, entonces a cargo de Vicente Fox, para sellar la mina y cancelar de manera definitiva cualquier intento de rescate.

Dentro de dos semanas se cumplirán 10 años de la tragedia en Pasta de Conchos, y la esperanza y los reclamos de los deudos siguen siendo en torno a la recuperación de los 63 cadáveres que siguen adentro.

LETRAS SUELTAS…

Escribió Chelinho de Rivera, a propósito de Ciudad Ilusión, la Filias y Fobias de hace una semana:

“Gracias por tu nota, Leopoldo, en defensa de “los miserables de Víctor Hugo en #Saltillo”. ¿Qué no debería ser que, en estos –dolorosos– casos, hablando de algo que sí se pudiera esperar de este régimen antidemocrático bajo el cual vivimos, dijera la ley “con que regrese la comida que se robó queda libre”? Y aun la palabra “robo” es relativa aquí ya que, tomando en cuenta los precios de los artículos ¿quién es un verdadero rata? Y ya soñando lo imposible, ¿no sería mejor si la ley dijera “se le asignará un empleo para que trabaje y ya no padezca hambre?”.

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Hubo una época en la que los sicarios se desplazaban por las calles y carreteras de Coahuila sin preocupación de ser detenidos, pues en el menor de los casos la autoridad se agachaba, o volteaba la vista a su paso; en el peor, abanderaba su trayecto y les dejaba vía libre para secuestrar, extorsionar, amenazar, asesinar.

Por un tiempo los verdugos del crimen organizado ni siquiera se debieron preocupar por tener casas de seguridad o bodegas donde mantener cautivas a sus víctimas, torturarlas, matarlas y deshacerse de sus cadáveres desintegrándolos en ácido o incinerándolos con la ayuda de diesel y otro tipo de combustible dentro de tambos de acero, pues por lo menos en la frontera podían hacerlo dentro del Cereso de Piedras Negras, a donde podían entrar y salir a placer.

De acuerdo con una investigación de La Jornada, se pudo conocer sobre una indagatoria abierta en la Procuraduría General de Justicia del Estado respecto al asesinato de por lo menos 150 personas en el interior de ese reclusorio. Según las autoridades, la mayoría de las víctimas eran integrantes del crimen organizado, pero no todas, y ahora existe la versión respecto a que niños y mujeres pudieron haber sido torturados y exterminados ahí. De acuerdo con la investigación, los delincuentes secuestraban a sus víctimas en Piedras Negras, Nava, Guerrero y otros municipios de la zona norte; luego los llevaban al Cereso donde los torturaban, mataban y desintegraban.

“No hay indicios de que los occisos hayan sido sepultados en el interior del Cereso. En 2014 y 2015 la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas en Coahuila hizo revisiones de campo en los patios del reclusorio y no encontró información para asegurar que el lugar se convirtió en cementerio clandestino. Sin embargo, de manera extraoficial, se supo que policías y militares hallaron evidencias, como restos de tambos de acero y de combustible, de que el lugar se pudo utilizar para incinerar y desaparecer a personas secuestradas y asesinadas”.

Lo que pasó en Piedras Negras confirmó las versiones de familiares de personas desaparecidas respecto a la complicidad de las autoridades en la ola de desapariciones y asesinatos ocurridos en Coahuila entre 2008 y 2011, el periodo más terrible de violencia en la entidad.

“Es una atrocidad lo que hicieron. Saber que mataron a 150 personas dentro de un penal es increíble, pero ahora queremos saber quiénes eran y dónde están; es lo que queremos saber y eso lo debe aclarar la autoridad”, demandó la profesora de Secundaria Silvia Ortiz Solís, quien desde la asociación civil Grupo Vida coordina acciones de búsqueda de desaparecidos, incluyendo el de su hija.

Según la PGJE hay ocho personas detenidas y sujetas a proceso penal por los hechos en la cárcel fronteriza.

De manera extraoficial se sabe que algunos son expolicías y sicarios, pero es difícil de creer que la estela de corrupción y de omisiones no llegara a quienes tuvieron a cargo la seguridad de los coahuilenses y al de evitar que las cárceles se convirtieran en campos de exterminio.

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Diciembre de 2016 será clave para la sucesión gubernamental en Coahuila.

Justo dentro de un año, quienes aspiren a ser candidatos a Gobernador y ocupen una responsabilidad pública deberán renunciar o retirarse con licencia para que legalmente se les considere elegibles.

La lista visible de aspirantes es larga, tanto en las dos principales fuerzas políticas, como de quienes en determinado momento buscarían el cargo por la libre o con la representación de partidos estatales.

La próxima elección para Gobernador se efectuará el 4 de junio de 2017 y el Código Electoral establece que los servidores públicos interesados en contender deberán dejar el cargo cuando menos seis meses antes.

Dentro del Partido Acción Nacional los militantes y dirigentes observan a cinco aspirantes, aunque sólo uno con posibilidades reales al tener de su lado a la mayoría de los consejeros estatales.

Se trata del exsenador y exdiputado federal Guillermo Anaya Llamas, quien llegará a la contienda interna con más de seis años de campaña por las distintas regiones del estado.

Pero también hay panistas que impulsan a Isidro López Villarreal, aun cuando admiten que el peor enemigo del propio Alcalde de Saltillo es él mismo, pues se empeña en promover políticas públicas que procuran la economía de sus amigos y de su familia, pero afectan a la mayoría de la población.

Un ejemplo: el sistema de recaudación a través de las fotomultas, el cual se implementó sin la necesaria campaña de concientización vial, violó distintas leyes por la manera en que se garantiza su aplicación.

es decir, a través de retenes y operativos hasta en las viviendas de los supuestos conductores correlones. Todo lo necesario para favorecer a una empresa que accedió al contrato sin licitación.

Otro alcalde panista con aspiraciones para la Gubernatura es el de Monclova. Gerardo García Castillo se cree con los tamaños políticos suficientes para disputar la nominación a los grupos Torreón y Saltillo, pero al igual que Isidro, enfrenta señalamientos por corrupción, falta de transparencia gubernamental, así como ocurrencias y caprichos políticos.

Silvia Garza Galván es una senadora exitosa. Originaria de Monclova, preside la Comisión Especial de Cambio Climático y coordina la comisión de Desarrollo Sustentable en la dirigencia nacional del PAN.

Hasta ahora no ha descuidado su función legislativa, pero eso no significa que no teja relaciones al interior del CEN de su partido y en las distintas regiones de Coahuila.

Luis Fernando Salazar Fernández es el más joven de los actuales aspirantes panistas. Es secretario de las comisiones de Desarrollo Social y Protección Civil del Senado de la República y además se desempeña como vicecoordinador de Relaciones Exteriores del Grupo Parlamentario del PAN.

Salazar mantiene presencia electoral a través del tema de la deuda bancaria que heredó la actual Administración estatal y hace poco sorprendió a distintos grupos dentro de su partido, pues anunció su interés por conseguir la candidatura para gobernador, aun cuando esa misma posición la busca Guillermo Anaya, su jefe político.

Como nunca, el proceso de sucesión en Coahuila se anticipó y a un año de las definiciones, estos son los perfiles del Partido Acción Nacional que vale la pena seguir, sin olvidar que precisamente por el futurismo político en ciernes, la lista de aspirantes en cualquier momento puede crecer.

Octubre de 2007. Fanny se encuentra en buenas condiciones de salud y radica desde hace tiempo en Estados Unidos, donde tiene una identidad distinta. Versión de la socióloga Alicia Pérez Duarte, fiscal especializada en la atención de los delitos contra las mujeres, de la Procuraduría General de la República (PGR).

Diciembre de 2015. Fanny está viva y radica en Estados Unidos, donde tiene una identidad distinta, versión del abogado especialista en asuntos electorales, Homero Ramos Gloria, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Silvia Ortiz, coordinadora de Grupo Vida –donde se agrupan familiares de personas desaparecidas– y madre de Silvia Stephanie Sánchez, ausente desde hace 11 años, refutó las declaraciones del procurador, pues son las mismas que hace ocho años Pérez Duarte lanzó sin tener ningún elemento para probarlas.

“Siento que a nosotros nos están vendiendo una película muy barata, una muy mala película que no me la puedo tragar y lo que deben hacer es ponerse a trabajar. En su momento, cuando salió la versión que sacó la doctora Pérez Duarte, fuimos al lugar, nos atendieron en Estados Unidos los marshall y el marshall nos ayudó a buscar allá y nos dice: dile a tu autoridad que no se
burle de ti”, dijo Ortiz. El procurador parecía convincente al comparecer esta semana ante diputados locales.

“Tenemos indicios significativos de que esta persona, la desaparecida, se encuentra en Estados Unidos; el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés) está trabajando actualmente con nosotros, tenemos la intervención de una persona que está dándonos información.

“Es una línea de investigación extremadamente sólida, llegamos a ella a través de meses de investigación. Solicitamos la cooperación de las autoridades norteamericanas, les dimos algunos datos y muy seguramente nos va a llevar a la conclusión de dónde está. Obviamente tiene una identidad diferente, pero sabemos que está residiendo en Estados Unidos”.

Preguntas obligadas: si la PGJE tiene “indicios significativos” de que se trata de Fanny, si estamos ante “una línea de investigación extremadamente sólida”, a la que los sabuesos de la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas en Coahuila llegaron “a través de meses de investigación” y si todo esto “muy seguramente” llevará a conocer la
ubicación y la nueva identidad de Fanny, como dijo textualmente el procurador, ¿por qué al día siguiente esa misma dependencia intentó por todas las formas posibles matar la propia versión del funcionario?

Es decir, un día Homero Ramos Gloria dice que están a un tris de resolver uno de los casos de desaparición involuntaria más emblemáticos, por la forma en qué ocurrió, sus posibles causas y el activismo que desarrolla la madre de la víctima, y al otro sus propios colaboradores lo desmienten.

En más de una ocasión ha quedado claro que para el gobernador Rubén Moreira, el de los desaparecidos es tema prioritario, pero quizá el Gobernador sea el único que se toma las cosas con seriedad. ¿En la Procuraduría estatal y en la Subprocuraduría cuándo se van a tomar en serio el tema de los desaparecidos? ¿Cuándo van a dejar de simular?

En Coahuila hay reporte de mil 642 personas que desaparecieron desde el año 2000 en acciones que la Procuraduría General de Justicia del Estado atribuye a la actividad de bandas del crimen organizado, y desde abril de 2012, cuando se creó la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, 3 mil 171 fueron encontradas con vida y otras 153 fallecidas.

“Es la mayor emergencia humanitaria que tenemos”, aseguró el gobernador Rubén Moreira Valdez, al comparecer ante los 25 diputados locales con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno.

Pero en este contexto el Gobernador dio a conocer un dato interesante sobre el principal ejemplo de la crisis de desaparecidos en Coahuila.

El Mandatario dio por concluidas las investigaciones en torno al caso Allende, donde cientos de habitantes desaparecieron durante la primavera de 2011 debido a la irrupción de una célula del crimen organizado para cobrar una venganza por un malogrado negocio de drogas.

“Temas como el de Allende, que son tan dolorosos, los acontecimientos de marzo (en realidad fueron en abril) de 2011 están resueltos, agotados y las personas en la cárcel”, expuso.

Prometió “no parar” en los dos años que le restan al frente del Gobierno de Coahuila para esclarecer las denuncias por desaparición, pues se trata de “una práctica ligada al narcotráfico” y “el principio para encontrar a las personas, es saber que faltan”.

El 18 de abril de 2011, cientos de pistoleros irrumpieron en Allende, municipio de la zona norte del estado, y como parte de una venganza saquearon, destruyeron e incendiaron viviendas y ranchos, y secuestraron y asesinaron a una cantidad no determinada de personas. Los sicarios arrasaron con familias completas.

