Ciudad de México.- El accidente nuclear que ocurrió el 26 de abril de 1986 es uno de los desastres más impactantes de la época moderna. Pero las consecuencias de la radiactividad emitida por la central nuclear tuvo víctimas de las que casi nadie habla: niños mexicanos.

Hagamos un breve repaso de la historia, que comenzó con una prueba rutinaria de seguridad en la central nuclear de Chernobyl, en la antigua Unión Soviética. En un fatal instante se produjo una explosión en el reactor número 4. El incendio tardó diez días en extinguirse, pero el daño ya estaba hecho.

Se estima que la cantidad de radiactividad emitida por la central fue 200 veces superior a la producida por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki juntas. En 2006, Greenpeace estimó que la catástrofe había provocado cerca de 100 mil muertes.

Así lucía la central luego de la explosión (Foto: AP Photo/ Volodymyr Repik)

Muchos fallecimientos se dieron después de la explosión, por los daños que la contaminación radioactiva provocó en la salud de la población. La nube tóxica alcanzó a cubrir parte de Inglaterra e Irlanda, lo que dio inicio a una nueva tragedia.

¿Qué pasó en México?

Desde los años setenta, México importaba leche en polvo desde Irlanda. Luego de la explosión en Chernobyl, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta para suspender la compra de alimentos a los países afectados por la contaminación radiactiva.

Ignorando esta medida, México adquirió de Irlanda 40,000 toneladas de leche en polvo y varios cargamentos de mantequilla. Estos productos fueron distribuidos entre 1987 y 1988 por la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), que era la principal fuente de alimentos básicos para las clases populares del país.

El primer embarque de leche en polvo llegó en junio de 1986. El gobierno de aquella época no realizó ningún análisis para comprobar que los cargamentos estuvieran libres de residuos radiactivos.

Monumento a las víctimas de Chernobyl, colocado frente a la central nuclear. (Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky)

Fue una empresa que compraba leche a Conasupo la que hizo las primeras pruebas. Se encontraron elementos radiactivos en cantidades alarmantes. Había 700 bequerelios por kg cuando la cantidad máxima tolerada internacionalmente es de 375.

Aunque esta empresa advirtió a Conasupo, el gerente comercial de la paraestatal ordenó una segunda compra de productos a Irlanda.

En marzo de 1987, la Conasupo pide que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda toma muestras de productos lácteos de venta en tiendas y encuentra que los niveles de radiactividad en ellos están por los cielos. En especial, hay gran contaminación en productos de la empresa Weyth Vales, que produce leche maternizada.

En este punto crítico, el gobierno mantiene la información de manera confidencial. Incluso se intenta diluir la leche contaminada para reducir su contaminación, pero no resulta y al final se distribuyen casi todos los productos irlandeses.

Escuela abandonada cerca de Chernobyl. (Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky)

No se sabe exactamente el alcance de los daños que provocó la contaminación, porque todo se mantuvo en confidencialidad. Sin embargo hay algunas estadísticas alarmantes.

De acuerdo con Guillermo Zamora, uno de los pocos escritores que trató el caso, la incidencia de cáncer infantil aumentó 300% en la década que va de 1987 a 1997. Al año se vieron afectados 900 niños, de los cuales el 30% moría.

En 1988 la organización intelectual conocida como el Grupo de los Cien, denuncia públicamente el caso. La Secretaría de Salud aceptó que sí hubo contaminación en toneladas de leche, pero los involucrados argumentan que el bajo precio fue la razón por la que adquirieron el producto de Irlanda.

En febrero de ese año, Miguel de la Madrid afirma que la leche no rebasa las normas establecidas, pero que la devolverá. Pero Zamora sostiene que el cargamento nunca llegó a Irlanda porque desembarcó en Tampico.

El último intento por hacer justicia para los niños que murieron por este caso y el resto de los afectados fue una investigación del gobierno lanzada en diciembre de 1995, por solicitud de el Grupo de los Cien y Greenpeace. Casi un año después, el caso se cerró sin ninguna consecuencia.