El alcalde Luis Fernando Tapia aseguró en su momento que al menos 300 personas desaparecieron, pero la cifra oficial limita el problema a 28 desaparecidos; sobre 11 de ellos “se tiene la certeza jurídica de que fueron asesinados”, dijo el procurador Homero Ramos Gloria, y respecto al resto, se “desconoce el paradero”.

La Procuraduría detuvo a 12 personas involucradas en la masacre, algunos expolicías locales acusados de secuestro y homicidio calificado; están pendientes de cumplimentarse cinco órdenes de aprehensión y otros cuatro involucrados murieron en distintos hechos de violencia.

El Gobernador dijo que esos acontecimientos “están resueltos, agotados y las personas en la cárcel”, y si bien “ahí se asesinó a personas, Allende debe tener un año y medio sin homicidios”. Dentro de esta “emergencia humanitaria” que enlutó a cientos de familias en Coahuila, las autoridades presumen logros respecto a la reducción de los índices de inseguridad, entre ellos 82% las ejecuciones atribuidas al crimen
organizado.

Sin embargo, es importante no levantar bandera, pues como lo dijo el propio Gobernador, “el monstruo del narcotráfico no se ha ido, está al acecho y busca cualquier debilidad para regresar”.

Juan García Chapa, policía de carrera que en 2004 atrapó a Gerardo Busquets Casanova, infanticida y presunto integrante de una red internacional de pornografía infantil que purga condena de 20 años en el Cereso de Torreón, falleció el martes a los 65 años, en su casa de Lerdo, Durango, donde vivía con su familia.

En la Comarca Lagunera lo recuerdan como un servidor público honrado y valiente. “Era un buen tipo, muy buen policía; meticuloso y entrón, pero siempre caballero”, aseguró el reportero Arturo Aguilar, especialista en la fuente policiaca.

En el año 2000, el procurador Óscar Calderón Sánchez lo nombró fiscal especial en Torreón y, antes, como agente antisecuestros, fue entrenado en contrainsurgencia y antiterrorismo por el Mossad, en Israel.

El 2 de enero de 1999, Carlos Alberto Muñoz Valdez, de 12 años, fue asesinado por asfixia. La última vez que lo vieron con vida fue en el negocio de videojuegos de Busquets Casanova, un ciudadano de origen español que bajo la imagen de ese establecimiento escondía un laboratorio de pornografía infantil y juvenil.

Esclarecer el asesinato de “Carlitos” y despejar la red de protección que agentes del Ministerio Público y jueces crearon en torno a Busquets durante la última etapa del gobierno estatal de Rogelio Montemayor y la primera de Enrique Martínez, fue la encomienda inicial del fiscal García Chapa.

En el año 2002, García Chapa localizó en un deshuesadero el asiento de la camioneta donde el menor de edad fue trasladado desde el sitio donde lo asesinaron hasta en el que apareció su cadáver. El sillón pertenecía a una camioneta de Busquets y en él encontró hilos de la ropa que vestía la víctima cuando ocurrió el homicidio.

García Chapa fue tras el español, quien primero se refugió en Chihuahua y después en El Paso, Texas, pero no pudo conseguir la orden de aprehensión correspondiente. Busquets viajó a España y se asentó en Gerona, donde en 2004 el fiscal coahuilense lo localizó luego de rastrear en sitios de internet sobre pornografía infantil, en una época donde el uso de internet era incipiente y las redes sociales todavía no
formaban parte de la vida común.

Notificó a sus jefes de la PGJE sobre el hallazgo, pero por alguna o muchas razones que todavía son un misterio, ignoraron la información que proporcionó y le impidieron la posibilidad de trasladarse a Europa para tratar de tener contacto visual con el fugitivo y planear su detención.

No obstante al desamparo oficial, el jefe policiaco notificó sobre lo ocurrido al Consulado español en Monterrey, quien por tratarse de pornografía infantil pidió la intervención de la Interpol y en septiembre de ese año Busquets fue detenido en Gerona. En 2005 se le extraditó a México y desde entonces está preso en el Cereso de Torreón. En 2006, una juez lo condenó a 20 años de prisión.

Juan García Chapa fue teniente de la desaparecida Policía Federal de Caminos y su gusto por la música lo combinó con cargos de jefe policial en Lerdo y Gómez Palacio, Durango, así como en Torreón y Saltillo. En la Laguna fue comandante regional de la desaparecida Policía Ministerial del Estado, pero finalmente perdió la lucha en contra del cáncer.

El comandante “Chapa”, como lo recuerdan sus amigos, de seguro anda tras alguna pista en otras latitudes.

La reforma a la Constitución Política mexicana que se publicó el 10 de febrero en el Diario Oficial de la Federación considera la necesidad de empatar las elecciones federales con los comicios estatales. La medida será paulatina, pero el primer paso se deberá tomar en los comicios de 2018, cuando van a elegir presidente de la República, senadores y diputados federales.
En Coahuila, el Gobierno y legisladores locales determinaron que los primeros comicios en empatarse con los federales serán los de ayuntamiento, pero para ello es necesario acortar el periodo de cuatro a tres años en el ejercicio municipal y establecer un periodo de transición denominado en el ambiente legislativo como minialcaldías.

Así, en 2017, en Coahuila se van a elegir gobernador y alcaldes, y en el caso de estos últimos, la función será por única vez para un periodo de un año, de tal manera que en el proceso eleccionario federal de 2018 los comicios de ayuntamientos estén al parejo en las fechas con los federales.
El 14 de agosto, el Congreso Estatal aprobó modificaciones a la Constitución Política local, precisamente para adecuar el marco normativo propio con el federal. La reforma constitucional está en proceso, pues debe tener el visto bueno de al menos 20 de los 38 ayuntamientos y el trámite justo en esto va.

La “armonización” del marco jurídico electoral también considera la reelección de legisladores hasta por cuatro periodos, y la de ayuntamientos en el periodo de mandato inmediato y es justo esto último lo que sería el atractivo para quienes decidan contender por las alcaldías para el periodo de un año, pues estarían en condiciones de reelegirse en 2018.
Otros aspectos que considera la reforma constitucional es el del voto de los coahuilenses en el extranjero y que, por ningún motivo, exista sobrerrepresentación de los partidos políticos en la Legislatura, salvo cuando un sólo organismo se lleve carro completo, como ocurrió con el PRI en los últimos comicios estatales.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila desaparece y se convertirá en el Instituto Electoral de Coahuila, integrado por consejeros cuyos perfiles son evaluados y serán designados por el Instituto Nacional Electoral.
La modificación legal también considera un cambio en la fecha en que habrá de celebrarse la jornada electoral, la cual se llevará a cabo el primer domingo de junio del año correspondiente.
La equidad en la selección o asignación de candidatos es otro tema vigente, de tal manera que “en la postulación y registro de los candidatos a integrar los ayuntamientos, los partidos políticos garantizarán la paridad horizontal y vertical para el registro de candidatos de mayoría y representación proporcional”, señala la legislación.

Para garantizar la paridad de género, añade, “las listas de candidatos a integrantes de los ayuntamientos que presenten los partidos políticos se registrarán en tres segmentos conformados por los municipios en los términos que señale la ley. La lista alternará los candidatos de distinto género hasta agotar la lista correspondiente iniciando en el candidato o candidata a presidente municipal”.
La modificación constitucional valida además las candidaturas independientes para cualquier cargo de elección popular.

Los 38 ayuntamientos de Coahuila tienen menos de tres meses para incorporar a sus empleados en algún sistema de pensiones, y si bien el tiempo apremia, en 34 de ellos no hay registro de avances en el procedimiento que deben cubrir a más tardar el 15 de enero próximo.

El problema no es menor, pues si la disposición no se cumple por omisiones, o de manera deliberada, el Congreso local puede proceder en contra de los alcaldes y otros funcionarios municipales con un juicio político.

De acuerdo con el auditor superior del Estado, el tema debe mantener preocupados a los alcaldes incumplidos.

“Los ayuntamientos se tienen que sujetar a los lineamientos de la Ley para la Implementación de los Sistemas de Pensiones de los Municipios que desde agosto del año pasado los obliga a iniciar procedimientos para que todos los empleados municipales estén dentro de algún sistema de pensiones, ya sea propio o de la seguridad social”, expuso.

De los 38 gobiernos municipales, sólo Torreón, Saltillo y Piedras Negras tienen fideicomisos de pensiones. Este último recién se incorporó con la aprobación del Congreso local.

Además, los fideicomisos de Ramos Arizpe y Ciudad Acuña están en estudio, pero deben acelerar el paso para cumplir a tiempo, porque la fecha límite es el 15 de enero.

Monclova, el otro de los municipios con más carga burocrática, la ASE no tiene informe sobre avances. “No sabemos cómo le vayan a hacer para cumplir en tiempo y forma”, indicó Plata Sandoval.

El resto de los municipios se encuentra en situación similar y la alternativa es crear fondos de pensiones propios, o incorporar a sus empleados en el régimen del IMSS.

Los avances se deben reportar a la Auditoría Superior del Estado, o bien al despacho externo Valuaciones Actuariales del Norte.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos estatales y municipales faculta al Congreso del Estado para proceder con juicio político en contra de los funcionarios que no cumplan con la ley.

“Quienes estén omitiendo intervenir en este proceso pueden tener responsabilidades administrativas, pero también responsabilidad política; el alcalde y los integrantes del Ayuntamiento están obligados a cumplir con las disposiciones del Congreso del Estado, y tan responsable es el que no hace, como el omiso.

“El ayuntamiento, no sólo el alcalde, tienen que cumplir, y si para el 15 de enero no se tiene cabalmente constituido el fideicomiso en cada municipio, nosotros tenemos facultades para promover la aplicación de responsabilidades de todo tipo, incluso la política”, aseguró el auditor.

En la administración pública lo que no se vale es argumentar que no se cumplió con alguna obligación por desconocimiento.

Los alcaldes avisados están por la Auditoría Superior del Estado. Después de esto no se valen las quejas.

“Muchas veces nos dan el pésame, pero no sabe uno cómo vivir el día, si llorar por alguien que ya murió o llorar por alguien que nos está esperando…”, le dijo a quien esto escribe Elvira Martínez Espinoza, cuyo esposo, Jorge Vladimir Muñoz Delgado, murió junto a otras 64 víctimas dentro de la mina de carbón Pasta de Conchos.

Habían pasado dos meses del estallido que, según Grupo México y su empresa subsidiaria Industrial Minera México, derrumbó la excavación y acabó con la vida de los 65 mineros, versión que no se pudo comprobar porque, respaldados por el Gobierno Federal, los empresarios clausuraron la mina y sepultaron, a 700 metros de profundidad, la verdad sobre lo que ahí ocurrió la
madrugada del domingo 19 de febrero de 2006.

“Tengo a mi marido allá adentro, y lo que siento es desesperación por los dos meses que han pasado, y seguimos en la misma situación. Estamos solos, nos sentimos solos”, narró una noche, mientras junto a otras viudas, madres, hermanos y huérfanos de los trabajadores aguardaba noticias en el campamento de los familiares, a unos metros de la bocamina por donde entraron las 65
víctimas a laborar el tercer turno.

“Nuestra preocupación es que nos entreguen a nuestros familiares para poder empezar un duelo, como debe ser”, señaló, consciente de que para entonces la esperanza de vida había desaparecido de Pasta de Conchos.

“Si no tengo su cuerpo enfrente, ¿a quién le lloro? No puedo llorar. Él no está. Vladimir no está. ¿A quién le lloro?”, le dijo después a la periodista Soledad Jarquín Edgar, reportera de la agencia CIMAC Noticias.

Las palabras de Elvira siempre tienen fuerza. Es una mujer íntegra, la única viuda que no aceptó la indemnización de 750 mil pesos que extendió la empresa, y se toman como referencia en un momento donde la desviación periodística alteró a los sobrevivientes de la mina y a la comunidad carbonífera en general, sobre la posibilidad de que Pasta de Conchos reabra para volver a ser
explotada.

Sin fuentes informativas de por medio, con la limitación de conjeturas de su reportero, el periódico capitalino Reporte Índigo aseguró que de un momento a otro Grupo México reabrirá la mina para volver a extraer carbón.

Mentira. Pasta de Conchos no puede volver a funcionar como tal porque es el cementerio, muy a pesar de las familias, de 63 trabajadores cuyos restos no fueron recuperados, y además porque desde hace cinco años la Secretaría de Economía del Gobierno Federal quitó a Grupo México y a Industrial Minera México, la concesión sobre ese yacimiento.

¿Qué el poderoso Grupo México no tiene otros terrenos y minas en la Región Carbonífera? Cierto.

¿A caso de esas minas no saca carbón? También lo es.

¿Qué Grupo México, a través de prestanombres, no opera la planta lavadora de carbón localizada en la superficie de Pasta de Conchos? Cierto también, pero lo que no es verdad es que a ese socavón volverán a ingresar mineros para arañar la tierra a costa de su vida, como pasó hace casi 10 años con el esposo de Elvira.

El martes 11 de septiembre de 2007, La Jornada publicó a ocho columnas: “Toda la gente voló... todos”. Un juego de baterías descargadas salva a fotógrafo; ve morir a tres compañeros...

Al periodista Jesús Meza González un descuido le salvó la vida. La noche del domingo, junto con otros tres reporteros de la fuente de seguridad pública, llegó al kilómetro 37 de la carretera federal número 30 a cubrir el choque de un tráiler cargado de explosivos y una camioneta, pero al pretender encender el flash de su cámara fotográfica se percató de que las pilas estaban agotadas. Se detuvo para buscar las baterías de
repuesto en su chaleco. Mientras lo hacía pensaba en que sus compañeros lograrían las fotos más oportunas del accidente. En ese momento la carga del tráiler explotó. Meza alcanzó a tirarse en el pavimento y sobre su cabeza volaron pedazos de los cuerpos de sus amigos. Los cadáveres de David Herrera, reportero de El Zócalo de Monclova; Andrés Ramírez, de La Prensa, y Carlos Ballesteros, de El Tiempo, quedaron
en fila, a un par de metros uno de otro.

Herrera terminó tendido boca abajo. En la mano izquierda sostenía su cámara digital y en la derecha el radiotransmisor donde escuchaba las frecuencias policiacas, las mismas a través de las cuales se enteró del accidente que llegó a cubrir, donde minutos después perdió la vida. Tenía 40 años, dos hijas y había dedicado la mitad de su vida al periodismo, siempre interesado en asuntos policiacos y de problemática social.

Andrés Ramírez era el más joven. Tenía 23 años y un día antes de morir nació su primer hijo. “Era muy amigable. A todo mundo saludaba y siempre estaba sonriendo”, recuerda el fotógrafo Fidencio Alonso. Ballesteros murió a los 26 años. Sus compañeros y amigos lo apodaban “La Cone”. Fue el primero en ser identificado por los brigadistas que acudieron al lugar del accidente.

Los tres forman parte del grupo de 28 víctimas del estallido. Gloria López, de 45 años de edad, originaria de Monclova, estuvo a punto de morir junto con 10 integrantes de su familia con los que viajaba por la citada vía.

Entrevistada en la sala de espera de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Buenaventura (municipio localizado a unos 15 kilómetros del lugar del accidente), contó que luego del choque el tráiler y la camioneta obstruyeron el paso. Bajaron del vehículo para ver el incendio que consumía ambas unidades. “Nos bajamos para ver el accidente, como toda la demás gente, pero nos arrimamos mucho a ver el
camión ardiendo y de repente explotó. Toda la gente voló... todos. Fue una cosa horrible. Era mucha gente la que estaba ahí viendo; había periodistas tomando fotos y policías tratando de ayudar a los que estaban dentro de la camioneta, y fue cuando todo explotó. Yo iba casi mero atrás con mis dos nietos, pero delante de nosotras iban tres hijas mías y otra nieta, la mayor. A ellas sí las alcanzó la explosión. Las aventó y
cayeron a un lado de la carretera...

La de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, Guerrero, no es una tragedia como otras. No lo es desde la condición de las víctimas: estudiantes, futuros docentes, hijos y hermanos en una de las comunidades más pobres del país, marginados y victimizados por toda autoridad.

Tampoco es común porque conforme pasa el tiempo está más en el ánimo y en el conocimiento ciudadano, y se eleva también con más dureza la indignación social y la exigencia a las autoridades para saber lo que realmente ocurrió.

A un año de distancia, 97 de cada 100 mexicanos tienen conocimiento sobre el caso de los normalistas desaparecidos y presuntamente asesinados por órdenes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, detenido junto a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, por vínculos con el crimen organizado.

La consultora Parametría realizó un ejercicio donde comprobó que el conocimiento de los mexicanos sobre la desaparición de los 43 normalistas se incrementa conforme pasa el tiempo y se agota la paciencia de las familias de las víctimas.

“En México existe un amplio conocimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda realizada en agosto de 2015 por Parametría, casi la totalidad de la población (97%) sabe de los lamentables hechos. Hemos dado seguimiento al tema desde octubre de 2014 y encontramos que apenas a un mes de haber ocurrido los eventos, el
92% de la población ya sabía de la desaparición de los estudiantes. Los niveles de conocimiento de la desaparición de los estudiantes han ido en aumento medición tras medición”, señala la consultora en el informe ejecutivo de su estudio.

Pero no sólo existe más conocimiento de los mexicanos sobre el caso Ayotzinapa. La incertidumbre sobre la versión oficial también crece conforme transcurre el tiempo. Según Parametría, más de 60% de la población nacional reprobó la versión del extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, respecto a que los 43 estudiantes fueron interceptados y asesinados por una célula del cártel
Guerreros Unidos, al mando de Abarca, que luego de incinerarlos en el basurero de Cocula, Guerrero, esparcieron sus cenizas en un río.

“La opinión pública, al igual que los padres de los normalistas, no cree la versión oficial que se ha dado sobre los hechos. Seis de cada 10 mexicanos no considera cierta la versión de la Procuraduría General, que indica que los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron asesinados y quemados, contra 36% de los entrevistados que sí cree dicha investigación.

“Un dato importante es que con el tiempo se ha incrementado el número de personas que desconfían de los datos proporcionados por el entonces procurador. Mientras que en noviembre de 2014 el 54% no creía en la versión otorgada, para febrero de 2015 ese porcentaje llegó a 68%, es decir, 14 puntos porcentuales más, y en agosto de 2015 se ubicó en 64%”, manifiesta Parametría.

A un año de distancia, lo único claro es que “La verdad histórica” del Gobierno federal sobre los hechos es falsa y que no se ve la manera en que el gobierno de Enrique Peña Nieto pueda dar certidumbre legal a las familias de los involucrados.

El periodista Arturo Rodríguez García escribió esta semana en la revista Proceso: “‘Es una decisión presidencial’, dijo a los deudos un solemne Jesús Murillo Karam sobre el rescate de los cuerpos de la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos. Era el 4 de julio de 2013 y el gobierno de Enrique Peña Nieto se estrenaba con promesas de cambio en la política de seguridad y derechos humanos.

“A tres años de distancia, la ‘decisión presidencial’ fracasó. Las causas que produjeron la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos seguirán siendo una incógnita. El compromiso para el esclarecimiento quedó en un carpetazo por prescripción de delitos que dejan en la impunidad a quienes tuvieron responsabilidad en la tragedia minera de 2006”.

Arturo Rodríguez conoce bien el tema, pues además de encargarse de la cobertura de la peor tragedia minera en México durante el presente siglo, es originario de Coahuila y tiene conocimiento profundo sobre la problemática social de éste y del resto de los estados que integran la zona noreste del país.

En su texto destaca la resolución del 1 de septiembre, donde la Procuraduría General de la República se desentiende de las investigaciones por homicidio que había ante la muerte de los 65 obreros en Pasta de Conchos y la desaparición de 63 de ellos, cuyos cadáveres permanecen sepultados, contra la voluntad de sus familias, en el socavón del ejido Santa María, municipio de San Juan de Sabinas.

La PGR se declaró incompetente para continuar con las indagatorias, aprovechando los argumentos legales y la promoción de amparos por parte de Grupo México, concesionario de la carbonera, que el domingo 19 de febrero de 2006, a las dos de la mañana, estalló y se convirtió en el cementerio de 63 obreros, pero como Arturo Rodríguez lo cita en Pasta de Conchos, otro fracaso de Murillo Karam, en realidad el
Gobierno de Enrique Peña Nieto nunca mostró voluntad para reactivar la búsqueda de los trabajadores, rescatar sus restos, entregarlos a sus familiares y determinar la forma en que murieron, con lo cual se esclarecería el caso.

Dentro de unos meses la tragedia en Pasta de Conchos cumplirá 10 años. Habrá manifestaciones de repudio, se alzará con más fuerza el reclamo de los familiares de las víctimas para la recuperación de los cadáveres; los políticos y gobernantes manifestarán su indignación y solidaridad con los deudos.

Como cada aniversario luctuoso, pero con la acentuación de que se llega a la primera década, grupos sociales pedirán que la muerte de los 65 mineros sirva para resolver las carencias y condiciones precarias e inhumanas en que siguen trabajando miles de coahuilenses que diario bajan a las minas, y la Iglesia católica, polarizada como está en Coahuila, por un lado apelará a la resignación y por otro cultivará las
exigencias de justicia.

Todo eso pasará en febrero próximo, pero por lo visto lo único que no ocurrirá es una acción definida del Gobierno mexicano para contratar a especialistas, entrar a la mina y sacar de los escombros la verdad que permanece enterrada a 700 metros de profundidad.

Hace una semana se publicó aquí mismo que por ley, los organismos sindicales en Coahuila están obligados a transparentar sus finanzas, datos administrativos y decisiones relacionadas con el liderazgo y la representación de sus agremiados. La legislación vigente considera multas para los líderes que incumplan. El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, responsable de aplicar la ley en este caso, tiene una empresa difícil. Como ejemplo, a continuación se cita una pieza de lo que en realidad es el sindicalismo en Coahuila y la manera de pensar de sus protagonistas.

“Yo no le tengo que rendir cuentas al Gobierno Federal, ni estatal, ni municipal, ni a los medios, ni a la sociedad; yo le tengo que rendir cuentas a mis agremiados”, atajó molesto el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) delegación Coahuila, Mario Enrique Morales Rodríguez, cuando quien esto escribe le preguntó, el 28 de febrero de 2013, sobre la necesidad de que los sindicatos se transparenten ante la sociedad y quienes
representan.

La charla con el dirigente obrero fue dos días después de que la profesora Elba Esther Gordillo, hasta entonces máxima dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue detenida por agentes de la PGR al ser acusada de desviar 2 mil 600 millones de pesos del gremio magisterial. “Este tipo de liderazgos –el de Gordillo– denostan al sindicalismo, a los dirigentes sindicales, de ahí que muchos de los medios generalicen cuando hablan de ellos.
Habría que ponerle pelos y señales cuando se tenga que hacer una acusación”, advirtió. Las entrevistas con Mario Enrique siempre son complicadas ya que intenta imponer a los reporteros las actitudes vigentes en su cacicazgo sindical que inició hace más de 30 años. Esta vez no fue la excepción y el mandamás de la CROC reviró con dureza.

– Además de Gordillo, la sociedad cuestiona a líderes sindicales que se eternizan en el poder, se le comentó.

“La gente es la que tiene la decisión, no es que se eternicen. Si la gente los quiere tener ahí, ahí estarán, y si la gente los quiere quitar, los van a quitar. Quien pone, quita ¿Ustedes estuvieron en 2010 en mi elección? ¿No? Pues qué lástima, porque vinieron cerca de mil 500 gentes de todo el estado. Esto no es que uno quiera, sino que la gente quiera y les digo: búsquenle, a ver qué líder es el que se enriquece y sáquenlo al balcón, por favor, y si soy yo, también”,
respondió molesto.

– ¿Cuánto tiene al frente del sindicato? “Treinta años, más los que se acumulen”.

– Su dicho de sólo rendir cuentas a los agremiados coincide con la postura de Elba Esther. “Pues si ella le rendía cuentas a sus agremiados y sus agremiados no se daban cuenta de que estaban siendo desfalcados, es problema de ese gremio”.

– Pero esto parece ser parte de la idiosincrasia del sindicalismo mexicano…

“No señor. Pero insisto, a quien le debemos rendir cuentas es a los que los aportan (las cuotas), no sé quien más tenga interés en ello y si es interés sano, además”.

– En el caso de la CROC, ¿qué sistemas de transparencia tiene hacia los trabajadores? “Rendirles cuentas”.

– ¿Pero con qué procedimiento? “Rendirles cuentas, rendirles cuentas, rendirles cuentas a ellos. ¿Cuál es el interés para que lo sepan ustedes? Se les rinde cuentas a ellos”.

El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) tiene ante sí la difícil empresa de someter a los organismos sindicales que reciben recursos públicos de Coahuila, del Gobierno federal o de los ayuntamientos para que transparenten sus finanzas e informes administrativos, y saquen a la luz datos que históricamente sus dirigentes han resguardado con ferocidad.

El artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales establece las obligaciones que los organismos sindicales deben cumplir en materia de trasparencia, y el plazo de gracia que les concedió la legislación vigente desde el 26 de agosto de 2014 venció en la última semana.

De acuerdo con el ordenamiento, “los sindicatos que reciban y/o ejerzan recursos públicos en el ámbito estatal o municipal deberán difundir a través de medios electrónicos su estructura orgánica en un formato que permita vincular, por cada eslabón de la misma, la remuneración mensual, marco normativo aplicable, nombre de los agremiados, toma de notas, directorio de los trabajadores del sindicato que aparezcan en la estructura orgánica, con nombre y fotografía;
domicilio, número de teléfono y, en su caso, dirección electrónica y de redes sociales del sindicato.

“El currículum de los trabajadores dirigentes que aparezcan en la estructura orgánica del sindicato; convenios y contratos que celebre el sindicato con cualquier persona de derecho público o privado; nombre, domicilio laboral y, en su caso, dirección electrónica del responsable de la unidad de atención; solicitudes de acceso a la información pública y las respuestas que se les dé; respecto de los contratos celebrados, un listado que relacione el número, fecha de celebración,
nombre o razón social del proveedor y monto del valor total de la contratación”.

Las siguientes obligaciones son las que seguramente causan más comezón a los involucrados, pues tienen que ver con el manejo de los recursos que reciben por su liderazgo, a cambio, según ellos, de representar los intereses de los trabajadores.

Se trata de “la entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino, incluyendo la asignación de personal; acta de la asamblea constitutiva; lista con el nombre de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios; estatutos debidamente autorizados; acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva; informes de ingresos y gastos realizados y los contratos colectivos de trabajo de sus agremiados”.

El consejero presidente del ICAI, Jesús Homero Flores, aseguró a quien esto escribe que está consciente de la difícil tarea de convencer a los dirigentes sindicales de la importancia de transparentar la información, y también sabe que la resistencia será mucha.

El ICAI tiene de su lado la ley, que considera multas económicas por arriba de 100 mil pesos para los incumplidos; cuenta además con el respaldo del Gobierno del Estado y del Poder Legislativo, y con la necesidad de la población en general, y de los trabajadores en particular, para conocer el destino de sus cuotas sindicales y de los recursos públicos que sus representantes reciben.

La transparencia llegó prácticamente a todos lados: gobierno, medios de comunicación, dependencias públicas y privadas, organismos para estatales, escuelas y asociaciones civiles que se financian con recursos del erario. El capítulo pendiente está en los sindicatos y sus dirigentes están dispuestos al pataleo, lo que mejor saben hacer.

Como estaba previsto, el viernes 28 de agosto se presentó en el Museo de Las Aves de Saltillo el libro Tic Tac, compendio de textos redactados por presos del Centro de Reinserción Social varonil de Saltillo, como parte del taller de escritura y periodismo El Ojo Derecho de Polonio. Se trata del primer proyecto de capacitación de su tipo, y también de la primera obra literaria hecha por internos de un reclusorio en México.

La capacitación fue permanente durante dos años con la gestión de la Diócesis local, la disposición de periodistas, escritores, dramaturgos, ilustradores y expertos en educación, entre otros, y la paciencia de quienes, aún tras las rejas, tuvieron valor e interés en ser protagonistas de cambiar la historia del sistema penitenciario en el país. Por el resultado también merece la pena reconocer la disposición de las autoridades para permitir la organización de los internos y el
ingreso semanal de los talleristas al reclusorio.

En la presentación de Tic Tac participó Óscar Castelnovo, periodista argentino que dirige la Agencia para la Libertad, órgano de información independiente especializado en temas penitenciarios. En su exposición, Castelnovo dio a conocer algunos datos duros que reflejan la importancia del acceso de las universidades y de la docencia especializada a los centros de internamiento. Destacó que en los reclusorios de Argentina, donde existen proyectos de capacitación
intelectual para los presos, la tasa de reincidencia es de 7%, y de casi 60 donde no se aplica la vigencia de ese derecho.

En México, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario (INEGI, 2014), sólo tres de cada 10 presos tienen acceso al sistema educativo y ese porcentaje es uno de los más bajos en América Latina.

De acuerdo con la información disponible de la Comisión Nacional de Seguridad, en el país hay 213 mil 682 reclusos (con datos al cierre de 2013); 30.3%, que significa que 64 mil 66 “se encontraba estudiando”; 117 mil 723 (55.1%) ejercía “algún tipo de actividad ocupacional” y 30 mil 704 (14.4%) se dedicaba “a otro tipo de actividades”, sin especificar cuáles.

Fuera de los estudios sociales que existen respecto al tema, es evidente que el sistema de reinserción social en México es un fracaso, pero las autoridades tienen frente así la posibilidad de cambiar las cosas, y El Ojo Derecho de Polonio es una muestra de lo que se puede hacer si de manera organizada y sistemática se permite el acceso de los presos a la educación profesional.
La mayoría de los protagonistas de este primer taller de escritura y periodismo en México sabía leer y escribir, y hubo algunos cuya capacidad intelectual se desbordaba en cada módulo. También se dio el caso de quien jamás había hojeado un libro, o del que con dificultad era capaz de escribir su nombre. Se trata de individuos que al paso de dos años redactaron crónicas, entrevistas, cuentos, noticias, poemas y hasta obras de teatro que se pueden disfrutar en el libro
de marras.

Si ellos pudieron involucrarse en este proceso de capacitación y de verdadera reinserción social, allá adentro hay muchos más que están en espera de una oportunidad.

El Ojo Derecho de Polonio es un taller de escritura y redacción que desde hace dos años se puso en marcha en el Cereso varonil de Saltillo, como parte de un ejercicio de la diócesis local para contribuir a la reinserción social de los internos.

La primera etapa del proyecto culminará el próximo 28 de agosto con la presentación del libro Tic Tac, compendio de entrevistas, crónicas, reportajes, cuentos, ensayos y poemas redactados por algunos de los reos.

A manera de conocer sobre el proyecto y en reconocimiento a Jackie Campbell, quien lo ideó y funge como coordinadora, y a los talleristas que lo hicieron posible.

A continuación se reproduce un texto elaborado por quien esto escribe, el cual aparece en la contraportada de la publicación que se hará pública en las instalaciones del Museo de las Aves, a las 19:00 horas, en la fecha descrita.

“¿Y no quieren ustedes que el taller se llame El Ojo Derecho de Polonio? Al menos no dice nada de rejas, ni de grilletes, ni de cosas obvias, ni títulos trillados. ¿Quién se anima a decir que sí? ¿O que no? ¡Venga! Que yo sigo intentando pensar”, nos dijo Jackie Campbell a quienes durante días discutimos sobre el nombre del proyecto.

Hubo una terna: Rejas libres, Para no morir dos veces y Vivir para contarlo. La decisión sobre la primera propuesta fue prácticamente unánime, salvo una adicional que Jesús Peña presentó en el último momento: “Libertad bajo palabra”, como el poemario de Paz.

El caso es que ninguno de los cuatro nombres gustó a los miembros del comité gubernamental de reclusorios, quienes después de la insistencia, y de ver que se cumplieron los requisitos de seguridad y pedagogía, dieron luz verde a la posibilidad de llevar instrucción a los presos, en un intento por abonar a su reinserción social.

Sin embargo, les incomodó la idea de identificar el proyecto con las restricciones que a diario padecen los internos. ¡Qué paradoja!

En lo personal creo que el taller de escritura y redacción no pudo ser bautizado de otra manera. Nadie mejor que Polonio para reflejar la hazaña cotidiana de sobrevivencia dentro del sistema carcelario. Nada más realista que El Apando para dibujar la cruda rudeza dentro de los penales. ¿Quién mejor que Revueltas para denunciar lo que en carne propia vivió?

El taller de escritura y redacción empezó a tomar forma en junio de 2013 con la convocatoria a los talleristas, la asignación de los temas para cada módulo, y la selección de literatura y respaldo pedagógico.

El 25 de septiembre de ese mismo año llegó la buena noticia, y el taller habría de iniciar cinco días después.

Casi todas las decisiones fueron colegiadas, pero hubo algunas cuya premura llevaron a Jackie a resolverlas sin consulta previa con el grupo, como la duración de cada módulo y la necesidad de garantizar que los compañeros tomaran algo de alimento antes de ingresar al aula.

“Hoy me enteré que los muchachos llegarían al taller sin bañarse ni desayunar, pues antes de las 8 de la mañana no tienen acceso a agua, ni a su desayuno. Y sin consultarles a ustedes decidí esta mañana que el horario será de 9 a 11 horas, con que espero estén de acuerdo.

Esto refuerza la idea que alguna persona sugirió de contemplar algún dulce, fruta, o bebida que sirviera de energía para los internos que participen en el taller”, nos dijo Campbell. 

En las semanas previas al inicio del curso la convocatoria se colocó en los pasillos y patios de la cárcel y el resultado nos sorprendió, pues más de 50 internos mostraron interés en participar.

Las autoridades limitaron el grupo a 25, y finalmente el taller empezó con 31; la mitad permaneció hasta el final. La cita fue cada lunes por la mañana y a la vuelta de dos años el éxito del taller se puede medir con el desarrollo académico de los internos, la calidad de sus textos y la posibilidad de saber que tras las rejas y muros hay una vida en desarrollo.

No sé si se logró contribuir a mejorar la condición humana de los participantes, pero estoy seguro de que El Ojo Derecho de Polonio nos permitió revelar capacidades y valores que ahí estaban y no sabíamos apreciar.

¡Enhorabuena! A seguir tallereando.

El Poder Judicial de Coahuila depositó 92 millones de pesos en la Sociedad Financiera Popular Ficrea, y de ese total 89 millones corresponden a fianzas y multas que, de ser reclamadas, no habría manera de reponer, pues el fondo de inversión, como se sabe, quebró hace poco menos de un año.

El caso se ventiló en noviembre de 2014 y en el inicio de 2015 se conocieron detalles sobre la magnitud del fraude en Coahuila, pero es fecha que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Gregorio Alberto Pérez Mata, no aclara sobre la decisión que llevó al Poder Judicial a invertir recursos públicos en una sociedad de inversión fuera de lo común.

De acuerdo con el magistrado Juan Antonio Martínez Gómez, de los 92 millones de pesos, 3 corresponden a fondos propios del Poder Judicial que se consiguieron a través de intereses bancarios y el resto “es de fondos ajenos, que corresponde a los imputados que gozan de su libertad por la caución que depositan en el juzgado.

En un momento dado, si hay reclamo, no sé de qué se va a echar mano. ¿Qué va pasar si hay reclamo de una cantidad superior de esa cantidad que está depositada?” (La Jornada, 16 de enero de 2015).

Además de los 89 millones de pesos producto de fianzas y multas aplicadas por los juzgados, en el fraude de Ficrea están involucrados más de 3 millones de un fondo para capacitación, equipamiento de las instalaciones del Poder Judicial, estímulos económicos al personal y adecuaciones de infraestructura para poner en marcha el sistema de juicios orales.

“Tiene que resentirse, porque es un dinero del cual no se puede disponer y no sabemos para cuándo se vaya a solucionar esto, y no creo que sea a corto plazo; hay todo un procedimiento que se debe seguir y no creo que de la noche de la mañana se vaya a resolver, y de obtener la cantidad total, ojalá se pudiera; son 92 millones de pesos” (Infonor, 15 de enero de 2015), dijo el penalista.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) tiene en curso una investigación y su titular, Armando Plata Sandoval, anticipó que habrá castigo para los servidores públicos del Poder Judicial responsables de no haber prevenido el fraude. Sin embargo, el funcionario dejó en claro que el magistrado presidente Gregorio Alberto Pérez Mata no está dentro de las indagatorias, pues como presidente del Tribunal “no andaba depositando el billete” (Zócalo Saltillo, 1 de mayo de 2015).

“De antemano debo de advertir que debe haber sanciones; simple y sencillamente se perdieron valores gubernamentales y necesariamente hay responsables ahí. Estamos haciendo un estudio de los rendimientos que durante los años que estuvieron esos fondos en el Ficrea, y quiénes son los responsables de haber mal invertido esos fondos; las leyes son muy claras en el sentido de que los valores gubernamentales no pueden invertirse en valores de riesgo. Yo no señalo responsables, hay autoridades investigadoras que en
un momento determinado podrán decir quiénes fueron los responsables”, expuso.

A principios de julio pasado se supo de la destitución de Héctor Alvear Alvarado, oficial mayor del Poder Judicial del Estado, cuyo despido fue atribuido de manera extraoficial al fraude de Ficrea.

Sin embargo, está claro que la falta de información por parte del principal responsable del Poder Judicial y la tardanza en las investigaciones forman parte de una estrategia que pretende echar al olvido el tema.

Diputados locales se reunirán esta semana con alcaldes y tesoreros de los 38 ayuntamientos para anticipar los lineamientos a seguir al momento de diseñar el proyecto de ley de ingresos para el siguiente año.

No es que las autoridades municipales desconozcan el procedimiento, pues fueron parte de él en 2013, cuando estaban a punto de iniciar funciones, y luego en 2014, al definir los presupuestos para el año en curso. Lo que harán los legisladores es ponerlas al tanto de la expectativa de ingresos para 2016, cuando el país resentirá una caída en los ingresos por el desplome en el precio internacional del petróleo.

La economía mexicana está en el centro de un círculo vicioso: el precio del petróleo bajó, lo cual redujo los ingresos de divisas al país, lo cual llevó a la empresa Petróleos Mexicanos a disminuir la producción. Esto último significa que México venda menos combustible y, lo peor, barato.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó a los gobernadores que la reducción presupuestal para el siguiente año podría ser de 62 mil millones de pesos. “De ese tamaño es el boquete por la baja del petróleo”, dijo el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez.

“62 mil millones de pesos equivalen a dos puntos del IVA, y para nosotros representaría una baja de cuando menos 600 millones de pesos (para 2016)… Desde este año puede haber riesgo, porque si bien se aseguraron los ingresos del petróleo, no así de la producción, y como la reforma tardó en llegar, México empezó a declinar su producción, entonces tal vez a fines de este año tengamos algunas dificultades”, advirtió.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, José María Fraustro Siller, anticipó que ante la nueva realidad financiera, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos deberán reducir de manera importante sus gastos en nómina y rubros no elementales para el desarrollo de la comunidad, como viáticos y propaganda, y también “hacer ajustes en materia de obra pública y programas sociales; es algo que no se debe descartar”.

Para 2016, la Cámara de Diputados aplicará por primera ocasión el esquema de Presupuesto Base Cero que “consiste en revaluar cada uno de los programas y gastos, partiendo siempre de cero; es decir se elabora como si fuera la primera operación de la empresa, y se evalúa y justifica el monto y necesidad de cada renglón del mismo. Se olvida del pasado para planear con plena conciencia el futuro”, según define el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso de la Unión.

Este año, el Gobierno de Coahuila presupuestó egresos por 41 mil 800.6 millones de pesos, de los cuales 36 mil 11.9 millones corresponden a participaciones y aportaciones del Gobierno Federal. Para 2016, la expectativa de ingresos de los gobiernos municipales se debe basar en condiciones difíciles, no de estabilidad financiera, y menos aún de bonanza.

Ahora mismo hay ayuntamientos de Coahuila al borde de la quiebra, como el de San Pedro, cuyo alcalde Juan Francisco González González, del PRI, no encuentra la manera de sortear las deudas: 20 millones de pesos por cuotas rezagadas al ISSSTE y 9 millones más a la SCHP por no cubrir con oportunidad retenciones del Impuesto Sobre la Renta.

Por ello es importante que desde las autoridades municipales tomen decisiones en materia de disciplina financiera, se despeje cualquier posibilidad de despilfarro y se haga entender a los servidores públicos que el ajuste del cinturón será en serio.

@FiliasyFobias
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La nueva composición de la deuda pública del Gobierno de Coahuila tiene ventajas importantes en la reducción de intereses bancarios, pero incrementa la suma de los pasivos y no deja ver el momento en que se van a terminar de liquidar.

De acuerdo con la información disponible, la reestructura que se concretó el pasado 16 de julio disminuye el pago de intereses debido a la reducción en el número de bancos acreedores y a tasas menos agresivas. El Gobierno estatal destacó que el plazo para liquidar la deuda bajó de 30 a 23 años, y algo también importante es la liberación parcial de las participaciones federales y total de los ingresos por el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) como garantía de pago oportuno.

Los detalles sobre los acuerdos con los bancos se van a publicar en los próximos días, de acuerdo con el compromiso del gobernador Rubén Moreira, pero de entrada se sabe que en el refinanciamiento “participaron siete instituciones bancarias, seleccionadas a través de un proceso competitivo que permitió al Estado obtener las condiciones financieras más favorables del mercado actual”.

En 2011, cuando se conoció el monto real de la deuda de Coahuila, hubo registro de 12 acreedores bancarios y, en el reporte financiero de junio pasado, la Secretaría de Finanzas dio a conocer que tenía empréstitos con 13 bancos y financieras. Con el más reciente refinanciamiento, los compromisos se limitan a Banorte, Multiva, Santander, BBVA, Interacciones, HSBC y Banobras.

La administración de Rubén Moreira informó que la deuda se refinanció “con un plazo ponderado a 23 años” y una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de más 1.65. Gracias a ello, “la transacción generará ahorros netos para el estado por un monto estimado de 3 mil 100 millones de pesos por concepto de servicio de deuda durante la actual Administración (que finaliza el 30 de noviembre de 2017), y un monto estimado en 6 mil millones de pesos durante el periodo restante de los créditos”.

Lo anterior “equilibrará las finanzas y permitirá realizar proyectos de inversión pública dirigidos a incrementar la competitividad del estado”, además de generar la capacidad de reserva “para atender las obligaciones de fin de año relacionadas con el pago de aguinaldo”. La reestructura “además permitió liberar 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y 100% del Impuesto Sobre Nómina que se encontraban afectados como garantía de la deuda pública”.

El proceso de reestructura fue supervisado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, si bien desde la perspectiva de la Administración estatal los nuevos contratos tienen cualidades “únicas”, el monto del endeudamiento es mayor al original, no obstante las liquidaciones mensuales que se hacen desde septiembre de 2011.

Según registros de la deuda pública, en la Secretaría de Finanzas, en enero de 2013, los pasivos eran por 35 mil 93 millones 323 mil pesos, considerando 582 millones 628 mil de reservas presupuestales. En el reporte de junio pasado, el total de los créditos se ubicó en 36 mil 385 millones 414 mil pesos, a razón de 33 mil 951 millones 89 mil pesos en deuda bancaria, y 2 mil 434 millones 325 mil a proveedores y contratistas.

El nuevo monto de la deuda, según el Gobierno estatal, asciende a 36 mil 767 millones, es decir, una cantidad superior a la que se tenía en un principio.


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Twitter: @FiliasyFobias

Entre 2011 y 2013, más de 2 mil 700 policías municipales y estatales fueron dados de baja en Coahuila por no acreditar las pruebas de control y confianza, por su evidente relación con el crimen organizado o comprobarse que participaron en actos de tortura y abuso de autoridad.

Autoridades estatales y municipales aseguran que la nueva policía en Coahuila se encuentra limpia de infiltraciones de la delincuencia, y lo sostienen con el resultado de evaluaciones a cargo de organismos ciudadanos como Causa en Común, pero aun así hay al menos un municipio sin policía propia porque los agentes fueron acusados de colaborar con los criminales y permanecen presos.

La asociación civil Causa en Común reportó que al 28 de febrero de 2015, los 3 mil 9 policías estatales y 2 mil 675 municipales en funciones acreditaron los exámenes de control y confianza. En la entidad sólo hay un mando operativo estatal y seis municipales que están en activo sin haber aprobado la certificación.

En los números, Coahuila es el estado con más avance en el proceso de evaluación y certificación policial y sus números contrastan con los de entidades como Baja California Sur, donde 32 mandos estatales que significan 42% están en activo no obstante a no tener la certificación correspondiente; o Sinaloa, donde casi la mitad de los mandos de policías municipales siguen en el cargo aun cuando no pasaron las pruebas de confiabilidad.

En esta entidad, cerca de 2 mil policías fueron despedidos entre 2011 y 2013, luego de que se comprobó su relación con células del crimen organizado, a quienes daban protección a cambio de sumas de dinero que iban desde 8 mil, hasta 300 mil pesos mensuales, dependiendo del nivel jerárquico y el grado de impunidad que podían garantizar. El resto de los agentes policiales despedidos no pasó las pruebas por falta de aptitudes, por no acreditar exámenes físicos, por comprobarse su adicción a las drogas o casos de tortura y abuso de autoridad.

Si bien en sus registros el Sistema Nacional de Seguridad Pública asegura que todos los policías estatales y municipales de Coahuila son confiables, la realidad es distinta. El viernes 19 de junio, agentes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de la Comisión Estatal de Seguridad, detuvieron a los nueve integrantes de la Policía Preventiva de Villa Unión, cuando presuntamente recibían el pago por los servicios de espionaje que prestaban a una célula del crimen organizado.

Los policías fueron detenidos cerca de la Alcaldía, junto a tres presuntos sicarios del crimen organizado que les entregaron una cantidad no específica de dinero. Una semana después, el Juzgado Penal de Piedras Negras consideró que existen elementos de prueba suficientes para procesarlos por el delito de facilitación delictiva, conocido en el lenguaje policial como halconeo.

A la hora de infiltrar los cuerpos policiales, la delincuencia no distingue colores ni siglas. Entre los policías detenidos en Villa Unión destaca Román Fuentes Muñiz, de 41 años, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública Municipal y es hermano del Alcalde de Villa Unión, Ezequiel Fuentes, quien llegó al cargo postulado por el Partido Acción Nacional.

Lo ocurrido en Villa Unión muestra que en materia de seguridad pública y de garantías de la Policía hacia los ciudadanos, nada está escrito todavía.

La fracción panista del Cabildo de Saltillo autorizó durante la semana el incremento de un peso a la tarifa del transporte público, cuya vigencia inicia este domingo. Se trata de una medida sin sentido para los miles de usuarios que deberán destinar más presupuesto familiar para cubrir la necesidad primaria de trasladarse a su centro de trabajo, escuela o casa.

La nueva imposición se veía venir, no desde que el alcalde Isidro López Villarreal anticipó hace tres meses que inició negociaciones con los concesionarios del transporte urbano, sino desde el arranque de su administración. De hecho, una de las primeras decisiones de Isidro López como alcalde fue ceder a las presiones de los transportistas y afectar a trabajadores, estudiantes y amas de casa, para quienes el sistema colectivo es la única manera de desplazarse.

En el umbral de su gobierno, López echó abajo el sistema de transporte Saltibus, que con aciertos y errores diseñó y puso en marcha su antecesor, el ahora diputado federal electo, Jericó Abramo Masso. El proyecto creció a contracorriente en la anterior administración debido a la oposición de los concesionarios, quienes fueron obligados por la autoridad a invertir en la adquisición de unidades modernas, capacitación de choferes, y en la compra e instalación del sistema
de prepago que permitía a los ciudadanos acceder a tarifas preferenciales.

El SaltibÚs empezaba a funcionar cuando López llegó al cargo. Había rutas troncales con unidades que los usuarios identificaban con facilidad; los recorridos eran sincronizados, y sin necesidad de transbordar era posible viajar cómodo y seguro de un extremo a otro de Saltillo, o tomar una ruta alimentadora desde las colonias más alejadas, hasta encontrarse con las unidades nuevas en las vías rápidas. El Saltibús coincidía con los estándares internacionales de
movilidad urbana y permitía a la capital de Coahuila acceder a subsidios para perfeccionar el sistema de transporte.

Los detractores del Saltibus argumentaron que el servicio era confuso y los usuarios tardarían en acostumbrarse a los nuevos itinerarios; anticiparon la quiebra de los transportistas debido al empalme de las nuevas rutas con las tradicionales, y hasta hubo reclamos porque los operadores conducían las unidades a velocidad moderada.

El SaltibÚs pudo o no tener éxito, pero eso jamás se sabrá, pues al llegar al Ayuntamiento de Saltillo, Isidro López y sus afines en el Cabildo lo derribaron con el argumento de dar tiempo a los transportistas para encontrar una alternativa mejor.

Malo o bueno, había un plan en marcha, y a un año y medio de la actual administración solo existen los viejos problemas del transporte: unidades en malas condiciones mecánicas que contaminan sin empacho la ciudad; choferes sin criterio, ni respeto para los pasajeros, accidentes viales, algunos fatales, protagonizados por los transportistas, y un servicio cada vez más caro y deficiente.

Antes había un plan, y en el Gobierno de Isidro López lo vigente es el incremento a las tarifas, y la histórica promesa de los concesionarios para dar a los saltillenses “el servicio de transporte público que merecen”.

Más allá de la frivolidad en los contenidos de Facebook, Twitter y otras plataformas cibernéticas, hay quien encontró en las redes sociales el vehículo eficaz para convocar a la comunidad a causas relevantes, como ocurrió con la caminata masiva del martes 30 de junio en Monclova.

Según los organizadores, el encuentro reunió más de 15 mil personas que marcharon por las principales vialidades para reclamar al gobierno federal medidas emergentes para evitar la debacle de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), la principal fuente de empleo en la zona.

La importancia de AHMSA para la vida económica de la región centro de Coahuila se puede medir con la cantidad de empleo formal que genera. Ahí laboran alrededor de siete mil trabajadores sindicalizados, a razón de cuatro mil en la planta siderúrgica uno, y tres mil en la dos.

Además, están incorporados siete mil empleados de confianza que desarrollan labores administrativas, de seguridad y logística, entre otras, y otros cinco mil obreros de empresas externas encargados de trabajos de construcción, mantenimiento y limpieza. Estas cifras corresponden únicamente a empleos directos. A esos números se deben agregar otros ocho mil empleos con plazas sindicalizadas de Grupo Acerero del Norte en las regiones del semi desierto, carbonífera y cinco manantiales, con la operación de las minas que proveen a AHMSA de materia prima para la fundición.

Adicionalmente están los empleos indirectos que dependen de la economía de la empresa: comercios, gasolineras, vulcanizadoras, transporte público, taxis, restaurantes, escuelas y hospitales privados y hasta cantinas. Más de 40 mil trabajadores del centro de Coahuila dependen directa e indirectamente de AHMSA, y precisamente por ello el tamaño de la preocupación

Como el resto de las empresas de la industria siderúrgica, AHMSA está en problemas, pues no puede competir en un mercado que se inundó de de planchón y otros productos de origen asiático, que ingresaron al país sin impuestos especiales y a la mitad del precio internacional debido a los subsidios en su país de origen.

La marcha multitudinaria del martes 30 salió a las tres de la tarde de la zona conocida por los monclovenses hasta la década de 2000 como Los Cuatro Picos, donde actualmente se localiza la estatua Ave Fénix, y concluyó en la plaza principal y calles aledañas a la alcaldía. La columna de miles de obreros, secretarias, empleados de confianza y sindicalizados, familiares de trabajadores, empresarios, estudiantes y comerciantes invadió las principales vialidades de Monclova.

La marcha fue exitosa y si bien se convocó con impresos distribuidos en las empresas y sindicatos, la clave fue el llamado que se hizo a la comunidad a través de redes sociales, en páginas de Facebook donde los obreros dieron a conocer sus inquietudes y reclamos al gobierno federal, o espacios en Youtube donde se destaca la calidad de la mano de obra monclovense, y el temple y carácter de los obreros.

Obreros que no pudieron acudir a la marcha debido a compromisos de trabajo, se solidarizaron con sus compañeros a través de mensajes en Facebook y Twitter y también hay plataformas digitales donde algunos de los cuatro mil 500 despedidos de AHMSA desde la primera semana de junio, manifestaron su sentir hacia el gobierno federal.

La caminata duró alrededor de dos horas, lapso en el que 34 mil personas se conectaron desde una computadora o dispositivo móvil a la red Streaming para seguir paso a paso la manifestación, algo histórico en Monclova y en las manifestaciones ciudadanas en Coahuila.

Las redes sociales, cuando son bien aprovechadas, sirven de mucho a la sociedad. Ahí está la prueba.

@FiliasyFobias

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En la elección de diputados federales del 7 de junio, todos los partidos políticos perdieron votos en Coahuila respecto a los comicios federales de 2012, pero la caída más sensible ocurrió en el Partido Acción Nacional (PAN), al que al paso de tres años se le esfumaron más de 207 mil sufragios. En la contienda presidencial, el albiazul recibió 421 mil 879 papeletas, y en las intermedias más recientes su votación bajó a 214 mil 444, de acuerdo con datos definitivos del
Instituto Nacional Electoral (INE).

El desplome en el número de votos a favor del PAN tiene varias aristas. Una, las pugnas entre los grupos que se disputan el poder interno (Guillermo Anaya-Luis Fernando Salazar, contra Jorge Zermeño; Isidro López-Carlos Orta-Rosendo Villarreal, contra Anaya-Salazar) para tratar de sacar la mejor tajada política y posicionarse antes de que llegue el momento de seleccionar candidato a gobernador. Otra explicación es la incapacidad de Bernardo González Morales para
desmarcarse de los grupos y dirigir el rumbo de la segunda fuerza electoral en el estado, y una razón evidente fue el bajo perfil de los seleccionados para disputar las diputaciones federales. A excepción del Distrito VI, con Jorge Zermeño Infante, en el resto de las demarcaciones el PAN llegó con candidatos débiles, a los que no les alcanzó para mostrar confianza y ganarse el respaldo del electorado. Pero quizá la razón más importante de la debacle panista en Coahuila
tiene que ver con la falta de propuesta de los candidatos y la estrategia equivocada del partido para tratar de penetrar en el interés público y convencer a los votantes. Como en los comicios locales del año pasado, cuando el PAN perdió todo en la contienda para renovar el Congreso local, ahora la principal carta de presentación de sus abanderados fue cuestionar el tema del endeudamiento público que heredó el actual Gobierno estatal. Los candidatos del PAN trataron de

dibujar ante los votantes un escenario desolador de las finanzas púbicas a partir del endeudamiento, pero el tema no logró permear, ni en estas ni en las pasadas elecciones, porque por más delicado que sea el problema, la ciudadanía no lo notará mientras no le afecte de manera directa.

La mayor parte de la población económicamente activa en Coahuila tiene empleo; de hecho, el problema para las empresas y el Gobierno no está en la colocación laboral, sino en la rotación, pues el tamaño de la industria ocasiona que operarios y técnicos cambien de estafeta con frecuencia, buscando siempre mejores condiciones de sueldo, horario de trabajo, o prestaciones.

Mientras haya empleo, habrá circulante y calidad de vida, de tal manera que lo de menos será escuchar a un candidato con el discurso de que el origen de todos los males es la deuda pública. ¿A poco no?

LETRAS SUELTAS…

El Partido Nueva Alianza se convirtió en la tercera fuerza política en Coahuila. De hecho, fue el único que ganó votos (9 mil 360) respecto a la contienda de 2012. El PRI perdió mil 517 sufragios; PRD, 99 mil 425; PVEM, mil 35; PT, 22 mil 571 y Movimiento Ciudadano, 2 mil 887. El mercadeo electoral a todo lo que da.

Los resultados de la elección de diputados federales del próximo domingo darán una idea del estado anímico y el grado de organización de los partidos políticos de cara a los comicios de 2017, cuando se renovarán los 38 ayuntamientos, el Congreso local y el Gobierno del Estado.

En el sistema político mexicano todo es coyuntural. Por ello, la claridad y definiciones vigentes para algún personaje, dentro de dos años podrían ser obsoletas. Sin embargo, eso no implica que la fortaleza de los principales actores electorales se mida en cada proceso eleccionario.

Las del 7 de junio serán elecciones intermedias. La historia las identifica como las de mayor desaire por parte los electores, pero no por ello dejan de ser importantes, pues definen el futuro del país en la última mitad del mandato presidencial en turno.

En las elecciones intermedias más recientes, el Partido Revolucionario Institucional ganó prácticamente todo. En las de 2003, cuando el PRI era oposición y al frente del Gobierno federal estaba el panista Vicente Fox, el tricolor alzó la victoria en los siete distritos electorales federales del estado.

En el Distrito 6 de Torreón inicialmente el triunfo fue para Acción Nacional, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló los resultados y convocó a una nueva elección al comprobarse que los panistas hicieron trampa, tan evidentes como para reponer los comicios. En la elección extraordinaria, el triunfo fue para el PRI. En las intermedias de 2009 con el panista Felipe Calderón en la Presidencia de la República, la victoria en Coahuila fue de nuevo para el PRI en los siete distritos electorales.

El PRI llega a la elección del próximo domingo con la desventaja de la derrota en los distritos 3 de Monclova, 6 de Torreón y 7 de Saltillo, que en la contienda federal más reciente (2012) quedaron en manos del PAN. Sin embargo, en la disputa de hace un año por el Congreso Estatal, el tricolor aseguró los 16 distritos locales.

El carro completo de la contienda de 2014 da al PRI mayoría absoluta en la asamblea local y abona a la estabilidad política en la segunda mitad del gobierno de Rubén Moreira Valdez.

LETRAS SUELTAS

Históricamente, el PRI gana todo en elecciones como la del próximo domingo, pero esta vez podría haber una excepción. El tricolor va en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuya dirigencia nacional pidió mano en el Distrito 6 de Torreón, a donde envió como candidato a Refugio Sandoval Rodríguez.

El también dirigente estatal del Verde tiene el respaldo de la estructura territorial priista, pero tiene que ir más allá si pretende ganarle al abanderado del PAN, Jorge Zermeño Infante, cuyo arraigo electoral en aquel municipio es hasta ahora incuestionable. Además, Sandoval hace frente así la necesidad de superar el pasivo que arrastra su partido político, que se empeña en violentar la ley y desafiar a las autoridades electorales al promoverse de manera indiscriminada.

Los resultados de la elección de diputados federales del próximo domingo darán una idea del estado anímico y el grado de organización de los partidos políticos de cara a los comicios de 2017, cuando se renovarán los 38 ayuntamientos, el Congreso local y el gobierno del estado.

En el sistema político mexicano todo es coyuntural. Por ello, la claridad y definiciones vigentes para algún personaje, dentro de dos años podrían ser obsoletas. Sin embargo, eso no implica que la fortaleza de los principales actores electorales se mida en cada proceso eleccionario.

Las del 7 de junio serán elecciones intermedias. La historia las identifica como las de mayor desaire por parte los electores, pero no por ello dejan de ser importantes, pues definen el futuro del país en la última mitad del mandato presidencial en turno.

En las elecciones intermedias más recientes, el Partido Revolucionario Institucional ganó prácticamente todo. En las de 2003, cuando el PRI era oposición y al frente del gobierno federal estaba el panista Vicente Fox, el tricolor alzó la victoria en los siete distritos electorales federales del estado.

En el Distrito 6 de Torreón inicialmente el triunfo fue para Acción Nacional, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló los resultados y convocó a una nueva elección al comprobarse que los panistas hicieron trampa, tan evidentes como para reponer los comicios. En la elección extraordinaria, el triunfo fue para el PRI.En las intermedias de 2009 con el panista Felipe Calderón en la Presidencia de la República, la victoria en Coahuila fue de nuevo para el PRI en los siete distritos electorales.

El PRI llega a la elección del próximo domingo con la desventaja de la derrota en los distritos 3 de Monclova, 6 de Torreón y 7 de Saltillo, que en la contienda federal más reciente (2012) quedaron en manos del PAN. Sin embargo, en la disputa de hace un año por el Congreso Estatal, el tricolor aseguró los 16 distritos locales.

El carro completo de la contienda de 2014 da al PRI mayoría absoluta en la asamblea local y abona a la estabilidad política en la segunda mitad del gobierno de Rubén Moreira Valdez.

Letras sueltas

Históricamente el PRI gana todo en elecciones como la del próximo domingo, pero esta vez podría haber una excepción. El tricolor va en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuya dirigencia nacional pidió mano en el Distrito 6 de Torreón, a donde envió como candidato a Refugio Sandoval Rodríguez.

El también dirigente estatal del Verde tiene el respaldo de la estructura territorial priísta, pero tiene que ir más allá si pretende ganarle al abanderado del PAN, Jorge Zermeño Infante, cuyo arraigo electoral en aquel municipio es hasta ahora incuestionable. Además, Sandoval frente así la necesidad de superar el pasivo que arrastra su partido político, que se empeña en violentar la ley y desafiar a las autoridades electorales al promoverse de manera indiscriminada.

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@FiliasyFobias

Lo dicho por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral respecto a la forma en que hablan los indígenas en México refleja desprecio de la clase política hacia los ciudadanos. Candidatos, funcionarios electorales y de gobierno, y dirigentes de partidos políticos están dentro de una burbuja que pende del pueblo, pero de manera paradójica se encuentra aislada de él.

Mucho se habló del caso, pero es pertinente colocar por separado sus dos ingredientes principales: Córdova fue pillado en una llamada telefónica que se obtuvo de manera ilegal, con prácticas inadmisibles, pero mediática y socialmente el delito pasó a segundo término, se desvaneció al trascender la manera de pensar que tiene una mente brillante, un teórico del derecho electoral, cabeza del organismo público que se supone es el más incluyente en el país.

Si el monitoreo vino de actores políticos interesados en seguir los movimientos del árbitro de la contienda electoral, el gobierno de Enrique Peña Nieto está obligado a dar pronto con los responsables y aplicar castigos ejemplares, pero el asunto sería más grave si el espionaje radica en el Estado, pues quedaría en evidencia que los mecanismos de inteligencia gubernamental no se usan para prevenir delitos, combatir y desmantelar a las mafias del crimen organizado, sino como en la época de la Guerra Sucia, para fines políticos que interesan al gobierno en turno.

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor de Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia; investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; profesor de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios, y reconocido en 2010 con el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, Córdova Vianello carece de un título que no se consigue en la Academia: el del respeto.

Los “comentarios desafortunados” de Córdova, como él mismo los definió en su disculpa pública, que no deben ser olvidados. Aquí, la transcripción de lo dicho por el consejero presidente del INE, en llamada telefónica con otro funcionario del organismo, al referirse a Mauricio Mata Soria, secretario del Gobierno Indígena de Guanajuato e integrante del Gobierno Nacional Indígena, con quien se reunió en abril.

Lorenzo Córdova: “No mames cabrón, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto había un mundo. No voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba ese cabrón: ‘Quiobo, jefe gran nación chichimeca. Vengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones’.

“Yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero vio mucho Llanero Solitario, cabrón (…) Nada más le faltó decir: ‘Yo, gran jefe Toro Sentado. Líder chichimeca, no mames, cabrón, no mames. No, no, no, de pánico cabrón, o acabamos de aquí divertidos, o acabamos en el siquiatra de aquí”.



@FiliasyFobias
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El asesinato a balazos de Enrique Hernández Saucedo, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Yurécuaro, Michoacán, el jueves 14, encendió en el país los focos rojos por el riesgo de que la violencia del crimen organizado y de venganzas políticas apague las de por sí poco vivas campañas electorales.

En Michoacán y Jalisco, donde las bandas criminales se manifestaron con mayor relevancia en las últimas semanas, no existen condiciones para el desarrollo del proceso electoral y de la jornada de votaciones el 7 de junio, de acuerdo con la advertencia que hacen los propios partidos políticos, pero también es pertinente decir que la crisis electoral por el riesgo de atentados en contra de candidatos, dirigentes partidistas, funcionarios y representantes del Instituto Nacional Electoral y votantes no es generalizada.

De acuerdo con información del INE, en Coahuila hay condiciones para que partidos políticos y candidatos hagan campaña, vayan a las calles, barrios y a las comunidades rurales para presentar a los ciudadanos su oferta de trabajo en caso de ser beneficiados con el voto popular en los comicios del 7 de junio.

No hace mucho que los capacitadores y notificadores del INE y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila batallaban para ingresar a colonias de Torreón, Monclova, Piedras Negras y otros municipios donde los delincuentes tenían control pleno sobre colonias completas. La influencia de los grupos violentos era tal, que en la colonia Nuevo México, de Torreón, los halcones y sicarios de las organizaciones del crimen organizado mantenían un blindaje inviolable para policías y militares, qué decir de los funcionarios electorales.

La situación actual es distinta, y hasta el momento la irrupción de la violencia en el tema electoral se limita a la agresión que denunció la candidata de Morena a diputada federal por el Distrito IV de Saltillo, Alma Rosa Garza del Toro, quien dijo a las autoridades que el domingo 3 de mayo dos sujetos que se hicieron pasar por policías federales, uno de ellos con el rostro cubierto, entraron a su casa de la colonia Lomas de Lourdes, donde estaba con su esposo, los ataron de las manos y amenazaron con matarlos.

“Eran aproximadamente las 8:30 de la mañana, llegaron dos sujetos presentándose como policías federales, nos amenazaron con una pistola, nos amarraron las manos por la espalda. Uno traía capucha, el otro no; nos sentaron en la sala con las manos atadas, uno se quedó vigilándonos, el otro revolvió nuestra recámara. Le hablan a mi marido, lo retienen, el del arma me pone la pistola en la cabeza, me dice que me calle, que no grite y amenaza con matarme”, relató la candidata, en conferencia de prensa.

El hecho es inadmisible y la Procuraduría General de Justicia del Estado debe esclarecerlo pronto para tranquilidad de la candidata, de su familia y de la ciudadanía en general, pero no se debe tomar como base para asegurar que las condiciones de inseguridad en Coahuila ponen en riesgo el curso de la elección. En Coahuila hay condiciones de seguridad para los electores y los candidatos, y sólo hay que esperar poco menos de un mes para ejercer el derecho al voto.

Desde la perspectiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, la Subprocuraduría para la investigación y búsqueda de personas no localizadas a cargo de Juan José Yáñez Arreola perdió interés por sacar adelante investigaciones sobre casos de desaparición, en especial los que ocurrieron entre 2009 y 2011, los años donde la violencia se presentó con mayor rigor en las distintas regiones del estado.

En semanas recientes, la CDHEC que encabeza el doctor Francisco Xavier Diez de Urdanivia Fernández emitió recomendaciones en base a quejas que ciudadanos presentaron por situaciones de omisión y falta de interés de los agentes del Ministerio Público encargados de hacer las indagaciones.

El 7 de mayo, la Comisión pidió a la Subprocuraduría para la investigación y búsqueda de personas no localizadas “evitar la dilación” en las averiguaciones previas sobre personas desaparecidas, “garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones necesarias para acreditar el delito” y “dictar las medidas de auxilio y protección a las víctimas y testigos”.

También le demandó “evitar enviar al archivo o a la reserva las averiguaciones previas si no se han agotado las líneas de investigación y propiciar una mayor elaboración de investigación por parte de los elementos de la policía que tengan a su cargo dicha función”.

En una nueva recomendación que emitió en contra de la dependencia estatal, la CDHEC se refirió a la queja de una mujer cuyo hijo desapareció el 26 de marzo del 2011. La quejosa aseguró que luego de presentar la denuncia correspondiente, el ministerio público encargado del caso desarrolló las investigaciones con diligencia.

Sin embargo, en su queja, la mujer a quien la CDHEC no identificó, dijo que “con el paso del tiempo dejó de interesarse en la búsqueda de mi hijo, por lo que hasta el día de hoy no me ha dado razón del paradero del mismo, además de que últimamente, cuando intento comunicarme con él en su oficina, la señorita que me atiende el teléfono me dice que está muy ocupado, que no está, que salió de la ciudad, etcétera”.

La CDHEC pidió a la Subprocuraduría “brinde información a la quejosa sobre el estado y avances” de la investigación sobre la desaparición de su hijo e “instruya a los agentes del ministerio público a que garanticen una adecuada procuración de justicia”. También que “instaure el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del agente investigador del Ministerio Público” correspondiente.

La semana pasada hubo una recomendación por el caso del padre de un desaparecido a quien la Subprocuraduría ignoró no obstante a que reunió pruebas para encontrar a los posibles victimarios.

Si esto es así, si la idea que tiene la CDHEC respecto al quehacer de la Subprocuraduría, están en riesgo tareas prioritarias para la actual administración: buscar a los desaparecidos, dar respuestas a sus familiares sobre lo que ocurrió, dar garantías a la sociedad de que la desaparición masiva de personas no volverá a ocurrir en Coahuila, atender las necesidades de las víctimas y de sus familias y evitar la impunidad al enviar a prisión a los culpables.

@FiliasyFobias

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Con sueldo mensual de más de 85 mil pesos, el alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, aseguró que si los ciudadanos le demandan más tiempo como servidor público, se le deberá remunerar el tiempo extra trabajado.

El alcalde del Partido Acción Nacional justificó el activismo político que durante las tardes y los fines de semana hace a favor de los aspirantes a diputados federales de su partido, en especial de Angel Berkowitz Olvera, quien antes de ser candidato por el Distrito 4 de Saltillo, se desempeñó como jefe de Despacho en el Ayuntamiento.

Lejos están los tradicionales compromisos de campaña respecto a que pretendía llegar al cargo para velar día y noche por los intereses de Saltillo. En Isidro López ahora aflora el cinismo: primero fue sorprendido jugando golf en horario de trabajo y ahora es común verlo en eventos de campaña y reuniones de partido con motivo de los comicios federales que se aproximan.

El reclamo de la sociedad es simple: ¿a qué hora se pone a trabajar? No está mal el activismo político, finalmente todos los servidores públicos y ciudadanos en general tienen sus preferencias electorales, pero como en todo, en política la forma es fondo y en su afán por beneficiar a sus candidatos, Isidro López Villarreal perdió compostura y actúa sin recato.

“No me puedo quitar que soy el alcalde, pero todo mundo sabe que soy de un partido, eso al final de cuentas ya se sabe, pero no estoy ejerciendo mis funciones como alcalde, ahí estoy ejerciendo mis funciones como ciudadano (…) No estamos en horas de trabajo, es en domingo. Creo que tengo mi libertad de expresión en mi vida privada, es un derecho constitucional”, dijo en entrevista colectiva, donde se le preguntó sobre su abierto respaldo a las campañas panistas al grado de participar en la distribución de propaganda
electoral en cruceros viales y en reuniones masivas de militantes. (“Zócalo”, 28 de abril de 2015).

En otra ocasión, el panista aseguró que “por ley” debe cumplir con jornada de ocho horas diarias, “como cualquier otro trabajador”, pero a la semana dedica al ayuntamiento más del doble de ese tiempo.

“Llego a lo mejor arriba de las 80 horas a la semana y normalmente no cobro tiempo extra. No sé si también podríamos empezar a ver eso, pero que ya me paguen tiempo extra”, señaló.

–¿Cuánto gana alcalde? –preguntó una reportera.

–82 mil pesos al mes.

–¿Y todavía quieren que le paguen tiempo extra? –insistió.

–Pos bueno.

LETRAS SUELTAS

El estigma de Ficrea perseguirá a donde vaya al abogado Gregorio Pérez Mata luego de que autorizó la inversión de 90 millones de pesos de dinero público en un fondo de inversión misterioso que terminó en la quiebra por malos manejos financieros. La caída del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado estaría próxima, para gusto de muchos dentro del propio Poder Judicial, donde a lo largo del tiempo fomentó enemistad, en lugar de procurar valores como la solidaridad y el compañerismo. El
reemplazo de Pérez Mata tiene nombre de mujer.

“Uno sale para buscar y encontrar, y le da dolor a uno encontrar lo a veces aparece. Esta vez encontramos un lugar de muerte, porque había restos óseos, como que las personas fueron quemadas, están en fragmentos muy pequeños”, contó a quien esto escribe Silvia Elida Ortiz Solís, madre de Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, Fanny, desaparecida desde el 5 de noviembre de 2004, cuando tenía 16 años de edad.

Cada sábado, la profesora de Secundaria va a la cabeza de 15 o 20 padres, madres, hermanos e hijos de personas desaparecidas en Torreón y otros municipios de la Comarca Lagunera que en enero de este año emprendieron por su cuenta la búsqueda ante la inacción o desinterés de las autoridades para encontrar a sus familiares.

La brigadas de búsqueda de Grupo Vida (Víctimas por sus Derechos en Acción) han tenido éxito en su intento por hacer el trabajo de las autoridades. En sus recorridos por el desierto, brechas, ejidos, rancherías y lechos de ríos y arroyos de la Laguna, primero encontraron el cadáver de una mujer que tenía reporte de desaparición, luego tres cráneos humanos, y el último fin de semana dieron con un sitio donde los narcotraficantes fusilaban y desaparecían a sus víctimas.

“Nos hablaron, nos indicaron un punto, fuimos al lugar; ahí una persona nos dio más indicaciones, fuimos más para adentro y encontramos unas tapias desechas, era la Estación Claudio, municipio de Viesca. Había pequeñas construcciones totalmente destruidas. Encontramos donde era la caseta de la Estación, deshecha, y una serie de impactos (de bala) en las paredes y tres áreas de más o menos cuatro metros cuadrados, donde se ve claramente que fueron calcinadas personas. Lo afirmo porque fue la Policía Científica a recoger los restos y ellos dicen que sí son restos humanos.

“Creo que ahí fue un lugar de tortura, no podría especificar a ciencia cierta qué tantas cosas hacían. Encontramos alambres, como torniquetes, ropa, muchos casquillos, lo que indica que era como un área de tortura. La mayoría de los lugares a donde hemos asistido se llega por brechas, por espacios que están en la nada (…) es la barbarie, el crujir de dientes”.

Pero también, finalmente, la labor de la maestra Silvia y de quienes la acompañan, es el trabajo que las autoridades deben hacer y por mil razones lo evitan. En el gobierno, las dependencias encargadas de buscar a las mujeres y hombres desaparecidos, y atender a las familias de las víctimas esperan que las denuncias y los reportes de desaparición estén acompañadas de evidencias, de lo contrario, el expediente quedará en un cajón del archivo.

A Silvia, y a muchas otras madres de personas desaparecidas, las mueve la desesperación, la esperanza de encontrar, aunque muchas veces -la mayoría- se topen con situaciones que ni se imaginan. En el gobierno hay recursos que se destinan a la capacitación de expertos en el tema de personas desaparecidas, pero lo que no han podido lograr es el sentido de la empatía con las víctimas.

El ejemplo de Grupo Vida es digno de seguir, especialmente para quienes tienen obligación de buscar a los miles de desaparecidos.

@FiliasyFobias

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El ex embajador de México en España, Jorge Zermeño Infante, trata de recuperar terreno al interior del Partido Acción Nacional de Coahuila, de donde fue desplazado por el grupo político que encabezan el diputado federal Guillermo Anaya Llamas y el senador Luis Fernando Salazar Fernández.

Con 66 años de edad, Zermeño Infante es el candidato panista a la diputación federal por el distrito 5 con sede en Torreón, de donde fue el primer alcalde ajeno al PRI, para el periodo administrativo 1996-1999.

Desde la alcaldía de Torreón, Zermeño formó un grupo político que le arrebató el liderazgo del PAN en el estado a Rosendo Villarreal Dávila, director de Administración de Petróleos Mexicanos en el sexenio presidencial de Vicente Fox, alcalde de Saltillo entre 1991 y 1993 y senador de 1994 al 2000.

Para la contienda del 7 de junio, el principal adversario de Zermeño no es tricolor, sino verde, pues el PRI va en alianza con el Verde Ecologista de México y el dirigente estatal de este último organismo, José Refugio Sandoval Rodríguez, va a la cabeza en la candidatura por el distrito 5 de Torreón.

En el PRI que encabeza David Aguillón Rosales supieron con oportunidad sobre las intenciones de Zermeño para ser candidato por el distrito 5, y al interior del PAN “no es extraño” que los priístas hayan dejado en el Verde la candidatura.

Zermeño tiene fama de ganar elecciones y en Torreón hay priístas que lo consideran “prácticamente invencible” por el arraigo ciudadano, especialmente con los de mayor edad.

En el año 2000 el abanderado panista ganó por mayoría la elección de senador, en 2006 fue electo diputado federal y ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados hasta que el 20 de junio de 2007 Felipe Calderón lo designó como embajador de México en España, donde permaneció hasta 2011.

Ese periodo fue suficiente para que Anaya y Salazar, a quienes instruyó en las lides del PAN, lo desplazaran del partido. Guillermo Anaya y Luis Fernando Salazar intentaron dejar fuera a Zermeño de la candidatura, pero la decisión se tomó desde la dirigencia nacional panista.

Finalmente, Zermeño es candidato y si supera a la alianza PVEM-PRI en la contienda del 7 de junio, se convertirá en un verdadero problema para quienes tienen el control del Partido Acción Nacional en Coahuila, quienes además deben buscar de dónde tomar impulso, pues la posición pública que tienen está por terminar. Anaya, por ejemplo, finalizará su gestión como diputado federal y no hay a la vista algún sitio dónde se pueda acomodar.

LETRAS SUELTAS…

La falta de conocimiento sobre los problemas sociales y de creatividad lleva a los candidatos a diputados federales a lo absurdo.

El Partido Humanista, por ejemplo, dijo que sus abanderados van por la eliminación de la tenencia vehicular, pero esa imposición como tal ya no existe desde 2011.

En otro caso, el partido Encuentro Social advirtió que busca llegar al Congreso para evitar la despenalización del aborto, cuando ni siquiera existen iniciativas legales que pretendan lo contrario.

Este domingo inicia el periodo de 60 días en que los candidatos a diputados federales recorrerán calles y barrios para tratar de convencer a los electores de que les otorguen el voto en los comicios del 7 de junio. En Coahuila hay 64 aspirantes con registro en el Instituto Nacional de Electores, corresponden a todos los partidos políticos y están distribuidos en las siete demarcaciones distritales.

En la lista de candidatos a diputados federales hay de todo: perfiles conocidos por su participación en el servicio público, obreros, payasos (en la estricta definición del oficio), exdiplomáticos, comunicadores y también quienes son desconocidos para la opinión pública por no tener antecedentes en la política.

En vísperas del inicio de las campañas electorales, que serán bombardeadas por promesas desplegadas en propaganda en las calles y más de 60 millones de anuncios en radio y televisión, el obispo Raúl Vera López llamó a los ciudadanos a “tener cuidado” con los legisladores que se van a elegir, pues a su juicio, los actuales “traicionaron los trabajadores y los convirtieron en esclavos al aprobar una reforma a la Ley Federal del Trabajo para complacer a los grandes industriales”.

De acuerdo con el obispo de Saltillo, el retiro de concesiones laborales que se consumó en la última reforma a la ley de la materia es el principal atentado en contra del país, si se considera que más de 33 millones 836 mil mexicanos, de los 120 millones 205, total de la población nacional (STPS, datos al último trimestre de 2013), son asalariados, y otros 11 millones 178 mil son trabajadores por cuenta propia.

Al hablar durante una misa dentro de los festejos cristianos por Semana Santa, Vera advirtió que “los legisladores mintieron a los trabajadores para complacer a los grandes industriales; los que crean las leyes convirtieron en esclavos a los trabajadores, quienes son personas empobrecidas por estructuras sociales injustas”.

La anterior legislación, añadió, “le daba seguridad al trabajador, garantizaba la seguridad social y la posibilidad de ir acumulando derechos para su retiro, de tener la seguridad de una pensión digna, y la actual no les da derechos sindicales, tampoco el derecho a la huelga, ni el de permanencia en una pensión vitalicia, hoy así está la Ley Federal del Trabajo. Todo eso desapareció de una ley que no tiene como centro a la persona, sino el dinero, la ganancia, lo que llaman la competitividad, que no es otra cosa más que la ganancia”.

De acuerdo con un estudio de la Universidad Obrera de México, “la reforma laboral, a la fecha, no ha servido de nada para los trabajadores, pues con todo y esta, en enero de 2014 quedaron desempleadas 228 mil personas, además de que no ha habido mejoras salariales, ni pagos de productividad, ni juicios laborales más ágiles. Ningún beneficio ha generado a la clase trabajadora del país” (La Jornada, 4 de marzo de 2014).

Romántica, la urgencia de don Raúl para que los electores decidan de la mejor manera al momento de emitir su voto, pero sería ingenuo dejar de pensar que las elecciones del 7 de junio se van a definir en base a la capacidad de movilización y despliegue de la estructura territorial de los partidos políticos.